A fines de 1962,
por David Gallagher.
Los cambios de año nos vuelcan hacia el futuro,
pero también, cuando hemos alcanzado cierta edad, nos despiertan nostalgias por
años pasados. Nostalgias que me dan licencia para recordar, hoy, un año que se extinguía
hace medio siglo.
Me refiero al 1962.
En Chile fue, claro, el inolvidable año del
Mundial. Yo vivía en Inglaterra, y viniendo de Chile, el Mundial me dio
prestigio. No sólo por el desempeño de la selección. Los documentales europeos
mostraban a un Chile de paisajes deslumbrantes que era, además, "muy
civilizado", hasta "parecido a Europa", con ese Presidente tan
sencillo que había, que iba a pie todos los días a su oficina.
En octubre de 1962 me matriculé como estudiante
en Oxford. Fue justo el mes en que estalló la crisis de los misiles en Cuba. En
un severo discurso el día 22, el Presidente Kennedy anunció el bloqueo naval de
la isla. Estados Unidos busca la paz, dijo, ominosamente. Por eso, "no
arriesgaremos en forma prematura o innecesaria los costos de una guerra mundial
nuclear en que hasta los frutos de la victoria serían como cenizas en la
boca". En Oxford, a sólo 17 años de Hiroshima y Nagasaki, nos deteníamos
en las palabras "prematura o innecesaria", y veíamos una clara
amenaza de guerra nuclear.
Nos habían tratado de preparar en el colegio,
en clases de "defensa civil". Pero las clases parecían inútiles, ya
que, según se decía, no habría más de cuatro minutos de aviso para la llegada
de los misiles enemigos. Se calculaba que 250 millones de personas morirían en
el primer instante, en Estados Unidos, Europa y la Unión Soviética. Eran los
afortunados, porque muchos más enfrentarían una terrible muerte lenta. La única
esperanza de evitar la guerra residía justamente en estos terribles efectos, ya
que se suponía que nadie querría ocasionar lo que se llamaba DMA -destrucción
mutua asegurada-, en inglés, MAD.
Kennedy, ¿hasta dónde iba a estirar la cuerda?
Al hacernos la pregunta, nos quedábamos con algo de ceniza en la boca. En Oxford,
el único compañero que lo apoyaba era uno llegado de Estados Unidos que, ante
nuestro asombro, admitía estar becado por la CIA. Nos parecía exagerado e
hipócrita Kennedy, dado que Estados Unidos tenía misiles equivalentes en
Turquía. Pero cuando a fines de octubre Kruschev aceptó retirar los misiles,
Kennedy creció en nuestros ojos. Adquirió el prestigio del ganador. Después
íbamos a saber que la paz se consiguió gracias a que Washington optó por acoger
un mensaje reconciliador de Kruschev, a pesar de que después llegara otro, muy
agresivo. El pragmático recurso de ignorar el segundo mensaje es un clásico de
la historia del arte de la negociación.
El 1962 es memorable por otras razones. Se
estrenó "Dr No", la primera película de James Bond. La espectacular
salida del mar de Ursula Andress, la primera chica Bond, en un escueto bikini,
se convirtió en un ícono de la época. En agosto murió otro ícono, Marilyn
Monroe. Tenía 36 años. Tres meses antes, le había cantado, algo borracha, un
notorio "Cumpleaños Feliz" a un Presidente Kennedy que cumplía 45. Y
mientras vivíamos el drama de Cuba, en las fiestas se empezaba a oír "Love
me Do". Obviamente esta primera canción de los Beatles no nos permitía,
por sí sola, sopesar la importancia que ellos iban a tener en nuestras vidas
futuras. Pero oída hoy, es muy buena, incluso para sus geniales compositores.
No recuerdo qué hice para el Año Nuevo, pero
creo que despedimos el peligroso 1962 con cierto alivio. Sin embargo, es un año
que recuerdo como mágico. Trampas de la vejez: uno idealiza la propia juventud.
Porque no creo que el mundo actual sea peor que el de entonces. El mundo en su
esencia no ha cambiado tanto. Lo que no sabemos, es si podrá decir lo mismo quien
rememore el 2012 en 50 años más.
Evolución política
por Leónidas Montes.
