jueves, 27 de septiembre de 2012

Temas importantes de la contingencia…



El Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley que
rebaja los intereses a los deudores del Crédito con
Aval del Estado (CAE) desde el 6 al 2%, merma que
beneficiará a más de 350 mil   familias.

El Gobierno destituyó de su cargo al director del
Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, ex
Posta Central, Dr. Emilio Villalón, luego de que
el martes  se registrara un nuevo colapso en
la atención de urgencia.


El Ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez,  entregó
ayer  1.099 subsidios de clase media en la Región
de Biobío, 770 a familias de la Provincia de
Concepción y  329 en la Comuna de Los Ángeles.


Encuesta MORI, develada ayer, da una ventaja de
dos puntos al actual Alcalde de Providencia, Cristián
Labbé, por sobre su contrincante la candidata de
la concertación y los comunistas, Josefa Errázuriz.


Efectivos de Carabineros investigan el robo de un
cajero automático registrado esta madrugada en
pleno centro de la capital, a una cuadra del Palacio
de La Moneda y de la Intendencia, en Bandera
con Moneda.

 Violentos disturbios se registraron en Atenas, y en
las principales ciudades, durante la huelga general

de 24 horas que vivió Grecia por los nuevos recortes
que prepara el Gobierno para satisfacer a los
prestamistas de la UE.

Samsung lanzó a la venta en Corea del Sur su
Galaxy Note 2, con pantalla de 5,5 pulgadas,
funciona con un procesador de cuatro núcleos
y la versión 4.1, la última, del sistema operativo
Android.

Millonario chino residente en Hong Kong ofrece
US$ 65 millones al hombre que enamore a su hija
lesbiana, la que hace una semana se habría
‘’casado’’ en Francia con su ‘’novia’’.


Judíos celebran Yom Kipur, que es la conmemoración
del Día de la Expiación, el perdón y el arrepentimiento
sincero. Para esta religión este es el día más santo
y solemne del año


Evo Morales emplazó  anoche a Chile en Naciones
Unidas a devolverle el mar a Bolivia, parece que
el cocalero no sabe que el Alto Perú fue siempre
mediterráneo y sin salida al mar.


En lo que pudo ser una goleada Santos de  Sao Paulo
ganó en Sao Paulo  por 2 goles a 0 a la Universidad
de Chile y se quedó con la Recopa, Johnny Herrera le
atajó un penal a Neymar a los 45 minutos.





Caso Guzmán: el informe Olivares,

por  Gonzalo Rojas Sanchez.


Si usted no ha leído "Asesinato en el Campus Oriente", de Lilian Olivares, no sabe lo que se pierde. Y si no se mete en el libro, nunca lo sabrá, porque ésa es la única manera de acceder a la información relevante que nos entrega. Usted nunca conocerá por otros medios lo que en ese texto se afirma, porque la mayoría de los comunicadores evitará divulgar la verdad ahí contenida, y porque gran parte de los críticos callarán sobre esta notable investigación.



La razón es muy sencilla: "Los zarpazos del Puma" es una obra canónica de la izquierda chilena y, mediante las extendidas redes de sus colaboradores, se evita que cualquier otra investigación -y además, perfectamente auténtica- pueda divulgarse y hacer reflexionar de nuevo sobre buenos y malos. Es que la izquierda ya determinó quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y su falsedad debe prevalecer. Pero Lilian Olivares, con una valentía admirable, ha roto ese esquema y se ha atrevido a entregar una obra sencilla en sus formas y tremenda en sus contenidos.



Ella no lo dice, pero el lector lo concluye: el Estado de Derecho ha sido gravemente dañado en Chile desde el asesinato de Jaime Guzmán. Los culpables son escandalosamente múltiples y evidentes.



