Rápida mirada noticiosa, temas para meditar.....

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, explicó en  la

Región de Arica y Parinacota  el tema de la demanda peruana sobre

el límite marítimo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Larraín destacó disposición al diálogo de la CUT para reajuste salarial

del 5% al sector público, el Ministro reiteró que el acuerdo, que contó

con la unanimidad de los 14 gremios del sector público, fue ‘’histórico’’.

El candidato independiente a la Presidencia, Laurence Golborne, presentó

ayer su equipo de campaña en el que destaca el ex Alcalde Zalaquet,

Gonzalo Müller, Bernardita Mazo  José Ramón Valente y Luz Granier.

Gobierno alemán aprobó nueva reducción de tropas en Afganistán, más

de mil soldados germanos  abandonarán ese país en los próximos 15

meses. Actualmente hay 4.600 uniformados en tierras afganas.

Obama pide ayuda de pequeños empresarios para evitar ‘’precipicio

Fiscal’’, el Presidente de Estados Unidos se ha embarcado en una

intensa campaña pública para evitar más daños a la débil recuperación

económica del país.

Palestina se convertiría en Estado observador de la ONU, pero

no miembro, hoy el Mandatario palestino, Mahmoud Abbas,

presentará ante el Consejo General de Naciones Unidas la

propuesta para su reconocimiento.

    

Gobierno chileno reafirmó respeto al derecho internacional.

Cecilia Pérez, Ministro de la Secretaria General de Gobierno, reafirmó ayer que  "nosotros vamos a ser muy prudentes, hemos sido muy prudentes, somos un país que siempre, en el pasado y hoy día, hemos acatado las resoluciones nacionales y también las resoluciones internacionales. Somos un país que respeta el derecho internacional, somos un país que respeta la autonomía de instituciones independientes".

La vecero de Gobierno agregó que "por cierto la prudencia acá es lo que tiene que primar, la tranquilidad es lo que tiene que primar y no empezar con dimes y diretes con un pueblo con el que hoy día nosotros hemos construido una fraternidad, hemos construido una hermandad y hemos construido excelentes relaciones entre ambos Presidentes".

Nosotros coincidimos con el llamado a la calma y la tranquilidad que han hecho el Presidente Piñera y todas nuestras Autoridades,  pero, por considerar que el derecho avala completamente la posición chilena creemos que sería inaceptable cualesquier dictamen que no se apegue irrestrictamente a los tratados de 1952 y 1954 que por demás están plenamente vigentes.

Nota de la Redacción:

Este conflicto internacional es otra de las herencias de los Gobiernos de la concertación, que, desconociendo las políticas de Estado que ha mantenido Chile desde siempre, las que establecen que los tratados son para respetarlos y cumplirlos, aceptó la jurisdicción de La Haya en un tema que se encuentra completamente resulto por convenios suscritos y reconocidos por  Chile, Ecuador y Perú.

Una buena noticia para los automovilistas.

La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, informó ayer que los valores de las gasolinas registrarán, a contar de hoy, una baja que en la de 93 octanos es de $2,7 y en la de 97 llega a los $ $7,6 por litro. La parafina registrará un alza de $2,3 por litro, mientras el petróleo diesel tendrá una disminución de $0,1, de acurdo al informe semanal de precios del monopolio Estatal.

Chile es el país de América Latina que más cumple con las leyes.

Chile es el país que mejor cumple con las leyes y el que más garantías procesales y fundamentales da a sus ciudadanos en América Latina, el segundo y tercer lugar es ocupado por Uruguay y Brasil,  mientras que Venezuela es el peor, según el informe de la organización estadounidense, World Justice Project, difundido ayer.

De los 97 países examinados, los latinoamericanos aparecen con una media de 72 en materia de orden y seguridad, de 63 en términos de justicia civil, 68 en justicia criminal, en el plano de las libertades públicas, como de expresión o de asociación, "a pesar de los recientes movimientos de apertura y libertades políticas (...) las instituciones públicas de la región siguen siendo frágiles". Chile se ubica entre los 25 mejores países en todo el mundo en seis de los nueve parámetros que identifica la organización.

Bolivianos creen que Gobierno de Morales pierde la guerra contra las drogas.

