sábado, 13 de octubre de 2012

Temáticas para las meditaciones del fin de semana…

 En decepcionante partido jugado en la altura

de Quito la selección chilena cayó ante los
ecuatorianos por 3 goles a 1, en una muy
mala presentación en que mostró poco fútbol
y nada de chispa.

 Con una sencilla ceremonia en el Palacio de

La Moneda el Presidente Sebastián Piñera,
junto al Ministro Golborne y algunos de
protagonistas conmemoraron el segundo
aniversario del rescate de los 33 mineros
de Atacama.

 Alemania se negó a proporcionar plazo

adicional a Grecia para cumplir con plan
de ajuste, Autoridades germanas dicen
que la postura de su país en este asunto
‘’no ha cambiado’’.

 La Unión Europea (UE) fue galardonada

ayer con el Premio Nobel de la Paz, por
sus logros para ‘’el avance de la paz y la
reconciliación" y el establecimiento de
"la democracia y los derechos humanos’’.



Ai Weiwei criticó Nobel de Literatura para
Mo Yan, dijo que es ‘’casi insoportable’’,
lamentando el artista disidente que se
haya premiado la Academia Sueca a un
leal a la dictadura comunista.






Bienestar y felicidad,

por Agustín Squella.


Los informes sobre desarrollo humano en Chile que desde 1996 entrega el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han permitido advertir mejor nuestra realidad y tener debates ciudadanos más ilustrados, sobre bases empíricas y no de meras elucubraciones, y orientar también mejor el diseño de políticas públicas.



El informe correspondiente a 2012 trata sobre el bienestar subjetivo de los chilenos, un concepto que se explica de la siguiente manera: la satisfacción que las personas tienen tanto con sus vidas como con la sociedad en que llevan adelante su existencia y relaciones interpersonales.



Tal concepto parte de la base de que la subjetividad de las personas importa y que uno de los propósitos del desarrollo es conseguir mayor bienestar subjetivo de los individuos, más allá de lo que muestren los despersonalizados grandes números que se utilizan para dar cuenta del grado de avance o retroceso de las naciones. El informe prefiere ese concepto al de felicidad, porque esta última tiene complicaciones conceptuales evidentes y suele estar referida únicamente a la intimidad de las personas. De la felicidad la gente suele tener una idea más bien recóndita, casi hogareña, relacionándola con llevar una vida sin grandes sobresaltos y con que los seres más próximos y queridos se encuentren bien, a todo lo cual se suma la creencia de que alcanzar la felicidad depende de cada individuo y no de lo que la sociedad pueda ofrecernos en un momento dado. En cambio, el concepto de bienestar subjetivo, menos glamoroso que el de felicidad, tiene la ventaja de ser más modesto, más exacto también, y de poseer dos componentes: el bienestar subjetivo individual (el grado de satisfacción que cada cual tiene con su propia vida) y el bienestar subjetivo con la sociedad (el grado de satisfacción de las personas con la sociedad en que viven)



Esa doble composición es relevante, puesto que los chilenos solemos mostrarnos crecientemente satisfechos con nuestras vidas y cada vez más críticos y desconfiados respecto de las oportunidades que proporcionan el país y sus instituciones para el desarrollo de nuestras capacidades. Por lo mismo, nuestros principales problemas conciernen al bienestar subjetivo con la sociedad, y ellos no deben ser minimizados ni postergados en sus posibles soluciones porque salgamos relativamente bien parados en las mediciones del bienestar subjetivo individual.



Conceptualmente hablando, el informe del PNUD representa un progreso respecto de los habituales y no pocas veces frívolos y mercantilistas discursos sobre la felicidad, un concepto tan difícil de definir como fácil de manipular por una industria de la felicidad que banaliza esta última palabra. La felicidad, cualquier cosa que ella sea, es mucho más que la dimensión individual del bienestar subjetivo, y haríamos bien si la dejáramos reposar un rato y si los publicistas mostraran mayor recato a la hora de vincularla con bebidas de fantasía, marca de ropa o de zapatillas, automóviles de lujo, visitas al mall , o viajes a playas del Caribe.



