El fin del
mundo pronosticado por pseudocientíficos, filósofos
de
pacotilla y medios sensacionalistas en búsqueda de rating,
no llegó,
eso si a algunos les produjo lucrativas ganancias
jugando
con los temores ignorantes de una parte importante
de la humanidad.
En su casa
de la Comuna de la Reina la ex Presidente
Michelle
Bachelet dijo que ‘’Hay que bajar la angustia,
hablemos
en marzo’’, confirmando que su contrato con
ONU mujer
‘’no está terminado’’, manteniendo silencio
sobre la contingencia.
Y el mundo no se acabó,
por Mario Montes.
Los gurúes de la desgracia, los agoreros que
desde los medios, sean estos escritos o audiovisuales, pronosticaron, haciendo
abuso de fin de calendario maya, hecatombes feroces y el fin del mundo,
provocando en algunos sectores de la humanidad miedos irracionales y angustias muy difíciles de explicar a
aquellos que miraron con indiferencia los fatídicos anuncios de estos personajes.
El accionar de algunos personajillos que
anunciaban la liquidación de la humanidad, generalmente muy cercanos a las
alucinaciones producidas por las drogas, y de medios sensacionalistas no le
pueden causar sorpresa a nadie, pero, que medios supuestamente dedicados a la
cultura, como el cine o canales orientados a la historia se hayan plegado a
esta campaña dedicada a aterrorizar a los pueblos nos parece deben una
explicación a los ciudadanos.
Los que manejaron y manipularon informaciones
con explicaciones pseudocientíficas, con conocimientos inexistentes o con
conocimientos “ocultistas”, y aún aquellos que intentaron lucrar con los miedos
ancestrales de la humanidad, son los
responsables del susto que pasaron muchos millones de seres humanos que durante
meses fueron bombardeados mediáticamente con informes truchos, y en muchos
casos mal intencionados, destinados solamente a alarmar a pueblos por medio de
programas de “entretención” de dudosa calidad y moralidad.
Se vieron en el mundo personas construyendo, acaparando
víveres y agua, elementos para producir electricidad, velas, fósforos o simplemente pilas o baterías, produciendo un
pingue negocio para quienes ofrecían construcciones “indestructibles” y
abastecimientos de sobrevivencia para aquellos que quisieran “salvarse” de la
destrucción supuestamente predicha por los mayas y algunas otras culturas
milenarias.
Se construyó una amenaza cósmica en base a
supuestos falsos, como el que los mayas habrían “profetizado” el fin del mundo,
a lo que agregaron el aumento de las tormentas solares, una poco corriente
alineación de problemas y la aparición de una película llamada “2012” para
crear una psicosis que entre parte importante de los niños y los sectores más
ignorantes de las sociedades provocaron una alarma y temores irracionales.
Tres días de obscuridad, la interrupción del
funcionamiento de los aparatos electrónicos,
la llegada de lenguas de fuego desde el sol eran algunos de los falsos pronósticos
realizados por los desalmados que crearon esta ficción, sea en beneficio propio
o en la búsqueda de rating para los medios en que se desenvuelven, lo que a nuestro
parecer debe ser investigado y los
responsables de la histeria provocada deben ser sancionados fuertemente. No se
puede jugar tan desaprensivamente con los temores de las sociedades ni con los
miedos atávicos de los pueblos.
Roberto Kelly y los Chicago Boys
por Rolf Lüders.
Días atrás falleció Roberto Kelly Vásquez, quien jugó un
papel clave en la adopción de la moderna economía de mercado que tenemos.
Esta -además de sustentar una democracia
estable- ha permitido que el PIB per cápita prácticamente se triplicara desde
1973, que la pobreza cayera al 11%, y que las cohortes más recientes tengan
grados de desigualdad muy inferiores a aquellas de entonces.
A comienzos de la década del 70, José Toribio
Merino, Comandante de la Primera Zona Naval, invitó -según relatan Arancibia y
Balart (2007)- a Kelly a preparar un proyecto de desarrollo, condición que puso
para cualquier iniciativa de las Fuerzas Armadas.
Kelly, quien había formado una importante red
de contactos que incluía a Emilio Sanfuentes, sociólogo con estudios de
economía de la Universidad de Chicago, le encargó a éste la confección del
mencionado plan. Sanfuentes fue entonces el nexo entre tres grupos de estudios
ya conformados e integrados por jóvenes egresados de las universidades Católica
y/o de Chicago: uno en materias coyunturales, dirigido por Sergio Undurraga;
otro con una visión más agregada y general, liderado por Sergio de Castro, y un
tercero compuesto por integrantes de las comisiones técnicas de la Democracia
Cristiana. Sin conocer el origen del encargo, estos grupos prepararon lo que
hoy se conoce como El Ladrillo (CEP, 1992), la hoja de ruta de la revolución
socioeconómica de los años 70 (Fontaine
Aldunate, 1988; Arancibia y Balart, 2007).
