viernes, 27 de enero de 2012

Temas para meditar el fin de semana...

Durante visita a Gerdau Aza, empresa reconocida
por buenas prácticas laborales, el Presidente
Sebastián Piñera celebró la baja de la
cesantía y llamó a mejorar los salarios.


Non facciamo la confusione,
por Gonzalo Rojas Sánchez.


Si lo dicen los italianos, expertos en administrarse a sí mismos en medio de altas dosis de caos, con mayor razón la expresión vale para la vida política en Chile.




No conviene provocar una confusión total. No es sensato.




Ya viene un salto al vacío con la inscripción automática y el voto voluntario. Nadie sabe qué diantres va a pasar, pero ciertamente algo muy importante va a suceder al expandir el padrón electoral y, simultáneamente, eliminar la obligatoriedad del voto.




¿Tiene sentido, entonces, acelerar otras reformas para que se apliquen todas juntas en una especie de reacción en cadena? No, no es prudente, confunde.




Pero, además, la proposición de las directivas de RN y de la DC causa más confusión porque sugiere también una nueva estructura de alianzas.




Los democristianos usan un lenguaje encantador para explicar sus contactos simultáneos con el PC y con Renovación. Dicen que hay que distinguir entre lo instrumental y lo gubernamental; o sea, conviene usar a una derecha en que militan ex funcionarios del Régimen militar, al mismo tiempo que se estrechan los vínculos electorales con el partido que valida la lucha armada como parte de su análisis histórico.




Eso es lo instrumental; después vendría lo gubernamental, obviamente sin la presencia de RN ni del PC. Vaya negocio el que quiere hacer la DC.




Lo curioso es que ambas confusiones, en su íntima relación, las previó, apenas tres meses atrás, el propio Carlos Larraín, al afirmar que "las personas tentadas de gatillar otro Big Bang político debieran al menos preguntarse por qué este punto de vista es impulsado con gran alegría desde la izquierda extrema".




¿Se lo preguntó ahora el presidente de RN?




Pero no terminan ahí las confusiones: todas las restantes confianzas han sido remecidas.




La de los electores, militantes y parlamentarios de RN en su propia directiva. ¿Quién es ahora la derecha boutique, Lily Pérez o Carlos Larraín? ¿Quién se acercará más al progresismo, la directiva o los ministros presidenciables del partido?




La de la UDI en su socio. ¿El documento no es más que una demostración de audacia para mejorar la plataforma de RN en la conformación de plantillas electorales o marca una definitiva ruptura, aunque se pidan disculpas?




La del Gobierno en su partido nuclear. ¿No habrá otras negociaciones en curso -ya lo sugirió Larraín en una oportunidad- para incorporar radicales a los ministerios, ya que el senador los considera miembros de un partido que sabe gobernar?




Pero hasta ahí, por último, se trata de esas confusiones propias de nuestra chimuchina pública, aunque esta vez sean más chocantes que lo habitual.




Lo más delicado es el fondo mismo del documento, sus confusiones esenciales.




Primero, porque supone que los males de la política chilena tienen que ver más con el régimen que con las personas. Justamente por eso se equivoca Ignacio Walker al sostener que para Portales el principal resorte de la máquina era la autoridad presidencial. Hace ya 24 años que Alejandro Guzmán Brito mostró que era... la virtud.




Segundo, porque aunque el documento asume los defectos y los problemas de la actual clase política, les entrega a las mismas colectividades hoy existentes la decisión de aprobar al Jefe de Gobierno. No, perdón, ni siquiera a los pocos partidos actuales, sino a esos otros muchos que -una vez reemplazado el binominal- participarán en la discusión con apenas uno o dos parlamentarios. Y junto a ellos, lo reconoce el propio documento, probablemente estarán los representantes de tribus, redes y modas.




Si el texto es conservador o no, importa poco.




Lo que sí interesa es aclarar el conjunto de confusiones mayúsculas que ha producido.




Una confusión esencial del documento: creer que los males de la política tienen que ver más con el régimen que con las personas.






México acerca a "los otros" al G20,
Por Roberto Ampuero.


Me temo que en el país aún no hemos aquilatado del todo que Chile haya sido invitado a participar en la cumbre del G20, que se celebrará en junio próximo en Los Cabos, México. El foro económico reúne a los principales países industrializados del mundo y a estados emergentes como Brasil, China y la India. Este año México preside el G20 y le está imprimiendo un sello propio, en el cual se advierte, entre otros acentos, la voluntad de brindar tribuna a países que no integran el grupo, pero cuya voz y experiencia pueden ser relevantes no sólo para los 20, sino también para las estrategias destinadas a reactivar la economía mundial.



Chile fue invitado por México, que es socio y aliado clave de nuestro país, y con el cual mantenemos excelentes relaciones. Con México nos unen además un exitoso Tratado de Libre Comercio, un Acuerdo de Asociación Estratégica, valores y visiones comunes en política internacional, y acuerdos en los ámbitos de cooperación, cultura, educación, ciencia y tecnología, y seguridad. Probablemente la distinción se debe a que por años el país ha sido exitoso en el manejo de la economía y la lucha contra la pobreza, la creación de una agricultura moderna y exportadora, y la adaptación a la economía global. Entre los temas en Los Cabos figurarán, fuera de la crisis mundial, el desarrollo de infraestructura, la seguridad alimentaria y el crecimiento verde y sustentable. Como numerosas potencias están en crisis, hoy la voz de países que siguen creciendo es escuchada con más atención que en el pasado.



Es curioso que aún no resaltemos nuestra asistencia a una liga mayor a nivel planetario, toda vez que prestamos gran atención a los juicios del extranjero sobre nosotros. Además, lo que se está reconociendo es el hecho de que aquí se han hecho bien las tareas durante decenios. La fluida situación económica internacional, la consolidación de países emergentes -como Brasil, India y China-, y la pérdida de hegemonía por parte de EE.UU. están permitiendo la aparición de articulaciones regionales que buscan más integración y cooperación. Chile, país de 17 millones de habitantes y una de las economías más abiertas del mundo, requiere para su crecimiento mercados libres, acuerdos de libre comercio, foros e integración. La invitación al G20 puede brindar nuevos roles al país y abrir otras puertas, lo cual redunda a la larga en prestigio nacional, detección de nuevas oportunidades y creación de puestos de trabajo.



México, por su parte, sigue intensificando su proyección global al invitar a naciones de todos los continentes a este diálogo con el G20. Su objetivo es que en Los Cabos se analicen asuntos como el crecimiento sustentable, el inquietante aumento de los precios de los alimentos y el estancamiento de negociaciones comerciales, sin que esto implique sustituir a las organizaciones especializadas. Gracias al tamaño de su economía y población, a su condición geográfica y al tradicional peso de su política exterior, México es multi-dimensional: es latinoamericano, pero integra América del Norte y mantiene estrechos lazos con Estados Unidos y Canadá; dispone de una poderosa proyección hacia el Caribe, ejerce influencia económica, política y cultural en Centroamérica; tiene socios muy importantes en América del Sur y Europa, y se proyecta hacia el Pacífico y Asia. México sabe impulsar esquemas multilaterales: Tratado de Tlatelolco, Contadora, Grupo de Río, la reciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que Chile preside este año. Ahora, en tiempos de crisis mundial, promueve la aproximación entre el G20 y "los otros", oportunidad que Chile ha de saber valorar y aprovechar. No todos los días se tiene acceso a las grandes ligas.






Reformas políticas,
por Mario Montes.


Nuestros políticos, de todos los colores existentes en el espectro,  siguen mirándose el ombligo y dedican casi todos sus esfuerzos a las modificaciones al sistema de elecciones, a la forma en que se ejerce el poder y a conseguir que el Estado siga soltando los dineros de los chilenos para financiar sus actividades.



Para terminar con el bi-nominal, sistema que ha dado estabilidad a nuestra democracia, proponen aumentar la cantidad de Parlamentarios, que tienen un costo mensual superior a los 15 millones de pesos mensuales por cada Legislador, mientras otros plantean la necesidad de realizar primarias obligatorias financiadas por el Estado.



Creemos que los gastos del Fisco deben estar prioritariamente destinados a solucionar los acuciantes problemas sociales que afectan a una inmensa cantidad de nuestros compatriotas que con sus ingresos, cuándo tienen la “suerte” de tener trabaja, les alcanzan escasamente para sobrevivir en medio de la miseria.




Creemos que antes de pensar en reformas al sistema electoral o al sistema de Gobierno es indispensable terminar con los sufrimientos de millones de chilenos, ya consideramos que son excesivos los costos que estamos asumiendo los chilenos al favorecerse con fondos estatales parte importante del costo de las campañas políticas.