¿Conclusiones? La más obvia es que el estado de la sociedad, y no sólo el que reporta cada individuo acerca de sí mismo, es importante para el nivel de satisfacción que alcancemos en nuestras vidas, evitando tres inferencias equivocadas: pensar que todo está bien al fijarnos sólo en el bienestar subjetivo individual, considerar que todo está mal al tomar únicamente en cuenta la satisfacción que declaramos con la sociedad, y estimar que el malestar con la sociedad es un mal y no una oportunidad para advertir a tiempo cuáles son los cambios que deberían hacerse para disminuirlo.



El malestar con la sociedad no debe ser visto como fuente de conflictos, y tampoco los conflictos como patologías sociales, puesto que son inherentes a la vida en común.



Araucanía y nueva Área de Desarrollo Indígena
por Sebastián Donoso.


En octubre 2013 se cumplirán 20 años desde la entrada en vigencia de la Ley Indígena. A la hora de los balances, la mirada se dirige inevitablemente a la IX Región. La Araucanía tiene una situación única. Concentra el 25% de la población indígena del país, que a su vez representa casi un tercio de la población regional. Esa cualidad, sumada a la riqueza de sus recursos naturales y belleza de su entorno, la transforman en una Región con un gran potencial.



A principios de los 90, Temuco era una de las ciudades más pujantes de Chile. Desafortunadamente, hoy no podemos decir lo mismo. La Encuesta Casen de 2011 muestra una disminución importante en la tasa de pobreza de la Región, pero sigue siendo la más pobre de Chile. Si bien no se conocen estudios que demuestren una correlación directa con la Ley Indígena, el retraso que sufre hoy la Región debe, al menos, motivar una reflexión sobre las implicancias que han tenido las políticas impulsadas por dicha ley.



Lo primero que salta a la vista es el grave deterioro en la convivencia. La situación de violencia que afecta a La Araucanía se arrastra desde hace ya 15 años. Se han intentado distintas soluciones sin éxito, pasando por fórmulas asistencialistas, entrega de “tierras por paz”, promesas de mano dura y variadas instancias de diálogo. En este escenario, la tendencia natural es privilegiar el manejo de la difícil coyuntura en desmedro de una mirada de largo plazo.



Si bien no hay recetas, es claro que existen ciertas condiciones de base, en ausencia de las cuales cualquier esfuerzo será infructuoso. Una de ellas es la institucionalidad, como condición necesaria para un diálogo fructífero. Existe consenso político respecto a la precariedad que se observa en esta materia. Por el lado del Estado, se requiere un servicio público eficiente (que reemplace a la Conadi) y una secretaría política de alto nivel que elabore y coordine la política pública. Por el lado de los pueblos indígenas, se requiere un ente que los represente a nivel nacional y que esté legitimado por ellos mismos. Otra condición de base es la administración prudente de los mecanismos de entrega de tierras, y en particular la llamada compra directa de predios. Es indispensable asegurar que este proceso no implique incentivos perversos a la violencia o especulación, así como evitar que las presiones por la ejecución presupuestaria nublen la vista.



En este contexto, cabe preguntarse por las implicancias de la reciente creación del Area de Desarrollo Indígena o ADI de Ercilla, una de las zonas de La Araucanía más golpeadas por el conflicto. Las ADI están concebidas como espacios territoriales en que los organismos del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo de los indígenas. Aunque bien administradas pueden contribuir a la paz social, las ADI no fueron creadas como un instrumento para mejorar la seguridad o disminuir los índices de violencia. No debemos esperar, entonces, que esta nueva ADI venga a solucionar situaciones que requieren políticas públicas de otra envergadura. Por otra parte, deben tomarse medidas para evitar que esta nueva ADI se transforme en un eslabón más del entramado legal ya existente y termine afectando el desarrollo de los indígenas, de la Región y del país.



Debate Presidencial en EE.UU.
por Rolf Lüders.


La semana pasada se llevó a cabo en EE.UU. el primer debate entre Barack Obama y Mitt Romney. Este se centró en temas económicos, dejando en evidencia las importantes diferencias entre ambos. Diferencias del mismo tipo, pero extremas, se dieron en Venezuela, entre Hugo Chávez y Henrique Capriles, y existen, más moderadas, entre la centroizquierda y la centroderecha chilena.