El Partido Comunista, que favoreció la formación del Frente Manuel Rodríguez (los asesinos de Jaime Guzmán), no ha tenido problema alguno para participar en el juego democrático: casi nadie le ha pedido cuentas y muchos le han solicitado alianzas. El Partido Socialista, que cuenta hasta hoy en sus filas con un Diputado que, siendo funcionario público, realizó tareas ilegales de infiltración de grupos terroristas y que, en esa misma calidad, hizo desaparecer pruebas importantes de la participación de esos criminales en el asesinato del Senador. La Concertación, después, lo nombró Embajador en Francia. Los Gobiernos de la Concertación, que jamás se interesaron en la verdad. Buscaron a un individuo cualquiera -un delincuente común- y se obsesionaron en inculparlo para cerrar el caso. Todo era mentira y el caso sigue abierto. La Policía de Investigaciones, que a través del Director que estuvo más de 10 años concertacionistas en el cargo, ocultó información relevante en los casos Guzmán y Cristián Edwards: era un video sobre frentistas que podría haber ayudado mucho en la investigación. El Consejo de Defensa del Estado, que por mayoría de siete a seis de sus integrantes, se negó a la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema por la libertad decretada para los funcionarios públicos procesados por obstruir a la justicia. El Poder Judicial, que en vez de comprometerse pacientemente con la investigación, ha cambiado numerosas veces de Ministro en visita. Gendarmería de Chile, que a través de su Director facilitó la evasión de los asesinos de Guzmán, porque aquel funcionario contrató como asesora a una frentista, la que preparó la fuga del siglo desde dentro mismo de la cárcel. Los Gobiernos de Cuba y Argentina, que se han burlado de la institucionalidad chilena, conocedores del carácter pusilánime o abiertamente cómplice de ciertos funcionarios públicos nacionales. Aquellos otros partidos políticos, que han amparado todo lo anterior y que siguen disfrutando hoy de una aureola democrática muy distante de su actuación en el caso Guzmán.



El fracaso de la institucionalidad y del Estado de Chile ha sido completo.



Hasta ahora, nadie ha pedido perdón por esas culpas, nadie ha dicho ¡Nunca más! Le queda al Presidente Piñera buen año y medio para hacerlo. No sólo porque él representa hoy a ese Estado, sino porque quizás nunca más pueda lograrse un reconocimiento político de tan graves claudicaciones.



¿Qué gana la Concertación con el PC?,
por Gonzalo Müller


La pasada semana el Presidente del Senado, Camilo Escalona, disparó al corazón de las pretensiones de una parte de la izquierda de avanzar en una asamblea constituyente. Con ello generó duras respuestas de parte del Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Pero este enfrentamiento va más allá de la propuesta de una nueva Constitución y habla de la difícil relación entre la Concertación tradicional y su nuevo socio, el PC, llevándonos a cuestionar las ventajas de esta alianza.



Partamos por entender que el Partido Comunista dista mucho en su expresión actual de ser un partido con cultura de democrática o de entendimiento. Para qué hablar de sentimientos de pertenencia a una coalición mayor: durante los últimos 20 años, el PC ha seguido un camino distinto y distante de la Concertación. De hecho, esta marginalización lo ha tenido en la oposición durante los Gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera.



La frase de Escalona advirtiendo que la interferencia del PC en asuntos internos de la Concertación era pan para hoy y hambre para mañana demuestra que lo que de fondo preocupa al Senador es que sea la Concertación la que termine adecuándose a la agenda del PC y no a la inversa; es decir, lo que no le termina de cuadrar es que sea el socio minoritario, y su capacidad de catalizar a los diferentes díscolos del sector, quien determine los ritmos o las posturas de la oposición. Sabe Escalona mejor que nadie que esto amenaza no sólo la existencia misma de la Concertación, sino que de paso merma las opciones de la operación retorno de la candidata Bachelet.



