miércoles, 26 de septiembre de 2012

Temáticas para meditar…


El Ministro Pérez entregó 538 viviendas a familias
damnificadas de la villa Cordillera de Rancagua
, entregando también 308 subsidios de clase media
a familias residentes en la capital Regional y 425 a
familias de Viña del Mar y Valparaíso.

Ingresos del Fisco por royalty minero caen 25% en
el primer semestre por menor precio del cobre,
entre enero y junio de 2012 la recaudación por este
concepto llegó a US$ 311 millones, 105 millones
menos que en el mismo período de 2011.

En Octubre comenzará a operar en el Desierto de
Atacama la planta industrial solar más grande de
Chile, que corresponde a una alianza de la empresa
alemana Saferay GmbH y la compañía de ingeniería
chilena SELTEC.

 Carabineros de Chile expulsó de la institución al
Sargento Segundo Luis Contreras González por

sus presuntos nexos con narcotraficantes del

sector sur de la capital.


En el Caso Niemeyer el Tribunal desestimó 11
testigos propuestos por el Ministerio Público,
durante la segunda jornada de preparación
del juicio oral, la Fiscalía Sur retiró otras
cuatro declaraciones.

 
 La Contraloría dictaminó que ‘’es procedente’’
que funcionarios del INDH ‘’ingresen a cualquier

lugar espacialmente limitado, que se encuentre

a cargo de funcionarios públicos’’. con el fin de

cumplir sus atribuciones cuando se configure
una privación de libertad.

 La Intendente Metropolitana denunció amenazas

de muerte por parte de un presunto miembro de

la Garra Blanca, por medio de llamados telefónicos

en la madrugada, y una serie de insultos por Twitter.



La Canciller alemana, Angela Merkel, volvió a mostra
r sus dudas sobre la propuesta comunitaria para que
el BCE empiece a supervisar al sector financiero de la
Eurozona a comienzos de 2013.


El "Rey de las Bebidas" Zong Qinghou vuelve a ser el
hombre más rico de China, recuperó el liderato que
el año pasado le había arrebatado el constructor
Liang Wengen.


Google lanzó en Japón su tableta Nexus 7 destinada
a competir con el iPad, la que es más liviana y tiene
un tamaño más reducido que el de su competidor,
es ideal para leer o ver vídeos en un país donde la
falta de espacio en las viviendas.


Flotilla taiwanesa se retira tras rodear islas
disputadas con Japón y China, las embarcaciones
fueron escoltadas por patrulleras enviados por
Taipei, en medio de las tensiones por el diminuto
archipiélago.













Evaluaciones Gubernamentales,
por Mario Montes.


Por decir lo menos nos resulta curioso que los Gobiernos más corruptos de nuestra historia, como el de Lagos, y el más incapaz, como el de Bachelet, tengan un positiva evaluación ciudadana, a la vez que consideramos extraño que una Administración, como la de Piñera, que ha realizado en poco más de dos años lo que la concertación no fue capaz de hacer en sus 20 años en La Moneda.



Las posibilidades para entender esta situación son varias, la primera es que la evaluación está medida con encuestas  “dirigidas” para obtener ese resultado, la segunda es que Piñera genere anticuerpos insoslayables, además de una escasa simpatía, o simplemente que desde que asumió ha debido enfrentar una descarnada campaña de desprestigio y una brutal oposición obstruccionista.



Creemos que el actual Gobierno, que como todos saben no nos es simpático, porque no ha cumplido sus promesas a los militares en retiro, con respecto a los procesos de que son objeto, ha realizado una gestión de lujo, sobre todo considerando que un terremoto y maremoto asoló el país días antes de su asunción, dejando  en el suelo a las Regiones entre Valparaíso y La Araucanía.



Sin duda alguna la actual Administración ha adolecido, también, de una política comunicacional eficiente, la que se ha visto complicada por las múltiples acciones Gubernamentales, que son tantas, que terminan unas tapando a las otras, quedando en la retina ciudadana solamente una pequeña fracción de la inmensa obra que está realizando el Gobierno de Piñera.



Como ejemplo de los que decimos, ayer el Ministerio de la Vivienda entregó soluciones habitacionales decentes a 538 familias damnificadas de la emblemática Villa Cordillera, a la vez que se entregaron 308 subsidios a la clase media en Rancagua y se entregó en Viña del Mar el mismo beneficio a 425 familias de Viña y Valparaíso. Se inauguró una Comisaría en Conchalí y  se anunció la instalación de aire acondicionado al metro.