Se habla de que la política ha perdido representatividad y que ya no lo respeta nadie, pero, esta falta de apreciación popular a los participantes en la actividad  pública no es el resultado del sistema electoral, es la resultante de un pueblo que ve a los funcionarios mejor pagados del Estado dedicados a la pelea chica y no a ejercer la representación de sus electores.



No hay duda que la inscripción obligatoria es un paso bien encaminado para rejuvenecer el padrón electoral e involucrar a todos los ciudadanos en la gestión político-gubernamental de nuestra nación, aunque estamos ciertos que la voluntariedad de ejercer el derecho a voto, lo que creemos esterilizará los efectos positivos del aumento del catastro de votantes.



La gente no confía en los partidos políticos, no respeta a los Parlamentarios y tiene mala opinión de la forma en que se ejerce el poder por parte del Poder Ejecutivo,  sin pasar por alto la desconfianza que se percibe hacia el Poder Judicial, esto no se soluciona con un cambio del sistema político electoral, se arregla llevando gente de mejor calidad a esos cargos.



Consideramos que nada se logrará sin establecer una legislación que considere los procesos revocatorios, que establezca que las promesas electorales no cumplidas son una estafa social, acompañada por cierto con las más fuertes sanciones previstas para ese delito, y que instituya una limitación a las posibilidades de reelegirse en los cargos de representación.




Resulta curioso constatar que para financiar las actividades políticas casi todos estén dispuestos a pegar un manotón a la Caja Pública, pero esos mismos personajes discuten hasta el último centavo en la fijación del vergonzoso salario mínimo o chantajean al Gobierno para darle los recursos que le permitan apoyar a los más desprotegidos de nuestra sociedad.






Promover los derechos humanos en Cuba.


Que en Cuba no se respetan los derechos humanos y no se practica la democracia es una realidad insoslayable que el grueso de la comunidad internacional prefiere eludir. Ese país cuenta con una diplomacia extremadamente eficiente, con cerca de un centenar de misiones residentes en el exterior, casi el doble de las embajadas chilenas; sus gobiernos castristas reciben el apoyo de prácticamente la totalidad de los países africanos, de varias de las ex repúblicas soviéticas, de Venezuela y sus aliados del Alba, de los no alineados, de China, Rusia y de numerosos gobiernos del Medio Oriente. Este amplio respaldo externo, su intervención e influencia en los asuntos internos de algunos países y la invocación del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos le han permitido impedir condenas de los organismos internacionales por infracciones a los derechos humanos. De hecho, nunca Cuba ha sido materia de acuerdos y menos de sanciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tanto Fidel como Raúl Castro son suscriptores de cláusulas democráticas que condicionan la membresía en foros y organismos interamericanos, el más reciente Celac, y ningún gobierno latinoamericano y del Caribe ha sido capaz de reprocharles su incumplimiento. Más aún, Cuba integra actualmente sin mayores entredichos la troika, junto a Chile y Venezuela, que dirige este último foro.



Estas evidencias explican la áspera reacción diplomática cubana cuando de tiempo en tiempo algún gobierno extranjero expresa su preocupación por los presos políticos y por la situación de los derechos humanos en la isla. Es lo que acaba de suceder con las expresiones del ministro Secretario General de Gobierno, que lamentara la muerte por huelga de hambre del disidente Wilmar Villar, y con la instrucción presidencial al embajador chileno en La Habana para que expresara a las autoridades locales la preocupación por el estado de los derechos humanos en la isla. A diferencia del caso Zapata, que fuera canalizado por la Cancillería chilena, la situación producida por el deceso de Wilmar Villar ha sido denunciada por la Presidencia y su Secretario de Gobierno. Semejante reclamo ha sido transmitido también por España y Estados Unidos. Esos gobiernos, más Perú, Canadá y la Unión Europea, tuvieron idéntica reacción de molestia en febrero de 2010, a raíz de la muerte en prisión de Orlando Zapata. Las reclamaciones de esos países fueron fructíferas: permitieron que, tras un compromiso del gobierno cubano con la Iglesia Católica, 52 presos fueran liberados. Uno de ellos se estableció en Chile.




El gobierno del Presidente Piñera hace bien en diferenciarse de la política elusiva de los gobiernos de la Concertación, que llegaron a ignorar públicamente la situación de los derechos humanos en Cuba. Las autoridades nacionales están en lo correcto al rechazar la destemplada y amedrentadora reacción cubana por la preocupación chilena sobre la vigencia de los derechos fundamentales en Cuba. Estas inquietudes y acciones diplomáticas nacionales no deben ser sólo episódicas; deben constituir una política permanente del gobierno chileno respecto de la observancia y promoción universal de los derechos humanos y la democracia.


La buena noticia de ayer.
El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile  entregó ayer la Encuesta de Ocupación en el Gran Santiago, que señala que la desocupación en el Gran Santiago llegó en diciembre a un 6,2%, la cifra más baja de los últimos 15 años, noticia que contrasta con la información proveniente de Estados Unidos que señala un fuerte aumento de las solicitudes se subsidio por cesantía.



Compartimos la alegría que ha manifestado el Gobierno de Chile con las cifras entregadas por la casa de estudios y compartimos el llamado del Presidente Sebastián Piñera a subir los salarios de los trabajadores, aunque ya en estudio universitario refleja que ha habido un sostenido crecimiento de los estipendios del sector laboral.



Otra noticia alentadora:
Le abogado, de la vecina de un condominio de Chicureo, que fue entrevistada por Chilevisón, a raíz de la situación de las asesoras del hogar, la que fue editada mañosamente para que Inés Pérez apareciera diciendo lo contrario de lo que dijo, Pía Fuentes, anunció que interpondrá una demanda en contra de la estación televisiva por daños morales.



Inés Pérez no ha podido volver a su casa y deberá someterse a un tratamiento sicológico producto de la situación a la que se vio expuesta, que ha redundado en ataque personales, amenazas de muerte recibidas en su correo electrónico y en una condena social producto de la mentirosa maniobra de ese canal manejado por una empresa extranjera.



Nota de la Redacción:
Hemos seleccionado algunos materiales que consideramos deben ser sometidos al análisis ciudadano, pues como se ha advertido permanentemente los pueblos desinformados son campo de cultivo para demagogos, populistas y totalitarios, que por medio del engaño pretenden manipularnos en beneficio de sus ambiciones de establecer Gobiernos tiránicos.




Como hemos comentado en otras oportunidades nos encontramos en vacaciones, pero manteniéndonos en alerta sobre la posibilidad de noticias importantes y comentarios de la actualidad nacional e internacional que motivan que algunas veces interrumpamos el descanso con el que cargamos las “pilas” para seguir en nuestra lucha.




Vergonzoso nos resulta el silencio de los comunistas chilenos
sobre la muerte del preso político cubano, Wilman Villar, que
falleció en su huelga de hambre protestando contra la dictadura
de los Castro en la isla mártir.

martes, 24 de enero de 2012

Breves informativas con noticias de Chile y el mundo-

Presidente Piñera calificó como ''un día histórico
para nuestra democracia'' la promulgación de la
Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario.
El Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne,
acompañado por Autoridades locales, dirigió el
término de la demolición de edificio Alto Arauco
II de Concepción.
El Ministerio de Salud traspasó al Ministerio
del Medio Ambiente la la administración de
las redes nacionales de monitoreo y vigilancia
de la calidad del aire.
Los Ministros de Vivienda, Rodrigo Pérez,
y de Economía, Pablo Longueira, inauguraron
edificio  Bicentenario IV, en la Comuna de
Constitución, Región del Maule.
Ministro del Interior, Rodriho Hinzpeter,
inauguró seminario para Fiscales y Policías
 en investigaciones complejas y terrorismo.
Diario español ABC aseguró que al dictador
venezolano Hugo Chávez le quedan pocos meses
 de vida a menos que acepte un tratamiento más
intensivo,metástasis habría pasado a los huesos.
La Unión Europea prohibió a los paises que la
integran importar petróleo iraní y congeló los
 activos del Banco Central de Irán para presionar a
 que termine su plan nuclear.
Evo Morales nombró 9 nuevos Ministros,
ratificó en sus cargos a 10 Secretarios de Estado
 y a uno lo cambió de Cartera al iniciar su 7°
año de Gobierno.
Piratas informáticos''hackearon'' webs del
Gobierno polaco en apoyo a Megaupload y en
rechazo a Leyes antipiratería online.


Presidente Piñera calificó como “un día histórico para nuestra democracia” la promulgación de la ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los Ministros del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, Hacienda, Felipe Larraín, y Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, promulgó ayer en la mañana en el Palacio de La Moneda, el proyecto de ley que establece la Inscripción Automática y el Voto Voluntario.

