La
Director del FMI, Christine Lagarde, sostuvo que las cifras
macroeconómicas
chilenas son ‘’fantásticas’’, aunque llamó
a
estar alerta con el déficit Fiscal, y estimó que la economía
chilena crecerá 5,5% este año.
El
Consejo del Banco Central acordó ayer en la
tarde mantener
por
undécimo mes consecutivo la Tasa de Política Monetaria
(TPM)
en 5% anual, anuncio que se ajusta a las previsiones de
analistas del sector privado.
El
Ministerio Público pedirá el lunes 17 al
7° Juzgado de Garantía
que
el plazo para investigar el maremoto del 2010 sea extendido
hasta
marzo e informó que el ex Ministro del Interior Edmundo
Pérez Yoma está citado para la próxima semana.
Chile
ya definió la estrategia para sus últimos alegatos de hoy
Ante
la Corte de La Haya, la principal figura de la defensa nacional,
el
abogado James Crawford, que intervendría
en dos ocasiones y
será el encargado de cerrar las presentaciones jurídicas.
El
precandidato Presidencial independiente, Laurence Golborne, aseveró
que
quienes aprobaron la planta de Agrusuper en Freirina "no pueden
eludir
su responsabilidad", sosteniendo que no se tomaron los resguardos
medioambientales necesarios.
Comunista acusándolo de corrupción, el substituido dirigente habría
recibido varios sobornos en distintos proyectos de
construcción en la
Provincia de Sichuan.
Misión del AIEA llega a Irán por cuarta vez este
año para aclarar dudas
nucleares, ‘‘esperamos que nos permitan entrar
también en Parchín’’, base
militar del sureste de Teherán, dijo Herman
Nackaerts, jefe de la delegación
de inspectores.
Encuentran
en España 36 millones de dólares en bienes ligados al extinto
ex
Presidente de Egipto Hosni Mubarak, que Gobernó casi 30 años con
mano
de hierro, el hallazgo consiste en propiedades e inversiones
financieras.
Al
menos 16 muertos y 23 heridos tras una explosión cerca de Damasco,
el
Ministro del Interior, Mohamed al Shaar, y otros altos funcionarios
sirios salieron ilesos del ataque.
Japón
protestó después de que avión chino volara sobre islas en disputa,
el incidente llevó a las Fuerzas Armadas de
Japón a enviar ocho aviones
de combate F-15, dijo el Ministerio de Defensa.
Los
médicos que atienden al ex Presidente peruano Alberto Fujimori desde
hace
15 años por cáncer y depresión estarán en la Junta Médica que lo
evaluará
la petición de indulto presentada al actual Mandatario Ollanta
Humala.
Ciudadanía: Una definición compleja.
por Margarita María Errázuriz.
El ritmo de la vida actual no nos permite
detenernos a reflexionar sobre los acontecimientos. Semanas atrás, mucho se
habló de la abstención, se levantaron voces resucitando la discusión sobre el
valor del voto voluntario; quedó la duda de si el titular de un derecho —a
votar en este caso— puede estar obligado a ejercerlo y, si no es así, cómo se
concilia un derecho con un deber. Las elecciones Municipales ya pasaron, los Alcaldes
asumieron y la vida Comunal retomó su rumbo. Hoy estamos preocupados de los alegatos
en La Haya. Así las cosas, somos un país que se arriesga a avanzar sin aprender
de su historia. Como no quisiera que el interés que despertó el comportamiento
ciudadano a raíz de la abstención en las elecciones corra la misma suerte,
vuelvo a escribir sobre este tema.
El cómo entendemos nuestro compromiso cívico
habla sobre quiénes somos como personas y como sociedad. Al centrarnos en este
tema, si se tiene en cuenta la información recogida por una encuesta sobre
cultura cívica realizada por una facultad universitaria (encuesta presencial a
1.300 personas representativas de la población de ciudades de más de 100 mil
habitantes), llama la atención la importancia que adquiere la solidaridad y lo
presente que está el individualismo en la apreciación de nuestra calidad
ciudadana.
La gran mayoría de las personas encuestadas
(85%) plantea que para ser un buen ciudadano se requiere ser solidario con los
demás. A la vez, los encuestados opinan que ellos son solidarios (83%) y que
también lo es la mayor parte de sus familiares y amigos (76%). Pero, cuando se
pregunta cómo son los chilenos, no es un detalle que, en este contexto, el 43%
señale que son individualistas.