Los acontecimientos se precipitaron y El
Ladrillo no se completó el 11 de septiembre. Sin embargo, los borradores
existentes -bastante avanzados- llegaron a manos de Merino por la vía de
Sanfuentes-Kelly. También se sabe que Kelly le entregó a Merino -quien quedó a
cargo de las materias económico-financieras en la Junta de Gobierno- listas de
nombres para encabezar diversas reparticiones del Gobierno. El mismo Kelly fue
nombrado Director de Odeplan, órgano que pasó a coordinar la reforma
económico-social y a velar por el cumplimiento de las labores encomendadas a
los diferentes Ministerios. Kelly no dudó en contratar a un gran número de
economistas jóvenes, la mayoría de ellos recién egresados de las universidades
Católica y/o Chicago. Entre ellos, no puedo dejar de destacar a Miguel Kast.
Las Fuerzas Armadas -a pesar de las
preferencias de Merino- no se inclinaron de inmediato en favor de las
propuestas de los Chicago Boys. Es entonces que Roberto Kelly jugó un papel
clave en traducir las políticas propuestas por los jóvenes economistas en
planes y proyectos concretos, lenguaje familiar para las Fuerzas Armadas,
además de hacer el lobby correspondiente. Esto, junto a una coyuntura
apropiada, indujo al General Augusto Pinochet a fines de 1974 a optar por la propuesta
de los Chicago Boys, en desmedro de alternativas corporativistas o de
capitalismo de Estado.
Realizada la tarea que se impuso, Kelly se
retiró a la vida privada, habiendo sido una pieza clave en la adopción de lo
que llegó a ser conocido como el modelo
económico chileno. Sin ello, seguramente el régimen militar habría pasado a ser
otro Gobierno autoritario más, en vez de tener el carácter refundacional que
tuvo.
Al otro lado del mesón,
por Raúl Ferrada.
Los resultados del estudio de satisfacción de
usuarios 2012 del Consejo para la Transparencia (CPLT) nos permiten
caracterizar a los ciudadanos que dan el paso de reclamar cuando su derecho de
acceso a información no es satisfecho por un organismo público.
Tal como en los tres años anteriores, se trata
en general de hombres (78%), de alto nivel educacional (86% universitaria
completa o superior) y edad adulta (47% entre 36 y 55 años). Frente a esto nos
preguntamos: ¿Por qué las mujeres recurren menos al Consejo?, ¿por qué se
requiere de formación académica para reclamar por este derecho ciudadano?, ¿por
qué jóvenes o adultos mayores no persisten en su derecho a conocer la
información que requieren del Estado?
Podemos argüir, con cierta resignación, que en
acceso a información pública se reproducen las asimetrías en el ejercicio de
derechos que se presentan en otros ámbitos de nuestra sociedad. Sin embargo,
también sabemos que una parte de la explicación se encuentra en la falta de
conciencia de este derecho: sólo un 15% de la población conoce la Ley de
Transparencia y un 11% al Consejo para la Transparencia. Junto con la necesaria
difusión masiva de este derecho a través de campañas de comunicación, existe un
actor clave para la movilización y empoderamiento ciudadano en acceso a la
información: el propio funcionario público.
Cuando un vecino, un beneficiario o, en
general, cualquier usuario de servicio público se acerca a la ventanilla a
pedir el dato que necesita para acceder a un subsidio o postular a una beca u
otro beneficio, la acogida y orientación que se ofrece desde “el otro lado del
mesón” hace la diferencia entre un ciudadano que es habilitado o no habilitado
para ejercer su derecho de acceder a información pública.
Es el funcionario de atención de público, el
OIRS del servicio, el encargado de “Informaciones”, el señor o señora de la
oficina de partes quienes tienen la posibilidad de instar por garantizar u
obstaculizar el ejercicio de este derecho ciudadano. Es necesario que sean
ellos quienes les adviertan a las personas que este derecho existe y luego
faciliten su ejercicio. Ellos son la llave que puede abrir o cerrar esa puerta.
