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A nuestros
amigos y amigas deseamos que el año 2013 les llene
de
satisfacciones, alegrías y felicidad, además de pedir porque
económicamente
superemos todas las problemáticas que nos
puedan han afectado. |
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Una mala
noticia para este fin de año, la ENAP anunció que las
bencinas
subirán en promedio $12,6 por litro, el petróleo diesel
$2,6 y la popular parafina se anotará con un
incremento de
$8,9 por
litro. Los peajes también subirán en los próximos días
las tarifas. |
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El
Ministro de Educación, Harald Beyer, garantizó a estudiantes
de la
universidad del Mar su titulación o
reubicación en
otros
planteles, luego de que el Consejo Nacional de Educación
caducara la personalidad jurídica de esa institución. |
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China inauguró
la línea de tren de alta velocidad más larga del
mundo, la
que recorrerá 2.298 kilómetros, entre las ciudades
de Beijing
y Cantón, confirmando al país asiático como el líder
mundial en este tipo de red ferroviaria. |
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Jefe de la
Policía Militar siria anunció su deserción por medio de
un video y
se unió a los rebeldes, se trata de uno
de los
uniformados
sirios de más alto rango que ha
desertado de las
filas del régimen dictatorial de Bashar Al-Assad. |
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Nuevamente
se encuentra en paro el sector ganadero
en Argentina
en rechazo
a expropiación de predio de La Rural, a la paralización
adhirieron
al menos los productores que responden a las cuatro
asociados a las entidades agrícolas del país. |
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La
disidente cubana Rosa María Payá dijo que no pierde las esperanzas
de viajar
a Chile, el Rector de la universidad Miguel
de Cervantes
calificó
como ‘’inexplicable’’ que el régimen de los hermanos Castro no
le permita dejar la isla. |
Movilizaciones, del 2011 al 2013,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Era apenas ayer, en 2011, cuando estábamos
zarandeados por marchas, cacerolazos y protestas. Es ahora, al concluir 2012,
cuando parece que gozamos de un sereno fin de año, sin sobresaltos.
Pero el bichito está ahí: de repente el virus
se activa y se arma la grande, aunque en pequeñas dimensiones. En Freirina
resucitaron las molestias, y recordamos que, en cualquier momento, cualquier
motivo sirve para cualquier causa. Y el resultado puede ser muy lamentable,
como en aquella localidad.
¿Auténtico movimiento social?
Los buenos libros, leídos en paralelo, se
complementan y corrigen. De una mirada a la otra, el lector contrasta y
profundiza. Es lo que pasa cuando se terminan simultáneamente "El malestar
de Chile", de Marcel Oppliger y Eugenio Yáñez, por una parte, y
"Gramsci en Chile", de Jaime Massardo, por otra. De la lectura de uno
y otro se concluye que no ha existido en Chile aquello que algunos han
denominado "el movimiento social". Ciertamente esos autores miran el
2011 con ópticas muy diferentes, pero el lector descubre que coinciden en un
dato fundamental: la artificialidad de lo que se puso en marcha en las calles y
las Regiones el año pasado.
Oppliger y Yáñez dan buenas razones para
desvincular ese malestar del supuesto afán global de cambio de modelo; Massardo
aporta las suyas para constatar la inmadurez de las iniciativas rupturistas
respecto de un auténtico proyecto revolucionario de los grupos subalternos.
Bueno, pero no pasan de ser dos libros, dirán
los pragmáticos. Es cierto, como en Chile pocos leemos poco, también hay que
buscar las claves del 2013 respecto de futuras alteraciones sociales en otros
actores, menos reflexivos, más voluntaristas.
El primero es el PC. Teillier avisa que su
partido no se propone la contención del movimiento social. Serio, hierático,
afirma que los dirigentes sociales comunistas se deben a sus organizaciones
sindicales o sociales y no al partido. Nadie le cree; todos saben que eso es falso,
pero no se oyen las voces que lo contradigan, aunque el PC digita protestas y
tomas, cortes de caminos y rupturas de mesas de diálogo. Pero desde la Alianza,
la decisión es ignorarlo; desde la Concertación, cohonestarlo. Y así crecen los
comunistas.
A su lado, están todas las ONG que actúan en
Chile con fueros y financiamiento. Nunca han sido auténticas organizaciones no
Gubernamentales, porque se han valido del Estado a través de la colaboración
concertacionista o de la pasividad aliancista. Así han expandido su actividad
moviendo a unos pocos cientos de indígenas, a unas escasas decenas de
animalistas, a uno que otro ecologista profundo o a auténticas minorías de
activistas sexuales.
Pero es infrecuente que se denuncie que esta o
aquella manifestación se ha debido a la gestión de profesionales, y no a un
anhelo auténticamente popular. Hay miedo a mostrar esas intervenciones, aunque
estén seriamente fundamentadas.
