domingo, 29 de junio de 2014

¿En qué país queremos vivir?, por Sebastián Piñera Echenique.



Aunque seguimos manteniendo nuestras críticas al ex Presidente Sebastián  Piñera, sobre todo en su traición a los uniformados presos,  creemos que el análisis y diagnóstico que hace en este artículo es completamente cierto y que merece el análisis de la ciudadanía.





¿En qué país queremos vivir?,

por Sebastián Piñera Echenique.


En contraste con el fecundo espíritu de diálogo y acuerdos que caracterizaron a los cinco Gobiernos anteriores, esta nueva ideología apunta a debilitar la libertad y autonomía de las personas y la sociedad civil y a incrementar el poder, discrecionalidad y tamaño del Estado..."


El Gobierno de la Nueva Mayoría está impulsando profundas reformas en el campo educacional, tributario, Constitucional y laboral, con una característica común: detrás de buenas intenciones, se proponen ideas poco eficaces que, en la mayoría de los casos, colisionan con valores y principios profundamente arraigados en la sociedad chilena.


Estas reformas, de diversa naturaleza, tienen en su génesis y ADN una concepción ideológica del tipo de sociedad que los sectores de izquierda, dominantes en el actual Gobierno, parecen querer imponer.


¿Cuáles son los principales pilares de esta concepción ideológica?


Primero, una clara confusión entre lo público y lo Estatal, y entre el bien común y el Estado. La RAE define lo público como aquello que pertenece e interesa a todo el pueblo, y lo Estatal como aquello que es relativo al Estado. Lo público incluye, pero trasciende lo Estatal, al incorporar a las personas, las familias y toda la sociedad civil.


Segundo, toda sociedad para alcanzar el desarrollo y realización material y espiritual de todos sus miembros, debe promover y compatibilizar tres grandes valores y objetivos: la libertad, la justicia y el progreso. La Nueva Mayoría, al elevar la igualdad a la categoría de valor supremo, termina asfixiando y debilitando la libertad y el progreso. Y al priorizar la igualdad de resultados por sobre la de oportunidades, afecta la libertad, el progreso y la propia justicia, porque castiga la autonomía, el mérito y el esfuerzo de las personas.


Estas confusiones conducen a que aquellas actividades relacionadas con el interés público o el bien común pretendan ser hegemonizadas por el Estado, desplazando a las personas. Un ejemplo son las declaraciones de la Ministro de Salud a propósito del programa Elige Vivir Sano: "Nosotros no trabajamos con la empresa privada".


También conduce a desconfiar de la capacidad que tienen los hombres y mujeres libres para tomar sus propias decisiones y hacerse responsables de sus propias vidas, lo que promueve sujetos pasivos y dependientes de un Estado intrusivo y todopoderoso, atentando contra la libertad, creatividad, esfuerzo, mérito y capacidad de las personas, y tendiendo a una igualdad que nivela hacia abajo, como lo reconoció el Ministro de Educación, al afirmar que frente a niños descalzos y otros con patines, no había que calzar a los primeros, sino quitarles los patines a los segundos.


Esta ideología también genera una tendencia insaciable hacia un Estado más poderoso y discrecional, invadiendo todos los ámbitos del quehacer humano, al costo de reducir y limitar la libertad y las oportunidades de las personas y la sociedad civil, y se refleja en los contenidos y formas de las reformas propuestas.


En lo tributario, el Gobierno aún no ha clarificado los destinos de los U$ 8.200 millones que la reforma tributaria pretende recaudar. La información sigue siendo confusa, incompleta y contradictoria, como lo destacan altos personeros de la propia Nueva Mayoría y las contradicciones entre los distintos Ministerios respecto del monto a pagar por la compra de colegios o al costo de construir hospitales.


El Gobierno actúa como si incrementar la carga tributaria fuera un fin en sí mismo. Lo lógico y natural, como ocurrió con la reforma tributaria del 90 es, primero, ponerse de acuerdo en los objetivos y sus costos asociados, y luego, en la mejor forma de financiarlos. A lo anterior se suma, como lo han señalado prestigiosos economistas, la carencia de estudios que cuantifiquen sus efectos económicos y sociales.


