Resumen de
noticias relevantes.
Cámara baja rechazó presupuesto de Ministerios
sociales.
En una demostración de populismo, politiquería
y demagogia la oposición rechazó en la Cámara de Diputados los ítems del
Presupuesto Nacional 2013 solicitados por el Ejecutivo para los Ministerios de Educación,
Salud, Trabajo y Minería.
Sin duda alguna la concertación y sus asociados
ponen por sobre los intereses de Chile sus egoístas objetivos políticos, dejando programas
sociales importantes, afectando a más de
2 millones y medio de personas sin beneficios sociales.
Curiosas nos parecen las declaraciones de
algunos Parlamentarios opositores que a la salida de hemiciclo, después de
haber dejado casi paralizados a cuatro Ministerios claves para superar los
problemas sociales, dijeron estar “conversando con espíritu de diálogo”.
Piñera en el Senado.
El Presidente Sebastián Piñera, acompañado por
su señora, Cecilia Morel, participó ayer en la mañana en la ceremonia de
conmemoración de los 200 años del Senado, oportunidad en la que se refirió a la
demanda marítima presentada por Perú ante el Tribunal Internacional de La Haya.
En ese sentido, destacó que “la posición chilena ha sido una desde siempre,
porque en esto respetamos esa sana tradición chilena de la política de Estado
en materia de relaciones exteriores”.
Durante el acto, que se desarrolló en el
Congreso Nacional, el Mandatario aseveró que “Chile ha llevado a cabo la
defensa de su soberanía territorial y marítima como una política de Estado,
detrás de la cual no existen Gobiernos ni oposiciones, sino sólo un país unido
tras una causa que es defender nuestro territorio, nuestro mar y nuestra
soberanía. Por ello, como Presidente de la República y responsable de la
conducción de la política exterior chilena, quiero agradecer sincera y
profundamente a los miembros de este Senado, que siempre, en toda ocasión, con
todos los Gobiernos, han comprendido el sentido y trascendencia de esta causa y
han prestado una eficaz, útil y muy necesaria colaboración”.
Asimismo, reafirmó que la posición de nuestro
país está “fundada en el derecho, los tratados y los hechos. La posición de
Chile es simple, tenemos los tratados del 52 y del 54, que fijaron nuestros
límites en el paralelo marítimo, y esos tratados deben cumplirse y respetarse.
Esa ha sido nuestra posición desde el primer día y es la que estamos defendiendo
ante La Haya. Pero, además de eso, quisiéramos recordar que en esta materia
durante más de 50 años, los tres países que firmamos ese acuerdo lo entendimos
y lo interpretamos de la misma manera”.
Piñera ratificó que “tenemos, sin duda, la
tranquilidad de una posición que es sólida y firme, y esperamos que esta
posición que ha sido defendida invariablemente por todos los Gobiernos de
nuestro país, logre los resultados que todos queremos, cuando conozcamos el
fallo del Tribunal de La Haya. Por eso, esperamos estos alegatos con confianza
en nuestra causa y con tranquilidad en la conducta que tendrán todos nuestros
compatriotas y también los habitantes de la República hermana del Perú, cuando
tengamos que conocer los alegatos y finalmente la sentencia de ese Tribunal”.
Piñera
y la conmemoración de los 200 años del Senado.
Durante la conmemoración del Bicentenario del
Senado de la República de Chile, el Presidente Piñera destacó a la institución
“que a lo largo de su historia ha ennoblecido a nuestra patria y que ha llenado
de orgullo, no sólo a quienes hemos tenido el privilegio de formar parte de ella,
sino que también a todos aquellos que quieren y aman a nuestro país y a nuestra
democracia”.
Por eso, “hoy día, en nombre de todos los
chilenos y especialmente de nuestra generación, la generación del Bicentenario,
que tiene un compromiso con la historia y con nuestro país, quiero agradecer a
todos quienes han volcado su vocación de servicio público y han expresado su
amor por Chile, sirviendo a nuestra patria desde este Senado. Muy especialmente
a sus 38 integrantes que hoy día dan vida al Senado de la República, y que
tienen que enfrentar, como lo dijo el Presidente de esta corporación, desafíos
muy distintos a los que enfrentaron nuestros predecesores, pero no por ello
menos urgentes ni menos trascendentes. Tenemos un compromiso, que es
transformar a nuestro país en un país desarrollado, sin pobreza, con más
justicia, mayor igualdad de oportunidades, y también un país más libre,
próspero y fraterno”.
Alza de combustibles.
Rompiendo la tendencia de las últimas semanas
el informe semanal de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP),
informó ayer que los combustibles tendrán un alza: Las bencinas subirán en casi
$8 por litro, en todos los octanajes, el diesel ciudad lo hará en $2,8 y la parafina
aumentará su valor en $5,3.
La empresa Estatal aduce que este aumento de
los valores se debe a la normalización
del consumo en la región noreste de Estados Unidos afectada por el huracán
Sandy y a los aumentos del precio del
crudo en los últimos días por alza de primas de riesgo motivada por la “intensificación
del conflicto entre Hamas e Israel”.