Aun a riesgo de caricaturizar, Barack Obama sostuvo que lo que tenía que hacer EE.UU. para permitir que su economía recupere sus tasas históricas de empleo era invertir más en educación y entrenamiento, además de desarrollar nuevas fuentes de energía, apoyar a las pymes que invierten en EE.UU., y reducir el déficit fiscal. Mitt Romney, a su vez, argumentó que para lograr tal recuperación había que reducir las tasas de impuestos y el gasto Fiscal, reducir regulaciones, y descentralizar decididamente el gasto hacia los Estados de la unión.



Obama, tal como lo hace la centroizquierda de nuestro país, prefiere un mayor rol estatal, principalmente para regular más la actividad de los privados y para redistribuir ingresos. Al hacerlo, minimiza relativamente el efecto negativo de mayores tributos y regulaciones, y magnifica relativamente los beneficios de una mayor igualdad económica. En cambio, Romney, tal como la mayor parte de la centroderecha chilena, es partidario de limitar la expansión del Estado. Es cierto que en último análisis, el asunto es uno de preferencias (menor o mayor libertad individual; mayor igualdad o mayor crecimiento). No obstante, al optar por una mayor injerencia estatal hoy en Chile, no hay que olvidar que eso, ceteris paribus, se hace a costa de menor crecimiento.



Relacionado con el tema anterior está aquel del gasto público en educación, gasto que en Chile representará aproximadamente el año próximo un nada despreciable 20% del gasto Fiscal. Una parte de este gasto es definitivamente inversión en capital humano y aumenta la productividad, y propende a una mayor tasa de crecimiento. No obstante, en ocasiones este gasto tiene mero carácter redistributivo. Por ejemplo, la rebaja de tasas de interés sobre los créditos, el tratamiento tributario de gastos de educación y una parte de las becas adicionales son claros ejemplos de simples transferencias. Nótese, además, que variaciones en aquella parte del gasto en educación que es de inversión sólo tienen efectos sobre el crecimiento en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, su impacto en el crecimiento -por los desincentivos que genera la correspondiente mayor tributación- tiende a ser negativo.



En resumen, el debate entre Obama y Romney dejó en claro las importantes diferencias existentes entre ellos en cuanto al rol del Estado. Me quedó la impresión de que Obama, tal como lo hace nuestra centroizquierda, subestima el impacto negativo que tiende a tener sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza -en la actualidad- la expansión del ámbito de la acción estatal. El aumento del gasto público en educación es, al menos en Chile, deseable, pero sus efectos positivos serán menores mientras mayores sean las meras transferencias y, en todo caso, solamente se notarán a mediano y largo plazo.



El caso sobreprecios y los frentes internos.


El costo político que pagará el oficialismo por el caso «sobreprecios» y los demás impasses de los últimos quince días -fallida licitación del litio, caída del Subsecretario de Minería y de tres funcionarios de Interior, cierre definitivo del caso bombas, reproche de Contraloría a dos Ministros- es una pregunta abierta. Pero, según lo visto hasta ahora, el mayor daño provendrá de sus propios errores y del fuego amigo, antes que de la desarticulada reacción opositora.



En una nueva semana de campaña Municipal en tono menor (salvo el accionar violento de brigadistas), el Gobierno volvió a comprobar la gran equivocación de haber llevado precipitadamente a trabajar a Interior a un controvertido ex Fiscal que terminó polemizando públicamente con el Subsecretario Rodrigo Ubilla, a propósito de las responsabilidades en la licitación de equipos para el Plan Frontera Norte. De hecho, han sido esas declaraciones, sumadas a las del Senador UDI Jovino Novoa pidiendo asumir responsabilidades políticas, las que más han complicado los esfuerzos por dar un cauce al asunto y fortalecer la propia situación de Ubilla. En efecto, tras la reacción inicial del Ministerio desvirtuando las primeras denuncias, el Subsecretario, a medida que se fueron conociendo más antecedentes confirmatorios de irregularidades, asumió un rol activo en la búsqueda de su aclaración. Ello, junto a la información sobre adquisiciones efectuadas durante el anterior Gobierno a la misma empresa ahora cuestionada y los intentos de La Moneda por establecer puentes con Parlamentarios opositores, puede explicar que la Concertación no haya escalado a niveles aún mayores un asunto en sí mismo explosivo. Antes bien, las actitudes opositoras han sido oscilantes, desde la prudente cautela de algunos hasta la estridencia de quienes intentan vincular este tema con el rol de Ubilla como lector de cómputos el próximo 28: una versión extrema de la estrategia de destrucción de credibilidades que en ciertos sectores entusiasma.



