Financiamiento de la política,
por Jorge Ramírez.
Según ha
trascendido, el Ejecutivo ingresará el proyecto de Ley que establece un nuevo
marco para el financiamiento de la política. Se trata de una regulación maximalista
a la luz de la experiencia comparada, y en la cual, en aras de promover mayor
equidad en la competencia, se perjudicará a los candidatos desafiantes,
atentando de paso contra la competencia en el sistema y vulnerando en múltiples
aspectos la libertad de expresión a la hora de realizar una campaña electoral.
La
propuesta omite que detrás de toda regulación sobre financiamiento de la
política están en juego principios relevantes como la transparencia, la
libertad de expresión, participación y la competencia en el sistema político.
En este sentido, hay que recordar que aportar a una campaña vía financiamiento
es una forma más de participación, y poner a disposición de la ciudadanía un
mensaje político vía propaganda es parte del derecho a la libertad de
expresión.
La
fórmula del Ejecutivo constituye un retroceso en cuanto al aseguramiento de
mayor competencia. Se trata de una regulación “pro incumbentes”. Si a los
candidatos desafiantes se les prohíbe realizar campañas en espacios públicos,
prensa escrita y radios (homologándolo con los espacios de los incumbentes) y
se les limita el monto de aportes que puedan recibir de personas naturales, las
condiciones reales de competencia disminuirán considerablemente. En este
sentido, el proyecto desconoce las amplias ventajas del candidato incumbente
respecto del desafiante: mientras el primero ya es conocido y cuenta con
capital de redes políticas, el segundo requiere difundir un mensaje con mayor
intensidad a efectos de contrarrestar la ventaja que ostenta el titular del
cargo.
Por otra
parte, lejos de promover mayores incentivos a la contribución de personas
naturales, como es la tendencia en las democracias consolidadas (vía matching
funds o beneficios tributarios a los aportes ciudadanos), la propuesta -de la
mano de la existencia de mayores aportes públicos- elimina y acota los espacios
de financiamiento privado. La regulación propuesta en ningún caso se sitúa en
el estándar de las disposiciones sobre dinero y política que poseen las
democracias consolidadas. Esto, porque el 65% de las democracias de la Ocde
permite donaciones de corporaciones privadas y sólo un 27% de ellas contemplan
disposiciones obligatorias para que tanto partidos como candidatos revelen de
manera plena la identidad de sus donantes.
Asimismo,
la propuesta no se hace cargo del problema inherente a la plena divulgación de
la identidad de los donantes. Como señala la evidencia, con sistemas de plena
divulgación, las contribuciones ciudadanas disminuirán considerablemente por
temor a presiones y represalias políticas.
Así, en
lugar de aprovechar la coyuntura para impulsar una Legislación que dé cuenta de
los déficit del sistema vigente, el Ejecutivo ha optado por un proyecto que
generará problemas en la competencia política, y donde, en aras de la equidad,
se atropella con la libertad de poner un mensaje político en la esfera pública
para que finalmente sean los ciudadanos quienes decidan.
Tomado de Diario La
Tercera de hoy
Nota de la Redacción:
Creemos
que en un país con altas prioridades sociales, como el nuestro, no es
moralmente aceptable que se sigan transfiriendo fondos públicos a la actividad
política, mucho menos cuándo la Ley electoral y la de financiamiento se han
diseñado para favorecer al oficialismo,
que quiere “apernarse en el poder” y claramente benefician a aquellos
denominados “incumbentes”, que tienen todas las ventajas que les proporciona el
poder ya adquirido.