La complicidad de la apatía.
Las tiranías, las autocracias, el despotismo,
precisan de una importante dosis de perversidad por parte de sus ejecutores.
También de una marcada ausencia de valores, un evidente menosprecio por la
gente y un espíritu de superioridad siempre en el límite de la perdida de
cordura.
Pero todos esos requisitos imprescindibles, no
son suficientes para que la concentración del poder se concrete de modo
despiadado cotidianamente. Se necesita, además de todo ello, un ingrediente
vital. Es que sin la pasividad ciudadana, nada de eso sería posible.
Lo consiguen y avanzan, y van por más y hasta
por todo, porque responden a las más elementales leyes físicas. Es simple,
siguen dando pasos, porque no encuentran resistencia, nada que les haga fuerza
en el sentido opuesto.
Mucha gente hace una interpretación equivocada
del sistema democrático y supone que son los opositores quienes deben
contrarrestar esa potencia que imponen los que Gobiernan. Y si bien esta claro
que quienes tienen la responsabilidad política de ponerle freno a los
atropellos, no están a la altura de las circunstancias, no menos cierto es que
el poder radica en la sociedad y no en quienes ella delega circunstancialmente.
Si no se quieren más atropellos, pues el
remedio es reaccionar. Pero si algo han desarrollado los políticos
contemporáneos es un conocimiento bastante profundo de la sociología de este
tiempo. Saben que el ciudadano medio se queja, no está conforme, que conoce la
presencia de corrupción, o al menos que la intuye con alto grado de certeza.
También el poder saber que a los ciudadanos muchas cuestiones les disgustan y
les resultan absolutamente indigeribles, pero también saben que, para la
mayoría, todo eso no alcanza para abandonar la comodidad.
El resultado está a la vista. Una constante
pérdida de libertades, el absoluto desprecio por las instituciones y el
abandono por los valores republicanos, más esa creciente corrupción que no se
detiene.
Ellos, los que ejercen el poder a diario, lo
saben. No desconocen la inmoralidad de su accionar. Solo se justifican de mil
formas, para dar paso a sus más básicas necesidades de concentración de poder,
de acumulación de recursos que obtienen al estafar a los contribuyentes y de
consolidar ese régimen que les brinde impunidad para seguir haciendo lo que se
les plazca.
Tienen herramientas suficientes, dinero a
montones, para seguir comprando voluntades en todos los estratos sociales,
desde empresarios hasta los más necesitados, justicia incluida, y hasta en los
ámbitos marginales, todo vale para sostener su andamiaje. Y claramente, esa
dinámica les da más poder.
Pero hay algo que no se puede comprar tan
fácilmente, al menos no siempre. Y tiene que ver con la voluntad ciudadana, esa
que aun sigue durmiendo una larga siesta, y que despierta de a ratos, solo en
momentos de mucha indignación. Y hay que decirlo, solo se despabila en
determinadas circunstancias, esas que considera límites, y siempre por muy poco
tiempo.
El principal aliado de estos sistemas de poder,
es la abulia de la sociedad, la apatía crónica de una comunidad que se
acostumbró a convivir con corruptos, déspotas y soberbios dirigentes que se
creen dueños del poder y no meros administradores de la cosa pública.
La sociedad tiene en realidad, el poder de
cambiar las cosas, de decir basta, de poner sus propias reglas de juego, para
que los corruptos de hoy no sean luego sucedidos por los corruptos de mañana.
Es la gente, la que puede decir “hasta aquí” y
poner freno a la arrogancia desenfrenada, al abuso de Autoridad, al manejo
discrecional de los recursos de todos con que los Gobernantes distribuyen como
si fuera dinero propio, mostrándose cada vez con menos vergüenza y haciendo
gala de ese poder que las mayorías circunstanciales les delegan y que ellos
usan para provecho propio sin desparpajos.
Los ciudadanos tienen la llave en sus manos.
Son los que pueden, y deben, cambiar el rumbo de los acontecimientos. Aun
cuando parezca difícil o se plantee como una batalla larga y dispar, se debe
hacer el intento.
Ellos, especulan con que la gente no tendrá la
voluntad suficiente, apelan a la ausencia de ganas, y saben que solo precisan
transmitir la idea de que es imposible torcer el rumbo, empujando a los que
quieren cambiar las cosas a la trampa de buscar políticos opositores para que
algo se modifique.
Saben que eso es mentira, por eso insisten en
esa visión. Apuestan a seguir ganando con su sistema inmoral de alquiler de
almas, y perciben que no existe ningún contrincante de peso que pueda darles
pelea con chances concretas de alterar el ritmo del presente.
Pero aun en la disparatada hipótesis de que
consigan torcerle el brazo a los poderosos de hoy y sean eventualmente
derrotados, saben que siempre será más fácil negociar con sus pares, con los
“colegas” de la corporación política y simular cambios para que todo siga
igual, que enfrentarse a una sociedad dispuesta a mandarlos a sus casas, o a la
cárcel por sus abusos constantes.
Para que un régimen avance, y no encuentre
limite, se precisa mucha maldad del lado de los déspotas, pero también resulta
imprescindible el ingrediente de una sociedad amodorrada, sin voluntad, abúlica,
que solo se queja, sin llevar a los hechos su justificado enojo e indignación.
