sábado, 22 de diciembre de 2012

Temas para meditar el fin de semana....



El fin del mundo pronosticado por pseudocientíficos, filósofos
de pacotilla y medios sensacionalistas en búsqueda de rating,
no llegó, eso si a algunos les produjo lucrativas ganancias
jugando con los temores ignorantes de una parte importante
de la humanidad.




En su casa de la Comuna de la Reina la ex Presidente
Michelle Bachelet dijo que ‘’Hay que bajar la angustia,
hablemos en marzo’’, confirmando que su contrato con
ONU mujer ‘’no está terminado’’, manteniendo silencio
sobre la contingencia.








Y el mundo no se acabó,
por Mario Montes.


Los gurúes de la desgracia, los agoreros que desde los medios, sean estos escritos o audiovisuales, pronosticaron, haciendo abuso de fin de calendario maya, hecatombes feroces y el fin del mundo, provocando en algunos sectores de la humanidad miedos irracionales  y angustias muy difíciles de explicar a aquellos que miraron con indiferencia los fatídicos anuncios de estos personajes.



El accionar de algunos personajillos que anunciaban la liquidación de la humanidad, generalmente muy cercanos a las alucinaciones producidas por las drogas, y de medios sensacionalistas no le pueden causar sorpresa a nadie, pero, que medios supuestamente dedicados a la cultura, como el cine o canales orientados a la historia se hayan plegado a esta campaña dedicada a aterrorizar a los pueblos nos parece deben una explicación a los ciudadanos.



Los que manejaron y manipularon informaciones con explicaciones pseudocientíficas, con conocimientos inexistentes o con conocimientos “ocultistas”, y aún aquellos que intentaron lucrar con los miedos ancestrales de la humanidad,  son los responsables del susto que pasaron muchos millones de seres humanos que durante meses fueron bombardeados mediáticamente con informes truchos, y en muchos casos mal intencionados, destinados solamente a alarmar a pueblos por medio de programas de “entretención” de dudosa calidad y moralidad.



Se vieron en el mundo personas construyendo, acaparando víveres y agua, elementos para producir electricidad, velas, fósforos  o simplemente pilas o baterías, produciendo un pingue negocio para quienes ofrecían construcciones “indestructibles” y abastecimientos de sobrevivencia para aquellos que quisieran “salvarse” de la destrucción supuestamente predicha por los mayas y algunas otras culturas milenarias.



Se construyó una amenaza cósmica en base a supuestos falsos, como el que los mayas habrían “profetizado” el fin del mundo, a lo que agregaron el aumento de las tormentas solares, una poco corriente alineación de problemas y la aparición de una película llamada “2012” para crear una psicosis que entre parte importante de los niños y los sectores más ignorantes de las sociedades provocaron una alarma y temores irracionales.



Tres días de obscuridad, la interrupción del funcionamiento  de los aparatos electrónicos, la llegada de lenguas de fuego desde el sol eran algunos de los falsos pronósticos realizados por los desalmados que crearon esta ficción, sea en beneficio propio o en la búsqueda de rating para los medios en que se desenvuelven, lo que a nuestro parecer  debe ser investigado y los responsables de la histeria provocada deben ser sancionados fuertemente. No se puede jugar tan desaprensivamente con los temores de las sociedades ni con los miedos atávicos de los pueblos.



Roberto Kelly y los Chicago Boys
por Rolf Lüders.


Días atrás  falleció Roberto Kelly Vásquez, quien jugó un papel clave en la adopción de la moderna economía de mercado que tenemos. Esta    -además de sustentar una democracia estable- ha permitido que el PIB per cápita prácticamente se triplicara desde 1973, que la pobreza cayera al 11%, y que las cohortes más recientes tengan grados de desigualdad muy inferiores a aquellas de entonces. 



A comienzos de la década del 70, José Toribio Merino, Comandante de la Primera Zona Naval, invitó -según relatan Arancibia y Balart (2007)- a Kelly a preparar un proyecto de desarrollo, condición que puso para cualquier iniciativa de las Fuerzas Armadas.



