viernes, 2 de mayo de 2014

Aplicación de Ley Antiterrorista en La Araucanía.


La nueva mayoría está abdicando de aplicar una Ley que podría ayudar a pacificar la zona y llevar un poco de tranquilidad a una ciudadanía que está siendo atacada por una minoría violenta e ideologizada que trata de imponer sus posiciones por medio del terror.
 



Aplicación de Ley Antiterrorista en La Araucanía.


La Intendencia de La Araucanía decidió solicitar la recalificación de cuatro querellas por graves hechos delictuales, las que hasta ahora estaban siendo tramitadas bajo la Ley Antiterrorista. Esta solicitud sigue la directriz que ha impartido el Gobierno central. Es una decisión que debilita el Estado de Derecho,  buscando dejar de aplicar la Ley que más se ajusta a los delitos cometidos, y afectando negativamente la protección de una zona que ha visto recrudecer la violencia en semanas recientes. Corresponderá ahora a los Tribunales resolver al respecto.


Los hechos, objeto de esta solicitud -y que serán tratados como delitos comunes- son la muerte de siete brigadistas en un incendio de Carahue, la colocación de un artefacto explosivo en un predio agrícola, el descarrilamiento de un tren y el atentado a un helicóptero de una empresa forestal. Ellos ocasionaron en su momento conmoción y parece haber pocas dudas de que fueron debidamente premeditados, por lo que invocar la Ley Antiterrorista ante los Tribunales resultaba plenamente justificado.


El Ministerio del Interior ha señalado anteriormente que se abstendrá de solicitar la aplicación de esta Ley en La Araucanía, pues estima que no está hecha para resolver “conflictos sociales”. Esa definición, desprovista de todo fundamento Jurídico, desconoce que los hechos en que se ha buscado su aplicación nada tienen que ver con aspectos “sociales”, sino que responden a atentados que buscan generar temor en la población. Con este anuncio se busca derogar de hecho una Ley indispensable para garantizar el orden público y la seguridad dentro del país, lo que resulta grave, considerando que ya hay un fallo Judicial que acreditó la comisión de hechos terroristas en la zona, como fue el atentado que sufrió la familia Seco Fourcade, hecho que, sin embargo, aún sigue sin condenados. En una región donde lamentablemente el estado de derecho se ha visto fuertemente debilitado, es inconveniente que el Estado renuncie a utilizar los medios que la Ley le ha conferido para mantener el orden público.


Editorial de Diario La Tercera del 2 de abril de 2014.
 


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