lunes, 13 de agosto de 2012

Somera revisión informativa del fin de semana…

 Grupúsculos estudiantiles se han tomado 9 colegios
en un intento por retomar las movilizaciones para
desestabilizar al Gobierno de Piñera, que hace lo
posible por mejorar la educación.

Colegio de Profesores ratificó paro  el 28 de agosto,
Jaime Gajardo argumentó que el Gobierno ''se ha
negado a dialogar''  sobre las propuestas de estudiantes
y el mundo social.
 Con una imponente ceremonia musical e histórica
fueron clausurados los Juegos Olímpicos Londres
2012, para dar paso a las Olimpiadas de Río de
Janeiro del año 2916,
 La Diputado María Corina Machado denuncia que
Chávez alista ‘’ejército guerrillero'' ante hipotética
invasión de EE.UU., que a fin de año contaría con
un millón de milicianos.
 Mitt Romney, anunció el sábado que Paul Ryan
será su compañero de fórmula para enfrentar a
Obama en las elecciones de noviembre.





Clausurados los Juegos olímpicos de Londres 2012.
Con una impresionante ceremonia fueron clausurados ayer los juegos Olímpicos de Londres 2012, en la que, en ocho minutos los brasileños, encabezados por Pelé, recibieron simbólicamente  el “testimonio” para la próxima cita del año 2016 a realizarse el Rio de Janeiro.



Terminados estos 15 días deportivos globales quedan como hitos el record histórico, de 22 medallas,  conseguido por  Michael Phelps, el nadador de Baltimore, y los tres nuevos oros sumados por el atleta de Jamaica, Usain Bolt, el rey de la velocidad.



El torneo fue ganado por los Estados Unidos, que logró 104 medallas,  46 de oro, 29 de plata y 29 de bronce, el segundo lugar lo obtuvo China con 87 preseas, 38 doradas, 27 plateadas y 22 bronceadas, en el tercer lugar se ubicó Gran Bretaña con 29 laureles de oro, 17 de plata y 19 de bronce.



Los lugares siguientes más relevantes  los obtuvieron Rusia (24-25-33), Corea del Sur (13-8-7), Alemania (11-19-14), Francia (11-11-12), Italia (8-9-11), Hungría (8-4-5), Australia (7-16-12), Japón (7-14-17), Kazajstán (7-1-5), Holanda (6-6-8), Ucrania (6-5-9) y Cuba (5-3-6).



Las posiciones de nuestro continente fueron lideradas por Cuba, que obtuvo el lugar 15, seguida por Brasil (3-3-9), Colombia (1-3-4), México (1-3-3), Argentina (1-1-2), Venezuela (1-0-0), Puerto Rico (0-1-1), Guatemala (0-1-0), los demás países no lograron triunfo alguno.



Los destacados de la delegación chilena fueron el gimnasta Tomás González, con sus meritorios dos cuartos lugares, la lanzadora de la bala, Natalia Duco, que mejorando las expectativas estuvo entre los "top ten" y la tiradora Francisca Crovetto, que quedó a un plato del sexto lugar.



Sexta fecha Campeonato de Clausura.
Los resultados de la sexta fecha del Campeonato de Clausura 2012, que comenzó el viernes fueron los siguientes:



Audax Italiano-Deportes Iquique 0-1



Unión Española-Palestino 1-0



Cobresal-         Universidad de Chile 1-2



Huachipato-Unión San Felipe 1-0



Deportes La Serena- Cobreloa 0-0



Antofagasta-Unión La Calera 2-1



Rangers-Universidad Católica 1-0



O'Higgins-Universidad de Concepción 4-1



Colo Colo-Santiago Wanderers 1-1




COLUMNAS DESTACADAS




Los Presidenciables en la encuesta Adimark,
por Axel Buchheister.


