sábado, 21 de enero de 2012

Temas para meditar...

Presidente Sebastián  Piñera encabezó ayer la segunda
jornada del Consejo de Gabinete que se desarrolla en el
Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Avión que se estrelló en aeródromo La Paloma de
Puerto Montt, en la aeronave viajaban
7 deportistas que participarán en la Regata VTR
Chiloé 2012, los que salieron ilesos.

PDI intensifica rastreo de banda que hizo túnel
para robar banco en San Antonio, la excavación
tiene una longitud que supera los 14 metros, lucha
contra delincuencia es tarea Gubernamental pendiente.

Los ex Ministros Belisario Velasco y Mariano
 Fernández descartaron que el pacto alcanzado
entre las DC y RN se proyecte al ámbito
 electoral.

Suspenden la búsqueda de desaparecidos
en el Costa Concordia debido al movimiento
del crucero, se anuncian fuertes marejadas.

La Organización para la Destrucción de Armas
Químicas (OPAQ) verificó la existencia de armas
químicas no declaradas en Libia bajo dictadura
de Gadafi.
Los jefes de misión de la ''troika'' se reunió en
Atenas con el Ministro de Finanzas griego,
Evangelos Venizelos, para evaluar la marcha de
 la economía y reformas.

A la salida del Consejo de Gabinete
realizado en el Palacio Presidencial
de Viña del Mar:


Al término del Consejo de Gabinete, ayer en a tarde, el Ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, enfatizó que el Presidente Sebastián Piñera desea que esos acuerdos se discutan al interior de la Coalición por el Cambio, y una vez conversados esos acuerdos, compartirlos con la oposición para tener una reforma consensuada y con amplio respaldo, reiterando que reiteró las cuatro prioridades en las que se enfocará el trabajo durante el 2012 para el Ejecutivo y que se basan en lo que Educación, Salud, Seguridad Ciudadana y Crecimiento en lo laboral.

 
“Nosotros creemos que este es el año del diálogo. Tenemos que seguir perfeccionando nuestros instrumentos para apoyar a los estudiantes, creemos que los estudiantes van a darse cuenta y sus familias se van a dar cuenta del tremendo esfuerzo que está haciendo el Gobierno este año, que como digo, se va a traducir en 110 mil becas más”, señaló el Ministro de Educación, Harald Beyer, a la salida del Consejo de Gabinete en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar.
 

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseveró, luego del citado Consejo de Gabinete que “Quiero asegurarles a las chilenas y chilenos que el Gobierno del Presidente Piñera está haciendo todo lo que está de su parte para proteger sus empleos”, agregando que “Estamos ante una situación internacional adversa. La economía de Europa está en recesión. En este escenario se hace más importante tener responsabilidad por parte de los agentes sociales y políticos”.
 

Una promesa que no está siendo cumplida.

El gobierno, que se comprometió a reducir los niveles de delincuencia, debe tomar medidas para revertir una situación que se deteriora.
 
Los resultados que arrojó el Índice de Victimización que elaboran Paz Ciudadana y Adimark constituyen un fuerte llamado de atención respecto de cómo se está enfrentando la lucha contra el delito. También revelan que en esta materia se ha producido un importante retroceso, no obstante ser esta una declarada prioridad del actual gobierno. Resulta especialmente preocupante que la proporción de hogares en que alguno de sus miembros fue víctima de un robo o intento del mismo alcanzara en diciembre pasado a 39,3%, nivel cercano al máximo registrado en noviembre de 2006, cuando el indicador anotó 41,7%. El resultado es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que a partir de fines de 2006 el índice de victimización había iniciado una sostenida baja, llegando a 33% en diciembre de 2010, momento en que inició un gradual repunte.
 