Los poderosos, mientras tanto, seguirán jugando
su juego. Lo disfrutan, solo piensan en su próximo atropello y en cómo
continuar acumulando riquezas obtenidas fraudulentamente para poder para
continuar con sus atropellos. Pero nada de eso sería posible sin ciudadanos que
aporten la complicidad de la apatía.
Peligro de Transantiago
electoral,
por Axel Buchheister.
Sostuve en su momento, incluso ante una Comisión de la
Cámara de Diputados, y sigo creyendo, que la inscripción automática no existe,
porque no basta con el padrón electoral para tener un sistema de votación
operable. Dicho padrón se formó con todos los inscritos en el Registro Civil,
restando los fallecidos, los menores a una fecha y los que han perdido o visto
suspendida su ciudadanía. Pero esta información no es suficiente -aunque
indispensable-, porque usarla sin más desconoce un hecho fundamental:
administrar un proceso electoral, particularmente cuando el voto es voluntario,
exige saber quiénes (o sea, cuántos) irán a votar y dónde pretenden hacerlo.
El “dónde”, es saber básicamente el lugar en el
cual la gente reside. Como el dato actualizado para una enorme cantidad de
ciudadanos no estaba disponible (ni nunca lo estará, porque las personas se
mueven), simplemente se les atribuyó un domicilio. A eso se debe agregar que
figuraron muchos miles en el padrón que manifiestamente han fallecido o hace
años que se fueron del país y no vendrán a votar. Esto no sólo contribuyó a
amplificar la abstención, sino que generó un dispendio de recursos esperando a
personas que no irían a votar, como también confusión y reclamos. Por eso,
países que tienen voto voluntario -como EEUU- no tienen “inscripción
automática”, sino que hay que “registrarse” para sufragar en cada elección; es
decir, estando en la base de votantes, se debe avisar que se ejercerá el
derecho y dónde, para tener una dimensión acotada de la demanda.
Como resultado de lo que se hizo, el sistema
electoral fue objeto de duda -nunca antes lo había sido-, lo que es preocupante
para la democracia. Además, unido al voto voluntario, como efecto no previsto e
indeseado, dio espacio para que cunda el fraude electoral: si la gente se
desalienta y no va a votar, menos concurre a los locales a presenciar el
escrutinio, el que entonces deja de ser “público”; ya sucedió en las Municipales.
Cuando nadie observa, la tentación de cometer fechorías aumenta. Quizás algo de
eso hubo con las actas y votos que aparecieron en la basura.
Y el sistema volverá a estar en tensión en
pocos meses, con las primarias. Es un dato que las habrá y que serán abiertas a
los independientes, lo que acerca la base de participación a los 13 millones.
Entonces, se tendrá que dimensionar todo en función de este universo potencial,
pues el Registro Electoral en estas primarias ni siquiera podrá fusionar las
mesas. Si concurre el 10% ya será un éxito mayor, pero la imagen será de
fracaso y dilapidación de recursos por esperar a unos 12 millones que no
aparecerán.
Es indispensable que el Estado rectifique
cuanto antes y que existan facultades para depurar el padrón de acuerdo con
criterios objetivos y plausibles, otorgando derecho a reclamar a los pocos que
resulten omitidos. Pero sobre todo, que reconozca que los automatismos no
existen y que la gente deberá registrarse para votar, porque es una medida
necesaria para la buena gestión del proceso, lo que, por cierto, debiera ser
simple y expedito. De lo contrario, el régimen electoral puede llegar al nivel
de descrédito del Transantiago y eso sí que sería grave para la estabilidad
democrática.
Tierra derecha,
por Luis Larraín.
Después del impacto que causó en la
centroderecha el resultado de las elecciones Municipales, el Gobierno del
Presidente Piñera realizó un ajuste de Gabinete en el que se alejaron Andrés
Allamand y Laurence Golborne, dando así inicio a la campaña Presidencial.
Pese a que la baja en la votación de Alcaldes
fue sólo de 3 puntos porcentuales y que la Concertación prácticamente no
aumentó su apoyo, la cantidad y significación de las Comunas que la Alianza
perdió hicieron aparecer una sensación térmica de derrota mayor. Contribuyó a
ello también la expectativa que todos en el sector teníamos sobre el resultado:
la elección no mostraría cambios significativos.
Si bien es muy necesario que la Alianza saque
lecciones acerca de la falla en las encuestas, las implicancias del voto
voluntario y la calidad de las campañas, procurando no cometer los mismos
errores en futuras contiendas, la necesidad política del momento es cambiar el
escenario de la derrota electoral.
En ese sentido, el ajuste Ministerial parece
adecuado; tanto para los intereses del Gobierno como para la conveniencia de la
Alianza y sus candidatos Presidenciales.
El Gobierno tiene ahora la posibilidad de
radicar el tema de las campañas Presidenciales en los partidos políticos, que
es donde corresponde, concentrándose en su tarea de Gobernar. Para ello el
Presidente nombró Ministros en las carteras de Interior, Defensa, Obras
Públicas, Secretaría General de Gobierno y Bienes Nacionales que prometen un
buen desempeño por la experiencia y oficio que los nuevos Secretarios de Estado
pueden exhibir en las materias propias de sus carteras.
