miércoles, 17 de agosto de 2011

Meditemos un poco.....



Algo sobre el tema educacional……

Desde el inicio de las manifestaciones estudiantiles, fuertemente apoyadas por algunos sindicatos dominados por el partico comunista, hemos escuchado algunas falacias que creemos es importante despejar para entender realmente de que estamos hablando, pues, con mucha habilidad nos han estado bombardeando con eslóganes atractivos, pero vacíos de contenido.


Se ha sostenido que el movimiento es para fortalecer la enseñanza pública, eufemismo utilizado para disimular el planteamiento estatizador, pero curiosamente no hemos visto ningún planteamiento que hable de las modificaciones planteadas al sistema, solamente se ha asegurado, como intrazable aspectos de financiamiento y de mantención de la tarifa escolar durante todo el año y a toda hora.


Ningún proyecto hemos visto del movimiento ciudadano sobre las necesarias modificaciones curriculares a toda la enseñanza, partiendo desde la pre escolar y llegando hasta la universitaria, que como hemos dicho en otras oportunidades de ha quedado retrasada en el tiempo y poco a poco, se ha transformado en retardatoria del progreso, además de un tapón a las necesidades de movilidad social que todos queremos.


Tampoco se ha planteado siquiera la actual capacidad de una cantidad importante de maestros, que además de estar mal preparados muestran serias falencias en sus conocimientos y pedagógicamente están a una distancia sideral de las capacidades necesarias para liderar y enseñar a quienes vemos como el futuro del país, pero, inconscientemente les hemos negado las herramientas.


Se ha sostenido, de manera majadera en todos los medios de comunicación, sean estos de imágenes, de audio o escritos, que quienes provocan los actos de violencia en todas las manifestaciones son infiltrados, lo que todos sabemos es falso, pues la mayoría de los detenidos por vandalismo, destrucción de propiedad pública o privada, o simplemente por saqueos son estudiantes de alguno de los escalafones de nuestra educación.


Muy ufanos vemos a la Presidente de la FECH o al de la FEUC, hablar de las exitosas movilizaciones que han realizado, en las que en el mejor de los casos y usando sus propias estimaciones han logrado que un 20% de los universitarios participe en estas actividades, sin considerar porciento que estas reuniones han contado con la presencia masiva de secundarios y de algunas entidades sindicales.


Aunque griten muy fuerte, y sean groseramente inflados por los medios de comunicación, los que manejan estos petitorios extremos son una ínfima minoría, que electoralmente son tan marginales que para obtener un par de Parlamentarios tienen que conseguir que la concertación no presente candidatos en la zona que se les asigna, para lograr tener a 3 de sus personeros en el Congreso.


Entre los estudiantes se ven mayoritarios, porque dominan una parte importante de las federaciones de universitarios y de los secundarios, pero se abstienen de informar que son electos con una participación casi nula de votantes a estos comicios, lo que sin duda alguna pone en entredicho la representatividad que puedan tener estos dirigentes electos sin la participación de la mayoría de los educandos.


Así como la representatividad de los dirigentes estudiantiles es cuestionable, la de los gremios que les apoyan tampoco es mayor, en la CUT se ha apernado un grupito en base a trampas, en la ANEF se han realizado elecciones en las que solamente participan los seguidores de una directiva sempiterna, igual como sucede en los gremios de la salud Municipal o de las agrupaciones fiscales.


Las peticiones de estos “personajes” no buscan mejorar la educación, lo que buscan es desestabilizar al Gobierno de Piñera, tal como, lo anunciaron días después de las elecciones indicaron que le harían el Gobierno imposible, ahora lo tratan de arrinconar con un tema que mientras ellos fueron Gobierno no trataron de solucionar, y los pocos intentos que hicieron, como el Estatuto Docente, liquidaron al sistema.


Carretera Austral, prioridad ratificada

La construcción del tramo faltante de la Carretera Austral es una prioridad nacional. Para llevarla a cabo, se ha anunciado oficialmente que la fórmula será la expropiación de los terrenos que se requieran para construir el camino que atraviesa el parque Pumalín. Las palabras del Gobierno son importantes, pues representan una señal clara de que -tras largos años de indefiniciones de sucesivos gobiernos- ese camino efectivamente se hará, lográndose así eliminar los transbordos y permitiendo unir por tierra a la Región de Aysén con el resto de Chile. Con esto, las actuales autoridades se muestran resueltas a enfrentar al principal escollo que ha tenido la conectividad austral: el ambientalista estadounidense Douglas Tompkins, cuya actitud ha sido de permanente y exitoso obstruccionismo al desarrollo de esta obra.