Por otra parte, vemos que en el ejercicio de
fiscalización del CPLT este año, los organismos de la administración central
del Estado cumplen satisfactoriamente, llegando al 96,93% las obligaciones de
transparencia activa que la Ley mandata; esto es, publicar en sus páginas web
cierta información, lo que contrasta con el 6% de los ciudadanos que indica
conocer el espacio “Gobierno Transparente” o banner de transparencia activa.
Vemos que no es suficiente el cumplir con el
mínimo establecido en la Ley, sino que se requiere asumir una actitud más
activa con tal de avanzar en la transparencia pública, y que esto sea percibido
de manera concreta. La adopción de las mejores prácticas por parte de
instituciones colabora en esa línea.
En ello, el rol, voluntad y convicción de los
propios funcionarios es un factor crítico. Son estos funcionarios públicos los
actores claves convocados a promover el derecho de información de los
ciudadanos.
Tacos por lluvia
por Louis de Grange.
En la tarde del miércoles fuimos testigos de un
brutal e inusual taco en gran parte de Santiago. Ello se debe principalmente,
como detallaré a continuación, a la lluvia caída y a la mayor circulación
vehicular producto de las compras navideñas.
Una lluvia como la del miércoles, de más de 20
litros por metro cuadrado, reduce la capacidad vial de las calles en cerca de
un 20% y, al mismo tiempo, es capaz (como hemos presenciado también en otras
oportunidades) de generar problemas eléctricos que inhabiliten el
funcionamiento de decenas de semáforos en la capital y aumenten la frecuencia
de accidentes viales, alterando la normal circulación en múltiples calles de
Santiago. Estos resultados confirman el hecho de que nuestra capital presenta
una escasa oferta vial (9% de la superficie total, la mitad que otras grandes
ciudades como París, Londres y Tokio).
Por otra parte, la fuerte estacionalidad de la
demanda por compras en época navideña exacerba los niveles de congestión, ya
que se efectúan más etapas de viaje en auto. En esta época se realizan varios
trámites de compras antes de regresar al hogar, multiplicando los viajes.
Estos dos aspectos acontecidos en un período
punta tarde de circulación, donde ya se opera cerca de la capacidad, redundan
en un colapso vial. Y lo que vimos en Santiago la tarde del miércoles fue
definitivamente un colapso vial. Viajes de más de tres horas en trayectos que
normalmente tardan 20 minutos.
Pero lo más preocupante de todo es que esto se
repetirá en el mediano plazo en la capital si no se toman las decisiones
correctas de inversión en proyectos de infraestructura de transporte público y
privado, y si no se impulsan medidas efectivas de regulación al uso excesivo
del automóvil. Esto es un dato duro para las Autoridades en un contexto de
planificación del sistema de transporte urbano de Santiago.
Algunas personas, probablemente por
desinformación, argumentaban que no existía un plan de contingencia por parte
de las Autoridades de transporte. Al respecto, es bueno aclarar que eventos de
este tipo no son mitigados con planes de contingencia. De hecho, hay muchísima
más responsabilidad en el distribuidor eléctrico, de quien depende el
suministro energético de los semáforos, que en cualquier repartición pública
relacionada con transporte.
El actual crecimiento del parque automotor en
Chile nos empujará a que situaciones caóticas como las vividas hace dos días
sean más frecuentes. Si queremos enfrentar adecuadamente estos problemas en
cinco años más, debemos iniciar las inversiones necesarias en materia de
transporte urbano.
Finalmente, quisiera hacer algunas breves
reflexiones. Primero, que la lluvia no se puede regular, pero sí el uso del
automóvil y al distribuidor eléctrico. Segundo, una tarificación vial no
hubiera evitado en lo más mínimo el colapso ocurrido. Tercero, una red de
ciclovías es espacio muerto en estas situaciones. Sin embargo, si tuviéramos
más líneas de Metro funcionando, habría ayudado muchísimo a cientos de miles de
chilenos.
Un regalo para Bachelet.
Sólo una sonrisa. La ex Presidenta llegó ayer a
Chile y, en vez de declaraciones, apenas le prodigó ese saludo a la prensa.
Sería absurdo atribuirle a tal gesto, característico de ella, significación
política. Y sin embargo resulta también difícil evitar la comparación entre
aquella risa de la principal carta Presidencial opositora con el ambiente
pesadamente conflictivo en que el oficialismo optó por sumirse en estos días.
El término «optó» no es casual: fue
voluntariamente que distintos actores del sector adoptaron decisiones cuyos
efectos predeciblemente generarían un escenario crítico.
