viernes, 12 de octubre de 2012

Publicación con problemas...

 Marcha estudiantil  de ayer no reditó las

altas convocatorias  anteriores, pero, provocó
serios problemas de congestión y como siempre
terminó  en incidentes y con inmensos daños
 a la propiedad publica y privada.

El Presidente Sebastián Piñera dio un plazo de
100 días para entregar proyecto de ley que
reformará sistema procesal penal, señalando
que  los dos puntos centrales de la iniciativa
será el aumento a la protección de las víctimas
y el fortalecimiento de la lucha contra la
delincuencia.













Piñera destacó que “llegó el momento de hacer una evaluación e incorporar perfeccionamientos a nuestro Sistema Procesal Penal”.
El Presidente Sebastián Piñera junto a miembros de su Gabinete de Ministros y Parlamentarios, se refirió ayer al  mediodía al contenido central de la propuesta de perfeccionamiento al Sistema Procesal Penal anunciado la semana pasada en Arica, ocasión en la que destacó que “después de 12 años, el Gobierno estima que llegó el momento de hacer una evaluación e incorporar perfeccionamientos a nuestro Sistema Procesal Penal, con dos objetivos centrales: hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia y aumentar la protección a las víctimas, de forma de poder otorgarle a todas las  familias chilenas una vida con mayor seguridad, mayor tranquilidad y mayor paz, como sin duda aspiran y tienen derecho a tenerla”.





El Presidente detalló los contenidos principales de este perfeccionamiento:



   - Incrementar la protección y la participación de las víctimas en nuestro proceso penal;



    - Fortalecer la labor y las facultades de nuestras policías, tanto Carabineros como Investigaciones;



    - Incorporar mayores exigencias y controles en el otorgamiento de las libertades, en los casos de prisiones preventivas;



    - Incorporar mayores controles a los Jueces de Garantía, a través del fortalecimiento de algunos recursos judiciales;



   - Facilitar la prueba de los delitos, que permita que cuando ellos ocurrieron, las detenciones se transformen en condenas, de acuerdo a nuestro sistema judicial y a nuestra legislación;



    - Fortalecer la capacitación, gestión, evaluación y coordinación de las distintas instancias que participan en la lucha contra la delincuencia.



Piñera añadió que se promoverá “una amplia participación de la sociedad civil, para poder incorporar sus propuestas y perfeccionar nuestras propuestas. Del mismo modo, comprometió el envío de un Proyecto de Ley “dentro de los próximos 100 días, de forma tal que el Congreso pueda también hacer su aporte a este perfeccionamiento de nuestro Sistema Procesal Penal”.



Al finalizar su intervención, el Presidente sostuvo que estas medidas tienen como fin “cumplir con el objetivo que sé es compartido por la inmensa mayoría de los chilenos y con el cual este Gobierno tiene un sólido compromiso: mejorar nuestra capacidad de luchar contra la delincuencia, proteger mejor a sus víctimas y otorgarles a las familias y a la sociedad chilena una vida con mayor tranquilidad, mayor seguridad y mayor paz”.


Nota de la Redacción:
Esta noticia nos parece de vital importancia, ya estaba bueno que alguien intentara seriamente poner freno a la delincuencia y acotar el accionar de una judicatura que cada vez se ve como menos cumplidora de su deber de hacer cumplir las  Leyes, inclusive transformándose, por motivos ideológicos, en co-legisladores, función que expresamente les esta prohibida.



A votar, sí o sí, Margarita María Errázuriz.


La propaganda que tapiza las calles llama a una reflexión sobre el rol que les cabe a los Municipios en el marco de nuestra institucionalidad. Me parece importante darse unos minutos para valorar a los Gobiernos locales, en momentos en que creo que todos nos confundimos frente a una campaña con tanta cara sonriente y cuñas para el bronce que no dicen nada. En estas circunstancias, lo natural es preguntarse qué hago con mi voto y, si se está muy perdido, hasta cuestionarse el ir a sufragar. Sin embargo, a mi juicio, ésta no es una alternativa. En los tiempos que corren, el Municipio es un espacio que debemos cuidar. Nos puede ofrecer aquello que nos hace más falta como sociedad: un activo espíritu ciudadano.



