Quizá una golondrina hace verano,
por Joaquín García Huidobro.
"Yo reconozco que la responsabilidad por
haber adelantado esta campaña de vacunación es completamente mía", dice el
Ministro Mañalich, explicando los problemas comunicacionales que trajo consigo.
Él no despide a un par de asesores ni le echa la culpa al empedrado: da la
cara, reconoce sus errores.
Carolina Tohá, por su parte, no dice que ganó
porque su campaña fue muy ingeniosa, o porque la Concertación es magnífica. Su
receta es muy distinta: la oposición ganó en Santiago porque fue humilde,
porque aprendió de sus errores, escuchó a la gente, e hizo un programa
"desde abajo", atendiendo a las necesidades reales de las personas.
"Estamos intentando hacer las cosas de otra manera", reconoce la
nueva Alcaldesa, pero "eso requiere una actitud muy humilde de parte de
las fuerzas de la oposición".
Algo interesante está pasando en nuestro país.
¿Quién habría pensado hace un año que esas personas, que no se caracterizan por
una baja autoestima, estén introduciendo en nuestra política una categoría
nueva, la humildad?
Pero no son los únicos. "Voy a cambiar mi
comportamiento, seré más humilde", dice Pedro Sabat. Nada de aplanadoras
ni de actitudes impositivas: "Voy a hacer lo mejor posible para ganarme el
corazón de los que no votaron por mí", señala. Aparentemente se quedará
con la Alcaldía, pero el día de su supuesta derrota no dudó en felicitar a su
contendora, reconocer sus méritos y ponerse a su disposición.
El caso más notable es el del Senador Camilo
Escalona. El político arisco y agresivo de antaño ha sido desplazado por un
hombre que escucha, que busca el entendimiento, que no tiene tiempo de pensar
en sus fobias porque le preocupa el futuro de Chile.
¿Cambiaron sus ideas políticas? No, son las
mismas, pero las expresa de manera muy distinta. Él puede seguir siendo el más
socialista de los socialistas, pero eso no significa negarse a la autocrítica y
desconocer los méritos de sus adversarios.
Este cambio no le ha salido gratis al Senador
Escalona: hoy sufre la incomprensión de los apóstoles de la política pequeña,
pero ¿quién se acordará de ellos dentro de 50 años, cuando empiece a escribirse
la historia de este período de nuestra vida nacional?
¿Qué valor tienen todas estas señales?
"Una golondrina no hace verano", decía Aristóteles hace muchos
siglos. Todavía es pronto para saber si se trata de hechos aislados o si, poco
a poco, a uno y otro lado del espectro político se insinúa un nuevo modo de
hacer política. Es un estilo diferente, que deja de lado la arrogancia y la
prepotencia, e incluye, como la cosa más normal del mundo, el reconocimiento de
los errores y la atención a las propuestas de los que piensan distinto.
No se trata aquí de ser ingenuos, y pensar que
la política es una historia del antiguo Hollywood, donde al final siempre se
hacía Justicia. No se puede negar que la arrogancia es una maleza que crece muy
rápido en el jardín de la política. Aquí no siempre ganan los buenos, pero en
los últimos tiempos las urnas han castigado a los arrogantes. Es cuestión de
preguntarles a Sarkozy, Berlusconi o Rodríguez Zapatero, que han pagado caro su
engreimiento. Cristina Fernández ve con horror cómo sus sueños corren el riesgo
de transformarse en una amarga pesadilla.
Pero no hay que ir al extranjero para encontrar
ejemplos negativos. La prepotencia está lejos de haber desaparecido de nuestro
medio. Pensemos, por ejemplo, en la forma destemplada con la que, en esta
semana, se echó al entrenador de la selección nacional de fútbol.
Es posible que el ciclo Borghi no diera para
más, pero no se echa a los entrenadores en el camarín. No al mejor técnico de
América en 2006, ni a nadie. El Sr. Borghi no es un criminal, sino simplemente
el Bichi, un hombre cuyo único delito es haber fracasado. Pero la arrogancia no
es capaz de hacer estos matices.
Maldad habrá siempre, en política como en
cualquier otra actividad. Pero nuestra experiencia y la de otros países parecen
mostrar que la arrogancia empieza a ser un vicio poco popular. Veremos qué
novedades nos traen las presidenciales. Esta semana hemos visto el lanzamiento
de la ingeniosa campaña de Andrés Velasco, con la "V" de
"voy", "voz" y "victoria". En una de esas, su
exitismo, como el de otros, puede terminar en otra "V": la de
"vacío", "vergüenza" y "vencido".
El General ingenuo,
por Hernán Felipe Errázuriz.
La ingenuidad del General Petraeus ha
desencadenado un escándalo monumental. Cándido el General: creyó que bastaba
con ser Jefe del mayor servicio secreto del mundo y utilizar direcciones de
correos anónimos para mantener ocultas sus infidelidades.
El FBI lo sorprendió. Debió haber presumido que
sus agentes están siempre listos para aprovecharse de cualquier traspié de los Jefes
de la CIA, al igual como nuestra PDI con Carabineros, y recíprocamente: las
guerras y vigilancias entre servicios de seguridad son universales.
Debió también saber que todo correo electrónico
es detectable. Puede destruirse un computador y desecharse un celular en un
basurero, pero sus comunicaciones quedan grabadas en servidores ubicados en
lugares desconocidos, accesibles legal o ilegalmente en cualquier tiempo.