Una encuesta de IPSOS, encargada por el Diario Página Siete, revela que  el 64% de los bolivianos cree que el Gobierno del Presidente Evo Morales está perdiendo la guerra contra el tráfico de drogas, solamente un 25% cree que la está ganando y un 11% no sabe o no responde.

9 años de cárcel al ex Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil.

La corte suprema de Brasil condenó hoy a nueve años y cuatro meses de cárcel al ex presidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, el Parlamentario fue condenado por su implicancia en las denuncias de  corruptela del año 2005, durante el primer Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Colombia  se retiró del Pacto de Bogotá.

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su país se retira del Pacto de Bogotá, de 1948 en que los signatarios reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en rechazó al fallo que definió nuevos límites marítimos con Nicaragua, que claramente perjudica a Colombia.

Santos manifestó que "He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijada con tratados como ha sido la tradición y no por sentencias proferidas", agregando que el retiro del Pacto "forma parte de medidas que hemos venido estudiando".

El Mandatario colombiano sostuvo que "Con esta denuncia, Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica de controversias", sino que "reitera su compromiso de recurrir siempre a procedimientos pacíficos".

Expertos en derecho internacional advirtieron que con ese procedimiento Colombia no puede evadir el fallo del principal órgano judicial de Naciones Unidas, que es de obligatorio e inmediato cumplimiento, que lo que buscaría evitar decisiones futuras de ese Tribunal en su contra ante eventuales nuevas demandas por parte de países vecinos.

Tribunal de Nueva York da respiro a Argentina y suspende fallo por deudas.

Un Tribunal Federal de apelaciones de Nueva York dio  ayer algo de aire a Argentina en el proceso por la deuda de más de mil millones de dólares de ese país, al suspender indefinidamente la decisión de otro Tribunal inferior, que amenazaba con llevar a ese país al default.

El Dictamen del Tribunal de apelaciones fija el 27 de febrero como fecha para exponer argumentos en el caso, con lo que evita el plazo del 15 de diciembre para el pago de 1.300 millones de dólares al que Argentina se niega, pero, ordenó al Gobierno argentino poner los montos en deuda en un fideicomiso.

Siguen las protestas en Egipto contra Mursi.

Cerca de 200 mil manifestantes ocuparon la conocida plaza Tahrir para oponerse a quien califican como nuevo "faraón", mientras se agrava el enfrentamiento entre el Presidente de Egipto, Mohamed Morsi, y el Poder Judicial de ese país, los jueces de los altos Tribunales se declararon en huelga para protestar contra la decisión del jefe de Estado de atribuirse una virtual inmunidad en sus actos.

Allamand y Golborne, alumnos,

por Gonzalo Rojas Sánchez.

¿Y si el viernes pasado Andrés Allamand y Laurence Golborne hubiesen estado sentados aprendiendo, en vez de estar de pie declamando? Depende. Depende de quiénes hubiesen sido sus maestros.

Unos paneles con Juan de Dios Vial Larraín, Fernando Moreno, José Luis Cea, Pedro Morandé, Carlos Cáceres, Bernardino Bravo, Arturo Yrarrázaval y Jaime Antúnez, entre otros, habrían sido magistrales, magisteriales. Por cierto, algunos políticos habrían descalificado a esos intelectuales, por viejos o por teóricos, pero qué importan esas opiniones banales. Si se hubiese dado una instancia como ésa, Allamand y Golborne habrían aprendido de verdad, y ellos mismos habrían sido los primeros en reconocerlo, porque cuando dicen que quieren oír la voz de la gente, ¿podrían excluir el verbo de los más sabios, de los más experimentados?

Pero no fue así. Se les pidió a los candidatos que hablaran. Y, obviamente, se oyeron las cosas del momento, no las cosas de siempre. Porque los criterios certeros en los temas permanentes los marcan los sabios, mientras que cuando los políticos entran sin esas referencias a las grandes cuestiones, fácilmente yerran.

Por eso, un Allamand puede estar magistral en temas relativos a la vida, pero fallar gravemente sobre la institución que la genera y la ampara, la familia. Por eso, Golborne puede intentar piruetas sobre valores, pero quien lo oye se pregunta si habla con los dos ojos abiertos o está guiñando con uno de ellos.

