miércoles, 10 de octubre de 2012

Notas e ideas...


El Presidente Sebastián Piñera asistió ayer
al servicio fúnebre del Obispo de la Iglesia
Pentecostal Apostólica de Chile, Francisco
Anabalón Duarte, que falleció el domingo
pasado.

ME-O llamó a Golborne y Allamand a
dejar el Gobierno para ‘’que estén en
la calle, igual que yo’’, a la vez que
recordó a Bachelet que cumpla con
aquello de que ‘’ nadie se repita el plato’’.

Por fin un fallo sensato, la Corte de
Apelaciones, en fallo unánime, revocó
la  libertad de imputado por crimen
de barrista, ordenando la detención
inmediata del autor confeso del crimen
del hincha de Colo Colo.

El Servicio Electoral, SERVEL, recordó que
hoy vence plazo para excusarse de ser
vocal de mesa, el sábado se conocerá a
los reemplazantes que ya no tendrán
la posibilidad de ser excluidos.

Merkel va en apoyo de Primer Ministro
griego mientras crece tensión por plan
de austeridad, la Canciller alemana se
trasladó a Atenas, mientras opositores
realizaron violentas manifestaciones.

Berlusconi descarta presentarse a las
próximas elecciones en Italia, el  ex
Primer Ministro italiano propuso una
coalición para enfrentar los comicios
generales, que sea liderada por el
actual Premier, Mario Monti.


Se reduce a 868 millones el número de
personas que sufren de hambre en el
mundo, la cifra representa cerca del
12,5% de la población mundial. La
FAO la considera ‘’inaceptable’’-
Diario ‘’El País’’ de España suprimirá 149
empleos, 128 por despido, el  grupo Prisa
argumenta que sólo así ‘’garantiza la
viabilidad de la empresa en los próximos
años ante la caída de los ingresos’’.

Gobierno de Hollande enfrenta su primera
gran protesta, miles de trabajadores salieron
a las calles en distintas ciudades de Francia
reclamando en contra de los despidos masivos.

BCE advierte que la actividad económica
seguirá siendo débil en el futuro próximo
y avisa que existen ‘’riesgos’’ de que esas
perspectivas empeoren aún más debido
a las ‘’tensiones en varios mercados
financieros de la zona euro’’.







«Santa viviente»,
por Max Colodro.


Un reciente artículo del Financial Times afirma que Michelle Bachelet es lo más cercano que hoy tenemos los chilenos a una «santa viviente»: idealización virginal e intocable, proyección de todas nuestras esperanzas llevadas hasta el altar de la adoración. Un mito que sin duda resume la carga de emocionalidad que simboliza su figura y que la tiene en la actualidad con enormes posibilidades de volver a sentarse en el trono celestial.



Diversos estudios de antropología cultural explican la devoción de los pueblos de América Latina por María, «la madre» del redentor, seno natal y acogedor en el cual una cultura mestizada a la fuerza pudo proyectar sus anhelos de origen y de seguridad identitaria. En efecto, el fervor mariano ha sido una constante en nuestra historia continental, y no faltan ocasiones en que vuelve a encarnarse en un personaje del presente. Los argentinos lo han vivido intensamente en estas décadas en el mito de Evita, y Chile al parecer lo estaría reeditando ahora en la figura de Sor Michelle de Los Andes.



El problema para nuestra futura santa Presidencial es que el mito está siendo forzado ahora a descender del inefable «más allá», para convertirse nuevamente en un actor político, sometido a todas las miserias y desengaños del «más acá». Un desafío enorme, en el cual no sólo la realidad misma terminará por chocar con todas las idealizaciones propias de la mitificación, sino que obligará también a Bachelet a tomar en sus brazos a una «criatura» —la Concertación— cuya imagen en el Chile de hoy es cualquier cosa menos santa, ascética o angelical. Aterrizar en el país y en la política significará para la ex Presidente dejar el cielo para llegar a un lugar muy parecido al infierno, un escenario no precisamente idílico y donde su séquito de acompañantes no tiene nada de los bíblicos apóstoles, salvo, quizá, de uno solo…



Que los chilenos consideremos que un verdadero liderazgo político es aquel que no tiene opinión sobre ninguno de los problemas que nos afectan es algo que nos desnuda a cuerpo entero. Aquí, lo que se premia es el silencio, la distancia táctica, la decisión de no asumir definiciones. El ideal para los partidarios de Bachelet sería no sólo que no hubiera primarias, sino que ni siquiera tengamos campaña Presidencial, y que la candidata pudiera llegar el mismo día de las elecciones a emitir su voto y ser proclamada Presidente. Y ojalá, también, que durante su Gobierno fuera posible pasearla como al Papa, muda y en una ánfora de cristal, para que el pueblo fervoroso salga a su paso a saludarla y venerarla.