Del último Informe de Desarrollo Humano del
PNUD se desprende que los chilenos están contentos con sus vidas privadas, pero
no están satisfechos con la sociedad en la cual viven. Dicho de otra forma, la
economía y la vida individual funcionan, no así la vida en comunidad. Esto
último se refleja en la desconfianza hacia nuestras instituciones, donde el
Congreso y los partidos políticos han alcanzado sus mínimos históricos. Basados
en la última encuesta CEP, en menos de dos años la confianza en el Congreso
bajó de un 28% a un 10%. Y la confianza en los partidos políticos disminuyó de
un 15% a sólo un 6%. La manifiesta apatía y desafección política se deben, en
gran parte, a la falta de competencia en nuestro sistema político. A ratos
pareciera que los partidos, más preocupados de mantener el statu quo, no se han
dado cuenta de este fenómeno.
A mi juicio, el binominal cumplió un rol clave
en la transición. Fue fundamental para generar un equilibrio que permitió los
acuerdos que dieron paso a las grandes reformas institucionales que
posibilitaron, en definitiva, que Chile se encuentre en el lugar que hoy se
encuentra. No obstante, el binominal ya ha cumplido su ciclo. Hemos alcanzado
la madurez democrática, política e institucional para promover y enfrentar la
competencia. Desgraciadamente, el cambio no será fácil, porque todo esto
depende del Congreso (sólo recuerde que más del 90% de los Diputados
repostulará al Congreso). Y si bien la experiencia Legislativa es algo muy
valioso y necesario, también lo es la competencia. Dado que cambiar el
binominal será un proceso lento y gradual, la Ley de primarias es un primer
paso para promover mayor competencia.
Recientemente, un grupo de jóvenes liderados
por Felipe Kast ha lanzado un movimiento político llamado Evolución Política.
Conozco a Felipe por su carrera académica. Después de su doctorado en Harvard,
pudo seguir una brillante y promisoria carrera académica, pero optó por la vida
pública. Fue nombrado Ministro de Planificación y reemplazado en ese Ministerio
por Joaquín Lavín. Naturalmente, hubo razones políticas, pero siguió vinculado
al Gobierno y al servicio público como delegado Presidencial para aldeas y
campamentos. También conozco al ex Intendente Juan Sebastián Montes como
académico, ya que fuimos colegas en la Escuela de Negocios de la UAI. Sus
atractivas clases siguen cautivando a los estudiantes. Además, recordemos que
en la histórica expedición liderada por Rodrigo Jordán, con mucha fuerza de
voluntad -y una dosis de locura-, logró subir sin oxígeno la cumbre del Everest
por la ladera norte. Son quizá esa voluntad y locura las que han llevado a
estos jóvenes a formar un grupo, la mayoría de Regiones, que quiere darle
nuevos aires a la derecha. Y ojalá nuevos aires, bríos y neuronas al Congreso.
Esta iniciativa surge como una oportunidad para
que la Coalición ponga en práctica la nueva Ley de primarias. Como en Chile
somos buenos para interpretar la letra de la Ley como nos conviene, olvidando
su espíritu, ahora veremos si se ocupa o si sólo se convierte en letra muerta.
Los candidatos de la Coalición, Allamand y
Golborne, celebraron este emprendimiento político. Ahora habrá que esperar la
decisión de sus partidos.
Impuesto a los bienes raíces,
por Nassir Sapag.
La Discusión pasada en torno al reavalúo de los
bienes raíces no agrícolas no ha centrado la atención en el tema de fondo: la
justificación y necesidad de cobrarles a los chilenos un impuesto por haber
decidido invertir en una propiedad los recursos generados por sus rentas en vez
de gastarlos.
Varias Autoridades Municipales han señalado la
importancia de contar con los mayores ingresos esperados de un reavalúo, pero
poco o nada sabemos sobre qué proyectos se financiarían con esos recursos y
menos cuánto cuestan, qué resultados se lograrían, en qué plazos se terminarían
o quiénes se beneficiarían.
No se puede justificar el cobro de impuestos
sin ser capaz de explicar qué se hará con ellos. Una parte importante
probablemente se pierda en la burocracia de un sistema público que no ha
logrado modernizarse. Los Gobiernos están en condiciones de darnos algo sólo si
antes pudo quitárnoslo.
No se pone en duda la importancia de contribuir
entregando recursos al Fisco cuando el Estado tiene la responsabilidad de
cumplir con su rol subsidiario ahí donde la sociedad, por sí sola, no ha sido
capaz de resolver algún problema.