Es cierto que los partidos que respaldan a los dos precandidatos tienen declaraciones de principios; es efectivo también que el Gobierno al que apoyan ha manifestado sus inclinaciones fundamentales en unos u otros proyectos de ley; están también las diversas políticas puestas en práctica u omitidas y, por cierto, las declaraciones de dirigentes partidistas, Parlamentarios y los propios candidatos. Pero, ¿alguien podría afirmar con certeza qué es exactamente lo que quieren la UDI y RN, Allamand y Golborne, el Gobierno del Presidente Piñera y sus colaboradores, sobre vida, familia, matrimonio, enseñanza, moralidad pública y cultura? No. La majamama es total.

Ciertamente la culpa no es original. Hace ya mucho tiempo que se viene insistiendo en los valores -cada uno le puede dar una cantidad de puntos a sus preferencias- en detrimento de los bienes -cada uno debe reconocer lo que la naturaleza indica como conveniente-. Y esa confusión, instalada en la política grande, significa que la llamada discusión sobre "temas valóricos" termina reducida a tres o cuatro eslóganes, sin que haya una auténtica deliberación sobre qué es la persona humana.

Falta ese encuentro, esa cumbre en que, después de oír a los sabios, los alumnos Allamand y Golborne contesten a estas y a otras preguntas similares:

¿El ser humano es autónomo, o se debe a normas inscritas en su naturaleza?

¿Las leyes deben plantearse para hacer el bien, o lo importante es que sean consensuadas?

¿La política es una actividad con reglas propias, o está inserta en la moral?

¿Un Presidente de la República es el articulador de acuerdos, o es el gestor de unas condiciones previamente ofrecidas y que él mismo, sin miedos, califica como imprescindibles para el bien común?

¿Sí o no a la afirmación: "Todas las cosas tienen que ver con todas las cosas" -la vivienda con la familia, la droga con la educación, la lectura con la sexualidad, el trabajo con la religión?-.

Sonríe el lector pensando que quizás las cinco preguntas serían esquivadas con respuestas de transacción. Pero si una o más de ellas recibieran certera contestación, el tema "de los valores" dejaría de ser mediático y pasaría a ser finalístico.

Obsesionados con el poder,

por Juan Antonio Müller.

Mientras una buena parte de los países comunistas han abandonado la práctica marxista leninista, al constatar como el modelo no llevaba bienestar al pueblo, el gobierno de Hugo Chávez intenta establecer en nuestro país, ese modelo fracasado en otras tierras.

La revolución cubana, ese proceso que tanto atrae a Chávez y su camarilla, pugna por realizar tímidos cambios económicos para sacar a la isla del marasmo social al cual fue llevada por el propio régimen comunista.

Entre estos destacan que los cubanos manejen negocios propios, compren autos y viviendas, viajen al extranjero, eliminar millón y medio de burócratas que no producen; aumentar la producción con la iniciativa privada para eliminar la oprobiosa libreta de racionamiento.

No en balde los dirigentes comunistas de China comenzaron, hace ya cuarenta años, una transformación económica que abrazó las leyes del mercado con las que se han beneficiado quinientos millones de habitantes que han salido de la pobreza extrema en que vivían bajo el régimen maoísta.

La Rusia actual se ha transformado en una sociedad de consumo al mejor estilo capitalista, los ciudadanos poseen carros de tecnología avanzada, se visten y calzan siguiendo los dictámenes de la moda y los centros comerciales compiten por ofrecer bienes acordes con los niveles de prosperidad económica.

Mientras todo esto sucede a nuestro alrededor, el régimen venezolano bajo esa enfermiza devoción por Castro y el Che, intenta establecer en contra de la voluntad popular un modelo comunal que implica sometimiento al mandato del Líder Supremo, un sistema educativo que enfrenta a hijos y padres, y la eliminación de la propiedad y de los medios de producción privados. Por qué nos preguntamos? Porque están obsesionados con el poder.

La lección de Alan,

por Daniel Mansuy .

El fallo que dirimió de modo “equitativo” el diferendo marítimo entre Colombia y Nicaragua ha generado altas dosis de nerviosismo en Chile: al proponer una salida salomónica, el Tribunal parece haber obviado que los mejores argumentos jurídicos estaban del lado colombiano. Con todo, este hecho debe leerse con mucha calma, porque toca cuestiones muy delicadas.