Muchos podrán pensar de otra manera, recordando la vulnerabilidad de un grupo importante de Municipios en materia de calidad de recursos humanos, o hablarán de la corrupción detectada en algunos. Otros dirán que en el nivel Comunal también aparecen facetas de la política que causan rechazo. A pesar de ello, es absolutamente necesario destacar el potencial de los Municipios para fortalecer la vida ciudadana. Es precisamente ésta la que nos permite compartir valores y normas que facilitan nuestra convivencia. Vale decir, necesitamos de ella.



Mi interés en los Municipios se debe a que tienen características que pueden recomponer vínculos entre lo público y lo privado. No es deseable que con respecto a lo primero se escuche a menudo el “no estoy ni ahí”. La preocupación de los Municipios por la calidad de la vida cotidiana concita interés general, y hace presente la necesidad de alcanzar acuerdos y acción conjunta. Además, pueden renovar la confianza en los cargos públicos, en la medida en que las soluciones a estos problemas son tan concretas, que en ellas prima el carácter profesional y técnico por sobre la política partidista. Por otra parte, un sinnúmero de iniciativas dan motivos para estimar que estas instancias hacen una contribución importante para acercar la toma de decisiones a las personas y estimular el ejercicio de la vocación de servicio público. Esa es la impresión que dejan las consultas ciudadanas para modificar planos reguladores o establecer prioridades de inversión y, en algunos casos, cuando se sabe de presupuestos participativos. A partir de estas iniciativas, se echan raíces para compartir intereses comunes que se resuelven en conjunto.



El aporte de los Gobiernos locales para potenciar la ciudadanía va más allá de las iniciativas ya mencionadas. Según el último Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012), un gran número de proyectos Municipales apuntan al bienestar subjetivo, definido este último como la síntesis que hace cada persona del conjunto de sus emociones, imágenes, deseos, perspectivas, motivaciones, valoraciones y representaciones.



El 68% de los proyectos —1.579 en total, de 29 Comunas seleccionadas en 2010— apoya la capacidad de las personas para participar e influir en la sociedad. Asimismo, un porcentaje no menor de dichos proyectos contempla desarrollar en los participantes su capacidad de ser reconocidos y respetados en dignidad y derechos. Vale decir, el Municipio estima que las personas requieren fortalecer su ciudadanía para tener mayor satisfacción emocional y les ofrece esa posibilidad a través de los proyectos que impulsa.


Es mucho lo que se juega en la gestión Municipal. Siento que a través de la propaganda en las calles no se le puede tomar el peso al significado de esta elección. En ésta debemos estar presentes con nuestro voto, nos gusten o no nos gusten los términos en que se llevan las campañas.



La ADP y la gestión del Estado, por Salvador Valdés.


El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) instruye al Gobierno a designar directivos eligiendo solamente de entre quienes logren integrar la nómina que produce un concurso abierto, según criterios de mérito profesional, dirigido por un consejo transversal. Aunque exigir currículum acota el espacio para consideraciones políticas, se espera más de los directivos ADP: deberían mejorar las prestaciones a la ciudadanía, en cantidad y calidad.



Sin contrapartes que supervigilen a los directivos ADP de modo frecuente y exigente, su gestión tiene el riesgo de caer en una rutina de metas poco desafiantes, sin perjuicio de honrosas excepciones. En los Gobiernos anteriores, el grueso de los Subsecretarios priorizaba su trabajo legislativo y de comunicación política, al punto de desatender la supervigilancia de la gestión de los servicios en sus sectores, a pesar de que es una de sus obligaciones legales. Este diagnóstico fue documentado de varios modos, incluyendo un estudio del Banco Mundial.



En respuesta, nuestro Gobierno diseñó un plan, que lanzó en diciembre de 2011, denominado ChileGestiona. Hoy participan aquellas 17 Subsecretarías con mayor responsabilidad por supervigilar la gestión de servicios, y el Ministro de Hacienda, todos instruidos por el Presidente. Así, cada uno de los 17 Subsecretarios tenía nombrado a principios de 2012 un «director de gestión», definido como una persona de la exclusiva confianza del Subsecretario y cuyo foco está en pedir cuentas mensuales de gestión a los Jefes de los servicios del sector, sean ADP o no, y apoyarlos con estrategias efectivas de gestión, sin involucrarse en temas legislativos ni de política pública.



¿Quién vigila a los Subsecretarios y sus directores de gestión? El Presidente y sus Ministros, pidiéndoles cuentas en sesiones “bilaterales de gestión”. Se apoyan en la información que un equipo en Hacienda recolecta desde las 17 subsecretarías.



