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Ayer salió en libertad José Andrés Aguirre Ovalle, el ex
Cura Tato, condenado por abusos
contra menores,
lo que vemos como aberrante, fue agraciado con una
rebaja de condena de dos años, lo que le permitió
abandonar el penal de Colina I. |
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El Presidente Sebastián Piñera encabezó ayer en la
tarde en Dichato la ceremonia de inauguración del
Conjunto Habitacional Bahía Azul, 128 departamentos,
ocasión en que destacó que ‘’ Hemos
avanzado mucho
en poco más de dos años’’. |
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 Corte Suprema se mostró ´´tranquila´´ por postura
chilena en La Haya,
el Pleno del máximo Tribunal se
reunió con Alfredo
Moreno a una semana del comienzo
de los alegatos en el litigio marítimo con Perú. |
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Ministro de Educación, Harald Beyer, pidió a
Consejo
de Defensa del
Estado ampliar querella a todos los
involucrados en
caso sobornos, CDE no se ha
querellado contra
el ex rector de la U. Pedro de Valdivia.
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La Cámara de
Diputados avanzó ayer en el despacho de
la Ley de
Presupuesto, aunque con el rechazo de partida
de Salud, la que
deberá ser revisada por la Comisión
Mixta del Congreso. |
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Una absurda moción de los Senadores
Alejandro Navarro,
Jaime Quintana y Eugenio Tuma
busca rebajar a 14 años el
requisito para sufragar en
elecciones Municipales, la
propuesta será debatida por la Comisión de Derechos
Humanos. |
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Hernán Calderón, Presidente de CONADECYS, dijo,
sobre el Cyber
Monday 2012, que ‘’Cualquier evento
de esta magnitud
que tenga deficiencias y que no
muestra precios
anteriores o tiene stock limitado’’,
deberían prohibirse porque solo buscan publicidad. |
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Sacan chispas las declaraciones de Ignacio Walker,
Presidente de la DC, quien aseguró que descarta
un Gobierno con los comunistas en el Gabinete,
Patricio Aylwin dijo que a él no le molestaría un
Gabinete con el PC. Por cierto socialistas y
comunistas están indignados. |
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Investigadores españoles descubrieron cómo proteger
el ADN de cambios
adversos, científicos de la Universidad
Pompeu Fabra de
Barcelona identificaron una molécula
que regula la
duplicación de células frente a cambios
ambientales. |
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Justicia egipcia examinará polémico decreto sobre aumento
del poder del Presidente, el 4 de diciembre el Consejo del
Estado evaluará cancelar el decreto del Mandatario, Mohamed
Mursi, que desató una ola de protestas. Mandatario asegura
que no modificará esa Ley. |
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Independentistas catalanes sufrieron un duro revés en
las urnas, el partido del Presidente Regional, Artur Mas,
no sólo no pudo alcanzar la mayoría absoluta a la que
aspiraban, sino que perdió 12 escaños. |
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Samsung negó la presencia de mano de obra infantil
entre sus proveedores chinos, la empresa surcoreana
descartó la existencia de explotación infantil en 105
fábricas de sus más de 250 proveedores en el gigante
asiático. |
Abstención: ¿La culpa es del chancho?,
por Eugenio
Guzmán.
La abstención electoral ha generado toda
suerte de explicaciones acerca de sus causas. Así, entre los principales
responsables de ella se consigna a los partidos políticos y a los políticos. Se
postula, por ejemplo, que estos últimos sólo se preocuparían de legislar para
sí mismos, despreocupándose del país. Incluso, algunas explicaciones más
sofisticadas culpan al sistema electoral de esta situación, olvidando que la
abstención ha aumentado de manera sostenida desde 1988. Todo ello se ha
traducido en un discurso antipolítico que es alimentado por todos, desde los
medios y hasta los propios políticos, por paradójico que sea.
Lo curioso de este tipo de argumentación, que
en principio puede ser correcta pues describe una realidad, es que
aparentemente asume que los políticos serían como seres extraños, de otra
especie, entes de otro planeta, que han venido a dominarnos. Sin embargo, ellos
provienen y se han formado en los mismos grupos humanos que el resto de la
población.