Salir por un rato de la luz de los focos de
atención de la política contingente puede ser favorable para el Gobierno, que
puede concentrar su energía en tareas tan importantes y que le pueden dar mucho
crédito, como lo es por ejemplo la culminación de las labores de reconstrucción
después del terremoto. La gestión en esta materia ha sido tan maciza que puede
constituirse en un referente internacional. Varias otras tareas en materia de
impulso competitivo, concesiones de obras públicas y seguridad ciudadana
merecen también máxima prioridad.
La otra decisión acertada del Gobierno fue no
propiciar un desembarco masivo de Ministros del Gabinete para competir en las
elecciones Parlamentarias. La señal habría sido la de dar por perdida la
contienda Presidencial, para ir a buscar refugio en el Congreso, marcando de
pasada la irrelevancia del actual Gobierno. Además, resultaba impresentable que
Ministros que salieron del Senado para ir al Gabinete, provocando el consabido
problema de su reemplazo, volvieran ahora a competir por un escaño Parlamentario.
Por último, no está nada de claro que las figuras Ministeriales fueran cartas
ganadoras, si atendemos a las señales acerca de renovación de figuras en la
política que dejó la última elección Municipal.
Es bueno para la centroderecha porque sus
candidatos, Golborne y Allamand, tienen la oportunidad de mostrar a la
ciudadanía cuáles son sus proyectos para Chile. Más que un conjunto de
propuestas, similar a una lista de supermercado, los chilenos necesitan conocer
la idea de país que la Alianza les ofrece, distinta a la de la Concertación y
su oferta de izquierdizar al país.
La realización de primarias es una gran ayuda
para renovar el aire en el sector, porque pone a la Alianza en una lógica de
competencia, que ayuda a la movilización de sus cuadros, hoy día mermados por
la derrota en las elecciones locales. Requisito indispensable para que ésta sea
una competencia virtuosa (el sector cree en la competencia) es que ella se
desarrolle en un marco de respeto y fraternidad.
Creemos, además, que los precandidatos deben
liderar un proceso de renovación de la oferta política del sector. Con mayor
participación de las bases, nuevos rostros, nuevas instituciones y formas de
hacer campañas. Chile necesita líderes que sean inspiradores para convocar a
esa gran cantidad de chilenos que no votaron en las últimas elecciones.
La pelea tiene que ser dura
por Andrés Benítez.
Los llamados a que Allamand y Golborne compitan
con guante blanco tiene poco sentido. Primero, es desconocer la naturaleza de
la política, que es dura por definición. Segundo, es limitar el aporte que
pueden hacer las primarias a diferenciar los candidatos y entusiasmar a los
votantes. Por ello, pedir una suerte de pacto de no agresión, o que los Parlamentarios
adopten una suerte de neutralidad, es pura ficción. Lo que veremos es una lucha
férrea, sin mucha contemplación, algo que es natural y sano cuando dos personas
quieren llegar al mismo puesto.
Muchos identifican el estilo duro con Allamand.
Bueno, mejor para él. Se trata de un político experimentado, que conoce bien
las reglas del juego. Ese es precisamente su fuerte, defender sus ideas con
pasión, sin medias tintas. Sabe negociar y llegar a acuerdos, como lo ha demostrado
toda su vida, pero también sabe ser firme, como cuando planteó la tesis del
desalojo de la Concertación.
Ahora está y debe seguir actuando así. Es su
sello. Por eso Allamand no anda por la vida intentando ser Golborne. Y lo hace
así no sólo porque no es su estilo, sino también porque está convencido de que
eso no es lo que necesita Chile. Más que las sonrisas, lo motivan las ideas. Y
es por ello que siempre pidió primarias. Y es por eso que ahora planteó la idea
de hacer debates en todas las Regiones. El hombre quiere entrar al ring y hacer
lo que sabe. Y eso es bueno para todos, porque es en la cancha donde se ven los
gallos.
Golborne, por su parte, juega hasta ahora con
el carisma y apuesta a un perfil no político. Algo que tiene que ver con su convicción,
pero también mucho de conveniencia. Sabe que en este último plano no puede
competir con Allamand. Pero Golborne también sabe que no podrá entrar en esta
pelea a punta de sonrisas. Que la gente quiere verlo en acción, quiere conocer
sus ideas y, sobre todo, quiere verlo defenderlas con firmeza. En otras
palabras, tendrá que convertirse en un duro más temprano que tarde si quiere
llegar hasta el último round.
Sí, la pelea será dura y tiene que ser de esa
manera. Nada saca con tener dos candidatos de guante blanco, diciendo
insoportables frases para la galería, que poco o nada aportan. Esas son
contiendas aburridas que a nadie motivan. No, esto tiene que ser con carácter,
con pasión. Casi con sangre. No por nada se está eligiendo a un candidato a Presidente,
no al míster simpatía. Esto es muy serio.