Nadie cuestiona que se deba pagar un impuesto a
la renta; pero nada explica que se castigue a quienes optaron por adquirir una
vivienda, obligándolos a pagar otro impuesto a perpetuidad por la propiedad
comprada con la renta que ya fue gravada. El discurso público de la importancia
de invertir por sobre la de gastar se contradice con un sistema tributario que
desincentiva la inversión. La justicia y equidad tributaria no se logra
cobrando por la propiedad, sino que por la renta percibida por esa propiedad.
Declaraciones recientes son una demostración de
que a muchos les importa más recaudar por recaudar que el uso que se les dará a
los recursos obtenidos de los impuestos. Se argumenta que al terminarse la Ley
de Reconstrucción se verán beneficiadas las propiedades más caras, en
circunstancias que lo que hizo esa Ley fue obligar a pagar más a esas viviendas
mientras estuvo vigente. Incluso, se llegó a plantear por parte de algunos
políticos que rechazarían el proyecto que postergaba por un año el reavalúo si
no se aclaraba si las Comunas de “Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea harían un
esfuerzo mayor al Fondo Común Municipal”, como si algo tuviera que ver un tema
con el otro.
Varios argumentaron que se pueden mitigar los
efectos negativos de un impuesto a la propiedad dando un trato especial a las
personas de la tercera edad, como si fuera equitativo tratar a los adultos
mayores que son rentistas de la misma manera que a aquellos que no lo son.
Quizás alguien agregue la necesidad de dar un trato diferenciado por monto de
la pensión, por ingreso familiar, por número de hijos que estudian, por nivel
de endeudamiento, por sexo o por otras cosas de difícil implementación, de un
alto costo si se quiere hacer bien y que sea equitativa y conveniente
socialmente.
Es fácil conseguir aplausos con el discurso de
cobrar más impuestos para “ser más justos”, pero la responsabilidad de la clase
política debe centrarse en estudiar los impactos de las medidas y promover
aquellas que sean mejores para el país en el largo plazo.
Oportuna intervención Presidencial directa.
Por más de tres semanas sigue prófugo de la Justicia
Hans Niemeyer, imputado por delitos terroristas, quien, según información dada
a conocer por los medios, al parecer se fugó durante su arresto domiciliario, o
en el lapso entre que se dictó la revocación de esta medida cautelar y su
reingreso a la Cárcel de Alta Seguridad en calidad de imputado, aprovechando
una gruesa descoordinación entre el Juzgado de Garantía respectivo y la Comisaría
de La Reina, a cargo de hacer valer el arresto domiciliario, o entre dicho Juzgado
y las unidades de ambas policías que reciben las órdenes de aprehensión.
Respecto de la segunda posibilidad, las circunstancias parecen inaceptablemente
confusas: la orden fue originalmente enviada por correo electrónico el viernes
7 de diciembre poco después de las 16 horas, pero sin adjuntar el documento
oficial exigido por la norma legal, lo que fue advertido por Carabineros poco
antes de las 17 horas, pero no rectificado hasta el lunes alrededor de las
14:30 -es decir, prácticamente tres días después-.
Estos graves hechos han motivado
investigaciones internas en las policías y el Poder Judicial -un sumario a
cargo de los propios Jueces del Juzgado en cuestión- y por el Ministerio
Público. Sin embargo, notoriamente ha faltado contundencia en las aclaraciones
de las instituciones involucradas, que no han entregado a la ciudadanía
información adicional convincente que aclare lo ocurrido, demuestre la
excepcionalidad de esta clase de situaciones o, en última instancia, dé cuenta
de una preocupación real y creíble por asegurar que este tipo de hechos no se
vuelvan a repetir. En esencia, sus declaraciones han pretendido reafirmar u
obtener la confianza o fe de la ciudadanía en el sistema de Justicia, pero sin
los fundamentos que ésta tiene derecho a exigir de cualquier Autoridad del
país, incluyendo a las del sistema penal. Eso ya no basta, en un contexto
caracterizado además por la siempre latente amenaza de corrupción, a lo que en
este caso se añaden entendibles suspicacias por eventuales factores ideológicos
que puedan haber determinado tan sospechoso cúmulo de fallas en uno o más
eslabones de la cadena de responsabilidades funcionarias. Esto se añade a un
cuadro desolador de sucesivos fracasos y falta de resultados en el proceso
relativo al "caso bombas" en que se encuentra involucrado el imputado
ahora prófugo.
De allí que sea oportuno -y, en alguna medida,
esperanzador- que el Gobierno haya resuelto dar una señal duramente enérgica y
hacer uso de la atribución especial que le confiere el N° 13 del artículo 32 de
la Constitución, para "velar por la conducta Ministerial de los Jueces y
demás empleados del Poder Judicial, y requerir con tal objeto a la Corte
Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento (...) o para que,
si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación".