Ciertamente, se dirá que no es tan así, pues
los políticos serían miembros de las élites que se reproducen para mantener el
poder. Eso no es efectivo; sólo basta ver el origen de nuestros representantes
para constatarlo, sin necesidad de ser un experto en genealogía: muy por el
contrario de tales tesis, nuestros políticos provienen de un amplio espectro de
sectores medios y altos correspondientes a la mayoría del país.
Nadie duda de que muchos incurren en conductas
reprobables y dado el cargo que poseen nos sentimos con el derecho de exigirles
un comportamiento probo y exento de reproche. Les pedimos que sean virtuosos.
Más aún, esperamos que la política sea un espacio aséptico, no contaminado, y
cuando descubrimos que ello no es así, surge la crítica devastadora. No cabe
duda de que es bueno que una sociedad exija estándares altos; no obstante, ¿qué
explica que, siendo tan chilenos y proviniendo de los mismos ambientes que el
resto, sean percibidos tan distintos como se desprende de las críticas que se
les hacen? Es evidente que se requieren explicaciones distintas.
Lo anterior implica asumir una forma diferente
de leer la política, y en particular la abstención. Nos remite a otro tipo de
reflexión, cuyo énfasis está en el tipo de prácticas que tenemos como sociedad
y en el tipo de virtudes que cultivamos, en especial las virtudes cívicas y pro
sociales que desplegamos. Así, la calidad de la política no es independiente de
la calidad de nuestras prácticas cotidianas. En resumen, los males de la
política no tienen su única causa en lo que hacen los políticos, sino que
también en cómo nos comportamos a diario, en nuestras carencias de capital
social y asociatividad. En concreto, en nuestra tolerancia al incumplimiento de
reglas, lo que se refleja en multitud de casos: la falsificación de información
(licencias, datos para obtener beneficios, etc.), la búsqueda permanente de
excepciones para obtener favores, el no pago de servicios públicos (locomoción
colectiva), la intolerancia al fracaso, la inmediatez, etc.
En este contexto, el echarles la culpa a la
política y a los políticos (el chancho) de muchos de nuestros males, y en
especial de la abstención, puede tener una lectura diferente: constituye la
gran excusa moral para justificar nuestra falta de compromiso cívico. En
efecto, decir que los políticos están alejados de la gente, que no hacen bien
su trabajo, que no tienen legitimidad, es la mejor excusa “moral” para no
votar. Sin embargo, es sólo una excusa moral... y como tal, perfecta: una
“convicción”.
Es importante reconocer que las elecciones y
la política no siempre tienen un carácter decisivo, no obstante su relevancia.
Lo clave es sincerarnos y no esconder detrás de argumentos éticos dudosos el
desinterés que ella nos suscita.
Gauguin y la crisis española,
por Tamara Avetikian.
Leo una noticia penosa: "El Teatro Real
de España ha cancelado las tres representaciones de 'La flauta mágica', de
Mozart, que tenía previstas para el año que viene con la Filarmónica de Berlín,
al no poder hacer frente a los costes tras los recortes en las aportaciones
públicas".
Sí, es penosa, y refleja la dramática realidad
económica que se está viviendo en España en todos los ámbitos. Los responsables
del teatro se quejan de que su presupuesto 2013 disminuyó 33%, de que la gente
no compra entradas porque el alza del IVA llevó los precios a un nivel difícil
de costear para muchos madrileños que han visto reducidos sus sueldos por los
ajustes Fiscales y privados.
La cultura parece siempre vulnerable a los
ahorros públicos, y tanto más en momentos de crisis, cuando los empresarios
tampoco están en buen pie para financiarla. Durante años, los bancos y las
cajas, muchas de ellas ahora en bancarrota, aportaban como parte de sus
obligaciones sociales. Los españoles se habían acostumbrado a vivir muy bien, y
la cultura es parte de ese bienestar.
En tiempos duros deben conformarse con
actividades de menor costo, como exhibiciones de arte, por ejemplo. Me tocó ver
hace unos días en Madrid que El Prado estaba repleto, y no sólo de turistas.