Lo curioso es que la semana se había iniciado
con lo que parecía el intento de La Moneda por apagar a tiempo un incendio: los
cuestionamientos al ahora ex Ministro Teodoro Ribera por el caso
acreditaciones. Pero la medida —políticamente inevitable— de remover al ex Secretario
de Estado terminó avivando otros fuegos. Así, sirvió para que el timonel RN,
Carlos Larraín, en gesto inicialmente dramático, aprovechara de desahogar su
historial de cuentas pendientes con el Gobierno y anunciara una renuncia
indeclinable de la que luego —tras gestiones del candidato Presidencial, Andrés
Allamand— terminó echando pie atrás. Pero si en ese momento el balance hablaba
de un Allamand que se mostraba —coherente con su perfil de campaña— como un
político capaz de desatar nudos, su propia decisión de luego hacerle un gesto a
Larraín y sumarse a las críticas de éste hacia La Moneda, terminó dejándolo
como objeto de una dura respuesta Gubernamental, con llamados a la lealtad
emitidos por la Ministro vocero... precisamente la única Secretaria de Estado
RN en Palacio. Y aunque el Jefe de Gabinete, Andrés Chadwick, optó por suavizar
la artillería (incluso negando que los Presidenciables hubieran adquirido algún
compromiso de no criticar al Ejecutivo), el episodio dejó al Presidenciable en
un escenario que difícilmente le reditúa: el de los conflictos políticos de
difícil comprensión para una ciudadanía que, al margen de sutilezas, mira con
escepticismo y reprobación las renuncias que no se concretan y los
enfrentamientos entre aliados.
¿La Moneda como blanco? Sería apresurado sacar
demasiados cálculos del impacto que todo esto pueda tener para la opción de
Allamand, cuando la interna oficialista se halla en estado embrionario. Con
todo, es claro que lo ocurrido daña a la coalición en su conjunto y a su oferta
de Gobernabilidad. Y este último punto no tiene sólo que ver con las opciones
del sector en los comicios de 2013, sino también con el más urgente tema de su
desempeño actual. Las críticas públicas de Allamand al “déficit político” de La
Moneda, aunque posteriormente atenuadas, no son las primeras, pero han sido las
más duras que recibe el Ejecutivo de parte de un Presidenciable de la centroderecha
desde que el ex Ministro dejó el Gabinete. El tema es que con ellas vuelve al
primer plano uno de los riesgos que se visualizaban en Palacio frente al
adelantamiento de la carrera 2013: el de candidatos oficialistas que terminaran
criticando a un Gobierno que tiene baja popularidad. Claramente, La Moneda no
puede pretender que Allamand y Golborne se transformen en meros difusores de la
obra del Presidente Piñera o que eviten marcar diferencia alguna con éste y que
no puedan manifestar sus desacuerdos. El peligro para el Ejecutivo, sin
embargo, es que den un paso más allá del comprensible perfilamiento y alimenten
factores de desorden en la coalición. Eso, en un sector que carece de mayorías
en el Parlamento y cuando ronda el fantasma del pato cojo, puede ser una
dificultad para el buen término del Gobierno. Tampoco ayudan las vocerías desde
Palacio que insinúan quiebres de “lealtad”, porque es llevar el debate a lo
subjetivo, alimentando los malestares, en circunstancias que una crítica no es
sinónimo de ataque y deslealtad.
Sin duda es difícil equilibrar el cuidado de la
unidad oficialista y el derecho a opinión, pero si hay un lujo que no puede
darse la Alianza, es precisamente el de la conflictividad interna.
Hora de postergar. Probable efecto del
favoritismo que le han dado la expectante posición de Bachelet y el resultado
de las Municipales, la Concertación parece subordinar su abundante caudal de
diferencias al objetivo prioritario de volver al poder. Los conflictos no son
pocos, y van desde lo estratégico a lo programático, pero el ansia de retornar
a Palacio parece imponer un límite a los desbordes... o al menos posponerlos.
En ese panorama, discusiones como la de si el PS-PPD debe o no proclamar a
Bachelet antes de que la DC tenga su primaria son reveladoras. En efecto, si
los nombres que compiten en el falangismo tuvieran alguna posibilidad de
emerger como competidores reales de la ex Presidente, ese debate simplemente no
existiría.