Pero no: la política y una campaña Presidencial no son eso. Por más intentos que hagan sus acólitos, ser candidato Presidencial es precisamente estar sobreexpuesto, obligado a responder interpelaciones, a asumir los costos de las definiciones, a tomar partido por una posición y no por otra. Y el problema, de nuevo, es que Bachelet no será candidata en solitario, sino «de» la Concertación, un conglomerado sin legitimidad, con una historia de la cual hacerse cargo, y con una fractura interna que se ahonda día a día, asociada a proyectos políticos distintos, entre cuyos representantes no hay ya ni afectos ni complicidades comunes.



En definitiva, un desafío gigantesco, donde la encarnación de un mito casi religioso deberá someterse a los rigores terrenales para intentar conjugar cosas que son en realidad inconjugables. Una tarea imposible, llena de riesgos y con altas probabilidades de fracaso. Es cierto: «los caminos del Señor son misteriosos» como dice el texto bíblico, pero, en rigor, hay que tener una fe francamente divina para creer que se puede recorrer el vía crucis de una Presidencia dos veces, y terminar en ambas santificada por la historia.



¿Quiénes son los responsables de la participación?,
por Gonzalo Müller.


A tres semanas de las elecciones Municipales, no sólo los resultados de cada Comuna generan expectación, sino también el debut del sistema de voto voluntario e inscripción automática. No son pocas las dudas en torno a la participación, es decir, en torno a cuántos de los 13.388.643 ciudadanos inscritos en el nuevo padrón realmente van a concurrir a votar ese día.



La incertidumbre que genera la voluntariedad del voto es un elemento importante para la competitividad de las elecciones: al volverse menos predecibles, se abren mayores oportunidades para que nuevos candidatos o partidos decidan participar con su oferta electoral, y este círculo virtuoso nos debería llevar a que también más electores se identifiquen y participen votando por estas nuevas alternativas. Círculo virtuoso que al parecer no se estaría dando en nuestro caso.



La mayoría de los estudios apuntan a una participación electoral que estará en un rango que va del escenario optimista, que nos acerca al 60%, al pesimista, que nos deja sólo un poco sobre el 52%. Pero incluso en el mejor escenario estamos hablando de que más de 5 millones de chilenos no voten en estas elecciones Municipales. Las razones que explican esta conducta son complejas pero importantes de entender si no queremos equivocar la solución.



En verdad, las expectativas sobre la participación hoy operan a la baja: casi no hay analistas que esperen un crecimiento importante, por lo que el debate se orienta a tratar de descubrir las razones de esta falla. En esto primero debemos entender que la inscripción automática y el voto voluntario sitúan la responsabilidad de la movilización electoral en los candidatos y sus partidos; son ellos los llamados, a través de sus campañas, a motivar y convencer a los ciudadanos de la importancia del acto de que concurran a votar, y de que manifestar su preferencia en la urna los compromete y legitima el origen de nuestras Autoridades. Es la calidad y variedad de su oferta la que se somete a evaluación con la voluntariedad del voto. Aquí el razonamiento ciudadano es simple y lapidario: voto sólo si me gustan el candidato o su programa.



Es esta lógica la que permite que el nivel de participación se constituya en termómetro de nuestra democracia, porque es la más genuina evaluación de las capacidades e identificación que generan los candidatos y los partidos.



Si, por el contrario, estuviéramos obligados a votar y por lo tanto a participar, ¿qué valor tendría un alto nivel de participación si es sólo fruto de la coacción legal? De ese modo no sabríamos cuántos de los electores terminarían votando forzados a elegir bajo la lógica del mal menor o el candidato que menos rechazo genere... ¡Qué débil legitimidad obtendrían así nuestras Autoridades!