En ese sentido, las declaraciones que cerraron el encuentro de Presidentes que tuvo lugar ayer en Palacio tienen algo de torpeza y mucho de precipitación. Por un lado, llamar al Tribunal de La Haya a conformarse a derecho puede resultar cuando menos contraproducente, pues supone una crítica severa a la calidad jurídica del último fallo. Además, esa afirmación da por hecho que el Tribunal va a resolver la cuestión “salomónicamente”: ponerse el parche antes de la herida puede facilitarles a los Jueces la tarea de infligirnos la herida.

En rigor, todas estas declaraciones muestran bien la debilidad estructural de la posición chilena: nuestro legalismo nos puede terminar jugando una mala pasada. Tenemos una confianza infinita en nuestros argumentos jurídicos, pero nos cuesta entender que las jurisdicciones internacionales son, por definición, tan políticas como jurídicas. Los Tribunales internacionales funcionan fuera de la lógica del equilibrio de poderes, y eso los hace completamente impredecibles, y hasta caprichosos, pues carecen de contrapesos efectivos. Esta situación, que puede parecer muy conveniente en abstracto -Jueces completamente independientes-, es bien complicada en la práctica, pues los Jueces no están vinculados a las comunidades en cuestión y terminan respondiendo a criterios enigmáticos.

Como sea, el error original de Chile es haberse escudado siempre en una actitud legalista que hace caso omiso de este tipo de consideraciones políticas. Por eso, la decisión -tomada en junio de 2009 por el Gobierno de Michelle Bachelet- de no objetar la competencia del Tribunal fue una primera señal equívoca, pues allí aceptamos entrar en un juicio donde no teníamos nada que ganar y mucho que perder. Y se reconoció la competencia del Tribunal justamente porque estábamos seguros de tener los mejores argumentos jurídicos, pero olvidando que La Haya no obedece ni ha obedecido nunca sólo a criterios jurídicos.

Por eso, mientras más pasa el tiempo, más crece la figura de Alan García, quien levantó el tema en su primera Presidencia, y terminó construyendo un caso con todos los ingredientes necesarios. García puso todo su talento político al servicio de una causa que, desde el primer día, Chile se negó siquiera a considerar: para nosotros, el reclamo peruano simplemente no existía. Fue tal la destreza de García, que incluso logró evitar que Ecuador -aliado histórico de Chile- apoyara nuestra posición, como enrostrándonos que el derecho separado de la política no sirve de mucho. Considerar la dimensión política no equivale a formular declaraciones altisonantes ni amenazas absurdas -la que realizó ayer el senador Frei raya en el delirio-, sino en crear, con mucha paciencia, condiciones que favorezcan nuestra posición. Si queremos evitar sorpresas desagradables, sería conveniente enfrentar los próximos desafíos Diplomáticos (Bolivia) habiendo aprendido la lección de Alan.

Reajuste al sector público.

El acuerdo logrado entre el Gobierno y los gremios del sector público en materia de reajuste de remuneraciones entrega beneficios que han sido bien apreciados por esos trabajadores (e incluso expresamente por el Partido Comunista, en el que milita la nueva Presidente de la CUT) y a la vez despeja una de las fuentes habituales de conflicto social. El aumento de 5% convenido representa un alza real de ingresos del 2,4%, lo que más que duplica la cifra correspondiente del año pasado, pese a que la cantidad nominal permanece idéntica. Además, se contemplan bonos de vacaciones y por el éxito de la negociación, y aguinaldos mayores para Fiestas Patrias y Navidad. Asimismo, el Ministro de Hacienda se compromete a enviar un instructivo que regule el proceso de subcontratación y las causales que se invoquen para desvincular funcionarios en el sector público, y a la creación de once comisiones para estudiar diversos asuntos específicos, todos de orden laboral.

El proyecto de ley que da curso a este acuerdo y que fija su costo Fiscal fue aprobado ya rápidamente por la Cámara de Diputados (con excepción de una norma ajena a esta materia) y cabe suponer su pronto despacho total. Es destacable la unidad con que actuaron en esta oportunidad los dirigentes que representan a los distintos grupos de trabajadores involucrados, encabezados ahora por la Presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, así como la satisfacción manifestada tanto por el Ministro de Hacienda como por su colega de Trabajo ante la fluidez con que operó el consenso obtenido, a diferencia, por ejemplo, de las dificultades habidas para convenir el monto del salario mínimo. Es posible que, aparte del alza del reajuste en relación al de 2011 y de los bonos aludidos, haya influido en ello el mecanismo establecido para fijar exigencias a la negativa a renovar la permanencia de personal a contrata, tema potencialmente conflictivo.