Posiblemente, el hecho de que más personas estén siendo víctimas de robos explica que el nivel de temor también vaya en aumento, como quedó en evidencia en el estudio. Sumando el porcentaje de personas que se ubican en los niveles "medio" y "alto" de temor, se llega al 87%, cifra que da cuenta de una fuerte sensación de inseguridad. Estos resultados suponen un grave perjuicio para la calidad de vida de la ciudadanía, lo que se ve reflejado en una pérdida de confianza hacia distintas instituciones y la búsqueda de sistemas privados de seguridad, con todos los costos que ello implica. Asimismo, permiten levantar legítimos cuestionamientos sobre la calidad de las políticas que el Ejecutivo ha implementado para bajar el número de delitos en el país. Esto último se observa también en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, según la cual sólo el 8% de la población valora la forma como el gobierno está controlando la delincuencia.
 

Las autoridades han explicado que parte del incremento de la victimización se debe al mayor número de marchas y movilizaciones sociales -que sólo en la Región  Metropolitana sumaron más de dos mil durante 2011-, lo que obligó a destinar personal policial al control del orden público, disminuyendo la dotación destinada a la prevención de delitos. Si bien esta explicación puede resultar atendible, estos resultados confirman que existe una estrecha relación entre orden público y seguridad ciudadana. Es muy posible, asimismo, que el alza de la delincuencia esté asociada a otro efecto provocado por la manera en que el gobierno enfrentó las manifestaciones y tomas del año pasado: la pérdida del sentido de autoridad debido a las erráticas señales emitidas en este ámbito por el Ejecutivo. Lo anterior sugiere que deben tomarse todas las providencias necesarias para evitar que el clima de desorden que existió en 2011 no se repita en 2012.
 

Los públicos desencuentros y entredichos que han sostenido el Poder Judicial y la Fiscalía Nacional con el gobierno no ayudan a la tarea de coordinar y mejorar los esfuerzos para combatir el delito. Esta actitud, por lo demás, ha sido reprobada por la ciudadanía, pues estos tres actores         -según Paz Ciudadana-Adimark- han sido evaluados con nota inferior a cuatro, donde los jueces obtienen la peor calificación, con apenas un tres. Resulta imperioso establecer una relación fluida entre estas autoridades, pero sin que esto minimice la necesaria responsabilidad que deben asumir ante la opinión pública.

 
Ritmo de la reconstrucción en Vivienda.

En los últimos meses se ha incrementado con fuerza el ritmo de construcción de viviendas en las zonas devastadas por el terremoto. De acuerdo con las últimas cifras conocidas, en diciembre se gastaron más de $52 mil millones en subsidios para levantar casas, un monto largamente superior al promedio del 2011, y para el presente año se prevé un gasto promedio récord de $40 mil millones mensuales.
 

Tras un primer año muy complejo, el Gobierno ha remontado notoriamente su gestión en el Ministerio de Vivienda, una de las carteras que más preponderancia tienen desde el punto de vista del impacto de sus decisiones en la calidad de vida de las personas. Ello ha sido posible, por una parte, por la disminución de la crisis inicial que significó el terremoto de febrero de 2010, y, por otra, debido al dinamismo que le ha impreso el actual ministro de la cartera.
 

Los desafíos más acuciantes están hoy puestos en la reconstrucción. Ello es producto de la urgencia que demanda resolver el problema de que aún exista gente que continúa viviendo en soluciones de emergencia. Aun así, se debe tener presente que los retos del ministerio son mucho más profundos.
 

Si bien Chile ha sido puesto como un ejemplo en cuanto a su política habitacional -en comparación con el resto de los países de Latinoamérica- por las líneas de acción que ha seguido en los últimos 30 años, necesariamente ella se debe adaptar al nuevo contexto. Durante muchos años el énfasis se puso en erradicar campamentos, de forma de darles a sus habitantes acceso, como mínimo, a los servicios básicos. Pero una vez que ello ha ido superándose, pese al retroceso que significó el terremoto, los desafíos en Vivienda se deben hacer cargo ya no sólo del problema cuantitativo -que implique darles soluciones habitacionales a familias allegadas o en condiciones de extrema pobreza-, sino también del problema cualitativo.
 

El tema cualitativo tiene una doble dimensión. Por una parte existe la necesidad de reemplazar viviendas con defectos de calidad y estado de su construcción, las que ascenderían a cerca de 500 mil en todo Chile. Por otra, ello dice relación con las soluciones habitacionales nuevas que se están entregando. Y es en este aspecto donde se están dando pasos significativos.
 