También hice una enorme fila en la boletería del Thyssen-Bornemisza para ver la
magnífica muestra de pintura "Gauguin y el viaje a lo exótico". La
entrada cuesta diez euros, algo accesible todavía para un bolsillo de la clase
media en crisis. Y más que aceptable por la calidad de la exposición, un zoom a
su obra en Tahiti, en diálogo con las de otros artistas de su tiempo, como el
expresionista Ernst Ludwig Kirchner, o los postimpresionistas Henri Rousseau y
Matisse, y su influencia en el fauvismo.
Con Gauguin, el mundo se llena de colores, y
se olvidan las circunstancias económicas. Por supuesto, sé que no a todos les
ocurre lo mismo. Los millones de desempleados, los miles que pierden sus
viviendas por no pagar la hipoteca y, por cierto, quienes deben vivir de la
beneficencia no están en ánimo de ver obras de arte. Ellos fueron los que
salieron masivamente a la calle hace 12 días para expresar su descontento con
las duras pero necesarias medidas que implementó el Gobierno de Mariano Rajoy
para reducir el enorme déficit fiscal. A nadie le gustan, pero no hay alternativa.
Los españoles saben que deben apretarse el
cinturón. Todos, incluidos los catalanes que han levantado las banderas
independentistas. Y Rajoy -que no quiere acudir al rescate europeo, después de
recibir cien mil millones de euros para sanear el sistema financiero- toma las
decisiones sin medir el costo de su popularidad.
Ahora, cómo saldrá Europa de la crisis es
harina de otro costal. Quizás la devaluación del euro, como lo plantea el
profesor de Harvard Martin Feldstein, sea una opción posible.
Abuso sexual infantil
por Tom Olsen,
UNICEF.
En esta última semana hemos sido remecidos por el
descubrimiento de una red de explotación sexual que involucra a menores de
edad. Esta noticia fue un balde de agua fría a los buenos índices que muestra
Chile en diferentes ámbitos relacionados con el desarrollo de la infancia y la
adolescencia. Este hecho dejó en evidencia la gran desprotección en que viven
muchos niños y adolescentes de los sectores más vulnerables.
Pero los abusos sexuales no son una situación
que afecta sólo a menores de edad de escasos recursos. Las abundantes denuncias
que hemos conocido durante este año muestran que se trata de un delito que
ocurre en colegios y jardines infantiles, públicos y privados, laicos o
religiosos, en todo el país.
El abuso sexual es un delito y no una simple
falta o una conducta desviada. En eso no debemos confundirnos. Es una conducta
que está penada por la ley. Ahora, cuando el abuso sexual afecta a menores de
edad es un hecho mucho más grave, por las implicancias que esto tiene para el
resto de sus vidas.
Un reciente estudio de Unicef revela que 1 de
cada 10 niños son víctimas de abuso sexual y que la edad promedio en que se
inicia el abuso son los ocho años. Además, esta misma investigación establece
que las niñas están mucho más expuestas a sufrir abusos sexuales, ya que el 75%
de las víctimas son mujeres y un 25% son hombres. Esta cifra es muy similar a
lo que ocurre en otros países del mundo. Estudios internacionales indican que a
nivel mundial cerca de un 10% de niños han sido víctima de abuso sexual, cifra
que en América Latina se eleva levemente, ya que varía entre un 12 y un 19%.
Las víctimas de abuso sexual viven la
situación con mucha culpa y miedo. Es importante recordar que habitualmente
este tipo de delitos es perpetrado por un conocido. Diversas investigaciones
señalan que la mayoría de los niños no denuncian la violencia sexual por temor
a lo que le pueda pasar a sus familias (el agresor los amenaza con dañar a
alguien de su familia) o por miedo a que sus familias se sientan avergonzadas
de ellas o no les crean. Un niño que relate una experiencia de un abuso sexual
debe ser escuchado y acogido, ya que se trata de situaciones sobre las cuales no
tienen repertorio conductual ni verbal.
Las víctimas de abusos sexuales necesitan
protección y reparación. Los niños o adolescentes que han vivido una situación
de este tipo son víctimas y deben ser tratadas como tales. Es importante no
estigmatizarlas ni hacerlas sentir culpables de lo vivido. Nada los hace
responsable de los abusos, ni su forma de vestir ni su grado de desarrollo.
