miércoles, 27 de febrero de 2008

Terminemos la payasada y comencemos a trabajar..


Corrupción freno al país y cortina que oculta la verdad….


Implícitamente el gobierno apoya a la Ministro de Educación Yasna Provoste Campillay mientras la Presidente Michelle Bachelet Jeria, además de la presidente de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear de Martínez, y el resto de los dirigentes de la Concertación, la apoyan de manera explicita.

Los antecedentes existentes, las auditorias de la Contraloría General de la Republica, las declaraciones de algunos antiguos dirigentes del sistema educativo al menos hacen sospechar la existencias de irregularidades que comprometen cantidades siderales de dinero mal gastado o simplemente robado.

Nosotros, que somos partidarios de presumir la inocencia de los acusados, a diferencia de quienes nos gobiernan, creemos que la secretario de Estado debe dejar su cargo, por un lado para no obstaculizar la investigación, para dar plena libertad a la fiscalización y para no seguir dando la sensación de impunidad que se extiende por la sociedad.

Consideramos respetable el respeto que demuestra el gobierno a su Ministro, pero consideramos peligrosos estos apoyos que la ciudadanía ve como intentos, que hasta el momento han demostrado grandes éxitos, por ejercer presión a los entes que escudriñan como se gastan “nuestros” dineros.

Complicado, es además, que después de los publicitados anuncios sobre transparencia y probidad de la Presidente Bachelet, Junio de 2006, sigan “estallando” estos escándalos, ahora con un antecedente especial, como es el despido de los auditores que se contrató para presuntamente terminar con las malas practicas.

Peligrosos consideramos los precedentes que se está estableciendo, de total impunidad de los responsables de actos de corrupción, de una arbitraria exculpación de las responsabilidades de quienes no han cumplido sus deberes de cautelar los fondos del pueblo y la “amenaza” que se cierne sobre quienes deben controlar estas anomalías.

La situación, que aparentemente se encuentra replicada en la SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, donde además de existir situaciones anómalas, que los directivos de la institución intentan descalificar, curiosamente también somos testigos de que se ha despedido al auditor.

Los gobiernos de la concertación, que pronto cumplirán veinte años de poder casi omnímodo, no se han caracterizado por ser muy escrupulosos en el cumplimiento de las leyes ni tampoco por tener mucha pulcritud en el manejo de las inversiones públicas, mucho menos por la honestidad de su “gente de confianza”.

Las reuniones del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma con Soledad Alvear. Presidente de la Democracia Cristiana y con la postulante a Alcalde de Santiago, Mónica Rincón, mostrarías que se está poniendo en marcha otra forma de corruptela, la nueva intervención electoral para torcer la voluntad nacional.

Si queremos llegar a bicentenario con al menos algunas características de desarrollo es imprescindible exterminar la lacra de la corrupción, para lo que consideramos imprescindible cambiar a la coalición de gobierno, que ha perdido la mística, las ideas y los valores éticos.

Hasta ahora hemos sido “chantajeados” por quienes se han apoderado de la administración, los que nos anuncian la “penas del infierno” si llegase a ganar el gobierno la coalición opositora y retrocesos impactantes en “los avances” que han logrado bajo su dirección.

Creemos importante desmitificar este aserto, pues, es claro que los avances en el plano económico, institucional y de Reconstrucción Nacional no se deben a los gobiernos concertados, sino que son el resultado del proceso de reconstrucción nacional realizado por las Fuerzas Armadas y de Orden.

*****

La corruptela parece no tener fin:

Fiscalía acusó a Laura Soto de estafa reiterada para llevarla a juicio oral


JORGE MOLINA ALOMAR

VALPARAÍSO.- Mediante un correo electrónico, el Ministerio Público de la Región de Valparaíso hizo llegar al Tribunal de Garantía la acusación en contra de la diputada Laura Soto González por el delito de estafas reiteradas, en el marco de una investigación de casi dos años, por el desvío de fondos desde el Programa de Generación de Empleos (PGE) al pago de activistas de su campaña parlamentaria el año 2005.

Con esta formulación de cargos, la fiscalía allana el camino para llevar a la parlamentaria -con su militancia PPD suspendida- a juicio oral. Hoy debiera fijarse la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral, cuyo plazo no debiera superar los 35 días, y en forma posterior a esa instancia se dictarán los autos de apertura para iniciar los alegatos y presentaciones de pruebas y testigos.

La fiscalía acusó por el mismo delito a la hija de la diputada, Marisol Paniagua; al ex esposo de Paniagua, Uziel Valle; al jefe de campaña de Soto, Cristián Garrido; a su jefe de gabinete, Luis Gatica, y a los contratistas Luis y Sergio Vargas.

En el caso de estos últimos, se suma una acusación por el delito de estafa especial, debido al cobro de comisiones al fisco por la ejecución de los proyectos de empleo asignados, lo que no ocurrió.

En tanto, al ex seremi del Trabajo de la V Región José Manuel Mancilla se le presentó acusación por dos delitos de fraude al fisco.

Platas para campaña

La investigación de la fiscalía estableció el desvío de fondos públicos de dos proyectos de "apoyo en gestiones administrativas de entidades públicas" -entre septiembre y diciembre de 2005- por un total de $9.468.000 al pago de una treintena de activistas del comando de la diputada Laura Soto.

Allí se establece que Mancilla y los contratistas, "aparentando la correcta y fiel aplicación" de dichos proyectos, "defraudaron o consintieron en que se defraudara al Estado", lo que implica la contratación y pago a beneficiarios que no reunían las condiciones exigidas por el programa y la aplicación de los fondos asignados para "el favorecimiento de la campaña electoral de Laura Soto".

Todo ello, agrega la fiscalía, "bajo la aparente implementación y ejecución ilícita de los proyectos de la línea de inversión en la comunidad".

También la fiscalía sostiene que Uziel Valle y Marisol Paniagua facilitaron la selección, contratación y pago de los brigadistas, "organizando sus labores para ocuparlos y destinarlos a tiempo completo al favorecimiento de la campaña".

Gatica y Garrido, en tanto, supervisaron y presenciaron esas tareas. La diputada -según la acusación del Ministerio Público- intervino y facilitó los medios para seleccionar, contratar y pagar las labores de campaña de dichos trabajadores.

La fiscalía asegura que la diputada presenció los trabajos, "a sabiendas de haber sido organizados para trabajar a tiempo completo en favor de su campaña, con la consecuente pérdida fiscal".

A las 9:30 horas de hoy está fijada una audiencia en el tribunal de garantía de Valparaíso para debatir las solicitudes presentadas tanto por la defensa de algunos imputados como de los querellantes.

En el primer caso, la defensa de Paniagua solicitó una ampliación del plazo de investigación. Sin embargo, el cierre de ésta por parte del Ministerio Público, antes de ser notificados de dicha solicitud, impide su reapertura.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó una medida cautelar real que prohíba a la parlamentaria celebrar actos o contratos respecto de un departamento de su propiedad ubicado en Caleta Abarca, avaluado en $38 millones, con el objeto de precaver posibles acciones civiles y multas. El abogado representante del senador RN Sergio Romero, Cristián Letelier, pide la medida cautelar real de suspender el pago de la retención de las asignaciones que se establecen como gastos necesarios para su labor parlamentaria -por un total de $5.654.798-, atendiendo a que está desaforada.




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