La reacción del sistema político frente a la participación electoral que veamos este 28 de octubre debiera partir del supuesto básico de que esa participación refleja su propia capacidad de convocatoria, y que por lo mismo son cambios en la manera de mejorar la oferta política, de hacerla más competitiva y variada, el camino correcto para incrementarla, y no caer en el facilismo de que si no votan es por consecuencia sólo del voto voluntario, apurando la corrección hacia transformarlo en obligatorio.



Finalmente, este debate que ha empezado en torno a la voluntariedad del voto nos lleva a concluir que la mayor o menor participación es un síntoma y no la enfermedad que afecta el estado de salud de nuestra democracia. Poner la carga de la prueba de la participación en los políticos y no en los ciudadanos debiera ser para éstos una gran oportunidad y no un lastre del que se quieran desprender.




Dignidad para todos,
por Dra. Paulina Taboada y
Prof. Francisco Javier León C,
Centro de Bioética UC.


La reciente entrada en vigencia de la Ley 20.548, que tiene por objeto regular los derechos y deberes que las personas tienen en su atención de salud, ha suscitado polémica a nivel nacional Algunos la interpretan como una "judicialización" excesiva de la relación médico-paciente, que amenaza con destruir la confianza propia de la alianza terapéutica. Otros la ven como una oportunidad para canalizar agresivamente su descontento crónico con las falencias detectables en nuestros sistemas de salud.



No cabe duda de que, como toda obra humana, esta ley es perfectible. Sin embargo, la novedad que ella supone es que ahora quedan establecidas como 'obligaciones jurídicas' ciertas actitudes y conductas que la mayoría de nosotros considera 'deberes éticos básicos' en el ámbito de la atención sanitaria. De hecho, se legisla sobre aspectos tan fundamentales de las relaciones interpersonales como el trato humano y respetuoso de la dignidad de cada persona, el cuidado de la privacidad, la adecuada entrega de información, el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos de la ficha clínica, la posibilidad de rechazar tratamientos que se juzguen inadecuados para la condición del paciente, etcétera.



Así, la entrada en vigencia de esta ley puede ayudar a impulsar un cambio en el estilo de la relación médico-paciente imperante, en el sentido de fomentar una atención sanitaria más centrada en la persona y su dignidad. Es más, ya que la ley se aplica a cualquier profesional o trabajador de la salud, el trato respetuoso se exige no sólo a todo el personal sanitario sino también a las instituciones prestadoras.



Es cierto que hablar del "derecho a un trato digno" es la expresión jurídica de un deber ético que cada uno de nosotros tiene respecto de los demás. No obstante, atendiendo a las justificadas quejas de muchos pacientes sobre la calidad de la atención sanitaria recibida en nuestros sistemas de salud, no parece superfluo que -como sociedad- establezcamos claramente que queremos una mejor y más compasiva atención por parte de todos los profesionales de la salud.



La ley establece algunos deberes de los profesionales y de las instituciones para con los pacientes, pero no entra en los derechos y deberes de los profesionales frente a la institución, ni en los de las instituciones frente al sistema de salud. Consideramos fundamental en este sentido definir bien los derechos de los médicos, de modo que se respeten sus propias convicciones clínicas y éticas -como por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia en algunos casos y las condiciones éticas de su trabajo en las instituciones de salud- para que sea posible una relación personalizada y humanizada.



La alianza terapéutica debería entenderse como una relación de respeto y confianza mutua entre los profesionales de la salud y sus pacientes, relación que naturalmente se hace extensiva también a los familiares y seres queridos. Por lo mismo, el respeto mutuo entre cada una de las personas involucradas en la atención sanitaria es exigible a todos. De hecho, la nueva ley así lo consagra, exigiendo un trato digno en ambas direcciones: de médico a paciente y de paciente a médico.



La ley viene a sancionar algunos de los temas que han sido debatidos y desarrollados por la bioética durante las últimas décadas, pero que hasta ahora habían sido incorporados sólo en parte a la atención clínica en nuestro país.



Aún es pronto para conocer cuáles serán las consecuencias de la aplicación de esta ley en Chile. Puede representar un paso adelante en un largo proceso que aún no ha terminado. Si los profesionales y las instituciones dan un trato más humano a los pacientes, mejorando la seguridad y calidad de la atención y el modo de entregar la información, como pretende la ley, ésta podría contribuir a una mayor humanización de la atención y a una mejora de las relaciones de respeto mutuo entre pacientes y médicos. Debemos mirar hacia "cómo debería ser", más que a "cómo es" o "cómo ha sido" la relación del médico con sus pacientes, y la de las instituciones de salud con los usuarios de las mismas.



