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Piñera dijo a CNN que ''en Chile la gente nunca
está contenta con lo que tiene'', mostrándose
dolido por la calificación de político inepto
que le endilgó The Economist. |
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Comité Central del partido comunista aceptó
proposición de radicales y ppdés a la tienda
de la bandera roja para pactar lista de candidatos
a Concejales. |
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Pareja de brasileños acusados de canibalismo
realizaron una película casera de terror, mataron
a 3 mujeres, haberse comido partes de sus cuerpos,
con el resto fabricaron
empanadas. |
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Imagen del Rey Juan Carlos I posando junto a
un animal muerto, ha
provocado malestar en prensa
española y es portada
en los medios, un accidente en su
viaje le
llevó al quirófano. |
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Felipe Calderón, Presidente de México, consideró
un éxito la Cumbre,
aunque no haya habido
declaración final,
dijo que se habían tratado temas
no suelen estar sobre
la mesa. |
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Dictador venezolano, Hugo Chávez, no participó
en Cumbre de las
Américas de Cartagena de
Indias, y viajó a Cuba para su cuarto ciclo de
radioterapia. |
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Ola de tornados que afectan centro de EE.UU
han dejado hasta el
momento cinco víctimas fatales
y han destruido
decenas de viviendas y edificios. |
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Nuevos bombardeos de tropas gubernamentales
se produjeron en la ciudad de Homs a pesar de la
llegada de los primeros observadores de Naciones
Unidas a Siria. |
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Nuevo líder norcoreano, Kim Jong-Un,
pronuncia su primer
discurso televisado con
motivo de desfile militar, dando a entender que
tiene armas atómicas.
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Piñera
“Los tratados son para cumplirlos”.
El
Presidente Sebastián Piñera se refirió a la demanda marítima
solicitada por Bolivia, en el marco de la Cumbre de las Américas
tras un nuevo emplazamiento realizado por el Presidente altiplánico
Evo Morales, el mandatario chileno recordó que los tratados entre
ambas naciones siguen siendo vigentes.
Piñera
sostuvo que “El año 1904 Bolivia y Chile firmaron un tratado de
paz y amistad. Ese tratado fue aprobado por los Congresos de ambos
países y está plenamente vigente. Por eso, le planteamos al
Presidente Morales que los tratados son para cumplirlos, y cumplirlos
de buena fe”,
Piñera
se manifestó partidario de continuar analizando la solicitud
boliviana, explicando que “Chile mantiene la voluntad de avanzar en
la integración económica y de facilitar el mejor acceso posible de
Bolivia al mar a través de los puertos nacionales”.
Demagógico
llamado a movilización de la Confech.
La
Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, convocó para el
próximo 25 de abril a la primera marcha nacional de este año en
rechazo a la educación de mercado, el Presidente de la Federación
de Estudiantes de la Universidad Católica y uno de los principales
voceros de los estudiantes de las universidades tradicionales, Noam
Titelman, dijo a la prensa que las manifestaciones del pasado año
demostraron que la mayoría de los chilenos desaprueba el lucro en la
enseñanza y sin embargo todo sigue igual.
Consideramos
que el llamado de la CONFECH es absolutamente demagógico, sobre todo
tomando en consideración que se está avanzando en las fórmulas
para terminar con el endeudamiento de las familias y que se está
mejorando abiertamente el acceso a la educación superior, sea esta
técnica o universitaria, y se han presentado los proyectos de Ley
tendiente a asegurar la calidad de la educación en todos los
niveles, sean estos pre básicos, básicos, secundarios o superiores.
Comenzaron
a llegar observadores de la ONU a Siria.
Los
primeros seis observadores, de una treintena, de las Naciones
Unidas llegaron ayer a Damasco con el objetivo de supervisar el pleno
cumplimiento del plan de paz y cese al fuego de Kofi Annan, enviado
especial de la entidad, que ha contado con un respaldo unánime del
Consejo de Seguridad.
La
llegada de la misión de la ONU coincide con el frágil alto el fuego
decretado el pasado jueves y que ha supuesto una reducción del nivel
de la violencia, pese a que tanto el Gobierno como los grupos
opositores se han acusado mutuamente de cometer violaciones en este
periodo.
El
plan de paz, propuesto por Kofi Annan, ex Secretario General de la
ONU, estipula el fin de la violencia, la liberación de los
detenidos arbitrariamente, el repliegue de las tropas de las
ciudades, garantías para el suministro de ayuda humanitaria y la
apertura de un diálogo político, entre otros puntos.
Acuerdos
y desacuerdos de la VI Cumbre de las Américas.
Entre
los acuerdos de la VI Cumbre de las Américas destacan aquellos que
promueven “la infraestructura física a nivel nacional, subregional
y regional”, con miras comerciales, una larga enumeración de
actividades y propuestas para mejorías sociales, de género, para la
juventud, los discapacitados, las niñas y el propósito de terminar
con la explotación económica de los menores, mejorar y hacer más
equitativo el acceso a una educación de validad, proponen alertar
sobre los “efectos adversos del embarazo adolecente”, entre
muchos temas destinados a hacer más justa la región. Nos sorprendió
gratamente el llamad a formar equipos publico privados para atacar
las lacras de la miseria y el hambre, además de poner fin a todas
las formas de segregación, fomentando la más completa inclusión
social.