Otra discusión de estos días, menos ruidosa,
parece más relevante: la referida a la disciplina de quienes sean Parlamentarios
en el próximo período, donde incluso sectores PPD piden dar una señal a
propósito de los Diputados que, saliéndose de la línea oficial, apoyaron el
acuerdo DC-Gobierno en la Ley de Pesca. Es que, con un sistema de primarias que
en la práctica reduce el poder de las directivas en la selección de candidatos
y con la existencia de fuertes diferencias respecto de temas tan básicos como
el rol del Estado en la economía, el nivel de ordenamiento que pudiera mostrar
la actual coalición opositora en un eventual Gobierno bacheletista permanece
como incógnita futura.
Postergación de los reavalúos de viviendas.
En apenas una semana, el Congreso tramitó el
proyecto de ley que posterga un año la entrada en vigencia del reavalúo de los
bienes raíces urbanos con destino habitacional, que debía entrar en vigencia el
1 de enero próximo. En su aprobación incidió que las Comunas que observarían un
mayor incremento en el Impuesto Territorial (contribuciones) con el ajuste en
la tasación serían de clase media, como Maipú, La Florida, Quilicura, Calama y
Puerto Aysén, afectando a unas 780 mil familias. La vigencia ya había sido
postergada con ocasión del terremoto, en que la emergencia lo justificaba. La
nueva Ley contempla que el reavalúo se hará cada cuatro años, en vez de cinco,
para minimizar el impacto de la actualización de la tasación de los inmuebles.
Si bien es cuestionable que las leyes se
modifiquen por consideraciones políticas cada vez que afectan a algún sector
específico -particularmente si es a último momento y sin mayor estudio-, lo
ocurrido con el reavalúo de las contribuciones pone de manifiesto el efecto que
está teniendo la creciente carga tributaria sobre la población, cuando
supuestamente ella sólo impacta a quienes tienen mayores ingresos, y lo
inadecuado que resulta este gravamen. En realidad, es un tributo de carácter
patrimonial, al gravar el valor de un bien sin considerar el ingreso de que se
dispone.
El producto de las contribuciones se destina
totalmente a fines locales, ya sea porque su producto lo recibe directamente la
Comuna en que se encuentra el inmueble o el Fondo Común Municipal, con el fin
de solventar los servicios que reciben de los habitantes de las distintas Comunas.
Por lo mismo, su monto debería estar en directa correlación con éstos. Pero en
la práctica no es así, porque en muchos casos los excede y son redestinados a
otras Comunas, con el objetivo de que las más “ricas” subvencionen a las más
“pobres”. Sin embargo, el sistema de reavalúo, que persigue captar el tributo
con aproximación al valor de mercado de cada bien raíz, ha determinado en esta
oportunidad que un gran número de ellos deje de estar exento o se incremente
significativamente el valor afecto, con la consecuencia de que se eleve el
monto a pagar, a pesar de que los ingresos de las personas no hayan variado
sustancialmente, todo ello en función de los cambios al alza que ha
experimentado el mercado inmobiliario, y sin que vayan a percibir mejores
servicios.
Este fenómeno se ha extendido a Comunas
emergentes, que verían un incremento importante en el valor de las cuotas
trimestrales, lo que afectaría, sobre todo, a familias de clase media, lo que
explica la rápida aprobación de una postergación para evitar costos políticos.
Sin embargo, la situación se repetirá a fines del próximo año, justo después de
las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, y no es posible descartar otra
súbita postergación sin que se haya hecho un análisis de fondo del asunto para
replantear el sistema de financiamiento de los Gobiernos locales, estableciendo
un sistema eficiente, justo y ajeno a consignas simplistas.
Es alentador que el Ministro de Hacienda haya
dicho que la postergación es prudente para tener un período de un año para
analizar los efectos del reavalúo. Es de esperar que este análisis se realice,
para evitar nuevas prórrogas urgentes dictadas por la coyuntura que terminan
desacreditando la efectividad de las leyes y el rigor del trabajo Parlamentario.
Enap: otra reforma pendiente.
El anuncio de la venta de los activos que Enap
mantiene en el exterior es coherente con su saneamiento financiero y con la
necesidad de concentrar sus operaciones en su objeto esencial: la refinación de
combustibles nacionales e importados y el desarrollo de sus explotaciones de
hidrocarburos en Magallanes. Salvo los emprendimientos de la empresa estatal en
Perú, los restantes, en Ecuador, Argentina y Egipto, son de elevado y
previsible riesgo político y económico.