Kelly, quien había formado una importante red de contactos que incluía a Emilio Sanfuentes, sociólogo con estudios de economía de la Universidad de Chicago, le encargó a éste la confección del mencionado plan. Sanfuentes fue entonces el nexo entre tres grupos de estudios ya conformados e integrados por jóvenes egresados de las universidades Católica y/o de Chicago: uno en materias coyunturales, dirigido por Sergio Undurraga; otro con una visión más agregada y general, liderado por Sergio de Castro, y un tercero compuesto por integrantes de las comisiones técnicas de la Democracia Cristiana. Sin conocer el origen del encargo, estos grupos prepararon lo que hoy se conoce como El Ladrillo (CEP, 1992), la hoja de ruta de la revolución socioeconómica de los años 70  (Fontaine Aldunate, 1988; Arancibia y Balart, 2007).



Los acontecimientos se precipitaron y El Ladrillo no se completó el 11 de septiembre. Sin embargo, los borradores existentes -bastante avanzados- llegaron a manos de Merino por la vía de Sanfuentes-Kelly. También se sabe que Kelly le entregó a Merino -quien quedó a cargo de las materias económico-financieras en la Junta de Gobierno- listas de nombres para encabezar diversas reparticiones del Gobierno. El mismo Kelly fue nombrado Director de Odeplan, órgano que pasó a coordinar la reforma económico-social y a velar por el cumplimiento de las labores encomendadas a los diferentes Ministerios. Kelly no dudó en contratar a un gran número de economistas jóvenes, la mayoría de ellos recién egresados de las universidades Católica y/o Chicago. Entre ellos, no puedo dejar de destacar a Miguel Kast.



Las Fuerzas Armadas -a pesar de las preferencias de Merino- no se inclinaron de inmediato en favor de las propuestas de los Chicago Boys. Es entonces que Roberto Kelly jugó un papel clave en traducir las políticas propuestas por los jóvenes economistas en planes y proyectos concretos, lenguaje familiar para las Fuerzas Armadas, además de hacer el lobby correspondiente. Esto, junto a una coyuntura apropiada, indujo al General Augusto Pinochet a fines de 1974 a optar por la propuesta de los Chicago Boys, en desmedro de alternativas corporativistas o de capitalismo de Estado.



Realizada la tarea que se impuso, Kelly se retiró a la vida privada, habiendo sido una pieza clave en la adopción de lo que llegó a ser conocido como el  modelo económico chileno. Sin ello, seguramente el régimen militar habría pasado a ser otro Gobierno autoritario más, en vez de tener el carácter refundacional que tuvo.



Al otro lado del mesón,
por Raúl Ferrada.


Los resultados del estudio de satisfacción de usuarios 2012 del Consejo para la Transparencia (CPLT) nos permiten caracterizar a los ciudadanos que dan el paso de reclamar cuando su derecho de acceso a información no es satisfecho por un organismo público.



Tal como en los tres años anteriores, se trata en general de hombres (78%), de alto nivel educacional (86% universitaria completa o superior) y edad adulta (47% entre 36 y 55 años). Frente a esto nos preguntamos: ¿Por qué las mujeres recurren menos al Consejo?, ¿por qué se requiere de formación académica para reclamar por este derecho ciudadano?, ¿por qué jóvenes o adultos mayores no persisten en su derecho a conocer la información que requieren del Estado?



Podemos argüir, con cierta resignación, que en acceso a información pública se reproducen las asimetrías en el ejercicio de derechos que se presentan en otros ámbitos de nuestra sociedad. Sin embargo, también sabemos que una parte de la explicación se encuentra en la falta de conciencia de este derecho: sólo un 15% de la población conoce la Ley de Transparencia y un 11% al Consejo para la Transparencia. Junto con la necesaria difusión masiva de este derecho a través de campañas de comunicación, existe un actor clave para la movilización y empoderamiento ciudadano en acceso a la información: el propio funcionario público.



Cuando un vecino, un beneficiario o, en general, cualquier usuario de servicio público se acerca a la ventanilla a pedir el dato que necesita para acceder a un subsidio o postular a una beca u otro beneficio, la acogida y orientación que se ofrece desde “el otro lado del mesón” hace la diferencia entre un ciudadano que es habilitado o no habilitado para ejercer su derecho de acceder a información pública.



Es el funcionario de atención de público, el OIRS del servicio, el encargado de “Informaciones”, el señor o señora de la oficina de partes quienes tienen la posibilidad de instar por garantizar u obstaculizar el ejercicio de este derecho ciudadano. Es necesario que sean ellos quienes les adviertan a las personas que este derecho existe y luego faciliten su ejercicio. Ellos son la llave que puede abrir o cerrar esa puerta.