En el campo educacional, tenemos un sistema mixto, en que participan instituciones públicas y privadas, que deben esforzarse por otorgar calidad para atraer alumnos. El Estado financia a través de subvenciones, becas y préstamos a los estudiantes vulnerables y de clase media, pero son los padres o alumnos los que deben tener la última palabra para elegir, elección que, dada la disparidad de calidad entre la educación pública y privada subvencionada, ha tendido sistemáticamente a favorecer a esta última, que hoy concentra la mayoría de los alumnos incluyendo a la mitad de los más vulnerables.


Hoy hay 1.5 MM de niños menos en la educación Municipal que hace 20 años. Pero a diferencia de lo que piensan algunos, no es que ella sea de baja calidad porque las familias chilenas la estén abandonando. Es todo lo contrario, las familias chilenas la están abandonando porque ella sigue siendo, en general, de baja calidad.


El proyecto del Gobierno, en vez de corregir deficiencias de la educación Municipal, restringe a los establecimientos no administrados por el Estado, dificultando el surgimiento de nuevos establecimientos particulares subvencionados, restringiendo la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, prohibiendo a los padres contribuir con recursos propios para mejorar su calidad, limitando la autonomía de los establecimientos educacionales, centralizando en el Ministerio de Educación los procesos de admisión y traspasando las cargas del Estatuto Docente, obra de la Concertación, sistemáticamente criticada por la inmensa mayoría de los Alcaldes de la Alianza y Concertación, como una verdadera camisa de fuerza para una educación Municipal de calidad.


Las reformas laborales que se anuncian también se encuadran dentro de esta nueva ideología al apuntar hacia la sindicalización obligatoria y restringir la libertad de asociación y la autonomía de las partes en materia de negociación colectiva.


El anunciado proyecto de reforma Constitucional apunta a incrementar el poder del Estado y debilitar las libertades y derechos de los ciudadanos, al eliminar contrapesos como el control preventivo de Constitucionalidad de las Leyes, ejercido por el Tribunal Constitucional; debilitar el control de legalidad de las acciones del Poder Ejecutivo, por parte de la Contraloría; reducir la autonomía del Banco Central; restringir la autonomía de los medios de comunicación; debilitar el derecho de propiedad y avanzar hacia una democracia plebiscitaria.


En síntesis, en contraste con el fecundo espíritu de diálogo y acuerdos que caracterizaron a los cinco Gobiernos anteriores, esta nueva ideología apunta a debilitar la libertad y autonomía de las personas y la sociedad civil y a incrementar el poder, discrecionalidad y tamaño del Estado.


Las consecuencias de este giro a la izquierda ya las estamos experimentando: pérdida de capacidad de crecimiento y creación de empleos, estancamiento en los salarios; debilitamiento de la capacidad de innovación y emprendimiento y retrocesos en materia de inversión y productividad. En suma, menos libertad, menos justicia y menos progreso.


La nueva sociedad del conocimiento y la información es generosa con los países que quieran asumirla, pero indiferente e incluso cruel con aquellos que quieran darle la espalda, y requiere reformas que apunten a fortalecer los verdaderos pilares del desarrollo: 1. Mejorar la calidad de la educación y capital humano, especialmente en sus más tempranas etapas. 2. Crear más y mejores empleos. 3. Promover e incentivar la libertad, creatividad, innovación y emprendimiento de las personas. 4. Fortalecer la inversión en ciencia y tecnología. 5. Modernizar y flexibilizar el Estado. 6. Integrarse en plenitud a la economía global.


Son estas las reformas que nos permitirían derrotar la pobreza, lograr mayor igualdad de oportunidades y alcanzar el desarrollo, de forma de construir una sociedad más libre, equitativa y próspera, en que todos los chilenos, independiente de la cuna que los vio nacer, tengan la seguridad de una vida digna, las oportunidades para desarrollar sus talentos y los instrumentos para buscar, junto a sus familias, una vida más plena y feliz.


Artículo tomado de El Mercurio 
 

sábado, 28 de junio de 2014

Superávit de reformas simultáneas.






Superávit de reformas simultáneas.