Más fuego amigo. Tanta dispersión obviamente les ha restado efectividad a los opositores. En contraste, las palabras de Novoa -luego matizadas por él mismo- dieron cuenta de un mar de fondo en las relaciones UDI-Gobierno. Pues aunque el partido ha terminado ordenándose en el apoyo al Subsecretario, el Senador dejó marcado su punto: el malestar acumulado al sentir que han sido básicamente nombres gremialistas -desde Magdalena Matte y Jacqueline van Rysselberghe a Rodrigo Alvarez y Pablo Wagner- los que han pagado mayores costos en la era Piñera.



Pero, como ni la campaña electoral ni la crisis de los sobreprecios amainan las ambiciones de perfilamiento, también Parlamentarios RN han hecho su aporte para complicar el cuadro oficialista. Así, la bancada de ese partido está amenazando con rechazar -nada menos- la partida más emblemática del Presupuesto, Educación, para presionar por los deudores Corfo, también apoyados desde la UDI.



Imagen sugerente. Si no ha abundado la claridad en el accionar opositor, la confusión también caracteriza el manejo interno concertacionista. El antiguo debate de cómo ampliar la coalición -compromiso suscrito por los cuatro partidos hace un año y que en la práctica significa lograr entendimientos con el PC y otros grupos- resurgió una vez más. Radicales, PPD y socialistas se alinearon ahora en posturas similares, con la sola reticencia del timonel DC Ignacio Walker. Se trata de una discusión algo ociosa, cuando en los hechos todos -incluidos los democratacristianos y el propio Walker- están haciendo entusiasta campaña por los candidatos a Alcaldes comunistas y coordinan su trabajo Parlamentario con el PC. Y es que, por más que se discrepe en la forma concreta en que se proyectará el entendimiento, lo cierto es que éste ya funciona.



Por eso, tal vez acá lo más interesante de la semana sea una imagen: los Presidentes del PS y el PPD juntos en la cafetería de la Cámara, tras meses de distanciamiento entre ambos partidos. Un acercamiento promovido por el segundo y que incluye la propuesta de formar equipos comunes para trabajar por Bachelet, lo que, de ser aceptado por los socialistas, supondría un deslizamiento desde su actual alianza con la DC. Si a eso se suman las críticas de los radicales (hoy socios del PPD) frente a tales tratativas, parece confirmarse que los actuales alineamientos en la Concertación, expresados en las dos listas de Concejales -eje histórico versus pacto progresista-, no necesariamente tendrán larga vida post Municipal.



Mensaje gremialista. En la Alianza, la UDI comprendió que seguir con el discurso obstaculizador de primarias traía puro costo y, en un giro, decidió expresar su disposición a competir en ellas. Esto no asegura que el 30 de junio vaya a concretarse esa contienda ni que ahora el gremialismo piense que se trata del mejor escenario para proyectar una candidatura ganadora. En cambio, sí podrían extraerse algunos mensajes. Por ejemplo, uno a Laurence Golborne: si efectivamente quiere ser candidato del oficialismo, deberá ser antes candidato de la UDI por un tiempo largo; eso implica tomar partido y jugarse por los gremialistas en las encarnizadas disputas Parlamentarias que ya se insinúan. A su vez, la señal para RN es que se viene una confrontación dura, donde, de dispararse claramente uno de los dos Presidenciables, el partido (y sobre todo los Congresistas) del otro requerirán nervios de acero, en especial considerando el amplio plazo que la ley fijó para realizar la primaria. Una última derivada es que, tras estos movimientos, con ambas colectividades aceitando máquinas, parece más insostenible que Golborne y Andrés Allamand puedan seguir en sus cargos más allá de noviembre. De paso, surge la pregunta de si ese eventual cambio de Gabinete incluiría también al (supuesto) tercer hombre en carrera, Pablo Longueira, o si sellaría su bajada de la contienda.



Primarias como fórmula para poner a prueba a los candidatos.

