martes, 20 de julio de 2010

Indulto, un tema complejo, pero necesario

Vocero de Gobierno se refiere a indulto Bicentenario.

Manteniendo la postura del Gobierno, respecto a que no habrá un pronunciamiento oficial de parte de La Moneda antes que la Iglesia entregue su propuesta formal de indultos para el Bicentenario, la ministra vocera de Palacio, Ena von Baer afirmó el Ejecutivo sí tiene claro cuáles son sus prioridades en la materia.


La Secretaria de Estado dejo que "Por una parte, es la seguridad pública, por otra parte, es la misericordia, pero también la unidad nacional", asegurando que serán escuchados todos los credos que quieran expresar su opinión frente al tema, especificando que el tema no está en el Programa de Gobierno y que es una iniciativa de la Iglesia Católica.



Informe Ravinet: Los siete criterios para abordar eventuales beneficios a uniformados.

Documento excluye de cualquier beneficio a condenados a presidio perpetuo simple o calificado o a más de una sentencia a pena aflictiva.


Un detallado documento, donde se analizan los criterios para enfrentar eventuales beneficios a uniformados condenados por causas de derechos humanos, recibió el Presidente Sebastián Piñera de su Ministro de Defensa, Jaime Ravinet. El texto salta a la palestra en la semana en que el Mandatario debería recibir la propuesta de “Indulto Bicentenario” por parte de la Iglesia Católica. Y cuando el propio Piñera ha dejado establecido que —si bien no ha tomado una decisión frente a la materia— para él la “clemencia” debe implementarse sin hacer distinción entre civiles y militares.


El texto enviado por Ravinet hace al menos siete consideraciones para enfrentar los casos de DD.HH., dejando expresamente excluidos tanto de beneficios carcelarios como de un eventual indulto a quienes hayan sido condenados a presidio perpetuo simple o calificado o sobre quienes recaigan más de una sentencia condenatoria a pena aflictiva, con lo cual en la práctica quedan fuera de cualquier decisión en este ámbito sentenciados emblemáticos, como el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien cumple una condena por 294 años y, entre otros, el brigadier (r) Pedro Espinoza. Pero también analizan por separado los beneficios carcelarios y el indulto general. En este último caso se plantean cinco criterios: respecto de los mayores de 70 años, los condenados menores de 70 años, quienes hayan cumplido más de la mitad de la pena, quienes padezcan alguna enfermedad grave y el período por el cual deberían regir los beneficios de una eventual ley.


Conductas “graves”: Fuera


El texto señala como “primer criterio fundamental, aplicable tanto a los beneficios penitenciarios como al indulto general, se ha estimado dejar fuera” en consideración a “la gravedad de las conductas sancionadas, a aquellas personas que en causas de DD.HH. han sido condenadas a presidio perpetuo simple o calificado o sobre quienes ha recaído más de una sentencia condenatoria a pena aflictiva”.


Luego, aborda por separado el tema de los posibles beneficios carcelarios y un eventual «indulto general».


En la primera área, hacen notar que los uniformados no han tenido acceso a beneficios y la necesidad de corregir algunas situaciones. Según el informe de Ravinet, “en relación a estos beneficios, tales como remisión condicional de la pena, libertad vigilada y reclusión nocturna —establecidos en la Ley 18.216 y de la Libertad Vigilada—, salidas y permisos administrativos al personal de las FF.AA. y de Orden, muchas veces no se cumple con requisitos menores, como capacitación u otros, por lo cual se ve impedido de acceder a los mismos”. Así, para “corregir” esta realidad, se propone el “otorgamiento de estos beneficios por una sola vez, en virtud de una ley, con el solo cumplimiento de tiempo de condena privativa de libertad y buena conducta”.


Indulto: Cinco consideraciones


Ante el escenario de un “indulto general”, se señala que los hechos que motivaron las condenas a uniformados se produjeron principalmente entre 1973 y 1990, razón por la cual en el informe prevalecen criterios de edad, enfermedad y el tenor de la sentencia impuesta.


Al igual que en el caso de los beneficios, se evalúa la posibilidad de aplicar determinados criterios, siempre y cuando las personas no hayan sido condenadas a presidio perpetuo simple o calificado o la existencia de más de una sentencia judicial condenatoria a pena aflictiva. La situación de quienes no caigan en esas categorías, plantea el informe, podrá ser analizada a la luz de cinco criterios:


—Condenados mayores de 70 años: Atendida su edad, se propone “conmutar sus penas privativas de libertad por medidas alternativas, restrictivas de la misma, tales como libertad vigilada, remisión condicional” u otras análogas que establezca nuestro ordenamiento jurídico.


—Condenados menores de 70 años: Se plantea la posibilidad de “reducción del 50% de la condena”, independientemente del tiempo que lleven cumpliendo su sentencia. Además, se les hace extensiva la opción de acceder a beneficios intrapenitenciarios que se otorgan una vez que se han cumplido determinados requisitos.


—Condenados que hayan cumplido más de la mitad de la pena: Se propone que sean “beneficiarios con medidas de cumplimiento alternativo de sus penas de libertad”.