Es posible que sus triunfos militares lo
obnubilaran, hasta creerse invencible y convencido de que su brillo, y no la
figuración y la información que poseía, eran sus verdaderos atributos
seductores.
Equivocado el General frente a dos mujeres: una
ambiciosa, que necesitaba la intimidad del militar para escribir su best seller
, "All In" (título que habla por sí solo, y no traduzco para evitar
interpretaciones), y otra trepadora, que perseguía las estrellas del militar
para figurar en sociedad.
Petraeus, héroe de la guerra de Irak, se
encuentra expuesto a la humillación; su cónyuge y familia, furiosas; ha perdido
la Jefatura de la CIA, y su destacada trayectoria militar ha terminado en un
desastre por sus relaciones con dos aprovechadoras. Definitivamente, no sabía
relacionarse.
Los frívolos exculpan al General cuando
comparan con sarcasmo el físico amortizado de su respetable cónyuge con el de
las dos trepadoras que participaron en las relaciones peligrosas.
Otros disfrutan del morbo y la desgracia ajena.
Los fanáticos puritanos lo condenan por adulterio -delito sabiamente derogado
en Chile sólo en 1995, y vigente todavía en Estados Unidos, potencialmente
capaz no sólo de privar de la pensión y del grado militar.
Los más severos le reprochan el riesgo de
chantaje para la seguridad nacional por su comportamiento. Los cazadores de
brujas cargan contra el Presidente Obama por haber nombrado a un ingenuo como Jefe
de los servicios de inteligencia de la mayor potencia del mundo.
Hay opiniones para todos los gustos. Lo único
objetivo es que internet y su ingenuidad destruyeron al General Petraeus, quien
más que otros debió saber que las mujeres, internet y los servicios secretos
son incontrolables.
Primarias en tierra derecha,
por Axel Buchheister.
Hasta las elecciones Municipales, muchos en el
oficialismo y la oposición se oponían a la realización de primarias. La
abstención -o desencanto- que se manifestó en ellas provocó un vuelco y hoy es
impensable no aplicarlas en la selección de los candidatos, al menos en el
ámbito Presidencial. A nivel Parlamentario, donde sea que surjan desafiantes
que reclamen su derecho a competir, tampoco podrán ser eludidas. El “dedazo” va
en retirada, y la política se reordena con asombrosa velocidad en torno a este
nuevo escenario.
Para la centroderecha, el fenómeno ha sido
promisorio hasta ahora: los candidatos Presidenciales salieron al ruedo y no se
habla de otra cosa; copar la agenda política tiene un innegable valor. En la
Concertación, para los que siguen anclados en la vieja óptica, piensan que es
cosa de tomar palco y verlos destrozarse entre ellos; para los más agudos,
surge preocupación por la captura de la escena que se está dando y comienzan a
pensar que tal vez haya que adelantar la vuelta a casa de la gran ausente. No
obstante, eso no sólo la obligará a ir también a primarias, sino que la
expondrá al desgaste y a las críticas. Y las que más dolerán no provendrán
tanto del oficialismo como de su propio sector: el que aspire al puesto tendrá
que diferenciarse y explicar por qué es mejor candidato que ella. Hacer esto a
Enríquez-Ominami le costará poco, y no es muy factible que se someta a una
primaria que le imponga muchas reglas.
Pero los problemas no paran ahí. El negocio con
los comunistas fue muy rentable en las Municipales y, naturalmente, quieren
repetirlo en las Parlamentarias. Sin embargo, sucede que en el partido rojo no
están muy llanos a participar en primarias: su caudal de votos no da para ganar
ninguna que sea competitiva. Entonces quieren mecanismos cerrados o distritos
exclusivos. Y está por verse si la gente aceptará candidatos que provengan de
cualquier fórmula que huela a un arreglo a puerta cerrada.
Aunque la Alianza también tiene sus tropiezos.
Andrés Allamand, fiel a su estilo de hablar claro -que se agradece-, da por
muerto sin más a HidroAysén y sin presentar una propuesta concreta de cómo
abordar la crisis energética que se avizora en el horizonte. Decir en
sustitución que hay que llegar a un gran acuerdo político ya no basta: la gente
se cansó de generalidades (lo ha dicho él mismo). Tuvo que salir a explicar; y
el que explica, se complica. Laurence Golborne responde que “uno no puede andar
matando ni reanimando proyectos”, ya que “nacen o mueren, eso será materia de
quienes los están llevando adelante”. A los que iremos a votar nos interesarían
declaraciones algo menos obvias y conocer cómo piensa él, por su parte, abordar
el ominoso panorama energético, ya que no lo sabemos, y eso que fue ministro de
Energía.
Las primarias son un desafío y una oportunidad
para la centroderecha de reencantar a su base votante, y demostrar que tiene
ideas capaces de convencer y convocar. Eso exige, por una parte, minimizar los
errores y, por otra, entender que es necesario plantearse de una nueva forma.
Más de lo mismo es una receta para repetir el resultado de las Municipales.
Lecciones de las Municipales
por Francisco de la Maza.
La noche del domingo 28, cuando se conocieron
los resultados de las elecciones Municipales, cambió radicalmente la lógica de
la política y, por cierto, la forma de hacer campañas. Quienes no lo quieran
entender y no corrijan el rumbo corren el riesgo de naufragar en la
incertidumbre de las preferencias de una ciudadanía libre de ejercer o no su
derecho a voto.