Y no hay que tenerle medio a la disputa. Así es
la cosa no más. Que quedarán heridos, no cabe duda. Pero la política de verdad
no es evitar las peleas, sino enfrentarlas y ganarlas. Y luego, ya vendrá el
tiempo de recomponer las cosas, reparar las heridas con miras a enfrentar la
otra batalla, la presidencial. Pero ese es otro tema.
Entonces, llamar a un pacto de amistad no
corresponde. Otra cosa es que existan reglas mínimas. Pero la derecha debe ser
consecuente con lo que predica y entender que cuando las regulaciones ahogan la
libertad, entonces son malas. Por ello, hay que no sólo dejar, sino promover,
que exista el mayor espacio de confrontación posible. No tengan susto, si aquí
nadie se va morir. Sólo uno va a perder, pero eso en política no es tan grave.
Siempre se puede resucitar.
La Haya, capital de la justicia y la paz
Juan Martabit Scaff
Embajador de Chile ante los Países
Bajos y
Coagente en el caso ante la CIJ
"Perú c. Chile"
En pocas semanas, y como resultado del juicio
entre Chile y Perú relativo al límite marítimo, la ciudad de La Haya y en
particular el edificio del Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de
Justicia, concentrarán la atención de la opinión pública nacional, brindando la
oportunidad de conocer las razones por las que, en poco más de un siglo, esta
tranquila ciudad holandesa se ha transformado en la capital mundial de la Justicia
y la Paz.
Cuando el zar Nicolás II convocó un año antes a
la Primera Conferencia Internacional de La Haya de 1899 para "buscar, por
medio de discusiones internacionales, los medios más efectivos de asegurar a
todos los pueblos los beneficios de una paz real y durable...", pocos
pensaron que la iniciativa contribuiría al desarrollo del Derecho Internacional
en la medida en que ha ocurrido y nadie sospechó que la ciudad anfitriona,
donde sólo funcionaba desde 1893 la Conferencia de Derecho Internacional
Privado, terminaría siendo la sede de un número sin precedentes de
instituciones vinculadas a la resolución pacífica de controversias
internacionales.
Así, la decisión de contar con un Tribunal
arbitral internacional permanente basado en La Haya, adoptada en la conferencia
de 1899 y que se tradujo en la creación de la Corte Permanente de Arbitraje en
1901, sería el primer paso de un proceso que permitiría a esta ciudad
consolidarse como actor principal del orden jurídico internacional.
Al realizarse la Segunda Conferencia de La Haya
en 1907, la presencia de prácticamente el doble de países, incluido esta vez
Chile, fortalece el respaldo internacional a la solución pacífica de las
controversias y brinda la oportunidad de colocar la primera piedra del Palacio
de la Paz.
Este edificio -donado por el magnate del acero
y filántropo de origen escocés Andrew Carnegie y construido por la Fundación
Carnegie, creada en 1903 para tales efectos- sería concluido en 1913,
albergando desde entonces a la Corte Permanente de Arbitraje y a la Biblioteca
del Palacio de La Paz. En 1922, las dependencias del Palacio de La Paz
acogerían además a la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada dos
años antes al amparo de la Sociedad de Naciones, y desde 1923, también, a la
Academia de Derecho Internacional. Cabe recordar que en dos ocasiones el
Programa Externo de esta prestigiosa academia ha tenido lugar en Chile, siendo
el último en octubre del año pasado.
Cuando en abril de 1946 la recién creada Corte
Internacional de Justicia -que hoy tiene a su cargo el juicio entre Perú y
Chile- se transforma en la continuadora de la Corte Permanente de Justicia
Internacional que dejaba de existir y pasa a ocupar las mismas dependencias en
el Palacio de La Paz, el carácter jurídico de la ciudad de La Haya se confirma.
En las últimas décadas, el número creciente de
instituciones jurídicas internacionales que se establecen en La Haya hace
irreversible su condición de referente de nivel mundial. A las dos Cortes Internacionales
ya existentes se han sumado el Tribunal de Reclamaciones establecido entre
Estados Unidos e Irán (1981), el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (1993),
la Corte Penal Internacional (2002) y el Tribunal Especial para el Líbano
(2009), a los que puede agregarse el Tribunal Especial para Sierra Leona
(2002), que ha realizado algunas importantes sesiones en La Haya.
En paralelo, La Haya también ha acogido
paulatinamente a otras entidades vinculadas al Derecho Internacional. Entre
ellas, la Convención de La Apostilla (1961), el Instituto TMC Asser (1965), el
Instituto Holandés de Relaciones Internacionales Clingendael (1983), el
Convenio de La Haya sobre Adopción (1993), Eurojust (2002), la Oficina de
Propiedad Intelectual del Benelux (2006) y el Instituto para la Justicia Global
de La Haya (2011).
Así, cuando en pocas semanas los medios de
comunicación otorguen amplia cobertura a los pormenores de los alegatos del
juicio entre Perú y Chile, exhibiendo imágenes de la acogedora ciudad de La
Haya y sus edificios históricos como postal de fondo, habrá que tener presente
la estrecha vinculación entre el proceso judicial desarrollado al interior del
Palacio de La Paz y la posición central que hoy tiene La Haya en la estructura
jurídica internacional.