Por su parte, las candidaturas de la Alianza
apenas saben cómo manejarse frente al tema. Siguen la misma lógica
Gubernamental de la que formaron parte hasta hace poco: mejor no enemistarse
con ciertos malestares, e incluso quizás sea bueno tomar algunas de sus
banderas para estar más cerca de la gente. Yerran en el diagnóstico y, obviamente,
se equivocan por igual en la solución.
Mientras tanto, los chilenos cada vez creen
menos en Dios; cada año se alejan más y más de los partidos, de los sindicatos,
de las federaciones estudiantiles, de los colegios profesionales y del
sufragio. O sea, cada día están más expuestos al activista del minuto, a la
causa del momento. Fomes, apáticos, pasivos, pero disponibles para las efímeras
aventuras de los audaces.
Tentación por la equidad,
por Pablo Rodríguez Grez.
Todo Tribunal de Justicia experimenta lo que
podría llamarse la tentación por la equidad. Ello implica resolver una causa
doblegándose ante lo que parece justo, por encima de aquello que dispone la Ley.
Esta inclinación resulta inaceptable tratándose de Jueces de derecho y la forma
más efectiva de debilitar la juridicidad vigente.
Destaquemos, desde luego, que lo más justo será
siempre lo que dispone la Ley y no lo que aprecia subjetivamente un
sentenciador cuyo criterio estará condicionado por sus experiencias y sus
convicciones personales. Si las normas legales -real o presuntivamente
conocidas por todos- regulan o califican la plenitud de las conductas sociales,
lo esencialmente justo es lo que éstas ordenan (respeto a las "reglas del
juego"). Desde esta perspectiva, sustraerse a lo ordenado por el derecho
es una manifestación suprema de inequidad, porque se presume que todos debemos
obrar sin quebrantar el orden preestablecido, puesto que él determina en forma
anticipada las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, existe una secreta
preferencia por aplicar una solución de equidad a los conflictos que llegan a
conocimiento de la Judicatura. Esta actitud, sin duda, debilita el derecho y
erosiona la convivencia social. Ninguna injusticia resulta más dolorosa que
aquella que se consuma despreciando el mandato normativo para incursionar en el
mundo frágil de la equidad.
Lo anterior se ve magnificado por el hecho de
que la equidad, en cuanto sentido intuitivo de Justicia con prescindencia del
derecho objetivo (la Ley), no es unívoca y depende de innumerables factores
cuyo peso y gravitación resulta imposible determinar. Por lo tanto, sus raíces
se hunden en una superficie pantanosa y escurridiza.
Nuestro país ha conocido en las últimas semanas
una demanda constante del Perú que, para fijar la delimitación marítima de
nuestras fronteras, aboga por el pronunciamiento de una sentencia fundada en la
equidad, al margen de los tratados internacionales vigentes. O sea, se procura
eludir la Ley internacional para dar preferencia a una noción subjetiva de Justicia,
en desmedro de un sistema basado en el principio pacta sunt servanda, conforme
al cual, en este caso, los convenios y tratados internacionales son Ley para
las partes contratantes. Si la Corte Internacional de La Haya se inclinara por
esta solución, se abriría una brecha, cada vez más ancha, que pondría en
peligro la estabilidad territorial de todas las naciones del mundo. Lo que
ocurre a nivel internacional puede extrapolarse al plano interno en el cual,
constantemente, vemos cómo se pisotea la Ley por factores extrajurídicos
(políticos, sociales, culturales, raciales, éticos, etcétera), alentando el aventurerismo
y el abuso. El quebrantamiento de la Ley será siempre el mayor aliciente para
aquellos que procuran la descomposición de la sociedad y la abolición de la
libertad.
El problema que planteo se ve agravado por el
hecho de que los Tribunales, a la hora de escoger la equidad y burlar el
derecho, disfrazan su propósito, aduciendo peregrinas especulaciones
interpretativas. En esta materia se ha llegado al extremo de reconocer que el Juez,
al adoptar su decisión, califica la Justicia (equidad) de cada posición,
acomodando ex post sus argumentos y razonamientos Jurídicos para justificarla.
De esta manera, finge respetar y aplicar la Ley. Por ende, los Tribunales
superiores de Justicia deberían sancionar drásticamente estas prácticas que
conspiran contra el prestigio y eficacia del derecho, comprometiéndose a
imponer un acatamiento estricto al mandato normativo.
No se crea que el sistema jurídico descalifica
a priori la equidad como fundamento de una decisión judicial. Debe recordarse
que ella tiene cabida en nuestro ordenamiento cuando la situación que debe
juzgarse no está resuelta en la Ley (laguna legal), o para desentrañar su
verdadero sentido y alcance (elemento de interpretación formal), o como
fundamento de las resoluciones adoptadas por los llamados "árbitros
arbitradores", autorizados para prescindir de las disposiciones legales y
resolver conforme a lo que les dicte su prudencia y equidad.