Pero las señaladas no son la únicas actividades del Gobierno, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reunió con los Presidentes de RN, Carlos Larraín, y de la UDI, Patricio Melero, con el objetivo de analizar el cronograma para la tramitación legislativa del Presupuesto 2013, la Ministro del Trabajo encabezó en Antofagasta graduación de las primeras 143 mujeres capacitadas en Antofagasta para encontrar trabajo en minería, informándose, además, que Chile está colaborando con Ecuador en la extinción de incendios forestales.



Nosotros preferimos un Gobierno que no goce de la simpatía popular, pero que supla esa falencia de empatía con la ciudadanía con una gestión acertada, que satisfaga las necesidades de las mayorías y que se preocupe, de verdad, por crear las condiciones para que volvamos a enfilar al camino perdido del desarrollo y de la amistad cívica. Creemos que porque “obras son amores y no buenas razones”, los chilenos estamos siendo extremadamente injustos con Piñera.



¿Qué gana la Concertación con el PC?,
por Gonzalo Müller.


La pasada semana el Presidente del Senado, Camilo Escalona, disparó al corazón de las pretensiones de una parte de la izquierda de avanzar en una asamblea constituyente. Con ello generó duras respuestas de parte del Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Pero este enfrentamiento va más allá de la propuesta de una nueva Constitución y habla de la difícil relación entre la Concertación tradicional y su nuevo socio, el PC, llevándonos a cuestionar las ventajas de esta alianza.



Partamos por entender que el Partido Comunista dista mucho en su expresión actual de ser un partido con cultura de democrática o de entendimiento. Para qué hablar de sentimientos de pertenencia a una coalición mayor: durante los últimos 20 años, el PC ha seguido un camino distinto y distante de la Concertación. De hecho, esta marginalización lo ha tenido en la oposición durante los Gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera.



La frase de Escalona advirtiendo que la interferencia del PC en asuntos internos de la Concertación era pan para hoy y hambre para mañana demuestra que lo que de fondo preocupa al Senador es que sea la Concertación la que termine adecuándose a la agenda del PC y no a la inversa; es decir, lo que no le termina de cuadrar es que sea el socio minoritario, y su capacidad de catalizar a los diferentes díscolos del sector, quien determine los ritmos o las posturas de la oposición. Sabe Escalona mejor que nadie que esto amenaza no sólo la existencia misma de la Concertación, sino que de paso merma las opciones de la operación retorno de la candidata Bachelet.



En estricto rigor, frente a la necesidad de aglutinar a la oposición como único camino de reconstruir una mayoría que los acerque a La Moneda, no es claro que ello pase por incorporar formalmente a un partido como el PC, cuyas actuaciones siguen teniendo una lógica de interés individual y no colectiva. Por más que algunos intenten disimular —si no esconder— las diferencias, es claro que al PC el regreso de una Concertación como la que el país conoció en sus pasados Gobiernos no le gusta y no le sirve. Sus críticas al modelo apuntan al reemplazo y no a la corrección. Así, no sería extraño que, de profundizarse este desencuentro, la izquierda extra Concertación y el PC tengan un candidato propio, ya sea a la primaria de la oposición o incluso a la primera vuelta.



Teillier sabe que su margen de maniobra se estrecha cada vez más. La posibilidad de presionar o influir en las definiciones de la Concertación pasa por dos eventos muy próximos. Primero, la elección Municipal, donde se podrá ver cuán real resulta el aporte del PC a la Concertación, en número de Alcaldes, y al pacto PRSD-PPD-PC y su pretendida disputa frente a la hegemonía PS-DC, lucha que se medirá en los resultados de la elección de Concejales. Segundo, la definición de la propia candidata Bachelet, lo que podría ocurrir en enero del próximo año. Es poco tiempo para evitar que la presión pública les imponga un lugar, ya sea liderando o sólo a la cola de lo que será el proyecto Presidencial opositor.



Así, Escalona, al enfrentar a Teillier, defiende lo que a su juicio es el correcto entendimiento entre la izquierda y el centro; esto es, la socialdemocracia y el humanismo cristiano, encarnados en el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, y dejando en una posición menor a esa izquierda que mira más a Latinoamérica y menos a Europa para encontrar sus modelos de desarrollo. Pero debe estar consciente también de que el desorden político general e incluso en su propio partido hace dudar de sus fuerzas para acometer esta tarea, que podría, incluso en el éxito, terminar consumiéndolo.