Pero la disposición de estos activos
prescindibles está lejos de solucionar los problemas de fondo que amenazan la
viabilidad de Enap e impiden la incorporación de capitales privados para su
normal funcionamiento. Desde luego, es imperativa la reforma de su anacrónico y
distorsionador estatuto orgánico. Su régimen de Gobernabilidad, que la priva de
toda autonomía, ha sido causa fundamental de su gravísimo deterioro y razón
principal de la distorsión del cumplimiento de los fines para los que fue
creada. La integración corporativista de su directorio y su total dependencia
del Poder Ejecutivo la exponen a formidables presiones políticas, sectoriales,
gremiales y Regionales que ponen en riesgo su eficiente y profesional
administración. Tan poderosas son estas influencias externas, que han logrado
que sucesivos Gobiernos no hayan podido modificar su Ley Orgánica para corregir
el sistema de integración de su directorio, someterla al sistema de empresas
públicas (SEP) y para abrir un espacio para la incorporación de capitales
privados. Llama la atención que en el actual período Presidencial y en esta Legislatura
no se haya aprovechado la reforma del estatuto de Codelco para introducir
cambios parecidos al Gobierno corporativo de Enap. Este inmovilismo del
Gobierno y de los Legisladores tiene variadas y negativas repercusiones: es una
señal de que esta reforma estructural nuevamente quedará postergada para una
futura Administración y es un motivo para desalentar la necesaria
capitalización parcial de los préstamos, cuyo abultado servicio podría
conducirla a la quiebra, de no mediar la garantía Estatal.
En anteriores administraciones Enap ha sido
utilizada para servir favores políticos, financiar el Transantiago, otorgar
escandalosas indemnizaciones a sus directivos, asumir a pérdida el subsidio del
suministro energético a Punta Arenas, financiar fijaciones artificiales del
precio de los combustibles e, incluso, aventuras de política exterior en
Argentina, Ecuador y Venezuela. Nada impide que estas repudiables situaciones
se repitan a menos que se cambie su estatuto legal.
Mas no todas las que proporciona Enap son malas
noticias. Cabe destacar su impulso fundamental para la construcción de la
planta de gas natural licuado de Quintero, que ha sido trascendental en el
abastecimiento de una fuente más limpia, segura y económica de energía. A
partir del próximo año, este suministro permitirá rebajar los costos de
operación de Enap y de electricidad para gran parte de la población. A eso se
agrega que los dos últimos Gobiernos emprendieron programas de reducción de
personal sobrante y de racionalización de las remuneraciones. También se ha
logrado que este año continúen las medidas internas para aumentar su
eficiencia, que el presupuesto de la nación se haga cargo del subsidio del gas
para el abastecimiento de Magallanes, y que el presupuesto de la empresa para
2013 contemple el compromiso de revertir las pérdidas del actual ejercicio.
Para aumentar la transparencia, permitir el control público del cumplimiento
presupuestario, y dado el carácter monopólico de Enap, nada impediría que dicho
presupuesto se conociera íntegra y públicamente.
Primeras medidas Alcaldicias.
Alcaldes que recientemente han asumido o
reasumido en diversas Comunas -ahora con la responsabilidad de cumplir lo que
prometieron en sus campañas- han anunciado sus primeras medidas. Naturalmente,
con variadas modalidades, salud, educación y seguridad pública ocupaban, en
general, los primeros lugares en sus programas.
En la práctica, un porcentaje significativo de
los nuevos optó como primera medida por la realización de auditorías externas
sobre la situación del Municipio -esto es, la revisión de su contabilidad para
asegurarse de que no han existido irregularidades-. Eso es razonable, en aras
de la transparencia, la corrección y el deslindamiento oportuno de
responsabilidades, y tanto más en un sistema aún tan imperfecto como lo es,
lamentablemente, nuestra administración Municipal, pero ciertamente pone el
acento en algo que interesa relativamente menos a los ciudadanos, que esperan
renovación de la gestión y soluciones perceptibles para sus problemas.
En otros casos, los Alcaldes han decidido
abordar como sus primeras medidas el acelerar obras impulsadas durante su
administración anterior, ampliar acciones de seguridad ciudadana, convocar a
claustros en cada comunidad escolar de su Comuna para poner en marcha planes de
recuperación de la educación pública, estudiar junto a las Autoridades de Gobierno
variados mejoramientos de infraestructura -en los accesos a su ciudad,
reparación de vías públicas y similares- o de atención en los consultorios de
salud.