Por otra parte, vemos que en el ejercicio de fiscalización del CPLT este año, los organismos de la administración central del Estado cumplen satisfactoriamente, llegando al 96,93% las obligaciones de transparencia activa que la Ley mandata; esto es, publicar en sus páginas web cierta información, lo que contrasta con el 6% de los ciudadanos que indica conocer el espacio “Gobierno Transparente” o banner de transparencia activa.



Vemos que no es suficiente el cumplir con el mínimo establecido en la Ley, sino que se requiere asumir una actitud más activa con tal de avanzar en la transparencia pública, y que esto sea percibido de manera concreta. La adopción de las mejores prácticas por parte de instituciones colabora en esa línea.



En ello, el rol, voluntad y convicción de los propios funcionarios es un factor crítico. Son estos funcionarios públicos los actores claves convocados a promover el derecho de información de los ciudadanos.



Tacos por lluvia
por Louis de Grange.


En la tarde del miércoles fuimos testigos de un brutal e inusual taco en gran parte de Santiago. Ello se debe principalmente, como detallaré a continuación, a la lluvia caída y a la mayor circulación vehicular producto de las compras navideñas.



Una lluvia como la del miércoles, de más de 20 litros por metro cuadrado, reduce la capacidad vial de las calles en cerca de un 20% y, al mismo tiempo, es capaz (como hemos presenciado también en otras oportunidades) de generar problemas eléctricos que inhabiliten el funcionamiento de decenas de semáforos en la capital y aumenten la frecuencia de accidentes viales, alterando la normal circulación en múltiples calles de Santiago. Estos resultados confirman el hecho de que nuestra capital presenta una escasa oferta vial (9% de la superficie total, la mitad que otras grandes ciudades como París, Londres y Tokio).



Por otra parte, la fuerte estacionalidad de la demanda por compras en época navideña exacerba los niveles de congestión, ya que se efectúan más etapas de viaje en auto. En esta época se realizan varios trámites de compras antes de regresar al hogar, multiplicando los viajes.



Estos dos aspectos acontecidos en un período punta tarde de circulación, donde ya se opera cerca de la capacidad, redundan en un colapso vial. Y lo que vimos en Santiago la tarde del miércoles fue definitivamente un colapso vial. Viajes de más de tres horas en trayectos que normalmente tardan 20 minutos.



Pero lo más preocupante de todo es que esto se repetirá en el mediano plazo en la capital si no se toman las decisiones correctas de inversión en proyectos de infraestructura de transporte público y privado, y si no se impulsan medidas efectivas de regulación al uso excesivo del automóvil. Esto es un dato duro para las Autoridades en un contexto de planificación del sistema de transporte urbano de Santiago.



Algunas personas, probablemente por desinformación, argumentaban que no existía un plan de contingencia por parte de las Autoridades de transporte. Al respecto, es bueno aclarar que eventos de este tipo no son mitigados con planes de contingencia. De hecho, hay muchísima más responsabilidad en el distribuidor eléctrico, de quien depende el suministro energético de los semáforos, que en cualquier repartición pública relacionada con transporte.



El actual crecimiento del parque automotor en Chile nos empujará a que situaciones caóticas como las vividas hace dos días sean más frecuentes. Si queremos enfrentar adecuadamente estos problemas en cinco años más, debemos iniciar las inversiones necesarias en materia de transporte urbano.



Finalmente, quisiera hacer algunas breves reflexiones. Primero, que la lluvia no se puede regular, pero sí el uso del automóvil y al distribuidor eléctrico. Segundo, una tarificación vial no hubiera evitado en lo más mínimo el colapso ocurrido. Tercero, una red de ciclovías es espacio muerto en estas situaciones. Sin embargo, si tuviéramos más líneas de Metro funcionando, habría ayudado muchísimo a cientos de miles de chilenos.



Un regalo para Bachelet.


Sólo una sonrisa. La ex Presidenta llegó ayer a Chile y, en vez de declaraciones, apenas le prodigó ese saludo a la prensa. Sería absurdo atribuirle a tal gesto, característico de ella, significación política. Y sin embargo resulta también difícil evitar la comparación entre aquella risa de la principal carta Presidencial opositora con el ambiente pesadamente conflictivo en que el oficialismo optó por sumirse en estos días.



El término «optó» no es casual: fue voluntariamente que distintos actores del sector adoptaron decisiones cuyos efectos predeciblemente generarían un escenario crítico.