Esta semana, no sólo hubo declaraciones y gestiones diversas en los proyectos que discute el Congreso, sino que también se avanzó en otros y se anunció una nueva agenda referida a los pueblos originarios. Pero todo ello ocurrió en un recargado ambiente partidista. Así, en la Nueva Mayoría se agudizó el malestar de un sector de la DC con sus socios de izquierda por discrepancias en lo educacional. Las críticas a Ignacio Walker, por los reparos que éste ha hecho a proyectos que a su juicio perjudican a la enseñanza particular y limitan los derechos de los padres, impidieron el nuevo diseño previsto para coordinar los siete partidos, en el que Walker debería asumir en julio la vocería de la coalición, y llevaron al influyente DC Gutenberg Martínez a coincidir con él en que no puede haber allí (como temen que se intente) hegemonía de la izquierda sobre el centro. Si bien el PS procura evitar que el asunto escale, su presidente busca ampliar aún más la mayoría oficialista incorporando al PRO, mientras sus diputados crean, a pesar suyo, una bancada por la Asamblea Constituyente.

En la oposición, asume la presidencia de RN el diputado Cristián Monckeberg, quien gestiona un acuerdo en torno a la reforma electoral con el ministro del Interior, aunque éste se niega al parecer a cambiar el distritaje establecido, lo que dificulta aún más la eventual adhesión a ella de la UDI, que rechaza aumentar el número de parlamentarios. Y mientras RN trata de institucionalizar la centroderecha, respetando las diferencias de cada grupo, y su secretario general declara que están disponibles para llegar a acuerdos con el Gobierno, en la UDI reaparece Evelyn Matthei con una dura crítica a los proyectos educacionales.

La reforma tributaria. El Senado muestra un criterio más amplio que la Cámara para recibir opiniones, pero otra cosa es el alcance de las modificaciones que se aprueben, pues todo indica que el ministro Arenas no transará en los temas de fondo (alza de los impuestos y término del FUT). Los sectores medios y las pymes confían en cambios que los protejan, pero ellos serán pocos y en aspectos muy concretos, como la no inclusión de las viviendas de menor costo en el nuevo impuesto sobre su mayor precio, cuando su venta sea ocasional y no habitual, y sobre todo en medidas en favor de la inversión. Lo más debatido ahora es la renta atribuida, donde la mayoría de los expertos y otros invitados se manifestaron en contra y la UDI la ve inconstitucional. Sin embargo, el SII insiste en la actual propuesta, pese a las críticas, y parece difícil que ceda, a lo que se suma que al menos los parlamentarios oficialistas Lagos (PPD) y Montes (PS), de la Comisión de Hacienda, dijeron estar más tranquilos con las explicaciones recibidas del Gobierno.

La educación pública. Ante las quejas porque los primeros proyectos del Ejecutivo se hayan limitado a cambios en la enseñanza particular subvencionada y no en la estatal —la más necesitada de reformas—, la Presidenta Bachelet anunció ayer su “agenda inmediata” para fortalecer este sector. En esa transición hacia la Nueva Educación Pública, planteó numerosas medidas, en su mayoría financieras, de infraestructura y material didáctico, lo que suscitó críticas, aunque otras refuerzan el trabajo de la comunidad escolar (sostenedores, directores, maestros y alumnos). A partir de julio se apoyará a los municipios con un aporte de $ 20.000 millones mediante convenios de desempeño, pero la meta es la desmunicipalización y creación de Servicios Locales de Educación dependientes del Ministerio. Se anuncia también una Política Nacional Docente, que reordenará la labor y carrera de directores y profesores con intervención de la comunidad en la designación y remoción de los primeros. Como no se precisa la idea de educación que se pretende instalar, ya se movilizan los estudiantes y el Colegio de Profesores para influir en ella y el ministerio organiza charlas para explicar la reforma a los alumnos y pedir su apoyo, pero ello es delicado, pues puede interpretarse como una acción política del Gobierno en los colegios.

La fuerte resistencia, incluso en la calle, del sector particular a los proyectos que lo afectan, avalada por el senador Ignacio Walker (“la DC va a garantizar que los padres puedan elegir el colegio para sus hijos”), motivó a la Mandataria a asegurar ese derecho y reiterar el modelo educacional de provisión mixta. Se estudia también una red pública de colegios, mejor financiada, abierta a los particulares que no seleccionen y cumplan el Estatuto Docente, lo que algunos ven como una vía hacia una educación oficial homogénea.

