lunes, 12 de noviembre de 2012

Temáticas del fin de semana....

El Presidente Sebastián Piñera, en el marco
 de la inauguración del XXXI Congreso
 Internacional de Medicina Interna que se
desarrolla en Espacio Riesco, se refirió
ayer al proceso de vacunación contra la
meningitis en nuestro país.









La complicidad de la apatía.

Las tiranías, las autocracias, el despotismo, precisan de una importante dosis de perversidad por parte de sus ejecutores. También de una marcada ausencia de valores, un evidente menosprecio por la gente y un espíritu de superioridad siempre en el límite de la perdida de cordura.



Pero todos esos requisitos imprescindibles, no son suficientes para que la concentración del poder se concrete de modo despiadado cotidianamente. Se necesita, además de todo ello, un ingrediente vital. Es que sin la pasividad ciudadana, nada de eso sería posible.



Lo consiguen y avanzan, y van por más y hasta por todo, porque responden a las más elementales leyes físicas. Es simple, siguen dando pasos, porque no encuentran resistencia, nada que les haga fuerza en el sentido opuesto.



Mucha gente hace una interpretación equivocada del sistema democrático y supone que son los opositores quienes deben contrarrestar esa potencia que imponen los que Gobiernan. Y si bien esta claro que quienes tienen la responsabilidad política de ponerle freno a los atropellos, no están a la altura de las circunstancias, no menos cierto es que el poder radica en la sociedad y no en quienes ella delega circunstancialmente.



Si no se quieren más atropellos, pues el remedio es reaccionar. Pero si algo han desarrollado los políticos contemporáneos es un conocimiento bastante profundo de la sociología de este tiempo. Saben que el ciudadano medio se queja, no está conforme, que conoce la presencia de corrupción, o al menos que la intuye con alto grado de certeza. También el poder saber que a los ciudadanos muchas cuestiones les disgustan y les resultan absolutamente indigeribles, pero también saben que, para la mayoría, todo eso no alcanza para abandonar la comodidad.



El resultado está a la vista. Una constante pérdida de libertades, el absoluto desprecio por las instituciones y el abandono por los valores republicanos, más esa creciente corrupción que no se detiene.



Ellos, los que ejercen el poder a diario, lo saben. No desconocen la inmoralidad de su accionar. Solo se justifican de mil formas, para dar paso a sus más básicas necesidades de concentración de poder, de acumulación de recursos que obtienen al estafar a los contribuyentes y de consolidar ese régimen que les brinde impunidad para seguir haciendo lo que se les plazca.



Tienen herramientas suficientes, dinero a montones, para seguir comprando voluntades en todos los estratos sociales, desde empresarios hasta los más necesitados, justicia incluida, y hasta en los ámbitos marginales, todo vale para sostener su andamiaje. Y claramente, esa dinámica les da más poder.



Pero hay algo que no se puede comprar tan fácilmente, al menos no siempre. Y tiene que ver con la voluntad ciudadana, esa que aun sigue durmiendo una larga siesta, y que despierta de a ratos, solo en momentos de mucha indignación. Y hay que decirlo, solo se despabila en determinadas circunstancias, esas que considera límites, y siempre por muy poco tiempo.



El principal aliado de estos sistemas de poder, es la abulia de la sociedad, la apatía crónica de una comunidad que se acostumbró a convivir con corruptos, déspotas y soberbios dirigentes que se creen dueños del poder y no meros administradores de la cosa pública.



La sociedad tiene en realidad, el poder de cambiar las cosas, de decir basta, de poner sus propias reglas de juego, para que los corruptos de hoy no sean luego sucedidos por los corruptos de mañana.



Es la gente, la que puede decir “hasta aquí” y poner freno a la arrogancia desenfrenada, al abuso de Autoridad, al manejo discrecional de los recursos de todos con que los Gobernantes distribuyen como si fuera dinero propio, mostrándose cada vez con menos vergüenza y haciendo gala de ese poder que las mayorías circunstanciales les delegan y que ellos usan para provecho propio sin desparpajos.



Los ciudadanos tienen la llave en sus manos. Son los que pueden, y deben, cambiar el rumbo de los acontecimientos. Aun cuando parezca difícil o se plantee como una batalla larga y dispar, se debe hacer el intento.



Ellos, especulan con que la gente no tendrá la voluntad suficiente, apelan a la ausencia de ganas, y saben que solo precisan transmitir la idea de que es imposible torcer el rumbo, empujando a los que quieren cambiar las cosas a la trampa de buscar políticos opositores para que algo se modifique.



Saben que eso es mentira, por eso insisten en esa visión. Apuestan a seguir ganando con su sistema inmoral de alquiler de almas, y perciben que no existe ningún contrincante de peso que pueda darles pelea con chances concretas de alterar el ritmo del presente.



Pero aun en la disparatada hipótesis de que consigan torcerle el brazo a los poderosos de hoy y sean eventualmente derrotados, saben que siempre será más fácil negociar con sus pares, con los “colegas” de la corporación política y simular cambios para que todo siga igual, que enfrentarse a una sociedad dispuesta a mandarlos a sus casas, o a la cárcel por sus abusos constantes.