La iniciativa, modifica la ley de Inscripciones Electorales, de Votaciones y Escrutinios, Municipalidades, Transparencia y Gasto Electoral, Gobierno y Administración Regional, Partidos Políticos y la del Tricel.

En la ocasión, el Mandatario señaló que con esta ley “estamos avanzando, y vamos a seguir avanzando, en rejuvenecer nuestra democracia, en darle a nuestra democracia una nueva fuerza, un nuevo espíritu, una nueva vida”.

El Jefe de Estado calificó la instancia como “un día histórico para nuestra democracia”, afirmando que con la nueva normativa “no solamente estamos cumpliendo un compromiso de nuestra campaña, también estamos haciendo lo que un Gobierno debe hacer cuando observa estos signos de fatiga de manera tal de no quedarse simplemente indiferente observando lo que pasa, sino que tomar el liderazgo y lograr que nuestra democracia recupere esa vitalidad y esa juventud que estaba perdiendo”.

Agregó que esta reforma “significa una invitación a toda la sociedad chilena, pero muy especialmente, como decía anteriormente a nuestros jóvenes, a reenamorarnos de nuestra democracia, a perder los miedos y las distancias e incorporarnos con convicción y entusiasmo al proceso que es propio de toda sociedad libre”.

En esta misma línea, el Mandatario hizo un llamado a los jóvenes, indicando que “Chile los necesita hoy más que nunca, necesitamos su idealismo, su entusiasmo, su juventud, su fuerza, su optimismo porque esas son cualidades fundamentales para alimentar este compromiso que tenemos de hacer de Chile un país desarrollado en forma integral”.

El Jefe de Estado explicó que desde ahora “el padrón electoral va a crecer con la promulgación de esta ley en un 55%, pero el padrón electoral de los jóvenes menores de 29 años, se va a incrementar en un 332%”.

Asimismo, recordó que la promulgación de esta ley responde a un compromiso adquirido durante la pasada campaña presidencial e indicó que “siento también que estamos cumpliendo un compromiso con Chile al hacer esta reforma tan necesaria, tan urgente, tan importante para que nuestra democracia, la democracia de todos, recupere esa vitalidad, juventud, fuerza y entusiasmo que nos va a permitir enfrentar los problemas del presente y los desafíos del futuro”.

Para finalizar, sostuvo que “estoy convencido que esta reforma es un gigantesco paso adelante, pero no significa que con ella se agoten los perfeccionamientos a nuestra democracia”.

“Esa es una tarea permanente que vamos a tener que enfrentar con visión, con unidad, con reflexión porque al fin y al cabo la democracia debe ser algo que nos una y no que nos divida”, agregó.

Nota de la Redacción:

Esperamos que la vigencia de esta Ley efectivamente implique un rejuvenecimiento del padrón electoral y que implique una mayor participación ciudadana en los procesos electorales, aunque, tenemos algunas dudas por considerar posible que la apatía y la falta de compromiso se impongan dejando a la política con aún menos representatividad que la que tiene actualmente.

Consideramos positivo que la inscripción electoral sea autómatica, con lo que se amplía el espectro de quienes tienen la posibilidad de influir en la selección de nuestras Autoridades en más de un 50%, pero consideramos negativa la norma que establece la voluntariedad del sufragio, pues tememos se imponga la comodidad y falta de compromiso en el cumplimiento de este deber cívico.

Breves de Gobierno.
El Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, junto al Intendente de la Región del Biobío, Víctor Lobos y el Alcalde de Concepción, Patricio Kuhn, supervisaron personalmente los últimos trabajos de demolición del edificio Alto Arauco II de Concepción, estructura de 19 pisos ubicada en pleno centro de la ciudad, que se vio afectada por el terremoto del 27 de febrero de 2010, la que tuvo un costo de 749 millones de pesos.

Junto a la finalización del derrumbamiento de este edificio es necesario recordar que se han terminado los trabajos de destinados a derribar los edificios Alto Río y la Torre O´Higgins, ambas terminadas y la segunda en proceso de recepción. Además de la Torre Libertad, que presenta sobre un 97% de avance, con un costo estimativo del orden de los 2 mil 700 millones de pesos, de los trabajos que concluirán este mes.

El Ministro Golborne señaló que “Luego de dos años de ocurrido el terremoto, estos edificios aquí en la ciudad de Concepción son parte del recuerdo. Una vez que terminó el proceso judicial y nos dieron la autorización a proceder a la demolición, hicimos la licitación respectiva, la adjudicación y el proceso específico. Con esta acción que ustedes acaban de ver se dio término al edificio existente demoliendo el último muro que estaba en pie. Ahora resta retirar todos estos escombros en botaderos especiales y con eso ya estos cuatro edificios son parte de la historia”.

Agregando que “La noticia que tenemos ahora para el año 2012 es que vamos a iniciar, espero en el mes de marzo, la demolición de otros tres edificios, los tres que están, dos en Concepción, uno en la zona de Hualpén, que están pendientes de demolición y que tienen la orden respectiva. El Ministerio de Obras Públicas funciona con la orden otorgada por la municipalidad respectiva. De esta manera, una vez que se ha adjudicado esta licitación y toma  de razón de contraloría, poder adjudicar esto. La demolición que hicimos de estos cuatro edificios tuvo una inversión de dos mil 700 millones de pesos. La demolición de los tres edificios que faltan es del orden de mil 100 millones de pesos adicionales”.

Muelle de Tumbes
Posteriormente, el Ministro Golborne inspeccionó los trabajos de reconstrucción del Muelle de Tumbes, en la Comuna de Talcahuano, las obras, que ya llevan un 17% de avance, tuvieron una inversión de 1 mil 173 millones, y permitirán entregar una nueva estructura costera, debido a que el antiguo muelle resultó completamente devastado por el terremoto y posterior tsunami de febrero de 2010.

Minsal traspasó estaciones de monitoreo a Medio Ambiente.
En una ceremonia simbólica, en la que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó las llaves de las Estaciones de Monitoreo a la Ministro del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, se oficializó la responsabilidad para que esta última cartera sea la encargada de la administración de las redes nacionales de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire, los laboratorios especializados y los instrumentos que se utilizan en las diversas mediciones, tareas que antes estaban a cargo del Minsal.

Refiriéndose a la ceremonia realizada ayer, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó este que gracias a este traspaso (que rige el 1° de enero) las funciones de monitoreo y de fiscalización no estarán en la misma institución, quedando la inspección en manos de la SEREMI de Salud y el monitoreo a cargo del Ministerio del Medio ambiente.

Entregan Viviendas en Constitución.
Ministros Pérez y Longueira entregan 112 viviendas en Constitución.
El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez junto al titular de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Longueira, inauguró el edificio Bicentenario IV, en la Comuna de Constitución, Región del Maule, destinado a 112 familias, 97 de ellas damnificadas del terremoto, destacando el cumplimiento de la meta Presidencial al asignar, al 31 de diciembre de 2011, 222 mil 418 subsidios de reconstrucción.

De ese total de subsidios, 136 mil se convirtieron en obras y 71 mil se terminaron y entregaron a las familias, en tanto, en la Región del Maule, se asignaron 49.962 subsidios de reconstrucción, hay 31 mil obras en construcción y 15 mil terminadas.

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo le ha cumplido al Presidente Sebastián Piñera, a los damnificados y al país al asignar, en dos años, más 220 mil subsidios para construir y reparar viviendas, una tarea titánica, de la cual estamos orgullosos. Pero nos queda camino por recorrer, estamos en la mitad del plazo de cuatro años que nos fijamos para terminar la reconstrucción”, dijo el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna.

Además de la inauguración de las viviendas, las autoridades inspeccionaron el avance de la villa Las Cumbres,  que se compone de 220 viviendas, destinadas en un 100% a damnificados y que registra a la fecha un 58% de avance. La inversión de este proyecto alcanza los 3 mil 443 millones de pesos.

La visita a Constitución continuó con la inauguración de la nueva señaletica de tsunami y la entrega de un Centro Móvil de Operaciones de Emergencia a la dirección Regional de la ONEMI,     El vehículo fue donado por EE.UU. y es el primero de 11 que llegarán a nuestro país durante el 2012. Esta ceremonia fue encabezada por el Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, Vicente Núñez y el Alcalde Hugo Tillería.

La gira concluyó con un recorrido por locales comerciales reconstruidos con subsidios Sercotec, Corfo y el Desafío Levantemos Chile, entre ellos el restaurante “Pipa Grill” y “La bodeguita del medio” y la degustación de platos típicos de la costa de la Región del Maule.

El Ministro Pablo Longueira destacó que la “reconstrucción de estos locales ha permitido que Constitución poco a poco vuelva a ponerse de pie. Hoy gracias al apoyo de Sercotec, CORFO y al espíritu emprendedor de mujeres como Rosalía, que a pesar de haber perdido todo supo sobreponerse, y como miles de chilenos se decidió a emprender cambiando su destino y el de su familia. La Región del Maule puede recibir nuevamente a los turistas que quieran disfrutar de sus playas y de los mejores productos del mar”.