Los niños no se pueden proteger por sí mismos
de los abusos sexuales, necesitan que los adultos los protejan y estén atentos
a las diversas señales de auxilios que ellos envían. El cuidado de todos los
niños es una responsabilidad de la sociedad y no sólo de los adultos más
cercanos.
Según la investigación, la red de explotación
sexual infantil funcionó casi por 20 años y, sin embargo, a nadie le llamó la
atención lo que ocurría. Tal vez una denuncia oportuna habría evitado que
muchas niñas y adolescentes fuesen hoy víctimas.
Crisis en el sistema de acreditación
universitaria.
El caso de la Universidad del Mar, con las
manifestaciones de protesta de miles de estudiantes afectados por los
conflictos e irregularidades en que se han visto envueltos los órganos
directivos de la institución, puso en evidencia pública, entre otras cosas, las
fallas de los mecanismos de acreditación de las entidades de esa naturaleza que
han operado en los últimos años. A raíz de esa situación, las investigaciones
tanto de la Contraloría como del Ministerio Público respecto de la labor
desarrollada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) están revelando la
verdadera magnitud del problema, con acusaciones de orden penal que comprometen
a un número cada vez mayor de personas con intervención en distintos centros y
actividades de la educación superior.
Así, en los últimos días han sido formalizados
por algunos de los delitos de cohecho, soborno, lavado de activos, negociación
incompatible, violación de secreto o tráfico de influencias dos rectores de
universidades privadas y el propio ex Presidente de la CNA, y se esperan nuevas
denuncias similares. Esta investigación se ha centrado precisamente en el
presunto otorgamiento indebido, y al parecer mediante pagos de dinero o encargo
de informes remunerados, de la calidad de institución reconocida legalmente.
Aun estando pendiente la total comprobación
judicial de las responsabilidades personales respectivas, tanto la naturaleza
de estos hechos como los antecedentes que se han difundido acerca de los
contactos entre las partes involucradas antes y después de la decisión de la
CNA causan natural estupor por su gravedad, y a ellos se suma hoy un lapidario
informe de la Contraloría sobre el funcionamiento de la entidad. Sin embargo,
hace ya tiempo que el juicio de los expertos sobre el procedimiento mismo de acreditación
era, desde su origen, muy negativo, hasta el punto de que el Gobierno convocó
para analizarlo una comisión Ministerial que no logró su objetivo, también
pidió un informe a la OCDE y finalmente anunció un proyecto de ley para
reformar el sistema. Se ha sugerido incluso que, con mayor urgencia, se envíe
otro de “ley corta” para evitar que cunda la actual crisis.
Las principales críticas —de las que durante
este año hemos dado cuenta en diversas oportunidades— se refieren a la elección
de los informantes técnicos de las condiciones de las entidades solicitantes y
de los propios miembros de la CNA por ellas mismas, y la participación de sus
representantes en las instancias decisorias de la acreditación; la falta de
estándares comunes que se deban exigir y de normas claras para la asignación
del número de años del reconocimiento; la revisión de los procesos y no de los
resultados de cada caso; que la acreditación no sea obligatoria y su ausencia
penada; que no se examine la solvencia académica y sí sólo la económica de las
agencias acreditadoras, y no se recurra a las internacionales de prestigio
reconocido; que no esté bien definida la relación de la CNA y el Consejo
Nacional de Educación, y el que las agencias que acreditan carreras se
conviertan, en la práctica, en clientes de las universidades.
El problema es complejo y debe ser enfrentado
por su alto interés nacional, si bien felizmente los antecedentes hasta hora
conocidos parecen no comprometer a los principales centros de estudios
superiores del país, de prestigio reconocido. Pero sus alcances resultan
perniciosos y suponen una revisión a fondo y una reforma del sistema de
acreditación que asegure su rigor y eficiencia, y recupere su credibilidad, sin
perjuicio de las sanciones que merecen aquellos actores del sistema cuya
culpabilidad se establezca.
¿Como un Alcalde mayor?