La abstención del 60% no es un problema; el
ejercicio de la libertad nunca lo ha sido. Al contrario, este nivel de participación
es similar al de los países desarrollados con voto voluntario. Ello da cuenta
de que el nuestro es un país con una estabilidad política e institucional
bastante consolidada y sin grandes polarizaciones.
Los últimos resultados electorales parecen
haber marcado el principio del fin de la política de feudos, donde reina la
certeza de la elegibilidad, basada en el conocimiento del comportamiento del
padrón electoral, permitiendo altos niveles de predicción de resultados. Pero
hoy es más difícil saber cuántos votos seguros se posee en una determinada
manzana, en una villa o en una ciudad. Las encuestas pueden seguir ayudando a
medir las preferencias de los entrevistados, lo que en absoluto implica que
esas cifras se traduzcan en votos.
A partir de ahora, las elecciones están
abiertas, y quienes tienen el control del resultado ya no son los partidos,
sino los ciudadanos, a través de un apoyo esquivo, que impone condiciones y que
exige haber cumplido, o mostrar capacidad para implementar programas e ideas
convocantes, atractivas y confiables. En esta línea, el problema -o el desafío-
se instaló en la vereda de los partidos políticos, que tienen la obligación de
entrar en un debate de fondo para realizar las rectificaciones que les permitan
convocar, motivar y movilizar a los electores. Estamos ante un verdadero
desafío de los dos grandes bloques políticos.
Recetas no existen. Sí hay principios a los
cuales los partidos políticos no se pueden sustraer, como la legitimidad social
que todo candidato debe exhibir. El mecanismo de primarias para la nominación
de postulantes a cargos de representación popular dota al vencedor de
fortaleza, identidad y cercanía con sus potenciales electores. En Regiones,
incluso, las primarias pueden llegar a validar a candidatos foráneos, rompiendo
con el argumento de la imposición de candidatos nombrados en Santiago.
En todos los casos, dependerá más de los
méritos del propio candidato o candidata la posibilidad de que sea nominado
postulante de un partido.
Quedó demostrado que el encierro y las
decisiones entre cuatro paredes se tornan muy riesgosos y que las primarias
ayudan a ventilar la política.
Para todo candidato, el resultado de las
últimas elecciones Municipales implica el desafío de entender que se invirtió
la forma de hacer política, que cambiaron las reglas del juego. Los liderazgos
de hoy los podemos encontrar en personas capaces de sentir el pulso cambiante
de los ciudadanos, de comprender y representar sus necesidades ofreciendo
propuestas y soluciones eficientes a esas demandas.
Además, si la sociedad decidiera financiar sólo
con recursos estatales a los partidos y las campañas, veríamos cómo afloran la
meritocracia y nuevos liderazgos.
La semana
política.
Ñuñoa, advertencia para una presidencial reñida.
En Ñuñoa, el Segundo Tribunal Electoral de
Santiago proclamó como Alcalde al candidato de la Alianza por sobre la de la
Concertación, por 30 votos, lo que representa el 0,017% del total de inscritos
en esa Comuna. La justicia electoral ha funcionado normalmente hasta ahora en
esta elección, pero este caso obliga a reflexionar sobre las Presidenciales de
2013, recordando que casi todas las anteriores han sido zanjadas por márgenes
estrechos.
Suponiendo que ese mismo porcentaje de
diferencia se diera el próximo año entre dos candidatos, significaría 2.279
votos sobre el total del padrón nacional, de 13.404.084 personas. Obviamente,
es éste un ejercicio teórico, pero sugerente de las presiones a que podría
verse sometida nuestra institucionalidad ante un resultado estrecho, en el
calor de una contienda Presidencial. Baste recordar las que se inflamaron en
1970, cuando Allende se impuso sobre Jorge Alessandri por 39.338 votos, esto
es, 1,32% de diferencia. Con nuestro padrón actual, eso equivaldría a 176.934
votos.
No cabe permitir que el sistema electoral
enfrente los comicios del próximo año sin haber corregido antes las aristas
defectuosas que evidenció en octubre pasado. ¿Resistiría incólume la paz social
un resultado Presidencial reñido como el de Ñuñoa? ¿Tendría la clase política
la madurez para aceptar pacíficamente un fallo milimétrico en la elección Presidencial,
o incluso en las Parlamentarias?
Ante esta hipótesis, sólo cabe que todos los
sectores, aun los más extremos, apoyen por igual los esfuerzos que están haciendo
el Ejecutivo y los servicios Electoral y de Registro Civil por depurar el
padrón cuanto antes. Ésa debería ser una prioridad de este verano, de modo que
ya las eventuales primarias se realicen con un referente indiscutido.
Asimismo, la clase política debería reconocer
por anticipado que, tras pronunciarse la Justicia Electoral, la decisión
ciudadana es definitiva, y no proceden retorcidos alargamientos y
cuestionamientos, que sólo van en perjuicio de la democracia que todos dicen
propugnar.
Necesaria mayor solidez programática.