Un
acuerdo que nos pareció sumamente importante, sobre todo
considerando las permanente tragedias naturales que vive nuestro
continente, la determinación de dar prioridad en las políticas
públicas a la gestión del riesgo de desastres es una prioridad de
las políticas públicas nacionales y sus estrategias de desarrollo,
a la destinación de recursos y “el diseño de estrategias de
protección financiera, según corresponda, encaminadas a mitigar el
impacto social, económico y ambiental de los desastres, con el apoyo
de entre otras, las instituciones financieras subregionales,
regionales e internacionales”, y vital para el futuro de nuestra
zona nos pareció Fomentar la participación y la colaboración de
los sectores público y privado, de los actores sociales y de las
comunidades para promover iniciativas, de conformidad con los
respectivos marcos legales internos, que hagan posible que nuestros
centros educativos y establecimientos de salud, incluyendo los de las
zonas remotas y rurales, gocen del acceso y uso equitativo y
asequible a la banda ancha expandida, a las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC), y a computadores.
“Fortalecer
e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e
internacional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y
la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y
manifestaciones, y para promover el fortalecimiento institucional y,
cuando corresponda, la rehabilitación y la reinserción social, en
el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor,
con pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e
internacional y los derechos humanos, y convocando para ello el apoyo
y concurso de todos los ciudadanos. Continuar implementando
políticas, estrategias y acciones integrales que procuren prevenir
la delincuencia y la inseguridad, tomando en cuenta los vínculos
entre seguridad y desarrollo así como abordar todas las causas de la
violencia y promover la convivencia y la resolución pacífica de
controversias entre ciudadanos, con especial atención a los jóvenes
y otros grupos vulnerables”.
Realmente
nos parecieron magníficos los acuerdo tomados por los Mandatarios
del continente en esta VI Cumbre de las Américas que se realizó el
fin de semana en Cartagena de Indias, Colombia, esperamos, eso sí
que estas buenas intenciones no queden solamente en la declaración
de los Gobernantes y que se conviertan en una realidad, con los
cambios legales, sociales y conductuales necesarios, que conduzca a
que nuestros pueblos tengan más oportunidades, que se terminen las
segregaciones y terminemos con flagelos, como la explotación
infantil, el hambre y la miseria, que mantienen agobiada a una
inmensa cantidad de millones de seres humanos en nuestro continente,
los que hacen tan difícil la mantención de sociedades tranquilas,
en las que impere el orden y exista seguridad para la ciudadanía.
Por
tercera vez consecutiva las cumbres americanas terminó sin una
declaración conjunta, en lo que consideramos una derrota para los
países zurdos que lidera el tirano de Venezuela, Hugo Chávez, no se
logró acuerdo, por lo que se excluyó de la declaración final de
los Mandatarios y Gobernantes, la propuesta de invitar a la tiranía
de Cuba a las próximas o futuras reuniones de los Gobernantes, en lo
que podría considerarse un descalabro para Argentina no hubo acuerdo
para tratar el tema de las islas Falklands o Malvinas, mientras que
en el tema de la exploración de nuevas estrategias en la lucha
contra las drogas, este análisis simplemente fue trasladado a la
Organización de Estados Americanos.
El
líder norcoreano insinúa dispone del arma atómica.
El
líder norcoreano, Kim Jong-Un, en un mensaje televisado con el que
dijo su primer discurso público a la nación, transmitido ayer
en medio de un gran despliegue militar, aseguró que “la
época en la que el enemigo nos amenazaba y chantajeaba con bombas
atómicas acabó”, dando a entender que su país dispone ya del
arma disuasoria.
Estas
declaraciones se producen sólo dos días después del fallido
intento de lanzamiento de un cohete del que Estados Unidos sospechaba
que se trataba de un misil balístico. Occidente acusa a Pyongyang de
poseer varias bombas nucleares y de proceder a ensayos atómicos con
el fin de miniaturizarlas e instalarlas en sus misiles.
“La
superioridad militar y tecnológica ya no está únicamente en manos
de los imperialistas. La época en la que el enemigo nos amenazaba y
chantajeaba con bombas atómicas acabó", proclamó el joven
dirigente, agregando que “Ningún país nos puede atacar”,
insistió, en un acto, de homenaje a su abuelo, por el centenario de
su natalicio, ante altos jefes militares y del partido.
La
“casa de vidrio” en La Moneda,
por
Luis Larraín.
En
nuestras casas nos enseñaron, cuando éramos niños, que una carta
sólo puede ser leída por su destinatario: es una comunicación
privada entre quien la envió y quien está destinado a recibirla.
Violar la correspondencia ajena es una falta grave a la ética y una
transgresión a las normas de convivencia entre personas. Traiciona
la confianza de quien la envió y de quien la recibe, que usaron ese
medio en el entendido que se trataba de una comunicación privada.