La cada vez más importante y densa trama de
instituciones vinculadas al Derecho Internacional que residen en esta ciudad
-incluida la influyente Fundación Carnegie, administradora de varias de ellas-,
así como los numerosos Jueces, académicos, investigadores y estudiantes de
derecho que se concentran en la ciudad, serán el real marco de fondo de la fase
oral del juicio en el que abogados de prestigio mundial defenderán los
intereses de Chile, exponiendo una argumentación que ha sido elaborada con
extrema seriedad y prolijidad durante años.
Dado que el juicio que confronta los intereses
de Chile y Perú requiere un fallo en estricto derecho, la condición de La Haya
como capital de la Justicia y La Paz hace que Chile pueda tener la tranquilidad
de estar precisamente en la instancia que, por más de cien años, la comunidad
internacional ha concordado para tales efectos.
La centroderecha y el electorado.
Con bastante habilidad, el Gobierno y la
coalición oficialista parecen estar dejando atrás el trago amargo de la
elección Municipal. Con nuevo jefe de Gabinete, La Moneda se propone encarar
los 16 meses restantes de su Mandato con renovado vigor. La Alianza, en tanto,
se ve resuelta a definir su abanderado Presidencial mediante primarias, y ya
sus precandidatos aparecen enfrascados en temprana contienda.
Bienvenida sea la competencia, limpia y con
sentido unitario. Más allá de servir ella para ponderar los méritos y deméritos
de los postulantes, debe permitir a la coalición oficialista revisar y renovar
su mensaje al electorado. El programa del Presidente Piñera logró motivar a los
votantes con su visión optimista del horizonte de desarrollo -y las
oportunidades de progreso personal que eso trae consigo-, susceptible de ser
alcanzado con un nuevo estilo de Gobierno, ágil y eficiente. Pero aunque su
gestión se anota logros macizos en muchos campos, es incuestionable que el
reciente veredicto electoral no le ha sido favorable.
El mensaje tal vez deba ser reformulado. Desde
luego, la Alianza tiene que insistir en su compromiso con una economía libre y
abierta al mundo, pero deberá argumentar más convincentemente que sólo una
economía que crece con vigor puede ofrecer a todos mejores oportunidades de
educarse, encontrar trabajo y emprender. El programa de la centroderecha
subraya en todo el mundo que su modelo económico procura fomentar la soberanía
del consumidor, la libre competencia, la ausencia de privilegios y barreras de
entrada, la auténtica meritocracia.
En un explicable intento de ampliar su base
electoral, el actual Gobierno y sus Parlamentarios han favorecido aumentos en
el gasto público, los impuestos y las regulaciones que han sorprendido a sus
partidarios. Una dosis de pragmatismo político es siempre valiosa, pero resulta
problemático confundir o frustrar a los electores propios. La centroderecha
postula un Estado fuerte y eficaz en la defensa de la seguridad y los derechos
personales, así como la protección de los más necesitados, pero favorece la
provisión de los bienes y servicios públicos que exige una sociedad moderna
mediante concesiones competitivas, prestadores organizados en empresas privadas
y subsidios portables ( vou chers ) entregados a sus usuarios, que deben ser
percibidos como ventajas por los electores.
Al perfilar sus campañas, los partidos de la
Alianza habrán de aquilatar la experiencia electoral reciente. Con los
resultados en la mano, sus expertos deberán intentar detectar en qué grupos
etarios, socioeconómicos, regionales u otros está radicada la desafección que
ha restado respaldo al actual Gobierno, y cómo dar con un mensaje que vuelva a
encender el entusiasmo. Sus estrategas habrán de considerar que, ahora con voto
voluntario, tanto en las primarias como en la elección general la tarea ya no
es sólo atraer al votante indeciso, sino, muy especialmente, convencer al
partidario indiferente o renuente de que hay una buena razón para concurrir a
las urnas.
Indiferencia al bloqueo de vías públicas.
Se está transformando en una práctica habitual
el bloqueo de caminos y calles en fechas y horarios de alta circulación, por
parte de grupos que desean llamar la atención de la Autoridad y la opinión
pública sobre ciertas demandas. Así ocurrió, una vez más, cuando el regreso
masivo de santiaguinos desde Valparaíso después del fin de semana largo recién
pasado se vio interrumpido por barricadas instaladas por una decena de
estudiantes de la U. del Mar. Otro tanto ocurrió en Teno, donde se provocó una
enorme congestión. Y esta misma semana, pescadores artesanales de Lota y
Coronel interrumpieron la principal vía de acceso a Concepción, en protesta por
el proyecto de Ley de Pesca que se discute en el Congreso. Frecuentes han sido
también las interrupciones del tránsito en diversas Comunas capitalinas debido
a alteraciones en el flujo de ciertas líneas del Transantiago.
La percepción de impunidad pese a las
detenciones temporales de los involucrados, la indiferencia de la ciudadanía y,
no pocas veces, incluso una velada justificación por parte de ciertos sectores
de opinión, han ido otorgando a estas acciones una especie de anómala
legitimación -además de gran cobertura por los medios-, sin que se condene
enérgicamente la alteración del orden público que conllevan y el atropello de
derechos básicos de terceros que en realidad significan.