La encuesta  Adimark entregó un dato sobre el cual no se ha reparado y que vino a ratificar la tendencia que se comenzó a manifestar en mayo: Andrés Allamand alcanzó en valoración ciudadana a Laurence Golborne. El mes de julio arrojó un 74% de aprobación y 22% de rechazo para el primero, y 75% y 21%, respectivamente, para el segundo, lo que constituye empate técnico y por tercer mes consecutivo. En adelante todo puede suceder, mientras que hasta ahora las cosas se veían más claras para el titular de Obras Públicas.



Cierto que aprobación no es intención de voto. De hecho, las pocas encuestas que se conocen y que miden preferencia marcan -por el contrario- una distancia sólida en favor de Golborne. Pero esas encuestas, que no cabe desdeñar, tienen una limitación: las elecciones no son el próximo domingo, y las cosas pueden alterar su rumbo. Y que se iguale la aprobación puede ser anticipatorio de un cambio. Por eso es interesante preguntarse qué está determinando ese acercamiento; dicho de otra manera, qué está valorando el ciudadano como criterio para expresar su preferencia.



Ambos “precandidatos” tienen en común haberse catapultado a partir de un “rescate”, veta que Allamand ha utilizado más de una vez, incluso con riesgo de sobregirarse: su presencia en el triste caso de un menor que se extravió, en el cual derechamente no tenía nada que hacer, pudo terminar por saturar al respetable; pero no, ahí están las cifras. Golborne, por su parte, no ha vuelto a aparecer en un escenario de ese tipo y sigue con fuerte adhesión. La emotividad de la calle, en consecuencia, no parece ser lo que está definiendo en la actualidad.



Entonces, la explicación tiene que estar en las características y atributos que se perciben en ellos. El carisma siempre ha sido un activo importante, que Golborne tiene de sobra y al que está apostando todas sus fichas, cuando procura guardar silencio y eludir definiciones que puedan comprometerlo. En cambio, Allamand, sin que la sonrisa sea su fuerte, se percibe como más jugado en sus declaraciones y ha sostenido que es el tiempo de un político con experiencia y determinación, que sería lo que él ofrece. Si esas son las imágenes y las cifras se acortan, podía ser indicio que la gente está valorando características más allá que el simple carisma, y que va a exigir pronunciamientos y contenido, algo que ha tendido a estar ausente de la competencia electoral de los últimos tiempos.



Lo significativo de esa hipótesis es que de ser efectiva, también afecta a Michelle Bachelet, y la lectura de la Concertación que basta su carisma -casi a nivel de leyenda según la misma encuesta- puede no ser suficiente, y que la pista se le puede poner difícil cuando tenga que dar respuestas y debatir.



El que enfrenta un dilema es Golborne. Capacidad tiene, porque nadie llega a ser un ejecutivo de incuestionable éxito en empresas líderes eludiendo definiciones y con puro carisma. Tendrá, entonces, que decidir si es mejor seguir como va o aproximarse al área chica en temas de fondo.



Bien por Chile, pues decidir quién gobierna un país y lo conduce al desarrollo no puede quedar entregado a un concurso de simpatía. Y la ciudadanía quizás se está dando cuenta.



El síndrome Hubris,
por Hernán Felipe Errázuriz


Parlamentarios y autoridades de la salud sufren del síndrome Hubris, desorden de personalidad de los empoderados. Se caracteriza por una extrema valoración de sí mismos, desprecio por la opinión de los demás, impulsividad, búsqueda de protagonismo y convencimiento grandilocuente de su poder, importancia y misión para cambiar la sociedad. Este síndrome ha sido materia de un estudio reciente, publicado en el Journal de Neurología, Brain , de la Universidad de Oxford. El documento de David Owen, ex canciller y ministro de Salud británico, y Jonathan Davidson, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Duke, señala los riesgos para la sociedad de esta patología (mucho mayores que los causados por los fumadores y los gordos), y asegura que los diagnósticos, nosología y tratamientos son universales.