Terrorismo en La Araucanía.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones
solicitó ayer al Gobierno que persiga policial y legalmente a los autores del
ataque contra dos camiones y un bus ocurrido el martes en las cercanías de
Ercilla, el gremio recordó al Ejecutivo que es un deber de la Autoridad proteger la
vida de las personas frente a los incidentes que recurrentemente suceden en la Región
de La Araucanía.
Juan Araya, Presidente de la entidad que agrupa
a los camioneros, señaló que "Esto se pasó de castaño a oscuro, casi
mataron a balazos a una persona y dejaron en la ruina a una familia de
camioneros que, además, es mapuche", haciendo llegar la solidaridad del
gremio a la propietaria de uno de los vehículos, María Huircal, que adquirió el medio de
transporte mediante un préstamo.
Israel y Hamas acuerdan tregua.
El Gobierno de Israel y el grupo armado palestino Hamas, acordaron ayer
un alto el fuego, tras ocho días de enfrentamientos, según lo comunicado por Mohamed
Kamel Amr, Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, cuyo país jugó un rol
mediador clave en la crisis.
El acuerdo fue festejado en las calles de Gaza
como un triunfo para los palestinos con ráfagas de balazos, fuegos artificiales
y cantos de "Alá akbar (Dios es el más
grande), el acuerdo fue confirmado por el Primer Ministro israelí, Benjamin
Netanyahu.
Colombia analiza desconocer Corte Internacional de
La Haya.
La Canciller colombiana, María Ángela Holguín,
dijo que su Gobierno estudia "seriamente" retirarse del pacto que
reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya, dos días después de que este Tribunal estableciera nuevas fronteras
marítimas con Nicaragua.
"Estamos estudiando seriamente retirarnos
del Pacto de Bogotá", firmado en 1948, dijo la Ministro en un debate en el
Congreso, donde reiteró su desacuerdo con la decisión del Tribunal
internacional, que supone pérdidas medioambientales y económicas para su país,
ya que reduce el acceso de los habitantes del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina a un importante banco de pesca.
Además, dijo que el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia está buscando asesores jurídicos para presentar una
"revisión" y una "aclaración" de la medida, mientras el jefe
de las fuerzas militares colombianas, el General Alejandro Navas, confirmó ayer
que varios barcos de guerra de ese país se mantienen en aguas que según un
reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia ahora le pertenecen a
Nicaragua.
China: piden liberar a bloguero detenido por hacer
un chiste.
Cientos de personas en China firmaron una
petición en internet pidiendo la liberación del bloguero Zhai Xiaobing detenido por haber publicado una broma sobre el reciente Congreso
del Partido Comunista, vía Twitter, en la que dijo que el Gran Salón del Pueblo
podría derrumbarse sobre los delegados como una secuela de una película de
terror popular.
Mientras los informes dicen que está siendo
investigado por difundir "información terrorista", la petición de los
chinos insta a la policía a tener un poco más de sentido del humor y a no destruir cualquier buena voluntad en
torno al nombramiento de un nuevo liderazgo.
Las exportaciones japonesas caen y hacen temer
recesión.
Las exportaciones japonesas cayeron por quinto
mes, afectadas por la débil demanda global y boicots de los consumidores en
China por una encendida disputa territorial, las exportaciones a China se desmoronaron
un 11% el mes pasado, lo que contribuye a los temores de una nueva recesión.
Con las elecciones previstas para el próximo
mes, el Partido Demócrata Liberal promete medidas para estimular el crecimiento
si obtiene la mayoría prevista ante los demócratas Gobernantes, la oposición propone
más gasto en defensa marítima en medio de la confrontación permanente con China
sobre las islas en disputa en el Mar de China Oriental.
Columnas y
editoriales destacados.
Adhesiones Presidenciales,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
¿Cuántos precandidatos a la Presidencia de la
República tenemos? Hasta ahora, declarados o tácitos, diez: Allamand, Bachelet,
Enríquez-Ominami, Golborne, Gómez, Jocelyn-Holt, Orrego, Parisi, Rincón, Velasco...
Una cantidad y variedad suficientes, por
cierto, para que casi todas las aproximaciones posibles a la cosa pública estén
representadas.
Allamand y Golborne, una dupla; Orrego y
Rincón, otra; Gómez y Bachelet, la tercera; Jocelyn-Holt, Parisi y Velasco, un
cuarto subgrupo; Enríquez-Ominami, especie única.
Diez nombres, diez posibilidades. Pero si la
campaña se plantease así, centrada en ellos, en sus personalidades, en sus
carismas, supuestos o reales, habrá cero posibilidades de superar la apatía. Ha
llegado el momento de buscar y potenciar otras mediaciones en la política
chilena.
¿Mediaciones? Sí, la presencia y el compromiso
efectivo de aquellos chilenos más conocidos -y muchos de ellos muy calificados-
que son figuras consolidadas en ámbitos concretos de la vida nacional y que,
llegado el momento decisivo de una elección Presidencial, deben tomar posición.
Si cientos de esas personalidades hacen de puente entre las diez
precandidaturas y los millones de potenciales electores, podría acortarse la
brecha entre opinión y participación, ese abismo que hoy no logran saltar los
partidos políticos. Si no pueden ellos, lo deben intentar los chilenos más
destacados; lo exige la polis, de la que todos somos parte.