En estricto rigor, frente a la necesidad de aglutinar a la oposición como único camino de reconstruir una mayoría que los acerque a La Moneda, no es claro que ello pase por incorporar formalmente a un partido como el PC, cuyas actuaciones siguen teniendo una lógica de interés individual y no colectiva. Por más que algunos intenten disimular —si no esconder— las diferencias, es claro que al PC el regreso de una Concertación como la que el país conoció en sus pasados Gobiernos no le gusta y no le sirve. Sus críticas al modelo apuntan al reemplazo y no a la corrección. Así, no sería extraño que, de profundizarse este desencuentro, la izquierda extra Concertación y el PC tengan un candidato propio, ya sea a la primaria de la oposición o incluso a la primera vuelta.



Teillier sabe que su margen de maniobra se estrecha cada vez más. La posibilidad de presionar o influir en las definiciones de la Concertación pasa por dos eventos muy próximos. Primero, la elección Municipal, donde se podrá ver cuán real resulta el aporte del PC a la Concertación, en número de Alcaldes, y al pacto PRSD-PPD-PC y su pretendida disputa frente a la hegemonía PS-DC, lucha que se medirá en los resultados de la elección de Concejales. Segundo, la definición de la propia candidata Bachelet, lo que podría ocurrir en enero del próximo año. Es poco tiempo para evitar que la presión pública les imponga un lugar, ya sea liderando o sólo a la cola de lo que será el proyecto Presidencial opositor.



Así, Escalona, al enfrentar a Teillier, defiende lo que a su juicio es el correcto entendimiento entre la izquierda y el centro; esto es, la socialdemocracia y el humanismo cristiano, encarnados en el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, y dejando en una posición menor a esa izquierda que mira más a Latinoamérica y menos a Europa para encontrar sus modelos de desarrollo. Pero debe estar consciente también de que el desorden político general e incluso en su propio partido hace dudar de sus fuerzas para acometer esta tarea, que podría, incluso en el éxito, terminar consumiéndolo.



En cualquier caso, el resultado de esta disputa marcará la mayor izquierdización o no de la candidata Bachelet y su programa electoral.



Repensar la educación universitaria
por Francisco Javier Urbina.


Entre marcha  y marcha estudiantil, nos hemos quedado sin abordar algo que está más en el fondo del debate: la forma en que entendemos la educación universitaria. Nuestra concepción de ésta contiene tres errores fundamentales, cuyas ramificaciones impactan todo el sistema de educación superior.



El primero es asumir que las personas sólo pueden ejercer en el área específica que estudiaron en la universidad. Los abogados en Tribunales, los historiadores en la investigación histórica, etc. Eso es falso. La mejor educación superior es aquella que desarrolla aptitudes intelectuales y morales que permiten, entre otras cosas, comprender problemas complejos, distinguir lo mejor de lo peor, formular razones, pensar rigurosamente y expresarse con precisión. Distintas carreras pueden formar estas mismas aptitudes, las que sirven luego para desarrollar tareas muy diversas. Por eso no es raro ver en países desarrollados a teólogos, historiadores o filósofos trabajando de banqueros, consultores, militares o empresarios.



El segundo error es pensar que las carreras universitarias deben preparar para el mundo laboral. No lo deben ni pueden hacer. La universidad es apta para formar el intelecto y las virtudes relacionadas a la búsqueda de la verdad (como la honestidad intelectual o la serenidad de mente para sopesar argumentos rivales). No puede preparar bien a alguien para llenar un pagaré o presentar una demanda sin convertirse en algo distinto.



Desde la perspectiva del desempeño laboral (que no agota el potencial de la formación universitaria) lo mejor es que exista una clara división de funciones: la universidad puede formar el intelecto, y la práctica laboral puede educar en los aspectos concretos propios del oficio.



Si se entiende que la universidad no debe preparar completamente a nadie para realizar un oficio, entonces se puede pensar en acortar radicalmente las carreras universitarias. Esto se vincula al tercer error: asumir que una carrera respetable debe ser larga, de unos cinco años. No es raro ver en el sector público o privado exigencias laborales en este sentido. Eso es absurdo. La duración general de las carreras debería ser de tres o cuatro años, como en las mejores universidades del mundo. Algunas carreras, que corresponden más bien a oficios, como Periodismo o Publicidad, podrían durar aún menos, o ser enseñadas en conjunto con otro grado, en la forma de combinaciones de majors o minors al estilo de los colleges norteamericanos.