En cualquier caso, el resultado de esta disputa marcará la mayor izquierdización o no de la candidata Bachelet y su programa electoral.



Ruidos en torno a licitación del litio.


El ruido político que acompañó todo el proceso de licitación del primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), finalmente adjudicado ayer a Soquimich, resultaría difícilmente entendible si no fuera por la carga de mitos que se han tejido en torno a este mineral. De hecho, fueron las expectativas que había respecto de su posible uso para la producción de energía nuclear las que influyeron decisivamente para que en 1979 el régimen militar lo declarara «no concesible» debido a su supuesto carácter estratégico. En la práctica, dicho paso sólo benefició a quienes —a través de contratos con la Corfo— acceden a concesiones de ésta, otorgadas previamente; en cambio, supuso un freno a otras inversiones. Hasta ahora, 30 años después, sin embargo, el uso del litio para generar energía por fusión nuclear no ha pasado de una fase experimental y las apuestas de que sería una suerte de nuevo «oro blanco» se han mostrado, a lo menos, exageradas.



Aterrizadas las expectativas de los 70 y tratándose de una industria cuyos montos de negocios son mucho más modestos, por ejemplo, que los del cobre (el año pasado las ventas mundiales alcanzaron a US$ 700 millones), sí ha aumentado en este siglo su demanda para la producción de baterías y existen perspectivas razonables de que ello continúe y mantenga sus precios al alza. El punto es que, en ese escenario, si bien nuestro país cuenta con ventajas, dadas las importantes reservas existentes y los bajos costos de explotación, que nos entregan una posición de liderazgo internacional, la competencia es intensa. Países como Australia, China, Argentina, Canadá o Estados Unidos también participan del negocio y han ido modificando su legislación para facilitar las inversiones. Frente a ello, el riesgo de que Chile, limitado por una regulación propia de los tiempos de la guerra fría, se vaya quedando atrás y desaprovechando oportunidades es real: si hace unos años el país representaba el 50% de la producción mundial, hoy la cifra está bajo el 40% y la acumulación de nuevos proyectos en el mundo amenaza con hacerla seguir bajando.



Frente a ese panorama, el camino seguido por el Gobierno ha sido acertado. Pese a la evidencia de los hechos, en el actual clima político las posibilidades de desarrollar una discusión seria para modificar el status «no concesible» del litio parecen complejas o al menos anticipan un largo debate legislativo antes de poder proceder a cualquier cambio. Alternativamente, la figura de los contratos especiales de operación, que permiten al adjudicatario realizar exploraciones y proceder a la explotación de una cierta cantidad de mineral (en este caso, cien mil toneladas) por un determinado número de años (20), ya está en nuestra legislación y ha sido también usada por anteriores Administraciones, para la búsqueda de reservas petroleras.



La licitación llevada a cabo, por otra parte, puede estimarse muy exitosa, en cuanto el adjudicatario pagará de partida al Estado una suma (US$ 40 millones), casi ocho veces superior al monto mínimo fijado, sin contar los impuestos, royalty y un tributo especial del 7% de las ventas una vez que la explotación esté operando: todo ello puede significar finalmente ingresos para el fisco superiores a los US$ 350 millones, según las estimaciones del Ministerio de Minería. Con todo, más atendibles que las críticas políticas, parecen las aprensiones de algunos expertos respecto de que el contrato lo haya ganado una empresa que ya es el principal operador de esta industria, el cual así estaría defendiendo su posición dominante y consolidando el oligopolio que existe en nuestro país en esta área. Minería ha minimizado el punto, haciendo notar que el litio es básicamente un producto de exportación y que la verdadera competencia es la que se da en el mercado mundial. No obstante, no cabe olvidar que la propia Autoridad, al anunciar la licitación, había señalado que uno de sus objetivos era precisamente abrir esta área a nuevos competidores, lo que en la práctica no se ha logrado.



Oficio de fiscalización al Presidente.


Diputados de la Concertación presentaron un proyecto de oficio de fiscalización dirigido al Presidente de la República, para que aclare su rol en las críticas que la Ministro del Medio Ambiente vertió sobre el “fallo Castilla”. El proyecto sería votado por la Cámara la próxima semana.



