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| Durante visita a Gerdau Aza, empresa reconocida por buenas prácticas laborales, el Presidente Sebastián Piñera celebró la baja de la cesantía y llamó a mejorar los salarios. |
Non facciamo la confusione,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Si lo dicen los italianos, expertos en administrarse a sí mismos en medio de altas dosis de caos, con mayor razón la expresión vale para la vida política en Chile.
No conviene provocar una confusión total. No es sensato.
Ya viene un salto al vacío con la inscripción automática y el voto voluntario. Nadie sabe qué diantres va a pasar, pero ciertamente algo muy importante va a suceder al expandir el padrón electoral y, simultáneamente, eliminar la obligatoriedad del voto.
¿Tiene sentido, entonces, acelerar otras reformas para que se apliquen todas juntas en una especie de reacción en cadena? No, no es prudente, confunde.
Pero, además, la proposición de las directivas de RN y de la DC causa más confusión porque sugiere también una nueva estructura de alianzas.
Los democristianos usan un lenguaje encantador para explicar sus contactos simultáneos con el PC y con Renovación. Dicen que hay que distinguir entre lo instrumental y lo gubernamental; o sea, conviene usar a una derecha en que militan ex funcionarios del Régimen militar, al mismo tiempo que se estrechan los vínculos electorales con el partido que valida la lucha armada como parte de su análisis histórico.
Eso es lo instrumental; después vendría lo gubernamental, obviamente sin la presencia de RN ni del PC. Vaya negocio el que quiere hacer la DC.
Lo curioso es que ambas confusiones, en su íntima relación, las previó, apenas tres meses atrás, el propio Carlos Larraín, al afirmar que "las personas tentadas de gatillar otro Big Bang político debieran al menos preguntarse por qué este punto de vista es impulsado con gran alegría desde la izquierda extrema".
¿Se lo preguntó ahora el presidente de RN?
Pero no terminan ahí las confusiones: todas las restantes confianzas han sido remecidas.
La de los electores, militantes y parlamentarios de RN en su propia directiva. ¿Quién es ahora la derecha boutique, Lily Pérez o Carlos Larraín? ¿Quién se acercará más al progresismo, la directiva o los ministros presidenciables del partido?
La de la UDI en su socio. ¿El documento no es más que una demostración de audacia para mejorar la plataforma de RN en la conformación de plantillas electorales o marca una definitiva ruptura, aunque se pidan disculpas?
La del Gobierno en su partido nuclear. ¿No habrá otras negociaciones en curso -ya lo sugirió Larraín en una oportunidad- para incorporar radicales a los ministerios, ya que el senador los considera miembros de un partido que sabe gobernar?
Pero hasta ahí, por último, se trata de esas confusiones propias de nuestra chimuchina pública, aunque esta vez sean más chocantes que lo habitual.
Lo más delicado es el fondo mismo del documento, sus confusiones esenciales.
Primero, porque supone que los males de la política chilena tienen que ver más con el régimen que con las personas. Justamente por eso se equivoca Ignacio Walker al sostener que para Portales el principal resorte de la máquina era la autoridad presidencial. Hace ya 24 años que Alejandro Guzmán Brito mostró que era... la virtud.
Segundo, porque aunque el documento asume los defectos y los problemas de la actual clase política, les entrega a las mismas colectividades hoy existentes la decisión de aprobar al Jefe de Gobierno. No, perdón, ni siquiera a los pocos partidos actuales, sino a esos otros muchos que -una vez reemplazado el binominal- participarán en la discusión con apenas uno o dos parlamentarios. Y junto a ellos, lo reconoce el propio documento, probablemente estarán los representantes de tribus, redes y modas.
Si el texto es conservador o no, importa poco.
Lo que sí interesa es aclarar el conjunto de confusiones mayúsculas que ha producido.
Una confusión esencial del documento: creer que los males de la política tienen que ver más con el régimen que con las personas.
México acerca a "los otros" al G20,
Por Roberto Ampuero.