A la relación entre estas tres dimensiones es
importante prestar atención. La palabra solidaridad emerge como una condición
básica para evaluar las prácticas de un ciudadano. La apreciación
individualista es un factor negativo. Por ello, está en el aire el que un
porcentaje importante de la población no se comporta como un buen ciudadano. En
vinculación con lo anterior, es de interés destacar que, según la mencionada
encuesta, sólo el 16% de las personas participa en organizaciones. Y de éstas,
tan sólo el 50% lo hace activamente.
Teniendo en consideración estas observaciones,
desde la perspectiva de la sociedad y de nosotros, los ciudadanos, hay algunas
conclusiones a tener en cuenta y, al menos, dos puntos sobre los cuales es de
interés seguir reflexionando.
Sobre nuestra sociedad, habría que concluir que
estas cifras sobre participación contradicen la creencia que siempre hemos
tenido de que en el país existe un tejido social denso, sostenido por un sinfín
de organizaciones sin fines de lucro, las que dan vida a la sociedad civil y
canalizan las acciones ciudadanas. De esta información se deduce que no existe
esa institucionalidad, que la solidaridad no se refleja en participación en
organizaciones con fines sociales y que, por tanto, la malla social es más
frágil de lo que pensamos. Sobre nosotros mismos, lo ya dicho permite sostener que
nuestra declarada solidaridad no es un comportamiento canalizado a través de
organizaciones. O sea, lo probable es que las acciones solidarias sean
personales, directas y poco sistemáticas. Ello las hace menos efectivas y, a la
larga, nuestra sociedad se empobrece.
Un punto a analizar en el futuro es cómo afecta
y qué consecuencias tiene para el espíritu cívico nacional, y en particular
para el de las personas que consideran que hay que ser solidario para ser un
buen ciudadano, el hecho de que se estime que tantos chilenos son
individualistas. El otro punto que queda pendiente, porque requiere más
estudio, es qué entienden por solidaridad y cómo la expresan quienes estiman
que así se comportan. Si logramos responder a estas preguntas, aprenderemos mucho
sobre nuestras interrelaciones y el tejido social.
Los libros que me abandonaron,
por Roberto Ampuero.
No tengo nada contra los libros electrónicos.
Sé que para la gente de mi generación la nostalgia y el cariño por el libro de
papel predominan a la hora de decidir qué formato prefiere. Sé también que para
las generaciones jóvenes, aquellas que comenzaron a leer y hacer tareas en
pantalla electrónica, no existe esa nostalgia. Sé también que muchos escritores
que prefieren leer libros de papel escriben a la vez sus relatos en computador,
no a mano, con lapicera o máquina de escribir. Y sé también que, al menos en
países donde existen más computadores y soportes electrónicos per cápita,
crecen las publicaciones electrónicas. Y si bien, para ser franco, me gustan
las primeras ediciones y los libros antiguos, a la hora de abordar un avión no
hay nada como hacerlo llevando centenares de libros, videos y grabaciones
musicales en un aparato con el tamaño de un libro de bolsillo.
Acabo de estar en Estados Unidos y me llamó la
atención comprobar -es una encuesta de dudosa validez- que en aeropuertos,
cafés y restaurantes hay más gente con soportes electrónicos que libros de
papel. La situación presenta desafíos para las casas editoriales, libreros,
librerías y ferias del libro. Implica también nuevos desafíos para los autores.
En concreto, hoy se puede escribir una novela que incluya fotos, música, videos
y links , y el mismo autor puede subirla por su cuenta en la web. El panorama
es incierto. Tenemos no sólo una nueva forma de distribuir ficciones, sino
también una nueva forma de escribirlas y leerlas. De todo esto saldrá quizás un
concepto nuevo de literatura, sobre lo que prefiero discutan tradicionalistas y
renovadores.
Por otro lado, está claro que ya no será
posible tener un libro con la tradicional firma y dedicatoria de nuestro
escritor favorito. ¿Tendrá que escribirla en nuestro libro electrónico? ¿Le
agregaremos una foto y la voz del creador, o un video de nuestro encuentro con
él? ¿Nos enviará la dedicatoria por mail? No es lo mismo tener la firma sobre
un papel que se va volviendo amarillento, una tinta que se desvanece con los
años y una hoja que se torna frágil como una mariposa disecada.