En Chile, por el contrario, las carreras son innecesariamente largas, lo que encarece su costo, diluye la exigencia y permite que las instituciones que lucran ilegalmente con la educación extiendan su duración artificialmente para mantener a sus “clientes” por más tiempo.



El Ministro Beyer ha tenido la visión de colocar algunos de estos temas sobre la mesa, en un momento en que nuestro sistema de educación aparece cuestionado. Quizás estos años de debate sobre la universidad sean un momento oportuno para repensar la forma en que nuestra sociedad entiende la formación universitaria.



La Araucanía y Estado de Derecho.


Con muy escasa difusión, el actual Gobierno está impulsando un vasto conjunto de iniciativas que constituyen un programa de atención especial a las necesidades de la IX Región en general y a la cuota de su población de ancestros prehispánicos en especial. Sus componentes incluyen lo socioeconómico, lo educacional y cultural, salud, infraestructura pública y vivienda, entre otros. Ha sido bien acogido por sus habitantes, que son fruto de variados mestizajes por más de cuatro siglos, así como por las comunidades indígenas, que en su inmensa mayoría aspiran a un justo progreso sustancial en un marco de paz y seguridad. A ese respecto, el Estado se esfuerza por sacar a La Araucanía del abandono y retraso que no pudieron superar sucesivas políticas públicas erradas.



El Estado sí está en deuda, en cambio, y grave, en cuanto a otorgar a todos los habitantes de La Araucanía un nivel aceptable de seguridad y de garantía de la vigencia plena del Estado de Derecho. No cabe admitir que minorías violentistas y terroristas, ilegalmente organizadas y armadas, mantengan impunemente en jaque constante a las Autoridades Gubernamentales, la Judicatura, las Fiscalías y policías. Es inaceptable que el sistema de orden público no pueda hoy funcionar con normalidad en diversas zonas de esa Región. Y no lo es, tampoco, que muchos ciudadanos -indígenas y no indígenas por igual- vean atropellados una y otra vez los derechos básicos que la Constitución les garantiza en cuanto a vida, integridad física y psíquica, propiedad, emprendimiento, trabajo y otros. Para demasiados de ellos, esas garantías son hoy letra muerta.



Los Fiscales se esfuerzan por hacer valer la ley, pero, en palabras del Fiscal jefe de Collipulli, "ha escalado la intensidad, gravedad y poder de fuego de los atacantes. Éstos son cada vez más violentos y recurrentes", e intimidan a los testigos de cargo en los juicios con represalias contra sus personas, familias y bienes, logrando de hecho paralizar la acción cabal de la justicia.



En ese cuadro, no puede sorprender que un grupo multigremial de habitantes de La Araucanía -gente de trabajo y duro esfuerzo, en permanente trance de perder la obra de sus vidas, o sus vidas mismas- haya comenzado a organizarse para hacer valer sus derechos. No se trata de autodefensa para responder a la fuerza con la fuerza, ni de autoerigirse en instancia paralela o complementaria al Estado, sino de poner en flagrante evidencia ante el país, y en especial ante las Autoridades, la creciente gravedad del curso que siguen los acontecimientos en esa zona, y mover a dar los pasos que requiera el imperio del derecho. En esa línea, fue elocuente, por ejemplo, un primer catastro de los hechos de violencia registrados (incendios de predios, instalaciones, viviendas, vehículos; ataques con armas de fuego y otras contra policías y Fiscales; decenas de heridos y hasta un muerto). Se consignaron 171 durante 2011, y otra cifra similar hasta julio de este año. Es de imaginar la reacción que provocaría algo parecido (e incluso mucho menor, si ocurriera en la Región Metropolitana). Los blancos no son sólo ya grandes empresas forestales u otras, sino cualquier actividad, emprendimiento o persona que no acate lo que ordenan los extremistas.