A propósito de esta negociación, no está de más recordar que un estudio de Libertad y Desarrollo estableció que, en promedio y para edades y niveles de educación similares, los trabajadores del sector público ganaban ya entre un 4 y un 10% más que sus equivalentes del sector privado, además de gozar de mayor estabilidad laboral. Ello difiere de la situación que se da en muchos otros países, donde las ventajas y beneficios derivados de trabajar en esa área conducen a una menor remuneración promedio, mientras en Chile la tendencia de la última década va en sentido contrario. Dentro del conjunto de empleados, en el caso preciso de aquellos que trabajan en empresas en ambos sectores es donde se da la mayor diferencia. Más aun, se advierte que en el ámbito privado hay sistemas que permiten vincular los salarios a la productividad.

Con ocasión de ese informe y sin perjuicio de reconocer como posibles las cifras que contiene, el Presidente de la Anef, Raúl de la Puente, lo objetó, entre otras razones y contra lo afirmado allí respecto de la estabilidad, por la precariedad que afecta, según señaló, a los ciento veinte mil funcionarios del Gobierno central que trabajan a contrata o a honorarios y que constituye a su juicio un grave perjuicio para ellos, argumentación que refuerza la importancia que pueden tener el futuro análisis de ese problema por las comisiones convenidas en el reciente acuerdo y las consecuencias que de allí se deriven.

Escándalo en acreditación universitaria.

Un grave escándalo se ha producido por el otorgamiento presuntamente fraudulento de certificaciones por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a algunas universidades. La información que ha dado a conocer la Contraloría General de la República revela que la entidad no contaba con los requerimientos mínimos para que funcionara un organismo con tan altas responsabilidades. Del informe se desprende que es plausible que se hayan cometido los delitos de los que se acusa a altas Autoridades de algunas instituciones de educación superior y al ex Presidente subrogante de la propia comisión.

Casi simultáneamente con la entrega del informe de la Contraloría fueron formalizados por delitos de cohecho, soborno y lavado de dinero el ex Rector de la U. del Mar -entidad que detonó la crisis-, el ex Rector de la Universidad Pedro de Valdivia -quien había ocupado altos cargos en las Administraciones de los presidentes Aylwin y Frei-, y el ex Presidente de la CNA. Asimismo, obran antecedentes en poder del Ministerio Público que podrían involucrar a otras universidades presuntamente extorsionadas por el titular de la comisión para contratarlo a él o a sus familiares como medio para conseguir la acreditación.

La CNA fue creada en 2006 como parte de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior que fue impulsado por el Gobierno del Presidente Lagos. En su oportunidad surgieron numerosas objeciones a la creación por el Estado de un ente cuyas decisiones, en cierta forma, harían posible o no la existencia de las universidades privadas. Antes de que apareciera este mecanismo se abrían y cerraban carreras todos los años como respuesta de las universidades a las exigencias de la sociedad, llegando a cerrarse más de 100 carreras el año anterior a la creación del sistema que supuestamente iba a asegurar la calidad de las que se ofrecieran.

Algunos de los planteles privados reaccionaron fuertemente en contra de la creación de un sistema semejante, pues anticiparon que habría conflictos de intereses en el mundo académico que, dado su reducido tamaño, de hecho tendría tanto que acreditar como ser acreditado.

Este sistema debe ser ahora revisado completamente. Hay aprensiones de los críticos de la ley que se han cumplido y sería un error negarlo. El medio académico chileno es pequeño, y los mismos profesores participan en universidades privadas y públicas, tradicionales y nuevas, y forman ellos mismos las agencias encargadas de la acreditación. Cabe también examinar la filosofía del sistema, pues si bien el mercado puede presentar fallas -en especial cuando la información con que cuentan los interesados es tan insuficiente como lo es respecto del futuro de una carrera universitaria-, los organismos Estatales han demostrado una y otra vez que también tienen deficiencias que pueden ser muy serias.