Ese oficio no cumple hoy ningún fin y es contrario al sistema Presidencial de Gobierno que rige en Chile y la Constitución. En efecto, en entrevistas otorgadas a medios televisivos al finalizar las Fiestas Patrias, el Presidente ratificó lo publicado por este diario, en el sentido de que la Ministro le planteó la necesidad de defender la institucionalidad ambiental y que él le dio autorización para ello. De esta manera, ha quedado claro cuál fue su rol en el caso. Pero, además, la Constitución indica que la Cámara solamente puede “adoptar acuerdos o sugerir observaciones” al Presidente, quien debe dar respuesta en 30 días por medio del Ministro de Estado que corresponda, que en este caso sería la propia titular del Medio Ambiente.



Tales acuerdos no pueden importar una fiscalización, porque ésta se traduce exclusivamente en interpelaciones a los Ministros o formación de comisiones investigadoras, a las que únicamente se puede citar a los Secretarios de Estado y otros funcionarios, y jamás al Presidente. Ello, porque en un sistema Presidencial los Parlamentarios, si bien tienen un rol fiscalizador del Gobierno, no pueden formular exigencias al Primer Mandatario -ni siquiera pueden hacerlo a propósito de una acusación Constitucional-, quien fundamentalmente rinde cuentas a la ciudadanía y ya lo hizo con las mencionadas declaraciones.



Cabría esperar que los Diputados se desistan de su pretensión, porque no se ajusta a la institucionalidad y el acatamiento al referido fallo nunca ha estado en duda, que sería lo único que justificaría una acción fiscalizadora.



El negativo efecto de aumentar los feriados.


El Ministerio  del Trabajo se encuentra estudiando distintas fórmulas con el propósito de reordenar la gran cantidad de feriados que se han agregado al calendario, luego de sucesivas reformas legales recientes, por los efectos que ya está causando y por la evidencia que hay numerosas propuestas adicionales en trámite. Una de esas iniciativas es crear una especie de bolsa de feriados que sea negociada anualmente entre las empresas y los trabajadores. Sin embargo, la manera de abordar adecuadamente esos efectos negativos no parece ser a través de un mecanismo que permita recalendarizar los días de asueto, como está evaluando el Ejecutivo, sino que supone en primer lugar dejar de crear nuevas fechas festivas y permisos.



La inquietud del Ejecutivo en esta materia surge de los efectos negativos que está generando al país, en términos de productividad y en el mercado laboral, la creciente cantidad de días libres que contempla nuestro calendario. Actualmente son 15 los feriados legales que existen al año -cinco de ellos irrenunciables para el comercio-, los que podrían aumentar sustantivamente de aprobarse algunas de las 10 iniciativas que se tramitan en el Congreso y que pretenden otorgar más días libres, ya sea por concepto de matrimonio, cumpleaños, para realizar trámites o mediante la creación de nuevos feriados como el “día de la familia” o el “día de los pueblos indígenas”, entre otros. Si en la actualidad somos uno de los países con mayor número de feriados en Latinoamérica, aumentar su número no parece beneficioso.



Considerando las estimaciones que señalan que un día de trabajo en Chile reporta entre US$ 1.000 a US$ 1.500 millones y que sólo en el comercio se pierden de US$ 100 a US$ 200 millones por cada día de asueto irrenunciable, es un primer paso que el Gobierno reconozca el problema y explore alternativas para enfrentar los perjuicios generados. El siguiente es que el Ejecutivo y el Congreso resistan la tentación de ganar réditos políticos fáciles por la vía de aprobar nuevas fechas.



Los feriados responden en su mayoría a una larga tradición en la que se conmemoran hechos históricos y religiosos que son significativos para el país, por lo que su celebración no está en cuestionamiento. Sí lo está, en cambio, su ampliación excesiva y la gran cantidad de propuestas que se están discutiendo en sede del Legislativo y que buscan instaurar como asueto fechas que no cumplen con los requisitos propios para ser considerados una festividad. En esa línea, los legisladores no deben perder de vista que los feriados deben tener una razón de ser que está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Cuando ésta no existe, se desnaturaliza el sentido de los feriados y sólo hay un debilitamiento del desarrollo y del sentido del trabajo en el país. En la propuesta de establecer la bolsa de feriados y su movilidad por decisión de trabajadores y empleadores está implícita la falta de justificación de los feriados y su mero carácter de aumento del período de descanso.