Lo curioso es que la semana se había iniciado con lo que parecía el intento de La Moneda por apagar a tiempo un incendio: los cuestionamientos al ahora ex Ministro Teodoro Ribera por el caso acreditaciones. Pero la medida —políticamente inevitable— de remover al ex Secretario de Estado terminó avivando otros fuegos. Así, sirvió para que el timonel RN, Carlos Larraín, en gesto inicialmente dramático, aprovechara de desahogar su historial de cuentas pendientes con el Gobierno y anunciara una renuncia indeclinable de la que luego —tras gestiones del candidato Presidencial, Andrés Allamand— terminó echando pie atrás. Pero si en ese momento el balance hablaba de un Allamand que se mostraba —coherente con su perfil de campaña— como un político capaz de desatar nudos, su propia decisión de luego hacerle un gesto a Larraín y sumarse a las críticas de éste hacia La Moneda, terminó dejándolo como objeto de una dura respuesta Gubernamental, con llamados a la lealtad emitidos por la Ministro vocero... precisamente la única Secretaria de Estado RN en Palacio. Y aunque el Jefe de Gabinete, Andrés Chadwick, optó por suavizar la artillería (incluso negando que los Presidenciables hubieran adquirido algún compromiso de no criticar al Ejecutivo), el episodio dejó al Presidenciable en un escenario que difícilmente le reditúa: el de los conflictos políticos de difícil comprensión para una ciudadanía que, al margen de sutilezas, mira con escepticismo y reprobación las renuncias que no se concretan y los enfrentamientos entre aliados.

¿La Moneda como blanco? Sería apresurado sacar demasiados cálculos del impacto que todo esto pueda tener para la opción de Allamand, cuando la interna oficialista se halla en estado embrionario. Con todo, es claro que lo ocurrido daña a la coalición en su conjunto y a su oferta de Gobernabilidad. Y este último punto no tiene sólo que ver con las opciones del sector en los comicios de 2013, sino también con el más urgente tema de su desempeño actual. Las críticas públicas de Allamand al “déficit político” de La Moneda, aunque posteriormente atenuadas, no son las primeras, pero han sido las más duras que recibe el Ejecutivo de parte de un Presidenciable de la centroderecha desde que el ex Ministro dejó el Gabinete. El tema es que con ellas vuelve al primer plano uno de los riesgos que se visualizaban en Palacio frente al adelantamiento de la carrera 2013: el de candidatos oficialistas que terminaran criticando a un Gobierno que tiene baja popularidad. Claramente, La Moneda no puede pretender que Allamand y Golborne se transformen en meros difusores de la obra del Presidente Piñera o que eviten marcar diferencia alguna con éste y que no puedan manifestar sus desacuerdos. El peligro para el Ejecutivo, sin embargo, es que den un paso más allá del comprensible perfilamiento y alimenten factores de desorden en la coalición. Eso, en un sector que carece de mayorías en el Parlamento y cuando ronda el fantasma del pato cojo, puede ser una dificultad para el buen término del Gobierno. Tampoco ayudan las vocerías desde Palacio que insinúan quiebres de “lealtad”, porque es llevar el debate a lo subjetivo, alimentando los malestares, en circunstancias que una crítica no es sinónimo de ataque y deslealtad.



Sin duda es difícil equilibrar el cuidado de la unidad oficialista y el derecho a opinión, pero si hay un lujo que no puede darse la Alianza, es precisamente el de la conflictividad interna.



Hora de postergar. Probable efecto del favoritismo que le han dado la expectante posición de Bachelet y el resultado de las Municipales, la Concertación parece subordinar su abundante caudal de diferencias al objetivo prioritario de volver al poder. Los conflictos no son pocos, y van desde lo estratégico a lo programático, pero el ansia de retornar a Palacio parece imponer un límite a los desbordes... o al menos posponerlos. En ese panorama, discusiones como la de si el PS-PPD debe o no proclamar a Bachelet antes de que la DC tenga su primaria son reveladoras. En efecto, si los nombres que compiten en el falangismo tuvieran alguna posibilidad de emerger como competidores reales de la ex Presidente, ese debate simplemente no existiría.