Para que un régimen avance, y no encuentre limite, se precisa mucha maldad del lado de los déspotas, pero también resulta imprescindible el ingrediente de una sociedad amodorrada, sin voluntad, abúlica, que solo se queja, sin llevar a los hechos su justificado enojo e indignación.



Los poderosos, mientras tanto, seguirán jugando su juego. Lo disfrutan, solo piensan en su próximo atropello y en cómo continuar acumulando riquezas obtenidas fraudulentamente para poder para continuar con sus atropellos. Pero nada de eso sería posible sin ciudadanos que aporten la complicidad de la apatía.



Peligro de Transantiago electoral,
por Axel Buchheister.


Sostuve en  su momento, incluso ante una Comisión de la Cámara de Diputados, y sigo creyendo, que la inscripción automática no existe, porque no basta con el padrón electoral para tener un sistema de votación operable. Dicho padrón se formó con todos los inscritos en el Registro Civil, restando los fallecidos, los menores a una fecha y los que han perdido o visto suspendida su ciudadanía. Pero esta información no es suficiente -aunque indispensable-, porque usarla sin más desconoce un hecho fundamental: administrar un proceso electoral, particularmente cuando el voto es voluntario, exige saber quiénes (o sea, cuántos) irán a votar y dónde pretenden hacerlo.



El “dónde”, es saber básicamente el lugar en el cual la gente reside. Como el dato actualizado para una enorme cantidad de ciudadanos no estaba disponible (ni nunca lo estará, porque las personas se mueven), simplemente se les atribuyó un domicilio. A eso se debe agregar que figuraron muchos miles en el padrón que manifiestamente han fallecido o hace años que se fueron del país y no vendrán a votar. Esto no sólo contribuyó a amplificar la abstención, sino que generó un dispendio de recursos esperando a personas que no irían a votar, como también confusión y reclamos. Por eso, países que tienen voto voluntario -como EEUU- no tienen “inscripción automática”, sino que hay que “registrarse” para sufragar en cada elección; es decir, estando en la base de votantes, se debe avisar que se ejercerá el derecho y dónde, para tener una dimensión acotada de la demanda.



Como resultado de lo que se hizo, el sistema electoral fue objeto de duda -nunca antes lo había sido-, lo que es preocupante para la democracia. Además, unido al voto voluntario, como efecto no previsto e indeseado, dio espacio para que cunda el fraude electoral: si la gente se desalienta y no va a votar, menos concurre a los locales a presenciar el escrutinio, el que entonces deja de ser “público”; ya sucedió en las Municipales. Cuando nadie observa, la tentación de cometer fechorías aumenta. Quizás algo de eso hubo con las actas y votos que aparecieron en la basura.



Y el sistema volverá a estar en tensión en pocos meses, con las primarias. Es un dato que las habrá y que serán abiertas a los independientes, lo que acerca la base de participación a los 13 millones. Entonces, se tendrá que dimensionar todo en función de este universo potencial, pues el Registro Electoral en estas primarias ni siquiera podrá fusionar las mesas. Si concurre el 10% ya será un éxito mayor, pero la imagen será de fracaso y dilapidación de recursos por esperar a unos 12 millones que no aparecerán.



Es indispensable que el Estado rectifique cuanto antes y que existan facultades para depurar el padrón de acuerdo con criterios objetivos y plausibles, otorgando derecho a reclamar a los pocos que resulten omitidos. Pero sobre todo, que reconozca que los automatismos no existen y que la gente deberá registrarse para votar, porque es una medida necesaria para la buena gestión del proceso, lo que, por cierto, debiera ser simple y expedito. De lo contrario, el régimen electoral puede llegar al nivel de descrédito del Transantiago y eso sí que sería grave para la estabilidad democrática.



Tierra derecha,
por Luis Larraín.


Después del impacto que causó en la centroderecha el resultado de las elecciones Municipales, el Gobierno del Presidente Piñera realizó un ajuste de Gabinete en el que se alejaron Andrés Allamand y Laurence Golborne, dando así inicio a la campaña Presidencial.



Pese a que la baja en la votación de Alcaldes fue sólo de 3 puntos porcentuales y que la Concertación prácticamente no aumentó su apoyo, la cantidad y significación de las Comunas que la Alianza perdió hicieron aparecer una sensación térmica de derrota mayor. Contribuyó a ello también la expectativa que todos en el sector teníamos sobre el resultado: la elección no mostraría cambios significativos.



Si bien es muy necesario que la Alianza saque lecciones acerca de la falla en las encuestas, las implicancias del voto voluntario y la calidad de las campañas, procurando no cometer los mismos errores en futuras contiendas, la necesidad política del momento es cambiar el escenario de la derrota electoral.



En ese sentido, el ajuste Ministerial parece adecuado; tanto para los intereses del Gobierno como para la conveniencia de la Alianza y sus candidatos Presidenciales.