Además de los feriados vigentes, la legislación laboral chilena contempla una serie de permisos adicionales que les permiten a los trabajadores tomarse días libres, como es el caso del posnatal o los permisos por la enfermedad de un hijo o cuando fallece un familiar directo, aspectos que deben tener en cuenta los Legisladores al momento de evaluar la conveniencia de aprobar más feriados y permisos



Congestión en autopistas: lo exigible.


Para muchos, el comienzo del feriado de Fiestas Patrias fue agriado por la congestión en las principales rutas que salen de Santiago, y esto no se olvidará fácilmente. Muchas horas de espera en algunas rutas mostraron serias deficiencias en la calidad de servicio que ofrecen las carreteras interurbanas concesionadas. Afortunadamente, el retorno no fue traumático, en parte porque los conductores lo escalonaron para evitar una repetición de la experiencia.



La causa fundamental de la congestión es el exceso de demanda, que ocurre con frecuencia cada vez mayor en algunos tramos concesionados, por lo que en el mediano plazo la respuesta apropiada es aumentar la capacidad del de Santiago-Talca de la Ruta 5, y las salidas de Santiago de las rutas 68 y 78. En el corto plazo, es imperativo mejorar la gestión de los peajes en esos tramos, que contribuyen a la congestión y la amplifican, por lo que se deben instalar sistemas de flujo libre (conocidos internacionalmente como free-flow ), con un tag común. Entretanto, urge mejorar la gestión de los peajes manuales.



La velocidad de desplazamiento es mucho mayor pasado el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur que antes de él, lo que confirma que los peajes manuales en esa vía entorpecen el tráfico. Ante esto, los usuarios piden que cuando la congestión sea excesiva se levanten las barreras, pero el MOP ha informado que no dispone de instrumentos legales para obligar a ello al concesionario. Eso es efectivo, pero el contrato de concesión especifica niveles de servicio, y el MOP podría invocar las cláusulas respectivas.



El contrato refundido de la Ruta 5 Sur, tramo Santiago-Talca (punto 7.1.5.4), establece que se cobrará una multa de 250 UTM en cada ocasión en que "el Tiempo de Espera en Cola (TEC) sea superior a 8 minutos". Esta multa procede cuando haya habido congestión anterior (dos ocasiones en un mes, con tiempos de espera superiores a cinco minutos), y que el plan de mitigación propuesto por la empresa haya tenido tiempo de implementarse. La observación muestra que estas condiciones se habrían cumplido, por lo que las multas podrían aplicarse en forma múltiple durante una congestión de siete horas, lo que quizá haría conveniente para el concesionario levantar las barreras en casos de congestión extrema.



Además, ha habido dificultades para que los concesionarios interurbanos adopten el tag, pese a que su contrato contiene cláusulas que podrían invocarse para acelerar ese proceso: el punto 7.1.2.1 señala la obligatoriedad de disponer dos pistas por sentido para un sistema de cobro de peaje non-stop (esto es, que usan algún tipo de tag), y más adelante exige que la empresa ofrezca 200 mil de estos tags, que deben ser compatibles con los usados en otras carreteras concesionadas. No parece claro que se haya exigido el cumplimiento de estas condiciones, especialmente la de compatibilidad de los tags con los de otras carreteras concesionadas -por ejemplo, las urbanas-.



El MOP tiene natural comprensión del inmenso progreso que las empresas concesionarias han significado para la infraestructura del país, y es nacionalmente conveniente que desee atraerlas para nuevas licitaciones de concesiones. Para reforzar ese proceso y transformarlo en un círculo virtuoso, es preciso que sus énfasis recaigan por igual en la consideración por los usuarios, que -también naturalmente- tienden a percibir los avances como obvios y subrayan, en cambio, las imperfecciones. Eso crea el riesgo de que estas concesiones puedan seguir el curso de lo ocurrido con la imagen de las isapres, universidades privadas y otras industrias cuestionadas por una consideración no siempre esmerada en cuanto al trato a sus clientes en el pasado. En ese cuadro suelen surgir propuestas populistas que ofrecen soluciones aparentemente atractivas para el público, pero terminan afectando al sector y limitando el bienestar general.



Una solución acorde con nuestras prácticas existe, pero duerme en el Congreso: la ley que crea la Superintendencia de Concesiones. Si ella se aprobara, la Dirección de Concesiones del MOP se abocaría al objetivo de desarrollar la industria de concesiones, en tanto que la superintendencia se concentraría en velar por el cumplimiento del contrato y de sus condiciones de servicio.




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