Ése ha sido el claro ejemplo que han dado
Rafael Guilisasti, al inclinarse por Andrés Velasco; Juan Claro, al manifestar
preferencias por Andrés Allamand, y Juan Antonio Guzmán, al destacar a Laurence
Golborne.
Los deben imitar muchos otros empresarios, así
como los artistas más conocidos; no deben faltar los científicos y los
intelectuales públicos (y también los que hasta ahora posan de estricta
privacidad); que se sumen los deportistas más exitosos y los directivos de las
ONG emblemáticas (a título personal), junto a los comunicadores de mayor rating
y a los profesores de gran impacto (cuidando mucho, por cierto, de no hacerlo
frente a sus alumnos, para no instrumentalizar su tarea).
¿Por qué habría de ser dramático -apocalíptico,
piensan algunos- que todas esas personalidades declaren sus gustos? ¿No son
acaso en el día a día ellos mismos quienes le señalan rumbos y le marcan
preferencias a la ciudadanía? ¿No ha llegado el momento de la sinceridad
absoluta respecto de las propias preferencias? ¿No es la adhesión a una determinada
candidatura señal clara de que se asume la vida profesional como parte
integrante de la vida cívica? ¿No es acaso muestra de que no se le teme a una
derrota, justamente porque todos los pares utilizarán la misma transparencia
para manifestarse?
Con toda claridad, lo escribió T. S. Eliot hace
décadas: "Una sociedad está en peligro de desintegrarse cuando hay falta
de contacto entre personas de diferentes esferas de actividad, entre las mentes
políticas, científicas, artísticas, filosóficas y religiosas".
En Chile, ese contacto, esas adhesiones, pueden
ser la última esperanza para replantear sistemas eficaces de participación. Si
los partidos no reman, los demás actores sociales tendrán que soplar e inflar
las velas.
Cabe, por cierto, la posibilidad de que
honradamente algunos estén esperando al undécimo postulante, al candidato que
se haga cargo, en palabras de Gonzalo Vial, del "desastre social sin
precedentes" que enfrentamos. Pudo ser José Antonio Kast, pudo ser Rodrigo
Álvarez, pudo ser el ex Senador Francisco Prat; podría ser uno de ellos u otro.
Si así fuera, no faltarán quienes salgan a
ofrecerles su adhesión.
Bicentenario del Senado y la calidad de la
política,
Cristián Larroulet Vignau,
Ministro Secretario General de la Presidencia.
Hoy el Senado conmemorará en un acto solemne
sus 200 años de existencia. El bicentenario de esta honorable institución
republicana se produce en momentos en que la ciudadanía expresa de distintas
formas cierta insatisfacción hacia quienes ejercemos responsabilidades
políticas. El remedio para este estado es complejo y no se reduce
exclusivamente al campo legislativo. Claramente se trata de mejorar la calidad
de la política, profundizar y perfeccionar nuestra democracia.
En esta dirección, las reformas legales son
parte importante de la solución, y en colaboración con el Senado y la Cámara de
Diputados hemos dado pasos cuya magnitud aún no se aprecian en toda su
dimensión, y espero que sigamos dando todavía más.
La inscripción automática y el voto voluntario,
aunque han sido blancos de críticas por la abstención registrada en las pasadas
elecciones municipales, están comenzando a cambiar nuestra política. Al no
existir electores cautivos obligados a optar por un mal menor, los partidos y
sus candidatos no podrán contentarse con exhibir bellos afiches y eslóganes
ingeniosos, sino que tendrán que generar propuestas capaces de motivar a los
ciudadanos a votar.
Más aún. El Congreso ha aprobado otra ley de
gran envergadura, que se complementa a la perfección con la anterior: la que
establece primarias voluntarias y vinculantes, organizadas por el Estado, para
la selección de los candidatos a Presidente, senadores, diputados y alcaldes.
Con este mecanismo, que debutará el 30 de junio del próximo año, los ciudadanos
podrán intervenir en la designación de los candidatos, lo que incrementará
tanto su libertad de elección como la competencia por dichos cargos.
Y, aunque fiel a nuestra valoración de la
autonomía de las personas e instituciones, las primarias serán voluntarias,
todo indica que los partidos están tomando buena nota de lo importantes que son
éstas para tener éxito en un sistema de inscripción automática y voto
voluntario. Y a estas medidas esperamos agregar todavía la elección directa de
los consejeros regionales, la ley que facilita la celebración de plebiscitos
comunales y varias iniciativas en materia de transparencia.
El bicentenario del Senado se celebra, como
decía, en un momento de cierto malestar hacia quienes ejercemos responsabilidades
políticas, pero también cuando Gobierno y Congreso están colaborando para hacer
reformas que dan más poder a los ciudadanos y que avanzan decididamente en el
noble objetivo de construir mejor política y más democracia.
Creemos que no hay ocasión más propicia para
reforzar nuestro compromiso en pos de estos objetivos, que esta fecha que
celebra a una de las instituciones más antiguas de la República y también una
de las más importantes. En el Senado se han generado muchos de los acuerdos que
han dado lugar a las normas y políticas que nos han permitido progresar hasta
situarnos hoy cerca del umbral del desarrollo.