Por ejemplo, la política impulsada por este ministerio de entregar soluciones habitacionales cercanas a los 55 metros cuadrados en departamentos es acertada y coherente con los requerimientos de las familias actuales, y contrasta fuertemente con las viviendas de 35 metros cuadrados utilizadas por largos años (en las décadas de los 80 y 90), cuando la prioridad era sacar a la gente de la miseria y los recursos del país eran bastante más escasos. Hoy se necesitan viviendas más grandes y más equipadas de acuerdo con el actual estadio de desarrollo del país. Y esto parece ir en la dirección correcta.
 

Finalmente hay que destacar los esfuerzos que está haciendo la cartera de Vivienda en materia de urbanismo, un área permanentemente postergada en todos los gobiernos. Este año se invertirán 90 mil millones en la construcción y finalización de diversos proyectos de pavimentación, espacios públicos e infraestructura sanitaria en el país. Ello es ampliamente positivo, aunque significa una leve mejora del déficit que se arrastra en esta materia. Ha sido comprobado empíricamente que ciudades más amables, con mejor infraestructura y mayores espacios públicos permiten un avance contundente en el bienestar de sus habitantes y reducen de forma importante la conflictividad social y la delincuencia. Es claramente saludable que exista la intención de ir más allá en esta materia.
 

Proyección antártica.
El Presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo plan estratégico para el territorio antártico nacional, que permitirá a Chile revitalizar su presencia en el continente blanco. Un objetivo ambicioso, que significará asignar más recursos, pero impostergable para un país que reclama soberanía y ha estado por décadas presente en una zona que aumenta su valor, a medida que los territorios vírgenes son más escasos en el planeta.
 

De acuerdo con lo señalado por el Mandatario en un reciente viaje a las bases chilenas, el plan se consolidará en un proyecto que tiene cuatro ejes básicos. El primero es la construcción de una base en el círculo polar. El segundo corresponde al refuerzo del concepto de Punta Arenas y Puerto Williams como las mejores "puertas de entrada" a la Antártica, en cuanto puedan brindar el apoyo adecuado a las expediciones de investigación. Aquí cobran importancia las universidades e institutos científicos que estén en la zona o que se instalen allá. El tercer punto mencionado por el Mandatario tiene que ver con la armonización y sistematización de la normativa nacional, dispersa en 67 textos legales, cuya integración en una legislación coherente permitirá crear normas de funcionamiento para mejorar la coordinación de las instituciones relacionadas con la Antártica, que son Cancillería y Defensa. Por último, pero ligado al segundo eje, el Gobierno se ha propuesto reforzar las ciudades australes como bases para el desarrollo turístico antártico. Para 2014 podrían verse los primeros frutos del proyecto.
 

Desde la firma del Tratado Antártico en 1959, del cual Chile es signatario y como tal tiene estatus consultivo, ha cambiado mucho la forma de aproximarse al continente helado. Al principio el tema fue establecer reclamaciones de soberanía territorial, peticiones que fueron recogidas y respetadas por los firmantes, a pesar de que muchas de ellas estaban sobrepuestas, pero que hoy se mantienen en statu quo. Más tarde, surgió el interés de algunos países por explotar los recursos naturales con fines comerciales, el cual fue aplacado ante el peligro que supone para el medio ambiente antártico cualquier empresa de ese tipo. Ahora, todas las acciones apuntan, razonablemente, hacia labores científicas, dadas las inmejorables condiciones que tiene la Antártica para ese fin.
 

En ese marco, el rol que puede jugar Chile es valiosísimo, y de ahí la importancia del anuncio presidencial en cuanto a construir una base que profundice la locación más cerca del Polo Sur, y no en la periferia, como las existentes, y el propósito de fortalecer la Región de Magallanes. Será tarea del Ministerio de Defensa, que cuenta con la logística y los recursos humanos y técnicos, lograr la mejor ubicación para que las nuevas instalaciones (cuyo proyecto debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental y aprobado dentro del sistema antártico) sean de utilidad no sólo para los científicos nacionales, sino también para instituciones extranjeras que trabajen en conjunto. Es vital que la nueva política antártica sea realista, se materialice en acciones concretas, con significativos aumentos de recursos para la zona austral, y que se proyecte más allá del horizonte de tres años previsto por ahora.
 