El Congreso despachó el proyecto de ley que establece primarias para que los partidos políticos, individualmente o en pacto con otros partidos o independientes, puedan designar sus candidatos a los cargos de Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes. Su adopción será voluntaria, pero vinculante para los que las utilicen, y se llevarán a cabo simultáneamente para todos ellos. Por tratarse de una ley orgánica constitucional, corresponde que el proyecto sea revisado por el Tribunal Constitucional, sin que se prevea ningún inconveniente sustancial, para proceder luego a su promulgación, de modo que dicho mecanismo estará con seguridad disponible para las elecciones Presidenciales y Parlamentarias de fines del próximo año.



Si bien los partidos son soberanos para emplear las primarias, la norma aprobada constituye un desafío para aquellos que quieran mostrar una voluntad real de renovación política. Negarse a ellas sin razón pudiera conllevar costos políticos importantes, cuando las encuestas y apreciaciones de analistas revelan un desencanto ciudadano con la política y una baja valoración de los partidos, a la vez que una demanda por renovación y mayor participación. Las primarias se presentan como una instancia novedosa de participación efectiva y que ha sido un vehículo eficaz de profundización de la democracia en otros países.



Hasta ahora, los partidos han recurrido con frecuencia a las encuestas para definir candidaturas. Pero la permanente sujeción a éstas es criticable, pues supone no ejercer el liderazgo político y es reveladora de la escasez de ideas en el debate público. El hecho de que una personalidad exhiba alto apoyo en los sondeos de opinión, incluso por largo tiempo, no puede ser considerado como un antecedente suficiente para prescindir de la sana confrontación de posiciones e ideas, en razón de que las encuestas dan cuenta únicamente de impresiones muchas veces superficiales, susceptibles de cambiar radicalmente cuando las alternativas se expresan en detalle y bajo las exigencias del rigor de tener que competir. Así, en la elección norteamericana, el aspirante republicano pasó a ser visto como un desafiante con oportunidades de conseguir el triunfo luego de su actuación en el primer debate Presidencial. Ello acredita la relevancia de los mecanismos que someten a los candidatos al escrutinio de los votantes y la contribución que hacen a la vitalidad de la democracia.



Sería lamentable que las aprensiones y los cálculos sean los que zanjen si habrá primarias para determinar los candidatos. La competencia en el interior de los conglomerados no es necesariamente divisiva; no ha sido así, por ejemplo, en la experiencia norteamericana. Cuando las distintas alternativas sienten que tuvieron oportunidad y que la posición que ha de representarlas surgió de un proceso participativo, puede haber mayor disposición a aglutinarse y ser entusiasta en torno a ella que si es impuesta por las cúpulas partidarias. Por otra parte, los candidatos que rehúyan la competencia pueden salir debilitados, al haber adoptado una posición segura, pero que suele utilizar la indefinición como estrategia y la consiguiente carencia de propuestas sólidas. Finalmente, adoptarlas es una prueba irrefutable de compromiso con la democracia, que vendría a contradecir eficazmente las sospechas ciudadanas de que los partidos son máquinas para repartirse los beneficios del poder, sin conexión con los intereses y problemas que aquejan a las personas comunes.



Comparaciones con OCDE.


La postulación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y su ulterior incorporación a ella, tras un exigente escrutinio, que involucraba satisfacer elevados estándares en diversas materias institucionales, fueron evaluadas positivamente por el mundo político y empresarial: indicaban que nuestro país había alcanzado los niveles necesarios para formar parte de este selecto grupo, y que además, para poder mantenerse en él y exhibir ese sello de calidad, los Gobiernos siguientes tendrían que procurar seguir fortaleciendo las instituciones y atendiendo a las recomendaciones de esa organización, lo que redundaría en una trayectoria de progreso para todos.



Las acciones y recomendaciones de la OCDE están dirigidas a distintos ámbitos del quehacer de sus miembros, entre otros, a entender qué es lo que conduce al progreso económico, social y ambiental; a medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión; a analizar y comparar datos para predecir tendencias futuras; a examinar asuntos que afectan directamente a las personas comunes, tales como impuestos, seguridad social y administración del tiempo libre, además de la educación de los jóvenes. Todo eso permite proponer diseños de políticas para mejorar la vida de los ciudadanos de sus estados integrantes.