La dificultad que parece tener la policía para
enfrentar tales situaciones -se ignora por qué no se adoptan al respecto los
métodos probadamente eficaces y aceptados por toda la ciudadanía que se ocupan
en países desarrollados- y la pasividad de la Autoridad para buscar su condena Judicial
constituyen señales incentivadoras para quienes están dispuestos a recurrir a
estas formas de reclamo. La tolerancia para con la protesta es propia de la
democracia, pero el uso de la fuerza abiertamente ilegal marca el punto de
quiebre en que aquélla se desnaturaliza en descontrol y lenidad. La convivencia
social demanda condenar transversalmente estas conductas que alteran el orden
público, amén de promover a menudo la búsqueda de soluciones administrativas o
legislativas precipitadas.
El Estado de Derecho significa canalizar las
demandas de los diversos grupos de interés por las vías institucionales.
Cualquier medida de presión por la fuerza debe ser rechazada por toda la
ciudadanía sin distingos, pues la indiferencia ante ellas equivale a resignarse
a sufrirlas tarde o temprano, a manos de cualquier grupo. Esa práctica
creciente debe ser erradicada con imparcial energía, cualquiera sea su origen.
Abundan los ejemplos -incluso en nuestra propia historia- de a qué deterioro de
la convivencia puede llevar, y el que ella sea cada vez más frecuente en
nuestra realidad es alarmante.
Temas económicos: "Recursos humanos en el
sector público".
Según las cifras más recientes de la Dirección
de Presupuestos, poco más de 200 mil personas trabajan en él. De ellas, cerca
de 40% es de planta -que asegura la propiedad del cargo-, 52% a contrata, y el
porcentaje restante se distribuye entre jornadas permanentes y empleados
contratados bajo el Código del Trabajo.
Respecto de las condiciones laborales de los
empleados públicos, el tema que concita la mayor atención es el reajuste
salarial -la ANEF ya ha solicitado un aumento de 8,5%-. El tira y afloja entre
el Gobierno y los líderes de las asociaciones de funcionarios se dará en torno
a dicha cifra, relegando a segundo plano las reformas microeconómicas que deben
ser urgentemente implementadas para asegurar los aumentos de productividad y
rendimiento de quienes trabajan al alero del Estado.
Las estadísticas muestran que los empleados
públicos tienen salarios superiores a los de trabajadores en empresas privadas.
Según la encuesta Casen, el promedio de salarios para los empleados públicos en
2011 alcanzó a 475.630 pesos (para los de empresas públicas fue de 555.821
pesos), mientras el promedio para empleados u obreros en el sector privado fue
de 382.444 pesos. Estas diferencias salariales a favor de los primeros han sido
reportadas en la experiencia comparada, y resisten análisis estadísticos más
sofisticados.
Por cierto, ellas pueden ser positivas, pues
una estructura salarial bien diseñada eventualmente crea incentivos que atraen
a mejores trabajadores. Sin embargo, un análisis detallado de los sistemas de
incentivos para los empleados públicos sugiere que éste no siempre es el caso
entre nosotros.
Su sistema de evaluación es un buen ejemplo.
Más del 90% de los evaluados son catalogados como "sobresalientes", y
si bien se han realizado esfuerzos para corregir esta situación, no ha sido
posible estatuir evaluaciones que reflejen fidedignamente su desempeño.
Por otra parte, el sistema de mejoramiento de
la gestión, originalmente pensado para crear incentivos, se ha transformado en
un mecanismo de entrega de bonos que, en la práctica, son considerados por los
funcionarios como ingresos permanentes.
Históricamente, las asociaciones de
funcionarios -o más bien sus dirigentes- se han opuesto tenazmente a la
modernización del sistema de contratación y evaluación en el sector público. La
racionalización del uso de las horas extras y de los ingresos por concepto de
viáticos también ha sido criticada, aun cuando existe evidencia de que en el
pasado se han permitido abusos.
La discusión sobre el mejoramiento del sistema
de incentivos al retiro tampoco ha sido bien recibida por los dirigentes de las
asociaciones, aunque eso puede ser de gran conveniencia para miles de
trabajadores públicos.
Pero la oposición de grupos con intereses
políticos a la incorporación de mecanismos de incentivos no debe frenar al
Estado en su obligación de modernizar su funcionamiento. En último término, la
ineficiencia estatal se paga con los impuestos del resto de los chilenos.
Incentivos y un programa de control.
Un factor central para el fortalecimiento de la
gestión de los recursos humanos en la administración pública supone resolver
los problemas de incentivos que enfrentan los Jefes de servicios. Éstos tienen
las facultades necesarias para velar por el desempeño de los funcionarios a su
cargo, pero rara vez las ejercen. Eso probablemente se explica por la
combinación de una mínima preocupación por la gestión de su unidad y del deseo
de ser "querido" por su equipo, particularmente si existen
pretensiones políticas futuras. Por tanto, es necesario crear presión
"desde arriba", asegurando que el Jefe de servicio cumpla su labor
adecuadamente.