Me temo que en el país aún no hemos aquilatado del todo que Chile haya sido invitado a participar en la cumbre del G20, que se celebrará en junio próximo en Los Cabos, México. El foro económico reúne a los principales países industrializados del mundo y a estados emergentes como Brasil, China y la India. Este año México preside el G20 y le está imprimiendo un sello propio, en el cual se advierte, entre otros acentos, la voluntad de brindar tribuna a países que no integran el grupo, pero cuya voz y experiencia pueden ser relevantes no sólo para los 20, sino también para las estrategias destinadas a reactivar la economía mundial.
Chile fue invitado por México, que es socio y aliado clave de nuestro país, y con el cual mantenemos excelentes relaciones. Con México nos unen además un exitoso Tratado de Libre Comercio, un Acuerdo de Asociación Estratégica, valores y visiones comunes en política internacional, y acuerdos en los ámbitos de cooperación, cultura, educación, ciencia y tecnología, y seguridad. Probablemente la distinción se debe a que por años el país ha sido exitoso en el manejo de la economía y la lucha contra la pobreza, la creación de una agricultura moderna y exportadora, y la adaptación a la economía global. Entre los temas en Los Cabos figurarán, fuera de la crisis mundial, el desarrollo de infraestructura, la seguridad alimentaria y el crecimiento verde y sustentable. Como numerosas potencias están en crisis, hoy la voz de países que siguen creciendo es escuchada con más atención que en el pasado.
Es curioso que aún no resaltemos nuestra asistencia a una liga mayor a nivel planetario, toda vez que prestamos gran atención a los juicios del extranjero sobre nosotros. Además, lo que se está reconociendo es el hecho de que aquí se han hecho bien las tareas durante decenios. La fluida situación económica internacional, la consolidación de países emergentes -como Brasil, India y China-, y la pérdida de hegemonía por parte de EE.UU. están permitiendo la aparición de articulaciones regionales que buscan más integración y cooperación. Chile, país de 17 millones de habitantes y una de las economías más abiertas del mundo, requiere para su crecimiento mercados libres, acuerdos de libre comercio, foros e integración. La invitación al G20 puede brindar nuevos roles al país y abrir otras puertas, lo cual redunda a la larga en prestigio nacional, detección de nuevas oportunidades y creación de puestos de trabajo.
México, por su parte, sigue intensificando su proyección global al invitar a naciones de todos los continentes a este diálogo con el G20. Su objetivo es que en Los Cabos se analicen asuntos como el crecimiento sustentable, el inquietante aumento de los precios de los alimentos y el estancamiento de negociaciones comerciales, sin que esto implique sustituir a las organizaciones especializadas. Gracias al tamaño de su economía y población, a su condición geográfica y al tradicional peso de su política exterior, México es multi-dimensional: es latinoamericano, pero integra América del Norte y mantiene estrechos lazos con Estados Unidos y Canadá; dispone de una poderosa proyección hacia el Caribe, ejerce influencia económica, política y cultural en Centroamérica; tiene socios muy importantes en América del Sur y Europa, y se proyecta hacia el Pacífico y Asia. México sabe impulsar esquemas multilaterales: Tratado de Tlatelolco, Contadora, Grupo de Río, la reciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que Chile preside este año. Ahora, en tiempos de crisis mundial, promueve la aproximación entre el G20 y "los otros", oportunidad que Chile ha de saber valorar y aprovechar. No todos los días se tiene acceso a las grandes ligas.
Reformas políticas,
por Mario Montes.
por Mario Montes.
Nuestros políticos, de todos los colores existentes en el espectro, siguen mirándose el ombligo y dedican casi todos sus esfuerzos a las modificaciones al sistema de elecciones, a la forma en que se ejerce el poder y a conseguir que el Estado siga soltando los dineros de los chilenos para financiar sus actividades.