El Gobierno tiene ahora la posibilidad de radicar el tema de las campañas Presidenciales en los partidos políticos, que es donde corresponde, concentrándose en su tarea de Gobernar. Para ello el Presidente nombró Ministros en las carteras de Interior, Defensa, Obras Públicas, Secretaría General de Gobierno y Bienes Nacionales que prometen un buen desempeño por la experiencia y oficio que los nuevos Secretarios de Estado pueden exhibir en las materias propias de sus carteras.



Salir por un rato de la luz de los focos de atención de la política contingente puede ser favorable para el Gobierno, que puede concentrar su energía en tareas tan importantes y que le pueden dar mucho crédito, como lo es por ejemplo la culminación de las labores de reconstrucción después del terremoto. La gestión en esta materia ha sido tan maciza que puede constituirse en un referente internacional. Varias otras tareas en materia de impulso competitivo, concesiones de obras públicas y seguridad ciudadana merecen también máxima prioridad.



La otra decisión acertada del Gobierno fue no propiciar un desembarco masivo de Ministros del Gabinete para competir en las elecciones Parlamentarias. La señal habría sido la de dar por perdida la contienda Presidencial, para ir a buscar refugio en el Congreso, marcando de pasada la irrelevancia del actual Gobierno. Además, resultaba impresentable que Ministros que salieron del Senado para ir al Gabinete, provocando el consabido problema de su reemplazo, volvieran ahora a competir por un escaño Parlamentario. Por último, no está nada de claro que las figuras Ministeriales fueran cartas ganadoras, si atendemos a las señales acerca de renovación de figuras en la política que dejó la última elección Municipal.



Es bueno para la centroderecha porque sus candidatos, Golborne y Allamand, tienen la oportunidad de mostrar a la ciudadanía cuáles son sus proyectos para Chile. Más que un conjunto de propuestas, similar a una lista de supermercado, los chilenos necesitan conocer la idea de país que la Alianza les ofrece, distinta a la de la Concertación y su oferta de izquierdizar al país.



La realización de primarias es una gran ayuda para renovar el aire en el sector, porque pone a la Alianza en una lógica de competencia, que ayuda a la movilización de sus cuadros, hoy día mermados por la derrota en las elecciones locales. Requisito indispensable para que ésta sea una competencia virtuosa (el sector cree en la competencia) es que ella se desarrolle en un marco de respeto y fraternidad.



Creemos, además, que los precandidatos deben liderar un proceso de renovación de la oferta política del sector. Con mayor participación de las bases, nuevos rostros, nuevas instituciones y formas de hacer campañas. Chile necesita líderes que sean inspiradores para convocar a esa gran cantidad de chilenos que no votaron en las últimas elecciones.



La pelea tiene que ser dura
por Andrés Benítez.


Los llamados a que Allamand y Golborne compitan con guante blanco tiene poco sentido. Primero, es desconocer la naturaleza de la política, que es dura por definición. Segundo, es limitar el aporte que pueden hacer las primarias a diferenciar los candidatos y entusiasmar a los votantes. Por ello, pedir una suerte de pacto de no agresión, o que los Parlamentarios adopten una suerte de neutralidad, es pura ficción. Lo que veremos es una lucha férrea, sin mucha contemplación, algo que es natural y sano cuando dos personas quieren llegar al mismo puesto.



Muchos identifican el estilo duro con Allamand. Bueno, mejor para él. Se trata de un político experimentado, que conoce bien las reglas del juego. Ese es precisamente su fuerte, defender sus ideas con pasión, sin medias tintas. Sabe negociar y llegar a acuerdos, como lo ha demostrado toda su vida, pero también sabe ser firme, como cuando planteó la tesis del desalojo de la Concertación.



Ahora está y debe seguir actuando así. Es su sello. Por eso Allamand no anda por la vida intentando ser Golborne. Y lo hace así no sólo porque no es su estilo, sino también porque está convencido de que eso no es lo que necesita Chile. Más que las sonrisas, lo motivan las ideas. Y es por ello que siempre pidió primarias. Y es por eso que ahora planteó la idea de hacer debates en todas las Regiones. El hombre quiere entrar al ring y hacer lo que sabe. Y eso es bueno para todos, porque es en la cancha donde se ven los gallos.



Golborne, por su parte, juega hasta ahora con el carisma y apuesta a un perfil no político. Algo que tiene que ver con su convicción, pero también mucho de conveniencia. Sabe que en este último plano no puede competir con Allamand. Pero Golborne también sabe que no podrá entrar en esta pelea a punta de sonrisas. Que la gente quiere verlo en acción, quiere conocer sus ideas y, sobre todo, quiere verlo defenderlas con firmeza. En otras palabras, tendrá que convertirse en un duro más temprano que tarde si quiere llegar hasta el último round.



Sí, la pelea será dura y tiene que ser de esa manera. Nada saca con tener dos candidatos de guante blanco, diciendo insoportables frases para la galería, que poco o nada aportan. Esas son contiendas aburridas que a nadie motivan. No, esto tiene que ser con carácter, con pasión. Casi con sangre. No por nada se está eligiendo a un candidato a Presidente, no al míster simpatía. Esto es muy serio.