En esta materia hay algunos avances. La actual
administración ha implementado un programa para mejorar la gestión de los
recursos humanos en los servicios, que se basa en la contratación de
funcionarios dependientes de distintas Subsecretarías y cuya única función es
velar por el correcto desempeño de los Jefes de servicios. Cabe esperar que
quienes ocupen estos cargos estén a la altura de las expectativas.
Probablemente el utilizar el sistema de Alta Dirección Pública para su
nombramiento puede promover la idoneidad de quienes cumplan este papel. De otro
modo, el Estado terminaría contratando a nuevos funcionarios para supervigilar
a los originalmente contratados para hacerlo.
Existen en el sector público amplias
oportunidades para mejorar la gestión de los recursos humanos. Es preciso
atender a los detalles, a los mecanismos de incentivos, pues allí se
encontrarán las ganancias en eficiencia. Nuestro país requiere un sector público
a la altura de su desarrollo, de modo que los más idóneos vean en él una opción
equivalente a la privada, y no lo excluyan a priori. La tradicional discusión
del reajuste es atractiva para los dirigentes gremiales, pero probablemente un
sistema de incentivos justo y moderno que premie el buen desempeño sea de mayor
interés entre las bases. Es urgente dar pasos en esa dirección, ya que poco se
ha avanzado en esta importante materia.
Tres desafíos para las primarias.
Uno de los efectos inesperados de la última Municipal
y del debut en ella de la inscripción automática y el voto voluntario fue la
legitimación alcanzada por el mecanismo de primarias para determinar
candidaturas. Incluso en sectores que hasta entonces miraban la fórmula con
distancia, ahora ha tomado fuerza y las dos principales coaliciones parecen
decididas a utilizarlas el próximo 30 de junio para definir a sus abanderados Presidenciales.
Además, los partidos evalúan emplearlas para determinar algunas de sus
postulaciones Parlamentarias.
Objetivamente, el sistema supone una
"inyección" de participación para nuestra democracia y ofrece al
mismo tiempo un modo eficaz de resolver conflictos en materia de candidaturas,
permitiendo que los adherentes de un mismo sector terminen ordenándose en torno
a los ganadores de las contiendas internas. De hecho, pese al bajo número de
personas que votó en ellas, las primarias efectuadas por la oposición en
Providencia y Santiago son señaladas como una de las cartas que aseguraron los
triunfos de Josefa Errázuriz y Carolina Tohá, respectivamente. Ello, aun cuando
queda por analizar su real impacto: junto a esos casos exitosos, hubo otros en
que allanaron el camino a caudillos o viejas figuras que terminaron fracasando en
la elección general.
Pero, incluso así, parece ya haber consenso
respecto de los puntos positivos que ofrece el sistema, particularmente cuando
se trata de universos electorales amplios, como en el caso de las candidaturas Presidenciales,
donde se reducen las posibilidades de manipulación por parte de «caciques».
De esta forma, todo indica que la normativa
sobre primarias, aprobada en octubre (ahora la revisa el Tribunal
Constitucional) y que por primera vez regula, financia y da sustento legal al
sistema, tendrá un debut en grande el próximo año. El mecanismo es voluntario
-pues son los Consejos Generales de los partidos los que deciden si se embarcan
o no en él, las condiciones (para qué elecciones y si será en pacto o
individualmente) y el universo de votantes (desde sólo militantes hasta todo el
padrón)-; simultáneo (se realizarán un mismo día en todo el país para todos los
partidos, coaliciones y cargos en cuestión), y vinculante en sus resultados.
El éxito que alcancen dependerá de la capacidad
que tengan sus protagonistas al enfrentar tres desafíos centrales.
Definiciones y temores. Superar conflictos a la
hora de resolver exactamente qué tipo de primarias habrá (cargos y padrón a
considerar, lugares en que se llevarán a cabo) supone intensas negociaciones y
análisis. A nivel presidencial, la oposición parece resuelta a hacerlas e
incluir también al independiente Andrés Velasco; se evalúa por ambas partes la
integración o no del PC, mientras que Marco Enríquez-Ominami ya lo ha
descartado. Una aprensión es el grado de conflictividad que la contienda pueda
alcanzar y el modo de evitar que ello desgaste a la gran favorita, Michelle
Bachelet. En la Alianza, donde hay menos experiencia en el tema, el miedo de
que se exacerben las pasiones es extendido; también preocupa que, por las
características de sus adherentes, menos movilizados que los de oposición, el
número de participantes resulte menor y eso sea un handicap en contra.
Más incierto se ve lo que pase con los cargos Parlamentarios.
Aparte de las reticencias de los incumbentes, en el caso de la derecha el
asunto ya «desmotivó» a Ministros que evaluaban dar un salto al Congreso. Lo
más complejo será, sin embargo, conciliar las demandas de algunos, como el PPD,
por primarias a este nivel, con las características tradicionales de una
negociación Parlamentaria en la que, a objeto de aumentar la eficiencia
electoral, se recurre a omisiones y pactos de distinto tipo.