El síndrome se presenta en iniciativas legales como las prohibiciones al consumo de alimentos y cigarrillos. Los afectados por él creen ser omnipotentes para imponer sus gustos y entrometerse en los hábitos de los ciudadanos; tener autoridad para reprimir placeres legítimos y para negar a los adultos y a la sociedad el derecho a asumir los riesgos de sus decisiones. En esto no tienen límites, discriminan, acosan, censuran y persiguen. Seguramente se divierten leyendo "prohibidos perros, obesos y fumadores". Quieren imponernos dietas, prohibir a los fumadores reunirse en restoranes, incluidas sus terrazas; impedirles asistir a estadios y conciertos en espacios abiertos (aunque sí a manifestaciones políticas en esos lugares); destruir construcciones que obligaron a habilitar; facultar a los alcaldes para prohibir a fumadores en plazas y parques; regular los aromas y saborizantes, y llegan al disparate de proponer censurar películas, literatura, pinturas, canciones, óperas y expresiones artísticas que puedan interpretarse como publicidad encubierta del tabaco.



Como en la Inquisición, se podrían prohibir obras maestras de Thomas Mann, Heinrich Böll, Stephan Zweig y Yasukata Tsutsui, y películas como "Avatar", "Sin aliento", "Mentes peligrosas" y "Casino", y proscribir a Sigourney Weaver, Sharon Stone, Audrey Hepburn y Rita Hayworth. Pinturas de Picasso, Van Gogh , Brueghel y tantos otros podrían ser retiradas de los museos. La ópera "Carmen" no podrá exhibirse, al menos su primer acto, con cigarreras extasiadas y muchachos seducidos por el humo. ¿Y por qué no prohibir a los gordos -como Falstaff y Sancho Panza- y gordas de las pantallas, literatura y obras de arte? Serán alegres, pero son testimonios del consumo de alimentos prohibidos.



En cambio, tendremos que consumir los lomitos con los componentes preferidos de los senadores Girardi y Chahuán; comprar los cigarrillos que tengan los sabores y aromas que gustan al ministro Mañalich; los hediondos cigarrillos de marihuana que promueve el senador Rossi; fumar en los lugares que autorice el alcalde de Lago Ranco, y ver las películas, las pinturas y las óperas que agraden al senador Ruiz Esquide.



Podrían recapacitar los parlamentarios y el ministro; liberarse del síndrome Hubris; repudiar el paternalismo, rechazar aberraciones legales; creer en el libre albedrío y en la madurez de sus electores y de la sociedad, y dedicarse a legislar sobre las verdaderas prioridades nacionales.



Que la libre competencia impere,
por Juan Andrés Fontaine.

Atrae en los Juegos Olímpicos ver a los y las deportistas rendir al máximo en una justa limpia, pero implacable. También en el terreno económico la libre competencia hace maravillas.



El Gobierno ha emprendido iniciativas legales para derribar barreras de entrada que coartan la competencia. Un rasgo distintivo de un gobierno de la Alianza ha de ser su convicción de que los mercados libres y competitivos brindan progreso y dan oportunidades a todos. Pero hay señales contradictorias.



Tema de preocupación han sido los altos intereses de los préstamos. Sorprendentemente, el Gobierno ha terminado abrazando un anacrónico proyecto para reducir la tasa máxima legal. En el pasado esa fórmula se ha probado ya sea inútil -porque no incluye todos los gastos asociados al crédito- o contraproducente -porque excluye del crédito a quienes pueden necesitarlo más-. En cambio, lo que sí ayuda es que haya más transparencia y más competencia. La nueva normativa del "Sernac Financiero" hace eso: dispone que los deudores siempre deban contar con información clara y completa del costo anual equivalente de su crédito, para así poder cotejar las ofertas alternativas. Pero subsisten ciertas barreras que limitan las opciones disponibles.