Otra discusión de estos días, menos ruidosa, parece más relevante: la referida a la disciplina de quienes sean Parlamentarios en el próximo período, donde incluso sectores PPD piden dar una señal a propósito de los Diputados que, saliéndose de la línea oficial, apoyaron el acuerdo DC-Gobierno en la Ley de Pesca. Es que, con un sistema de primarias que en la práctica reduce el poder de las directivas en la selección de candidatos y con la existencia de fuertes diferencias respecto de temas tan básicos como el rol del Estado en la economía, el nivel de ordenamiento que pudiera mostrar la actual coalición opositora en un eventual Gobierno bacheletista permanece como incógnita futura.



Postergación de los reavalúos de viviendas.


En apenas una semana, el Congreso tramitó el proyecto de ley que posterga un año la entrada en vigencia del reavalúo de los bienes raíces urbanos con destino habitacional, que debía entrar en vigencia el 1 de enero próximo. En su aprobación incidió que las Comunas que observarían un mayor incremento en el Impuesto Territorial (contribuciones) con el ajuste en la tasación serían de clase media, como Maipú, La Florida, Quilicura, Calama y Puerto Aysén, afectando a unas 780 mil familias. La vigencia ya había sido postergada con ocasión del terremoto, en que la emergencia lo justificaba. La nueva Ley contempla que el reavalúo se hará cada cuatro años, en vez de cinco, para minimizar el impacto de la actualización de la tasación de los inmuebles.



Si bien es cuestionable que las leyes se modifiquen por consideraciones políticas cada vez que afectan a algún sector específico -particularmente si es a último momento y sin mayor estudio-, lo ocurrido con el reavalúo de las contribuciones pone de manifiesto el efecto que está teniendo la creciente carga tributaria sobre la población, cuando supuestamente ella sólo impacta a quienes tienen mayores ingresos, y lo inadecuado que resulta este gravamen. En realidad, es un tributo de carácter patrimonial, al gravar el valor de un bien sin considerar el ingreso de que se dispone.



El producto de las contribuciones se destina totalmente a fines locales, ya sea porque su producto lo recibe directamente la Comuna en que se encuentra el inmueble o el Fondo Común Municipal, con el fin de solventar los servicios que reciben de los habitantes de las distintas Comunas. Por lo mismo, su monto debería estar en directa correlación con éstos. Pero en la práctica no es así, porque en muchos casos los excede y son redestinados a otras Comunas, con el objetivo de que las más “ricas” subvencionen a las más “pobres”. Sin embargo, el sistema de reavalúo, que persigue captar el tributo con aproximación al valor de mercado de cada bien raíz, ha determinado en esta oportunidad que un gran número de ellos deje de estar exento o se incremente significativamente el valor afecto, con la consecuencia de que se eleve el monto a pagar, a pesar de que los ingresos de las personas no hayan variado sustancialmente, todo ello en función de los cambios al alza que ha experimentado el mercado inmobiliario, y sin que vayan a percibir mejores servicios.



Este fenómeno se ha extendido a Comunas emergentes, que verían un incremento importante en el valor de las cuotas trimestrales, lo que afectaría, sobre todo, a familias de clase media, lo que explica la rápida aprobación de una postergación para evitar costos políticos. Sin embargo, la situación se repetirá a fines del próximo año, justo después de las elecciones Presidenciales y Parlamentarias, y no es posible descartar otra súbita postergación sin que se haya hecho un análisis de fondo del asunto para replantear el sistema de financiamiento de los Gobiernos locales, estableciendo un sistema eficiente, justo y ajeno a consignas simplistas.



Es alentador que el Ministro de Hacienda haya dicho que la postergación es prudente para tener un período de un año para analizar los efectos del reavalúo. Es de esperar que este análisis se realice, para evitar nuevas prórrogas urgentes dictadas por la coyuntura que terminan desacreditando la efectividad de las leyes y el rigor del trabajo Parlamentario.



Enap: otra reforma pendiente.


El anuncio de la venta de los activos que Enap mantiene en el exterior es coherente con su saneamiento financiero y con la necesidad de concentrar sus operaciones en su objeto esencial: la refinación de combustibles nacionales e importados y el desarrollo de sus explotaciones de hidrocarburos en Magallanes. Salvo los emprendimientos de la empresa estatal en Perú, los restantes, en Ecuador, Argentina y Egipto, son de elevado y previsible riesgo político y económico.