Sesiones del Senado en Santiago.
La mesa del Senado ha mostrado su intención de promover que las sesiones especiales de la Cámara Alta  -aquellas que discuten temas de interés y no son convocadas para legislar- puedan ser celebradas en Santiago, ocupando para ello las instalaciones del ex Congreso Nacional, cuya remodelación está próxima a concluir.
 

La iniciativa es polémica, porque no está claro si resulta legal que las sesiones de sala se desarrollen en un lugar distinto a Valparaíso y también porque podría suponer un nuevo paso en la voluntad de traer el Congreso a Santiago. Hay que recordar que, a mediados de la década de los 90, el Tribunal Constitucional dictaminó que, si existe el deseo de trasladar la sede del Poder Legislativo, es necesaria la aprobación de una ley que, al irrogar gasto, sólo puede ser impulsada por el Ejecutivo. Debido al alto costo electoral que sufriría en la Región de Valparaíso el gobierno que auspiciara este tipo de legislación, la idea de trasladar el Congreso a través de una reforma legal ha sido descartada en la práctica.
 

Pese a ello, se han ido adoptando medidas que, en los hechos, implican el traslado de una parte del trabajo legislativo a Santiago. En 2009, las bancadas acordaron permitir que las comisiones pudieran funcionar en la capital. Al mismo tiempo, el antiguo edificio del Congreso fue devuelto al Poder Legislativo, el que lo usa como una suerte de segunda sede. Es indudable que existen justificadas razones prácticas e históricas que hacen aconsejable traer de vuelta el Congreso a Santiago. Sin embargo, esto debe hacerse a través de una reforma legal de acuerdo a las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional y no impulsando cambios graduales que guardan la formalidad, pero que, además de obligar a multiplicar los gastos destinados a un Congreso que tiene dos sedes, parecen torcer el espíritu de la ley.
 

Frustraciones de dos décadas.

Nuestro debate educacional durante las últimas dos décadas es revelador tanto de las dificultades por las que ha transitado el sistema educativo, como de la frustración que producen los logros alcanzados, lejos de las aspiraciones en las que se basaron las políticas implementadas en cada oportunidad.

 
Una constante que no ha abandonado dicho debate es la tensión entre el esfuerzo destinado a mejorar la calidad de la educación en general y aquellas medidas orientadas obsesivamente a buscar mediciones que disminuyan las brechas existentes entre los sectores económicos altos respecto de los bajos, sin que ello necesariamente sea el resultado de una mejoría en el desempeño de los alumnos pertenecientes a estos últimos. Parecía más importante dar la sensación de una disminución de brechas que el haberlas efectivamente acortado. Un ejemplo de ello han sido las pruebas de selección universitaria.


Cuando aún estaba vigente la PAA, se eliminaron ciertas categorías de preguntas de la prueba verbal, porque en ellas se constataban con más fuerza esas brechas, como si eliminando esas preguntas se corregía el problema de fondo. Del mismo modo, el gran argumento que en su momento se esgrimió para suprimir finalmente la PAA fue que una prueba más orientada a los conocimientos -inicialmente la SIES y luego la actual PSU- arrojaría resultados con menores brechas entre los segmentos socioeconómicos. Ello no sólo revelaba la incorrecta orientación de la medida desde su concepción inicial -que un cambio de "termómetro" bajaría la "fiebre" del paciente-, sino que además estaba claramente mal concebida para lograr los propósitos buscados, pues parecía obvio que una prueba de conocimientos aumentaría las brechas respecto de una prueba de aptitudes, ya que estas últimas están mucho más uniformemente distribuidas en la población que lo que lo están las capacidades para traspasar conocimientos a los distintos segmentos socioeconómicos en escuelas que tienen disímiles calidades desde la partida.
 