Gracias al avance de las tecnologías de la información son decenas los emprendedores interesados en ofrecer nuevas formas de crédito y medios de pago. Pero una interpretación demasiado restrictiva de la Ley de Bancos lleva a las autoridades a cerrarse a esas nuevas opciones, anunciar una inquietante ampliación del "perímetro regulatorio", e incluso perseguir judicialmente a los pocos que se han aventurado en ese terreno. Desde luego, hay que cautelar la fe pública involucrada en los medios de pago o de depósitos de uso masivo, pero hay que buscar cómo hacerlo sin obstruir la competencia y la innovación.



También preocupa el costo de los medicamentos. El proyecto para autorizar la venta fuera de las farmacias de aquellos que no exigen receta ha debido ser retirado de votación en la Cámara de Diputados. No hay ningún argumento de peso contra esta propuesta pro competencia, muy común en el exterior. Con más puntos de venta y menores precios, ella ayuda especialmente a quienes viven en las comunas populares o rurales que no cuentan con una farmacia cerca. Es irrisorio sostener que favorecería la automedicación y la intoxicación, como alegan sus detractores. Al parecer, hay intereses monopólicos que pisan demasiado fuerte en los pasillos del Congreso. Eso no es aceptable. Que la competencia libre impere.



Bombas y terrorismo,
por Rodrigo Hinzpeter.

Se han colocado cerca de 150 bombas en nuestro país en los últimos años. Es indiscutido que la colocación de artefactos explosivos constituye un método de acción típicamente terrorista, desde que su detonación -mucho más allá de la capacidad específica de daño del artefacto- lleva implícita la aptitud de alterar la tranquilidad ciudadana, asegurando que con su explosión se provocará temor. Es por ello que, conforme a la  experiencia y sentido común, resulta evidente que el colocador de una bomba considera necesariamente, dentro de su finalidad, el que al menos una parte de la población sienta temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.



El terrorismo alcanza, destruye o menoscaba otras certezas y seguridades que deben brindar la democracia y el estado de derecho. Cuando se detona una bomba en un ferrocarril, el daño ocasionado al vagón es secundario. Lo primario es el temor de los ciudadanos que emplean diariamente ese medio para transportarse. Esto es particularmente grave, ya que por su naturaleza un acto terrorista es apto para forzar modificaciones en comportamientos de los ciudadanos, restringiendo su libertad, al obligarlos a abstenerse de realizar ciertas actividades cotidianas o a perturbar la forma y oportunidad en que tales actividades se realizaban previamente.



Un estándar aconsejable es observar la reacción de la opinión pública o de los medios de prensa frente a un hecho determinado. ¿La detonación de una bomba que hiere gravemente a una persona o causa la muerte de otra, capta la atención de los ciudadanos o es difundida por los medios de prensa del mismo modo que si tales heridas o muerte hubieran sido provocadas por un accidente de tránsito? Obviamente que no, y la razón evidente de esta diferencia radica en que en el caso de una bomba se añade inexorablemente el temor de muchas personas de llegar a ser, o haber podido ser, la víctima que dicho incidente haya causado.



Tampoco deben desatenderse las múltiples dimensiones que puede asumir el terrorismo. Resulta incorrecto pretender definirlo en función de su localización, magnitud, tipo de arma, potencia o capacidad para provocar la muerte. La experiencia mundial acredita la existencia de fenómenos de terrorismo que toman diferentes formas, entre los cuales podemos nombrar el narcoterrorismo, el bioterrorismo, el anarcoterrorismo, el terrorismo de Estado o el ciberterrorismo. En nuestra legislación se atiende al poder destructivo de los objetos, exigiendo gran capacidad destructora sólo si se trata de lo que la normativa llama “armas o artificios”; en cambio, cuando se está en presencia de bombas, el legislador considera aptas para un cometido terrorista a las de cualquier tipo.