En los últimos años, en los que me ha
correspondido la honrosa responsabilidad de conducir las relaciones del
Gobierno de Chile con las dos corporaciones que conforman el Congreso Nacional,
la colaboración que nuestra institucionalidad nos demanda ha permitido aprobar,
muchas veces al cabo de arduos debates y negociaciones, nada menos que 145
leyes.
Entre ellas hay muchas de enorme importancia.
En una selección que inevitablemente tiene algo de arbitraria, querría destacar
hoy la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción, que hizo posible enfrentar
los efectos del terremoto del 27 de febrero de 2010 sin poner en riesgo los
equilibrios macroeconómicos necesarios para crecer y generar empleos con el
vigor con que lo hemos hecho; la Ley de Calidad y Equidad de la Educación, que
constituyó un relevante primer paso de la amplia reforma que estamos haciendo a
la formación de nuestros niños y jóvenes en todos sus niveles; la que creó el
Ingreso Ético Familiar, que nos ha dotado de un moderno instrumento para que
nuestros compatriotas puedan salir de la pobreza extrema de modo sostenible; la
que amplió el posnatal de tres a seis meses y lo extendió de una de cada tres a
todas las mujeres trabajadoras, que ha sido fundamental para la necesaria
compatibilidad de maternidad y trabajo, y la que estableció un sistema de
inscripción automática y dio con ello carácter voluntario al derecho a voto,
que ha abierto las puertas a la renovación de la política que la ciudadanía
demanda.
(*) Nota de la Redacción:
Aunque se conmemoró ayer el segundo centenario
del Senado, instruido el año 1812 bajo el
Gobierno del General José Miguel Carrera, creemos que este artículo del
Ministro Larroulet, recoge su situación actual, lo realizado en los últimos
años y esboza los cambios que necesita nuestra política.
¿Habrá
izquierdización en Chile?,
por Claudio Arqueros.
Pasado casi un mes de las Municipales, y más
allá de toda la ingeniería electoral desplegada para explicar los resultados y
la baja participación, éstas dejaron abierta una pregunta que era parte del eje
en disputa para quienes decidieron, en la oposición, tomar los comicios como
una primaria respecto de la hegemonía de las ideas: ¿Habrá izquierdización?
No se debe olvidar que los sucesos políticos
del último año, particularmente las demandas universitarias de 2011, condujeron
a los partidos del eje PPD, PRSD y PC a interpretar en los nuevos movimientos
sociales una especie de re-emergencia de un programa de ciudadanía crítica que
mantendría un común anhelo de transformación social desde una óptica ideológica
izquierdista. Todo ello se traduciría en una adhesión concreta de la ciudadanía
a las ideas clásicas de las izquierdas.
Al respecto debemos decir dos cosas. Lo primero
es que dicho diagnóstico —antes y después del voto voluntario— es precario, por
cuanto prescinde y desconoce el carácter complejo y diferenciado de las
sociedades contemporáneas, que se caracterizan tanto por su desideologización
política, como por distanciarse de tendencias y discursos programáticos. Creer
que los movimientos de la calle serían capaces de arrastrar cierta homogeneidad
social o una amplia recepción a discursos decimonónicamente ideológicos, supone
una ciudadanía capaz de garantizar la cohesión político-programática que de
ellos debería desprenderse, cuestión que hoy no existe.
La sociedad se expresa en una parte importante
en identidades políticas flotantes y dúctiles. Por lo mismo, ellas se comportan
de un modo distinto a los pronósticos sustentados en esquemas clasistas o
enfoques orgánicos, tal como viene ocurriendo desde un tiempo hasta hoy,
cuestión que ha llevado a todos los actores y diferentes analistas a mirar con
detención y cautela el comportamiento ciudadano después del 28 de octubre.
En segundo lugar, desde la esfera fáctica,
podemos concluir que, si se tomaran las últimas elecciones como la oportunidad
de despejar las ideas capaces de cautivar a la ciudadanía para hacerlas
patentes en un futuro programa de Gobierno, ellas han dejado en mejor situación
a quienes conforman el eje histórico de la Concertación y sus ideas de
estabilidad, continuidad y Gobernabilidad.
En ese sentido, los resultados dejan al PPD
junto con el PRSD y al PC en una situación desmejorada para negociar cupos Parlamentarios
y programas con los falangistas y socialistas. Cuestión que podría llevarlos a
buscar otras formas de presión para diferenciarse y hacer notar sus ideas. Esto
podría reflejarse en un desorden en el funcionamiento del Congreso y en las
federaciones estudiantiles y sindicales, donde la izquierda tiene
representación, que podría afectar constantemente al próximo Gobierno.
Innovación e institucionalidad,
por Andrés Zahler y José Miguel Benavente.
La semana pasada se anunció la creación de una
comisión Presidencial que revisará la actual institucionalidad pública de apoyo
a la ciencia, tecnología e innovación. Dada la importancia que este tema tiene
para el desarrollo de largo plazo del país, celebramos que el gobierno le
otorgue una mayor importancia, tanto desde el punto de vista presupuestario
como de agenda.