Asimismo, ha habido una creciente crítica al financiamiento compartido aprobado a comienzos de la década de los noventa, como el supuesto gran causante de una agudización de esa segmentación. Lo que el financiamiento compartido logra es mejorar marginalmente la calidad de los establecimientos que obtienen esos fondos, a lo que se adiciona una mayor participación y preocupación de los padres por la educación de sus hijos, manifestada en ese esfuerzo financiero, lo que de por sí mejora las condiciones en las que se imparte la educación en dichos colegios, y constituye una buena solución al problema de la calidad mientras el Estado no esté en condiciones de entregar una subvención por alumno cercana a lo que cuestan los colegios particulares pagados, que podría ser una medida de la cifra a aspirar. El criterio detrás de querer eliminar el financiamiento compartido es una preferencia por una educación parejamente mediocre -eso sería más "justo"- que por una gradualidad desde esa mediocridad hacia la calidad a través de un esfuerzo adicional de los padres mientras el Estado logra aumentar la subvención.
 

A pesar de los enormes aumentos de los recursos destinados a educación en los últimos 20 años, las mejorías logradas son muy menores a las esperadas. Ello instala una frustrante sensación de haber dejado transcurrir dos décadas sin disminuir las inequidades educacionales, que eran la principal fuente de motivación del trabajo del Estado en este ámbito. El ministro Beyer ha planteado que sus esfuerzos están orientados a mejorías en calidad y equidad, pero sin la sobrecarga ideológica sobre esta última, que hasta ahora ha resultado un freno a los progresos de la primera.
 

Futuro del Transantiago.
En una entrevista concedida a un diario diario, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones entregó su visión del sistema de transporte público. Desde un comienzo, el Transantiago ha sido un dolor de cabeza para todos los que han estado asociados al proyecto, incluyendo a los dos últimos gobiernos. El proyecto prometía una mejor calidad de servicio sin elevar las tarifas ni requerir subsidios. En la práctica, el servicio en sus inicios fue de pésima calidad y sólo a duras penas ha podido remontar, aumentando sus costos mucho más de lo esperado, por lo que requiere cuantiosísimos y permanentes subsidios del fisco.
 

Por esa razón, tal vez sea sorprendente para muchos que el ministro considere que la inspiración original del Transantiago era correcta. En efecto, el Transantiago ha reducido drásticamente los accidentes, así como las emisiones del transporte público. Nos hemos olvidado de los asaltos a choferes del transporte colectivo, una ocurrencia usual en el pasado. El problema es que el público que critica el Transantiago no advierte estos beneficios, porque pareciera ser más fuerte el peso de las promesas incumplidas de mejor calidad de servicio.


En la entrevista, por primera vez un ministro de Transportes admite que el sistema tendrá un déficit permanente, ya que los ingresos sólo cubren el 40% de los ingresos, y la reducción en la evasión será una contribución pequeña a reducir el déficit. Se debe recordar que la actual ley que subsidia el transporte público disminuye el subsidio con el paso del tiempo, por lo que el próximo año no podrá cubrir el déficit, a menos que se modifique la ley. El ministro nos recuerda que en Europa los subsidios pagan casi el 80% de los costos, y pese a ello las tarifas son más elevadas que en Chile. Esto explica la mejor calidad del servicio en esos países.
 

Es necesario hacer memoria para recordar que tal vez uno de los errores fundamentales en la concepción del Transantiago fue la idea de que podía ser autosustentable. Un estudio en una publicación de un centro académico encontró supuestas utilidades de varias decenas de millones de dólares en el sector bajo el sistema antiguo y, basados en ello, sus autores propugnaron que este margen significaba que un sistema de transporte público moderno y de mejor servicio podría cubrir sus costos, pese a las dudas de algunos especialistas de transportes.
 