Las mejores prácticas que la OCDE pueda sugerir, asociadas a la experiencia adquirida por países desarrollados, incluyen necesariamente las correcciones que esos países estén haciendo o procuren hacer en el futuro cercano respecto de criterios o modalidades que en el pasado reciente han probado ser causa de dificultades. En esa categoría cabe examinar el estado actual de la evaluación del llamado "Estado de Bienestar", esto es, aquel conjunto de políticas públicas destinadas a garantizar protección social a las personas en condiciones más bien universales. Muchos países han ido incorporando correcciones a esas políticas, en general en la línea de acotar los beneficios para evitar abusos, y de eliminar los incentivos perversos que fomenten esos abusos. Ya el Presidente Clinton -un demócrata preocupado de la protección social en la década de 1990- basó su primera campaña Presidencial en la promesa de corregir la "seguridad social como la conocemos", y lo mismo ha ocurrido en los países escandinavos, especialmente en Suecia y Dinamarca, además de Alemania, con esfuerzos desplegados por más de 10 años en esa dirección. Todo ello ha redundado en su creciente prosperidad, que contrasta con los problemas que exhiben otros países que no han hecho esos cambios, como España y Grecia, en los que el Estado de Bienestar ha sido un protagonista e, incluso, muchas veces el causante de dichos problemas.



Por eso resulta pertinente para nuestro debate interno distinguir entre aquellos elementos de políticas públicas que constituyen las mejores prácticas institucionales que podamos adoptar - acogiendo sugerencias que la OCDE pueda hacer, y que normalmente implican esfuerzos de los ciudadanos para generar riqueza- y aquellas políticas de protección social, en su versión universal y general, que los países desarrollados están abandonando progresivamente, mediante correcciones a menudo drásticas a sus excesos e incentivos perversos.



La facilidad para invocar genéricamente lo que ocurre en los países desarrollados como argumento para fundar políticas públicas en nuestro país muestra una insuficiente comprensión de esas realidades. Pertenecer a la OCDE supone compararnos con los países desarrollados que lo integran, pero como incentivo a avanzar de modo sólido, no como una suerte de autoflagelación -aduciendo que estamos en la cota inferior entre sus miembros-, que impela a establecer ahora mismo todos los beneficios del desarrollo, sin haberlo alcanzado aún.



La próxima campaña presidencial seguramente abordará estos temas, por lo que será muy útil tener muy presente esa distinción cuando ese debate ocurra.



Brasil y financiamientos políticos.


El Partido de los Trabajadores (PT), de la Presidenta Dilma Rousseff, atraviesa un momento complejo, en el que debe demostrar su integridad. El 28 de este mes enfrentará la segunda vuelta electoral en Sao Paulo y decenas de otros Municipios, justo después que el Tribunal Supremo Federal declaró culpable de corrupción a uno de sus líderes históricos, José Dirceu, ex Jefe de Gabinete de Lula da Silva entre 2003 y 2005.



Los Jueces respaldaron la tesis de la Fiscalía, según la cual Dirceu fue el "mentor", "jefe" e "ideólogo" del esquema de corrupción que se montó para financiar campañas políticas con dinero fiscal y comprar votos de Congresistas, para obtener mayorías y aprobar proyectos de ley. Si bien Dirceu se declara inocente y "chivo expiatorio" de un contubernio opositor, los Magistrados fueron categóricos en concluir que él tenía una "posición central de organización y liderazgo de la práctica criminal, como mandante de las promesas de pago" a Parlamentarios. Un miembro del Tribunal reconoció no tener "pruebas documentadas" contra Dirceu, pero sí testimonios creíbles, y estimó que en todo caso era muy improbable que éste y el Jefe del partido no supieran lo que hacía el tesorero.



La democracia brasileña ha pasado varias duras pruebas desde el fin de los Gobiernos militares. Ha tenido un Presidente (Fernando Collor de Mello) que renunció para evitar un juicio político (luego fue absuelto por la justicia civil), innumerables renuncias de Legisladores y Ministros por escándalos varios, pero sus figuras estelares hasta ahora han salido incólumes. Ni Cardoso (cuyo partido también tiene causa abierta por corrupción) ni Lula ni Rousseff han sido dañados por los escándalos en sus colectividades. Sin embargo, es preocupante que el financiamiento de las campañas y de los partidos esté en el centro de las acusaciones.