Pero
el Consejo para la Transparencia pretende obligar al ministro de la
Segpres, Cristián Larroulet, a dar a conocer el contenido de los
correos electrónicos enviados y recibidos entre el 18 y el 21 de
julio del año 2011, invocando para ello la Ley de Transparencia.
¿Puede
este consejo, legítimamente, obligar al ministro a entregar esos
correos electrónicos?
Creemos
que no. Ninguna disposición puede afectar derechos fundamentales de
las personas, como lo son el respeto y protección a la vida privada
y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada,
protegidos por el artículo 19 de nuestra Constitución.
De
hecho, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que declara que
los correos electrónicos constituyen una forma de comunicación
privada y están, por lo tanto, protegidos por esta garantía
constitucional.
Se
ha argumentado, falazmente, que estaríamos ante una excepción a los
derechos anteriores por tratarse, en este caso, de comunicaciones
públicas. Se dice en abono de esa tesis que el mail utilizado es del
dominio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por lo
que dichos correos constituirían información pública.
Pero
esa argumentación no se sostiene. Los correos electrónicos enviados
o recibidos por un funcionario público no constituyen actos
administrativos. Esto es así por una razón muy simple: no se trata
de decisiones realizadas en el ejercicio de una potestad pública. No
son, en otras palabras, actos de autoridad.
En
efecto, para que lo fueran, dichos actos debieran cumplir al menos un
par de requisitos. En primer lugar, cierta formalidad, que no se da
en este caso, ya que no se enmarca en un expediente electrónico con
los requisitos establecidos en la Ley de Firma Electrónica. Las
comunicaciones que cumplen este último requisito sí pueden
considerarse actos de la autoridad pública.
Pero
además del requisito de forma que no se cumple, hay también uno de
fondo. No hay acá, en el envío de estos correos electrónicos, la
voluntad de realizar un acto de autoridad pública.
El
argumento de que se trata de un mail oficial es incomprensible.
¿Significa ello que si se envía un correo por un mail personal,
entonces no se está obligado a revelar el contenido? Comprenderá el
lector que ello produciría el efecto no deseado de otorgar menos
transparencia a las actuaciones de la autoridad.
Pero
habría otros efectos de este fallo que ayudan a comprender lo
absurdo que resulta. Si todos los correos electrónicos de un
ministro son información pública, significa que ellos no se pueden
borrar y debieran quedar disponibles aún para el gobierno que les
sucediera. ¿Habrán actuado así las autoridades del gobierno de
Michelle Bachelet?
¿Por
qué el Consejo para la Transparencia, en su voto de mayoría,
promueve el fisgoneo, pasando por sobre las garantías
constitucionales de los afectados? No creemos que el consejo pretenda
repetir en La Moneda el espectáculo de la llamada “casa de
vidrio”, que hace algunos años congregaba a multitudes frente a la
habitación donde la actriz Daniela Tobar realizaba todas sus
actividades cotidianas, incluyendo sus necesidades biológicas, a
vista y paciencia de los mirones que no tenían nada mejor que hacer
que pararse a presenciar este espectáculo.
Queremos
creer que no es ése el propósito del Consejo para la Transparencia.
Queremos creer, más bien, que sobró celo y faltó criterio; para
interpretar correctamente nuestra institucionalidad, que nunca
debiera pasar por sobre los derechos fundamentales de las personas.
¿La
nueva forma de gobernar?,
por
Joaquín García Huidobro.
De
Arica a Punta Arenas, todos los chilenos sabemos que la Alianza tiene
tres precandidatos presidenciales, los señores (en orden alfabético)
Allamand, Golborne y Longueira. Tres es un número bastante modesto,
si se lo compara con la cantidad de interesados en el resto del
panorama político, pero ese trío presenta un rasgo común que lo
hace del todo singular: son ministros de Estado en ejercicio de sus
funciones.
No
se trata simplemente de que sus nombres "suenen" como
futuros candidatos, cosa muy legítima, sino que desde hace bastante
tiempo vienen actuando como tales. Hasta se ha organizado una comida
para la próxima semana, con un menú que huele a proclamación de
uno de ellos. La Concertación, por supuesto, protesta, pero como
tiene tejado de vidrio en la materia, sus reclamos no parecen
creíbles. Con todo, su molestia resulta justificada, al menos por
tres razones.
La
primera razón que desaconseja tener estos ministros, que a la vez
son precandidatos, se relaciona con el buen funcionamiento del
gobierno. Los secretarios de Estado son colaboradores del Presidente,
actúan en nombre suyo y siguen sus instrucciones. Aquí, sin
embargo, tienen agenda propia. Se presentan como ministros, pero en
realidad están haciendo otra cosa. No parece ser ésa la nueva forma
de gobernar que propuso al país el Presidente Piñera.
Hay
que tener presente que al gobierno le quedan menos de dos años. Hay
muchas e importantes cosas por hacer, que exigen contar con ministros
completamente alineados con el proyecto que recibió el apoyo del
país en 2010.