El fortalecimiento de nuestra institucionalidad
política requiere también que se eleve el nivel del debate público. En la
reciente campaña Municipal estuvieron casi absolutamente ausentes los planteamientos
conceptuales y programáticos. Eso no debe repetirse y, desde esa perspectiva,
resulta muy positiva la temprana convocatoria de los centros de estudio
Libertad y Desarrollo, Instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán a una
reunión el 23 de este mes, en que los precandidatos Allamand y Golborne
expondrán sus planteamientos sobre cómo proyectar las ideas de la centroderecha
en la acción política, y eventualmente responderán preguntas de los asistentes.
Significativo es que el propio Presidente Piñera vaya a inaugurar ese
encuentro, en el que también intervendrán los Presidentes de la UDI y RN, Ministros
y otros dirigentes, en un esquema de mesas de trabajo, sobre "Sentido y
fundamentos políticos de una sociedad libre" y "Fronteras de la
economía social de mercado". Instancias como ésta vienen a suplir lo que
en pasadas campañas no han proporcionado los debates televisivos, cuyo formato
rígido impide contrastar posiciones y aun conocer las reales propuestas de los
postulantes al Ejecutivo.
Es positivo que la centroderecha chilena se
ejercite en sistematizar y explicar mejor sus ideas a la ciudadanía.
Históricamente no ha sobresalido en su aptitud para dar a conocer los alcances
de su ideario. Fluctuante entre el 30% y el 40% del electorado, más bien ha
sido tradicional que busque conquistar la fracción necesaria para alcanzar la
mayoría apoyándose en figuras atrayentes, en vez de apelar a un trabajo de
difusión y convencimiento en el plano de las ideas, y ha solido anteponer el
candidato a la plataforma programática.
La paulatina maduración del electorado y sus
crecientes demandas aconsejan invertir el orden de esos factores. El nuevo
papel que parecen empezar a asumir ahora los centros de estudio es síntoma de
eso, y no debe sorprender, pues en democracias más avanzadas, como algunas de
Europa occidental -Alemania, por ejemplo-, la labor de dichos centros y de las
fundaciones políticas es no sólo inseparable de la de los partidos, sino vital
y complementaria a la de ellos. Esas instancias son las que aportan la solidez
conceptual a las colectividades, que así alcanzan un plano superior al de sólo
aparato para la consecución de votos.
Recuperar la identidad del centro.
Lo anterior vale también para partidos de
centro, como la DC. Las elecciones Municipales mostraron una recuperación tras
el sostenido retroceso que venía experimentando, pero tiene por delante el reto
de delinear una identidad moderna que interese y atraiga a los jóvenes que se
abstuvieron en aquéllas. No puede limitarse a confiar en que un eventual
retorno de la ex Presidenta Bachelet a La Moneda va a resolver sus problemas,
como se empeñan en mostrarlo sus precandidatos Orrego y Rincón. El cuadro
político no volverá a ser el que fue antes del voto voluntario, y a su
electorado original la DC necesita añadir ahora el de las nuevas generaciones.
Requiere, pues, replantear su propuesta en un lenguaje contemporáneo, que la
distinga con claridad del eje PPD-PS.
Eso vigorizaría a la Concertación, pues ésta
ofrecería un abanico de matices -desde el centro hasta el PC- que hoy aparece
algo monocorde. En esa gama, cada componente debería poder mantener su perfil
en la selección del candidato, en la plataforma programática y, llegado el
caso, en la forma de Gobernar. Estratégicamente -sostienen muchos DC-, no basta
declararse de centro y, a continuación, plegarse a cada paso que dé la
izquierda.
Discusión sobre el proyecto de Ley de Pesca.
A escasos días del fin de la vigencia de las actuales
regulaciones que datan desde hace una década, se discute un proyecto de Ley de
Pesca que no sólo evita la “carrera olímpica”, que en ausencia de nuevas
regulaciones se desataría el 31 de diciembre, sino que, en su versión original,
mejora significativamente la Legislación actual. Estas mejoras se refieren a
asignación y regulación de las cuotas industriales de captura; regulación y
fiscalización de la pesca artesanal; desarrollo de la investigación pesquera,
además de incorporar otros elementos, entre ellos, la instalación de una plataforma
social que puede tener un impacto muy significativo. Resulta esencial que el
Congreso rescate los puntos centrales del proyecto que se han perdido en el
debate y logre una regulación adecuada para el sector pesca.
El aspecto más relevante de la propuesta
original del Gobierno es la creación de derechos a cuotas o porcentajes de la
captura total -con la posibilidad de que el Estado emita derechos adicionales
cuando las pesquerías mejoran su condición- con carácter indefinido y
plenamente transables y divisibles. Derechos así establecidos generarían
incentivos para una explotación eficiente y sustentable, y llevarían a un
ambiente competitivo y abierto a incorporar mayor eficiencia a la industria
pesquera. Esta parte del proyecto, sin embargo, ha enfrentado doble oposición:
la de quienes consideran que los actuales permisos de pesca son permanentes y
que si la Autoridad fuese a licitar cuotas se estaría expropiando a los
actuales titulares de esos permisos, y la de quienes no valoran los incentivos o
el mercado como base para organizar el sector, prefiriendo las autorizaciones
estatales, y exigen que los derechos de captura que se otorguen tengan siempre
una vigencia acotada.