Significativamente, un porcentaje importante de
los ediles consultados se inclina por revisar el plan regulador de su Comuna,
estimando que el instrumento planificador territorial es fundamental para
llevar a cabo su programa de Gobierno local; para algunos, este aspecto está
entre las prioridades de su gestión. Esto es interesante, porque parece ser
síntoma de los cambios motivados por el mayor desarrollo y la bonanza
económica, que en muchas aristas se chocan con la decisión de no expandir el
área urbana de la capital: esto empuja inevitablemente la construcción en
altura, lo cual en diversas zonas es rechazado por algunos grupos de vecinos y
propiciado por otros. Bien podría ocurrir que éste sea uno de los problemas más
recurrentes en el período Municipal que se inicia.
El nexo con el Gobierno Regional metropolitano
ha sido considerado también por algunos Ediles como fundamental, por el
financiamiento de proyectos de mejoramiento urbano y por la vinculación con
organizaciones sociales o instancias intermedias que tienen pendiente la
solución de sus problemas por parte del Municipio, sea porque supera la capacidad
sólo municipal, por fallas de coordinación supracomunal u otras. Éste es otro
flanco que potencialmente puede marcar a no pocos de los nuevos mandatos Alcaldicios.
Ley de Pesca.
Con la aprobación por la Cámara y el Senado de
lo acordado por la Comisión Mixta, la nueva Ley de Pesca quedó en condiciones
de ser promulgada. Abundante trabajo prelegislativo, un año de tensa
tramitación en el Congreso, un enérgico reimpulso personal del Ministro de
Economía, Pablo Longueira, y varios acuerdos fueron necesarios para que el
Gobierno lograra el objetivo que se había impuesto ya en su programa de
campaña, en cuanto a dotar al país de una nueva Ley que consagrara y
fortaleciera el esquema de "cuotas individuales transferibles" que
Chile introdujo imperfectamente hace más de una década, y que ha probado ser un
esquema exitoso para administrar pesquerías en todo el mundo.
Respecto de los temas más polémicos, finalmente
la duración de las licencias quedó en 20 años, renovables y sujetas a
caducidades más estrictas; y la asignación por licitación del 15% de los
derechos regirá para las pesquerías sanas -como la anchoveta del norte- y aun
para las sobreexplotadas en algunos años más, pero no para las pesquerías
colapsadas -como el jurel y la merluza común-, mientras no superen dicho
estado. Son soluciones intermedias, balanceadas, capaces de conseguir el apoyo Legislativo
requerido. Con todo, cabe notar que algunas voces acreditadas discrepan de
excluir de la licitación al 15% de pesquerías calificadas como colapsadas
-entre las que están las de mayor interés económico, como el jurel-, estimando
que para eso se establecen los comités científicos que han de fijar las cuotas
globales, por lo que, técnicamente, no tendría sentido tal exclusión.
Pero no es momento de quedarse ahora en lo que
faltó ni en lo que se cedió de lado y lado. Si se compara la nueva normativa
con la que reemplazará, el resultado parece sumamente positivo. Es
significativo, por ejemplo, que en adelante la Autoridad política no pueda
fijar las cuotas globales de captura discrecionalmente y deba, en cambio,
atenerse a ciertas reglas predefinidas; que se exija información científica de
base; que se creen comités científico-técnicos independientes; que se
transparenten los procesos, y que las cuotas globales ya no deban ser aprobadas
por los consejos de pesca en que participan los regulados. Con estas y otras
medidas que introduce la nueva Ley, el uso sustentable de los recursos
hidrobiológicos pasa a ser el foco de la regulación pesquera, necesario
siempre, pero especialmente en la situación actual de Chile, con varias de sus
principales pesquerías en manifiesto estado de sobreexplotación o colapso.
El texto resultante debe someterse ahora al
control del Tribunal Constitucional antes de ser remitido al Presidente para su
promulgación. Dicha instancia podría tener que pronunciarse también respecto de
dos requerimientos anunciados por Parlamentarios: uno por incumplimiento
durante la tramitación del proyecto de las normas del Convenio N° 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas, y otro fundamentado en que el proyecto violaría los
principios de igualdad ante la Ley y libertad económica. Esto es una evidencia
más de cuán polémico y difícil ha sido el proceso de renovación de la normativa
pesquera.
Vendrá luego la implementación y puesta en
marcha del nuevo sistema: deberán encargarse los estudios que definan los
puntos biológicos de referencia en las distintas pesquerías, conformarse los
comités científico-técnicos, diseñarse las licitaciones, y mucho más. Contar ya
con una ley "larga" y despejar la incertidumbre normativa es un gran
paso, pero, como en tantos otros ámbitos, será en la aplicación práctica y en
el quehacer diario de las entidades públicas comprometidas donde se determine
el efecto de la nueva regulación en el desarrollo del sector y en el bienestar
económico y social aparejado.