En
segundo lugar, da la casualidad de que esa actividad, que se parece
mucho a una campaña, se está realizando con cargo a los fondos
públicos. Los chilenos ya contribuimos con nuestros impuestos a
financiar las campañas electorales, pero que debamos hacernos cargo
de las precampañas parece demasiado. Y por mucho que seamos gente
limitada, no lo somos tanto como para dejar de notar que aquí pasa
algo raro. Quizá no lo decimos, porque nos gusta tal o cual
precandidato, y pensamos que unos meses adicionales de exposición
ante las cámaras mejorarían enormemente sus posibilidades de ser
elegido. Puede que seamos calculadores, pero tontos no. Lo que vemos
lo vemos, aunque hagamos como si no lo viéramos.
Esta
última circunstancia nos lleva a la tercera razón por la que no
conviene tener a tres ministros haciendo precampañas presidenciales.
No parece compatible con el juego limpio la ventaja que obtienen con
publicidad gratis, con pasajes en avión gratis y con el hecho de
disponer de todos los medios del generoso aparato estatal para
aparecer donde conviene en el momento oportuno.
¿Pero
no hacía lo mismo la Concertación, una y mil veces, como mostraron
en su momento los precandidatos? Sí, con una diferencia: la Alianza
subió al poder precisamente para erradicar esos abusos y otros
mayores. Es cierto que, en términos generales, el gobierno actual se
ha sacado mucho mejor nota que el anterior en materia de empleo de
los fondos públicos, pero esta irregularidad opaca su gestión.
Quizá todavía no constituya una falta ética, pero si estética.
En
suma, los ministerios deberían ser auténticas secretarías de
Estado, no trampolines directos hacia La Moneda.
Sería
deseable, entonces, que los tres ministros involucrados volvieran a
ser ciudadanos de a pie, especialmente ahora, cuando se aproximan las
elecciones municipales. Este cambio les traerá consigo algunas
dificultades: tendrán que realizar esfuerzos para conseguir prensa,
como cualquier otro político; deberán empeñarse para obtener
recursos, como cualquier otro ciudadano que quiere realizar algo a
favor de los demás, y deberán hacer el "puerta a puerta"
que consume tanto tiempo pero que sirve para que los políticos
recuerden periódicamente que el soberano es el pueblo.
Son
dificultades que, a la larga, suponen un gran bien. Pero lo más
importante en la vuelta de estos precandidatos a la normalidad será
que, a partir de entonces, tendrán que someterse a nuestro
escrutinio, dar razones, y debatir con sus adversarios. En fin,
perderán el blindaje que proporcionan los tanques, las obras
públicas o la defensa de los consumidores. En definitiva, tendrán
que hablar de todos los incómodos temas que debe abordar alguien que
pretende ser Presidente de la República de Chile.
La
semana política
El
requisito del orden público
El
corte de la Ruta 5 Sur por un grupo de vecinos de Pelequén
—provocando un atochamiento de más de 40 kilómetros en el regreso
de miles de santiaguinos tras la Semana Santa— desnuda la
persistencia del problema del orden público que aqueja al Gobierno.
Pese a que el día anterior ya existían indicios de la
manifestación, la acción de las Fuerzas Especiales de Carabineros
se mostró ineficaz, y la irrupción de los manifestantes obligó a
miles de familias a pasar largas horas nocturnas en la ruta.
Más
allá de la envergadura de las movilizaciones durante 2011 en cuanto
a masividad y violencia, la evaluación de la actuación policial en
la mantención del orden público no fue positiva. A los casos de
violencia innecesaria por parte de Carabineros y mal uso de
implementos como los carros lanzaaguas y gases lacrimógenos, se sumó
la carencia de tácticas adecuadas frente a la quema de buses e
invasión de edificios públicos y, especialmente, el bajo nivel de
los elementos probatorios aportados para continuar su acción de
orden público en los tribunales de justicia. Todo lo cual dio un
cariz más militar que policial, pero igual ineficaz, al amplio
despliegue de efectivos en esas jornadas.
La
controversia en Pelequén surgió a causa de una planta de lodos
cuyos malos olores y plagas de moscas —unidos a la indolencia de
las autoridades— exasperó a los vecinos y desencadenó sus
reprochables hechos de fuerza contra los usuarios de la ruta. Con
todo, esa planta —que producía compost para uso agrícola— no
resistió el escrutinio público, y al finalizar la semana su
propietario anunció su cierre. La exposición pública del problema
entre ella y los habitantes de esa comuna hizo impresentable su
mantención.
Pese
a la legitimidad de esa causa, la autoridad política superior en
materia de orden público no puede soslayar lo que significa la
interrupción impune de la única vía articulante del país. Sería
incomprensible que los errores de 2011 en materia de orden público
se repitieran y, sin embargo, en este episodio Carabineros se mostró
inerme para restablecer el orden público. Cabe recordar la condena
transversal que recibieron hace algunos años las tomas de la Ruta 5
Sur por manifestantes mapuches. En todo país hay muchas causas
justas, pero el régimen democrático y las expectativas de alcanzar
el desarrollo no son compatibles con las acciones de autotutela de
ningún grupo de presión.
En
prevención de la delincuencia, en cambio, las autoridades están
impulsando numerosas medidas en la dirección correcta. La más
radical es el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD) —un
método de control interno de gestión por resultados y no meros
procedimientos o ejecución presupuestaria—. Éste será
crecientemente público, a la luz de la experiencia comparada, y
conlleva un profundo cambio cultural en el trabajo policial, ya que
permite comparar los resultados operacionales a nivel de unidades
policiales.
Así,
pese a que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2011
refleja un alza en la victimización respecto de 2010 —aunque aún
se mantiene por debajo del nivel en que la recibió esta
administración—, a nivel metropolitano ya se cuenta con un
resultado del primer trimestre de 2012 que, en comparación con
enero-marzo del año pasado, refleja una caída de nueve por ciento
en los delitos violentos, como violaciones o robos con violencia.
Con
todo, un nuevo desborde del orden público, como en 2011, impediría
apreciar el avance o cumplimiento de las promesas sobre seguridad
ciudadana del Gobierno. La correlación entre orden público y
seguridad ciudadana ha sido planteada por él mismo, y los estudios
confirman que un deterioro del primero contagia —por el aumento de
la sensación de temor de las personas— todo análisis sobre la
realidad de la seguridad ciudadana.
Polémico
desminado en la frontera con Perú
El
principio de acuerdo anunciado por el ministro Moreno entre las
cancillerías de Chile y del Perú sobre desminado en la zona
fronteriza podría descomprimir una protesta y dejar atrás la
solicitud peruana de que la remoción en las zonas limítrofes de las
minas se hiciera por las Fuerzas Armadas de los dos países, de
manera conjunta. La solución insinuada —apoyada por algunos
parlamentarios y contradicha por otros— de que Chile realice a su
cargo el desminado, delegando las operaciones en una empresa
extranjera a los dos países, merece algunas consideraciones. Se
trata de territorio nacional y, como tal, el país vecino no tiene
derecho a participar en las decisiones sobre esos terrenos. Es
también un mal precedente para los desminados pendientes en otros
sectores de las fronteras. Habría que imaginar cuál habría sido la
reacción nacional si el gobierno militar hubiese celebrado un
acuerdo semejante respecto de las minas instaladas en la frontera con
Argentina y en las islas Nueva, Picton y Lennox. La aparente solución
que se ha dado a este episodio, aunque pueda satisfacer a Perú, no
es garantía de que no ocurran nuevos desencuentros o planteamientos
que empañen las relaciones bilaterales.
El
desplazamiento de las minas en la Quebrada Escritos, materia del
acuerdo —cuyas especificaciones tendrán que conocerse en detalle—,
fue provocado por un accidente de la naturaleza. Según el Derecho
Internacional, ni este acuerdo ni las acciones que adopten las partes
pueden ya mejorar o desmejorar sus respectivas posiciones jurídicas
planteadas en el pleito que se sigue en la Corte de La Haya, que por
lo demás no alcanza a esos territorios, sino sólo a los límites
marítimos. Además, la Convención de Ottawa, aplicable a estos
trabajos y suscrita por los dos países, permite delegar estas
operaciones a terceros, aunque corresponde destacar que Chile tiene
un historial notable de cumplimiento de la norma Ottawa, con ínfimos
accidentes.
El
punto de fondo es que siempre resulta aconsejable resolver por medio
de acuerdos las diferencias entre vecinos, y tanto más cuando
existen contiendas emplazadas en cortes internacionales, para así
crear un clima propicio para el cumplimiento de los fallos. Sin
embargo, las reacciones a solicitudes improcedentes crean
precedentes, inconvenientes y la percepción de que basta una
protesta para lograr aceptaciones sin fundamento suficiente. Ojalá,
pues, que prevalezca el espíritu constructivo recíproco en las
trascendentes relaciones chileno-peruanas.
Resultados
de la duodécima fecha
del
Campeonato de Apertura- 2012.
Unión
Española- Rangers 2-1
Palestino-
Santiago Wanderers 2-1
Colo
Colo- Universidad Católica 1-1
Unión
San Felipe-Universidad de Concepción 2-2
Deportes
La Serena- Audax Italiano 2-4
Antofagasta-
Cobresal 2-1
Cobreloa-Deportes
Iquique 0-1
Unión
La Calera- Universidad de Chile 0-1
Huachipato-
O´Higgins 2-1
La
tabla de posiciones sigue encabezada por Universidad de Chile, 31
unidades, seguida por O´Higgins, 28 puntos, Iquique, 22 puntos,
Huachipato, 20 puntos, Unión Española, Universidad Católica y
Santiago Wanderers, 19 unidades.
Por
considerar de importancia que los pueblos conozcan, analicen y puedan
evaluar si se cumplen o no, incluimos la declaración completa y los
compromisos de los Mandatarios y Gobernantes signada al finalizar la
VI Cumbre de las Américas realizada el fin de semana en Colombia:
TEXTO
COMPLETO DE LOS COMPROMISOS DE LOS Y LAS JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DE LAS AMÉRICAS.
En
consecuencia, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de las
Américas nos comprometemos a:
INTEGRACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS AMÉRICAS
Reafirmar
que la promoción y la profundización de proyectos de
infraestructura física a nivel nacional, subregional y regional son
prioridades de las políticas públicas y estrategias de desarrollo
en nuestros países, según corresponda, y contribuyen al desarrollo
sostenible, a la inclusión social y al aumento del comercio.
Promover
el intercambio de experiencias y la participación de los sectores
público y privado teniendo en cuenta los programas y proyectos de
infraestructura física nacionales, subregionales y regionales, en
curso y futuros, que conecten e integren las Américas, que deberían,
con atención a nuestras especificidades respectivas y al pleno
respeto de nuestras legislaciones nacionales, contribuir al
desarrollo de sinergias de las agendas nacionales de infraestructura
física.
Examinar
mecanismos de financiación con miras a alentar y fortalecer una
mayor participación de instituciones financieras nacionales,
subregionales, regionales e internacionales, y del sector privado, en
proyectos para la promoción de la integración física de las
Américas, así como la cooperación horizontal entre nuestros países
a tal fin.
Impulsar,
con base en las políticas y marcos normativos nacionales
correspondientes, la compatibilización y la armonización de normas
institucionales que faciliten inversiones en infraestructura en las
Américas.
Promover
y/u optimizar la interconexión eléctrica y fomentar el desarrollo
de generación de energías renovables en las Américas.
Alentar
la transferencia de tecnologías disponibles en energía bajo
términos voluntaria y mutuamente acordados, así como el intercambio
de mejores prácticas.
Promover
la expansión de las conexiones de redes de telecomunicaciones en
general, incluyendo fibra óptica y banda ancha, entre los países de
la región, así como las salidas internacionales con el fin de
mejorar la conectividad, dinamizar la comunicación entre los países
americanos, así como reducir los costos de transmisión de datos por
rutas internacionales y, por lo tanto, promover el acceso, la
conectividad y los servicios convergentes en favor de todos los
sectores sociales de las Américas.
POBREZA,
DESIGUALDAD E INEQUIDAD
Promover
e impulsar políticas públicas integrales, oportunas y de calidad
orientadas ha:
La
atención, la educación y el desarrollo de la primera infancia.
Proteger
a los niños y las niñas de la explotación económica y de la
realización de tareas que puedan interferir con su educación y
desarrollo integral, conforme al principio de abolición efectiva del
trabajo infantil, recogido en la Declaración de la OIT Relativa a
los de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998);
asimismo prevenir y erradicar las peores formas del trabajo infantil
de acuerdo al Convenio 182 de la OIT (1999).
Concientizar
acerca de los efectos adversos que tiene el embarazo en la
adolescencia para el desarrollo integral de los adolescentes y del
infante, así como fomentar su salud y su bienestar.
Combatir
la pobreza, la pobreza extrema, el hambre, la desigualdad, la
inequidad y la exclusión social a través de políticas públicas
que promuevan el trabajo decente, digno y productivo, un sostenido
crecimiento económico y el aumento de los ingresos, así como el
acceso a la educación integral y de calidad, a la salud y la
vivienda, para alcanzar en las Américas un desarrollo sostenible con
justicia social.
Asegurar
el acceso igualitario y equitativo a la educación primaria y
secundaria para todos; promover la mejora de la calidad de la
educación en todos los niveles, un mayor acceso a la educación
terciaria, técnica y vocacional, en el menor tiempo posible, con
particular atención a grupos en situación de vulnerabilidad y con
necesidades educativas especiales, haciendo uso, entre otras, de la
modalidad de educación a distancia, y promover el fortalecimiento de
programas de alfabetización.
Promover
un mayor intercambio internacional de estudiantes con el fin de
propiciar las mejores oportunidades posibles de aprendizaje para los
mismos.
Reafirmar
nuestro compromiso de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y promover la financiación de proyectos
y programas de difusión de las buenas prácticas en las comunidades
más rezagadas.
Profundizar
la cooperación interamericana en materia de desarrollo y protección
social para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y
humanas, y la generación de una fuerza de trabajo calificada, con
perspectiva de género y atención a los grupos vulnerables.
Promover
el crecimiento económico con equidad e inclusión social por medio
del fortalecimiento de las cooperativas, las micro, pequeñas y
medianas empresas, incluidas las industrias culturales, así como las
iniciativas de economía popular y otras unidades de producción, la
innovación y la competitividad en los países de las Américas.
Fortalecer
las alianzas tanto público-privadas como con todos los actores
interesados para promover la reducción de la pobreza y la
desigualdad, así como el desarrollo económico y social de las
comunidades en las que operan.
Promover
una mayor inversión y acceso a la investigación, innovación
tecnológica y a la creación de capacidades con miras a fortalecer y
asegurar un sector agroalimentario sustentable, integral, inclusivo y
competitivo que contribuya a alcanzar la seguridad alimentaria y la
reducción de la pobreza y la inequidad, especialmente en las zonas
marginales rurales y urbanas.
Reafirmar
nuestro apoyo a los objetivos establecidos en la Declaración del
Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las
Personas con Discapacidad (2006-2016) y su Plan de Acción,
promoviendo la equiparación de oportunidades y la no discriminación
de las personas con discapacidad a través de su participación en
los procesos de desarrollo social, político, económico y cultural
de nuestros países, con el fin de asegurar su bienestar y el pleno
goce y ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades
fundamentales.
Avanzar
en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas mayores mediante la
promoción de políticas públicas, programas y servicios,
salvaguardando así su dignidad, su bienestar físico, mental, social
y su calidad de vida, teniendo en cuenta los esfuerzos que se están
llevando a cabo en el ámbito interamericano en la elaboración de un
instrumento jurídicamente vinculante para proteger los derechos de
las personas mayores y la consideración del tema en el ámbito
internacional.
Desarrollar
políticas públicas integrales, según proceda, que fortalezcan la
inclusión social de los migrantes a fin de poder superar la
marginación, la victimización, la pobreza e, independientemente de
su condición migratoria, proteger sus derechos humanos.
Promover
la progresiva formalización de la economía informal, reconociendo
su carácter heterogéneo y multidimensional, a través de políticas
tales como los sistemas de registro e información que faciliten su
formalización y acceso al crédito, mecanismos de protección
social, el mejoramiento de la salud y seguridad en el trabajo, el
fortalecimiento de la inspección laboral y la plena vigencia de la
legislación laboral /.
Tomar
medidas específicas para mejorar el acceso a la educación de
calidad de las niñas, especialmente en las zonas rurales, así como
promover mayores capacidades en las escuelas, entre los docentes, la
sociedad civil y las comunidades para reducir las barreras a la
asistencia habitual de las mujeres y las niñas.
Actuar
sobre las condiciones que inciden negativamente en la salud de
nuestros pueblos teniendo en cuenta la Conferencia Mundial sobre los
Determinantes Sociales de la Salud del año 2011.
Desarrollar
y fortalecer, según corresponda, estrategias y políticas de empleo
para la juventud, así como promover oportunidades de educación y
capacitación técnica y vocacional con el fin de mejorar e
incrementar la inserción laboral de la juventud, la calidad y
estabilidad de sus trabajos, así como su protección social.
Otorgar
prioridad a la nutrición, especialmente a la nutrición infantil, en
la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad y, en este
contexto, atribuimos importancia a los esfuerzos conjuntos de los
sectores público y privado, la sociedad civil y otros actores
sociales.
REDUCCIÓN
Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Reafirmar
que la gestión del riesgo de desastres es una prioridad de las
políticas públicas nacionales y sus estrategias de desarrollo.
Priorizar
la asignación de recursos y el diseño de estrategias de protección
financiera, según corresponda, encaminadas a mitigar el impacto
social, económico y ambiental de los desastres, con el apoyo de
entre otras, las instituciones financieras subregionales, regionales
e internacionales.
Fortalecer
nuestras plataformas institucionales para la gestión del riesgo de
desastres, en colaboración con los mecanismos subregionales,
regionales e internacionales a través de estrategias de ayuda mutua
y cooperación solidaria, con el fin de facilitar la investigación
conjunta, el intercambio de conocimientos, información, mejores
prácticas y experiencias aprendidas sobre la temática, y la
transferencia de tecnologías bajo términos mutuamente acordados.
Fortalecer
los instrumentos regionales y subregionales e iniciativas existentes
en materia de reducción y gestión del riesgo de desastres y
asistencia humanitaria y los mecanismos de coordinación y
cooperación horizontal para generar sinergias, haciendo énfasis en
la importancia de la coordinación. 2/
Trabajar
con las instituciones financieras subregionales, regionales e
internacionales con miras a mejorar los mecanismos de financiación
para la adaptación al cambio climático, la mitigación, la
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción, orientados a
la reducción y gestión del riesgo de desastres y al fortalecimiento
de la resiliencia de las comunidades y naciones que son vulnerables o
afectadas por los desastres.2/
Designar,
donde sea necesario, y fortalecer donde ya existan, puntos focales
nacionales e institucionales para fomentar una más eficiente
coordinación entre los organismos del sistema interamericano, los
organismos y las organizaciones internacionales y regionales y los
mecanismos subregionales y promover el uso de herramientas virtuales
en este contexto, con el objeto de hacer más rápida y eficaz la
respuesta ante emergencias y catástrofes.
ACCESO
Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fomentar
la participación y la colaboración de los sectores público y
privado, de los actores sociales y de las comunidades para promover
iniciativas, de conformidad con los respectivos marcos legales
internos, que hagan posible que nuestros centros educativos y
establecimientos de salud, incluyendo los de las zonas remotas y
rurales, gocen del acceso y uso equitativo y asequible a la banda
ancha expandida, a las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), y a computadores.