La logística es tal vez el desafío mayor. Los
problemas y atrasos en el conteo de votos de la Municipal pusieron en el centro
de las críticas al Servicio Electoral y muchos se preguntan cómo se manejará en
un comicio aún más complejo. El sólo hecho de tener que verificar, por ejemplo,
las militancia o el carácter independiente de los votantes, se suma a toda la
dificultad de realizar simultáneamente primarias de dos o más coaliciones y
para una variedad de cargos distintos, según reglas del juego disímiles en cada
una.
También desde la perspectiva de los votantes
las cosas no serán sencillas, dada la diversidad de papeletas y las opciones de
cruces (una persona bien podría sufragar en la primaria Presidencial opositora,
en la Senatorial de la Alianza y en la de Diputados de algún otro pacto). Ello,
además de un problema mayor: las funciones de vocal seguirán siendo
obligatorias, de modo tal que incluso un simpatizante del oficialismo podría
verse forzado a servir de vocal en la primaria de la Concertación.
Las campañas. Además de estar insertas en la
lógica de seducir al votante voluntario para movilizarlo hacia la urna, una
primaria exige marcar diferencias con los aliados, tratando de convencer al
propio partido o coalición de que se representan mejor sus ideas. En Estados
Unidos ello obliga a los postulantes a continuos ejercicios de equilibrio,
apostando primero a conquistar el voto duro de sus sectores, para luego, en la
elección nacional, moverse hacia el centro. En tales contorsiones los
candidatos a veces terminan minando su credibilidad.
A nivel Parlamentario, las diferencias de
recursos suponen una desventaja para desafiantes versus incumbentes: mientras
un Congresista en ejercicio cuenta a su favor con todas las asignaciones que da
el Congreso para el trabajo territorial (desde arriendo de sedes hasta gastos
de movilización), quien se le enfrente en una primaria no contará ni siquiera
con financiamiento público.
Por último, este tipo de contiendas supone un
alargamiento de las campañas, al darse ahora ellas en dos fases: la etapa de
primarias y la elección posterior, con el eventual impacto en el trabajo
legislativo.
Definiciones cruciales para el futuro de China.
La comunidad internacional ha seguido con especial
atención el desarrollo del XVIII Congreso del Partido Comunista de China, pues
durante su realización -que terminará el próximo 14 de noviembre y al cual
asisten 2.270 delegados- se elegirán los nuevos líderes que regirán los
destinos no sólo del país más poblado del mundo, sino también la segunda
potencia económica a nivel mundial. Se entregarán, asimismo, los lineamientos
que seguirá en materia económica, de reformas políticas y para su relación con
el resto del mundo. Las primeras luces que ha arrojado el congreso en estos
primeros días dan cuenta de que el Partido Comunista seguirá en la línea de
profundizar reformas en materia económica, pero sin disposición a ceder
espacios en materia de libertades políticas y sociales, lo que abre
incertidumbre sobre la estabilidad futura del país.
Es poco probable que un Congreso de este tipo
depare sorpresas en materia de sucesión. Se da por descontado que Xi Jinping,
actual Vicepresidente, será ungido como Jefe de Estado, en reemplazo de Hu
Jintao, y que el Viceprimer Ministro Li Keqiang asuma como número dos del
régimen. Con ellos se daría paso a lo que se ha denominado la “quinta
generación”, caracterizada por funcionarios del partido que han sido educados
en universidades occidentales de gran prestigio y que deberían tener una
mentalidad algo más abierta hacia un entendimiento con Occidente. Ello sería
especialmente favorable cuando se viven fuertes tensiones con Corea del Norte,
Siria, Irán y Pakistán.
La gran incógnita es si acaso la jerarquía del
Partido Comunista estará dispuesta a avanzar en reformas que permitan más
libertades a la población. Sin embargo, las señales entregadas en este aspecto
son desalentadoras. En su discurso inaugural, el Presidente Hu Jintao señaló
que el país “debe dar más importancia a mejorar el sistema democrático, con el
objetivo de garantizar que el pueblo pueda tener elecciones y decisiones
democráticas”, pero agregó que China “nunca copiará un sistema político
occidental”. En los últimos años se ha apreciado el surgimiento de un creciente
malestar en la sociedad china -especialmente en sectores rurales-, y si bien la
férrea censura sobre los medios de comunicación, así como la sofocación de la
disidencia han permitido que el partido ejerza el control sin mayor contrapeso,
las manifestaciones observadas en la “Primavera Arabe” y sus demandas por mayor
libertad deben ser una poderosa señal de alerta. Ignorar estas demandas puede
derivar en conflictos sociales, y un escenario así en China tendría consecuencias
de mayor gravedad.
Entre los desafíos pendientes está disminuir la
corrupción -Hu Jintao hizo ver los graves riesgos que ello encierra para el
futuro del país-, así como mantener el ritmo de crecimiento de la
economía. El país ha mantenido tasas de
crecimiento de 10% promedio, generando una
inédita prosperidad de la cual se ha beneficiado el resto del mundo,
incluidos los países emergentes. Sin embargo, es importante que el Gobierno dé
pasos relevantes hacia reformas indispensables, como disminuir la
discrecionalidad con que opera el Estado en la economía y brindar mayor
transparencia sobre su sistema cambiario, que aleje cualquier duda de que su
moneda -el yuan- pudiera ser manipulada.