El nuevo Intendente de la Región
Metropolitana, Juan Antonio Peribonio, ha declarado a este diario que una de
las líneas de su gestión será actuar como un facilitador de las comunicaciones
entre las diversas Autoridades Comunales, en un papel que asimiló al de un Alcalde
Mayor, figura que otros países contemplan para sus grandes urbes. Tal propósito
es loable, pero probablemente habrá de abordarse en el plano oficioso, pues
parece difícil que sus actuales atribuciones legales le permitan asumir las
principales actuaciones de un Alcalde Mayor en la experiencia comparada.
No obstante, en la práctica, el problema de
insuficiencia o falta de coordinación entre las Autoridades Comunales se torna
creciente en una ciudad de las dimensiones y complejidades de Santiago
-dividida en decenas de Municipalidades independientes-, cuyo funcionamiento se
ve afectado por la ausencia de una visión global.
Asimismo, a medida que algunos polos Regionales
de desarrollo se transforman también en ciudades que abarcan varias Comunas,
estas deficiencias de la organización Edilicia comienzan a repetirse a lo largo
del país. A los actuales casos de Concepción y Valparaíso-Viña de Mar se
añadirán en el futuro próximo los de Puerto Montt y Antofagasta. En esas urbes Regionales,
a los problemas capitalinos de contaminación y congestión se agrega, como una
derivación del centralismo nacional, la falta de cuadros técnicos de alto nivel
en las Municipalidades. Asimismo, son ciudades cuyo rápido crecimiento ha sido
reciente, por lo que han tenido menos tiempo de adaptarse a los cambios que él
produce.
En esta evolución de los conglomerados
urbanos, la necesidad de una figura con ciertas facultades coordinadoras de los
Municipios en algunas áreas parece una necesidad creciente para fijar políticas
de ciudad, al menos en aquellos temas que le conciernen en forma global. Pero,
más allá de la reforma Constitucional que eso supondría, una figura con tanta
visibilidad, elegida mediante voto directo de los habitantes, sería un
potencial competidor incómodo para los demás políticos zonales, y en el caso de
un eventual Alcalde Mayor de Santiago -como ocurre en muchos países que han
creado ese cargo-, podría serlo incluso para el Gobernante nacional.
¿De qué espacio político dispone el Intendente
en la actualidad? Acaso del mismo que empleó exitosamente en su cargo anterior:
la apelación a la comunicación posible para persuadir. En el Sernac interactuó
adecuadamente con ellos para conseguir sus objetivos. Eso requerirá prudencia,
pero se justifica explorarlo, pues es notorio que la ciudadanía presta cada vez
mayor importancia a estos temas -incluso más que a los estrictamente políticos.
Medidas para enfrentar la sequía.
Apesar de las proyecciones que indicaban que
este sería un año con niveles de lluvia superiores a los dos anteriores, en la
práctica ocurrió todo lo contrario. El escenario de prolongada sequía se mantiene
y afecta a más de 100 Comunas, principalmente de la zona centro-norte del país,
las que fueron declaradas zonas de emergencia agrícola. A octubre, el informe
de la Dirección General de Aguas indicaba que el volumen almacenado en los
embalses llegaba, en promedio, al 34% de su capacidad, cifra que evidencia la
magnitud del problema.
Para enfrentar esta situación, tanto el Estado
como privados han realizado importantes esfuerzos destinados a morigerar el
impacto que está provocando la sequía, principalmente en la agricultura. Ello
ha requerido inversiones en tecnología, obras de riego, mejoras en
canalizaciones y bombardeo de nubes, entre otras. Sin embargo, éstas -en su
gran mayoría paliativas- requieren ser complementadas con propuestas de largo
alcance y que se hagan cargo de las deficiencias de fondo, entendiendo que este
es un fenómeno cíclico.
En este sentido, es prioritario ajustar la
capacidad de la infraestructura a la nueva realidad (por ejemplo, con un mayor
número de embalses) que permita aprovechar los recursos hídricos, logrando un
volumen suficiente de acopio y evitando que se pierda en el mar. También
resulta fundamental administrar eficientemente el agua disponible, tanto en
períodos de mayor abundancia como de escasez.
Esto último demanda una eficiente coordinación
de las distintas entidades públicas responsables del tema, por lo que el
estudio que el Ministerio de Obras Públicas encargó al Banco Mundial, con el
propósito de poder mejorar la organización y facultades de la Dirección General
de Aguas, es una señal positiva en esa dirección.