Debe crearse un mercado efectivo de derechos de
captura, que no puedan ser diluidos por acciones administrativas, y que sean
indefinidos y transables si se quiere salir de la actual situación de deterioro
de las principales pesquerías nacionales, en su mayoría sobreexplotadas e,
incluso, algunas en estado de colapso. A partir de esta reforma, resulta más
valiosa la introducción de Comités Científicos Técnicos, que el proyecto
considera. Estos determinarán técnicamente el estado de las pesquerías y
establecerán el rango en que la Subsecretaría de Pesca puede establecer las cuotas
globales de captura, y cuyo trabajo será potenciado con más investigación
pesquera, fortaleciendo para estos efectos al Ifop.
Especialmente grave por su alcance resulta el
artículo 1º del proyecto que se discute, incluido por una indicación Parlamentaria
que establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios
marítimos sometidos a su jurisdicción. La aprobación de esta norma, que da
carácter de bienes Fiscales a los recursos hidrobiológicos, desconoce que no
son susceptibles de propiedad mientras no sean objeto de captura, tanto que
naturalmente pueden migrar más allá de dicho espacio marítimo. Atribuirles el
carácter de bien Fiscal es una ficción que pugna con la realidad y que
interfiere con la apropiabilidad inherente a la actividad pesquera, y que
generará severos problemas de interpretación y seguridad Jurídica en torno a la
misma. Cosa distinta es que el Estado pueda regular su captura para fines de
conservación, lo que no requiere que sea propietario del recurso.
El Presupuesto en la recta final.
A dos semanas de que se termine el plazo para
aprobar el Presupuesto 2013, se aceleran las gestiones en la Comisión Mixta
-instancia previa a la discusión por las salas del Senado y la Cámara- para ir
despachando las 26 partidas que tiene el erario público. La tensión de las
elecciones Municipales le había quitado presión al proceso, pero una vez pasado
el impacto de los resultados, el debate ha retomado su fuerza.
En una primera fase, las partidas habían sido
aprobadas con más celeridad que otros años, pero iniciada ya la discusión de
los puntos conflictivos, el panorama cambió.
El factor electoral.
Muestra del aumento de la tensión es la serie
de rechazos con que la Comisión Mixta está enviando a la sala la propuesta del
Ejecutivo, en que uno a uno se han ido bloqueando los «subtítulos 22» de
distintas partidas, donde se reúnen los bienes y servicios de consumo,
incluidos los gastos en publicidad de los Ministerios y reparticiones públicas.
En una primera etapa de la discusión, la oposición había intentado ponerles un
tope, pero ahora optó por el abierto rechazo. Al respecto, es comprensible la
inquietud por impedir un dispendio desmedido en estos ítems en un año
electoral, como será el próximo. Más cuestionable es la herramienta utilizada,
pues la difusión de sus programas es una necesidad de las distintas
reparticiones y el simple bloqueo no distingue entre el uso legítimo y el abuso
de estos recursos. Por lo mismo, cabe esperar que en las siguientes etapas de
tramitación se logre un acuerdo razonable, asumiéndose además que, para
perseguir las prácticas irregulares, las instancias obvias son finalmente la
Contraloría y los Tribunales.
Más conflictos.
Otro punto de tensión ha sido el de los
llamados Créditos Corfo. Estos se entregaron desde 1997 (Gobierno de Frei) a
jóvenes pertenecientes a familias cuyo ingreso bruto mensual no excediera las
120 UF (hoy, poco más de $2 millones líquidos). Actualmente son 106.000 los
deudores, algunos de los cuales han desarrollado activas campañas en que se
dicen "estafados por el Fisco", dado que las actuales condiciones de
becas y créditos son más beneficiosas que las que ellos pudieron tener.
Parlamentarios de diversos partidos han tomado esta bandera, donde si bien es
cierta la señalada diferencia y la existencia de algunas situaciones
dramáticas, es discutible hablar de «estafa» cuando las condiciones de suscripción
del crédito fueron claras desde un principio. Frente al tema, asumiendo la
necesidad de dar un alivio a estos deudores, el Presupuesto considera recursos
para la rebaja de la tasa de interés en 3,6 puntos porcentuales; pero los Parlamentarios
piden un «perdonazo» más amplio, que los deje con las mismas tasas de 2%
establecidas en el nuevo sistema de créditos. Los costos de ello, argumenta el
Ejecutivo, serían altísimos, tanto en recursos como en cuanto a la credibilidad
futura del sistema de créditos educacionales, que ya enfrenta serios problemas
de cobranza. Pero si la plena equiparación resulta una demanda discutible, más
lo es entrampar por ella el presupuesto de una institución como la Corfo, clave
en materias de emprendimiento e innovación.
En el caso del Transantiago, otro tema
conflictivo, se trata de recursos millonarios y que, a diferencia de los que se
invierten en salud y educación, son percibidos por la ciudadanía como excesivos
para un sistema mal evaluado y caro. El punto de tope acá son las partidas en
que se adelantan recursos para el sistema mientras la ley que establece un
subsidio permanente no sea aprobada; la exigencia Parlamentaria es que también
dichos adelantos sean correspondidos con dineros para Regiones, confirmando que
la errónea lógica de los «fondos espejo» seguirá contaminando cualquier
discusión.
Y en vivienda, el gran escollo ha sido la
aprobación de los recursos para terminar la reconstrucción (algunos Parlamentarios
cuestionan fuertemente los avances que dice tener el Gobierno) y las llamadas
"segundas oportunidades", que son los planes para mejoramiento de
barrios de vivienda social, porque se teme su uso electoral.
Contradicciones en Educación.