—Enfermos graves: Se aplica a quienes padecen una enfermedad considerada “grave o terminal” o que haga “aconsejable” el cumplimiento de las sentencia en un régimen alternativo, ello, “sin excepción de su edad” y siempre que se encuentre “médicamente certificada”. Para esos casos, se propone el “cumplimiento alternativo en su domicilio u otro lugar”.


—Duración: Se plantea que los beneficios de la ley estén vigentes para quienes actualmente están condenados a penas privativas de libertad y “también para aquellos cuyas sentencias queden ejecutoriadas dentro del plazo de un año después de la promulgación de la ley”. El fundamento que se da para ello es la “larga tramitación” de estos procesos.

(El texto del informe Ravinet fue tomado de Diario La Segunda)



Iglesias Evangélicas presentarán su propia propuesta de indulto.

El Obispo Emiliano Soto pidió al Estado un compromiso con la rehabilitación y la inserción laboral. Además, cuestionó a la Iglesia Católica por el manejo que ha tenido en este tema.

En medio de la polémica que ha generado la anunciada propuesta de "indulto Bicentenario" que presentará la Iglesia Católica al Gobierno, la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas anunciaron que también presentarán su propia propuesta de indultos, la que será dada a conocer este viernes.


Al respecto, el presidente de la entidad religiosa, Emiliano Soto, afirmó que "creemos que es muy importante que el Estado de Chile, en este Bicentenario, se comprometa en una propuesta de oportunidad de rehabilitación para todas las personas privadas de libertad y que pueda ofrecer plaza de trabajo", según consignó Cooperativa.


En esa línea, el Obispo Soto hizo un llamado al Ejecutivo a considerar todas las posturas respecto a este tema antes de tomar una decisión. "Lo que nosotros proponemos es que revisemos caso a caso y no regalemos un 'perdonazo' a todo el mundo ni seamos más misericordiosos que Dios", afirmó.


Soto adelantó que la propuesta del mundo evangélico no se opone a indultar a ex militares, pero sí pone énfasis en que hay que hacer diferencias respecto a la participación que éstos tuvieron en los delitos por los que fueron condenados, distinguiendo a quienes dieron órdenes de aquellos que las recibieron.


Además, el Obispo cuestionó a la Iglesia Católica por el maneja que ha tenido en este tema. "Creemos que la Iglesia Católica entra un área que excede ampliamente la competencia de la fe, más allá de buscar el indulto para quienes hayan cometido delito es mejor configurar un mejor mecanismo que permita reinsertar al que se rehabilita y acoger al que se arrepiente", afirmó.

(Texto de declaraciones del Obispo Soto fue tomado de Diario La Tercera.)



Nuestra posición sobre el tema:

Creemos que no ha habido una Justicia imparcial, ni se ha proporcionado el debido proceso, ni se han aplicado las normas Legales vigentes en Chile, ni se ha concedido a los acusados los beneficios que les otorgan las Leyes, por lo que consideramos que indultar estas condenas es solo un acto de reparación y Justicia que depende del Presidente de la República.


Queremos recordar a S.E. que con las mismas Leyes, que ha habido negativa a usar a favor de los Uniformados, se encuentran sentados en el Parlamento personajes que actuaron en sanguinarios actos de terrorismo o quienes internaron armas ilegalmente para matar a chilenos.


Los procesos han estado jalonados de irregularidades, se ha llegado al absurdo de invertir el peso de la prueba, dejando de cargo del imputado el probar su inocencia rompiendo el derecho inalienable a la consideración de la inocencia hasta que el Juzgador haya probado, sin lugar a dudas, la culpabilidad de los procesados.


Se han configurado situaciones que dé nos ser por lo trágicas que resultan serían francamente jocosas, como casos en los que no existen condenados por un delito y en los que si existe un penado por complicidad en la comisión del ilícito. Otros casos en que el acusado resulto gravemente herido de bala en enfrentamientos que se ha considerado no existentes.


Vergonzoso nos parece un fallo de la Corte Suprema que califica de asociación ilícita a un organismo de seguridad creado en conformidad a las Leyes y ordenado por el mismo Gobierno que nombró a miembros de ese alto Tribunal, que de ser ciertas las consideraciones del dictamen, han ocupado ilegalmente los cargos.


Pensamos, que haciendo honor al compromiso del candidato Presidencial Piñera, este debe dar cumplimiento a su palabra de que bajo su Gobierno las Leyes chilenas serían aplicadas por igual para todos los ciudadanos, lo que evidentemente no ha sucedido en estos casos en los que la verdad ha sido grotescamente manipulada.


Desde el Gobierno se ha planteado que se considerarán para el indulto factores como "Por una parte, es la seguridad pública, por otra parte, es la misericordia, pero también la unidad nacional", creemos que los uniformados presos no ofrecen peligros a la seguridad pública y estamos ciertos su liberación contribuye a la unidad del país.


Creemos que el Presidente de la República tiene una oportunidad única de demostrarle al país, y pasar a la historia, como un verdadero Estadista, que cerrando las heridas del pasado, que ciertamente son dolorosas, se desligó de la contingencia que provoca esta situación de antaño, para concentrarse en el bienestar del pueblo y el desarrollo del país.

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