Es valioso lo que tal organización multigremial u otras similares puedan hacer, pero, evidentemente, ellas no pueden reemplazar la acción del Estado. Son los agentes de éste quienes, en el amplio marco que prevén la Constitución y la ley, deben actuar impostergablemente, con energía condigna a la magnitud del atentado contra la institucionalidad que están cometiendo los extremistas. No cabe permitir que éstos transformen a La Araucanía en un territorio en que el derecho chileno no rija.



Amenazas a la autoridad y violencia en los estadios.


Las sucesivas amenazas que, por su participación en las políticas para eliminar la violencia en los estadios, ha recibido la Intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, son un hecho gravísimo en sí, pero además constituyen una oportunidad para medir la profundidad del compromiso de los clubes con ese objetivo pacificador. Desde luego, es siempre repudiable —y, en rigor, una acción delictual— el que una Autoridad sea objeto de amedrentamientos que buscan torcer sus decisiones. En el caso de la jefa Regional, esta situación se ha venido prolongando desde hace ya un tiempo, obligándola a adoptar medidas de seguridad como el cambio de su domicilio. El episodio vivido por ella esta semana, sin embargo, resulta particularmente preocupante. Pérez recibió la noche del lunes una sucesión de llamadas telefónicas por parte de supuestos miembros de la «Garra Blanca», la barra brava de Colo Colo, quienes amenazaban atentar contra su vida por haber alentado a las Autoridades del club a borrar un mural ubicado en el Estadio Monumental. Según versiones de prensa, el tema del mural habría sido planteado en un encuentro informal el domingo entre la Intendente y colaboradores junto a directivos de Blanco y Negro, la sociedad anónima que maneja el club. El punto es que, de ser ello efectivo, surge la pregunta de cómo los supuestos miembros de la barra se habrían podido enterar de esa conversación privada, en circunstancias que Colo Colo asegura haber cortado todo lazo con la Garra Blanca.



Así, el tema de fondo que queda una vez más planteado es el de la relación entre las instituciones futbolísticas y los barristas. Al respecto, una serie de mails de 2011 conocidos en las últimas horas y que habrían sido enviados al ex jefe de seguridad de ByN por parte del líder de la «Garra Blanca», resultan ilustrativos del poder que llegaron a ejercer estos grupos, y los vínculos extorsivos que desarrollaron con los clubes. El amplio repudio ciudadano a raíz de diversos incidentes protagonizados por estas barras y la difusión pública de algunas de sus acciones de amedrentamiento contra jugadores y directivos llevaron a que a principios de este año se diera un punto de inflexión en esta materia. Así fue cómo, mientras el Congreso avanzaba en la actualización de la ley de violencia en los estadios, incorporando conceptos como la responsabilidad dirigencial, la propia ANFP impulsó cambios reglamentarios para castigar la entrega de apoyos económicos a las barras. La importancia de la medida fue destacada en ese momento, por representar un verdadero vuelco respecto de lo que ocurría en un pasado muy reciente, cuando los propios dirigentes reconocían darles “ayudas” a esos grupos como forma de contenerlos.



En paralelo a ese cambio, el Gobierno ha venido implementando su plan Estadio Seguro y el Poder Legislativo finalmente despachó la nueva ley de violencia en los estadios. En ella se omite el concepto de barras y se dispone una serie de nuevas herramientas que persiguen un control más efectivo del comportamiento de los espectadores. Además, se da un plazo de 18 meses para la habilitación de medidas tecnológicas que faciliten dicho control.