Hinzpeter inauguró seminario para Fiscales y Policías.
Ayer en la mañana el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, inauguró el “Curso de Formación para Fiscales y Policías en Investigación Complejas y Terrorismo”, organizado por este Ministerio, a través de su División de Estudios, con la participación de expertos españoles que enseñarán su experiencia en casos de connotación social internacional a partir de hoy y hasta el próximo jueves.

Entre las Autoridades presentes este día lunes, figura el embajador de España en Chile, Iñigo de Palacio España; el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; el General Director de Carabineros, Gustavo González Jure; el Director General de la PDI, Marcos Vásquez; Fiscales del Ministerio Público de nuestro país y un equipo de Fiscales de la Audiencia Nacional y Policías de la Guardia Civil de España, quienes han preparado un programa amplio respecto a la forma de enfrentar el crimen organizado y todas sus modalidades, sobre todo en base a casos que han debido investigar.

El Ministro Hinzpeter enfatizó en que nuestro país no tiene un desafío terrorista de envergadura, “pero eso no quiere decir que no seamos un país preocupado por el terrorismo, porque eso sería miopía, eso sería absoluta falta de visión política y las Autoridades que están en el Gobierno, están en el Gobierno para combatir lo que hoy día se produce en nuestro país. Pero también para construir y evitar que en el futuro se produzca lo que no queremos que se produzca. Y por eso que esta discusión que va a durar cuatro días, y que va a permitir escuchar casos reales por sus protagonistas, casos que se produjeron en España como el caso Graco, el caso X, el caso Segui, va a permitir que nuestro país también se prepare y conozca lo que ha ocurrido desgraciadamente en otras partes del mundo”.

En el mismo sentido, Rodrigo Hinzpeter agregó que nuestro país tiene “un fenómeno que nos preocupa y tenemos especialmente un desafío que nos ocupa: evitar que en la próxima década si tengamos un fenómeno de terrorismo, que cause aquellos estragos, daños, sufrimiento que ha producido en otros países”, terminando su intervención el Secretario de Estado deseo éxito en los días venideros y que estas jornadas “dejen sentadas las bases de una colaboración futura y, particularmente de una preparación presente para combatir en los tiempos que vienen, cualquier asomo de terrorismo o de conductas similares que pueda afectar lo que es la principal preocupación, responsabilidad y deber de cada gobierno, cual es procurar a sus ciudadanos una vida en paz, una vida en seguridad y una vida en tranquilidad”.

Prueban aviones no tripulados para monitorear cráteres de volcanes.
El Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, participó ayer, en la elipse del Parque O´Higgins, de una demostración de los nuevos aviones no tripulados para monitorear los cráteres de los volcanes activos mediante cámaras equipadas que transmiten imágenes en tiempo real.

Se trata de aeronaves a control remoto que cuentan con cámaras multiespectrales y térmicas, para realizar inspecciones visuales y mediciones entorno a los cráteres de los volcanes.

“Debido a la importancia de que tiene el monitoreo de la actividad volcánica en nuestro país, se probarán nuevas tecnologías, como la demostrada hoy, para complementar y apoyar el trabajo de los geólogos del Sernageomin”, señaló Solminihac.

La autoridad precisó que dichos aviones permitirán entregar información en línea sobre el comportamiento que experimente un volcán activo, en especial cuando por razones de seguridad no se puedan efectuar sobrevuelos tripulados.

Solminihac agregó que el Sernageomin estima realizar la primera prueba de estos equipos en el complejo Cordón Caulle durante las próximas semanas.

Otras actividades.
En otras actividades el Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, hizo un llamado a los veraneantes nacionales e internacionales a planificar sus vacaciones hacia las playas, caletas y bordes costeros, de las Regiones VI, VII, y VII, afectados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, asegurando   que el Gobierno ha cumplido con el 100% de conectividad en carreteras y caminos para regresar a estas costas, presentando un spot publicitario del MOP, en conjunto con SERNATUR, destinado a incentivar a los turistas a volver a esos hermosos parajes.

El   Ministro de Salud, Jaime Mañalich,  acompañado por el Alcalde Sadi Melo, inauguró el Centro de Salud Familia (CESFAM) Santa Laura, ubicado en la población del mismo nombre de la Comuna de El Bosque, oportunidad en que resaltó la importancia de este tipo de establecimientos en la resolución de los problemas de salud de la gente.

“Somos herederos y continuadores de la una política de Estado muy potente que busca fortalecer la salud primaria. En ese sentido el Presidente de la República se ha comprometido a aumentar el presupuesto para la construcción de nuevos de centro de salud familiar, que constituyen la piedra angular de la salud primaria. Su promesa, de hecho, ha sido, iniciar durante su mandato 56 nuevos centros, de los cuales 18 ya están en marcha, sostuvo la autoridad.

Mañalich dijo en la ceremonia que la infraestructura está diseñada para dar una atención integral con enfoque familiar, comunitario y de calidad. “Estos Cesfam son cruciales para lograr que la gente reciba una atención de salud cercana y no tenga que acudir a los hospitales cuando no lo necesita. Son el lugar indicado para que tengan continuidad en el tratamiento de sus enfermedades crónicas que afectan cada vez más a nuestra población”.

UE prohíbe compra de Petróleo a Irán.
La Unión Europea, que consume el 20% del petróleo que exporta Irán, básicamente a través de Italia, España y Grecia, aprobó ayer sanciones contra el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad, prohibiendo el abastecimiento de crudo de ese país y dando a los países afiliados plazo hasta el 1 de julio para la finiquitación de los contratos vigentes. La UE también congeló los activos del Banco Central iraní como una manera de presionar a que Teherán abandone su programa nuclear.

México: caen 11 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa.
Las fuerzas de seguridad en México detuvieron a once presuntos miembros de la organización delictiva más poderosa del país, el Cartel de Sinaloa, según las Autoridades los aprehendidos trabajaban para Joaquín “El Chapo” Guzmán, el hombre más buscado de México, los arrestos se practicaron durante una redada en helicóptero en un rancho en el Estado noroccidental de Durango el viernes pasado.

Durante la operación, las tropas de elite mataron a un hombre acusado de ser el líder Regional de la banda, Luis Alberto Cabrera Sarabria, las fuerzas de seguridad consideraron que su muerte es un duro golpe a las operaciones del Cartel de Sinaloa en el noroeste mexicano.

Bolivia reestructura Gabinete Ministerial.
Al iniciar su séptimo año de Gobierno Evo Morales realizó una reestructuración de su Gabinete Ministerial nombrando a nueve nuevos Secretarios de Estado y rarificando a once, luego de que sus Ministros presentaran una renuncia colectiva.

Entre los ratificados figuran David Choquehuanca, en el Ministerio de Relaciones Exteriores; Rubén Saavedra, en el de Defensa y Luis Arce, en el de Economía, mientras el titular de la Presidencia, Carlos Romero, pasó al Ministro de Gobierno, Interior.

Guatemala revoca la pena de muerte a 53 condenados.
La Corte Suprema guatemalteca revocó la pena de muerte a 53 condenados por considerar  que “se violó el derecho” a su legítima defensa, la mayoría de los que se encuentran procesados por por secuestro, asesinato y violación, a los que se aplicó una pena sustitutiva de 50 años de presidio.

En declaraciones a la prensa local, el Presidente de la Cámara Penal, César Barrientos, explicó que la decisión se basó en que en los juicios contra los acusados “se violaron los principios del debido proceso” por lo que estos no tuvieron una oportunidad legítima de defensa.

Se constituyo el nuevo Congreso egipcio.
Con una gran mayoría islamista se constituyó el primer Parlamento, elegido en Egipto desde la caída del ex Presidente Hosni Mubarak, el que será Presidido por Saad Katatni, Diputado del Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los Hermanos Musulmanes.

Destituyen a Canciller de Rumania.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Rumania, Teodor Baconschi, fue destituido por insultar a manifestantes que organizaron protestas contra el gobierno durante los últimos diez días, al manifestar que el futuro del país  será decidido por los que trabajan para ganarse la vida y no por lo que llamó “el arrabal violento e inepto”

En una entrada en su blog, el ex Canciller Baconschi acusó a los manifestantes, contrarios al Gobierno, de “estar detrás de los herederos de la Securitate”, la policía política de la Rumania comunista, los reclamantes han rechazado el programa de austeridad del Gobierno y la realización de elecciones anticipadas.

Siria: más de 150.000 personas protestan en funeral en Douma.
Más de 150.000 personas se congregaron en la ciudad siria de Douma para protestar en contra del Gobierno durante los funerales de 12 personas que murieron en los últimos tres días, tres de las víctimas perdieron la vida mientras se encontraban detenidos.