No ha sido frecuente en Chile que el Ejecutivo
haga uso de esta facultad -que en la práctica se traduce en solicitar la
apertura de un sumario a cargo de un Fiscal judicial para esclarecer las
responsabilidades de Jueces o policías-, pero el "caso Niemeyer"
excede lo tolerable como margen de error de las instituciones, y el Presidente
Piñera y el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, han hecho bien en
ejercerla. Cabe esperar que el curso procesal así iniciado avance con celeridad
y rigor, y produzca resultados reales, en términos que hagan sentir a la
ciudadanía que el Estado de Derecho efectivamente impera en todo el territorio
nacional -en La Araucanía y en los campos y ciudades- y para cualquier grupo
que aduzca motivos ideológicos u otros para pretender imponer sus ideas
mediante la violencia extremista y el terrorismo.
Voluntad para enfrentar inseguridad en La
Araucanía.
La seguidilla de ataques registrada en las Regiones de La
Araucanía y Biobío durante las últimas semanas ha provocado que el Gobierno
vuelva a fijar su atención en la seguridad de la zona mapuche. Por años, los
habitantes de ésta viven bajo el constante hostigamiento de una minoría que
rehúsa la vía del diálogo y actúa de forma violenta en reivindicación de
supuestos derechos ancestrales.
El Ministro del Interior viajó a principios de
esta semana al lugar y allí realizó declaraciones que denotan la voluntad del
Ejecutivo por enfrentar con decisión a los que calificó como “enemigos
poderosos”, que cuentan con una red de apoyo político y comunicacional en el
extranjero, a la vez que señaló que en la zona de La Araucanía existe “una
situación extremista”. En el marco de la renovada atención que le presta al
conflicto mapuche, el Jefe del Gabinete se reunió ayer con las máximas Autoridades
policiales para discutir la manera de enfrentar los acontecimientos en terreno.
La preocupación que muestra el Gobierno por la
zona mapuche constituye una buena noticia, que ojalá rinda frutos prácticos que
permitan mejorar las condiciones de seguridad que enfrentan quienes residen y
trabajan en ella. En julio pasado, el Ejecutivo convocó a una “cumbre de La
Araucanía”, en la cual, entre otros temas abordados, se acordó un conjunto de
medidas (aumento de dotación policial, creación de nuevas Subcomisarías y
retenes, entrega a Carabineros de equipos de última tecnología, asistencia
legal y psicológica a las víctimas, etc.) para enfrentar la fuerte alza en el
número de ataques registrado en 2012, en
comparación con el año anterior. Pese a los compromisos adquiridos entonces, los
resultados en terreno parecen escasos. Peor aún, hay antecedentes que dan
cuenta de una radicalización de sectores violentistas más resueltos y mejor
organizados, como quedó en evidencia con el ataque incendiario contra un camión
realizado por un comando, a principios de diciembre, en el lugar donde se
construye el nuevo aeropuerto de Temuco, el cual por poco le cuesta la vida al
conductor del vehículo.
Para tener éxito, la determinación del Gobierno
debe ir acompañada por la acción de las policías, especialmente en el trabajo
de inteligencia que éstas desarrollen, esencial para lograr el
desarticulamiento de grupos violentos y organizados. También al Ministerio
Público le corresponde un papel clave, a través de la presentación de casos
bien sustentados a la Justicia y la utilización de todos los recursos legales a
su disposición. Por último, a los Tribunales les cabe un rol esencial en la
protección de la ciudadanía y en la sanción a los culpables acreditados.
La violencia que aqueja a La Araucanía es una
de las causas que profundizan los problemas sociales que aquejan a esa Región,
la que presenta los mayores índices de pobreza e indigencia del país. La
posibilidad de atender a las demandas mapuches pasa por restablecer el orden en
la zona, pues es difícil atraer inversiones y generar empleos estables en un
ambiente de incertidumbre que aleja la actividad económica, inseguriza a la
población y obliga a todos los habitantes de la zona a destinar cuantiosos
recursos a la seguridad personal y de sus emprendimientos. Por eso, actúa bien
el Gobierno cuando entiende que el primer y necesario paso para ayudar a la
mayoría de la población mapuche que aspira a vivir en paz es aislar y sancionar
a quienes prefieren la vía violenta.
Baja la efervescencia, persisten los problemas.