Hace un año, cuando me desplacé del Midwest
estadounidense a Ciudad de México para asumir como Embajador, me atreví a dar
de baja libros de los cuales me quería deshacer. Decidí venderlos a un librero
de Iowa City y comprarle, con lo que me pagara, primeras ediciones. Los metí en
cajas y a los encargados de mi mudanza les dejé la instrucción de que los
llevaran al librero. En otra habitación aparté cajas con libros que atesoro con
especial cariño: los firmados por mis colegas o escritores favoritos. La
instrucción: que los depositaran en un almacén hasta que regrese de la Diplomacia
a la academia.
Hace poco, al escritor colombiano Santiago
Gamboa un lector le presentó, en una conferencia en Italia, una novela suya que
Gamboa me dedicó el 2010, en Cartagena de Indias. Me contó, sorprendido, el
viaje hecho por el libro de papel. La noticia me hizo sospechar de inmediato
que algo horrible podía haber ocurrido. Este fin de semana, mientras examinaba
mi bodega de libros en Iowa City, pude constatar que los hombres de la mudanza
llevaron al anticuario mi colección de libros dedicados y almacenaron en cambio
los libros de los cuales deseaba desprenderme. Consulté al librero y me
anunció, con una sonrisa satisfecha, que vendió todos mis libros y que con el
crédito puedo comprarle varias primeras ediciones. Como lo oye. Los libros
dedicados se fueron para siempre.
Es una colección que me tomó varios decenios
formar. Tremendo que sus libros de papel circulen hoy por el mundo con mi
nombre y la firma de su autor, buscando nuevos dueños. Son libros que tal vez
se marcharon tras sentirse abandonados. Ya no hay nada que hacer. Supongo que
los libros de papel, a diferencia de los electrónicos, tienen alma, sueños,
destinos, y hasta planes de vida, divorcio y muerte.
La cuestión universitaria
por Hugo Herrera.
Este año el conflicto estudiantil tuvo un
reposo. Sin embargo, están equivocados los que creen que el asunto se terminó,
así como en 2006 la marcha de los pingüinos. Los estudiantes se detuvieron un
poco, pero para tomar aliento en una lucha que continuará el año que viene,
alentada probablemente por las elecciones Parlamentarias y Presidenciales. Como
la calma previa a la batalla, así se puede describir el momento actual.
Es tiempo propicio -urgente, dirán algunos-
para reparar en el estado actual de la discusión y sugerir alguna vía de
solución.
Hasta ahora, tanto los dirigentes estudiantiles
cuanto los centros de estudio de la derecha han tendido a refugiarse en
posiciones extremas. Si de un lado se critica a los empresarios, a la educación
privada en general, también a la Iglesia Católica, pero se hace una defensa
irrestricta de las universidades estatales; del otro lado se defiende a las
universidades privadas, incluso se llega a abogar por el lucro en ellas, y los
dardos se dirigen exclusivamente contra las universidades del Estado.
La discusión ha entrado así en un diálogo de
sordos, en el cual ambas posiciones son complementarias, precisamente en la
medida en que son asimétricas: lo que critica uno lo defiende el otro y
viceversa. Si de un lado se desconfía del Estado y hasta de lo laico, del otro
se rechaza todo cuanto huela a privados, incluidas las iglesias.
Notables excepciones las constituyen aquí el
CEP, la Universidad Diego Portales y poco a poco el Gobierno, pues desde ellos
han emergido propuestas más matizadas, en un caso, por la solvencia que otorga
la investigación de calidad, en el otro por el realismo que despierta ante la
visión directa de los problemas. Pero ya va siendo tiempo de que esa sensatez
de unos pocos, y no los alegatos monótonos de muchos, que más parecen defensa
de intereses de grupo, tomen la palabra en la discusión nacional.
La solución a la cuestión universitaria pasa,
antes que todo, por poner coto a los defectos en uno y otro lado. A las
universidades privadas, por ejemplo, se les debe exigir un compromiso que se
refleje en medidas organizativas, con los principios de razón pública y
deliberación. A aquellas que pretendan recibir fondos Estatales, se les ha de
impedir eficazmente el retiro de excedentes. Correlativamente, empero, una vez
que cumplan con estos requisitos debieran poder postular a financiamiento
público en igualdad de condiciones con las estatales.
Para las universidades del Estado es menester
establecer un sistema de contratación transparente y un régimen de Gobierno
corporativo que mejore la administración de los recursos (destinando más a
incentivar a los buenos investigadores y docentes, por ejemplo) e impida que
ellas se transformen en gremios cerrados o ideológicamente cargados. También se
les debe pedir excelencia docente e investigativa, allí donde no la hay, lo que
lamentablemente, en Regiones, salvo las excepciones de Valparaíso, Talca y
Temuco, es la regla.
Estos me parece que son mínimos sin los cuales
la lucha entre uno y otro bando no saldrá del corto esquema de un simple
conflicto de intereses entre Estatistas y paladines de la mera economía.
Reunión de la DC con el PC.
La noticia de que el Gobierno cubano ha
prohibido a una líder disidente viajar a Chile para cursar un diplomado llegó
en un momento que pareció escogido ex profeso para plantearle un desafío
político fundamental a la democracia cristiana: justo horas antes de que se
reúnan, ayer en la tarde, la directiva
falangista y la del partido comunista, aliado histórico y entusiasta defensor
del régimen de La Habana. Una reunión motivada, precisamente, por posturas del
PC en torno a la democracia y los derechos humanos que resultan incompatibles
con las ideas de la DC, como han sido en tiempos recientes las muestras
comunistas de solidaridad con dictaduras como las de Corea del Norte, Siria y
la propia Cuba.
El contexto político en que han vuelto a
adquirir visibilidad estas divergencias entre democratacristianos y comunistas
—de larga data, por lo demás— fue el generado por la elección Municipal y por
los movimientos de la oposición con miras a recobrar el Gobierno en la Presidencial
de 2013. El Presidente de la DC, Ignacio Walker, haciendo una distinción que
para muchos resultó difícil de entender, manifestó que su partido estaría
dispuesto a participar en un eventual Gobierno de la Concertación junto al PC
—así como acepta sellar pactos electorales Municipales y Parlamentarios—, pero
no formar parte de la misma coalición política. Lo cual derivó en un
intercambio de declaraciones que llevaron a la cita de ambos esta tarde, a fin
de limar asperezas que dificulten los entendimientos de cara a la próxima
competencia por La Moneda y sobre todo ante un eventual triunfo opositor.
La prohibición al viaje de Rosa María Payá,
hija del fallecido líder disidente Oscar Payá, es una muestra más de una
práctica Gubernativa que en la Cuba castrista es tan habitual como
indefendible: la de restringir los movimientos, dentro y fuera de la isla, de
quienes se oponen y buscan una alternativa política al régimen que ha Gobernado
el país por más de medio siglo. Lo mismo ha hecho el Gobierno con disidentes
como la bloguera Yoani Sánchez, a quien le ha impedido viajar al exterior para
recibir en persona los muchos premios que le han otorgado por su lucha en favor
de la libertad de expresión y el derecho a disentir. Se trata de sólo una de
las muchas formas en que Cuba desconoce los derechos y libertades que hoy son
aceptados como fundamentales por una Latinoamérica democrática donde el
autoritarismo de La Habana es una persistente y poco grata anomalía.
Lo anterior presenta un problema para la DC
chilena, cuyos adherentes observan cómo sus dirigentes parecen dispuestos a
establecer alianzas, incluso a Gobernar, con socios políticos con los cuales
tienen diferencias insalvables en materias clave, reavivando el debate sobre cuáles
son el verdadero ADN de la Falange y el lugar que debe ocupar en el espectro
político, y abriendo una agria discusión respecto de hasta dónde resulta
aceptable, o electoralmente conveniente, sellar acuerdos tácticos que levantan
críticas de claudicación de principios.
Por esas mismas razones, la relación con el PC
también representa un desafío para la Concertación. Pese a que ese partido es
hoy un actor democráticamente validado a nivel Municipal y Parlamentario, y
tiene el legítimo derecho de aspirar al poder, contradicciones e indefiniciones
como las que evidencia respecto de Cuba en el área de los DD.HH. serían una
suerte de “bomba de tiempo” para quienes fueran sus socios en un eventual Gobierno.
Esto es algo que la Concertación, hoy carente
de la unidad que tuvo en el pasado, debe tener muy en cuenta, ya que la defensa
de la democracia y el respeto de los DD.HH. fue originalmente su razón de ser
como coalición política.
Freno a la violencia en La Araucanía.
Los hechos de violencia en la Región de La
Araucanía parecen aumentar en magnitud y peligrosidad. Esta vez la víctima fue
el chofer de un camión, quien el martes en la madrugada fue interceptado por
desconocidos mientras realizaba faenas para la construcción del nuevo
aeropuerto de Temuco. Estos lo atacaron con armas de fuego y elementos
incendiarios que lanzaron al interior de la cabina del vehículo de carga en el
que se encontraba, resultando con severas quemaduras.
Afortunadamente, el conductor logró escapar,
pero de acuerdo a su relato, los atacantes estaban dispuestos a todo, ya que
escuchó cuando estos gritaban “quemémoslo, si ya está muerto”. Lo ocurrido es
una situación de extrema gravedad que bien pudo costar una vida y que deja en
evidencia una escalada en los niveles de agresividad de los grupos que
protagonizan estas emboscadas en esa zona. El episodio confirma que se está en
presencia de sujetos muy bien organizados, que disponen de una cuidada
planificación y utilizan armas de distinto tipo.
Enfrentar la violencia que se registra en la Región
y a los movimientos radicalizados que la promueven requiere una respuesta
eficaz del Estado, pues las medidas que hasta ahora se han anunciado y adoptado
-como el Plan Araucanía- no han rendido frutos positivos en este ámbito. Estas
deben ser acordes al grado de peligrosidad que representan dichos grupos para
la sociedad, entendiendo que sin seguridad es difícil avanzar hacia el
desarrollo económico y social que La Araucanía demanda. Por ello, resulta inadmisible
que el orden público y la integridad de los ciudadanos se encuentren allí
amenazados de manera recurrente. Para terminar con este escenario, es clave que
el Gobierno disponga los recursos necesarios para detener a los responsables y
desmantelar a las organizaciones dedicadas a provocar terror en la población.
Freirina: negativo por muchos motivos.
Nadie gana con lo ocurrido en Freirina. El
cierre de la gran planta agroindustrial de Agrosuper significa la pérdida de
más de mil puestos de trabajo, le implica a la empresa sacrificar una inversión
de más de 400 millones de dólares, y representa para el país un serio traspié
en el desarrollo de nuevos rubros de exportación. Con todo, aunque el cierre de
la maloliente planta ha sido anunciado como definitivo, es posible que todavía
haya espacio para encontrar una fórmula menos dañina de solución.
El proyecto era emblemático: una megaplanta
para crianza y faenamiento de cerdos -la más grande de América Latina-, ubicada
en una Comuna desaventajada, y orientada a la exportación de un producto hoy
ávidamente demandado en los pujantes mercados del Lejano Oriente. Constituía
así una suerte de punta de lanza de la estrategia de hacer de Chile una potencia
exportadora de alimentos. Pero fallas en su diseño o en la aplicación de
innovadoras tecnologías provocaron fuertes emanaciones de malos olores,
causando explicable molestia en la población y desembocando en graves protestas
y actos de violencia. La Autoridad sanitaria dictaminó el cierre temporal de la
planta. Su posterior reapertura, una vez subsanado tal problema, motivó el
reinicio de las protestas callejeras.
En paralelo, la Autoridad competente resolvió
revisar el permiso ambiental con que contaba la empresa. La nueva disposición
sólo la autoriza para operar a una escala que puede llegar hasta el 50% de la
capacidad productiva inicialmente prevista. Su directorio ha considerado que,
en estas nuevas condiciones, el proyecto ya no es económicamente viable y
determinado su cierre definitivo. Ahora, en las calles de Freirina hay
protestas contra esa decisión.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) sirve para dar seguridades a los inversionistas de que sus proyectos,
una vez aprobados, pueden llevarse a cabo en los términos planeados, por
haberse ya tomado en cuenta todos los costos ambientales que imponen sobre las
comunidades en que se localizan, y comprometido las mitigaciones o
compensaciones correspondientes. La revisión de la resolución del SEIA procede
sólo muy excepcionalmente, cuando puede comprobarse que las consecuencias
ambientales del proyecto resultan significativamente diferentes de lo previsto.
Aparentemente éste sería el caso, denotando así un grave error de la Autoridad ambiental
en el permiso otorgado en 2005. Aunque procedería entonces una rectificación,
llama la atención la magnitud del cambio realizado. Considerando las hondas
repercusiones de una modificación tan drástica, cabe preguntarse si hubo o no
aquí la búsqueda inteligente de una solución balanceada, o primó más bien el
intento de apaciguar las presiones políticas.
La connotación política del incidente es
ineludible. Como en otros casos semejantes, desde el inicio de los problemas de
Freirina la acción del Gobierno ha parecido carente de unidad y capacidad de
anticipación. El cierre temporal de la planta fue presentado por la Autoridad
de salud con gran publicidad e interpretado por algunos como definitivo. La
revisión de la autorización ambiental ha sido presentada por la Autoridad del
ramo como algo normal, pero claramente no lo es. La Ministro del Trabajo ha
acusado al Alcalde socialista de azuzar las protestas y acciones violentas, y
al Ministro del Interior le ha cabido la tarea ingrata de justificar un uso
zigzagueante de la fuerza pública ante cortes de carreteras y otros graves
incidentes, lo que ayer finalizó, tras el desistimiento por la Autoridad de las
acciones legales, sujeto al restablecimiento de la normalidad -una señal que no
necesariamente da garantías hacia el futuro-.
En momentos en que el Gobierno lanza una nueva
agenda pro inversión, precisamente para destrabar el avance de grandes
proyectos energéticos y mineros -retardados en sus autorizaciones ambientales-,
no puede ser más inoportuna la sensación de incertidumbre jurídica y
politización de decisiones técnicas importantes que deja la crisis de Freirina,
cuyas repercusiones se extienden mucho más allá de la referida planta.
Flancos en el sistema penitenciario.
Contrariamente a extendidas percepciones, y con
la sola excepción del año 2011, la cantidad de personas condenadas a reclusión
ha crecido sostenidamente en los últimos años, especialmente desde la puesta en
marcha del nuevo sistema procesal penal en el año 2000. En realidad, Chile
tiene una de las tasas de reclusión más altas de Latinoamérica. Sin embargo,
los presos están en un sistema penitenciario no sólo aquejado por la
sobrepoblación, sino por una anacrónica gestión de los recursos y de la
población penal, y con programas de reinserción (salvo excepciones con muy
escasa cobertura) ajenos a los criterios de administración moderna y a
prácticas de rehabilitación basadas en evidencia empírica. Y si bien existe
hacinamiento, es muy dispar entre los distintos recintos públicos, que en
conjunto albergan al 80% de la población penal: es moderado en algunos, pero
crítico en otros. Ésta es la manifestación más visible de las históricas fallas
del Estado en la gestión del sistema penitenciario, y denota que resulta
simplista poner el foco únicamente en la capacidad del sistema.
Por su parte, en cuanto a las cárceles
concesionadas, dirigidas por un alcaide funcionario de Gendarmería, pero
construidas y operadas por privados (salvo en lo relativo a la seguridad), y
que albergan al 20% restante de la población penal, el programa emprendido por
los Gobiernos anteriores no se completó, y si bien originalmente se plantearon
justificaciones basadas en la eficiencia del gasto, mejoras en rehabilitación y
la reducción de sobrepoblación, hoy el país no sabe cuánto realmente cuesta una
plaza en el sistema privado (este diario ha difundido las diferencias de
opinión en esta materia entre las concesionarias y el Ministerio de Justicia).
No existen estadísticas de cobertura ni indicadores de reincidencia periódicos
para medir los resultados de reinserción de cada penal, cuyo cumplimiento,
además, es fiscalizado por el MOP, que carece de conocimiento especializado en
materia de rehabilitación. Y ante reciente información del Ministerio de
Justicia en cuanto a que se estaría negociando con las empresas aumentar la
cantidad de internos por espacio, originalmente diseñado para un interno, con
la instalación de literas para tres, surge la pregunta natural de por qué los
diseños originales se basaron en estándares de espacio requerido para un
interno tanto más altos que los considerados aceptables ahora.
Las mejoras en condiciones de habitabilidad y
el cumplimiento de otras necesidades de primer orden (como literas, frazadas y
calorías en las raciones alimenticias), al igual que el perfeccionamiento de la
malla curricular de la formación de gendarmes, entre otros, son pasos
conducentes decididos por la actual administración. Sin embargo, la
imposibilidad de emprender las construcciones originalmente planteadas denota
que lo aún pendiente es de tal magnitud y complejidad, que resulta
indispensable que Gendarmería cuente con un plan institucional de largo plazo,
cuyo punto de partida sea un diagnóstico certero sobre la situación actual, que
incluya la estructura interna de Gobierno -esto es, por ejemplo, la relación y
funciones de alcaides en relación con la Dirección Nacional-, y que plantee las
acciones y los procesos, sistemas de información y gestión y medios para lograr
los objetivos financieros, de condiciones de habitabilidad, y de contribución a
la rehabilitación y reinserción. Esto último es clave para reducir la
delincuencia en Chile, ya que uno de cada dos de los alrededor de 50 mil
reclusos que cada año egresan hoy de las cárceles reincide en un lapso de tres
años.
Acuerdo en Enersis.
Tras varios meses de negociaciones, Endesa
España y las cinco principales AFP de nuestro país -Capital, Cuprum, Habitat,
Planvital y Provida- llegaron a acuerdo para aprobar el aumento de capital de
Enersis en la junta de accionistas que se realizará la próxima semana, al
parecer cerrando así con buen resultado uno de los episodios financieros más
controvertidos de los últimos tiempos.
La fórmula inicial planteada hace algunos meses
por el controlador, Endesa España, provocó fuerte rechazo de las AFP y de la
opinión pública en general, por la valorización de los activos que la empresa
aportaría a este aumento de capital. Ellos consistían en participaciones en un
conjunto de empresas eléctricas sudamericanas, cuya tasación y forma de
presentación merecieron justificados reparos.
Es meritorio que se haya logrado concordar en
el precio, pese a las posturas iniciales fuertemente discordantes, y que no se
haya llegado -como se temió en algún momento- a un largo litigio en Tribunales.
Para esta conciliación fue muy determinante la intervención oportuna de la
Superintendencia de Valores, así como la disposición al diálogo y el
profesionalismo de las diferentes partes.
En lo principal, este acuerdo establece que
Endesa España aportará los activos de las participaciones que tiene en su
filial de Endesa Latinoamérica, con un monto valorado en 3.615 millones de
dólares. Comparado ese valor con los 4.862 millones que aquélla presentó
inicialmente, la diferencia es cuantiosa y, por tanto, justificada la polémica
que despertó.
No obstante, el fondo de la operación nunca fue
puesto en duda, ya que reunir en Enersis el amplio conjunto de intereses de
Endesa España en nuestra región y dotar a la instancia resultante de fortaleza
patrimonial suficiente parece conveniente para sus accionistas y para nuestro
país.
Si bien el resultado de la junta de accionistas
sólo se conocerá la próxima semana, todo hace pensar que se acogerá el referido
acuerdo. No obstante, conviene sacar desde ya algunas lecciones de este caso.
Desde luego, llama la atención que los
responsables de Enersis hayan parecido inicialmente sorprendidos por la
reacción pública que causó el anuncio. Es obvio que una transacción de tal envergadura
nunca dejará indiferentes a sus accionistas.
En segundo lugar, se ha demostrado un adecuado
comportamiento de las AFP en cuanto a cautelar el patrimonio de los chilenos.
En esto fue también importante la opinión categórica de los más importantes
actores del mundo de las finanzas, que forzaron a la empresa a revisar su
propuesta inicial.
Finalmente, es necesario esclarecer algunos
aspectos de la ley, pues su interpretación no resultó esta vez todo lo nítida
que sería deseable, especialmente en cuanto a la clasificación de operaciones
relacionadas entre las empresas. Para evitar casos similares en el futuro, de
eventuales reverberaciones en toda la economía, es muy importante la mayor
claridad legal posible, ajustando oportunamente las normas en cuanto
corresponda.
Unas cartas para meditar:
Señor Director:
El PC y
Michelle Bachelet.
Resulta curioso ver al Presidente del Partido
Comunista, Guillermo Teillier, sosteniendo que tiene “coincidencias
programáticas” con Michelle Bachelet.
En primer lugar, porque la ex Presidente ha
mantenido un riguroso silencio, no ha definido un programa y ni siquiera ha
confirmado que será candidata Presidencial.
En segundo lugar, porque en sus cuatro años de Gobierno,
Bachelet no quiso hacer una reforma laboral, ni una AFP estatal, ni extender el
posnatal a seis meses, ni eliminar el 7% a los jubilados, todas medidas que van
en auxilio de los trabajadores y trabajadoras que el PC dice defender.
Fernando Avalos P.
Señor Director:
Derechos humanos y represión.
Luego de que el informe anual del Instituto
Nacional de Derechos Humanos no mencionara las violaciones a los derechos que
se cometen en las Regiones VIII y IX, por parte de grupos violentistas que
requieren la devolución de tierras indígenas, y tras las grandes críticas que
se le han hecho al Gobierno por el uso de la fuerza y la represión ejercida,
quisiera hacer una reflexión.
No cabe duda de que en un régimen democrático
el monopolio de la fuerza corresponde al Estado, el que la debe administrar
conforme a derecho. Ciertamente, algunos discreparan señalando que esta
posición puede provocar un abuso excesivo y, consecuentemente, violaciones a
los derechos humanos a través de la represión. Sin embargo, la verdadera
violación a los derechos humanos se da, precisamente, por el no ejercicio de
esta fuerza.
La represión no es un concepto de suyo malo,
sino que su ejercicio puede ser, dependiendo de las circunstancias, legítimo o
no. La represión que se ha ejercido para enfrentar a los encapuchados que han
provocado graves atentados, no sólo es un acto legítimo del ejercicio de la
fuerza, sino que es un deber, pues de lo contrario nadie defendería los
derechos que están siendo afectados.
Es necesario aclarar que la violación de los
derechos humanos por parte del Estado no sólo se ejerce de manera activa a
través de una represión ilegítima, sino, también, por omisión, con la falta de
la debida represión.
Cristóbal Aguilera Medina.
Señor Director:
Protestas y ambiente.
Durante el último tiempo, hemos visto una serie
de protestas en contra de diferentes proyectos o industrias, donde los
manifestantes reclaman por el daño al medio ambiente o porque tienen derecho a
respirar un aire puro, entre otras peticiones. Lo más curioso es que los mismos
manifestantes se sienten con el derecho a tomarse vías públicas, hacer grandes
daños a la propiedad pública y a todo lo anterior se suma, como guinda a la
torta, la quema de neumáticos. ¿Los manifestantes no saben el daño que provocan
al quemar un neumático? Que cualquier ciudadano normal trate de hacer una quema
de hojas en su jardín. Verá que rápidamente tendrá una “invitación” al Juzgado
de policía local.
Patricio Infante.
La frase del día:
"Es
un cúmulo de errores que parten de la génesis. El problema viene del momento
que se otorgan los permisos de operación a una planta, en una localidad
cercana, sin tomar los resguardos medioambientales necesarios, esa es la
realidad".
Agregando,
"hay que mirar el pasado y ver cuando se otorgaron esas responsabilidades,
pero quienes firmaron los permisos, quienes autorizaron sin los filtros
adecuados para los olores, fueron quienes eran Autoridades en ese minuto. Yo
creo que uno no puede eludir esa responsabilidad".
Laurence
Golborne, candidato Presidencial independiente refiriéndose a Ricardo Lagos
Escobar y su intento por zafarse de sus responsabilidades en la autorización de
la planta de Agrosuper el Freirina.
Un momento
con la siniestra historia comunista:
La
imagen muestra la miserable vida de los alemanes del este bajo la
dictadura
comunista de Erich Honecker, calles sin pavimentar, falta de
alimentos y una aguda pobreza afectaba a los germanos en los años 80.
Alemania
comunista vendió enfermos a farmacéuticas para experimentos.
El
documental "Test und Tote" ("Prueba y muertos") reveló que
la Alemania comunista aprobó en los años 80 vender enfermos a compañías
farmacéuticas occidentales para experimentos con medicamentos, por 2.200 euros
(cerca de tres millones de pesos) cada uno.
Según los
periodistas Stefan Hoge y Carsten Opizt, autores del documental emitido por la
cadena de televisión pública, ARD, el último Gobierno comunista de la República
Democrática de Alemania (RDA), dirigido por Erich Honecker, también hizo
posible que la sueca IKEA hiciera construir muebles en las cárceles.
El
régimen de Honecker alentó a su población médica para que traficara con seres
humanos, que eran ofrecidos como conejillos de indias humanos a empresas
farmacéuticas de la RFA y de Suiza, según publica El País.
Así desde
1983, varios cientos de enfermos crónicos fueron utilizados por empresas como
Sandoz y Hoechst para probar fármacos que aun no habían recibido una
autorización para su comercialización.
Los
testimonios y documentos recogidos en este trabajo periodístico revelaron que
Honecker, después de escuchar las quejas de los médicos de su país sobre las
carencias en los centros médicos y el descontento de la población, ordenó a los
miembros del Comité Central que diseñaran un programa que hiciera posible captar
divisas para modernizar los centros médicos.
Se
demostró que en el otoño de 1983 un grupo de médicos de clínicas escogidas
recibieron la autorización para utilizar a sus pacientes para realizar pruebas
con medicamentos no autorizados. Las clínicas ofrecían a las víctimas por la
suma de 3.800 marcos alemanes de entonces, equivalentes a 2.184 euros actuales.
(Tomado de la página de Radio Cooperativa)