Activistas dicen que se trató de la demostración más grande en contra del gobierno en Douma desde el inicio de la sublevación contra el presidente Bashar al Asad, mientras informes procedentes de la ciudad de Homs, bajo control parcial de los rebeldes, hablan de un virtual estado de guerra.
Un comentario para revisar:
Fukuyama otra vez,
por Tamara Avetikian.

El siempre polémico Francis Fukuyama, con su ensayo “El futuro de la Historia”, publicado recién en Foreign Affairs, sacará, creo, más chispas que con varios de sus escritos anteriores, porque ataca a la élite financiera de EE.UU., a la clase política de Washington y al capitalismo.

El mismo analista que en 1989 aventuró “el fin de la historia”, porque la democracia liberal (“la forma final del gobierno humano”) había triunfado categóricamente sobre las dictaduras comunistas, ahora está preocupado por el destino del sistema. No porque piense que haya otro mejor que pueda reemplazarlo (la izquierda se quedó sin ideas, sostiene, y el welfare state está exhausto), sino porque “la actual forma de capitalismo globalizado está erosionando la base social de la clase media, sobre la cual descansa la democracia”.

Suena exagerado y, a priori, uno tiende a pensar que Fukuyama fuerza el argumento.

Lo que sostiene es que, por una parte, el “modelo capitalista con escasa regulación financiera que emergió hace treinta años” ha causado las últimas crisis económicas y, por otra, que la sociedad tecnológica tiende a aumentar las desigualdades sociales y económicas. Esto, porque los beneficios de la innovación se acumulan de manera exagerada en unos pocos, los más talentosos y mejor educados, quienes trabajan en las finanzas o en el sector high tech. El peligro es que las sociedades “con extremos de riqueza y pobreza son susceptibles de una dominación oligárquica o de una revolución populista”. Bien lo sabemos en América Latina.

En Estados Unidos, las desigualdades crecen y seguirán aumentando, apunta, porque “la actual concentración de riqueza ya comenzó a reforzarse a sí misma” y las “élites usan su poder político para proteger sus intereses” e impedir regulaciones, mientras no se produzca una “movilización democrática” que contrarreste esa situación.

¿Será en los “indignados de Wall Street que Fukuyama está pensando? Más bien creo que se refiere a algo que surja desde adentro del sistema, algo o alguien que modifique las reglas para nivelar la cancha. De hecho, las ideas que lanza se las recomienda a un “escritorzuelo” que imagina una nueva ideología que establezca la “supremacía de la política democrática sobre la economía y legitime de nuevo al gobierno como expresión del interés público”. Una cuestión que está en el centro del debate electoral de EE.UU., especialmente entre los que apoyan al Tea Party. Otras ideas: rediseñar el sector público para liberarlo de la influencia de intereses particulares; “argumentar de frente a favor de una redistribución”; “ver los mercados no como un fin en sí mismos”, sino por su aporte a que “la clase media florezca”, y recomienda criticar a “las élites por permitir que el beneficio de muchos sea sacrificado por el de unos pocos”.

Provocativo, ¿no? Veamos cómo se desarrollará el debate.

sábado, 21 de enero de 2012

Temas para meditar...

Presidente Sebastián  Piñera encabezó ayer la segunda
jornada del Consejo de Gabinete que se desarrolla en el
Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Avión que se estrelló en aeródromo La Paloma de
Puerto Montt, en la aeronave viajaban
7 deportistas que participarán en la Regata VTR
Chiloé 2012, los que salieron ilesos.

PDI intensifica rastreo de banda que hizo túnel
para robar banco en San Antonio, la excavación
tiene una longitud que supera los 14 metros, lucha
contra delincuencia es tarea Gubernamental pendiente.

Los ex Ministros Belisario Velasco y Mariano
 Fernández descartaron que el pacto alcanzado
entre las DC y RN se proyecte al ámbito
 electoral.

Suspenden la búsqueda de desaparecidos
en el Costa Concordia debido al movimiento
del crucero, se anuncian fuertes marejadas.

La Organización para la Destrucción de Armas
Químicas (OPAQ) verificó la existencia de armas
químicas no declaradas en Libia bajo dictadura
de Gadafi.
Los jefes de misión de la ''troika'' se reunió en
Atenas con el Ministro de Finanzas griego,
Evangelos Venizelos, para evaluar la marcha de
 la economía y reformas.

A la salida del Consejo de Gabinete
realizado en el Palacio Presidencial
de Viña del Mar:


Al término del Consejo de Gabinete, ayer en a tarde, el Ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, enfatizó que el Presidente Sebastián Piñera desea que esos acuerdos se discutan al interior de la Coalición por el Cambio, y una vez conversados esos acuerdos, compartirlos con la oposición para tener una reforma consensuada y con amplio respaldo, reiterando que reiteró las cuatro prioridades en las que se enfocará el trabajo durante el 2012 para el Ejecutivo y que se basan en lo que Educación, Salud, Seguridad Ciudadana y Crecimiento en lo laboral.

 
“Nosotros creemos que este es el año del diálogo. Tenemos que seguir perfeccionando nuestros instrumentos para apoyar a los estudiantes, creemos que los estudiantes van a darse cuenta y sus familias se van a dar cuenta del tremendo esfuerzo que está haciendo el Gobierno este año, que como digo, se va a traducir en 110 mil becas más”, señaló el Ministro de Educación, Harald Beyer, a la salida del Consejo de Gabinete en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar.
 

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseveró, luego del citado Consejo de Gabinete que “Quiero asegurarles a las chilenas y chilenos que el Gobierno del Presidente Piñera está haciendo todo lo que está de su parte para proteger sus empleos”, agregando que “Estamos ante una situación internacional adversa. La economía de Europa está en recesión. En este escenario se hace más importante tener responsabilidad por parte de los agentes sociales y políticos”.
 

Una promesa que no está siendo cumplida.

El gobierno, que se comprometió a reducir los niveles de delincuencia, debe tomar medidas para revertir una situación que se deteriora.
 
Los resultados que arrojó el Índice de Victimización que elaboran Paz Ciudadana y Adimark constituyen un fuerte llamado de atención respecto de cómo se está enfrentando la lucha contra el delito. También revelan que en esta materia se ha producido un importante retroceso, no obstante ser esta una declarada prioridad del actual gobierno. Resulta especialmente preocupante que la proporción de hogares en que alguno de sus miembros fue víctima de un robo o intento del mismo alcanzara en diciembre pasado a 39,3%, nivel cercano al máximo registrado en noviembre de 2006, cuando el indicador anotó 41,7%. El resultado es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que a partir de fines de 2006 el índice de victimización había iniciado una sostenida baja, llegando a 33% en diciembre de 2010, momento en que inició un gradual repunte.
 

Posiblemente, el hecho de que más personas estén siendo víctimas de robos explica que el nivel de temor también vaya en aumento, como quedó en evidencia en el estudio. Sumando el porcentaje de personas que se ubican en los niveles "medio" y "alto" de temor, se llega al 87%, cifra que da cuenta de una fuerte sensación de inseguridad. Estos resultados suponen un grave perjuicio para la calidad de vida de la ciudadanía, lo que se ve reflejado en una pérdida de confianza hacia distintas instituciones y la búsqueda de sistemas privados de seguridad, con todos los costos que ello implica. Asimismo, permiten levantar legítimos cuestionamientos sobre la calidad de las políticas que el Ejecutivo ha implementado para bajar el número de delitos en el país. Esto último se observa también en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, según la cual sólo el 8% de la población valora la forma como el gobierno está controlando la delincuencia.
 

Las autoridades han explicado que parte del incremento de la victimización se debe al mayor número de marchas y movilizaciones sociales -que sólo en la Región  Metropolitana sumaron más de dos mil durante 2011-, lo que obligó a destinar personal policial al control del orden público, disminuyendo la dotación destinada a la prevención de delitos. Si bien esta explicación puede resultar atendible, estos resultados confirman que existe una estrecha relación entre orden público y seguridad ciudadana. Es muy posible, asimismo, que el alza de la delincuencia esté asociada a otro efecto provocado por la manera en que el gobierno enfrentó las manifestaciones y tomas del año pasado: la pérdida del sentido de autoridad debido a las erráticas señales emitidas en este ámbito por el Ejecutivo. Lo anterior sugiere que deben tomarse todas las providencias necesarias para evitar que el clima de desorden que existió en 2011 no se repita en 2012.
 