Y no hay que tenerle medio a la disputa. Así es la cosa no más. Que quedarán heridos, no cabe duda. Pero la política de verdad no es evitar las peleas, sino enfrentarlas y ganarlas. Y luego, ya vendrá el tiempo de recomponer las cosas, reparar las heridas con miras a enfrentar la otra batalla, la presidencial. Pero ese es otro tema.



Entonces, llamar a un pacto de amistad no corresponde. Otra cosa es que existan reglas mínimas. Pero la derecha debe ser consecuente con lo que predica y entender que cuando las regulaciones ahogan la libertad, entonces son malas. Por ello, hay que no sólo dejar, sino promover, que exista el mayor espacio de confrontación posible. No tengan susto, si aquí nadie se va morir. Sólo uno va a perder, pero eso en política no es tan grave. Siempre se puede resucitar.



La Haya, capital de la justicia y la paz
Juan Martabit Scaff
Embajador de Chile ante los Países Bajos y
Coagente en el caso ante la CIJ "Perú c. Chile"


En pocas semanas, y como resultado del juicio entre Chile y Perú relativo al límite marítimo, la ciudad de La Haya y en particular el edificio del Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, concentrarán la atención de la opinión pública nacional, brindando la oportunidad de conocer las razones por las que, en poco más de un siglo, esta tranquila ciudad holandesa se ha transformado en la capital mundial de la Justicia y la Paz.



Cuando el zar Nicolás II convocó un año antes a la Primera Conferencia Internacional de La Haya de 1899 para "buscar, por medio de discusiones internacionales, los medios más efectivos de asegurar a todos los pueblos los beneficios de una paz real y durable...", pocos pensaron que la iniciativa contribuiría al desarrollo del Derecho Internacional en la medida en que ha ocurrido y nadie sospechó que la ciudad anfitriona, donde sólo funcionaba desde 1893 la Conferencia de Derecho Internacional Privado, terminaría siendo la sede de un número sin precedentes de instituciones vinculadas a la resolución pacífica de controversias internacionales.



Así, la decisión de contar con un Tribunal arbitral internacional permanente basado en La Haya, adoptada en la conferencia de 1899 y que se tradujo en la creación de la Corte Permanente de Arbitraje en 1901, sería el primer paso de un proceso que permitiría a esta ciudad consolidarse como actor principal del orden jurídico internacional.



Al realizarse la Segunda Conferencia de La Haya en 1907, la presencia de prácticamente el doble de países, incluido esta vez Chile, fortalece el respaldo internacional a la solución pacífica de las controversias y brinda la oportunidad de colocar la primera piedra del Palacio de la Paz.



Este edificio -donado por el magnate del acero y filántropo de origen escocés Andrew Carnegie y construido por la Fundación Carnegie, creada en 1903 para tales efectos- sería concluido en 1913, albergando desde entonces a la Corte Permanente de Arbitraje y a la Biblioteca del Palacio de La Paz. En 1922, las dependencias del Palacio de La Paz acogerían además a la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada dos años antes al amparo de la Sociedad de Naciones, y desde 1923, también, a la Academia de Derecho Internacional. Cabe recordar que en dos ocasiones el Programa Externo de esta prestigiosa academia ha tenido lugar en Chile, siendo el último en octubre del año pasado.



Cuando en abril de 1946 la recién creada Corte Internacional de Justicia -que hoy tiene a su cargo el juicio entre Perú y Chile- se transforma en la continuadora de la Corte Permanente de Justicia Internacional que dejaba de existir y pasa a ocupar las mismas dependencias en el Palacio de La Paz, el carácter jurídico de la ciudad de La Haya se confirma.



En las últimas décadas, el número creciente de instituciones jurídicas internacionales que se establecen en La Haya hace irreversible su condición de referente de nivel mundial. A las dos Cortes Internacionales ya existentes se han sumado el Tribunal de Reclamaciones establecido entre Estados Unidos e Irán (1981), el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (1993), la Corte Penal Internacional (2002) y el Tribunal Especial para el Líbano (2009), a los que puede agregarse el Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), que ha realizado algunas importantes sesiones en La Haya.



En paralelo, La Haya también ha acogido paulatinamente a otras entidades vinculadas al Derecho Internacional. Entre ellas, la Convención de La Apostilla (1961), el Instituto TMC Asser (1965), el Instituto Holandés de Relaciones Internacionales Clingendael (1983), el Convenio de La Haya sobre Adopción (1993), Eurojust (2002), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (2006) y el Instituto para la Justicia Global de La Haya (2011).



Así, cuando en pocas semanas los medios de comunicación otorguen amplia cobertura a los pormenores de los alegatos del juicio entre Perú y Chile, exhibiendo imágenes de la acogedora ciudad de La Haya y sus edificios históricos como postal de fondo, habrá que tener presente la estrecha vinculación entre el proceso judicial desarrollado al interior del Palacio de La Paz y la posición central que hoy tiene La Haya en la estructura jurídica internacional.