Política indígena. La fuerte molestia por los dichos del intendente Huenchumilla de que los agricultores huincas “deben entregar su fundo” a las comunidades mapuches forzó a los líderes de la Nueva Mayoría a respaldarlos, no obstante su gravedad. Coincidencia o no, la Presidenta lanzó otra reforma importante: la agenda indígena. Esta intenta completar en cuatro años la entrega de las tierras catastradas a quienes tienen derecho a ello, pero además incluye el necesario acompañamiento técnico y productivo, infraestructura, tecnología, educación y salud. Sin embargo, hoy la ministra de Desarrollo Social reconoce que el Ejecutivo no tiene definida una meta de tierras a comprar y transferir a los mapuches. Además de querer superar allí la pobreza, se considera la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos Originarios de las diversas etnias, y su representación, incluso en el Parlamento, todo lo cual deberá ser aprobado por ellas, y seguro será materia de nuevos debates y puede incidir en la reforma al sistema electoral.

Tomado de Diario La Segunda.

miércoles, 25 de junio de 2014

Segregación, esa palabra falaz por Gonzalo Rojas Sánchez.






Segregación, esa palabra falaz
por Gonzalo Rojas Sánchez.


Quienes han instalado la noción de segregación en el sistema educacional chileno han logrado una victoria semántica importante. No faltan los Parlamentarios ni los especialistas partidarios de una sociedad libre que se lamentan angustiados -"segregación, segregación"-, como si fuera un mantra liberador.


Pero haber colocado el concepto como marco principal de referencia será uno de esos logros que terminarán conduciendo a los más lamentables fracasos, porque inspirará decisiones muy importantes sobre supuestos falsos.


¿Cuáles son esas falacias?


Estas dos: Todos los que pagan lo mismo por la educación de sus hijos son iguales; todos los que pagan lo mismo por la educación de sus hijos permanecen en la misma situación. Así, sobre la base de esos grupos de iguales, cerrados y estables, se configurarían unos supuestos guetos, inaccesibles a las familias diferentes, las que serían de ese modo... segregadas y para siempre.


Ambas cosas son falsas.


Los que pagan lo mismo son muy distintos entre sí, en primer lugar porque son muy apreciables las diferencias sociales, culturales, raciales, ideológicas, etarias y en todos los etcéteras imaginables, entre las familias con pagos similares. Solo una mentalidad materialista (en esto, mayoritariamente los Gobiernistas hacen honor a sus convicciones) puede considerar que la igualdad está determinada por el monto de los ingresos familiares. Y, en segundo lugar, porque a su vez esa misma cantidad destinada al pago o copago es un porcentaje muy diverso de los ingresos de cada familia, dada la diferente valoración que hacen las personas de la importancia que adjudican a la educación. Un taxista esforzado puede estar destinando más del 10% de sus ingresos para que sus hijos estén en determinado colegio, al que otros padres -profesionales acomodados, y por las razones que sean- solo destinan el 2% de sus entradas.


Falso es también que una vez configurado el grupo de familias que pagan o copagan, en cada colegio cuaje un molde inmodificable. Si hay un gasto familiar en que la inmensa mayoría de los chilenos está dispuesto a esforzarse más y más, es justamente en educación, lo que los lleva a buscar una mejor opción, en cuanto pueden pagar más (porque la gente cambia de trabajo y los sueldos mejoran, ¿no?). Sacan a sus hijos de un determinado colegio de desiguales, para matricularlo voluntariamente en otro, de gente también desigual. Por cierto, esto es repugnante para la mentalidad socialista, porque expresa la libertad de los grupos humanos y demuestra que la movilidad es intrínseca a los buenos sistemas, a los sistemas que implican legítimos acuerdos entre partes, sin la atosigante intervención del Estado.


Desgraciadamente, no solo son falsos los supuestos, sino que también serán falaces los resultados de las políticas inspiradas en aquellos.


Será imposible generar diversidades absolutas en los colegios del futuro, en esos establecimientos supuestamente integradores, porque eso implicaría una determinación de cuotas por categorías de niños hasta el infinito. Y será imposible también detener la natural movilidad que se producirá en todo colegio, cuando haya quienes decidan marcharse a otro lugar.


Bueno, ciertamente estas dos últimas objeciones pueden subsanarse fácilmente: ya lo hicieron los Estados totalitarios, determinando las cuotas por categorías prefijadas y estableciendo la obligación de permanencia en un colegio específico.


Si hay un tema en que la energía Estatizante deviene con facilidad en totalitaria, es precisamente el educacional, porque es ahí donde el proyecto socialista puede ser derrotado.

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