El problema es que cuando se implementó el sistema, sólo se podía autofinanciar si ofrecía una baja calidad de servicio, usando pocos buses de gran tamaño. El resultado fue desastroso, y aunque luego se aumentó el número de buses y por lo tanto los costos, su imagen no volvió a recuperarse. Además, con el mayor número de buses, el sistema requería subsidios para financiarse. Peor aún, la mala calidad inicial provocó la fuga de usuarios hacia el transporte privado, vía adquisición de automóviles, un fenómeno difícil o imposible de revertir y que ha impactado en una mayor congestión.
 

Otra causa de mal servicio son las deficiencias del sistema de control de flota. Esta tarea está delegada en el operador tecnológico, el que no ha respondido a los requerimientos del sistema, acaso porque no posee un vínculo directo con éste, ya que opera bajo un subcontrato. Esto es algo que el ministro desea cambiar, estableciendo un contrato directo, lo cual ha sido difícil, por la inflexibilidad y falta de proactividad del Administrador Financiero del Transantiago, que contrata al operador tecnológico. Se debe recordar que aún no se ha llamado a licitación para el sistema de gestión de flota definitivo, pese a múltiples anuncios pasados.
 

En todo caso es refrescante que un secretario de Estado tenga una visión clara y apolítica de los problemas de su sector. Es de esperar que el ministro consiga renegociar los contratos y que aunque el Transantiago no alcance nunca la calidad prometida en sus inicios, mejore lo suficiente como para frenar el traspaso de usuarios hacia el transporte privado.


Efectos en Chile de la crisis económica en Europa

Las autoridades locales deben estar dispuestas a utilizar todos los instrumentos de estabilización a su disposición.


En una movida ya anticipada por los mercados financieros, la agencia de clasificación de riesgo Standard & Poor's (S&P) decidió adoptar un enfoque selectivo para las nuevas notas de riesgo de las economías europeas. Las calificaciones de siete países no presentaron cambios (Bélgica, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Holanda), mientras que hubo rebaja de un escalón para cinco (Austria, Francia, Malta, Eslovaquia y Eslovenia) y de dos para otros cuatro (Chipre, Italia, Portugal y España). Por su parte, 14 países de la región tienen aún una perspectiva negativa, lo que indica que S&P asigna una probabilidad de un tercio de volver a reducir la calificación en 2012 ó 2013 para esta muestra de naciones. La razón clave detrás de esta rebaja en calificación estuvo centrada en la falta de decisión y eficacia de la respuesta de política por parte de las autoridades europeas. En particular, la preocupación de S&P se centra en la falta de contundencia de los planes de consolidación fiscal y la posibilidad de un deterioro fiscal mayor.
 

A pesar de que el impacto de corto plazo de estas rebajas ha sido muy poco significativo, la decisión de S&P da cuenta de la gravedad de la situación europea y de los límites a la capacidad de endeudamiento de los mecanismos financieros creados para la compra de los bonos europeos en riesgo. Un efecto directo de lo anterior es que se incrementa la dependencia de financiamiento de los grandes bancos del continente respecto del Banco Central Europeo. En consecuencia, dada la menor capacidad de los bancos para recaudar financiamiento de manera normal, éstos estarán más reacios a prestar, lo que parece conducir a la zona euro hacia una recesión económica. La realidad indica que los planes de ajuste fiscal tienen poca probabilidad de éxito si no son acompañados de crecimiento económico. En este sentido, existen importantes voces que apuntan a la necesidad de avanzar rápidamente hacia políticas que fomenten la competitividad externa y ayuden a reducir la carga financiera de las altas deudas públicas. La premura en dichas reformas parece requerir de modificaciones en la situación cambiaria actual, siendo la más obvia una depreciación en el euro que permita generar inflación en dicha moneda y caída de salarios reales.

 
La crisis europea ha tenido un impacto en Chile. Según la visión de consenso, la economía nacional crecería en 2012 muy por debajo de lo observado en 2011. La principal vía de contagio parece ser financiera. En efecto, la incertidumbre externa ha repercutido negativamente tanto en el costo del financiamiento en moneda extranjera como, aparentemente, en moneda local. Frente a este complejo escenario externo, las autoridades locales deben estar dispuestas a utilizar todos los instrumentos de estabilización a su disposición. En materia monetaria, el Banco Central debe estar atento a relajar aún más su política de tasas de interés, en la eventualidad de un deterioro adicional de la economía global. El gobierno, por su parte, debe procurar entregar señales de confianza y estabilidad al sector privado. Un aporte significativo, además de lo relativo a impuestos y gasto fiscal, debe ser la flexibilización laboral.