Más allá de algunos indicios positivos en las últimas semanas —por ejemplo, el buen comportamiento y alta asistencia registrados en los partidos del propio Colo Colo, luego de que este club cumpliera una durísima sanción impuesta por la ANFP a raíz de incidentes en un encuentro con Audax Italiano—, es evidente que todavía resulta prematuro aventurar el resultado de los esfuerzos que se vienen desarrollando en esta materia. Lo que sí parece claro es que un punto crucial para su éxito será la distancia efectiva que los clubes logren marcar respecto de las llamadas barras bravas. En ese sentido, el completo esclarecimiento del episodio sufrido por la Intendente puede ser una señal poderosa.



Acertada decisión en energías renovables no convencionales.


La decisión que comunicó el Ministerio de Energía de flexibilizar la meta que el propio Gobierno se había autoimpuesto en materia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), en orden a que para 2020 el 20% de la matriz eléctrica tuviera su origen en este tipo de energías, quita presión al sistema para anticipar dicho objetivo, ayuda a no abultar aún más los altos costos que se pagan por la energía en Chile y permite abordar de manera integral el grave déficit energético que el país podría enfrentar en pocos años más.



En una reciente presentación realizada ante Senadores de la Comisión de Energía y Minería, el Ministro del ramo hizo ver las dificultades técnicas y económicas que supone cumplir con esta meta al 2020 -entre otros aspectos, porque obligaría a acelerar cuantiosas inversiones en muy poco tiempo para lograr estos fines-, y en cambio planteó que se vuelva al objetivo original establecido en la Ley 20.257 de fomento a las ERNC (publicada en abril de 2008), según el cual las generadoras, a partir del año 2010, deben ir incorporando a la matriz porcentajes crecientes de energías no convencionales, para alcanzar el 10% el 2024. El Gobierno actual se propuso al comienzo de su mandato acelerar significativamente este objetivo y planteó como meta el 20% para el año 2020. En la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030, que el Mandatario presentó en marzo pasado, se indicaba que para el Gobierno la meta de 10% para 2024 era “insuficiente”.



El objetivo inicial del 10% ya parece discutible, en especial porque supone un aumento en los costos de generación que necesariamente será traspasado al consumidor, ya sea a través de tarifas más elevadas o subsidios financiados con gasto público. Con todo, el cambio de criterio anunciado por el Ministerio de Energía parece responder a una visión más ajustada a la realidad del país, y es positivo que la Autoridad haya recogido los cuestionamientos que se hicieron al objetivo de acelerar estas metas. Es cierto que la energía proveniente del viento y el sol, como aquella que se pueda originar en procesos geotérmicos y en las mareas, es más limpia y que su presencia -que hoy representa un 3% de la matriz- contribuye al objetivo indispensable de diversificación que debe tener ésta. Sin embargo, no se puede desatender que el desarrollo de estas tecnologías es aún costoso, y para que ofrezcan seguridad deben contar con importantes fuentes de respaldo, lo que supone inversiones relevantes.



Sería equivocado centrar el debate sólo en torno a las ERNC en los términos planteados. Convendría, por de pronto, revisar el hecho de que no se incluya entre éstas a proyectos hidroeléctricos de mayor tamaño, en especial a centrales de pasada, en circunstancias que no producen efectos contaminantes y contribuyen a administrar de manera más eficiente los recursos hídricos. El país enfrenta crecientes requerimientos de energía, que pasan por el desarrollo de proyectos de generación a gran escala, indispensables para asegurar el abastecimiento de energía a costos razonables y el crecimiento económico del país. Hacia fines de esta década será necesario agregar del orden de 8.000 MW al sistema, adicionales a los 16.900 MW actuales, lo que difícilmente podría ser provisto de forma relevante por las ERNC. La falta de decisión política para impulsar grandes proyectos y la incertidumbre que se ha creado a partir de la paralización de numerosos proyectos por orden Judicial -entre ellos el parque eólico de Chiloé, que ha enfrentado dificultades con comunidades indígenas- encierran un enorme riesgo que debe ser abordado con urgencia.




Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
 


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