La cada vez más importante y densa trama de instituciones vinculadas al Derecho Internacional que residen en esta ciudad -incluida la influyente Fundación Carnegie, administradora de varias de ellas-, así como los numerosos Jueces, académicos, investigadores y estudiantes de derecho que se concentran en la ciudad, serán el real marco de fondo de la fase oral del juicio en el que abogados de prestigio mundial defenderán los intereses de Chile, exponiendo una argumentación que ha sido elaborada con extrema seriedad y prolijidad durante años.



Dado que el juicio que confronta los intereses de Chile y Perú requiere un fallo en estricto derecho, la condición de La Haya como capital de la Justicia y La Paz hace que Chile pueda tener la tranquilidad de estar precisamente en la instancia que, por más de cien años, la comunidad internacional ha concordado para tales efectos.



La centroderecha y el electorado.


Con bastante habilidad, el Gobierno y la coalición oficialista parecen estar dejando atrás el trago amargo de la elección Municipal. Con nuevo jefe de Gabinete, La Moneda se propone encarar los 16 meses restantes de su Mandato con renovado vigor. La Alianza, en tanto, se ve resuelta a definir su abanderado Presidencial mediante primarias, y ya sus precandidatos aparecen enfrascados en temprana contienda.



Bienvenida sea la competencia, limpia y con sentido unitario. Más allá de servir ella para ponderar los méritos y deméritos de los postulantes, debe permitir a la coalición oficialista revisar y renovar su mensaje al electorado. El programa del Presidente Piñera logró motivar a los votantes con su visión optimista del horizonte de desarrollo -y las oportunidades de progreso personal que eso trae consigo-, susceptible de ser alcanzado con un nuevo estilo de Gobierno, ágil y eficiente. Pero aunque su gestión se anota logros macizos en muchos campos, es incuestionable que el reciente veredicto electoral no le ha sido favorable.



El mensaje tal vez deba ser reformulado. Desde luego, la Alianza tiene que insistir en su compromiso con una economía libre y abierta al mundo, pero deberá argumentar más convincentemente que sólo una economía que crece con vigor puede ofrecer a todos mejores oportunidades de educarse, encontrar trabajo y emprender. El programa de la centroderecha subraya en todo el mundo que su modelo económico procura fomentar la soberanía del consumidor, la libre competencia, la ausencia de privilegios y barreras de entrada, la auténtica meritocracia.



En un explicable intento de ampliar su base electoral, el actual Gobierno y sus Parlamentarios han favorecido aumentos en el gasto público, los impuestos y las regulaciones que han sorprendido a sus partidarios. Una dosis de pragmatismo político es siempre valiosa, pero resulta problemático confundir o frustrar a los electores propios. La centroderecha postula un Estado fuerte y eficaz en la defensa de la seguridad y los derechos personales, así como la protección de los más necesitados, pero favorece la provisión de los bienes y servicios públicos que exige una sociedad moderna mediante concesiones competitivas, prestadores organizados en empresas privadas y subsidios portables ( vou chers ) entregados a sus usuarios, que deben ser percibidos como ventajas por los electores.



Al perfilar sus campañas, los partidos de la Alianza habrán de aquilatar la experiencia electoral reciente. Con los resultados en la mano, sus expertos deberán intentar detectar en qué grupos etarios, socioeconómicos, regionales u otros está radicada la desafección que ha restado respaldo al actual Gobierno, y cómo dar con un mensaje que vuelva a encender el entusiasmo. Sus estrategas habrán de considerar que, ahora con voto voluntario, tanto en las primarias como en la elección general la tarea ya no es sólo atraer al votante indeciso, sino, muy especialmente, convencer al partidario indiferente o renuente de que hay una buena razón para concurrir a las urnas.



Indiferencia al bloqueo de vías públicas.


Se está transformando en una práctica habitual el bloqueo de caminos y calles en fechas y horarios de alta circulación, por parte de grupos que desean llamar la atención de la Autoridad y la opinión pública sobre ciertas demandas. Así ocurrió, una vez más, cuando el regreso masivo de santiaguinos desde Valparaíso después del fin de semana largo recién pasado se vio interrumpido por barricadas instaladas por una decena de estudiantes de la U. del Mar. Otro tanto ocurrió en Teno, donde se provocó una enorme congestión. Y esta misma semana, pescadores artesanales de Lota y Coronel interrumpieron la principal vía de acceso a Concepción, en protesta por el proyecto de Ley de Pesca que se discute en el Congreso. Frecuentes han sido también las interrupciones del tránsito en diversas Comunas capitalinas debido a alteraciones en el flujo de ciertas líneas del Transantiago.



La percepción de impunidad pese a las detenciones temporales de los involucrados, la indiferencia de la ciudadanía y, no pocas veces, incluso una velada justificación por parte de ciertos sectores de opinión, han ido otorgando a estas acciones una especie de anómala legitimación -además de gran cobertura por los medios-, sin que se condene enérgicamente la alteración del orden público que conllevan y el atropello de derechos básicos de terceros que en realidad significan.