A pesar de que existen algunos elementos que no han sido adecuadamente precisados, podemos decir que la entrada en vigencia de esta ley representa una oportunidad de potenciar un estilo de atención sanitaria centrada en el respeto por la vida y la dignidad de cada persona humana. Aún nos queda mucho por mejorar en la humanización de la atención en salud y en un tipo de profesionalismo médico que tenga en cuenta tanto la competencia técnica como también los valores éticos de la beneficencia, la compasión, el servicio solidario y la justicia social.



Modernización del Estado.
por Rodrigo Castro.


Hace algunos días el Gobierno dio a conocer el proyecto de Ley de Presupuestos 2013. Hay que celebrar que desde el punto de vista macro se está cumpliendo con la reducción del déficit estructural a 1% del PIB y con un crecimiento del gasto que está en línea con el crecimiento de la economía.



Sin embargo, aunque se aprecia un esfuerzo de mayor austeridad Fiscal, hay todavía múltiples desafíos pendientes. Chile está ad portas de alcanzar el desarrollo, con un ingreso per cápita cercano a los US$ 19.000, y en donde los últimos metros de esta carrera se ponen cuesta arriba en virtud de que se debe compatibilizar una mayor calidad de vida con una sociedad más exigente y empoderada.  Es por ello que el rol que le cabe al Estado y la calidad de sus políticas públicas es tan fundamental.



Con todo, la evidencia internacional estima que si Chile implementa las mejores prácticas en el diseño y funcionamiento de instituciones públicas, nuestro ingreso per cápita aumentaría en casi un 33%. De ahí la relevancia de la agenda de Modernización del Estado que está llevando a cabo el actual Gobierno. Cabe destacar un conjunto de iniciativas que están en distintas etapas de desarrollo, que con objetivos claros y explícitos, replican la experiencia internacional: mejorar la calidad de atención a los usuarios, aumentar la eficiencia, avanzar en la descentralización administrativa, aumentar la transparencia y facilitar la innovación y emprendimiento.



Este nuevo impulso innovador de la burocracia estatal implicará un proceso continuo de modificaciones, reformas y cambios en las políticas públicas y en la forma de funcionamiento del Estado. El principal foco estará en la redefinición de los principales desafíos que tiene el Estado, evaluando simultáneamente múltiples opciones y soluciones, lo que debería permitir priorizar y seleccionar aquellas que entregan los mayores beneficios a los ciudadanos. Este enfoque holístico y centrado en el usuario ha  tenido mucho éxito en el desarrollo de tecnologías, servicios y experiencias y desde hace algún tiempo está siendo considerado como un nuevo mecanismo para la transformación del sector público.



Muchos de los países miembros de la Ocde han creado organizaciones  que  buscan  mejorar el vínculo entre el Gobierno, la sociedad civil, la empresa privada y los ciudadanos, y a través de diversas metodologías han logrado mejorar el estándar de calidad de los servicios públicos, con una evidente orientación al usuario.



En las últimas décadas se han visto diversas iniciativas que han buscado modernizar el Estado, con el fin de aumentar su eficiencia, reducir la corrupción, aumentar la transparencia y la participación ciudadana. Aunque estos esfuerzos han sido valiosos -por ejemplo, el sistema de Alta Dirección Pública-, en muchas ocasiones los Gobiernos no han cumplido su misión y objetivos en este ámbito. Los principales desafíos siguen presentes. Chile necesita una mayor descentralización, participación de la sociedad civil y eficiencia de la burocracia estatal. Ahora bien, aunque no hay balas de plata, si los próximos Gobiernos persisten con las actuales iniciativas e innovaciones, sólo cabe pensar que más temprano que tarde Chile alcanzará el desarrollo.



Archivos, la pata coja de la transparencia,
por Alejandro Ferreiro.


Antes y durante el debate social, político y legislativo que derivó en la aprobación de la Ley N° 20.285 sobre transparencia y acceso a la información en Chile, el foco de atención estuvo puesto en la definición de las causales de reserva, en la regulación del procedimiento de acceso y sus recursos, y en la conveniencia de crear un órgano garante autónomo como al estilo de nuestro Consejo para la Transparencia.