La respuesta de los parlamentarios no se ha dejado esperar, observándose un amplio y transversal consenso respecto de la necesidad de desarrollar el camino y de superar los obstáculos que han impedido por más de 20 años terminar un camino no sólo vital para las personas que hoy viven en esas zonas, sino que además tiene una enorme importancia geopolítica, a la vez que un gran potencial turístico.


El Gobierno debería ahora mostrar en la práctica que las obras anunciadas comenzarán a la brevedad. Para eso ha de avanzar en la construcción de la ruta de penetración mientras se realizan los estudios para sortear los aspectos más difíciles del proyecto. Con este objeto, lo primero que requiere abordar el Ministerio de Obras Públicas es la unión de Caleta Gonzalo con Fiordo Largo, para reducir a un solo transbordo ese viaje, y avanzar desde Pichanco al sur hasta el fiordo Cahuelmo, ciertamente el desafío más difícil de toda esta obra histórica.


No es posible seguir condenando a una región entera a vivir en el aislamiento. Tampoco es aceptable que intereses particulares de un propietario, por respetables que sean, pongan en jaque el bien común y la legislación vigente. Es fundamental, por lo tanto, abordar una obra cuya trascendencia es clave para el desarrollo futuro.


En igual sentido, son también esperanzadoras las palabras del ministro Golborne, en cuanto a comenzar a proyectar un camino que una el extremo sur con la Carretera Austral. Si bien eso supone una tarea de largo plazo, perfectamente se podría comenzar a dar los primeros pasos desde ya. Un camino que combine tramos marítimos con terrestres, de cerca de 700 kilómetros -que uniría Puerto Natales con Caleta Tortel-, no es en nuestra época una utopía. Él abriría acceso a parques nacionales cuyo potencial para el turismo -gran industria del siglo XXI- es enorme. Países como Nueva Zelandia o Noruega han desarrollado caminos en geografías similares, en completa armonía con la naturaleza, y con consecuencias -además de los obvios beneficios de conectividad- de excelente desarrollo turístico, ambientalmente sustentable.


Hoy, el Cuerpo Militar del Trabajo está trabajando en la zona del ventisquero Montt, avanzando en torno a cinco kilómetros por año. A ese ritmo, el camino se podría completar en 150 años, tiempo que podría reducirse cuando menos a un tercio si se avanza a velocidad mayor. Hay que recordar que el año 2006 se suspendieron los trabajos desde Puerto Natales al fiordo Stanley, disminuyendo la tasa de avance, por lo tanto, a la mitad.


En lo más inmediato, sin embargo, urge concentrarse en finalizar la Carretera Austral, para satisfacer de una vez por todas esta justa aspiración nacional. El gobierno que lo logre tendrá un mérito en verdad histórico.


Tareas pendientes en la Enap.

El reciente cambio de las autoridades superiores de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) debería reimpulsar las reformas de la misma iniciadas por el ministro de Energía y el gerente general saliente. Esa corporación estatal se ha transformado en un monstruo sin metas claras ni objetivos precisos, de escasa o negativa rentabilidad, y con un endeudamiento crítico que se aproxima a los seis mil millones de dólares, imposibles de pagar con sus ingresos operacionales y que sólo se soportan por contar con garantía del Estado. El uso político de esta empresa ha sido constante: fue utilizada para financiar el Transantiago y para intensificar los lazos con Hugo Chávez; ha sido el medio para subsidiar el consumo de gas en Punta Arenas a precios irrisorios y por cantidades equivalentes al consumo de gas domiciliario en Santiago; ha sido utilizada para manejar políticamente el precio de los combustibles; fue objeto de sucesivas investigaciones por irregularidades en indemnizaciones a altos ejecutivos, ascensos discrecionales y asesorías externas, y soporta sin compensación el costo de la mantención de los inventarios para la seguridad nacional del abastecimiento de los combustibles.