Esta semana hubo tanteos para un acuerdo aquí,
si bien no llegó a materializarse ayer en la comisión mixta y el tema
continuará marcando el debate en las siguientes instancias. Pero pese a que un
entendimiento es ciertamente deseable, hay algunos aspectos de las propuestas
que se han hecho para alcanzarlo que preocupan. Así, un punto central de la
demanda opositora es crear un "fondo de estabilización de la educación
pública" de unos US$ 400 millones y privilegiar los recursos para
universidades del Estado. Si bien es valorable la intención de potenciar este sector,
los instrumentos adecuados no van por la vieja fórmula de la simple inyección
de recursos. De hecho, los modelos de la subvención escolar y de las nuevas
becas y créditos para educación superior buscan vincular los aportes con
criterios de vulnerabilidad de quienes los reciben, considerando sus
preferencias y la calidad de las instituciones, más allá de su carácter público
o privado.
Por otra parte, hoy los colegios particulares
subvencionados representan el 53% de la matrícula, mientras que en las
universidades el porcentaje es del 54%, realidad que no cabe desconocer y que
representa una opción tomada por las familias. Por lo mismo, cabe tener
especial cuidado en que los intentos por fortalecer el sector público no se
traduzcan en la práctica en una discriminación hacia los alumnos de la
educación privada en sus distintos niveles. Desde esa perspectiva, en el ámbito
escolar, por ejemplo, iniciativas como la nueva carrera docente,
específicamente diseñada para potenciar la calidad en el desempeño de los profesores
de los colegios Municipales, aparecen como un camino efectivo para revitalizar
la educación pública.
Contra la simplificación de trámites
Un grupo de Diputados de oposición ha
presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que, de ser considerado
admisible, paralizará por tiempo indefinido la tramitación del proyecto de ley
sobre simplificación de los trámites relativos a la constitución y
modificaciones de las personas jurídicas. Este proyecto forma parte de una
serie de medidas destinadas a fomentar y facilitar el emprendimiento,
eliminando los principales obstáculos para el desarrollo de iniciativas
empresariales. Según los datos de " Doing Business " tenidos a la
vista durante la elaboración del proyecto, para constituir una empresa en Chile
se requieren 9 trámites, versus un promedio de 5,7 en los países de la OCDE. El
tiempo para constituir una empresa en Chile alcanza a 27 días, mientras que
entre los miembros de dicha organización es de 13 en promedio. A su vez, el
costo de constitución -como porcentaje del ingreso per cápita- en Chile es de
6,9% (415 dólares), mientras en la OCDE dicho valor es de 4,7%. El proyecto
apunta a disminuir en forma importante estos costos en tiempo y recursos,
buscando duplicar la tasa de creación neta de empresas en Chile de modo que
alcance las 20.000 al año.
Es evidente que si los costos de la
formalización de la actividad empresarial disminuyen, alguien deja de percibir
ingresos en similar proporción y, por tanto, cabe preguntarse a quién afecta en
tal sentido este proyecto. La cuestión de Constitucionalidad planteada por los Diputados
de la oposición podría contener una respuesta a esta pregunta, pues dos de los
tres puntos que somete a la Jurisdicción Constitucional tienen relación con la
idea de que la Constitución, en definitiva, obligaría a mantener las actuales
facultades y atribuciones de los Notarios y Conservadores en materia de
constitución, modificación, transformación y disolución de personas jurídicas.
La disminución de estas facultades haría -según los Diputados recurrentes- que
el proyecto resulte Constitucionalmente inviable. Merece análisis la
circunstancia de que los Diputados firmantes se hayan hecho eco en forma tan
contundente de esta preocupación gremial.
Por otro lado, en pleno siglo XXI resulta muy
llamativo el tercer aspecto planteado en el recurso, según el cual el proyecto
sería discriminatorio, pues establecería "un beneficio económico indirecto
a favor de un sector económico de la sociedad, que serían las personas que
aspiran a ser empresarios o ya lo son". Aparte de que un trato
diferenciado por esta causa estaría lejos de ser discriminatorio -no es lo
mismo asumir un riesgo para crear una empresa que recibir un salario-, Chile
necesita emprendimiento para generar empleos de calidad y a largo plazo, así
como para proporcionar al Estado los ingresos requeridos para dar un salto
cualitativo en educación e infraestructura públicas.
¿Más feriados?
El que la Cámara de Diputados haya aprobado la
moción de agregar como feriado el 17 de septiembre cada vez que los días 18 y
19 de ese mes coincidan con un fin de semana, y el 2 de enero cuando éste
ocurra un día lunes, habla mal del estado de nuestra política. Dicha moción fue
presentada el 17 de octubre por 10 Diputados oficialistas y de oposición, y en
menos de un mes lograron la mayoría de votos. No es responsable mantener un
discurso que propugne aumentar la riqueza del país, de modo que el Estado
disponga de más recursos para realizar su labor, incluida la de apoyo a los
sectores más vulnerables, que busque alcanzar el nivel de vida de los países
desarrollados y lograr así eliminar la pobreza, y simultáneamente Legislar en
favor de aumentar el ocio y el descanso. Esta señal mueve a riesgosa
desorientación: la historia de la humanidad es de trabajo. El mejoramiento de
las condiciones de vida no ha significado una disminución de la actividad
laboral organizada, salvo la sustitución del trabajo de niños y jóvenes por
otra actividad tan organizada y exigente como aquél: el estudio. Dicho
mejoramiento proviene de los avances tecnológicos, que sólo se logran con mayor
conocimiento y más trabajo. Ellos permiten disfrutar mejor de una misma
cantidad de tiempo libre. Los esfuerzos por disminuir la jornada laboral en
Francia a 35 horas semanales han debido ser flexibilizados, y el empeño europeo
por reducir el tiempo de trabajo de la población, aumentando vacaciones y
permitiendo bajas edades de jubilación está en el corazón de las dificultades
financieras y la disminución del estándar de vida que enfrentan varios de sus
países.