El actual Gobierno ha planteado una nueva legislación y tendrá que llegarse a ello tarde o temprano. Pero entretanto será necesario adoptar algunas medidas correctoras, en especial para regular debidamente los conflictos de intereses. La apertura a agencias acreditadoras internacionales también puede contribuir a superar muchos de los problemas. La experiencia de unas pocas universidades chilenas con el proceso de acreditación de Estados Unidos -país que no sólo tiene las mejores universidades del mundo según todos los rankings, sino que cuenta con un sistema acreditador de larga tradición- ha resultado muy diferente. El proceso que utilizan es más largo y más complejo, pero da mayores seguridades y contribuye a un perfeccionamiento de los planteles. Tras los conflictos sociales por la educación, los poderes públicos debieran actuar con celeridad, buscando arreglar el sistema que ellos mismos crearon hace pocos años.

Propuesta para la redacción de un nuevo Código Penal.

El Ministro de Justicia ha señalado que la decisión Presidencial de designar una comisión de expertos que se aboque a redactar un nuevo Código Penal obedece a la necesidad de actualizar y sistematizar este cuerpo punitivo, que data de hace 138 años y que sólo ha sido objeto de adaptaciones en materias específicas. En particular, existen figuras delictivas que ya no se justifican, otras cuya penalidad y descripción no responden a necesidades modernas y algunas que no tienen penas adecuadas que estén en consonancia con los valores que protegen.

El imperativo de actualizar y sistematizar el Código Penal vigente es indudable. Se trata de una tarea de largo aliento y lo deseable habría sido que se acometiera al inicio del período Presidencial, para asegurar la conclusión de la tarea dentro del mismo. Ahora cabría esperar que esta iniciativa no pierda fuerza por el hecho de que concretarla tomará un lapso que necesariamente excederá el que resta al Gobierno. En este sentido, es importante que el Ejecutivo recabe un compromiso de los distintos sectores políticos.

El código criminal vigente fue concebido en otra época y contiene figuras que carecen de sentido o que no se justifica que sean reprimidas con el castigo propiamente penal, como ciertas faltas (tener maceteros en ventanas que den a una vía) que más bien corresponden a infracciones a ordenanzas locales. Por otra parte, hay casos de delitos que tienen asignadas penas que no corresponden al valor que protegen. Es el caso del homicidio simple, cuya pena oscila entre cinco y 15 años de presidio: el mínimo, cuando no se es reincidente, puede determinar que no se cumpla pena efectiva o sólo una menor. De ese modo, hay una minusvaloración de la vida, lo que no es admisible. También llaman la atención las bajas penas que tienen el cohecho y cualquier forma de malversar o defraudar fondos públicos. No debe entenderse que el objetivo de la reforma sea exasperar las penas, sino que ajustar aquellas que no sean coherentes con valores fundamentales y los requerimientos actuales de la sociedad.

Generar un cuerpo legal orgánico y sistemático en materia penal se justifica también para lograr coherencia y armonía en el tratamiento y penalidad de las distintas figuras. Muchas de aquellas que son requeridas por la vida moderna, como los delitos informáticos o medioambientales, han sido contempladas en leyes posteriores que naturalmente están dispersas, lo que conspira contra el objetivo de lograr unidad y sistematicidad, pero además contra el imperativo jurídico de que las conductas que están castigadas sean cabalmente percibidas por la ciudadanía. Más todavía, ello da lugar a problemas de interpretación, como ha sucedido con la derogación de los delitos contra la libre competencia, que ahora se pretende sean castigados conforme con figuras en desuso contempladas en el Código Penal. Finalmente, es necesario hacerse cargo de omisiones importantes, como es la administración desleal o fraudulenta, contemplada en otras legislaciones y que en Chile no tiene sanción penal propia, lo que alienta la mala fe en la gestión de negocios o patrimonios ajenos.

No se conocen aún los integrantes de la comisión de expertos y los términos de su mandato, pero es de esperar que asuman la tarea con la profundidad que demanda, la que requerirá de amplio sustento político, pues probablemente pasarán varios años antes que su trabajo resulte en un nuevo Código Penal.

Ingrato episodio.

Un complejo escenario enfrenta el director técnico de Colo Colo, luego de que éste protagonizara un accidente de tránsito en el que también estuvo involucrado el conductor de un taxi. Tras el choque, el entrenador señaló públicamente que quien iba manejando el vehículo era su esposa. Sin embargo, la posterior difusión de imágenes de una cámara de seguridad ubicada en la ruta demostró que la versión entregada no era cierta y que él iba al volante. La situación obligó al director técnico a reconocer lo sucedido, lo que a su vez motivó una indagación interna de la institución policial, que derivó en la baja de tres efectivos, debido a errores que cometieron en ese procedimiento. Asimismo, la entidad descartó que se les haya entregado indumentaria deportiva a los uniformados involucrados.