Los directores de gestión han impulsado a los directivos, ADP o no, a lograr éxitos concretos en las prestaciones principales de su servicio. Estos éxitos son tan variados como los servicios, por lo que no son homologables entre sí. Con todo, hay avances medibles. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2012, 15 de los 17 Subsecretarios habían revisado y aprobado indicadores para medir dichas prestaciones principales en cada uno de los servicios de su sector, disponiendo su utilización en la gestión cotidiana. Los avances también se manifiestan en mejoras de otra clase de indicadores, cuyo avance sí puede ser comparado, como racionalizar horas extra y agilizar la recuperación de licencias médicas.



Por otra parte, desde 1998 la ley del “Programa de Mejoramiento de la Gestión” (PMG) estableció un componente de la remuneración de los funcionarios, que, sumado en un año, puede llegar hasta algo menos de un sueldo mensual, y es condicional al puntaje de cumplimiento de metas. Sin embargo, este Gobierno encontró una situación en que una alta proporción del puntaje se condicionaba de un modo que no reconoce a los servicios que más se esfuerzan. Se había elevado la burocracia, sin perjuicio de algunos aumentos de capacidad. La parte del puntaje ligado a resultados de gestión era ínfima, apenas 10% en 2009 y 2010, y había facilidades para que muchos servicios eligieran indicadores y metas de baja exigencia. Cabe entonces la pregunta: en un ambiente así, ¿cuánto rinde un directivo ADP con gran currículo, en prestaciones a la ciudadanía?



Ya se han introducido cambios tanto en el diseño como en la implementación del “PMG”. En 2011 se permitió a todos los servicios dar término a las actividades asociadas a procesos, reduciendo la burocracia. A la vez, se elevó la ponderación de las metas de gestión desde el 10% de 2010 a 50% en 2011, a 60% en 2012 y 80% para 2013. También se mejoró la evaluación y se fortaleció a las contrapartes en la elección de indicadores. Estas mejoras han llevado a algunos directores de gestión a utilizar también este instrumento en su labor de inducir a los directivos ADP a usar sus talentos gerenciales para dar más y mejores prestaciones a la ciudadanía.



Para complementar lo anterior, nuestro Gobierno planea proponer formalizar la existencia en el aparato del Estado de los directores de gestión, para poder evaluar su desempeño y exigirles avance. También se propondrá extender la cobertura del sistema ADP hacia más servicios y cargos, incluyendo precisamente los de director de gestión.



Cooperación entre Chile y Perú.


El compromiso de que tanto Chile como Perú respetarán lo que dictamine la Corte Internacional de La Haya fue ratificado por los Ministros de Defensa de ambos países, en el marco de la X Conferencia de Ministros de Defensa de América Latina celebrada esta semana en Uruguay. Se trata de una señal positiva ante la comunidad internacional y es oportuno que ambos Gobiernos se preocupen de hacer gestos de distensión y entendimiento, considerando que el inicio de la fase oral del juicio -que tendrá lugar en diciembre- inevitablemente generará tensiones que no resulta conveniente exacerbar.



La demanda que Perú presentó en la Corte Internacional constituyó un indudable revés en las relaciones bilaterales, pues tensiona la relación entre ambos países y reaviva odiosidades que son complejas de manejar. La voluntad de respeto al fallo expresada por ambos Ministros -y que previamente había sido manifestada por los Presidentes de Chile y Perú- debe entenderse como una señal de distensión, y es valorable que ambos países estén realizando tareas de cooperación en materia de defensa que se extienden a las “nuevas amenazas”, como el crimen organizado y problemas de narcotráfico.



El Ministro de Defensa peruano señaló que el fallo de La Haya servirá para enviar un mensaje político a la región, referido a una “manera civilizada y jurídica de resolver el tema”. Es importante que la Cancillería chilena mantenga una actitud colaborativa y serena frente al reclamo peruano, sin renunciar a reivindicar la justa defensa de la causa chilena frente a este litigio, al considerar que no existen temas pendientes en materia limítrofe con Perú y la necesidad de respetar los tratados internacionales. La sólida defensa de los intereses nacionales debe complementarse con una agenda de futuro, que debe ser trabajada desde ya por Santiago y Lima.



La necesidad de «blindar» al INE.