Chile tiene ya 14 feriados en el año (lo que ya
es un aumento respecto de décadas anteriores), 5 de los cuales son
irrenunciables, afectando negativamente la posibilidad de las personas de
utilizarlos para sus compras y repercutiendo así en la actividad productiva
general del país, a lo que se agregarían dos más según esta ley. ¿Se quiere
seguir por este camino? Tiene sentido lo que se intentó hace algunos años, esto
es, definir un número fijo y menor de feriados, y asignarlos siempre a un día
lunes. Eso no prosperó, por el mismo populismo que inspira la moción actual.
Es de esperar que en el Senado se retome la
cordura, y se revierta lo aprobado en la Cámara, por el bien del país y de la
política, que requiere con urgencia comenzar a recuperar su prestigio y sentido
de responsabilidad.
Funcionamiento de la justicia electoral.
Era previsible que, debido a los múltiples
problemas derivados de la instauración de la inscripción automática y del voto
voluntario y su primera aplicación en las recientes elecciones Municipales, los
Tribunales Electorales tendrían un desempeño importante, como efectivamente ha
ocurrido. Supuestos votos perdidos, incongruencias en las actas, inclusión de
personas fallecidas en el padrón electoral, aparición de urnas no escrutadas,
retraso en la entrega de información, llevaron a no pocos candidatos que se
sintieron afectados a recurrir a ella.
Con todo, lo que podría haber dado lugar a un
problema mayor ha fluido dentro de los cauces institucionales -con la anulación
de muy pocas elecciones y la proclamación de algunos candidatos que parecían inicialmente
perdedores-, gracias al buen desempeño de los Tribunales Electorales y a la
colaboración y correcta aceptación de sus veredictos por todas las partes.
Uno de los casos más significativos ha sido el
de Ñuñoa, donde el Tribunal Electoral Metropolitano declaró como ganador a
Pedro Sabat (RN), por sólo 30 votos de diferencia con Maya Fernández (PS),
revirtiendo el resultado inicial. El mismo Tribunal, ateniéndose a la
institucionalidad, declaró admisible el recurso presentado por el Partido Socialista
(PS), dejando la decisión final en manos del Tribunal Calificador de Elecciones
(Tricel).
A su vez, en Ollagüe el Tribunal Electoral de
Antofagasta declaró nulo el proceso y ordenó repetir la elección, debido a un
supuesto "acarreo" de votantes: pese a contar esa localidad con una
población de sólo 246 habitantes mayores de edad, votaron 723 personas,
resultando ganador Carlos Reygadas (UDI) con 436 sufragios. Tal situación no es
nueva en ella, sin embargo, ya que en elecciones anteriores se habían llegado a
contabilizar 1.055 votos. El conjunto de la situación merece análisis
posterior, porque privilegia una prueba de domicilio hoy difícilmente exigible
y comprobable.
Los problemas suscitados en esta elección han
sido enfrentados por la justicia electoral. No obstante, el Gobierno ha hecho
bien en tomar la iniciativa de introducir mejoramientos en el sistema
electoral, buscando evitar que situaciones similares se repitan, con el riesgo
de producir un daño mayor en la confianza ciudadana, que puede tener riesgosas
consecuencias. Es más que oportuno el anuncio de un proyecto de ley para
diciembre próximo -que no admite postergación-, elaborado por una comisión de
expertos, que contemplaría un mecanismo de capacitación permanente para los
vocales de mesa y una integral depuración del padrón electoral.
Temas económicos: Petrobras y Ecopetrol.
Éstas son condiciones necesarias pero no
suficientes. El grado de vinculación público-privada es sin duda el tema que
crea mayores tensiones y posiciones encontradas, generalmente provenientes del
mundo político y no técnico, a resultas de posiciones ideológicas. La evidencia
muestra que sin recursos privados, difícilmente se puede aprovechar la riqueza
medioambiental de un país. El tamaño de las inversiones requeridas sólo en lo
relativo a mantener la vida útil de los activos de las empresas en este rubro
-que en muchos casos representa varios puntos del producto del país- y el costo
de oportunidad de los recursos públicos son los argumentos más obvios.
Colombia y Brasil han avanzado recientemente en
esta materia. Ecopetrol (Colombia) y Petrobras (Brasil) son casos exitosos de
administración público-privada de empresas que originalmente eran manejadas en
forma ineficiente por el Estado.
Petrobras fue fundada en los años 50 como una
empresa estatal. En 1997, bajo la administración del Presidente Cardoso y en el
contexto de un ajuste para impulsar las mejores prácticas y la transparencia, y
blindar las finanzas y la gestión de la compañía de los problemas propios de
una empresa del Estado, Petrobras se privatizó parcialmente. El Gobierno
conservó el control de la empresa, con el 56% de las acciones con derecho a
voto. El proceso ha significado beneficios para Brasil y su población, y le ha
permitido a Petrobras competir de igual a igual con empresas locales y
extranjeras. El directorio de 9 miembros (5 que representan al Gobierno y 4 al
capital privado) ha podido llevarla a un sitial de otro modo inalcanzable.