El letargo de la última semana del año, la
(escueta) señal de Bachelet postergando para marzo cualquier definición (y
prolongando así la sensación de que nada verdaderamente relevante sucede por
ahora en la oposición en materia Presidencial) y la calma en el oficialismo
después de la prenavideña «tormenta Larraín»: todo parece estar conspirando
para que en los últimos días de 2012 escasee la efervescencia política. Un
panorama que —como todos los períodos de tranquilidad— siempre tiene algo de
engañoso. Primero, porque son abundantes los elementos de tensión acumulados en
cada sector, por más que hoy no afloren a simple vista. Y segundo, porque aun
las discusiones algo burocráticas de esta semana (organización de Consejos Generales,
reglamentación de primarias) involucran temas cuya definición puede terminar
siendo altamente relevante.
Un ejemplo de esto último es lo que pasa con la
conformación de la lista Parlamentaria opositora. Ideas como la del «Parlamento
para Bachelet» (en la tesis PS-PPD) o de al menos una suerte de bloque «para
cambiar el binominal» (Carlos Ominami) apuntan a maximizar los doblajes (en
2009 la Concertación no logró ninguno) y asegurar así el control de ambas ramas
Legislativas por parte de la actual oposición. Ello pasa por incorporar el
mayor número de fuerzas y evitar nóminas alternativas. El punto es que el
mecanismo de primarias —que en teoría sería la fórmula lógica para conseguir
aquello— en la práctica no siempre resulta compatible con los objetivos de la
mayoría de los partidos de asegurar anticipadamente cierta cuota de
representación en las listas y aun en el futuro Congreso (ejemplo emblemático,
la apuesta PC por afirmar la reelección de su timonel, Guillermo Teillier).
Así, sólo el PPD aparece hoy planteando primarias en todo Chile y lo que se
impone es una negociación compleja que predefinirá una parte de los cupos y que
debiera cerrarse antes del 30 de abril. Se trata de un esquema que entrega a
Marco Enríquez-Ominami la excusa perfecta para rehuir las tratativas con el
resto de la oposición y justificar así su opción alternativa; la duda es si al
menos a nivel Parlamentario (como lo hizo en varios casos en la última Municipal)
hará «gestos» que le faciliten las cosas a la Concertación y a sus socios en
ciertos distritos y circunscripciones. Lo que en cambio parece descartable es
que el estentóreo cuestionamiento DC hacia las posturas comunistas en derechos
humanos tenga algún efecto real en la conformación de la plantilla.
Paradoja gremialista. Resulta curioso que en la
UDI —la colectividad hasta ahora más reticente a las fórmulas de elección
directa de sus Autoridades y que había desarrollado un eficiente (y
centralizado) mecanismo de selección de candidatos— sea donde hoy se plantee el
mayor número de primarias Parlamentarias... incluso involucrando eventualmente
a su Presidente y a su Secretario General. Probable consecuencia de las
incertidumbres que abrió el sistema de voto voluntario (donde resulta clave
activar la capacidad movilizadora de los partidos), la concreción de esas
primarias implicaría un cambio de proporciones en las prácticas del
gremialismo, cuyos alcances (y posibles efectos) despiertan no pocas
inquietudes entre algunos de sus dirigentes. En RN ha habido menos ruido en
torno al tema y podría incluso terminar no usándose el mecanismo para las
cartas Senatoriales, pero antes el anuncio de que se recurriría a él había
hecho desistir a varios altos funcionarios de Gobierno de eventuales aventuras Parlamentarias.
Como sea, para la Alianza, dada su estructuración en torno a dos grandes
colectividades que se reparten equitativamente los espacios, utilizar el
sistema de primarias en este ámbito es más fácil que para la Concertación, al
quedar en principio entregado a cada partido cómo administrar sus 60 cupos; lo
complejo es la eventual incorporación de partidos menores (¿quién les cedería
lugar y en qué condiciones?) e independientes. Respecto de estos últimos, la
demanda del grupo «Evolución Política» de competir dentro de las primarias
resulta particularmente compleja. Y es que, si bien (con mucha reticencia y
fijándoles condiciones) los partidos se han abierto a considerarlos, dada la
forma individual de primarias que se aplicaría en este sector (con cada
colectividad utilizando autónomamente el mecanismo y no de modo conjunto), no
sólo se hace más difícil su incorporación, sino que ella plantea dudas legales,
dada la redacción de la norma respectiva.