Los públicos desencuentros y entredichos que han sostenido el Poder Judicial y la Fiscalía Nacional con el gobierno no ayudan a la tarea de coordinar y mejorar los esfuerzos para combatir el delito. Esta actitud, por lo demás, ha sido reprobada por la ciudadanía, pues estos tres actores         -según Paz Ciudadana-Adimark- han sido evaluados con nota inferior a cuatro, donde los jueces obtienen la peor calificación, con apenas un tres. Resulta imperioso establecer una relación fluida entre estas autoridades, pero sin que esto minimice la necesaria responsabilidad que deben asumir ante la opinión pública.

 
Ritmo de la reconstrucción en Vivienda.

En los últimos meses se ha incrementado con fuerza el ritmo de construcción de viviendas en las zonas devastadas por el terremoto. De acuerdo con las últimas cifras conocidas, en diciembre se gastaron más de $52 mil millones en subsidios para levantar casas, un monto largamente superior al promedio del 2011, y para el presente año se prevé un gasto promedio récord de $40 mil millones mensuales.
 

Tras un primer año muy complejo, el Gobierno ha remontado notoriamente su gestión en el Ministerio de Vivienda, una de las carteras que más preponderancia tienen desde el punto de vista del impacto de sus decisiones en la calidad de vida de las personas. Ello ha sido posible, por una parte, por la disminución de la crisis inicial que significó el terremoto de febrero de 2010, y, por otra, debido al dinamismo que le ha impreso el actual ministro de la cartera.
 

Los desafíos más acuciantes están hoy puestos en la reconstrucción. Ello es producto de la urgencia que demanda resolver el problema de que aún exista gente que continúa viviendo en soluciones de emergencia. Aun así, se debe tener presente que los retos del ministerio son mucho más profundos.
 

Si bien Chile ha sido puesto como un ejemplo en cuanto a su política habitacional -en comparación con el resto de los países de Latinoamérica- por las líneas de acción que ha seguido en los últimos 30 años, necesariamente ella se debe adaptar al nuevo contexto. Durante muchos años el énfasis se puso en erradicar campamentos, de forma de darles a sus habitantes acceso, como mínimo, a los servicios básicos. Pero una vez que ello ha ido superándose, pese al retroceso que significó el terremoto, los desafíos en Vivienda se deben hacer cargo ya no sólo del problema cuantitativo -que implique darles soluciones habitacionales a familias allegadas o en condiciones de extrema pobreza-, sino también del problema cualitativo.
 

El tema cualitativo tiene una doble dimensión. Por una parte existe la necesidad de reemplazar viviendas con defectos de calidad y estado de su construcción, las que ascenderían a cerca de 500 mil en todo Chile. Por otra, ello dice relación con las soluciones habitacionales nuevas que se están entregando. Y es en este aspecto donde se están dando pasos significativos.
 

Por ejemplo, la política impulsada por este ministerio de entregar soluciones habitacionales cercanas a los 55 metros cuadrados en departamentos es acertada y coherente con los requerimientos de las familias actuales, y contrasta fuertemente con las viviendas de 35 metros cuadrados utilizadas por largos años (en las décadas de los 80 y 90), cuando la prioridad era sacar a la gente de la miseria y los recursos del país eran bastante más escasos. Hoy se necesitan viviendas más grandes y más equipadas de acuerdo con el actual estadio de desarrollo del país. Y esto parece ir en la dirección correcta.
 

Finalmente hay que destacar los esfuerzos que está haciendo la cartera de Vivienda en materia de urbanismo, un área permanentemente postergada en todos los gobiernos. Este año se invertirán 90 mil millones en la construcción y finalización de diversos proyectos de pavimentación, espacios públicos e infraestructura sanitaria en el país. Ello es ampliamente positivo, aunque significa una leve mejora del déficit que se arrastra en esta materia. Ha sido comprobado empíricamente que ciudades más amables, con mejor infraestructura y mayores espacios públicos permiten un avance contundente en el bienestar de sus habitantes y reducen de forma importante la conflictividad social y la delincuencia. Es claramente saludable que exista la intención de ir más allá en esta materia.
 

Proyección antártica.
El Presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo plan estratégico para el territorio antártico nacional, que permitirá a Chile revitalizar su presencia en el continente blanco. Un objetivo ambicioso, que significará asignar más recursos, pero impostergable para un país que reclama soberanía y ha estado por décadas presente en una zona que aumenta su valor, a medida que los territorios vírgenes son más escasos en el planeta.
 

De acuerdo con lo señalado por el Mandatario en un reciente viaje a las bases chilenas, el plan se consolidará en un proyecto que tiene cuatro ejes básicos. El primero es la construcción de una base en el círculo polar. El segundo corresponde al refuerzo del concepto de Punta Arenas y Puerto Williams como las mejores "puertas de entrada" a la Antártica, en cuanto puedan brindar el apoyo adecuado a las expediciones de investigación. Aquí cobran importancia las universidades e institutos científicos que estén en la zona o que se instalen allá. El tercer punto mencionado por el Mandatario tiene que ver con la armonización y sistematización de la normativa nacional, dispersa en 67 textos legales, cuya integración en una legislación coherente permitirá crear normas de funcionamiento para mejorar la coordinación de las instituciones relacionadas con la Antártica, que son Cancillería y Defensa. Por último, pero ligado al segundo eje, el Gobierno se ha propuesto reforzar las ciudades australes como bases para el desarrollo turístico antártico. Para 2014 podrían verse los primeros frutos del proyecto.
 

Desde la firma del Tratado Antártico en 1959, del cual Chile es signatario y como tal tiene estatus consultivo, ha cambiado mucho la forma de aproximarse al continente helado. Al principio el tema fue establecer reclamaciones de soberanía territorial, peticiones que fueron recogidas y respetadas por los firmantes, a pesar de que muchas de ellas estaban sobrepuestas, pero que hoy se mantienen en statu quo. Más tarde, surgió el interés de algunos países por explotar los recursos naturales con fines comerciales, el cual fue aplacado ante el peligro que supone para el medio ambiente antártico cualquier empresa de ese tipo. Ahora, todas las acciones apuntan, razonablemente, hacia labores científicas, dadas las inmejorables condiciones que tiene la Antártica para ese fin.
 

En ese marco, el rol que puede jugar Chile es valiosísimo, y de ahí la importancia del anuncio presidencial en cuanto a construir una base que profundice la locación más cerca del Polo Sur, y no en la periferia, como las existentes, y el propósito de fortalecer la Región de Magallanes. Será tarea del Ministerio de Defensa, que cuenta con la logística y los recursos humanos y técnicos, lograr la mejor ubicación para que las nuevas instalaciones (cuyo proyecto debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental y aprobado dentro del sistema antártico) sean de utilidad no sólo para los científicos nacionales, sino también para instituciones extranjeras que trabajen en conjunto. Es vital que la nueva política antártica sea realista, se materialice en acciones concretas, con significativos aumentos de recursos para la zona austral, y que se proyecte más allá del horizonte de tres años previsto por ahora.
 

Sesiones del Senado en Santiago.
La mesa del Senado ha mostrado su intención de promover que las sesiones especiales de la Cámara Alta  -aquellas que discuten temas de interés y no son convocadas para legislar- puedan ser celebradas en Santiago, ocupando para ello las instalaciones del ex Congreso Nacional, cuya remodelación está próxima a concluir.
 

La iniciativa es polémica, porque no está claro si resulta legal que las sesiones de sala se desarrollen en un lugar distinto a Valparaíso y también porque podría suponer un nuevo paso en la voluntad de traer el Congreso a Santiago. Hay que recordar que, a mediados de la década de los 90, el Tribunal Constitucional dictaminó que, si existe el deseo de trasladar la sede del Poder Legislativo, es necesaria la aprobación de una ley que, al irrogar gasto, sólo puede ser impulsada por el Ejecutivo. Debido al alto costo electoral que sufriría en la Región de Valparaíso el gobierno que auspiciara este tipo de legislación, la idea de trasladar el Congreso a través de una reforma legal ha sido descartada en la práctica.
 

Pese a ello, se han ido adoptando medidas que, en los hechos, implican el traslado de una parte del trabajo legislativo a Santiago. En 2009, las bancadas acordaron permitir que las comisiones pudieran funcionar en la capital. Al mismo tiempo, el antiguo edificio del Congreso fue devuelto al Poder Legislativo, el que lo usa como una suerte de segunda sede. Es indudable que existen justificadas razones prácticas e históricas que hacen aconsejable traer de vuelta el Congreso a Santiago. Sin embargo, esto debe hacerse a través de una reforma legal de acuerdo a las condiciones establecidas por el Tribunal Constitucional y no impulsando cambios graduales que guardan la formalidad, pero que, además de obligar a multiplicar los gastos destinados a un Congreso que tiene dos sedes, parecen torcer el espíritu de la ley.
 

Frustraciones de dos décadas.