En particular, nos parece atingente la
preocupación por la institucionalidad, toda vez que hasta el día de hoy es un
tema que aún no ha sido zanjado. Sin embargo, es crucial que el Gobierno no
cometa nuevamente el error de querer reinventar la rueda o de realizar un show
comunicacional “refundacional”. Para no caer en esa actitud es importante tomar
en cuenta los aprendizajes de experiencias previas.
En primer lugar, es importante construir en
base a lo avanzado. La actual institucionalidad es, en parte, fruto de un
enorme proceso de trabajo, estudio, discusión y consenso. El Consejo Nacional
de Innovación, por ejemplo, es producto de ello. La única forma de construir
una institucionalidad de largo plazo es que esta sea inclusiva y tome los
elementos exitosos de lo que ya se ha hecho, y les dé tiempo a los que aún no
se han podido expresar.
En segundo lugar, se debe incluir al mundo
político y académico en el proceso de definición de la institucionalidad. Ambos
sectores estuvieron excluidos en instancias previas. Una de las debilidades del
sistema es que el Consejo Nacional de Innovación, que es el encargado de
proponer y monitorear la estrategia de innovación, está cojo, porque carece de
poder real y depende del Gobierno de turno. Esto se debe, en parte, a que su
institucionalidad quedó trabada en el Congreso por motivos políticos y de
conflictos de poder en Gobiernos anteriores. Por ello es clave que el mundo
político sea parte de la construcción de mejoras a la institucionalidad, con el
fin de hacer un aporte mediante proyectos de ley que la fortalezcan.
En tercer lugar, creemos que la discusión debe
enfocarse en cómo fortalecemos y consolidamos la institucionalidad, ya que gran
parte del análisis y discusión de la teoría, la evidencia e instrumentos están
hechos. Por ejemplo, todavía no se tramita el proyecto de ley que crea el
Consejo Nacional de Innovación como entidad independiente del Gobierno. Y
también existen fuertes críticas a los Gobiernos corporativos de muchas de las
agencias que participan en el ecosistema de la innovación, como lo son Corfo,
FIA, Conicyt e institutos tecnológicos. Estas críticas deberían evaluarse.
Por último, no habría que descartar la creación
de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que según algunos contribuiría a
solucionar los problemas de coordinación y falta del visibilidad que hoy tiene
la política pública en innovación. Lo importante es que el Gobierno sea
pragmático y no dogmático. La planificación de largo plazo es esencial para el
éxito de un sistema de innovación en que el Estado es el encargado de
planificar y orientar, teniendo al mercado como socio estratégico. Una buena
institucionalidad requiere del liderazgo del Gobierno en torno a una estrategia
y objetivo que vaya más allá de “crecer”, que es un medio y no un fin para el
desarrollo.
Informe sobre movilidad social en Chile.
De acuerdo a un informe elaborado recientemente
por el Banco Mundial, Chile es el país de América Latina que presenta mayor
movilidad social. El hecho de que el documento muestre una favorable evolución
en este aspecto en toda la región -según sus resultados, desde mediados de la
década de los 90 la pobreza ha disminuido y ha crecido la clase media en la
mayoría de las naciones del subcontinente- ubica en una favorable perspectiva
el mérito de los logros alcanzados por nuestro país.
Los resultados del estudio “La movilidad
económica y el crecimiento de la clase media en América Latina” se suman a una
serie de otros antecedentes que dan cuenta de que la situación chilena dista de
la visión del “malestar social” que han diagnosticado algunos analistas, especialmente
a partir de las movilizaciones estudiantiles del año pasado y la alta
abstención registrada en los recientes comicios Municipales. La postura más
prudente al respecto aconseja no analizar los fenómenos de cambios sociales
desde la coyuntura, sino más bien desde una mirada serena que abarque plazos
considerables de tiempo, que es la mejor manera para apreciarlos en toda su
dimensión, y sin los sesgos y acaloramientos inherentes a la contingencia.
La aplicación desde hace décadas en Chile de
reformas económicas que abrieron los mercados y permitieron el crecimiento de
la economía y del empleo, unidas a políticas sociales que han puesto énfasis en
la focalización para destinar la ayuda a quienes verdaderamente la necesitan,
parece explicar la movilidad social que muestra el estudio del Banco Mundial.
El acceso a educación es un aspecto clave de este ciclo ascendente, pues está
demostrado que quienes logran mayores niveles en este ámbito tienen mejores
posibilidades de movilidad social.
Es muy importante que la discusión en torno a
estos temas se dé sobre la base de datos concretos, como los que aportan el BM
y otros análisis, y no sobre percepciones que a menudo están teñidas por la
conveniencia política o ideológica. La existencia de problemas en ámbitos
específicos es propia de cualquier modelo económico, social y político que está
obligado a enfrentar realidades complejas, pero no debe ser interpretada como
una falla sistémica que obliga a transformaciones profundas y traumáticas. Es
más conveniente apegarse a la realidad y proponer cambios que resuelvan los
inconvenientes específicos, que es la estrategia que el país debe seguir.