Promover
y establecer, según corresponda, programas que fomenten la
capacitación de maestros para la inclusión y el uso efectivo de las
TIC en la educación, y para la construcción y difusión de
contenidos educativos pertinentes en cada país.
Promover
la aplicación más intensiva de las TIC en salud con miras a mejorar
la eficiencia de los sistemas de información sanitaria de nuestros
países, incluyendo el mantenimiento preciso de registros, y de los
sistemas de alerta subregional y regional de eventos de salud pública
de interés internacional; la ampliación de programas de educación
continua para los trabajadores de la salud y para la población; y el
acceso a la información de los servicios de salud en aquellos
centros y comunidades que más lo necesitan.
Impulsar
el desarrollo, coordinación e implementación de estrategias y
proyectos, según corresponda, para expandir el acceso y uso de las
TIC con el apoyo y la participación de las organizaciones
internacionales, el sector privado, los actores sociales y las
comunidades con la finalidad de lograr una mayor inclusión social y
mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
Propiciar
y apoyar, según corresponda, iniciativas que expandan el aporte de
las TIC a la innovación, el emprendimiento, la productividad, la
competitividad, el surgimiento de micro, pequeñas y medianas
empresas, y el crecimiento económico en el marco del desarrollo
sostenible.
Fortalecer
nuestros esfuerzos para aumentar la transparencia y la rendición de
cuentas en los asuntos gubernamentales mediante el apoyo de
iniciativas y proyectos de TIC que mejoren la participación
ciudadana y desarrollen capacidades para la creación, acceso e
intercambio de información y conocimiento virtual, según lo
disponga la ley.
Promover
la transparencia, la entrega de resultados de gestión e iniciativas
de lucha contra la corrupción en el sector privado, con el apoyo de
programas, actividades y proyectos de las TIC, según corresponda,
para mejorar la capacidad de las partes interesadas para participar y
tener acceso a información, según lo disponga la ley.
Continuar
promoviendo la cooperación de las organizaciones internacionales,
las agencias especializadas, el sector privado y demás actores
sociales en la recopilación y el análisis de datos estandarizados
sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, según
corresponda, con miras a fortalecer las políticas públicas,
incluyendo el diseño de estrategias adecuadas sobre el uso de estas
tecnologías.
SEGURIDAD
CIUDADANA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Fortalecer
e impulsar la cooperación bilateral, subregional, regional e
internacional para prevenir y combatir la violencia, la corrupción y
la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y
manifestaciones, y para promover el fortalecimiento institucional y,
cuando corresponda, la rehabilitación y la reinserción social, en
el marco de los convenios e instrumentos internacionales en vigor,
con pleno respeto del Estado de derecho, el derecho interno e
internacional y los derechos humanos, y convocando para ello el apoyo
y concurso de todos los ciudadanos.
Continuar
implementando políticas, estrategias y acciones integrales que
procuren prevenir la delincuencia y la inseguridad, tomando en cuenta
los vínculos entre seguridad y desarrollo así como abordar todas
las causas de la violencia y promover la convivencia y la resolución
pacífica de controversias entre ciudadanos, con especial atención a
los jóvenes y otros grupos vulnerables.
Implementar
políticas que contemplen medidas para prevenir, investigar,
sancionar, penalizar y erradicar la violencia sexual y por motivos de
género.
Mejorar
la efectividad y la eficiencia de políticas públicas integrales de
seguridad ciudadana a través de acciones tales como la generación y
el uso de información relevante y oportuna, y el fortalecimiento de
la capacidad y la coordinación de las instituciones que participan
en el manejo de la seguridad ciudadana.
Fortalecer
el sistema de cooperación hemisférica para prevenir y combatir la
delincuencia organizada transnacional abordando las finalidades
económicas relacionadas con este fenómeno mediante mecanismos de
apoyo al fortalecimiento de las capacidades nacionales necesarias,
cuando proceda, para enfrentar dichas amenazas de manera concertada,
aprovechando las experiencias y recursos disponibles de las redes,
los organismos y los mecanismos existentes, de conformidad con el
derecho interno e internacional.
Fortalecer
la conducción de la seguridad pública desde las instancias
gubernamentales mediante el fomento de la participación ciudadana y
comunitaria, la coordinación institucional, y la capacitación y
formación del personal civil y policial, con pleno respeto al Estado
de derecho, el derecho interno, a la igualdad de género y a los
derechos humanos.
Impulsar
y fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la
promoción y sostenibilidad de las políticas y programas de
seguridad ciudadana.
Implementar
políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana que
contemplen como centro a la persona humana, en el marco de un orden
democrático, del Estado de derecho y del respeto a los derechos
humanos.
Fortalecer
nuestros esfuerzos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de
migrantes y la trata de personas, en particular de mujeres, niños,
niñas y adolescentes y promover la cooperación entre los Estados
con ese fin, respetando y protegiendo plenamente sus derechos
humanos.