¿Hacia un régimen semipresidencial?
Junto al fuerte remezón político generado por su anuncio y las circunstancias que lo rodearon, también el contenido del acuerdo sobre reformas alcanzado por RN y la DC plantea una diversidad de otras complejas aristas. No puede ser de otra manera, tratándose de un cambio como el que allí se propone: nada menos que la instauración de un nuevo régimen político que contradice visiones históricamente arraigadas en el país. Una reforma que viene generando entusiasmo en círculos académicos y en algunos sectores políticos (de hecho, la misma DC la apoyó en su último congreso ideológico, en 2007) desde los años 80, pero que hasta ahora parecía confinada al campo de las discusiones teóricas. Hoy ésta es replanteada en un momento crítico para la actividad pública y presentada como camino para superar las actuales dificultades. Ello abre un debate imposible de agotar en el corto plazo, pero frente al cual surgen desde ya algunas preguntas ineludibles.
 

¿Qué tan profundo es el compromiso? Es revelador que, aunque el texto sólo dedica al cambio del sistema electoral un par de párrafos, hasta ahora toda la controversia se haya centrado en ese punto. Sea por el clima político actual o por otras consideraciones, lo cierto es que son muchos los actores que hoy leen el documento DC-RN básicamente como un compromiso para reformar el binominal, donde todas las demás propuestas tendrían un carácter adjetivo. Difícilmente cambiará aquella percepción mientras sus firmantes no avancen en fórmulas — ¿Conformación de comisiones de trabajo? ¿Presentación conjunta de textos de reforma constitucional?— que aterricen esos contenidos y expliciten el grado de condicionamiento entre sus distintos puntos.

 
¿El mejor modelo? Algunos cientistas políticos han planteado que el sistema semipresidencial francés, inspirador de la propuesta, tiene la gran virtud de combinar la existencia de una figura presidencial fuerte elegida popularmente, y la conformación de gobiernos de mayoría, encabezados por un Primer Ministro ratificado por el Congreso. Ello resolvería el siempre complejo problema de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, que tanto el Presidente Piñera como muchos de sus antecesores han experimentado y sufrido. Se trata sin embargo de un modelo muy particular, una suerte de híbrido nacido como respuesta a la crisis francesa de mediados del siglo pasado y que plantea sus propias contradicciones, resumidas en los períodos de cohabitación en que un mandatario debe convivir con un primer ministro de signo político opuesto. Ello aparece como intrínsecamente conflictivo y ha sido resumido por analistas como Alfredo Joignant en la figura de un Sebastián Piñera obligado a cohabitar con Camilo Escalona o una Michelle Bachelet con Pablo Longueira. Cómo asumiría la sociedad chilena escenarios de ese tipo, en que el Presidente por el que votó la mayoría apareciera intervenido por un primer ministro designado por el Congreso no es una pregunta de relevancia menor. Lo que hasta ahora se ha señalado sobre el modo en que se dividirían funciones uno y otro resulta confuso: aunque el documento de ayer plantea que el Jefe de Estado tendría atribuciones exclusivas en las RR.EE., la Defensa y la tuición de la administración pública, previamente algunas voces en RN han sugerido dejar también en sus manos las tareas de Hacienda, de profunda incidencia sobre carteras sectoriales que en esta fórmula dependerían del primer ministro.

 
¿Qué pasa con el Congreso? El mismo Joignant ha advertido que esta discusión necesariamente lleva a debatir el actual sistema bicameral, recordando precisamente el modelo francés, donde el juego político se define en la Asamblea (el equivalente a nuestra Cámara de Diputados), la que da o quita las mayorías para la conformación del Gobierno. El decisivo rol que en Chile ejerce el Senado quedaría bajo interrogante.