La dificultad que parece tener la policía para enfrentar tales situaciones -se ignora por qué no se adoptan al respecto los métodos probadamente eficaces y aceptados por toda la ciudadanía que se ocupan en países desarrollados- y la pasividad de la Autoridad para buscar su condena Judicial constituyen señales incentivadoras para quienes están dispuestos a recurrir a estas formas de reclamo. La tolerancia para con la protesta es propia de la democracia, pero el uso de la fuerza abiertamente ilegal marca el punto de quiebre en que aquélla se desnaturaliza en descontrol y lenidad. La convivencia social demanda condenar transversalmente estas conductas que alteran el orden público, amén de promover a menudo la búsqueda de soluciones administrativas o legislativas precipitadas.



El Estado de Derecho significa canalizar las demandas de los diversos grupos de interés por las vías institucionales. Cualquier medida de presión por la fuerza debe ser rechazada por toda la ciudadanía sin distingos, pues la indiferencia ante ellas equivale a resignarse a sufrirlas tarde o temprano, a manos de cualquier grupo. Esa práctica creciente debe ser erradicada con imparcial energía, cualquiera sea su origen. Abundan los ejemplos -incluso en nuestra propia historia- de a qué deterioro de la convivencia puede llevar, y el que ella sea cada vez más frecuente en nuestra realidad es alarmante.



Temas económicos: "Recursos humanos en el sector público".


Según las cifras más recientes de la Dirección de Presupuestos, poco más de 200 mil personas trabajan en él. De ellas, cerca de 40% es de planta -que asegura la propiedad del cargo-, 52% a contrata, y el porcentaje restante se distribuye entre jornadas permanentes y empleados contratados bajo el Código del Trabajo.



Respecto de las condiciones laborales de los empleados públicos, el tema que concita la mayor atención es el reajuste salarial -la ANEF ya ha solicitado un aumento de 8,5%-. El tira y afloja entre el Gobierno y los líderes de las asociaciones de funcionarios se dará en torno a dicha cifra, relegando a segundo plano las reformas microeconómicas que deben ser urgentemente implementadas para asegurar los aumentos de productividad y rendimiento de quienes trabajan al alero del Estado.



Las estadísticas muestran que los empleados públicos tienen salarios superiores a los de trabajadores en empresas privadas. Según la encuesta Casen, el promedio de salarios para los empleados públicos en 2011 alcanzó a 475.630 pesos (para los de empresas públicas fue de 555.821 pesos), mientras el promedio para empleados u obreros en el sector privado fue de 382.444 pesos. Estas diferencias salariales a favor de los primeros han sido reportadas en la experiencia comparada, y resisten análisis estadísticos más sofisticados.



Por cierto, ellas pueden ser positivas, pues una estructura salarial bien diseñada eventualmente crea incentivos que atraen a mejores trabajadores. Sin embargo, un análisis detallado de los sistemas de incentivos para los empleados públicos sugiere que éste no siempre es el caso entre nosotros.



Su sistema de evaluación es un buen ejemplo. Más del 90% de los evaluados son catalogados como "sobresalientes", y si bien se han realizado esfuerzos para corregir esta situación, no ha sido posible estatuir evaluaciones que reflejen fidedignamente su desempeño.



Por otra parte, el sistema de mejoramiento de la gestión, originalmente pensado para crear incentivos, se ha transformado en un mecanismo de entrega de bonos que, en la práctica, son considerados por los funcionarios como ingresos permanentes.



Históricamente, las asociaciones de funcionarios -o más bien sus dirigentes- se han opuesto tenazmente a la modernización del sistema de contratación y evaluación en el sector público. La racionalización del uso de las horas extras y de los ingresos por concepto de viáticos también ha sido criticada, aun cuando existe evidencia de que en el pasado se han permitido abusos.



La discusión sobre el mejoramiento del sistema de incentivos al retiro tampoco ha sido bien recibida por los dirigentes de las asociaciones, aunque eso puede ser de gran conveniencia para miles de trabajadores públicos.



Pero la oposición de grupos con intereses políticos a la incorporación de mecanismos de incentivos no debe frenar al Estado en su obligación de modernizar su funcionamiento. En último término, la ineficiencia estatal se paga con los impuestos del resto de los chilenos.



Incentivos y un programa de control.
Un factor central para el fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos en la administración pública supone resolver los problemas de incentivos que enfrentan los Jefes de servicios. Éstos tienen las facultades necesarias para velar por el desempeño de los funcionarios a su cargo, pero rara vez las ejercen. Eso probablemente se explica por la combinación de una mínima preocupación por la gestión de su unidad y del deseo de ser "querido" por su equipo, particularmente si existen pretensiones políticas futuras. Por tanto, es necesario crear presión "desde arriba", asegurando que el Jefe de servicio cumpla su labor adecuadamente.