Resulta importante destacar que, junto con la
movilidad social, el país también ha progresado en la reducción de las diferencias
socioeconómicas. Estudios realizados confirman que, en las cohortes
generacionales más jóvenes, la desigualdad es mucho menor a la que registran
los grupos etarios que se formaron en momentos en que en Chile todavía no se
aplicaban las reformas aperturistas. Dicho acortamiento de las diferencias se
debe, en especial, al mayor acceso a la educación del que han gozado las
generaciones más recientes, tanto a nivel escolar como en la educación
superior. Estos avances se ven confirmados por el alto valor que la población
le concede al hecho de entregar educación a sus hijos, aun a costa de ingentes
sacrificios económicos, y ratifican la necesidad de que se aborden con seriedad
y altura los cambios que buscan garantizar una enseñanza de calidad.
Consolidación de las primarias.
Las recientes elecciones Municipales, al
estrenar la inscripción automática y el voto voluntario, desencadenaron una
serie de fenómenos que el sistema político está procesando con notable rapidez.
Por de pronto, a la sorpresa inicial por la alta abstención, no anticipada en
la magnitud que se dio y que aparentemente provocó la equivocación de la
mayoría de las encuestas, siguió, en los niveles más analíticos de la clase
política, una acertada lectura de lo que el cambio de sistema realmente implica
y las acciones que se deben emprender para adecuarse a él.
Algunos han hecho una analogía con lo que
ocurrió cuando se bajaron bruscamente los aranceles aduaneros a mediados de la
década de 1970, determinando un gran vuelco en el aparato productivo nacional,
que hubo de enfrentar la competencia con el resto del mundo. La adaptación a esa
nueva situación, rápida pero no exenta de dificultades y dolores, le dio al
país una vitalidad y un nuevo rumbo que resultaron fundamentales para sus
éxitos posteriores.
El voto voluntario, con un universo potencial
de votantes sin constreñimientos, le confiere tal grado de incertidumbre a las
elecciones -al no saberse cuántos ciudadanos votarán ni quiénes concurrirán a
las urnas-, que obliga a los postulantes a realizar esfuerzos inéditos hasta
hace poco para atraer a la población y moverla a sufragar. Esto establece un
nuevo y saludable nivel de competencia, e impone exigencias adicionales a los
partidos para elegir a sus candidatos, pues una mala selección puede ser más
castigada que antes.
Por esa razón, en el nuevo escenario las
primarias cobran especial importancia, y tanto más porque ahora además rige una
ley que regula un sistema de primarias voluntarias y vinculantes, que entrega a
los partidos y a los independientes afines a ellos una herramienta para
procesar la designación de los candidatos de mejor manera que mediante la sola
discusión cupular.
En el caso de las elecciones Presidenciales,
tanto el oficialismo como la oposición han anunciado que utilizarán las
primarias para definir a su candidato, en circunstancias de que hasta poco
antes de las elecciones Municipales eso no era del todo seguro. Eso es muy sano
y vigorizador para la política, al introducir competencia, transparencia y
participación en ese proceso. No solamente pueden competir las figuras de los
distintos partidos que integran un conglomerado, además de los independientes,
sino que candidatos nuevos pueden desafiar a los consagrados, contribuyendo
todo ello a una sana renovación de la política. El mecanismo también puede ser
utilizado en las Parlamentarias, aunque aún está por verse la frecuencia con
que los partidos decidan hacerlo.
Con todo, es necesaria una nota de cautela,
pues todos los sistemas de elecciones son susceptibles de ser manipulados para
conseguir resultados que no necesariamente reflejen la intención que inspiró su
diseño. Como las primarias serán abiertas, puede participar toda la población.
La que finalmente lo haga será una fracción sesgada de ese universo, sea porque
es la más motivada o porque actuaron operadores que lograron movilizar a mayor
número de personas en favor de algún candidato particular. Esto no
necesariamente significa que se trate del mejor candidato para la elección
definitiva, por lo que será necesario revisar con ojo crítico el funcionamiento
de esta primaria, para sacar lecciones e introducir al sistema las
modificaciones que ese análisis aconseje.
En todo caso, se abre aquí en la política
chilena una nueva etapa, más competitiva y transparente, que permite abrigar
esperanzas de un mejoramiento de su calidad.
Para perfeccionar las concesiones.
La nueva Ministro de Obras Públicas ha
declarado que la lentitud en el desarrollo de las concesiones se debe a la
debilidad institucional y a la modificación en la dependencia de la dirección
competente. A su juicio, esto explica que los proyectos de ampliación no estén listos
al terminar el plazo de algunas de ellas. En tales casos es necesario extender
los plazos, como ocurrió en el aeropuerto de Pudahuel, o hacer licitaciones por
períodos cortos mientras se preparan proyectos mayores, como en algunos
aeropuertos Regionales, o los usuarios deban sufrir congestión excesiva, porque
el MOP no puede renegociar concesiones para ampliarlas si no dispone de
proyectos para ello, como ocurre en el tramo Santiago-Talca de la Ruta 5 y en
la Ruta 68.
La debilidad de la Dirección de Concesiones
comenzó con el caso MOP-Gate, que causó la salida de la mayor parte de los
altos cargos que tenían liderazgo. Esto derivó en que los sectores más
tradicionales del MOP la subordinaran a la Dirección General de Obras Públicas,
lo que no ocurría antes. Dicha subordinación, inicialmente informal, se
formalizó en los inicios del actual Gobierno. Pero tal sujeción, aunque
comprensible por la conmoción que causó el caso Gate, no ha resultado positiva:
actualmente no hay suficientes estudios de nuevos proyectos o ampliaciones de
los existentes; no se observa planificación estratégica, y la Dirección de
Concesiones aparece en pie débil en sus negociaciones con los concesionarios.