En contraste con esos debates —farragosos ante
la opinión pública—, la semana también hizo evidentes dos problemas de alto
impacto y las falencias del sistema político para darles una respuesta. La
aprobación del cierre de la Universidad del Mar ilustró sobre las deficiencias
del actual sistema regulatorio para la educación superior, pero también puso en
el primer plano el muy lento avance Legislativo de la agenda con que el
Gobierno busca hacerles frente. Los últimos hechos de violencia en la
Araucanía, a su vez, motivaron el viaje a la zona del Ministro del Interior y
permitieron también constatar la decepción de quienes han sido víctimas de esos
ataques tras la incapacidad de los sucesivos Gobiernos para imponer el respeto
del Estado de Derecho. Es innegable la complejidad del llamado conflicto
mapuche y lo equivocado de obviar aristas como la histórica discriminación
sufrida por esa etnia, sus demandas de reconocimiento y la situación de
vulnerabilidad que viven muchos de sus miembros, pero nada de eso vuelve
aceptable el accionar (correctamente calificado como extremista) de quienes
pretenden levantar esa causa como bandera justificatoria de la violencia.
Paro ilegal en la Posta Central.
Un paro de actividades comenzaron ayer
funcionarios de los gremios profesionales, técnicos y auxiliares de la Posta
Central de Santiago, como medida para plantear una serie de demandas que
incluyen mejorar el ordenamiento de los cargos de Jefatura y la creación de un
Consejo Directivo con representación gremial. Además, solicitan la salida del
ex Director de la entidad, quien actualmente ejerce como Jefe de turno.
La huelga es una acción improcedente que se
aparta de la legalidad -tal como lo expresó el Ministro de Salud- y que, a su
vez, supone un riesgo importante para los usuarios que acuden a este centro
asistencial. A pesar del plan de contingencia que desplegó la institución para
enfrentar la situación, la calidad y oportunidad de la atención a los pacientes
resultan igualmente deterioradas. Escenario que se podría agravar si la
paralización se mantiene durante las celebraciones de fin de año que se
acercan.
Los trabajadores del recinto de salud tienen el
legítimo derecho a manifestar sus inquietudes laborales, pero el uso de esa
prerrogativa debe ser ejercida responsablemente, anteponiendo el diálogo y
evitando apropiarse de facultades que pertenecen a las instancias directivas.
Para ello, es necesario canalizar los requerimientos a través de los órganos
institucionales existentes, no mediante medidas de presión que perjudican
principalmente a las personas que se atienden en ese lugar. Las Autoridades de
Gobierno y de la posta deben aplicar las sanciones y descuentos que
corresponden contra los funcionarios que, vulnerando la Ley, se niegan a
trabajar.
Por tratarse de un servicio altamente sensible
para la ciudadanía, ya que atiende exclusivamente casos de urgencia, se deben
adoptar los resguardos que garanticen su adecuado funcionamiento, y se deben aplicar
las herramientas administrativas y legales para poner pronto término a este
paro injustificado.
Intranquilidad en Argentina.
Cientos de detenidos aún aguardan que se les
formulen cargos en distintas Provincias de Argentina, tras los saqueos en unos
40 lugares que la semana pasada causaron abierta alarma sobre la situación
social y económica que vive ese país. Hurto calificado, robo agravado con uso
de arma de fuego, serían algunos de los delitos que se imputarían, pero falta
averiguar la verdadera historia detrás de la irrupción en supermercados, días
antes de las fiestas navideñas.
Mientras el Gobierno -sin ninguna prueba-
apuntó desde el primer día contra el líder camionero Hugo Moyano, como
instigador de la violencia, los Fiscales tratan de indagar si hay
organizaciones que coordinaron las acciones vandálicas en las diversas
localidades. Los sindicalistas presentaron demanda judicial por las
acusaciones. La oposición culpa más bien a grupos pro Gobierno. Según Mauricio
Macri, Alcalde de Buenos Aires, se trata de agrupaciones que "han tenido
privilegios" y a las cuales les han dado apoyo para
"intermediar" con quienes "tienen necesidades". En otras
palabras, serían individuos de alguna forma ligados al Gobierno, pero que actuaron
independientemente para crear caos. Esa hipótesis es aventurada, pero en esta
etapa de la investigación nada se puede descartar.
Cuando la semana pasada los camioneros hicieron
una huelga y Moyano llamó a la Presidente a preocuparse por la inflación y la
inseguridad, el Gobierno advirtió sobre intentos de reeditar la situación de
caos que en 2001 culminó, por estas mismas fechas, con la Presidencia de
Fernando de la Rúa. Probablemente los jóvenes que participaron en los desmanes
no tenían recuerdo de tales hechos, y actuaron de manera irracional y movidos
por un afán de imitación, habitual en casos de desórdenes generalizados.