Por consiguiente, si queremos perfeccionar el
sistema jurídico (tanto en el plano interno como en el internacional), debemos
exigir el cumplimiento del derecho y repudiar todo intento que llame a dejarse
seducir por la equidad, que seguirá siendo una constante tentación de los Jueces
sin advertir el daño que provocan. Asimismo, esperamos que el Tribunal
Internacional de La Haya no se haga eco de los llamados a encontrar fórmulas
ingeniosas fundadas en la equidad, despreciando la validez y poder vinculante
de los tratados internacionales, su aplicación y reconocimiento. Si esto no
ocurre, sufriremos un retroceso que tardará muchos años reparar.
La Haya y los giros de Perú,
por Ximena Fuentes.
En La Haya escuchamos a los abogados de Chile
decir que Perú ha intentado reescribir la historia. Y así es. Perú ha intentado
rescribir la historia de la zona económica exclusiva, que tiene entre sus
orígenes precisamente a la Declaración de Santiago mediante la cual Chile,
Ecuador y Perú afirmaron su soberanía y jurisdicción exclusiva sobre todos los
recursos naturales de sus respectivas zonas de 200 millas náuticas.
Para entender en toda su dimensión el
revisionismo en el que se embarcó Perú recomiendo leer los escritos de las
partes. Para esto se puede aprovechar el tiempo libre que traerán las ansiadas
vacaciones de verano. Al leer la memoria y réplica del Perú, y al escuchar sus
alegatos orales, la sensación que queda es que este demandante hacía
extremadamente difícil predecir el pasado.
Quiero sugerir tres aspectos en los que se
puede apreciar cómo la argumentación del Perú experimentó diversos cambios a lo
largo de este juicio. Partamos con el argumento peruano según el cual la
Declaración de Santiago no fue concebida como un tratado. Perú afirmó que la
Declaración de Santiago no era un tratado originalmente, pero adquirió ese
carácter cuando fue aprobada por el Congreso. Luego contradijo esto y señaló
que la aprobación de su Congreso sólo le otorgó status de tratado a la
Declaración frente al derecho peruano, pero no ante el derecho internacional
(una teoría bastante imaginativa). En los alegatos orales finalmente el abogado
Pellet reconoció: Es un tratado, pero no de límites.
En lo que concierne al Artículo IV de la
Declaración de Santiago, Perú en sus escritos señaló que sólo se podía aplicar
entre Ecuador y Perú, limitando la proyección marítima de las islas costeras.
Pero en los alegatos orales Perú lanza una teoría, por primera vez escuchada en
este juicio, según la cual el Artículo IV sólo pretendía proteger la zona
marítima de las Islas Galápagos, a mil kilómetros del Ecuador, de los efectos
de una línea de equidistancia que ¡«intuitivamente» se le apareció en la mente
al delegado ecuatoriano!
Por último, hay que examinar el tema del
triángulo exterior. Chile hizo ver el carácter subsidiario de esta petición en
su contramemoria, ya que sólo se podría formar un triángulo de alta mar si se
reconoce que existe un límite marítimo que corre por el paralelo geográfico.
Chile se opuso a esta petición porque, una vez que se delimitan las zonas
marítimas entre dos estados, debe entenderse que se trata de una delimitación
completa. Perú, en su alegato final, no cuestionó este principio, y prefirió
refugiarse en el argumento de la equidad. Con todo, lo interesante fue la
enorme cantidad de tiempo que destinó a un argumento claramente subsidiario,
que en el curso de la fase oral llegó a transformarse en principal.
La equidad fue la gran protagonista en la
argumentación del Perú. El abogado Pellet, al final de sus alegatos, quiso
poner a la Corte frente a una disyuntiva: summum ius summa injuria o la equidad
a través del derecho. El problema para Perú es que esta frase lleva envuelto el
reconocimiento de que en este caso hay un ius que aplicar: la delimitación
marítima existente entre ambos países.
¿Un final feliz?
por Daniel Mansuy.
El caso Atala parece haber llegado a su fin. El
Estado chileno realizó un acto de reparación a quien, según la CIDH, había sido
objeto de discriminación en función de su orientación sexual. A dicho acto
asistieron altas autoridades de la República, y los actores políticos y
sociales se felicitaron por el final feliz. No se escucharon voces disidentes:
¿cómo criticar un fallo que asegura la garantía de nuestros derechos? ¿Cómo no
alegrarse de contar con tribunales internacionales que nos protejan de nosotros
mismos?
Es tal
la fuerza de los conceptos dominantes, que parece ocioso siquiera sugerir
alguna duda: el hombre es un animal que tiene derechos. Sin embargo, esta nueva
situación es más ambigua de lo que parece, y esconde dificultades que no
podremos obviar.
En primer término, hay preguntas abiertas sobre
el estatus de las jurisdicciones internacionales. Hace varios siglos
Montesquieu propuso distribuir los poderes en función de la seguridad del
individuo: el ideal liberal del filósofo francés pasa por impedir que algún
órgano acumule demasiadas atribuciones. Si se quiere, es el equilibrio de
poderes el que permite la libertad política. Ahora bien, eso funciona en un
cuadro nacional, donde el poder judicial es un poder más, que se equilibra con
los otros poderes. Pero un tribunal internacional funciona, por definición, sin
contrapesos efectivos o conocidos, porque está más allá de la polis.