Finalmente, es imprescindible recordar que la lucha contra el terrorismo ha sido definida como un desafío prioritario en múltiples ocasiones y por variadas instancias, en muchas de las cuales nuestro país ha estado presente o es parte. Las principales organizaciones internacionales y regionales lo han condenado, al tiempo de exigir a los estados -no limitadamente a los gobiernos, sino al conjunto de poderes independientes que componen el Estado- adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar estas conductas.




EDITORIALES SOBRE TEMAS IMPORTANTES




¿Cuándo es delito terrorista?
La justificada perplejidad que provocó en muchas personas el veredicto de un tribunal penal que no consideró como delito terrorista, sino sólo de daños, la colocación de un artefacto explosivo en una sucursal bancaria, se explica en gran medida por las dificultades reales para definir el terrorismo -el derecho internacional conoce abundantes intentos fracasados en esta materia-, pero también por las características de la legislación vigente en Chile.



En cuanto a las dificultades, existe el riesgo de que aquellos que simpatizan con las motivaciones de quienes realizan actos violentistas o, al menos, no se sienten afectados por ellas -demandas radicales de igualdad, manifestación contra "el sistema", etcétera- miren con cierta condescendencia tales conductas. En el otro extremo, no es infrecuente que se confunda la protesta violenta con el terrorismo. La primera puede tener muchas manifestaciones diversas, desde la "toma" hasta la quema o destrucción de bienes, o incluso la lesión o muerte de personas. Prácticamente todas las manifestaciones de la protesta violenta son al mismo tiempo hechos constitutivos de delito, también según nuestra legislación actual.



Pero el acto terrorista tiene características que exceden la protesta violenta y que consisten en la realización de actos de una brutalidad intensa y desproporcionada en relación con su objeto inmediato, precisamente para ser capaces de infundir en la población en general, o al menos en un grupo, el temor justificado a correr la misma suerte o una similar -un temor que, a su vez, va más allá del que inspira la comisión de cualquier delito.



La Ley Antiterrorista chilena se atiene en lo sustancial a esta caracterización del terrorismo, pero exige que se demuestre que la "finalidad" del autor al cometer el hecho era de índole terrorista. Para decidir si existió tal finalidad, la ley dispone que el tribunal debe atender a la naturaleza y efectos de los medios utilizados, a la evidencia de que el acto se inserta en un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, o verificar si el acto se cometió para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad.



Esta configuración del delito terrorista -finalidad subjetiva, que se acredita demostrando alguna de las tres situaciones objetivas citadas- dificulta su aplicación. La ley podría limitarse a exigir que el acto de violencia tenga objetivamente la capacidad o aptitud para infundir en la población el temor fundado de ser víctima de un ataque similar. El dolo o intención sólo sería la contrapartida de esta aptitud.



La semana política: Prestigio del Congreso
Existe gran incertidumbre acerca del efecto que tendrán en las próximas elecciones la nueva masa de cinco millones de potenciales votantes, por la inscripción automática, y el comportamiento del antiguo padrón electoral y también de los nuevos inscritos, por la derogación del voto obligatorio. Esa voluntariedad sigue suscitando las mayores dudas, por su impacto en la vitalidad de nuestra democracia y en la invisibilidad política que puede aquejar a los grupos más pobres de la población (que la experiencia comparada muestra con mayor propensión a dejar de participar en el sistema democrático). Por eso, se debe seguir con atención este fenómeno, sin negarse a la posibilidad de cambiar de parecer, como con honestidad intelectual reconoció el ex Presidente Lagos, y revertir esa decisión.



Junto con lo anterior, lo más preocupante es el desprestigio de las instituciones que registran diversas encuestas, en particular la deteriorada imagen del Congreso.



