martes, 26 de junio de 2007

Pobreza y distribución: ¿Cuán buenas son las nuevas? , por Felipe Larraín



Si bien la última encuesta CASEN mostró una baja en la pobreza, antes de descorchar la champaña repasemos un poco las cifras y evitemos la autocomplacencia, porque aún hay mucho por hacer.

Hace pocos días conocimos los principales resultados de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), realizada entre noviembre y diciembre de 2006, que nos trae buenas nuevas. La pobreza cayó desde 18,7% en 2003 a 13,7% en 2006, y los indigentes cayeron desde 4,7% a 3,2% en el mismo lapso.

Ésta es la principal buena noticia. La distribución del ingreso mejoró algo: el coeficiente Gini pasó de 0,57 a 0,54 (mientras más cerca de 0, menos desigual), y la diferencial de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre pasó de 14,5 veces a 13,1 veces; ello es positivo, pero no resulta suficiente para afirmar todavía, como lo hizo la ministra de Mideplán, Clarisa Hardy, que hay un quiebre de tendencia.

De cifras y carencias
Sin embargo, antes de descorchar la champaña, repasemos un poco las cifras entregadas y evitemos la autocomplacencia. Todavía quedan más de dos millones doscientos mil chilenos bajo la línea de pobreza, de los cuales más de medio millón son indigentes. Y aunque seamos los mejores de América Latina al respecto, la cantidad de compatriotas en situación de pobreza sigue siendo intolerablemente alta. Y sabemos que hay muchos chilenos que están muy poco por sobre estos umbrales, y que, por tanto, corren alto riesgo de volver a ser pobres.

¿A qué se debe esta reducción de la pobreza? Una parte muy importante de la explicación está en el mayor crecimiento económico. En efecto, mientras la economía chilena creció entre 2001 y 2003 un promedio de sólo 3,3% anual, entre 2004 y 2006 el crecimiento promedio anual saltó casi 2 puntos. Otro tema importante que revelan las cifras es que por primera vez la pobreza rural ha caído por debajo de la urbana. Una posible explicación está en que la actividad agropecuaria-silvícola se expandió un 38% más que el PIB general en el período 2004-2006.

La mejoría distributiva es bastante más tenue. Aun cuando hay algún progreso, todavía nos superan bastantes países latinoamericanos, como Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y estamos todavía mucho peor que los países desarrollados. Así, mientras Chile se prepara para ingresar a la OCDE (lo que, en sí, es un importante logro), el Gini promedio de ese grupo es de 0,32 (versus nuestro 0,54). La única conclusión certera es que aún queda mucho trabajo por hacer en reducir la desigualdad en Chile, porque seguimos estando entre los países más desiguales del mundo.

Otros problemas que revelan las cifras es que la pobreza afecta más a los niños y jóvenes menores de 18 años, a las mujeres jefas de hogar y a las comunidades indígenas. Y es necesario notar que más del 40% de los indigentes no tienen empleo. Dado que el desempleo es una variable de vital importancia para salir de la pobreza, una política social exitosa debería impulsar con mayor fuerza la creación de empleo.

Así, medidas que apunten a flexibilizar el mercado laboral serían, para este grupo, de vital importancia; más aún cuando vemos que la participación laboral de la mujer en este segmento es particularmente baja. Mientras que en la población no pobre la tasa de participación femenina supera el 44%, en la población pobre e indigente apenas bordea el 31%.

Sin embargo, es lamentable constatar que no existen políticas públicas que apunten en esta dirección. Más bien, las políticas laborales de este gobierno se han dirigido a rigidizar el mercado laboral. Hoy discutimos la negociación por áreas de actividad, que sería un retroceso mayor, especialmente para los que más necesitan empleo y no lo tienen. Dos observaciones adicionales. Para un país del nivel de desarrollo de Chile no hay ninguna buena razón para que la encuesta CASEN no se haga anualmente y nos entregue con mayor periodicidad una radiografía de nuestra situación de pobreza y distribución. Tampoco es comprensible que Mideplán no publique inmediatamente todas las cifras de la encuesta en su página web, y que se tome varios meses de análisis en solitario, antes de entregarlas completas al país.

Sincerar las cifras
Si hay menos pobres, ello se debe a que han superado el umbral definido por la canasta. En este sentido, es incomprensible que la canasta de satisfacción de necesidades básicas no haya sido modificada desde 1988. Como los patrones de consumo de los individuos cambian cuando aumenta el ingreso, entonces dado que en los últimos veinte años el ingreso per cápita ha aumentado a más del doble, es inevitable concluir que la canasta de consumo que se usa para estos efectos está obsoleta.

En efecto, de acuerdo a la Fundación para la Superación de la Pobreza, hoy en día adquirir los bienes y servicios que satisfacen las necesidades básicas de consumo habitual de los hogares sería bastante más caro que lo que indica la canasta oficial. ¿Cómo justificar que no haya habido cambios en dos décadas, cuando muchos otros indicadores se han actualizado en nuestro país? Y ello, a pesar del compromiso adquirido por Mideplán en 1999, cuando anunció profusamente a través de los medios de comunicación el cambio de canasta. Han pasado ya 8 años, y el compromiso no se ha cumplido. La encuesta de desempleo, la canasta del IPC, la ficha CAS y hasta las cuentas nacionales han sufrido más de un cambio en las últimas dos décadas. No es justificable entonces la situación de la canasta que determina la línea de pobreza. Es importante considerar que, utilizando la encuesta del año 2003, si la línea de pobreza se incrementase en $15.000 (en dicha ocasión, la línea era cercana a los $43.000), la incidencia de pobreza se habría incrementado hasta el 30% de la población en las zonas urbanas.

Las consecuencias de medir la pobreza con una canasta obsoleta son claras: la pobreza real es mayor a la reportada por nuestras autoridades. Si aplicamos los criterios de la OCDE, por ejemplo, la pobreza en nuestro país bordearía el 20%. Para diseñar una política social potente de reducción de pobreza, necesitamos saber cuántos son verdaderamente los pobres, quiénes son y dónde están. Negarse a actualizar la canasta a pesar de lo comprometido puede entenderse por motivaciones políticas, pero resulta impresentable. En síntesis, buenas noticias, pero aún mucho que hacer. Partamos por sincerar las cifras.

Felipe Larraín es profesor de la Universidad Católica.


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