Poca atención se prestó entonces a una materia que, con la evidencia de estos años, se revela esencial para el ejercicio del derecho de acceso: la disponibilidad de la información. En efecto, la ley nos brinda una regulación razonablemente robusta del derecho de acceder a información, pero muy poco aporta para garantizar que la información que los órganos del Estado generan esté efectivamente a disposición del público. En suma, los chilenos tenemos derecho a acceder a información, pero tenemos serias dificultades para conocer el universo de la información disponible respecto de la cual ese derecho puede ejercerse.



La disponibilidad de la información supone no sólo conocer el universo documental público existente, sino también que éste se ordene y sistematice de modo de favorecer su uso y conocimiento público. Ello impone exigencias a los archivos físicos relativas a su indexación, custodia y resguardo. Tratándose de los archivos electrónicos, el desafío de la disponibilidad incluye, además, su registro en formatos o lenguajes que faciliten su reutilización expedita.



En los más de tres años de funcionamiento del Consejo hemos advertido cómo, con preocupante frecuencia, muchas solicitudes de información se deniegan invocando la supuesta inexistencia de lo pedido. Con ello, la inexistencia ha derivado, en los hechos, en una suerte de causal de reserva no contemplada en la Constitución. Si bien esta alegación de inexistencia reflejará en muchos casos una lamentable realidad caracterizada por el desorden y pérdida de documentos, también se presta como excusa útil para quienes prefieren negar la información que discutir jurídicamente la procedencia de su reserva.



En materia de gestión y custodia de archivos públicos, la práctica y la regulación chilena se alejan notablemente de las mejores prácticas internacionales. Las normas aplicables datan de más de 80 años e, incluso, poco se cumplen.



El desafío del país es hacer su información pública plenamente disponible para los ciudadanos y favorecer con ello el control social, la creación de valor público y un mejor aprovechamiento por parte de los ciudadanos y organismos de la información acumulada.



La reforma pendiente en materia de archivos es tan importante como titánica. Se requiere cambiar leyes, pero también prácticas y culturas. El camino será, probablemente largo. Pero más distante estará la solución, mientras más nos demoremos en tomar conciencia y en adoptar los primeros pasos de reforma.



Transporte en Santiago.


Las dificultades del transporte público en la capital han llegado a constituir uno de los grandes problemas nacionales en los últimos años: subsidios enormes, que para evitar una resistida focalización de los recursos en Santiago, tuvieron que ser también distribuidos en Regiones, revelan la importancia que han adquirido las políticas públicas sobre transporte urbano. Pese a múltiples esfuerzos por corregir las deficiencias fundamentales del Transantiago, hasta ahora la insatisfacción del público se mantiene sin grandes cambios.



Una nueva forma de estudiar el problema se ha desarrollado en la Universidad de Chile, empleando la información que se obtiene de la validación de las tarjetas bip en buses que cuentan con GPS. De esta forma se puede saber no sólo el número de viajes realizados, sino también la ubicación exacta de quienes abordan un bus. Aunque la información es incompleta, pues en la red de transportes santiaguina no se registra en forma alguna el momento y el lugar en que la persona se baja del bus -ni tampoco del metro-, los datos recogidos permiten inferir diversas características del comportamiento de los santiaguinos.



El análisis indica que de cuatro millones de viajes diarios en Santiago, una cuarta parte se concentra en el sector oriente, como origen o como destino. Algo similar ocurre respecto del centro de la capital, que registra una proporción muy cercana a la anterior. Otros estudios muestran que la ciudad se expande continuamente más allá de los límites urbanos, por lo que cabe presumir que el promedio de duración de los viajes ha ido en aumento.



La información que han recabado los investigadores del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Chile permite esperar que una vez que se forme un cuadro descriptivo de lo que ocurre, pueda diseñarse un sistema mejor o, al menos, puedan ponerse en marcha correctivos eficaces al Transantiago -meta difícil, como lo ha demostrado la experiencia de cuatro años intentando corregir un sistema mal diseñado-. Para superar las dificultades, la investigación en curso puede ser fundamental, y sería valioso interesar a otras instituciones a participar en ella. La reciente instalación en Chile de algunas filiales de grandes centros europeos de investigación aplicada y transferencia de tecnología, como Fraunhofer de Alemania, abocados al diseño de ciudades inteligentes, haría posible un trabajo conjunto que diera una salida al intrincado dilema que enfrenta la capital. La información recopilada por los investigadores nacionales registra que en algunas Comunas de ingresos bajos y medios, ya a las seis de la mañana se ha producido la mayor concentración, lo que indicaría que, para llegar a sus lugares de trabajo, sus habitantes deben levantarse en torno a las 5 de la madrugada.