Para terminar con el bi-nominal, sistema que ha dado estabilidad a nuestra democracia, proponen aumentar la cantidad de Parlamentarios, que tienen un costo mensual superior a los 15 millones de pesos mensuales por cada Legislador, mientras otros plantean la necesidad de realizar primarias obligatorias financiadas por el Estado.
Creemos que los gastos del Fisco deben estar prioritariamente destinados a solucionar los acuciantes problemas sociales que afectan a una inmensa cantidad de nuestros compatriotas que con sus ingresos, cuándo tienen la “suerte” de tener trabaja, les alcanzan escasamente para sobrevivir en medio de la miseria.
Creemos que antes de pensar en reformas al sistema electoral o al sistema de Gobierno es indispensable terminar con los sufrimientos de millones de chilenos, ya consideramos que son excesivos los costos que estamos asumiendo los chilenos al favorecerse con fondos estatales parte importante del costo de las campañas políticas.
Se habla de que la política ha perdido representatividad y que ya no lo respeta nadie, pero, esta falta de apreciación popular a los participantes en la actividad pública no es el resultado del sistema electoral, es la resultante de un pueblo que ve a los funcionarios mejor pagados del Estado dedicados a la pelea chica y no a ejercer la representación de sus electores.
No hay duda que la inscripción obligatoria es un paso bien encaminado para rejuvenecer el padrón electoral e involucrar a todos los ciudadanos en la gestión político-gubernamental de nuestra nación, aunque estamos ciertos que la voluntariedad de ejercer el derecho a voto, lo que creemos esterilizará los efectos positivos del aumento del catastro de votantes.
La gente no confía en los partidos políticos, no respeta a los Parlamentarios y tiene mala opinión de la forma en que se ejerce el poder por parte del Poder Ejecutivo, sin pasar por alto la desconfianza que se percibe hacia el Poder Judicial, esto no se soluciona con un cambio del sistema político electoral, se arregla llevando gente de mejor calidad a esos cargos.
Consideramos que nada se logrará sin establecer una legislación que considere los procesos revocatorios, que establezca que las promesas electorales no cumplidas son una estafa social, acompañada por cierto con las más fuertes sanciones previstas para ese delito, y que instituya una limitación a las posibilidades de reelegirse en los cargos de representación.
Resulta curioso constatar que para financiar las actividades políticas casi todos estén dispuestos a pegar un manotón a la Caja Pública, pero esos mismos personajes discuten hasta el último centavo en la fijación del vergonzoso salario mínimo o chantajean al Gobierno para darle los recursos que le permitan apoyar a los más desprotegidos de nuestra sociedad.
Promover los derechos humanos en Cuba.
Que en Cuba no se respetan los derechos humanos y no se practica la democracia es una realidad insoslayable que el grueso de la comunidad internacional prefiere eludir. Ese país cuenta con una diplomacia extremadamente eficiente, con cerca de un centenar de misiones residentes en el exterior, casi el doble de las embajadas chilenas; sus gobiernos castristas reciben el apoyo de prácticamente la totalidad de los países africanos, de varias de las ex repúblicas soviéticas, de Venezuela y sus aliados del Alba, de los no alineados, de China, Rusia y de numerosos gobiernos del Medio Oriente. Este amplio respaldo externo, su intervención e influencia en los asuntos internos de algunos países y la invocación del bloqueo económico que mantiene Estados Unidos le han permitido impedir condenas de los organismos internacionales por infracciones a los derechos humanos. De hecho, nunca Cuba ha sido materia de acuerdos y menos de sanciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tanto Fidel como Raúl Castro son suscriptores de cláusulas democráticas que condicionan la membresía en foros y organismos interamericanos, el más reciente Celac, y ningún gobierno latinoamericano y del Caribe ha sido capaz de reprocharles su incumplimiento. Más aún, Cuba integra actualmente sin mayores entredichos la troika, junto a Chile y Venezuela, que dirige este último foro.