Rosa María Payá en el listado de rehenes del
castrismo.
Rosa María Payá, hija del fallecido activista
político y presidente del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Oswaldo Payá
Sardiñas, está teniendo dificultades para poder viajar fuera de la isla. La
noticia de que se le negó este elemental derecho ha trascendido esta semana,
cuando la joven intentó tramitar la documentación para asistir a un Diplomado
Internacional en Teoría Política y Gestión Pública en la Universidad Miguel de
Cervantes, de Chile, que tendrá lugar del 8 al 15 de enero de 2013.
Según la propia Rosa María, las Autoridades de
Emigración cubanas le negaron el permiso de salida sin más explicaciones, aun
cuando tenía todos sus papeles en regla.
Este incómodo y denigrante silencio administrativo
ha ocurrido varias veces con la reconocida bloguera independiente Yoani
Sánchez, a quien tampoco la dejan salir a congresos y entrega de premios internacionales
a su nombre.
Según una reforma de la ley migratoria aprobada
recientemente, a partir del 14 de enero próximo los cubanos no necesitarán un
permiso especial para viajar, conocido comúnmente como Carta Blanca, por lo que
existe una gran expectativa para ver qué sucede a partir de esa fecha.
Rosa María Payá, a raíz de la extraña muerte de
su padre en julio de este año en un accidente de tráfico, se ha manifestado
abiertamente como activista en contra del régimen, a través de su cuenta de
Twitter y en otras redes sociales, lo que hace sospechar que la negativa a su
viaje se debe a un ajuste de cuentas oficial.
En la edición de hoy, el Nuevo Herald, diario
en el español de La Florida, dice que al menos dos políticos chilenos han solicitado
explicaciones al Gobierno de Cuba, a través de Legaciones Diplomáticas. El senador
y Presidente de la Democracia Cristiana en Chile, Ignacio Walker, y el Diputado
de esa agrupación, Jorge Burgos, intentaron infructuosamente entregar una carta
de protesta a funcionarios de la Embajada cubana en Santiago de Chile.
Ninguno fue recibido personalmente. Un empleado
de la sede Diplomática les dijo escuetamente que podían dejar la misiva en el
buzón de correo.
“Hemos concurrido hasta la Embajada cubana para
entregar una carta respetuosa pidiendo que reconsideren la negativa de no dejar
salir a Rosa María Payá para que venga a estudiar a Chile. Sin embargo, no
hemos sido recibidos, viéndonos obligados a dejar la carta en un buzón en la
calle”, dijo Walker al diario La Segunda. “Esto demuestra que no existe ni
siquiera la deferencia mínima hacia un Senador y un Diputado de la República de
recibir una carta”.
El partido oficialista chileno Renovación Nacional
también se mostró en desacuerdo.
En septiembre, informa el Herald, la joven tampoco
pudo viajar a Roma junto con su madre, Ofelia Acevedo. La Internacional Demócrata
de Centro (IDC), una asociación de partidos políticos demócrata y cristianos de
distintos países, las invitó al congreso anual de la organización. El congreso
se realizó el 21 y 22 de septiembre. La cita incluía una audiencia privada con
el Papa Benedicto XVI.
“¿Hasta dónde van a llevarnos (… )? ¿Acaso no
nos han hecho ya suficiente?”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.
El Movimiento Cristiano Liberación, cuyo líder
fue su padre, es una organización pacífica que promueve el cambio en Cuba a partir
de la reconciliación nacional.
El Proyecto Varela, también organizado por su
padre, fue un proyecto de Ley ideado y dirigido por el activista político
cubano Oswaldo Payá en 1998, que abogaba por reformas políticas en Cuba a favor
de mayores libertades individuales. El nombre del proyecto se eligió en honor
a Félix Varela, un líder religioso cubano de principios del siglo XIX. El movimiento
logró cierta repercusión internacional entre 2002 y 2003.
El Proyecto se basa en el artículo 88 de la Constitución
cubana de 1976, que permite a los ciudadanos proponer leyes si 10.000 electores
registrados presentan sus firmas a favor de la propuesta. La organización
reportó haber conseguido 11.200 firmas, más del número requerido para ser considerado
por la Asamblea Nacional Cubana. En el 2002, Payá presentó personalmente 11.020
firmas apoyando el Proyecto Varela a la Asamblea Nacional, y en el 2004 presentó
14.000 firmas adicionales. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó el pedido