Petrobras tiene hoy alianzas con importantes empresas extranjeras para la
exploración del crudo y su internacionalización hace que actúe ya en más de 20
países.
La colombiana Ecopetrol ha seguido esos pasos.
En 2006 se autorizó por ley la venta del 20% de la compañía, del cual sólo se
vendió entonces 10,1%. En 2010, bajo la administración del Presidente Santos,
se anunció la venta de otro 10%. Los límites del porcentaje de la entidad que
puede ser vendido a privados están fijados en la Constitución, y su estructura
incluye un directorio con miembros nombrados por las Provincias en las que la
empresa extrae hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es el
ente regulador, creado específicamente para evitar que Ecopetrol fuese Juez y
parte en este mercado. La incorporación de recursos frescos y el sistema
regulatorio han permitido un rápido desarrollo de la empresa.
En la actualidad Ecopetrol realiza actividades
de exploración y explotación no sólo en territorio colombiano, sino que también
en el exterior. Su continuo crecimiento la ha transformado en una de las 25 más
grandes empresas del petróleo del mundo y una de las cuatro más importantes de
América Latina.
Pero no todo ha sido éxito en estas empresas,
particularmente Petrobras: en agosto pasado reportó pérdidas, por primera vez
en 13 años, y no por los cambios realizados en la compañía, sino por lo poco
profundo de ellos. Desde 2006 el Gobierno brasileño ha controlado el precio del
petróleo (para manejar la inflación), ocasionando aumentos de demanda que han
sido cubiertos con caras importaciones por la empresa. Asimismo, la
construcción de refinerías en el noreste del país ha respondido a presiones de
desarrollo Regional y no a decisiones estratégicas técnicas. Todo esto ha
determinado una presión importante sobre los resultados de la empresa -lo que
afecta al país- y explica los esfuerzos recientes de la dirección de la
compañía para disminuir la presión política y aumentar la eficiencia.
Chile y su cobre: Codelco.
Chile pertenece al afortunado grupo de países
que cuentan con importantes recursos naturales. El cobre representa cerca del
20% del PIB total y el 64% de las exportaciones totales. Los capitales privados
están aprovechando la bonanza de precios. Chile y Perú recibirán un porcentaje
importante de los más de 180 mil millones de dólares de inversión en
desarrollos mineros que se prevén durante la próxima década en América Latina.
En este escenario de alta competitividad, es
inevitable preguntarse si Codelco podrá competir de igual a igual con los
privados. En los últimos años se han realizado importantes avances en el Gobierno
corporativo de la empresa. Su sólida posición le permitió recientemente colocar
bonos por 2 mil millones de dólares a la tasa de interés más baja obtenida en
la historia de un emisor corporativo o soberano de América Latina.
Pero con un plan de inversiones por más de 17
mil millones de dólares -que no incluyen la expansión de Andina-Los Bronces- y
dados los importantes y caros desafíos que enfrentarán las siguientes Administraciones
en materias sociales y económicas, es necesario evaluar la posibilidad de
esquemas innovadores para Codelco, que faciliten la disponibilidad de recursos
para su creciente proceso de internacionalización y desarrollo.
Cambio de liderazgo en China.
El partido Comunista de China ha concluido su
XVIII Congreso sin grandes sorpresas, instalando en el cargo de Secretario General
a Xi Jinping, quien además debería asumir la Presidencia del país en marzo, y
designando a nuevas Autoridades en el Politburó y en el Comité Permanente del
mismo.
La transición se ha completado de manera
tranquila. En torno a los acuerdos alcanzados ronda la figura del ex Secretario
General (1989-2002) y ex Presidente (1993-2002) Jiang Zemin, quien ha logrado
designar a cinco de los miembros de su facción en el Comité Permanente del
Politburó, integrado a partir de ahora por siete personas. Por otro lado, la
facción liderada por el actual Presidente y hasta hace unos días Secretario General,
Hu Jintao, ha conseguido convertirse en mayoría en el Politburó (25 miembros) y
debería tener posibilidades de ganar influencia en 2017, cuando varios de los
seguidores de Jiang en el Comité Permanente deban dimitir por razones de edad.
Las diferencias entre ambos grupos se relacionan con la velocidad con que deben
adoptarse las reformas económicas. Los seguidores de Jiang, entre quienes se
cuenta el nuevo líder Xi Jinping, han sido críticos del ritmo aletargado de
cambios que, a su juicio, impuso Hu. Por lo tanto, es esperable que ahora se adopten
medidas más audaces en este ámbito.
Donde no se esperan grandes transformaciones es
en la esfera política. Las nuevas Autoridades han identificado a la corrupción
como el enemigo a vencer, pero no parecen dispuestas a combatirla a través de
una apertura democrática. Esto garantiza que los problemas seguirán, pues las
faltas a la probidad son características de sistemas cerrados como el chino. La
falta de libertades políticas puede traer problemas a autoridades que en los
próximos años enfrentarán a una población más empoderada y un aumento de las
manifestaciones de descontento que se han venido registrando.