Nuestro debate educacional durante las últimas dos décadas es revelador tanto de las dificultades por las que ha transitado el sistema educativo, como de la frustración que producen los logros alcanzados, lejos de las aspiraciones en las que se basaron las políticas implementadas en cada oportunidad.

 
Una constante que no ha abandonado dicho debate es la tensión entre el esfuerzo destinado a mejorar la calidad de la educación en general y aquellas medidas orientadas obsesivamente a buscar mediciones que disminuyan las brechas existentes entre los sectores económicos altos respecto de los bajos, sin que ello necesariamente sea el resultado de una mejoría en el desempeño de los alumnos pertenecientes a estos últimos. Parecía más importante dar la sensación de una disminución de brechas que el haberlas efectivamente acortado. Un ejemplo de ello han sido las pruebas de selección universitaria.


Cuando aún estaba vigente la PAA, se eliminaron ciertas categorías de preguntas de la prueba verbal, porque en ellas se constataban con más fuerza esas brechas, como si eliminando esas preguntas se corregía el problema de fondo. Del mismo modo, el gran argumento que en su momento se esgrimió para suprimir finalmente la PAA fue que una prueba más orientada a los conocimientos -inicialmente la SIES y luego la actual PSU- arrojaría resultados con menores brechas entre los segmentos socioeconómicos. Ello no sólo revelaba la incorrecta orientación de la medida desde su concepción inicial -que un cambio de "termómetro" bajaría la "fiebre" del paciente-, sino que además estaba claramente mal concebida para lograr los propósitos buscados, pues parecía obvio que una prueba de conocimientos aumentaría las brechas respecto de una prueba de aptitudes, ya que estas últimas están mucho más uniformemente distribuidas en la población que lo que lo están las capacidades para traspasar conocimientos a los distintos segmentos socioeconómicos en escuelas que tienen disímiles calidades desde la partida.
 

Asimismo, ha habido una creciente crítica al financiamiento compartido aprobado a comienzos de la década de los noventa, como el supuesto gran causante de una agudización de esa segmentación. Lo que el financiamiento compartido logra es mejorar marginalmente la calidad de los establecimientos que obtienen esos fondos, a lo que se adiciona una mayor participación y preocupación de los padres por la educación de sus hijos, manifestada en ese esfuerzo financiero, lo que de por sí mejora las condiciones en las que se imparte la educación en dichos colegios, y constituye una buena solución al problema de la calidad mientras el Estado no esté en condiciones de entregar una subvención por alumno cercana a lo que cuestan los colegios particulares pagados, que podría ser una medida de la cifra a aspirar. El criterio detrás de querer eliminar el financiamiento compartido es una preferencia por una educación parejamente mediocre -eso sería más "justo"- que por una gradualidad desde esa mediocridad hacia la calidad a través de un esfuerzo adicional de los padres mientras el Estado logra aumentar la subvención.
 

A pesar de los enormes aumentos de los recursos destinados a educación en los últimos 20 años, las mejorías logradas son muy menores a las esperadas. Ello instala una frustrante sensación de haber dejado transcurrir dos décadas sin disminuir las inequidades educacionales, que eran la principal fuente de motivación del trabajo del Estado en este ámbito. El ministro Beyer ha planteado que sus esfuerzos están orientados a mejorías en calidad y equidad, pero sin la sobrecarga ideológica sobre esta última, que hasta ahora ha resultado un freno a los progresos de la primera.
 

Futuro del Transantiago.
En una entrevista concedida a un diario diario, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones entregó su visión del sistema de transporte público. Desde un comienzo, el Transantiago ha sido un dolor de cabeza para todos los que han estado asociados al proyecto, incluyendo a los dos últimos gobiernos. El proyecto prometía una mejor calidad de servicio sin elevar las tarifas ni requerir subsidios. En la práctica, el servicio en sus inicios fue de pésima calidad y sólo a duras penas ha podido remontar, aumentando sus costos mucho más de lo esperado, por lo que requiere cuantiosísimos y permanentes subsidios del fisco.
 

Por esa razón, tal vez sea sorprendente para muchos que el ministro considere que la inspiración original del Transantiago era correcta. En efecto, el Transantiago ha reducido drásticamente los accidentes, así como las emisiones del transporte público. Nos hemos olvidado de los asaltos a choferes del transporte colectivo, una ocurrencia usual en el pasado. El problema es que el público que critica el Transantiago no advierte estos beneficios, porque pareciera ser más fuerte el peso de las promesas incumplidas de mejor calidad de servicio.


En la entrevista, por primera vez un ministro de Transportes admite que el sistema tendrá un déficit permanente, ya que los ingresos sólo cubren el 40% de los ingresos, y la reducción en la evasión será una contribución pequeña a reducir el déficit. Se debe recordar que la actual ley que subsidia el transporte público disminuye el subsidio con el paso del tiempo, por lo que el próximo año no podrá cubrir el déficit, a menos que se modifique la ley. El ministro nos recuerda que en Europa los subsidios pagan casi el 80% de los costos, y pese a ello las tarifas son más elevadas que en Chile. Esto explica la mejor calidad del servicio en esos países.
 

Es necesario hacer memoria para recordar que tal vez uno de los errores fundamentales en la concepción del Transantiago fue la idea de que podía ser autosustentable. Un estudio en una publicación de un centro académico encontró supuestas utilidades de varias decenas de millones de dólares en el sector bajo el sistema antiguo y, basados en ello, sus autores propugnaron que este margen significaba que un sistema de transporte público moderno y de mejor servicio podría cubrir sus costos, pese a las dudas de algunos especialistas de transportes.
 

El problema es que cuando se implementó el sistema, sólo se podía autofinanciar si ofrecía una baja calidad de servicio, usando pocos buses de gran tamaño. El resultado fue desastroso, y aunque luego se aumentó el número de buses y por lo tanto los costos, su imagen no volvió a recuperarse. Además, con el mayor número de buses, el sistema requería subsidios para financiarse. Peor aún, la mala calidad inicial provocó la fuga de usuarios hacia el transporte privado, vía adquisición de automóviles, un fenómeno difícil o imposible de revertir y que ha impactado en una mayor congestión.
 

Otra causa de mal servicio son las deficiencias del sistema de control de flota. Esta tarea está delegada en el operador tecnológico, el que no ha respondido a los requerimientos del sistema, acaso porque no posee un vínculo directo con éste, ya que opera bajo un subcontrato. Esto es algo que el ministro desea cambiar, estableciendo un contrato directo, lo cual ha sido difícil, por la inflexibilidad y falta de proactividad del Administrador Financiero del Transantiago, que contrata al operador tecnológico. Se debe recordar que aún no se ha llamado a licitación para el sistema de gestión de flota definitivo, pese a múltiples anuncios pasados.
 

En todo caso es refrescante que un secretario de Estado tenga una visión clara y apolítica de los problemas de su sector. Es de esperar que el ministro consiga renegociar los contratos y que aunque el Transantiago no alcance nunca la calidad prometida en sus inicios, mejore lo suficiente como para frenar el traspaso de usuarios hacia el transporte privado.


Efectos en Chile de la crisis económica en Europa

Las autoridades locales deben estar dispuestas a utilizar todos los instrumentos de estabilización a su disposición.


En una movida ya anticipada por los mercados financieros, la agencia de clasificación de riesgo Standard & Poor's (S&P) decidió adoptar un enfoque selectivo para las nuevas notas de riesgo de las economías europeas. Las calificaciones de siete países no presentaron cambios (Bélgica, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Holanda), mientras que hubo rebaja de un escalón para cinco (Austria, Francia, Malta, Eslovaquia y Eslovenia) y de dos para otros cuatro (Chipre, Italia, Portugal y España). Por su parte, 14 países de la región tienen aún una perspectiva negativa, lo que indica que S&P asigna una probabilidad de un tercio de volver a reducir la calificación en 2012 ó 2013 para esta muestra de naciones. La razón clave detrás de esta rebaja en calificación estuvo centrada en la falta de decisión y eficacia de la respuesta de política por parte de las autoridades europeas. En particular, la preocupación de S&P se centra en la falta de contundencia de los planes de consolidación fiscal y la posibilidad de un deterioro fiscal mayor.
 

A pesar de que el impacto de corto plazo de estas rebajas ha sido muy poco significativo, la decisión de S&P da cuenta de la gravedad de la situación europea y de los límites a la capacidad de endeudamiento de los mecanismos financieros creados para la compra de los bonos europeos en riesgo. Un efecto directo de lo anterior es que se incrementa la dependencia de financiamiento de los grandes bancos del continente respecto del Banco Central Europeo. En consecuencia, dada la menor capacidad de los bancos para recaudar financiamiento de manera normal, éstos estarán más reacios a prestar, lo que parece conducir a la zona euro hacia una recesión económica. La realidad indica que los planes de ajuste fiscal tienen poca probabilidad de éxito si no son acompañados de crecimiento económico. En este sentido, existen importantes voces que apuntan a la necesidad de avanzar rápidamente hacia políticas que fomenten la competitividad externa y ayuden a reducir la carga financiera de las altas deudas públicas. La premura en dichas reformas parece requerir de modificaciones en la situación cambiaria actual, siendo la más obvia una depreciación en el euro que permita generar inflación en dicha moneda y caída de salarios reales.