Pero la disposición de estos activos prescindibles está lejos de solucionar los problemas de fondo que amenazan la viabilidad de Enap e impiden la incorporación de capitales privados para su normal funcionamiento. Desde luego, es imperativa la reforma de su anacrónico y distorsionador estatuto orgánico. Su régimen de Gobernabilidad, que la priva de toda autonomía, ha sido causa fundamental de su gravísimo deterioro y razón principal de la distorsión del cumplimiento de los fines para los que fue creada. La integración corporativista de su directorio y su total dependencia del Poder Ejecutivo la exponen a formidables presiones políticas, sectoriales, gremiales y Regionales que ponen en riesgo su eficiente y profesional administración. Tan poderosas son estas influencias externas, que han logrado que sucesivos Gobiernos no hayan podido modificar su Ley Orgánica para corregir el sistema de integración de su directorio, someterla al sistema de empresas públicas (SEP) y para abrir un espacio para la incorporación de capitales privados. Llama la atención que en el actual período Presidencial y en esta Legislatura no se haya aprovechado la reforma del estatuto de Codelco para introducir cambios parecidos al Gobierno corporativo de Enap. Este inmovilismo del Gobierno y de los Legisladores tiene variadas y negativas repercusiones: es una señal de que esta reforma estructural nuevamente quedará postergada para una futura Administración y es un motivo para desalentar la necesaria capitalización parcial de los préstamos, cuyo abultado servicio podría conducirla a la quiebra, de no mediar la garantía Estatal.



En anteriores administraciones Enap ha sido utilizada para servir favores políticos, financiar el Transantiago, otorgar escandalosas indemnizaciones a sus directivos, asumir a pérdida el subsidio del suministro energético a Punta Arenas, financiar fijaciones artificiales del precio de los combustibles e, incluso, aventuras de política exterior en Argentina, Ecuador y Venezuela. Nada impide que estas repudiables situaciones se repitan a menos que se cambie su estatuto legal.



Mas no todas las que proporciona Enap son malas noticias. Cabe destacar su impulso fundamental para la construcción de la planta de gas natural licuado de Quintero, que ha sido trascendental en el abastecimiento de una fuente más limpia, segura y económica de energía. A partir del próximo año, este suministro permitirá rebajar los costos de operación de Enap y de electricidad para gran parte de la población. A eso se agrega que los dos últimos Gobiernos emprendieron programas de reducción de personal sobrante y de racionalización de las remuneraciones. También se ha logrado que este año continúen las medidas internas para aumentar su eficiencia, que el presupuesto de la nación se haga cargo del subsidio del gas para el abastecimiento de Magallanes, y que el presupuesto de la empresa para 2013 contemple el compromiso de revertir las pérdidas del actual ejercicio. Para aumentar la transparencia, permitir el control público del cumplimiento presupuestario, y dado el carácter monopólico de Enap, nada impediría que dicho presupuesto se conociera íntegra y públicamente.



Primeras medidas Alcaldicias.


Alcaldes que recientemente han asumido o reasumido en diversas Comunas -ahora con la responsabilidad de cumplir lo que prometieron en sus campañas- han anunciado sus primeras medidas. Naturalmente, con variadas modalidades, salud, educación y seguridad pública ocupaban, en general, los primeros lugares en sus programas.



En la práctica, un porcentaje significativo de los nuevos optó como primera medida por la realización de auditorías externas sobre la situación del Municipio -esto es, la revisión de su contabilidad para asegurarse de que no han existido irregularidades-. Eso es razonable, en aras de la transparencia, la corrección y el deslindamiento oportuno de responsabilidades, y tanto más en un sistema aún tan imperfecto como lo es, lamentablemente, nuestra administración Municipal, pero ciertamente pone el acento en algo que interesa relativamente menos a los ciudadanos, que esperan renovación de la gestión y soluciones perceptibles para sus problemas.



En otros casos, los Alcaldes han decidido abordar como sus primeras medidas el acelerar obras impulsadas durante su administración anterior, ampliar acciones de seguridad ciudadana, convocar a claustros en cada comunidad escolar de su Comuna para poner en marcha planes de recuperación de la educación pública, estudiar junto a las Autoridades de Gobierno variados mejoramientos de infraestructura -en los accesos a su ciudad, reparación de vías públicas y similares- o de atención en los consultorios de salud.