El rechazo generalizado que ha provocado este episodio deja en evidencia que la sociedad chilena no parece dispuesta a tolerar conductas de este tipo. Faltar a la verdad no resulta aceptable hoy para las figuras públicas, a las que la gente les exige actuar con transparencia y con apego a criterios éticos mínimos. Este estándar es aplicable a autoridades, legisladores, artistas y deportistas, entre otras personalidades. En este caso, el episodio se ve agravado al tratarse del entrenador de uno de los principales equipos del país, quien, por lo mismo, está obligado a mantener un comportamiento acorde con dicha responsabilidad.

Debido al gran interés que despierta, la actividad deportiva recibe una atención mediática inmensa, a la que sus protagonistas deben habituarse. La alta exposición a la que se ven sometidos los obliga a desarrollar maneras de presentarse que deben partir por el respeto al público y a la verdad. La excelencia técnica no es suficiente hoy en el ambiente de la alta competencia; también es necesaria la capacidad de mostrar un discurso coherente con los valores de la actividad deportiva y la convivencia social.

Problemas de la Ciudad Parque Bicentenario.

El proyecto de la Ciudad Parque Bicentenario ha tenido accidentada historia, pese a su potencial para remozar una parte deprimida de Santiago. La oposición de grupos asociados a la aviación civil a eliminar el aeropuerto no ha cedido, y sigue enfrentando juicios que impiden su desarrollo.

Ocupa las 250 hectáreas del antiguo aeropuerto, y en él existe un gran parque de 70 hectáreas, mientras el resto del terreno se destina a un proyecto inmobiliario integrado de grandes dimensiones, con servicios diversos que cubrirían gran parte de las necesidades de sus varios miles de futuros habitantes. Estaría cercano al centro, con excelentes accesos y una estación de la futura línea 6 del Metro.

La conversión de un aeropuerto enclavado en la ciudad en un espacio urbano de alta calidad puede ser una valiosa renovación urbana, pero este argumento no ha convencido a quienes piensan que fue un error cerrar el único aeropuerto alternativo a Pudahuel.

Tal vez el error no radicó en el cierre en sí, sino en el haber procedido precipitadamente a él en 2006, sin haber dispuesto de un aeropuerto alternativo ya terminado que ofrecer a los usuarios de Cerrillos -un terminal aéreo civil que es normal y necesario en una ciudad de las dimensiones de Santiago-. Actualmente la opción elegida, en Peldehue, recién está en los primeros años de desarrollo y falta aún mucho para que se pueda utilizar. Entretanto, cabe suponer que se reactivará periódicamente la polémica sobre las ventajas y los riesgos de aeródromos ubicados en otros sitios urbanos, como recientemente ocurrió respecto del de Tobalaba.

Parece improbable que, a estas alturas del caso, los opositores a la Ciudad Parque Bicentenario realmente crean aún posible devolver los terrenos a su uso original. Siendo así, la opinión pública no tiene cabalmente claro el objetivo de los litigios judiciales aún en pleno curso. ¿Se trata de hostigar un proyecto que estiman desafortunado, para marcar una posición de principio? ¿Existen acaso otras razones? ¿Está definitivamente clarificada la situación -que también fue enarbolada en su hora- relativa a la destinación específica que en 1928 fijó el donante original de los terrenos, el filántropo estadounidense Daniel Guggenheim, y que no era la de un proyecto inmobiliario?

Las actuales Autoridades -que ninguna participación tuvieron en la génesis de esta iniciativa, durante el Gobierno del Presidente Lagos- harían bien en esclarecer integralmente la situación presente. ¿Se puede llevar a cabo esta Ciudad Parque, o hay obstáculos ambientales (u otros) no salvables? El costo de la incerteza es severo, porque resulta difícil financiar semejantes proyectos inmobiliarios cuando pende la amenaza de un fallo judicial adverso. En la práctica, se observa que este emprendimiento no avanza y, entretanto, esos terrenos yacen sin aprovechamiento conocido, junto a un parque hermoso, pero hasta ahora virtualmente vacío.

Licitación del espigón de Valparaíso.