Reimpulso de la agenda política.
Con ocasión de conmemorarse los 200 años del
Senado, el Presidente Piñera anunció la intención del Gobierno de reactivar la
agenda de reformas políticas que ha venido impulsando. Ellas incluyen el
derecho a voto de los chilenos residentes en el exterior -frenada desde que en
noviembre de 2011 el Ejecutivo insistió en ella, tras haber sido rechazada por
la Cámara-; la elección directa de Consejeros Regionales; los plebiscitos y
consultas Comunales -recientemente rechazados por el Senado-; la nueva Ley de
Partidos Políticos -aún no ingresada-; el fideicomiso ciego y la regulación del
lobby. Asimismo, el Mandatario se manifestó abierto a discutir posibles
perfeccionamientos al sistema binominal.
Estos anuncios han despertado aprensiones en
sectores del oficialismo, que habían aconsejado al Gobierno congelar por ahora
el debate de las reformas políticas, dado el negativo saldo de las elecciones Municipales
en cuanto a resultados y a funcionamiento del nuevo sistema.
La oposición valoró el anuncio Presidencial,
pero advirtió que, más que reformas aisladas, se requiere una revisión orgánica
del sistema político, que debería tener como base el reemplazo del sistema
binominal.
No están claras las razones del Presidente
para reimpulsar esta agenda política. Algunos sostienen que busca contrarrestar
el descontento social que reflejaría el alto nivel de abstención en los
comicios Municipales, estimando que "el escenario que enfrenta nuestra
democracia requiere nuevas reformas", como lo sostuvo en la referida
celebración del Senado. Otros piensan que es parte de una estrategia política
con miras a las elecciones de 2013. Y hay quienes creen que este anuncio sería
fruto de conversaciones previas entre el Gobierno y la oposición, en las que la
moneda de cambio para la aprobación de las reformas sería el financiamiento estatal
de los partidos.
Todo indica que el momento para reimpulsar
estas reformas no es el adecuado. Más allá de cuán probable es que a la postre
no exista apoyo suficiente para aprobarlas y de que la agenda del último año
del actual período Presidencial ya está recargada, el sistema político requiere
tiempo para absorber el cambio profundo que ha significado la introducción del
voto voluntario, a lo que además se suma ahora la adopción del sistema de
primarias, que supondrá nuevas y quizá no fáciles adaptaciones. Una pausa de
gradualidad para la asimilación parece claramente más razonable, y permite
dedicar el tiempo restante a materializar la intensa agenda pendiente del
Gobierno en educación, seguridad, emprendimiento y crecimiento económico.
Argentina y Cristina asediadas.
A este complejo panorama interno se añade el
fallo de una Corte de Nueva York que ha puesto a Argentina en el umbral de una
nueva cesación de pago de sus compromisos externos, al exigirle el servicio de
deudas que no se acogieron a la reestructuración financiera acordada durante el
Gobierno de Néstor Kirchner.
Los actos masivos comprueban el sostenido y
transversal repudio a la gestión de la Presidente, cuya aprobación ciudadana ha
caído a menos de la mitad del 65% registrado en octubre de 2011, cuando fue
reelegida. El rechazo ciudadano surge de su estilo autoritario, políticas
populistas y encierro de la Presidenta en un reducido círculo de Gobierno que
la han conducido a desencadenar una significativa inflación, causante de
desajuste cambiario, escasez de divisas, graves distorsiones de precios y
controles insostenibles del comercio exterior y de las tarifas de servicios
públicos.
En lo inmediato, las manifestaciones han
puesto una lápida a los planes de reelección de la Presidenta para un tercer período,
aunque su Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros cercanos
insisten en habilitarla para un nuevo Mandato. Esto parece inviable,
considerando las concurridas protestas y a más de cien Diputados -opositores y
del frente peronista- comprometidos en rechazar la reforma constitucional.
La duda es si las protestas son suficientes
para que la Presidente flexibilice su reconocida intransigencia y aislamiento.