Durante dos décadas el PC chileno intentó alcanzar un asiento en él, y lo logró en 2006, gracias a un acuerdo por exclusión con la Concertación. De ahí que sean lamentables las palabras de su rostro más emblemático, la dirigente estudiantil Camila Vallejo, restándole todo valor al Congreso, porque la Cámara aprobó la reforma tributaria del Ejecutivo. La misma dirigente que aplaude el régimen de los hermanos Castro en Cuba da una nueva demostración de la falta de renovación de fondo del comunismo chileno, más allá del uso de la estética juvenil. Los chilenos sabemos el mal curso al que lleva ese sectarismo e intolerancia.



Cuidado colectivo e individual
El propio Congreso debe velar colectivamente por su fortaleza y arraigo en la opinión pública. Los cambios que alista la Cámara al Código de Conductas Parlamentarias, con un considerable aumento de las sanciones económicas a los legisladores, son una buena señal. También lo es la multa aplicada al diputado Álvarez-Salamanca (UDI) por su controversia con el Comité de Auditoría Parlamentaria. En cambio, es muy negativo el nuevo rechazo al segundo informe de una comisión investigadora sobre eventuales responsabilidades políticas por el mal funcionamiento de las instituciones públicas el 27-F. Más allá de las responsabilidades individuales que a unos interesa destacar y a otros ocultar, el Congreso debe ser capaz de entregar una visión de conjunto sobre lo que fueron los yerros del Estado chileno en esa jornada. Se trata de una responsabilidad histórica frente a las futuras generaciones.



Asimismo, la conducta del senador Navarro (MAS), vicepresidente del Senado, lesiona el prestigio de éste: determinar si su accidente un día domingo en una moto de nieve es laboral corresponde al sistema de seguridad social, según un procedimiento al que se someten todos los chilenos. Pedir una comisión investigadora de la Cámara contra las mutuales, y denunciar un sostenido comportamiento ilegal de esas organizaciones -tras negarse la calidad de laboral a su accidente, lo que puede significarle mayores costos económicos por su tratamiento médico-, revelan una grave confusión entre las responsabilidades públicas y los asuntos particulares, y la búsqueda de un trato de privilegio frente al común de los chilenos.



Disculpas equívocas en Lima
Al cobrarse conciencia de que sólo faltan poco más de 100 días para el inicio de los alegatos de Chile y Perú en La Haya, hay cierta inquietud por la tensión que esto inevitablemente crea en las relaciones entre ambos países.



Se están dando innumerables iniciativas, primero de la prensa, luego de institutos de estudios, organizaciones empresariales, intelectuales y, recientemente, la Orden Masónica, en cuanto a que, cualquiera sea la resolución de la Corte Internacional de Justicia, la opinión pública de los dos países no pierda de vista la importancia de la relación bilateral y el inmenso avance que ha experimentado ella en las últimas décadas. Los vínculos estrictamente públicos y políticos se han transformado en una densa red de relaciones sociales, económicas y culturales, que tejen un entramado rico y complejo, destinado a perdurar. Los ejes de esta nueva relación están en los procesos migratorios y las inversiones cruzadas entre nacionales de ambos países. Incluso internacionalmente, uno y otro comparten visiones y posiciones frente al mundo del Pacífico y su vasta red de acuerdos económicos y políticos, y desde la costa sudamericana practican una estrategia de desarrollo abierta al intercambio comercial y la apertura internacional, en contraste con otras miradas continentales.



En la actual coyuntura, toda esa relación descansa en el buen tino de todos los partícipes. Lo peor sería transformar responsabilidades específicas de particulares en asuntos de Estado. Lo sucedido con la filmación de un programa de televisión de un canal chileno, perteneciente a una empresa estadounidense, es un asunto de particulares que no representan a Chile y respecto de los cuales caben los más disímiles juicios. Por tanto, no corresponde que nuestro embajador en Lima pida disculpas en nombre de Chile en relación con esa producción televisiva. Ese gesto puede ser un impulso espontáneo del diplomático, realizado de buena voluntad, pero que no corresponde y es equívoco. Parece difícil que esa acción haya contado con la autorización de la Cancillería, ni que constituya un precedente para los innumerables episodios que pueden surgir en el futuro.



¿Se puede mejorar el trabajo del Congreso?

De manera abrupta ha ido cayendo la aprobación ciudadana hacia el Congreso. En octubre de 2010, según Adimark, el 44% de los encuestados rechazaba el modo cómo estaba llevando a cabo su labor el Senado, y el 48% tenía una opinión negativa de la Cámara de Diputados; en julio 2012, la reprobación para ambos superaba el 70%.



Este fuerte deterioro ha sido ampliamente analizado por los expertos y parece enmarcarse en un castigo generalizado a las instituciones que manejan el poder en Chile. Sin embargo, más allá de ese diagnóstico, cabe preguntarse qué mejoras podrían realizarse a la labor más propia de los parlamentarios: representarnos al momento de analizar qué leyes nos regirán.



Lo que se ha avanzado. La manera en que trabajan los congresistas está regulada por la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos del Senado y la Cámara. De hecho, la largamente discutida reforma para adecuarse a los cambios constitucionales de 2005 dio pie a importantes modernizaciones, introduciendo mayor transparencia (hasta hace muy poco, importantes votaciones mantenían carácter secreto, lo que se terminó) y regulaciones en las asignaciones para los congresistas. Una modificación de alta trascendencia fue la de los plazos de las urgencias que el Ejecutivo puede imponer para la tramitación de proyectos. Así, la suma urgencia se amplió de 10 a 15 días y la discusión inmediata de 3 a 6; ello fortalece la posición del Congreso frente al Gobierno, pero sobre todo implica plazos más realistas para un buen análisis de las leyes.



Comisiones "sobrecargadas". Hay, sin embargo, dificultades que aún no encuentran solución. Por ejemplo, la disparidad en el trabajo de las comisiones legislativas. Estas son instancias previas a las votaciones en sala, donde un grupo reducido y representativo de parlamentarios analiza en detalle los proyectos. Es la verdadera "cocina" del trabajo legislativo, en la que se llevan a cabo la mayoría de los cambios y negociaciones. El punto es que, mientras algunas se encuentran «atochadas» de iniciativas, retrasando su despacho, las exigencias para otras son mínimas. Una muestra: sólo considerando lo que va de 2012 en la Cámara, la comisión de Agricultura ha visto 3 proyectos, mientras que la de Hacienda (que debe pronunciarse sobre toda iniciativa que irrogue gastos) lleva 32, y la de Constitución, 37. Racionalizar el trabajo de estas últimas, las más exigidas, es un tema pendiente. Desde luego, sería razonable que sus integrantes no participaran en otras comisiones, de modo que pudieran concentrar sus esfuerzos aquí. El rigor en definir cuándo el pronunciamiento de ellas es verdaderamente necesario resulta igualmente importante.



Inflación legislativa. En 2011 se aprobaron 73 leyes y en lo que va de 2012, 52. Desde que se empezaron a "contar", a principios del siglo XX, suman más de 20 mil los cuerpos legales aprobados. No hay un rango "ideal" de leyes para un país, pero es de sentido común que el exceso genera incertidumbre. Eso de "menos es más" se aplica a la legislatura, y en Chile no siempre se cumple. Y es que, si bien la Constitución tiene un listado de materias propias de ley, se ha logrado, vía "interpretación", extenderlas al punto de que se llegan a presentar proyectos como el reconocimiento de la rayuela como deporte nacional, monumentos varios, etc. En parte, ello se debe a una errada concepción de la labor parlamentaria, donde se pone como imperativo presentar el mayor número de proyectos, en circunstancias que lo que importa es la calidad de las normas y su capacidad para dar respuesta a problemas que no tienen solución por otra vía.