En esta materia hay algunos avances. La actual administración ha implementado un programa para mejorar la gestión de los recursos humanos en los servicios, que se basa en la contratación de funcionarios dependientes de distintas Subsecretarías y cuya única función es velar por el correcto desempeño de los Jefes de servicios. Cabe esperar que quienes ocupen estos cargos estén a la altura de las expectativas. Probablemente el utilizar el sistema de Alta Dirección Pública para su nombramiento puede promover la idoneidad de quienes cumplan este papel. De otro modo, el Estado terminaría contratando a nuevos funcionarios para supervigilar a los originalmente contratados para hacerlo.



Existen en el sector público amplias oportunidades para mejorar la gestión de los recursos humanos. Es preciso atender a los detalles, a los mecanismos de incentivos, pues allí se encontrarán las ganancias en eficiencia. Nuestro país requiere un sector público a la altura de su desarrollo, de modo que los más idóneos vean en él una opción equivalente a la privada, y no lo excluyan a priori. La tradicional discusión del reajuste es atractiva para los dirigentes gremiales, pero probablemente un sistema de incentivos justo y moderno que premie el buen desempeño sea de mayor interés entre las bases. Es urgente dar pasos en esa dirección, ya que poco se ha avanzado en esta importante materia.



Tres desafíos para las primarias.


Uno de los efectos inesperados de la última Municipal y del debut en ella de la inscripción automática y el voto voluntario fue la legitimación alcanzada por el mecanismo de primarias para determinar candidaturas. Incluso en sectores que hasta entonces miraban la fórmula con distancia, ahora ha tomado fuerza y las dos principales coaliciones parecen decididas a utilizarlas el próximo 30 de junio para definir a sus abanderados Presidenciales. Además, los partidos evalúan emplearlas para determinar algunas de sus postulaciones Parlamentarias.



Objetivamente, el sistema supone una "inyección" de participación para nuestra democracia y ofrece al mismo tiempo un modo eficaz de resolver conflictos en materia de candidaturas, permitiendo que los adherentes de un mismo sector terminen ordenándose en torno a los ganadores de las contiendas internas. De hecho, pese al bajo número de personas que votó en ellas, las primarias efectuadas por la oposición en Providencia y Santiago son señaladas como una de las cartas que aseguraron los triunfos de Josefa Errázuriz y Carolina Tohá, respectivamente. Ello, aun cuando queda por analizar su real impacto: junto a esos casos exitosos, hubo otros en que allanaron el camino a caudillos o viejas figuras que terminaron fracasando en la elección general.



Pero, incluso así, parece ya haber consenso respecto de los puntos positivos que ofrece el sistema, particularmente cuando se trata de universos electorales amplios, como en el caso de las candidaturas Presidenciales, donde se reducen las posibilidades de manipulación por parte de «caciques».



De esta forma, todo indica que la normativa sobre primarias, aprobada en octubre (ahora la revisa el Tribunal Constitucional) y que por primera vez regula, financia y da sustento legal al sistema, tendrá un debut en grande el próximo año. El mecanismo es voluntario -pues son los Consejos Generales de los partidos los que deciden si se embarcan o no en él, las condiciones (para qué elecciones y si será en pacto o individualmente) y el universo de votantes (desde sólo militantes hasta todo el padrón)-; simultáneo (se realizarán un mismo día en todo el país para todos los partidos, coaliciones y cargos en cuestión), y vinculante en sus resultados.



El éxito que alcancen dependerá de la capacidad que tengan sus protagonistas al enfrentar tres desafíos centrales.



Definiciones y temores. Superar conflictos a la hora de resolver exactamente qué tipo de primarias habrá (cargos y padrón a considerar, lugares en que se llevarán a cabo) supone intensas negociaciones y análisis. A nivel presidencial, la oposición parece resuelta a hacerlas e incluir también al independiente Andrés Velasco; se evalúa por ambas partes la integración o no del PC, mientras que Marco Enríquez-Ominami ya lo ha descartado. Una aprensión es el grado de conflictividad que la contienda pueda alcanzar y el modo de evitar que ello desgaste a la gran favorita, Michelle Bachelet. En la Alianza, donde hay menos experiencia en el tema, el miedo de que se exacerben las pasiones es extendido; también preocupa que, por las características de sus adherentes, menos movilizados que los de oposición, el número de participantes resulte menor y eso sea un handicap en contra.



Más incierto se ve lo que pase con los cargos Parlamentarios. Aparte de las reticencias de los incumbentes, en el caso de la derecha el asunto ya «desmotivó» a Ministros que evaluaban dar un salto al Congreso. Lo más complejo será, sin embargo, conciliar las demandas de algunos, como el PPD, por primarias a este nivel, con las características tradicionales de una negociación Parlamentaria en la que, a objeto de aumentar la eficiencia electoral, se recurre a omisiones y pactos de distinto tipo.