Expectativas económicas en alza.


El reciente sondeo sobre expectativas económicas que realizó el Centro de Encuestas de este medio reveló que en la ciudadanía prevalece un sentimiento de fuerte confianza respecto de cómo se observa hoy al país y su futuro, lo que se refleja en que el 40% de los encuestados señala que la economía está bien, y el 47% piensa que su situación personal y familiar estará mejor en un año más. Los datos, correspondientes al tercer trimestre de 2012, muestran un importante repunte respecto de igual período del año anterior, y son consistentes con la buena marcha que exhibe la economía, con una muy baja tasa de desocupación y una actividad que sigue robusta, pese a la crisis externa, tal como se refleja en el Imacec de agosto, que se expandió 6,2%.



El optimismo que se observa en la mayoría de los hogares permite constatar que los efectos de la fuerte desaceleración externa aún no se dejan sentir en la economía doméstica, lo que sugiere que las empresas mantendrán en lo grueso sus planes de inversiones y contrataciones. Esto genera confianza en los trabajadores, quienes no han considerado necesario ajustar su nivel de gasto. Lo anterior se refleja en que el 47% declara que la situación laboral en el país es más estable respecto de un año atrás, y sólo el 21% cree lo contrario.



Resulta particularmente llamativo que ante la pregunta de cómo estará la economía nacional en cinco años más, un 50% responda que la ve mejor, y apenas el 13% la visualice peor. Este fuerte optimismo en el futuro es producto de los avances que ha experimentado el país en las últimas décadas, fruto de políticas que han combinado la libertad de emprendimiento con un rol subsidiario por parte del Estado, las que han permitido altas tasas de crecimiento y generación de empleo. Las voces que proponen un cambio radical de este modelo -argumentando que existe una fuerte desigualdad y malestar generalizado- no parecen advertir que un giro brusco podría provocar adversos efectos sobre la marcha de la economía y una importante pérdida de bienestar y desarrollo.



Señor Director:



Agresión a profesor.



Con consternación nos hemos enterado del brutal ataque que sufrió el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile Kamal Cumsille, a manos de un grupo de encapuchados que se enfrentaban a carabineros en el campus Juan Gómez Millas.



Nos parece de altísima gravedad que profesores de una casa de estudios sean víctimas de la violencia cobarde de grupos que dicen luchar por una mejor educación, especialmente cuando se están desempeñando en sus lugares de trabajo.



A través de esta carta queremos manifestar nuestra solidaridad con el profesor Cumsille y su comunidad académica. Al mismo tiempo, esperamos que todos los estudiantes y sus dirigentes condenen estos hechos que sólo revelan barbarie e incapacidad de diálogo.



Claudio Agostini, Cristóbal Bellolio, Gonzalo Bustamante, Mario Drago, Eduardo Fajnzylber, Jorge González, Daniel Loewe, Héctor Martinovic, Aldo Mascareño. Leonidas Montes, Eugenio Rengifo, Andrea Repetto, María Isabel Retamal.
Profesores Escuela de Gobierno UAI.




La frase del día:
“Sin entrar al debate de si el presupuesto incluye todos los recursos de la reforma tributaria y si es el máximo posible -porque se entiende que el país tiene muchas otras necesidades- las prioridades del gasto propuesto en educación están bien orientadas. El mayor crecimiento en la educación parvularia es fundamental, ya que se trata de una etapa del desarrollo de los niños en que las diferencias pueden reducirse si todos tienen acceso a una educación de calidad. Es el sector donde más queda por hacer. Lo mismo vale para el sistema escolar, que tiene un  aumento significativo, especialmente para los sectores más vulnerables. En el caso de la educación superior, el cambio en el Crédito con Aval del Estado y el aumento de las becas desmiente lo del saco roto, puesto que son recursos que van directamente al bolsillo de cientos de miles de familias que podrán hacer realidad el sueño de la movilidad social.”

Mariana Aylwin, ex Ministro de Educación y ex Parlamentario demócrata cristiano, en su columna de ayer del Diario La Tercera.

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