Esto se observa tanto en aquellas para modificar los contratos ante aumentos en
la demanda, o para mejorar los proyectos -por ejemplo, incluyendo tags en
concesiones interurbanas- como en la fiscalización de los contratos. Su página
web, que antes contenía toda la información de contratos y convenios
complementarios, hoy no está actualizada, y hay poca transparencia sobre
negociaciones que comprometen cientos de millones de dólares y que deberían ser
íntegramente expuestas a la vista del público.
Por eso, son esperanzadoras las declaraciones
de la nueva Ministro en cuanto a independizar a dicha dirección de la de OO.PP.
y darle personal más especializado y atribuciones para planificar y desarrollar
proyectos, así como dotarla de atribuciones que le permitan enfrentar mejor a
los concesionarios en defensa de los usuarios y del Fisco. No obstante, tal vez
esta segunda función probablemente corresponda más bien a una Superintendencia
de Concesiones, proyecto estancado en el Congreso y al que la Ministro no se ha
referido. La ventaja de esta última instancia es que separa el rol de promoción
de concesiones -asignado a la Dirección- del de proteger a los usuarios, cuyo
interés puede a menudo entrar en conflicto con el de las concesionarias. En el
esquema actual se produce una contraposición entre ambos objetivos, que deja a
los usuarios con una percepción de indefensión que, inevitablemente, le resta
apoyo público al sistema de concesiones.
La nueva Ministro se refirió también al caso
quizá más representativo de las deficiencias de la actual Dirección, a saber,
Américo Vespucio Oriente, vital para Santiago. Es un proyecto cuyo anuncio
atraviesa varias gestiones Ministeriales, pero aún no se decide el diseño que
se licitará: aproximadamente cada seis meses aparece una nueva opción o revive
alguna ya considerada y dejada de lado, por lo que el público recibe con
escepticismo cada nuevo anuncio. En esta ocasión, la Ministro anticipó que el
proyecto será subterráneo, con consulta a los vecinos y en una sola concesión.
Es de esperar que tal decisión se concrete así pronto, y que no involucre un
subsidio no focalizado a sectores de altos ingresos.
Créditos estudiantiles.
El anuncio del Gobierno de que los alumnos
deudores del crédito Corfo verán reducido el interés del mismo de 8,5 a 2%,
igualándose así al beneficio vigente para los deudores de Créditos con Aval del
Estado (CAE), parece llamado a encontrar buena acogida entre sus 90 mil
beneficiarios.
Es de notar que el 50% de los alumnos egresados
y de quienes desertaron de sus estudios no están pagando a tiempo su deuda. Las
cifras de la Comisión Ingresa -instancia encargada de administrar el sistema de
financiamiento de estudios superiores- muestran que sólo poco más de 16 mil de
los más de 33 mil que deberían hacerlo están pagando sus compromisos según lo
establecido.
El CAE, que comenzó a operar en 2006, ha
financiado a 440 mil alumnos de instituciones tradicionales y privadas mediante
créditos otorgados por la banca privada, pero avalados por el Estado -en el
caso de los deudores titulados- y por las propias universidades -para los
estudiantes que desertan antes de egresar-. Como era esperable, los montos de
morosidad están concentrados en aquellas universidades que reciben mayor número
de estudiantes con créditos. Sin embargo, las tasas de morosidad están
asociadas fundamentalmente a la deserción, así como al componente social del
estudiante con crédito y a la gestión de cobro de las instituciones.
El factor central en torno a estas cifras, aun
más allá del costo para el Estado, es la importancia ética de pagar las deudas,
no sólo como consecuencia jurídica natural de un compromiso adquirido, sino
también como una obligación moral con la sociedad.
Las actuales cifras son negativas, pero lo
prioritario ahora es proyectar lo venidero, tras la trascendental reforma realizada
durante este año, que básicamente cambió tres elementos: se establece un pago
relacionado con el ingreso, una tasa de 2%, y un cobro directo del Estado. La
salida de los bancos del sistema y la asunción directa por el Estado del cobro
fue una de las principales demandas de los estudiantes durante la movilización
de 2011. En la práctica, los bancos no tenían mayores incentivos para cobrar,
ya que los créditos estaban garantizados. Pero el nuevo sistema abre un gran
interrogante en cuanto a la capacidad del Estado para cobrar, dados su débil
historial en esta materia, sus mecanismos de cobranza poco eficientes, y la
creencia tradicional de los ciudadanos en que, finalmente, vendrá un
"perdonazo" político.
Para prevenir ese curso anticipable, sería decisivo
estatuir que la nueva fórmula se apoye en Impuestos Internos, de modo que sea
retenida la devolución de impuestos a quienes tienen deudas por créditos
universitarios, y que la ley contemple el descuento por planilla de tales
deudas a los empleados de las empresas y del propio Estado. De lo contrario, la
morosidad se irá abultando hasta hacer insostenible el sistema.