La logística es tal vez el desafío mayor. Los problemas y atrasos en el conteo de votos de la Municipal pusieron en el centro de las críticas al Servicio Electoral y muchos se preguntan cómo se manejará en un comicio aún más complejo. El sólo hecho de tener que verificar, por ejemplo, las militancia o el carácter independiente de los votantes, se suma a toda la dificultad de realizar simultáneamente primarias de dos o más coaliciones y para una variedad de cargos distintos, según reglas del juego disímiles en cada una.



También desde la perspectiva de los votantes las cosas no serán sencillas, dada la diversidad de papeletas y las opciones de cruces (una persona bien podría sufragar en la primaria Presidencial opositora, en la Senatorial de la Alianza y en la de Diputados de algún otro pacto). Ello, además de un problema mayor: las funciones de vocal seguirán siendo obligatorias, de modo tal que incluso un simpatizante del oficialismo podría verse forzado a servir de vocal en la primaria de la Concertación.



Las campañas. Además de estar insertas en la lógica de seducir al votante voluntario para movilizarlo hacia la urna, una primaria exige marcar diferencias con los aliados, tratando de convencer al propio partido o coalición de que se representan mejor sus ideas. En Estados Unidos ello obliga a los postulantes a continuos ejercicios de equilibrio, apostando primero a conquistar el voto duro de sus sectores, para luego, en la elección nacional, moverse hacia el centro. En tales contorsiones los candidatos a veces terminan minando su credibilidad.



A nivel Parlamentario, las diferencias de recursos suponen una desventaja para desafiantes versus incumbentes: mientras un Congresista en ejercicio cuenta a su favor con todas las asignaciones que da el Congreso para el trabajo territorial (desde arriendo de sedes hasta gastos de movilización), quien se le enfrente en una primaria no contará ni siquiera con financiamiento público.



Por último, este tipo de contiendas supone un alargamiento de las campañas, al darse ahora ellas en dos fases: la etapa de primarias y la elección posterior, con el eventual impacto en el trabajo legislativo.



Definiciones cruciales para el futuro de China.


La comunidad internacional ha seguido con especial atención el desarrollo del XVIII Congreso del Partido Comunista de China, pues durante su realización -que terminará el próximo 14 de noviembre y al cual asisten 2.270 delegados- se elegirán los nuevos líderes que regirán los destinos no sólo del país más poblado del mundo, sino también la segunda potencia económica a nivel mundial. Se entregarán, asimismo, los lineamientos que seguirá en materia económica, de reformas políticas y para su relación con el resto del mundo. Las primeras luces que ha arrojado el congreso en estos primeros días dan cuenta de que el Partido Comunista seguirá en la línea de profundizar reformas en materia económica, pero sin disposición a ceder espacios en materia de libertades políticas y sociales, lo que abre incertidumbre sobre la estabilidad futura del país.



Es poco probable que un Congreso de este tipo depare sorpresas en materia de sucesión. Se da por descontado que Xi Jinping, actual Vicepresidente, será ungido como Jefe de Estado, en reemplazo de Hu Jintao, y que el Viceprimer Ministro Li Keqiang asuma como número dos del régimen. Con ellos se daría paso a lo que se ha denominado la “quinta generación”, caracterizada por funcionarios del partido que han sido educados en universidades occidentales de gran prestigio y que deberían tener una mentalidad algo más abierta hacia un entendimiento con Occidente. Ello sería especialmente favorable cuando se viven fuertes tensiones con Corea del Norte, Siria, Irán y Pakistán.



La gran incógnita es si acaso la jerarquía del Partido Comunista estará dispuesta a avanzar en reformas que permitan más libertades a la población. Sin embargo, las señales entregadas en este aspecto son desalentadoras. En su discurso inaugural, el Presidente Hu Jintao señaló que el país “debe dar más importancia a mejorar el sistema democrático, con el objetivo de garantizar que el pueblo pueda tener elecciones y decisiones democráticas”, pero agregó que China “nunca copiará un sistema político occidental”. En los últimos años se ha apreciado el surgimiento de un creciente malestar en la sociedad china -especialmente en sectores rurales-, y si bien la férrea censura sobre los medios de comunicación, así como la sofocación de la disidencia han permitido que el partido ejerza el control sin mayor contrapeso, las manifestaciones observadas en la “Primavera Arabe” y sus demandas por mayor libertad deben ser una poderosa señal de alerta. Ignorar estas demandas puede derivar en conflictos sociales, y un escenario así en China tendría consecuencias de mayor gravedad.



Entre los desafíos pendientes está disminuir la corrupción -Hu Jintao hizo ver los graves riesgos que ello encierra para el futuro del país-, así como mantener el ritmo de crecimiento de la economía.  El país ha mantenido tasas de crecimiento de 10% promedio, generando una  inédita prosperidad de la cual se ha beneficiado el resto del mundo, incluidos los países emergentes. Sin embargo, es importante que el Gobierno dé pasos relevantes hacia reformas indispensables, como disminuir la discrecionalidad con que opera el Estado en la economía y brindar mayor transparencia sobre su sistema cambiario, que aleje cualquier duda de que su moneda -el yuan- pudiera ser manipulada.

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