Significativamente, un porcentaje importante de los ediles consultados se inclina por revisar el plan regulador de su Comuna, estimando que el instrumento planificador territorial es fundamental para llevar a cabo su programa de Gobierno local; para algunos, este aspecto está entre las prioridades de su gestión. Esto es interesante, porque parece ser síntoma de los cambios motivados por el mayor desarrollo y la bonanza económica, que en muchas aristas se chocan con la decisión de no expandir el área urbana de la capital: esto empuja inevitablemente la construcción en altura, lo cual en diversas zonas es rechazado por algunos grupos de vecinos y propiciado por otros. Bien podría ocurrir que éste sea uno de los problemas más recurrentes en el período Municipal que se inicia.



El nexo con el Gobierno Regional metropolitano ha sido considerado también por algunos Ediles como fundamental, por el financiamiento de proyectos de mejoramiento urbano y por la vinculación con organizaciones sociales o instancias intermedias que tienen pendiente la solución de sus problemas por parte del Municipio, sea porque supera la capacidad sólo municipal, por fallas de coordinación supracomunal u otras. Éste es otro flanco que potencialmente puede marcar a no pocos de los nuevos mandatos Alcaldicios.



Ley de Pesca.


Con la aprobación por la Cámara y el Senado de lo acordado por la Comisión Mixta, la nueva Ley de Pesca quedó en condiciones de ser promulgada. Abundante trabajo prelegislativo, un año de tensa tramitación en el Congreso, un enérgico reimpulso personal del Ministro de Economía, Pablo Longueira, y varios acuerdos fueron necesarios para que el Gobierno lograra el objetivo que se había impuesto ya en su programa de campaña, en cuanto a dotar al país de una nueva Ley que consagrara y fortaleciera el esquema de "cuotas individuales transferibles" que Chile introdujo imperfectamente hace más de una década, y que ha probado ser un esquema exitoso para administrar pesquerías en todo el mundo.



Respecto de los temas más polémicos, finalmente la duración de las licencias quedó en 20 años, renovables y sujetas a caducidades más estrictas; y la asignación por licitación del 15% de los derechos regirá para las pesquerías sanas -como la anchoveta del norte- y aun para las sobreexplotadas en algunos años más, pero no para las pesquerías colapsadas -como el jurel y la merluza común-, mientras no superen dicho estado. Son soluciones intermedias, balanceadas, capaces de conseguir el apoyo Legislativo requerido. Con todo, cabe notar que algunas voces acreditadas discrepan de excluir de la licitación al 15% de pesquerías calificadas como colapsadas -entre las que están las de mayor interés económico, como el jurel-, estimando que para eso se establecen los comités científicos que han de fijar las cuotas globales, por lo que, técnicamente, no tendría sentido tal exclusión.



Pero no es momento de quedarse ahora en lo que faltó ni en lo que se cedió de lado y lado. Si se compara la nueva normativa con la que reemplazará, el resultado parece sumamente positivo. Es significativo, por ejemplo, que en adelante la Autoridad política no pueda fijar las cuotas globales de captura discrecionalmente y deba, en cambio, atenerse a ciertas reglas predefinidas; que se exija información científica de base; que se creen comités científico-técnicos independientes; que se transparenten los procesos, y que las cuotas globales ya no deban ser aprobadas por los consejos de pesca en que participan los regulados. Con estas y otras medidas que introduce la nueva Ley, el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos pasa a ser el foco de la regulación pesquera, necesario siempre, pero especialmente en la situación actual de Chile, con varias de sus principales pesquerías en manifiesto estado de sobreexplotación o colapso.



El texto resultante debe someterse ahora al control del Tribunal Constitucional antes de ser remitido al Presidente para su promulgación. Dicha instancia podría tener que pronunciarse también respecto de dos requerimientos anunciados por Parlamentarios: uno por incumplimiento durante la tramitación del proyecto de las normas del Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y otro fundamentado en que el proyecto violaría los principios de igualdad ante la Ley y libertad económica. Esto es una evidencia más de cuán polémico y difícil ha sido el proceso de renovación de la normativa pesquera.



Vendrá luego la implementación y puesta en marcha del nuevo sistema: deberán encargarse los estudios que definan los puntos biológicos de referencia en las distintas pesquerías, conformarse los comités científico-técnicos, diseñarse las licitaciones, y mucho más. Contar ya con una ley "larga" y despejar la incertidumbre normativa es un gran paso, pero, como en tantos otros ámbitos, será en la aplicación práctica y en el quehacer diario de las entidades públicas comprometidas donde se determine el efecto de la nueva regulación en el desarrollo del sector y en el bienestar económico y social aparejado.