Si los siempre condenables saqueos fueron o no
un fenómeno aislado, se sabrá más adelante, pero es evidente que Argentina sigue
viviendo una situación de descontento social que se manifiesta en varios
niveles. Ayer hubo un paro nacional de los empleados bancarios, que piden un
alza del 35% en sus sueldos. El miércoles se vivió una jornada de lockout de
los ganaderos, que reclaman por la confiscación de los terrenos de la Sociedad
Rural, en pleno Palermo, que fueron comprados durante la Administración Menem.
Cristina Fernández revirtió mediante decreto esa venta, aduciendo que se pagó
"un precio vil". Los sindicalistas cercanos al Gobierno también han
hecho peticiones que deberán ser escuchadas por el Ejecutivo, que enfrenta así
un fin de año con varios conflictos abiertos y otros tantos latentes. Está por
verse si la Presidente logrará desarticularlos, o si éstos escalan en un curso
que justifique el recuerdo del fantasma del caso De la Rúa, que -algo
paradójicamente- el propio Gobierno ha evocado.
Cierre de la Universidad del Mar.
El Consejo Nacional de Educación (CNED) aceptó
la solicitud del Ministro del ramo, Harald Beyer, para cerrar en forma
definitiva la Universidad del Mar. Si bien caben algunos posibles recursos
judiciales, la gravedad de los hechos que inicialmente denunció el propio Rector
en mayo pasado, la contundencia de los antecedentes que presentó el Ministro y
el pormenorizado análisis realizado por el CNED permiten anticipar que no habrá
cambios en la decisión y que ahora tendrá que seguirse el plan de cierre
preparado por la División de Educación Superior del Ministerio.
Los pasos inmediatos no serán fáciles ni puede
esperarse que los estudiantes los acepten sin reclamos. Hay al menos unos 10
mil jóvenes con sus estudios ya avanzados y que esperan terminar sus carreras,
sea en la misma universidad -cuyo cierre no será inmediato, sino gradual- o
bien en otros planteles dispuestos a acogerlos. El Estado no puede eludir su
responsabilidad en la situación que sólo pudo producirse por una extrema
tolerancia de las Autoridades educacionales, y será un administrador del Ministerio
quien tendrá la tarea de reubicar a los estudiantes. "Durante mucho tiempo
no se investigó adecuadamente a las instituciones de educación superior, no se
hizo cumplir la Ley", afirmó el Ministro Beyer. Y la historia de la
Universidad del Mar confirma sus palabras.
La fallida institución recibió a sus primeros
alumnos en marzo de 1990 con varias carreras de ingeniería, educación y
derecho. En septiembre de 1993 presentó su proyecto institucional al Consejo
Superior de Educación y logró su plena autonomía en enero de 2002 por acuerdo
de dicho Consejo, que estaba integrado por representantes de los más altos
organismos de la República, desde la Corte Suprema hasta las Fuerzas Armadas,
incluyendo, por cierto, a representantes de las propias universidades. Luego de
obtenida la autonomía comenzó su expansión mediante múltiples sedes pequeñas a
lo largo del país, que en la práctica operaban en forma independiente. En
diciembre de 2010 consiguió su acreditación por dos años, pero dicho proceso ha
dado origen a una investigación judicial por presuntos delitos de cohecho y
lavado de activos.
Sin duda, el sistema nacional de aseguramiento
de la calidad ha fracasado en este caso. Los estudiantes enfrentan una
angustiosa situación a la cual jamás debió haberse llegado, según lo que se
dijo al momento de estudiar y promulgar las leyes correspondientes, en 2006. El
cierre, si bien inevitable al descubrirse la magnitud de las irregularidades,
no resuelve todas las interrogantes y proyecta una inevitable sombra de duda
sobre todo el sistema de educación superior. Anteriormente han cerrado de modo
voluntario varias instituciones que terminaron siendo absorbidas por otras y en
muy pocos casos las Autoridades han dispuesto el cierre de algunas
instituciones menores. Pero esta vez la situación alcanza una gravedad mayor,
tanto por el número de alumnos afectados como por la dilatada trayectoria de la
entidad cuestionada y la gravedad de los delitos de que se acusa a sus
directivos.
El Ministro de Educación, junto al Presidente
de la República, ha anunciado un nuevo sistema de acreditación, completamente distinto
del actual, lo que es sin duda necesario. Pero antes de que se complete ese
cambio profundo, es indispensable una modificación inmediata a las reglas que
han fracasado tan estrepitosamente, para iniciar cuanto antes una transición a
un sistema que dé mayor grado de seguridad. Para empezar por lo más simple, los
poderes del Estado debieran diseñar un sistema que asegure un mínimo de
seriedad y calidad de los proyectos educacionales, antes de entrar a
calificaciones más complejas y refinadas, como se pretendía con el número de
años de acreditación que se otorgaba a cada una de los miles de carreras que se
ofrecen en Chile. Bastaría, por ahora, que se den garantías de que no se
aceptarán proyectos tan defectuosos como los que han provocado los actuales problemas.
Correspondencia para meditar:
Señor
Director:
Caso Payá.
Un grupo de exiliados cubanos en Chile le ha
solicitado a la ex Presidente Bachelet que interceda ante el Gobierno comunista
de Cuba con el fin de que se le permita a Rosa María Payá visitar nuestro país.
Es sabido que desde hace más de cincuenta años los habitantes de la isla no
tienen libertad de viajar y que allí la oposición política se considera un
delito. Es decir, una impactante violación a la democracia y a los derechos
humanos.
La señora Bachelet está en una posición
privilegiada para decir algo en este asunto. Por su actual cargo en la ONU y,
también, por su cercanía a los hermanos Castro. No olvidemos la alborotada
reunión que sostuvo con Fidel siendo Mandatario.
Pero no hay que hacerse ilusiones. Seguramente
no dirá nada. Líderes de la izquierda chilena ya se adelantaron a dar las
explicaciones usuales en esta materia: se trata de una cuestión de política
interna de Cuba. El Senador Letelier, incluso, calificó la solicitud como una
operación vulgar de poca monta.
Es la reacción habitual de la izquierda en esta
materia. Tratándose del régimen de los hermanos Castro desaparece su convicción
democrática y su compromiso universal con los derechos humanos. La suerte del esclavizado
pueblo cubano queda al margen de su indignación.
Este doble estándar es incomprensible, y
también preocupante. Porque, en el fondo, demuestra que el compromiso de
algunos sectores de la izquierda chilena con la dignidad de las personas, la libertad
y la democracia sigue estando instrumentalizado por consideraciones
ideológicas. Y eso hay que tenerlo presente.
Carlos
Goñi Garrido.
Señor Director:
Violencia en La Araucanía.
Hace un par de días, un modesto trabajador fue
asesinado en la Región de La Araucanía, y su esposa fue golpeada y herida en un
brazo. En el mismo momento fueron incendiados dos casas y tres contenedores. El
Intendente dice que son hechos separados. Hace poco fue asesinado un Carabinero
y baleados otros. También, varios incendios de valiosas maquinarias y tierras.
Todas las personas de las Regiones VIII y IX viven asustadas, pero se dice que
no hay terrorismo. Los Jueces obligan a dar a conocer los nombres de los
testigos protegidos, los que existen según la Ley. ¿Resultado? Esos testigos
son atacados, les queman sus casas y nada pasa.
¿Quién va atestiguar así? ¿Eso no es infundir
terror? La mayoría de los detenidos son liberados por los Jueces de Garantía bajo
cualquier pretexto. Muchas veces me he preguntado si los Jueces leerán la
prensa, verán los noticiarios. ¿Qué ONG, personas o instituciones financian y
entrenan a estos peligrosos delincuentes, ya que, según la Justicia, no son
terroristas, aunque actúen como tales y tengan aterrorizada a la población?
Finalmente, concuerdo con el Presidente de la
asociación de industriales de la Región, cuando dice que la Justicia pareciera
estar actuando ideológicamente.
Olga
Cuevas Camarda.
La frase del día:
"Ahora
venimos a descubrir que estos sillones no cumplían con la Ley, con las normas
de calidad, ¿lo venimos a descubrir ahora recién? Los 20 o 17 años anteriores
no había ningún responsable. Seamos un poquitito más responsables. El problema
de la calidad de la educación es que en los Gobiernos de la Concertación se
hizo la vista gorda y se miró para el lado".
Laurence
Golborne Riveros,
precandidato
Presidencial
independiente.
Saludo de Reacción Chilena a sus amigos(as):
A escasos tres días del fin del difícil año
2012 deseamos a todos nuestros amigos y amigas que el nuevo año 2012 les llene
de venturas, tanto en lo personal y familiar como en lo profesional.