 
La crisis europea ha tenido un impacto en Chile. Según la visión de consenso, la economía nacional crecería en 2012 muy por debajo de lo observado en 2011. La principal vía de contagio parece ser financiera. En efecto, la incertidumbre externa ha repercutido negativamente tanto en el costo del financiamiento en moneda extranjera como, aparentemente, en moneda local. Frente a este complejo escenario externo, las autoridades locales deben estar dispuestas a utilizar todos los instrumentos de estabilización a su disposición. En materia monetaria, el Banco Central debe estar atento a relajar aún más su política de tasas de interés, en la eventualidad de un deterioro adicional de la economía global. El gobierno, por su parte, debe procurar entregar señales de confianza y estabilidad al sector privado. Un aporte significativo, además de lo relativo a impuestos y gasto fiscal, debe ser la flexibilización laboral.


¿Hacia un régimen semipresidencial?
Junto al fuerte remezón político generado por su anuncio y las circunstancias que lo rodearon, también el contenido del acuerdo sobre reformas alcanzado por RN y la DC plantea una diversidad de otras complejas aristas. No puede ser de otra manera, tratándose de un cambio como el que allí se propone: nada menos que la instauración de un nuevo régimen político que contradice visiones históricamente arraigadas en el país. Una reforma que viene generando entusiasmo en círculos académicos y en algunos sectores políticos (de hecho, la misma DC la apoyó en su último congreso ideológico, en 2007) desde los años 80, pero que hasta ahora parecía confinada al campo de las discusiones teóricas. Hoy ésta es replanteada en un momento crítico para la actividad pública y presentada como camino para superar las actuales dificultades. Ello abre un debate imposible de agotar en el corto plazo, pero frente al cual surgen desde ya algunas preguntas ineludibles.
 

¿Qué tan profundo es el compromiso? Es revelador que, aunque el texto sólo dedica al cambio del sistema electoral un par de párrafos, hasta ahora toda la controversia se haya centrado en ese punto. Sea por el clima político actual o por otras consideraciones, lo cierto es que son muchos los actores que hoy leen el documento DC-RN básicamente como un compromiso para reformar el binominal, donde todas las demás propuestas tendrían un carácter adjetivo. Difícilmente cambiará aquella percepción mientras sus firmantes no avancen en fórmulas — ¿Conformación de comisiones de trabajo? ¿Presentación conjunta de textos de reforma constitucional?— que aterricen esos contenidos y expliciten el grado de condicionamiento entre sus distintos puntos.

 
¿El mejor modelo? Algunos cientistas políticos han planteado que el sistema semipresidencial francés, inspirador de la propuesta, tiene la gran virtud de combinar la existencia de una figura presidencial fuerte elegida popularmente, y la conformación de gobiernos de mayoría, encabezados por un Primer Ministro ratificado por el Congreso. Ello resolvería el siempre complejo problema de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, que tanto el Presidente Piñera como muchos de sus antecesores han experimentado y sufrido. Se trata sin embargo de un modelo muy particular, una suerte de híbrido nacido como respuesta a la crisis francesa de mediados del siglo pasado y que plantea sus propias contradicciones, resumidas en los períodos de cohabitación en que un mandatario debe convivir con un primer ministro de signo político opuesto. Ello aparece como intrínsecamente conflictivo y ha sido resumido por analistas como Alfredo Joignant en la figura de un Sebastián Piñera obligado a cohabitar con Camilo Escalona o una Michelle Bachelet con Pablo Longueira. Cómo asumiría la sociedad chilena escenarios de ese tipo, en que el Presidente por el que votó la mayoría apareciera intervenido por un primer ministro designado por el Congreso no es una pregunta de relevancia menor. Lo que hasta ahora se ha señalado sobre el modo en que se dividirían funciones uno y otro resulta confuso: aunque el documento de ayer plantea que el Jefe de Estado tendría atribuciones exclusivas en las RR.EE., la Defensa y la tuición de la administración pública, previamente algunas voces en RN han sugerido dejar también en sus manos las tareas de Hacienda, de profunda incidencia sobre carteras sectoriales que en esta fórmula dependerían del primer ministro.

 
¿Qué pasa con el Congreso? El mismo Joignant ha advertido que esta discusión necesariamente lleva a debatir el actual sistema bicameral, recordando precisamente el modelo francés, donde el juego político se define en la Asamblea (el equivalente a nuestra Cámara de Diputados), la que da o quita las mayorías para la conformación del Gobierno. El decisivo rol que en Chile ejerce el Senado quedaría bajo interrogante.

 
¿Qué dirán los “indignados”? Muy probablemente, un modelo semiparlamentario, con un sistema electoral más proporcional que el actual generará fluidez en las coaliciones, permitiendo mayorías más flexibles pero también más inestables. Eso significa que las negociaciones y arreglos políticos jugarán un rol aún más central del que ocupan hoy. Cómo percibiría todo aquello una ciudadanía que insiste en colocar al Congreso y los partidos en los peores lugares de cualquier ranking de credibilidad pública, es una pregunta molesta pero también inevitable.


Informe sobre exonerados políticos.
El caso de los falsos exonerados por motivos políticos ha revelado una vez más las fisuras del cuerpo del Estado que permiten a algunos saltarse reglas y normativas para usufructuar de beneficios que corresponderían a ciertas personas por situaciones excepcionales. Leyes laxas o mal concebidas han contribuido también a generar las condiciones para que ello suceda. Como un síntoma de que la ciudadanía, alertada por los medios de comunicación, toma conciencia de esto, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, convertida en comisión investigadora de la denuncia sobre esta flagrante irregularidad, ha emitido su informe acerca del particular. Sus conclusiones apuntan a una institucionalidad débil y a la lenidad de los funcionarios encargados de comprobar los requisitos presentados por quienes se atribuían la condición de haber sido despedidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
 

Para acogerse a los beneficios previsionales por gracia otorgados por la ley 19.234 de agosto de 1993, los supuestos exonerados debieron presentar una solicitud ante el Presidente de la República acreditando su situación con los documentos respectivos, y en caso de pérdida o destrucción de los instrumentos públicos o auténticos, con cualquier documento o instrumento que constituyese principio de prueba por escrito, como, por ejemplo, certificados emitidos por parlamentarios.

 
Respecto de este punto, se formularon cargos por la responsabilidad que les cupo a algunos congresistas en el escandaloso fraude al fisco al entregar certificados a personas que no cumplían con los requisitos legales para percibir pensiones fiscales. La Contraloría General de la República había sostenido que "la calificación de la exoneración constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República, lo que obsta o limita la revisión que esta institución fiscalizadora pudiera hacer sobre la decisión adoptada en cada caso". Asimismo, los diputados de la Coalición por el Cambio plantearon la obligación de la Cámara Baja como rama fiscalizadora del Congreso de esclarecer si parlamentarios incurrieron en delitos, y al respecto anunciaron una petición para que intervenga la Corte Suprema, se designe un ministro en visita, la presentación de una querella y que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte.

 
Al término de su investigación y como un procedimiento inédito en la práctica parlamentaria, la comisión consensuó su informe, emanado de legisladores del oficialismo y opositores, en el cual se consigna que la institucionalidad creada para atender los miles de solicitudes de personas que buscaban acogerse a los beneficios cuestionados fue débil y precaria -lo que permitió una "red de gestores" que a cambio de dinero presentaban antecedentes de personas que no tenían esa condición- y que la Comisión Calificadora dependiente del Ministerio del Interior encargada del programa pertinente "incurrió, entre los años 1993 y 2006, en conductas que constituyen falta de diligencia o cuidado en la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, coordinación y propia iniciativa en el cumplimiento de la función y control jerárquico" establecidas en la Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.

 
En suma, la situación producida con los llamados exonerados políticos se originó en una ley permisiva que se ejecutó sin la debida y oportuna fiscalización, y cabe esperar que luego de estas conclusiones las personas que malamente accedieron a dicho beneficio estatal dejen de percibirlo.


Nota de la Redacción:
Como hemos anunciado, y reiterado cada cierto tiempo, nos encontramos de vacaciones hasta los primeros días de marzo, por considerar que los temas de estos editoriales son importantes, los hemos tomado de diversos diarios de circulación nacional, pues, creemos que contienen temas que verdaderamente interesan a la ciudadanía.
 

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