Ahora bien, los defensores de la justicia
internacional aseguran que ésta busca solamente proteger derechos humanos
básicos sin inmiscuirse en legítimas discusiones internas. Esa afirmación
contiene, empero, una falacia implícita: la de suponer que puede definirse lo
justo con independencia de lo bueno. Es imposible proteger derechos humanos sin
realizar juicios morales sobre situaciones humanas y, de hecho, ¿qué es la
discriminación sino un problema moral?
La teoría de los derechos esconde con frecuencia
la intención de imponer una determinada (y legítima) visión moral haciéndola
pasar por una mera garantía de derechos, sin atender a la pluralidad política
de las sociedades contemporáneas. Al afirmar, por ejemplo, que “los tratados de
DDHH son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la
evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” (n. 83) la CIDH no
sólo asume un punto de vista progresista que no todos los chilenos comparten,
sino que, además, se erige en creadora de normas jurídicas que pueden tener
tanta amplitud como ellos decidan: no es seguro que Montesquieu lo hubiera
considerado como un avance de las libertades. En cualquier caso, no se trata ya
de un poder neutral.
Para decirlo de otro modo, no puede haber teoría
de la justicia sin filosofía política. La resolución de todo conflicto humano
exige valorar los distintos bienes en juego, y eso no puede hacerse desde una
concepción abstracta de justicia. Peor, las situaciones humanas rara vez
aceptan una sola salida correcta, justamente porque tenemos distintas
concepciones del bien: no hay algo así como un régimen mejor absolutamente
hablando. En ese sentido, sería más sano
discutir directamente esas concepciones, y no intentar ganar por secretaría
amparándose en una falsa neutralidad jurídica.
De líderes a rezagados
por Jorge Miguel Otero.
Hace seis años Chile se vanagloriaba de ser el primer
país latinoamericano que desplegaba una red de transmisión de datos de tercera
generación, más conocida como 3G. Estábamos en la vanguardia de la telefonía
móvil y los ojos de muchos países fijos en nosotros. El 2009 realizábamos la
primera prueba de 4G o LTE (tecnología sucesora de la 3G) de toda Latinoamérica
y Chile se ubicaba en el selecto grupo de las cinco naciones del mundo que
efectuaba ese tipo de pruebas experimentales.
Hoy, a seis años del estreno de la 3G, siete
naciones de Latinoamérica y el Caribe ya cuentan con 4G. México, República
Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Uruguay, y Antigua y Barbuda
implementaron la tecnología en sus redes y sus usuarios pueden acceder a los
beneficios que promete: una revolución en el acceso a internet móvil que
permite desafiar el monopólico mercado de internet fija.
En Chile, recién en el primer trimestre del
próximo año existirá un acceso limitado a esta tecnología. De líderes y
protagonistas, pasamos a seguidores rezagados.
¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos el liderazgo, si
el país promete crecer más que cualquier otro integrante del privilegiado grupo
de la Ocde y, parafraseando a Christine Lagarde en su reciente visita a Chile,
“tiene números fantásticos”? Lamentablemente, en acceso a internet de calidad,
nuestros números son pésimos.
La respuesta es simple: negligencia. Hemos
dejado pasar la gran oportunidad de dar a los chilenos un acceso democrático a
internet de calidad, limitando su acceso sólo a quienes pueden pagar los
servicios de red fija, cuya cobertura abarca a sectores de mayor ingreso.
El resto, debe conformarse con un acceso
mediocre a internet, con redes móviles absolutamente saturadas, cuyos efectos
vivimos a diario en llamadas que se pierden, no entran o simplemente se cortan
y datos que bajan.
El crecimiento económico de Chile debe ir de la
mano del avance tecnológico, porque hoy la conectividad móvil es una necesidad
de primera línea y una herramienta clave para la participación ciudadana y el
desarrollo económico.
A través del celular, cada chileno con acceso a
un smartphone puede fiscalizar las 24 horas del día gracias a la inmediatez que
brindan los mismos. Potenciar la participación de cada uno de los chilenos, sin
importar su procedencia social o geográfica es posible si aseguramos con suma
urgencia un acceso móvil a internet de calidad.
Además, estudios han demostrado que el
desarrollo de la banda ancha móvil potencia el crecimiento de la economía. Por
ejemplo, cada punto adicional de internet móvil significaría para Chile entre
US$ 2,5 y US$ 3 mil millones, lo que implicaría un crecimiento del PIB entre
1,1 y 1,5%, y un aumento del empleo de 35 mil a 45 mil puestos de trabajo.
Chile no puede darse el lujo de ser un seguidor
cuando se trata de asegurar el acceso igualitario, democrático y de calidad a
internet. Es hora de que nos pique el orgullo y pasemos nuevamente a liderar en
comunicaciones móviles.
La Araucanía, una situación extremista.
Tras el incremento de actos de violencia en el
llamado conflicto mapuche -grupos armados, encapuchados que emboscan y balean,
amenazas a los actores del sistema penal, atentados incendiarios contra
inmuebles y vehículos, cortes de caminos, Carabineros y civiles heridos-, el
año ha culminado en estos días con la muerte por disparos del cuidador de una
parcela (su cónyuge resultó herida). Si bien falta esclarecer la autoría de
este hecho, tras un homicidio en este contexto, seguido poco después por dos
atentados incendiarios en dos fundos (a cuyo respecto el Gobierno ya presentó
sendas querellas por delito de incendio y porte ilegal de armas), no caben más
especulaciones sobre lo que está ocurriendo en La Araucanía. El Ministro del
Interior, Andrés Chadwick, fue categórico: "Tenemos, de forma clara y sin
eufemismos, una situación extremista". Esta calificación responde a una
evidencia, pero no se había expresado antes, en las más de dos décadas en que
dicha situación viene desarrollándose, y es valioso que la Autoridad sea clara
al respecto. Ningún Estado puede tolerar pasivamente al extremismo en su seno.
Y el diagnóstico Ministerial es nítido: se trata de un grupo minoritario, pero
que ha ido perfeccionándose en sus delitos; que aprovecha la naturaleza física
de la zona, y que usa política y comunicacionalmente lo que llama "causa
mapuche", por lo que tiene redes de protección y adhesión, políticas y
comunicacionales.
También es clara la línea que ahora se quiere
seguir: determinar jurídicamente si el Ministerio Público tiene un problema
para probar y presentar los hechos en Tribunales, por lo que los Jueces estiman
que el estándar no es adecuado para establecer responsabilidades, o si los Magistrados
exigen estándares más elevados que los de un procedimiento común, precisamente
por la fuerza de la referida campaña política y comunicacional. Quiere evitar
el Ministro que por las vías de la Justicia se vaya creando impunidad frente a
estos delitos. Está resuelto a redoblar la acción policial y a usar todo lo que
el marco legal permita. No se excluye invocar las leyes Antiterrorista o de
Seguridad del Estado, si procediere. En cuanto a la primera, por su labor Parlamentaria,
Chadwick observa que la interpretación judicial -a la luz de los casos bombas y
Pitronello- no recoge su espíritu: "Cuando se hicieron las modificaciones
a esa Ley (...), siempre pensamos que la utilización de un artefacto explosivo,
que puede causar un daño a la vida de las personas o al patrimonio, estaba
dentro de las calificaciones de un acto terrorista. (...) Y si bien la
interpretación judicial que prima es la de los Tribunales, yo comparto una
distinta".
En cuanto al "garantismo" judicial,
citó el caso del vocero de Temucuicui, que estuvo prófugo cuatro meses, se
presentó luego de anularse el juicio en su contra (que lo había condenado a siete
años), y el Tribunal lo dejó en libertad a la espera de un segundo juicio.
En cuanto a la gestión policial en esa zona,
las víctimas se quejan de que los Carabineros no ingresan a las comunidades
conflictivas. En el entorno policial se aduce que sus acciones son mal
acogidas, como "uno de los efectos de la red político-comunicacional que
busca inhibir a las instituciones del Estado para actuar". De allí sus
tres visitas en dos semanas como Ministro del Interior a La Araucanía, para
transmitir a Carabineros que tiene el respaldo del Gobierno, porque está
cumpliendo su deber dentro del marco de la Ley, y hacer ver a las víctimas que
se las quiere ayudar, para tratar de romper las redes comunicacionales y
políticas que buscan inhibir la acción de Carabineros, rotulándolas como
"represión al pueblo mapuche", lo cual es falso. Se trata del
cumplimiento de las exigencias de la Ley contra un grupo muy minoritario que
hace de la acción extremista una forma de reivindicar derechos, que, por
legítimos que puedan aparecer, al recurrir a la violencia pone esas
reivindicaciones en la ilegalidad".
En el terreno de lo declarativo, la posición
del Ministro resulta inobjetable, pero valdrá de poco si no es refrendada por
un verdadero cambio en la realidad. Hay que superar casi tres años en que
tampoco este Gobierno ha logrado hacer respetar el Estado de Derecho en la IX
Región dentro de estándares aceptables. El país necesita resultados efectivos,
y una muestra de ellos debe ser la recuperación de la seguridad en los caminos
y el transporte. No se trata ya sólo de camiones de empresas, sino de buses con
inermes pasajeros. Chile no puede quedar físicamente cortado por extremistas en
cualquier momento, haciendo inviables zonas enteras, y todo Gobierno tiene la
obligación Constitucional de hacer valer los derechos elementales de la
población. Para eso, la fuerza pública no puede sino actuar con el máximo
rigor, y si luego algunos Tribunales y Fiscalías no operaren como el derecho lo
prevé, habrán ellos de asumir esa responsabilidad.
Atraso en Superintendencia de Educación Superior.
En una entrevista que publicamos el viernes
último, el Ministro Harald Beyer hacía notar la lentitud con que se desarrolla
en la respectiva comisión del Senado la discusión del proyecto que crea la
nueva Superintendencia de Educación Superior: enviado hace un año al Congreso,
el texto aún no es siquiera votado en general, pese a que en su momento la
creación de esta instancia fue una de las banderas del movimiento estudiantil.
Las discrepancias que retardan el necesario acuerdo tienen que ver con la diferente
valoración que algunos sectores hacen respecto del alcance de las facultades
que tendría esa entidad, incluidas las posiciones de quienes, planteando
introducir nuevas prohibiciones en este ámbito, acusan que esta iniciativa no
sería suficientemente profunda y simplemente “blanquearía” prácticas
objetables. Advirtiendo que es factible superar varias de las objeciones
planteadas y alcanzar entendimientos, el Ministro advierte que más bien
pareciera que algunos de los Parlamentarios se han “inhibido de deliberar” en
un tema que toca a diversos grupos de interés.
Al fundamentar la nueva entidad, el respectivo
mensaje del Ejecutivo señalaba como su tarea la de fiscalizar, en las materias
de su competencia, a las universidades, institutos profesionales y centros de
formación técnica, verificando la entrega de información fidedigna, la no
realización de publicidad engañosa, y el cumplimiento de las prestaciones
debidas a los estudiantes y de las normas sobre operaciones con personas
relacionadas, campo este último de particular opacidad y que ha dado pie a
recurrentes denuncias sobre formas de obviar la prohibición legal del lucro.
Entre otros cambios, la iniciativa —que considera sanciones a los infractores—
busca aumentar las exigencias en cuanto a cantidad y calidad de la información
que las instituciones deben hacer llegar a la División de Educación Superior
del Ministerio. Además, se propone modificar la Ley General de Educación, tanto
para regular las señaladas operaciones relacionadas (con lo que se pretende
evitar que ellas sirvan para la obtención de beneficios económicos
improcedentes) como para consagrar la obligatoriedad de incorporar a directores
independientes en los planteles privados.
Como se ve, no se altera la actual prohibición
de lucro, sino que se busca controlar las actividades que pudieran infringirla.
Justamente, el Ministro estima que en buena medida las irregularidades y hasta
delitos que se han denunciado y se investigan han ocurrido porque no ha
existido el nivel deseable de transparencia y de fiscalización, que son los
rubros que con este proyecto se pretende corregir.
Mientras se mantenga la lenta tramitación de
esta iniciativa, y a falta de ella, habrá, se asegura, de parte del Ministerio
un refuerzo en la tarea de fiscalización, subiendo incluso los estándares de
exigencia “para todos los actores educacionales... incomodando a algunas
instituciones, preguntando cosas que no nos calzan, abriendo procesos, pidiendo
explicaciones”. Todo indica, en verdad, que las fallas que han salido a la luz
en este tramo de la educación superior han podido ocurrir tanto por la ambición
y la falta de ética de ciertos actores del proceso como por el simple hecho de
no exigirse la información exacta y abstenerse las Autoridades responsables de
indagar situaciones a simple vista sospechosas, labor que debería asumir ahora
precisamente la Superintendencia que se propone y cuya existencia depende del
Congreso.
Erradicación de campamentos.
Cuándo en julio de 2011 el Gobierno informó que el
saliente Ministro de Mideplan (actual Ministerio de Desarrollo Social) asumiría
como delegado Presidencial para la erradicación de campamentos y aldeas, la
señal entregada por La Moneda a la opinión pública fue que ese sería un tema
prioritario para el Ejecutivo. El objetivo trazado -se anunciaba- era terminar
con los asentamientos precarios para 2020. El nombramiento, además, se
enmarcaba en la necesidad de acelerar el proceso de reconstrucción de
viviendas, especialmente para entregar una solución habitacional definitiva a
aquellas familias que después del terremoto de 2010 tuvieron que trasladarse a
villas de emergencia.
Sin embargo, a casi un año y medio de asumir
sus funciones, el comisionado para esta labor abandonó sus funciones para
asumir desafíos de índole política partidista. En su reemplazo ha sido
designado un profesional de sólidas credenciales, quien, sin embargo, ya no
ostenta el título de delegado Presidencial, lo cual podría sugerir una pérdida
de presencia de la tarea de erradicación de los campamentos en la agenda del Gobierno.
Este es un compromiso sumamente importante y no sería oportuno que se
entendiera que los nombramientos en torno a él tuvieran relevancia por
consideraciones diferentes a la trascendencia de las tareas encomendadas.
La promesa de poner fin a los campamentos no es
nueva. A partir del programa Chile Barrio creado en 1996, Gobiernos anteriores
también se impusieron el mismo desafío, al punto que en la década pasada se
llegó a plantear como meta llegar al Bicentenario sin este tipo de
emplazamientos. Según datos actualizados del Minvu, existen cerca de 26 mil
familias que aún viven en 623 campamentos a lo largo de Chile, por lo que la
solución no parece una meta imposible de alcanzar. Para materializar ese logro
se requiere de una férrea voluntad de la Autoridad y la continuidad de las
políticas entre los sucesivos gobiernos.