Las primeras reacciones de la Mandatario no son alentadoras: insiste en teorías
conspirativas y en seguir adelante con su agenda, aprovechando la ausencia de
una oposición organizada y el enorme poder presupuestario y político de su Magistratura,
frente a los Parlamentarios, Gobernadores Provinciales e Intendentes de Buenos
Aires.
Es probable que descomprima la situación
acogiendo en parte las demandas sindicales de elevar el salario mínimo y las
exenciones tributarias y previsionales. Pero revertir el tenso clima político,
corregir la situación económica y retornar a los mercados financieros
internacionales requiere reconocer desaciertos graves y adoptar medidas de
fondo que no se advierten probables, considerando la personalidad, el entorno y
el ideologismo de la Jefe del Estado. Todo indica que el Gobierno de Cristina
Kirchner, hasta que no surja una coalición dentro de su partido capaz de
desafiarla y con riesgo de reemplazarla, continuará practicando el populismo y
la radicalización política.
El sostenido aislamiento, el deterioro
económico y las tensiones sociales resultantes trascienden a Argentina y
repercuten en las relaciones con Chile, por su impacto en el turismo a ambos
lados de la frontera, en la importante comunidad chilena residente en ese país
y en los inversionistas y exportadores nacionales.
Decepción y objeción de Colombia por fallo
de La Haya.
Desaliento y críticas ha provocado en Colombia
la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que resolvió la
soberanía territorial y delimitación marítima de las islas y cayos
Alburquerque, Bajo Nuevo, Este, Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y
Serranilla del archipiélago de San Andrés, disputados entre ese país y
Nicaragua. La defensa colombiana ha sido criticada, su Canciller ha ofrecido
renunciar y su Gobierno mantiene a su Armada en zona marítima concedida a
Nicaragua; además, está revisando su permanencia en el Pacto de Bogotá, que
entrega la solución de diferendos limítrofes a la CIJ, y analiza todas las
opciones jurídicas para defender sus intereses amagados. Hay llamados
colombianos para desconocer el fallo y fuertes reclamos por no haberse
informado debidamente a la población colombiana y creado expectativas
triunfalistas.
La Corte Internacional ratificó a favor de
Colombia su soberanía sobre las islas y cayos, invocando el principio de la efectividad
de la posesión; esto es, la situación anterior a la demanda de Nicaragua,
reconociendo la administración y el control de Colombia sobre tales
territorios, sin oposición de Nicaragua.
A favor de ésta delimitó en mayor parte la
soberanía y proyección marítima insular sobre la base de la equidad, con un
método que tomó en cuenta las costas relevantes, reconocidas en mayor
proporción (de 1 a 8) en beneficio de Nicaragua, y teniendo en cuenta evitar el
encerramiento de ésta por las proyecciones de los derechos marítimos
colombianos. Así, Colombia mantuvo la soberanía territorial y la proyección
marítima unitaria del conjunto de las islas, aunque no en la proporción que
pretendía. La Corte no se pronunció, por insuficiencia de antecedentes, sobre
la demanda nicaragüense respecto de la delimitación de su plataforma
continental más allá de las 200 millas y en supuesta superposición con
Colombia. Sin embargo, en detrimento de Colombia, determinó un límite marítimo
y aplicó 12 millas en torno a ciertas islas.
En opinión del Canciller Moreno, del agente
chileno ante La Haya y de juristas nacionales y extranjeros, esta sentencia no
constituye un precedente para el juicio sobre delimitación marítima con el
Perú. En lo fundamental, en el contencioso con el país vecino existe un tratado
de límites que prevalece sobre el derecho del mar, cuyos métodos son aplicables
cuando no existen acuerdos suscritos entre las partes, como sí es el caso de
los acuerdos firmados entre Chile, Perú y Ecuador en 1952 y 1954, y los actos y
actas derivados de los mismos, válidamente contraídos y respetados por más de
medio siglo.
El viernes y sábado se realiza la Teletón.
aunque no estamos de acuerdo con la
forma de su financiamiento, mientras el
Estado no cumpla con su obligación de
preocuparse de nuestros niños, llamamos
a nuestros amigos y amigas a ser generosos
con esta monumental obra.
Excelente caricatura de La Tercera impresa de ayer:
