sábado, 13 de septiembre de 2014

Subsecretario Galilea enfrenta multa de $813 millones por irregularidades en Chaitén.






Subsecretario Galilea enfrenta multa de $813 millones por irregularidades en Chaitén.


Juicio de cuentas de Contraloría apunta a su labor como Intendente entre 2008 y 2010.  

$813.208.962 es el monto que se arriesga a tener que reintegrar a las arcas Fiscales el actual Subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea Ocón, según el juicio de cuentas iniciado en su contra por la Contraloría General. Lo anterior, luego de que este organismo detectara nueve tipos de irregularidades, en la entrega de bonos a los damnificados por la erupción del volcán Chaitén, la madrugada del 2 de mayo de 2008.


El proceso de carácter administrativo -no penal- persigue su responsabilidad pecuniaria como ex Intendente de la Región de Los Lagos, en cuya calidad debía firmar las resoluciones con el dinero a repartir, durante la segunda mitad del primer Gobierno de Bachelet.


La existencia misma de las irregularidades no está en cuestión. Para el organismo fiscalizador están a firme hechos como la entrega de dinero a muertos o a funcionarios de las Fuerzas Armadas que fueron redestinados, por lo que obviamente no necesitaban arrendar una casa para seguir viviendo en la Región.


La decisión de que tenga que devolver al erario nacional de su bolsillo las platas mal gastadas está en manos de la Juez del Tribunal de Cuentas, la Sub-contralor Patricia Arriagada, quien en su escritorio tiene un informe técnico de la Fiscal Ruth Israel López, totalmente contrario a los intereses de Galilea.


Si Arriagada concuerda con Israel y "acoge el reparo" (algo así como la condena en derecho civil), a Galilea sólo le quedará la posibilidad de acudir al Tribunal de segunda instancia, conformado por un Juez y dos abogados integrantes. Estos últimos son escogidos cada tres años por el o la Presidente de la República, de ternas elaboradas por el contralor de turno.


Quienes conocen ese proceso revelan que la actual autoridad, Ramiro Mendoza, tiene como costumbre presentar dos ternas por separado: "una con tres nombres afines a la Concertación o actual Nueva Mayoría, y otra con tres nombre afines a la Alianza, de tal forma que si los abogados integrantes quisieran fallar de manera política, siempre definirá el Juez, que no es otro que el mismo Mendoza".


El crítico informe que hoy tiene Patricia Arriagada (la Juez de primera instancia), llamado oficialmente "vista Fiscal", repara en nueve aspectos que se detallan a continuación.


1 Arriendos para quienes tenían casa.

$44.700.000 fueron pagados a 84 beneficiarios, con el fin de que arrendaran casas, luego de ser trasladados, con motivo de la erupción. Sin embargo, "ya contaban con una vivienda asignada por el Estado" a través de subsidios habitacionales. Estos dineros fueron repartidos hasta el 2 de enero de 2010.


2 Doble beneficio para 4 funcionarios públicos.

El caso es similar al anterior y se trata de $7.200.000 objetados por ser otorgado a "cuatro funcionarios públicos, los cuales, sin embargo, ya tenían asignado el beneficio de vivienda Fiscal en fecha posterior al 2 de mayo de 2008... (fueron) simultáneamente beneficiados con el bono y con el beneficio de vivienda Fiscal", señala el documento.


3 Plata para 14 fallecidos.

$50.000.000 fueron repartidos a 14 personas "respecto de las cuales se comprobó que se encontraban fallecidas al momento de efectuarse el giro en su favor". Los pagos fueron entre 2008 y 2010.


4 Tenían casa propia.

Diez beneficiarios recibieron un total de $ 20.400.000 a través de bonos por $ 150.000 cada uno, a pesar de que el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt informó que "tenían inscritos inmuebles a su nombre en dicha comuna, al momento de efectuarse el giro de los recursos a su favor".


5 Pagos duplicados.

Por el concepto de "cargas familiares" se pagaron bonos de $20.000 cada uno a 18 personas, pero "no existían carpetas con antecedentes que acreditaran dichas cargas" o "el pago resultó duplicado". Se estimó un perjuicio Fiscal de $7.580.000 por esta irregularidad.


6 Falta de requisitos.

En un comienzo, la Contraloría Regional objetó el pago de más de $380 millones por 46 casos de personas, que "fueron originalmente rechazadas por no calificar para el beneficio", pero que apelaron y lograron que se les pagara el bono, a pesar de que en las carpetas de sus casos no estaban los respaldos de los requisitos para ser beneficiarios. En terreno, Contraloría logró recabar más datos y la cantidad rechazada bajó a $100.920.000.


7 La irregularidad más cara.

78 funcionarios públicos fueron redestinados de manera permanente. El informe reprocha que "no se configuraba respecto de ellos la condición de ubicación transitoria", como para haberle pagado bonos que tienen que ver con arriendo de vivienda y otros costos de vida con motivo de la emergencia.


Por ejemplo, 56 miembros del Ejército fueron redestinados y lo mismo sucedió con otros dependientes de Carabineros, la Armada, Indap, Corfo, DGAC..., quienes fueron beneficiados con $507.690.000.


8 Duplicidad marital.

Se supone que los pagos gruesos van al jefe o (no "y") jefa de familia, pero Contraloría detectó "duplicidad de bonos tanto al jefe de familia como a la cónyuge o pareja de aquel". Todo, por $36.950.000.


9 Platas a rechazados.

Otras dos personas postularon a los bonos y fueron rechazadas por no cumplir los requisitos para recibirlos. Apelaron y, nuevamente, sus solicitudes fueron rechazadas. Pero igual el Intendente les otorgó el beneficio y el Fisco desembolsó $10.140.000. 


Otros responsables.

La vista Fiscal también recomienda sancionar a otros tres funcionarios y ex funcionarios de la alta jerarquía de la Intendencia de la X Región, quienes de manera "solidaria" tendrían que devolver el dinero, si es que se acoge el "reparo".


Se trata del ex jefe del Departamento de Finanzas y Presupuestos, Jorge Barrientos Vargas; del jefe subrogante de ese mismo departamento, Harald Peláez Villalobos, y del ex jefe de Administración, Ramón García Rodríguez.


Contraloría les reprocha haber firmado documentos sin chequear y ellos retrucan que los beneficiarios que entregaron antecedentes errados serían los responsables.


Los descargos de Galilea.


Cuestionada autoridad se defiende y vincula a Jefe de Gabinete de Bachelet


En un apartado general de sus descargos, Sergio Galilea argumenta que a poco de la erupción, la responsabilidad de los hechos investigados recayó en una mujer: la ex delegado Presidencial para la catástrofe de Chaitén y actual Jefe de Gabinete de Michelle Bachelet, Paula Narváez (hoy en licencia por parto).

"Señala (Galilea) que a él sólo le habría tocado enfrentar las primeras semanas de la emergencia, volviendo a sus labores habituales una vez que la Delegado Presidencial (Narváez) se habría hecho cargo a partir del 27 de junio de 2008... y que todo el mando habría recaído en la Delegación Presidencial", se lee en el documento de Contraloría.


La Fiscal desestimó sus argumentos, señalando que "el señor Galilea no supervigiló el funcionamiento del servicio en general..., incluso extralimitándose, ya que también se aplicaron los beneficios pecuniarios a familias que no fueron evacuadas... (y) refrendó mediante su firma las nóminas de beneficiarios".


Concluye que "se debe descartar expresamente" la afirmación de que "las acciones quedaron radicadas exclusivamente en la Delegado Presidencial".


Galilea, quien esta mañana habló con este diario, dijo que "no la responsabilizo (a Narváez). Actuó tan eficientemente como yo en ese tema y de manera proba. Si hay algún tipo de situación anómala, es marginal", enfatizó.


Enfatizó que si se lo castiga sería "injustísimo y gravísimo", recordando que Contraloría inició otro juicio de cuentas en su contra por hechos similares (de un periodo más acotado), que lo absolvió. "No veo por qué, si no hay algo sustancialmente diferente, la resolución debiera ser distinta... Las instituciones funcionan, las respeto yo acudiré a todas las instancias que corresponda. No hay irregularidades, actué de extraordinaria buena fe y fuimos eficientes", concluyó.


Otros descargos.


Entre los descargos que el actual Subsecretario presentó a Contraloría, se cuenta que las labores fueron complejas, con listados elaborados por muchos funcionarios y sin manuales.


Respecto de los puntos más llamativos del juicio, afirma que "a pesar de conocer la noticia del fallecimiento de un jefe de familia, continuábamos su pago..., por cuanto sabíamos que los beneficiarios (resto de la familia) seguían cobrando y percibiendo el bono mediante la utilización de la tarjeta bancaria (del muerto)".


Sobre quienes tenían casa propia, dice que "lo probable" es que "hubieren estado destinadas al arriendo", generando rentas a sus propietarios, que habrían dejado de percibir por tener que ocuparlas.


¿Y los bonos duplicados o sin antecedentes?: "La eventual falta de diligencia se radicó en Mideplan, en la Delegado Presidencial y en la Municipalidad de Chaitén", respondió al informe.


En cuanto al mayor de los reparos, aseveró que a los redestinados de las Fuerzas Armadas y de otros organismos se les dio la plata porque era una "facultad privativa del Ejecutivo" establecer "variables para definir" quién era o no "beneficiario". Así, se decidió favorecer a todos los habitantes de Chaitén.


Tomado de Diario La Segunda del viernes, 12 de septiembre de 2014.

martes, 9 de septiembre de 2014

Terroristas asesinos.






Terroristas asesinos.


Un bombazo al momento de mayor concurrencia de público, que se registró a las 14.04 horas de este lunes (8), en el Sub Centro Comercial de la Estación del Metro Escuela Militar, dejó ocho heridos de consideración, tres de ellos graves.


Se trató, como es habitual, de un extintor con pólvora negra y un mecanismo temporizador depositado, en esta ocasión, en un contenedor del pasillo, situación que aumentó el poder destructivo del artefacto. Una modesta trabajadora -aseadora del Metro-, identificada como Marta Hernández sufrió la amputación traumática de los dedos de su mano derecha.


Una célula subversiva habría actuado en este atentado. Veinte cámaras de TV en circuito cerrado dispuestas en el lugar, eran periciadas por el GOPE de Carabineros. No se encontraron panfletos de algún grupo en particular. Sin embargo, este mismo día la Corte Suprema rechazó anular el juicio y ratificó la condena a los asesinos del Cabo de Carabineros, Luis Moyano, en el asalto al Banco Security (2007). El Tribunal confirmó que los elementos del grupo Lautaro, Juan Aliste, Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, deberán purgar una pena total de 42 años.


El punto es que el atentado en el Sub Centro del Metro Estación Escuela Militar, es producto de la acción de militantes entrenados, organizados y decididos a provocar el mayor daño posible.


Los expertos consultados, consideran que estamos frente a los mismos sujetos que actúan en distintos atentados, que responden a un plan cuidadosamente elaborado. La rutina muestra que siempre opera un par de exploradores, los que estudian el sitio y luego otra pareja que deposita la bomba. En parte se repite la técnica utilizada en el atentado contra el Metro de la Estación Los Domínicos (medianoche del 13 de julio) el que, providencialmente, no dejó víctimas.


Pero el asunto va más allá precisamente por la política que el Gobierno de Bachelet aplica frente al terrorismo, al calificar los hechos tan arbitrariamente. Porque los ataques en La Araucanía, a juicio de La Moneda, no constituirían actos terroristas. Pero el criterio que se emplea para asumir los que ocurren en la capital, si lo son.


En realidad, ellos forman parte de un todo. Operan los mismos grupos ultra radicales y antisistema: como los lautaristas aliados con anarquistas insurreccionales u otros. Con todo para el Gobierno, en estos casos, como el de este lunes 8 de septiembre, aquí actuarían "dementes, criminales, delincuentes"; pero no terroristas. Tal doble estándar es repudiable porque es funcional a este tipo de grupos.


En lo que respecta al Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien estimó tras el atentado que aquí se justifica reformar la Ley Anti Terrorista, lo que efectivamente hay, es un fracaso absoluto de la política de seguridad pública porque se ha tratado de esquivar el bulto excusando la ineludible responsabilidad Ministerial.


Sea en lo relativo a la Ley Estadio Seguro, cuando bandas de barristas de claro tinte extremo atacan violentamente a la policía o a otros de su  mismo grupo o destrozan, asaltan y roban; en la NO política frente a la acción de los "encapuchados" que lanzan bombas "molotov" a la fuerza pública en las marchas o desde los propios recintos universitarios; en la actitud contemplativa frente a las organizaciones anarquistas ultras; en las declaraciones increíbles del Subsecretario Mahmud Aleuy: "cajero explotado, banco multado"; en la condescendencia; todo ese criterio irresponsable, es parte del fracaso global de este gobierno ¡qué decir de la actuación de los Jueces ultra garantistas y su actitud complaciente como el llamado "caso bombas" o simples delitos comunes!


De allí que varios Gobiernos extranjeros, hayan decidido alertar a sus ciudadanos sobre el peligro del "terrorismo subyacente" en Chile, lo que desde luego acarrea consecuencias de todo orden. Pero para nuestro Poder Ejecutivo, Chile es un país "tranquilo"


El punto es que esto recién comienza. Entramos a la segunda fase de la acción de los grupos terroristas que ahora indiscriminadamente, causan víctimas, hieren o asesinan personas. Ya no es "terrorismo subyacente" es ¡TERRORISMO! y punto. 


(Tomado de Despierta Chile)

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Apoderados de colegios particulares rechazaron idea de prohibir el lucro en la educación.

Si la educación es de calidad, no vemos problema en que se cobre", sostienen en la Conacep. 


Apoderados de colegios particulares rechazaron idea de prohibir el lucro en la educación.

 

 

Propuesta fue sugerida en la reforma educacional por sectores de la Nueva Mayoría.
Dos agrupaciones cuestionan la legalidad de esta medida.
Publicado: 15:01 | Autor: Cooperativa.cl



Apoderados de colegios particulares manifestaron su oposición a sectores de la Nueva Mayoría que pretenden incluir en la reforma educacional la eliminación del lucro en los colegios particulares pagados y limitar o congelar los aranceles, una de las indicaciones ingresadas al proyecto.


El vicepresidente nacional de las Instituciones de Educación Particular (FIDE), Guido Crino, sostuvo que "de partida, están fuera del contexto del proyecto de ley, porque el proyecto de ley no tiene ninguna referencia a los colegios particulares pagados. Como segundo punto, a nuestro juicio, vulnera un derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de enseñanza".


Opinión similar expresó Hernán Herrera, presidente de la Conacep, quien afirmó no saber "la legalidad de esa medida. Desde el punto de vista que en este país no existen fijación de precios, no es una defensa de los colegios particulares pagados, sino que simplemente es un cuestionamiento a que existe la posibilidad de que los parlamentarios determinen que los precios que están cobrando los establecimientos sean fijados por ley".


"Nosotros hemos dicho reiterativamente que más que el valor, lo que a nosotros nos importa es que la educación sea de calidad. Si la educación es de calidad, no vemos problema en que se cobre, en la medida en que los apoderados libremente estén optando por un proyecto educativo", concluyó.


Otras de las indicaciones presentadas por los parlamentarios propone sanciones con penas de cárcel para quienes lucren con recursos públicos y la eliminación de la selección en todo tipo de colegios, sean estos públicos o privados, hasta sexto básico.


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