ChileAtiende: el Estado donde más se necesita.
En enero pasado, el Gobierno presentó la red
ChileAtiende, con el objetivo de atender un conjunto de trámites de distintos
servicios públicos mediante una red única -en términos simples, ofrecer más
servicios en un solo lugar-. Para esto se aprovecharon entonces las más de 140
sucursales del Instituto de Previsión Social (IPS), y se crearon el Call Center
101 y el portal www.chileatiende.cl.
Actualmente, ChileAtiende cuenta con 155 puntos
de atención presencial (propios y con otros servicios), en los que se han
entregado más de 5 millones de atenciones este año. Inicialmente, en las
oficinas del IPS sólo se gestionaban trámites previsionales y beneficios
asociados a la labor tradicional de esa institución. Hoy, en 20 de esas
oficinas se atienden más trámites de otros servicios públicos que del propio
IPS -casos de Alto Hospicio, Chile Chico y Purranque, entre otros-.
Esto significa que el Estado está acercándose
más a lugares que necesitaban sus servicios. En esa red de oficinas, las
personas pueden acceder a un conjunto de prestaciones del IPS, Fonasa, Sence,
Sernac, Registro Civil, la Comisión Defensora Ciudadana, y los Ministerios de
Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, entre otros. La red sigue
creciendo: pronto se sumarán atenciones de servicios públicos como Junaeb y la
Superintendencia de Seguridad Social.
Un aspecto destacado es la colaboración de los
servicios públicos para hacer un uso más eficiente de esta red del Estado. Es
el caso del Registro Civil, en algunas de cuyas oficinas ya se han integrado
puntos de atención ChileAtiende -como en Corral y Llaillay-. Gracias a esto, se
ha multiplicado la oferta de atenciones públicas a sus habitantes, sin que
deban trasladarse a otros centros urbanos a realizar algunos trámites, y sin
crear nuevas oficinas.
Lo más relevante es el efecto concreto en las
personas. Antes, por ejemplo, para realizar algunos trámites, muchas personas
de Puerto Williams (el centro de ChileAtiende más austral del país) debían
viajar a Punta Arenas: más de una hora de vuelo, o más de 30 horas por mar, con
todos los gastos que eso implica; alternativamente, no accedían a determinados
beneficios, sin más. Hoy, ciudadanos como los de Puerto Williams pueden
efectuar esos trámites sin salir de los lugares donde habitan, lo que disminuye
costos para las personas, reduce sus tiempos en trámites y ofrece mayor equidad
en el acceso a sus derechos.
Si ChileAtiende sigue avanzando aceleradamente
y en la dirección correcta, como se observa en la actualidad, no es impensable
que en el corto plazo se pueda contar con una instancia a la que todos aspiran:
un solo lugar para realizar todos los trámites que el Estado demanda.
ChileAtiende es un buen ejemplo de cómo llevar el Estado donde más se necesita.
Más que un eslogan, es una iniciativa en curso altamente valorada por la
ciudadanía, llevada adelante con gestión imaginativa y resuelta, sin necesidad
de reformas legales.
Cambios al sistema de Alta Dirección Pública.
El Gobierno anunció que antes de finalizar el
año ingresará al Congreso un proyecto de Ley que pretende introducir varias
modificaciones al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mecanismo que opera
desde 2004, con el propósito de reclutar a profesionales de excelencia para los
cargos de la primera y segunda línea jerárquica de la administración del
Estado.
La iniciativa legal se hace cargo de varios
aspectos que requieren ser reformulados, principalmente porque el sistema
vigente no alienta un número de postulaciones que asegure niveles mínimos de
competencia, lo que, a su vez, desalienta a muchos profesionales a participar
en dichos procesos.
Un primer cambio es la prohibición para que el
directivo que haya sido nombrado como interino pueda participar en el concurso
público para llenar esa vacante. La razón es que esa postulación tiende a
inhibir la participación de potenciales competidores, al ser previsible la
preferencia de quien designa por el interino. Como esto significa el
nombramiento de un tercero que no va a desempeñar en definitiva el cargo, para
que no se cause daño a la continuidad de la gestión deberían establecerse
plazos breves para el nombramiento definitivo, algo que ya hace el proyecto, al
disminuir de ocho a cuatro meses dicho período.
Para incentivar las postulaciones, el proyecto
plantea también perfeccionar la metodología para calcular las asignaciones y
así reducir las diferencias salariales que en algunos casos existen entre los
cargos de la ADP y los que se pagan en el mundo privado. Sin embargo, esto debe
ser revisado con cuidado ante el peligro de sobredimensionar esta diferencia,
cuyo alcance debe ser también analizado a la luz de las seguridades que brinda
el trabajo en el sector público. Hoy, las remuneraciones del primer nivel
jerárquico (Jefes de servicio) pueden llegar a ser hasta 50% inferiores a las
que podría ganar ese mismo profesional estando en una empresa privada, mientras
que en la segunda línea pueden ser hasta 20% menores.