Ante un requerimiento de la Empresa Portuaria de Valparaíso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolvió -con voto dividido- permitir que los actuales concesionarios de terminales en la V Región puedan participar en la licitación de la concesión del segundo terminal en dicho puerto. Esto reduce la probabilidad de una licitación desierta, como ocurrió hace pocos años, al licitarse simultáneamente los espigones de San Antonio y Valparaíso.

El motivo para licitar este terminal es que sólo así se llevarán a cabo las inversiones en infraestructura necesarias para que los puertos no se congestionen, o que por un largo período quede un solo terminal con capacidad excedentaria. El rápido crecimiento de la carga marítima por el desarrollo de nuestro comercio requiere una expansión urgente de la infraestructura portuaria de la V Región. De lo contrario, nuestros costos comerciales podrían aumentar, lo que sería un freno al crecimiento. De allí que convenga asegurar que las inversiones en Valparaíso se realicen.

Al analizar las condiciones de competencia en la V Región, el TDLC advierte que si bien hasta ahora los terminales concesionados se han comportado en forma competitiva, el concesionado en Valparaíso ha alcanzado su máxima capacidad, por lo que el internacional de San Antonio es el único con capacidad de recibir los aumentos de carga, convirtiéndose en un proveedor monopolista. Esto se mantendrá hasta que se construyan las obras comprometidas en el Terminal Costanera de San Antonio, cuya primera fase obligatoria estará completa a fines de 2015 o principios de 2016. Sería conveniente que la Empresa Portuaria de San Antonio informe si hay retrasos en las inversiones planificadas respecto de los calendarios establecidos en la licitación.

El tiempo que tardará la entrada en servicio del terminal Costanera es uno de los motivos por los que el TDLC aceptó la participación de los actuales concesionarios, evaluando el costo de tener tres y no cuatro competidores en la V Región contra el riesgo de una licitación nuevamente desierta. Por lo demás, fijó una serie de condiciones que buscan asegurar un comportamiento competitivo. Por eso, distingue entre los participantes entrantes y los concesionarios existentes. Una vez abiertas las ofertas, si la mejor es de un concesionario actual, los oferentes externos podrán igualar la oferta, en cuyo caso el que lo haga recibirá la concesión. Este ingenioso mecanismo significa que un concesionario actual, para obtener la concesión, debe hacer una oferta tan atractiva, que no logre ser igualada por un operador nuevo.

El Tribunal también desea garantizar que las inversiones comprometidas se realicen a tiempo. Para eso, exige que la Fiscalía Nacional Económica informe cada dos años sobre el cronograma de inversiones propuesto por el adjudicatario. Su incumplimiento permitiría ejercer acciones por infracción a las leyes de competencia. Más aún, el TDLC precisa que el incumplimiento culpable de las obligaciones del concesionario respecto de las fechas de puesta en servicio de las obras comprometidas se calificará como grave y será causal de término de la concesión.

Así, el TDLC ha realizado un acucioso análisis de los problemas de competencia presentes y futuros en los puertos de la V Región, y su decisión de mayoría es una acertada combinación de prevenciones y permisos que aseguran que, pese a que en los próximos dos a tres años habrá relativamente poca competencia portuaria -hasta que entren en servicio las obras comprometidas en los nuevos terminales concesionados-, a partir de 2016 y por varios años habrá suficiente capacidad para hacer frente al crecimiento del comercio internacional.

Mañana se inicia la Teletón.

Hemos planteado permanentemente, y desde el inicio de esta obra benéfica, nuestro desacuerdo con la formula de financiamiento, porque creemos que es una función Estatal ineludible, pero, dado a que los Gobiernos han sido renuentes a cumplir con esta obligación, llamamos a nuestros amigos y amigas a acudir a las oficinas del Banco de Chile y ser generosos y recordando a San Alberto Hurtado “dar hasta que duela” por el bienestar de nuestros niños y jóvenes discapacitados.

La meta es dificultosa, bordea los 22 mil millones de pesos, cifra necesaria para mantener la fundación Teletón por los próximos dos años, no debemos olvidar que en 2013 no se realizarán estas jornadas solidarias por la realización de las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, lo que obliga a duplicar la recaudación que permite sostener los 11 institutos que hay a lo largo del país y en los que se atiende anualmente a  más de  26 mil niños y jóvenes hijos de nuestra tierra.