Estas evidencias explican la áspera reacción diplomática cubana cuando de tiempo en tiempo algún gobierno extranjero expresa su preocupación por los presos políticos y por la situación de los derechos humanos en la isla. Es lo que acaba de suceder con las expresiones del ministro Secretario General de Gobierno, que lamentara la muerte por huelga de hambre del disidente Wilmar Villar, y con la instrucción presidencial al embajador chileno en La Habana para que expresara a las autoridades locales la preocupación por el estado de los derechos humanos en la isla. A diferencia del caso Zapata, que fuera canalizado por la Cancillería chilena, la situación producida por el deceso de Wilmar Villar ha sido denunciada por la Presidencia y su Secretario de Gobierno. Semejante reclamo ha sido transmitido también por España y Estados Unidos. Esos gobiernos, más Perú, Canadá y la Unión Europea, tuvieron idéntica reacción de molestia en febrero de 2010, a raíz de la muerte en prisión de Orlando Zapata. Las reclamaciones de esos países fueron fructíferas: permitieron que, tras un compromiso del gobierno cubano con la Iglesia Católica, 52 presos fueran liberados. Uno de ellos se estableció en Chile.
El gobierno del Presidente Piñera hace bien en diferenciarse de la política elusiva de los gobiernos de la Concertación, que llegaron a ignorar públicamente la situación de los derechos humanos en Cuba. Las autoridades nacionales están en lo correcto al rechazar la destemplada y amedrentadora reacción cubana por la preocupación chilena sobre la vigencia de los derechos fundamentales en Cuba. Estas inquietudes y acciones diplomáticas nacionales no deben ser sólo episódicas; deben constituir una política permanente del gobierno chileno respecto de la observancia y promoción universal de los derechos humanos y la democracia.
La buena noticia de ayer.
El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile entregó ayer la Encuesta de Ocupación en el Gran Santiago, que señala que la desocupación en el Gran Santiago llegó en diciembre a un 6,2%, la cifra más baja de los últimos 15 años, noticia que contrasta con la información proveniente de Estados Unidos que señala un fuerte aumento de las solicitudes se subsidio por cesantía.
Compartimos la alegría que ha manifestado el Gobierno de Chile con las cifras entregadas por la casa de estudios y compartimos el llamado del Presidente Sebastián Piñera a subir los salarios de los trabajadores, aunque ya en estudio universitario refleja que ha habido un sostenido crecimiento de los estipendios del sector laboral.
Otra noticia alentadora:
Le abogado, de la vecina de un condominio de Chicureo, que fue entrevistada por Chilevisón, a raíz de la situación de las asesoras del hogar, la que fue editada mañosamente para que Inés Pérez apareciera diciendo lo contrario de lo que dijo, Pía Fuentes, anunció que interpondrá una demanda en contra de la estación televisiva por daños morales.
Inés Pérez no ha podido volver a su casa y deberá someterse a un tratamiento sicológico producto de la situación a la que se vio expuesta, que ha redundado en ataque personales, amenazas de muerte recibidas en su correo electrónico y en una condena social producto de la mentirosa maniobra de ese canal manejado por una empresa extranjera.
Nota de la Redacción:
Hemos seleccionado algunos materiales que consideramos deben ser sometidos al análisis ciudadano, pues como se ha advertido permanentemente los pueblos desinformados son campo de cultivo para demagogos, populistas y totalitarios, que por medio del engaño pretenden manipularnos en beneficio de sus ambiciones de establecer Gobiernos tiránicos.Como hemos comentado en otras oportunidades nos encontramos en vacaciones, pero manteniéndonos en alerta sobre la posibilidad de noticias importantes y comentarios de la actualidad nacional e internacional que motivan que algunas veces interrumpamos el descanso con el que cargamos las “pilas” para seguir en nuestra lucha.
Vergonzoso nos resulta el silencio de los comunistas chilenos
sobre la muerte del preso político cubano, Wilman Villar, que
falleció en su huelga de hambre protestando contra la dictadura
de los Castro en la isla mártir.