El proyecto propone también limitar los
despidos de los funcionarios de alto
rango para ofrecerles una mayor estabilidad laboral, pero esta es una medida
que introduce excesiva rigidez en un ámbito donde se requiere la fluidez en la
gestión. Las alternativas que baraja el Gobierno en esta materia son replicar
el modelo aplicado en EEUU, donde ciertos cargos directivos no pueden ser
removidos durante los cuatro o cinco primeros meses de un nuevo Gobierno, o
bien limitar el porcentaje de desvinculaciones, como se da en ciertos países en
los que sólo están permitidas para el 10% de los cargos.
Aunque una alta rotación de los cargos no le
hace bien al sistema, debe reconocerse que la naturaleza de la
institucionalidad chilena descansa en un primer nivel que responde a la
confianza del Presidente de la República, para asegurar la consistencia en la
gestión Gubernativa. Ciertamente, es deseable que se avance hacia una mayor
estabilidad en esos cargos, pero ello no se puede forzar por Ley, sino que debe
ser el resultado de un proceso paulatino que incentive la incorporación de
profesionales que por sus merecimientos hagan natural y eficaz su permanencia,
como ya se ha visto en la Cancillería a propósito de la defensa en La Haya.
Competitividad minera de Chile.
La riqueza de los recursos naturales no es
ilimitada, y Chile, tan dependiente del cobre, debe tenerlo redobladamente
presente. En 2012, la minería es el sector que más ha aportado al PIB nacional
y ese metal representa más del 60% del total de nuestras exportaciones. De ahí
el peso de la reciente advertencia de la industria sobre la pérdida de
competitividad del sector, dramáticamente ilustrado por la suspensión sucesiva,
en cortísimo tiempo, de importantes proyectos mineros, el último de los cuales
es Minera Antucoya, del grupo Luksic. En un reciente ranking elaborado por la
consultora Behre Dolbear Group, Chile aparece tercero en el mundo en
competitividad minera, superado sólo por Canadá y Australia. Esa medición se
centra en los factores políticos que favorecen la inversión en esa actividad,
un área en la que Chile, pese a los vaivenes políticos, sigue siendo líder en
la región, por la fortaleza de sus instituciones. Sin embargo, en otros
aspectos la industria chilena del cobre se está quedando atrás: los altos
costos de la energía, la falta de innovación tecnológica y las inversiones en
exploración constituyen las principales amenazas.
Según un estudio de Cieplan, entre 2003 y 2011
el costo de la energía para Codelco aumentó en 83%. Sólo este año, para la
industria, este costo subió en 15%, mientras el precio del cobre cayó 14%. Ante
el alza del precio de la energía, las grandes mineras están apostando por
proyectos de autoabastecimiento. Sin embargo, la demora en la tramitación de
los permisos y un creciente rechazo al impacto medioambiental del desarrollo de
esta industria aparecen como los principales obstáculos. Urge un sistema de
aprobación ambiental eficiente, con plazos y regulaciones claras y libres de
intervención política.
En los últimos 10 años, las leyes de mineral
del cobre chileno (cantidad de mineral que se obtiene por tonelada de roca
extraída) han caído en torno a 33%, mucho más que el 20% a nivel mundial. Esto
revela un deterioro en la calidad de los yacimientos en actual explotación, que
cobra especial importancia, pues la industria minera en Perú vive el proceso
contrario, gracias a un aumento de las inversiones en exploración.
En Chile, el gasto en exploración de nuevos
yacimientos mineros está entre los menores en el mundo, y atrae sólo el 5% del
presupuesto de las empresas del sector a nivel mundial. En parte, este fenómeno
se explica por el escaso desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el
sector. En Canadá y Australia, esta clase de empresas puede financiarse
fácilmente en el mercado, y ellas son las que exploran nuevos yacimientos, que
luego son explotados por las grandes mineras. Otro factor es la disponibilidad
de tierras. En las principales regiones mineras del país, los terrenos aún sin
concesionar para exploración son escasos. Según Cochilco, las minas que
actualmente operan en Tarapacá, Antofagasta y Atacama destinan actualmente
menos del 5% del territorio concesionado para la explotación. De allí se deduce
que debe revisarse la eficiencia del uso de los recursos, así como los
incentivos para la exploración de nuevos yacimientos.
Es hora de que la minería cobre un nuevo
impulso, especialmente cuando países como Perú y Colombia están iniciando un
proceso similar al que ya vivió Chile, con un fuerte aumento de inversiones y
objetivos claros: convertirse en los nuevos líderes regionales en este rubro.
Saludos a nuestros compatriotas sureños:
Solidarizamos con nuestros compatriotas de Cobquecuraque,
en la Región del Biobío, están siendo
afectados por un enjambre sísmico, llevan una docena de temblores en poco más
de dos horas, considerando hasta cerca de la media noche, que han oscilado en intensidades
de entre los 3.1 y los 5,2° en la escala de Richter.