Frente a ello, antes que una reforma que restrinja a priori las ya disminuidas facultades legislativas, resulta interesante explorar la posibilidad de establecer un comité técnico previo al debate parlamentario, que ayude a "filtrar" materias que pueden solucionarse administrativamente y, a la vez, advertir cuándo una nueva ley choca con otras anteriores o si hay proyectos similares ya presentados. Con esta base, la discusión podría partir desde terreno más firme y facilitar la decisión sobre avanzar o no en una iniciativa. La comisión requeriría de un amplio acuerdo político y sintonía fina para determinar sus nominaciones y funcionamiento, de modo que facilite el trabajo y no lo entrampe. Resultaría complementaria con una instancia como el Departamento de Evaluación de la Ley que hoy funciona en la Cámara, cuya tarea es el análisis de la efectividad de las normas ya aprobadas. Respecto de este departamento sería importante una mayor difusión de sus conclusiones.



¿Cómo asesorarse? Hace unos años hubo fuertes denuncias sobre el uso de los recursos que reciben los congresistas para financiar asesorías. En muchos casos se destinaban a pagar operadores políticos, contratar parientes cercanos o financiar servicios personales. Desde entonces se han dado algunos pasos, por la vía de la transparencia y de un mayor control de las contrataciones, así como conformando en la Biblioteca del Congreso un equipo de 60 especialistas con alta preparación técnica a los cuales se encargan informes. Resulta importante evaluar si este esquema ha mejorado la calidad de la asesoría que se recibe. La antigua idea de incorporar un cuerpo de staffers o asesores políticos contratados por el Congreso y no individualmente ronda desde hace años y no cabe descartarla.



Y un viejo tema. El esquema de funcionamiento del Congreso, con el Senado sesionando los martes y miércoles, y la Cámara de martes a jueves, mientras que el grueso de las comisiones lo hacen de lunes a jueves, pero concentrando su labor también los martes y miércoles, resulta difícil de comprender por la ciudadanía. Probablemente, no tenga sentido incrementar las sesiones de sala, pero resulta extraño que los viernes normalmente no haya trabajo legislativo ni siquiera en comisiones. Más incomprensibles aún son los recurrentes problemas de asistencia que registra la sala de la Cámara los jueves, cuando las votaciones se vuelven un azar, no por razones políticas, sino por las ausencias de honorables.




UN PAR DE CARTAS PARA MEDITAR




Señor Director:



Legítima defensa.



Las imágenes que proporcionó la TV el miércoles pasado en las que aparecía un grupo de Carabineros arrinconados en la puerta de un edificio, protegiendo con sus escudos su integridad física de las piedras y otros elementos que les lanzaban los enmascarados, deberían llevarnos a consultar al Alto Mando de Carabineros y las autoridades públicas, en el sentido de si estos servidores públicos tienen derecho o no a la legítima defensa de sus personas.



JOSÉ LUIS PÉREZ ZAÑARTU, Abogado.



Señor Director:



Protestar



"Protestar: Expresar alguien impetuosamente su queja o disconformidad".



"Incendiar: Prender fuego a algo que no debería quemarse".



"Matar: Quitar la vida".



¿Se puede protestar incendiando o incluso matando?



En el diccionario pareciera que no. En el Gobierno lo están pensando.



¿De dónde viene el "derecho a protestar" incendiando o destruyendo?



Ojalá algún académico iluminado lo pudiera explicar.



MANUEL BLANCO VIDAL.





Nota de la Redacción:
Todo Chile conoce la falta de probidad del Presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, y la forma antidemocrática en que se la apoderado de esa corporación que reúne a parte de los docentes, el documento que insertamos a continuación podría darnos algunas luces sobre la moralidad de Gabriel Boric, que hoy dirige la FECH y a través de ella al movimiento de los estudiantes universitarios:





(Para mejor leer pinche la imágen).




Una educación de calidad exige buenos profesores
y estudiantes dedicados a su “trabajo” de estudiar.


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