 
¿Qué dirán los “indignados”? Muy probablemente, un modelo semiparlamentario, con un sistema electoral más proporcional que el actual generará fluidez en las coaliciones, permitiendo mayorías más flexibles pero también más inestables. Eso significa que las negociaciones y arreglos políticos jugarán un rol aún más central del que ocupan hoy. Cómo percibiría todo aquello una ciudadanía que insiste en colocar al Congreso y los partidos en los peores lugares de cualquier ranking de credibilidad pública, es una pregunta molesta pero también inevitable.


Informe sobre exonerados políticos.
El caso de los falsos exonerados por motivos políticos ha revelado una vez más las fisuras del cuerpo del Estado que permiten a algunos saltarse reglas y normativas para usufructuar de beneficios que corresponderían a ciertas personas por situaciones excepcionales. Leyes laxas o mal concebidas han contribuido también a generar las condiciones para que ello suceda. Como un síntoma de que la ciudadanía, alertada por los medios de comunicación, toma conciencia de esto, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, convertida en comisión investigadora de la denuncia sobre esta flagrante irregularidad, ha emitido su informe acerca del particular. Sus conclusiones apuntan a una institucionalidad débil y a la lenidad de los funcionarios encargados de comprobar los requisitos presentados por quienes se atribuían la condición de haber sido despedidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
 

Para acogerse a los beneficios previsionales por gracia otorgados por la ley 19.234 de agosto de 1993, los supuestos exonerados debieron presentar una solicitud ante el Presidente de la República acreditando su situación con los documentos respectivos, y en caso de pérdida o destrucción de los instrumentos públicos o auténticos, con cualquier documento o instrumento que constituyese principio de prueba por escrito, como, por ejemplo, certificados emitidos por parlamentarios.

 
Respecto de este punto, se formularon cargos por la responsabilidad que les cupo a algunos congresistas en el escandaloso fraude al fisco al entregar certificados a personas que no cumplían con los requisitos legales para percibir pensiones fiscales. La Contraloría General de la República había sostenido que "la calificación de la exoneración constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República, lo que obsta o limita la revisión que esta institución fiscalizadora pudiera hacer sobre la decisión adoptada en cada caso". Asimismo, los diputados de la Coalición por el Cambio plantearon la obligación de la Cámara Baja como rama fiscalizadora del Congreso de esclarecer si parlamentarios incurrieron en delitos, y al respecto anunciaron una petición para que intervenga la Corte Suprema, se designe un ministro en visita, la presentación de una querella y que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte.

 
Al término de su investigación y como un procedimiento inédito en la práctica parlamentaria, la comisión consensuó su informe, emanado de legisladores del oficialismo y opositores, en el cual se consigna que la institucionalidad creada para atender los miles de solicitudes de personas que buscaban acogerse a los beneficios cuestionados fue débil y precaria -lo que permitió una "red de gestores" que a cambio de dinero presentaban antecedentes de personas que no tenían esa condición- y que la Comisión Calificadora dependiente del Ministerio del Interior encargada del programa pertinente "incurrió, entre los años 1993 y 2006, en conductas que constituyen falta de diligencia o cuidado en la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, coordinación y propia iniciativa en el cumplimiento de la función y control jerárquico" establecidas en la Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.

 
En suma, la situación producida con los llamados exonerados políticos se originó en una ley permisiva que se ejecutó sin la debida y oportuna fiscalización, y cabe esperar que luego de estas conclusiones las personas que malamente accedieron a dicho beneficio estatal dejen de percibirlo.


Nota de la Redacción:
Como hemos anunciado, y reiterado cada cierto tiempo, nos encontramos de vacaciones hasta los primeros días de marzo, por considerar que los temas de estos editoriales son importantes, los hemos tomado de diversos diarios de circulación nacional, pues, creemos que contienen temas que verdaderamente interesan a la ciudadanía.
 

BUSQUEDA EN ALGUNOS BLOG

Google
 

Visitantes....

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com

New acount

Nuevo Contador de visitas.