Rosa María Payá en el listado de rehenes del castrismo.


Rosa María Payá, hija del fallecido activista político y presidente del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Oswaldo Payá Sardiñas, está teniendo dificultades para poder viajar fuera de la isla. La noticia de que se le negó este elemental derecho ha trascendido esta semana, cuando la joven intentó tramitar la documentación para asistir a un Diplomado Internacional en Teoría Política y Gestión Pública en la Universidad Miguel de Cervantes, de Chile, que tendrá lugar del 8 al 15 de enero de 2013.



Según la propia Rosa María, las Autoridades de Emi­gra­ción cubanas le negaron el permiso de salida sin más explicaciones, aun cuando tenía todos sus papeles en regla.



Este incómodo y denigrante silencio administrativo ha ocurrido varias veces con la reconocida bloguera independiente Yoani Sánchez, a quien tampoco la dejan salir a congresos y entrega de premios internacionales a su nombre.



Según una reforma de la ley migratoria aprobada recientemente, a par­tir del 14 de enero próximo los cubanos no necesitarán un permiso especial para viajar, conocido comúnmente como Carta Blanca, por lo que existe una gran expectativa para ver qué sucede a partir de esa fecha.



Rosa María Payá, a raíz de la extraña muerte de su padre en julio de este año en un accidente de tráfico, se ha manifestado abiertamente como activista en contra del régimen, a través de su cuenta de Twitter y en otras redes sociales, lo que hace sospechar que la negativa a su viaje se debe a un ajuste de cuentas oficial.



En la edi­ción de hoy, el Nuevo Herald, diario en el español de La Florida, dice que al menos dos políticos chilenos han solicitado explicaciones al Gobierno de Cuba, a través de Legaciones Diplomáticas. El senador y Presidente de la Democracia Cristiana en Chile, Ignacio Walker, y el Diputado de esa agrupación, Jorge Burgos, intentaron infructuosamente entregar una carta de protesta a funcionarios de la Embajada cubana en Santiago de Chile.



Ninguno fue recibido personalmente. Un empleado de la sede Diplomática les dijo escuetamente que podían dejar la misiva en el buzón de correo.



“Hemos concurrido hasta la Embajada cubana para entregar una carta respetuosa pidiendo que reconsideren la negativa de no dejar salir a Rosa María Payá para que venga a estudiar a Chile. Sin embargo, no hemos sido recibidos, viéndonos obligados a dejar la carta en un buzón en la calle”, dijo Wal­ker al diario La Segunda. “Esto demuestra que no existe ni siquiera la deferencia mínima hacia un Senador y un Diputado de la República de recibir una carta”.



El partido oficialista chileno Renovación Nacional también se mostró en desacuerdo.



En septiembre, informa el Herald, la joven tampoco pudo viajar a Roma junto con su madre, Ofelia Acevedo. La Internacional Demócrata de Centro (IDC), una asociación de partidos políticos demócrata y cristianos de distintos países, las invitó al congreso anual de la organización. El congreso se realizó el 21 y 22 de septiembre. La cita incluía una audiencia privada con el Papa Benedicto XVI.



“¿Hasta dónde van a llevarnos (… )? ¿Acaso no nos han hecho ya suficiente?”, escribió la joven en su cuenta de Twit­ter.



El Movimiento Cristiano Liberación, cuyo líder fue su padre, es una organización pacífica que promueve el cambio en Cuba a partir de la reconciliación nacional.

El Proyecto Varela, también organizado por su padre, fue un proyecto de Ley ideado y dirigido por el activista político cubano Oswaldo Payá en 1998, que abogaba por reformas políticas en Cuba a favor de mayores libertades individuales. El nombre del pro­yecto se eligió en honor a Félix Varela, un líder religioso cubano de principios del siglo XIX. El movimiento logró cierta repercusión internacional entre 2002 y 2003.



El Proyecto se basa en el artículo 88 de la Constitución cubana de 1976, que permite a los ciudadanos proponer leyes si 10.000 electores registrados presentan sus firmas a favor de la propuesta. La organización reportó haber conseguido 11.200 firmas, más del número requerido para ser considerado por la Asamblea Nacional Cubana. En el 2002, Payá presentó personalmente 11.020 firmas apoyando el Proyecto Varela a la Asamblea Nacional, y en el 2004 presentó 14.000 firmas adicionales. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó el pedido

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