Durante décadas, por encima del interés general y de sus objetivos estatutarios fijados por ley, han primado particulares intereses políticos, económicos, sindicales, corporativos y regionales, en perjuicio de su eficiencia y rentabilidad y de las buenas prácticas administrativas. Hasta fines de los años 80, las producciones de petróleo permitían satisfacer gran parte del consumo nacional. Desde entonces se han frustrado las considerables inversiones y esfuerzos para descubrimientos de yacimientos importantes: las producciones nacionales de gas y petróleo son prácticamente irrelevantes y la gestión de la empresa ha experimentado un sostenido deterioro, hasta arrojar una pérdida anual cercana a mil millones de dólares en un ejercicio reciente. Esta realidad debió haber significado reducir drásticamente el tamaño de Enap, concentrando sus actividades en la refinación, para lo que cuenta con experiencia y adecuadas instalaciones, algunas sujetas a modernización. Salvo el reciente proceso para ajustar marginalmente su planta, el grueso de los cambios requeridos sigue pendiente y persiste la presión sindical y regional para que los contribuyentes hagan aportes estatales cercanos a dos mil millones de dólares para viabilizarla, incursionar en la distribución de combustibles y en aventuradas empresas de exploración de hidrocarburos, hoy mayoritariamente en el exterior, en países de elevado riesgo político para los inversionistas extranjeros, como Egipto y Ecuador. Más aun, no ha cambiado su anacrónico régimen de gobierno corporativo, y se mantienen su autonomía del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y sus remuneraciones y beneficios desalineados con las empresas públicas y el mercado.


Los indispensables cambios que requiere Enap no dependen únicamente de sus administradores. A éstos les corresponde seguir introduciendo eficiencia, mejores prácticas para su gestión y ajustar su tamaño a la realidad de sus operaciones. Estos cometidos requieren del respaldo de sus sindicatos y de las autoridades políticas nacionales y regionales. Además, los legisladores deben llevar adelante las reformas de su gobierno corporativo, incorporándola al sistema de las empresas públicas; compensarla por el subsidio al gas de Magallanes, y liberalizar el régimen de la explotación de los hidrocarburos nacionales para atraer a las grandes petroleras con las tecnologías de exploración más avanzadas. De mantenerse el inmovilismo en los cambios requeridos, la Enap continuará siendo una pesada y riesgosa carga para el Estado, en beneficio de unos pocos, y expuesta a un persistente deterioro que la puede conducir al colapso.


Una carta para meditar:

Señor Director:

Educación y Constitución

Parece necesario recordar a los dirigentes estudiantiles, empeñados en imponer sus criterios y opciones ideológicas, la existencia de muy claros principios y mandatos constitucionales obligatorios para las autoridades públicas. Ellos son los siguientes:


En primerísimo lugar la libertad de enseñanza, ciertamente un derecho esencial de las personas que el Estado debe "respetar y promover" (arts. 5º y 19 Nº 11). Desde luego que este derecho también permite a cualquier persona "abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales". Enseguida, como se reconoce a los padres el "derecho preferente y el deber de educar a sus hijos" se obliga al propio Estado a "otorgar especial protección al ejercicio de este derecho" (art. 19 Nº 10 inciso 3º). Reforzando lo anterior añade la Carta Fundamental que "los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos" (art. 19 Nº 11 inciso 4º).


Es evidente que la integral vigencia de estos derechos sólo es compatible con un modelo educacional plural, esto es, colegios del Estado y colegios particulares, ofreciendo a los padres la oportunidad de "escoger" el establecimiento de su preferencia. Por lo demás, este derecho de opción es verdaderamente consustancial a una democracia abierta y real y no meramente discursiva.

Acerca de la gratuidad de la educación, reclamada por tales dirigentes, también es oportuno recordarles que la Constitución igualmente impone al Estado el deber de "financiar un sistema gratuito" que haga cumplir el mandato constitucional que establece que la educación básica y la educación media "son obligatorias" (art.19 Nº 10 inciso 5º), financiamiento éste que no es legítimo restringir sólo a los colegios del Estado cuando existan establecimientos privados que colaboren con eficiencia en el desafío común de educar a la juventud chilena.

GUSTAVO CUEVAS FARREN, Profesor de Derecho Constitucional.


Nota de la Redacción:

Por estar fuera de nuestro lugar de trabajo debimos hacer una edición de emergencia, sin el equipamiento normal, por ellos las informaciones las reemplazamos por tres temas importantes y una carta sobre la que vale la pena meditar.


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