La decisión de la Cepal de dejar de participar en la encuesta Casen viene a marcar una suerte de epílogo para la controversia desatada tras conocerse los resultados de ese estudio en su versión 2011. Entonces, tras ciertos discutibles énfasis comunicacionales del Gobierno, especialistas y políticos de oposición iniciaron una inédita ofensiva de cuestionamientos que sobrepasó con mucho lo propiamente técnico, apuntando a poner en duda los resultados. Aunque la Cepal no ha aludido a ello para justificar su decisión, es evidente la incomodidad que le significó a sus directivos terminar situados en medio de esa polémica, viendo cómo algunas de sus decisiones se transformaban en armas para el debate político. Ahora, en sentido estricto, la salida de la institución internacional no debiera significar un problema mayor para la realización de las siguientes encuestas, pues en el país existe la capacidad técnica para desarrollar las tareas de ajuste y corrección de las variables de ingreso y estimación final de las cifras de pobreza que cumplía el organismo. Lo verdaderamente complejo, sin embargo, será reemplazar aquel otro aporte, más intangible, que entregaba la Cepal: la confiabilidad de su aval, como entidad ajena a las querellas internas del país.



El punto es crítico en el momento actual. En efecto, una de las novedades de la discusión política del último período ha sido cierta peligrosa inclinación a cuestionar ya no simplemente las iniciativas del adversario, sino también la propia validez de los instrumentos de medición que permitirían evaluarlas. En ese sentido, el antecedente más obvio de la controversia por la Casen fue lo ocurrido anteriormente con las cifras oficiales de empleo, donde se puso en cuestión la verdadera velocidad de su recuperación, en un debate que sólo pudo ser zanjado cuando la encuesta de la Universidad de Chile confirmó la misma tendencia. Obviamente las discusiones metodológicas son siempre legítimas y positivas, pero los niveles de exacerbación que han adquirido han sobrepasado por momentos lo razonable y poco se condicen con el patrimonio de confiabilidad estadística que caracteriza a nuestro país. Que publicaciones internacionales se hayan hecho eco del tema y llegado a comparar a Chile con naciones vecinas donde la intervención gubernamental en estas materias ha minimizado su credibilidad, además de injusto, constituye una alarma y un llamado a la responsabilidad.



En ese escenario, una iniciativa que viene siendo estudiada desde hace tiempo se vuelve ahora urgente: el blindaje del Instituto Nacional de Estadísticas a través de medidas que resguarden su bien ganado prestigio. Ello pasa por una reforma que le dé autonomía y a la vez comprometa a todos los sectores con el respeto a su trabajo, siguiendo la línea de organismos como la Contraloría o el Banco Central. El actual director del Instituto impulsa esta idea y se espera que prontamente se envíe un proyecto de ley al Congreso. De lo que se conoce hasta ahora, se apuntaría a establecer un directorio en cuya designación participen el Presidente y el Senado, de modo de garantizar pluralidad de sensibilidades en su interior. Los exitosos ejemplos mencionados sugieren que este modelo puede resultar efectivo en cuanto a proteger su credibilidad frente a tentaciones de instrumentalización o de iniciar polémicas artificiales respecto de su labor. Pero, además, la autonomía le daría una jerarquía institucional que le permitiría ordenar las labores estadísticas que hoy desarrollan, a veces de modo descoordinado y duplicando innecesariamente esfuerzos, distintas reparticiones del Estado.



Si se extiende la convicción respecto de la necesidad de este cambio y ello permite su pronta concreción, la acerba controversia que generó la última Casen habrá dado, al menos, un fruto positivo.





Nota de la Redacción:


En un día muy “movido” para los chilenos, con un fuerte sismo que remeció a las Regiones ubicadas entre Coquimbo y el Maule, que alcanzó hasta 5,7 grados en la Escala de Richter, y un atardecer con un caos vial provocado por hechos de violencia provocados por encapuchados que se aprovecharon de una manifestación estudiantil,  estamos en serios problemas con esta edición  correspondiente a este viernes 12 de octubre.



Las dificultades que estamos enfrentando nos han complicado la subida de material, e inclusive nos obligó a eliminar una decena de fotografías a las que agregaba leyendas ajenas a nuestra voluntad editorial, y a excluir otros materiales que teníamos preparados.



No sabemos si los problemas que estamos sufriendo son un problema de Internet o si existe alguna mano extraña interviniendo en nuestros equipos o en la transmisión de los datos, esperamos poder solucionar estos inconvenientes a la brevedad, por  las molestias que les podamos ocasionar con esta demora, solicitamos a nuestros amigos y amigas recibir nuestras humildes disculpas por la menor cantidad de temas y material de este ejemplar.

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