Tanto Lula como Dilma se han puesto al servicio de su partido en esta segunda vuelta y, con el "juicio del siglo" como trasfondo, salen con más energía a la calle a respaldar a sus candidatos. Aún no conocemos el impacto que haya tenido el proceso judicial en el electorado (los sondeos están en marcha), ni si esto dañará la imagen de esas figuras protagónicas de la política brasileña. En el PT consideran que el alza en el número de Alcaldías obtenidas el domingo pasado muestra que los brasileños están más preocupados de los temas de ciudad que de la corrupción. Sin embargo, eso fue antes que el Tribunal Supremo declarara en definitiva la culpabilidad de los acusados, el pasado martes. Si esto irritó la conciencia cívica, podría afectar las opciones de los candidatos del PT en el próximo balotaje.



En Chile debe estudiarse con cuidado este caso, pues si bien por ahora no hay acá quejas serias sobre el sistema vigente de financiamiento de campañas y de partidos políticos (bastante nuevo y aún no bien consolidado), ignoramos si en el futuro próximo -en el calor de las campañas Municipal, Parlamentaria y Presidencial- se alzarán o no críticas en torno a insuficiente transparencia y escasa fiscalización al respecto, que ya se han insinuado en ciertos momentos.



Dos cartas para meditar.



Señor Director:



Caso bombas: sin culpables.



Mi hija se vio afectada por una bomba puesta en Camino del Alba el 21 de mayo de 2008. Sólo el pilar entre ambas puertas del auto la salvó de un daño mayor, ya que el artefacto provocó la caída de partes de un poste eléctrico.



Lo extraño y paradójico es que mi hija y un joven que la ayudó vieron a los idealistas atravesar corriendo desde el poste donde habían instalado el artefacto, y nunca fueron llamados a declarar a Fiscalía alguna.



Sólo en la clínica llegó un Carabinero a pedir declaración, cuando mi hija estaba en urgencia. Luego llegó otro policía a mi casa para ver el auto, y llamarme la atención por haberlo retirado del sitio del suceso. Sin embargo fui obligado a hacerlo por el primer oficial que llegó al lugar de la explosión, aduciendo que estaba creando alarma.



Todo lo anterior fue cubierto en forma extensa por un canal de TV que en esos tiempos daba cobertura a los hechos delictuales, y no por las Autoridades de turno que no se interesaron para nada en el caso. Por tanto no es raro que no existan culpables en el caso Bombas.



Enrique Rodoni I.



Señor Director:



El Gendarme y los encapuchados.



 Una periodista de un canal de noticias dijo que no se justificaban los disparos al aire del Gendarme, porque la turba que lo atacó no era de más de 6 u 8 personas. ¿Cuántas serán entonces necesarias?



Otra periodista inquirió al director de Gendarmería por qué, si habían manifestaciones, el vehículo Fiscal circulaba por el centro de Santiago corriendo el riesgo de ataques. Al parecer, debieron haberle pedido autorización a los manifestantes para seguir adelante con la agenda de Tribunales.



 Imágenes de TV muestran cómo unos enajenados atacaron sin provocación alguna un vehículo de Gendarmería con piedras de gran tamaño, por ambos costados y por detrás, impidiendo al ocupante del vehículo advertir la real magnitud de la situación, salvo por las rocas que golpearon el carro, y poniendo en peligro su integridad física, ya que al menos 2 proyectiles fueron lanzados directamente en su contra.



Un Fiscal feliz por dejar con arresto domiciliario nocturno a un Gendarme que todavía debe estar preguntándose por qué le pasó esto a él, y por un sueldo miserable.



 Una polola pidiendo secar al Gendarme en la cárcel por las lesiones al amor de su vida.



Toda una sociedad exigiéndole a sus funcionarios policiales -con muy poca preparación- una actuación de héroes, siendo que lo más probable es que nadie esté personalmente dispuesto a tenerla. ¡Qué debió haber hecho el Gendarme! ¿Nada y arriesgarse a que lo mataran?



 Es común el denominador de muchos de los problemas de este país en el último tiempo, donde ninguna voz exige que se descubra y encarcele a los verdaderos culpables: los encapuchados de siempre.



Cristián Gabler.
 

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