Conflicto social en Argentina.
La huelga general de ayer (el martes) en
Argentina —con reaparición del fenómeno de los piqueteros que obstruyen muchas
actividades normales— marca un paso más en el fuerte deterioro que ha
experimentado el Gobierno de Cristina Fernández desde la sólida mayoría obtenida,
primero, como sucesora política de su marido, y luego, al ser reelecta en 2011,
después de que la muerte de Néstor Kirchner un año antes impulsara la
revalorización de su figura. Se suma, además, al “cacerolazo” masivo de
protesta del 8 de noviembre. Si en éste habían participado sobre todo los
sectores medios de la población, ahora los protagonistas fueron los grandes
sindicatos de trabajadores —anteriormente parte sustancial de la base de apoyo
del kirchnerismo—, situación que, aun estando divididos en varias entidades
contrapuestas, revela un progresivo rechazo popular hacia la actuación de la
Presidenta.
Para Chile, el agravamiento de esta crisis es
una mala noticia, tanto por el natural sentimiento de solidaridad vecinal en
una larga historia compartida, como por el propio interés nacional. Más allá de
algunos inconvenientes ocasionados por la suspensión de vuelos o retrasos en
las vías terrestres de acceso, lo que debe preocuparnos es el fondo de este
conflicto social y sus efectos en el desarrollo futuro de Argentina, cuyo éxito
nos favorece y sus problemas de una u otra manera también nos perjudican. La
relación entre ambos países, con una de las fronteras más extensas del planeta,
no siempre ha sido fácil, pero en el último tiempo se ha consolidado
notoriamente, pese a tener Gobiernos con orientaciones políticas internas
distintas y que difieren incluso en sus visiones del entorno regional, y ése es
un valor de gran importancia mutua que ojalá perdure.
Las motivaciones esgrimidas por los participantes
de estas dos protestas ciudadanas coinciden en los temas económicos, sea por la
alta inflación que no aparece reflejada en las cifras oficiales y las
restricciones a la compra de divisas, o por el monto de los salarios o los
impuestos que los afectan. Ya antes, otros conflictos habían involucrado graves
temas sectoriales, como el de la producción y las exportaciones agrícolas, y
desde hace tiempo también hay acusaciones de corrupción y de enriquecimiento
ilícito, que incluyen a algunos de los más altos cargos de Gobierno. La
pretensión, bastante obvia, de los partidarios de la Mandataria de que una
reforma Constitucional le permitiera optar a un nuevo período Presidencial —lo
que tras el volumen de las protestas se ve por ahora descartado— puso finalmente
un énfasis de carácter político en las manifestaciones opositoras.
Cuesta entender, en estas circunstancias, la
actitud en apariencia despectiva de la Presidenta frente a lo ocurrido, ya que
cada vez ella queda más limitada en sus confianzas y respaldo a funcionarios
con total compromiso personal y al grupo juvenil de La Cámpora, encabezado por
su hijo. Sólo el fraccionamiento de los sectores políticos opositores y la
falta allí de suficiente apoyo masivo y de mínima coordinación para los
diversos liderazgos existentes explica la prolongación del actual estado de
cosas. Por lo mismo, sin perjuicio del avance en la solución de los problemas
de orden económico y social que se están viviendo, resulta urgente una
clarificación del panorama político argentino como condición indispensable para
un mejor futuro.
Alcances de fallo de La Haya.
Tras un proceso que duró más de una década, la
Corte Internacional de Justicia de La Haya acaba de entregar el fallo por una
disputa territorial que mantenían Colombia y Nicaragua. En lo que parece ser
una decisión salomónica, el organismo internacional le reconoce al primer país
el control que históricamente ha tenido sobre siete cayos ubicados en el mar
Caribe, mientras que estableció un límite marítimo que favoreció a la contraparte.
El dictamen se da a conocer a dos semanas de
que se inicie la fase oral del juicio por la demanda marítima que Perú
interpuso contra Chile ante la misma instancia internacional. Si bien los dos
procesos son disímiles -ya que en el caso de Colombia y Nicaragua no existían
tratados como los suscritos por Chile y Perú, en 1952 y 1954, para fijar los
límites marítimos-, la resolución debe ser observada con especial atención,
toda vez que podría ayudar a vislumbrar ciertos criterios jurídicos utilizados
por la Corte para dirimir situaciones de esta naturaleza. En esa línea, la
determinación de La Haya de reducir el área de posesión marítima de Colombia,
basada en principios de equidad, no supone necesariamente la instalación de un
precedente para lo que pueda establecer la corte en el litigio que Perú ha
entablado contra Chile, principalmente porque en este proceso lo que deberá
resolver es la validez de los acuerdos vigentes que fueron firmados hace más de
medio siglo y que el Estado peruano hoy desconoce.
Lo ocurrido en Colombia, donde se han levantado
voces llamando a no acatar el fallo, es un ejemplo de que la manifestación de
voluntades en estos casos no es suficiente, y que ambos Gobiernos deben
desarrollar un trabajo minucioso para lograr que la población y los liderazgos
políticos actúen con madurez una vez que se conozca la futura resolución,
cualquiera sea el resultado.