Necesidad de
un debate informado.
En
momentos en que el país discute temas tan relevantes y controvertidos como los
cambios en la educación, la reforma tributaria o la despenalización del aborto
bajo tres causales, resulta especialmente importante hacer esfuerzos por
entender lo más cabalmente posible las realidades que se busca abordar. El
impulsor de esos cambios —el Gobierno— tiene una responsabilidad mayor de
realizar ese esfuerzo, para a partir de allí diseñar las propuestas de política
pública que presentará a la ciudadanía.
El
viernes último procuramos aportar información más precisa en dos de los temas
que hoy concitan un apasionado debate, en un esfuerzo por dimensionar mejor sus
alcances. En ambos llama la atención la distancia entre lo que se afirma como
fundamento de las propuestas oficiales y su peso en la realidad, lo que crea
legítimas dudas acerca de si estará ocurriendo lo mismo en otras materias.
Es el
caso de los llamados “grandes empresarios” de la educación escolar y media, a
quienes se atribuye parte importante de sus males. Una revisión de los diez
sostenedores con mayor cantidad de alumnos en la enseñanza particular
subvencionada (y con siete establecimientos en promedio) no muestra una gran
calidad en el conjunto de su labor, aunque hay sí diferencias internas en los
resultados escolares. Así, apenas dos de ellos están sobre el promedio nacional
en la última prueba Simce de 8º año, y tres obtienen más de 500 puntos en la
PSU, mientras cuatro no alcanzan el mínimo de 450. Si bien eso puede ser
significativo, este grupo de “grandes” sostenedores posee un total de 72
colegios (14% son católicos, 3% de otras religiones y 83% laicos), en un
universo de casi 13 mil en todo el país, y representa apenas el 3% de la
matrícula nacional.
Sus
defectos deben ser corregidos, sin duda, pero cuando el discurso oficial omite
datos como ésos, que ayudan a poner en perspectiva la situación, se genera en
la opinión pública la errónea impresión de que parte sustancial del sistema
educativo, cuando no preponderante, se encuentra bajo el control de unos pocos
actores privados cuya principal motivación es obtener ganancias económicas. Por
el contrario, en su inmensa mayoría los colegios son manejados por los Municipios
y por entidades sin fines de lucro, o corresponden a esfuerzos individuales de
antiguos profesores que manejan un solo establecimiento. Así, en los problemas
que afligen al 97% de la matrícula no tienen ninguna incidencia estas “grandes
cadenas” de colegios.
Otro
ejemplo se refiere a la “cifra negra” de los abortos clandestinos, argumento
que impulsa la futura Ley de despenalización, donde se dan números muy
diversos, que una entidad estimó en 1994 en 160.000 anuales, invocados el año
pasado por Senadores de la Nueva Mayoría. En entrevista con “La Segunda”, Elard
S. Koch, investigador especializado en el tema, advierte que ello es
incompatible con los datos conocidos de cerca de 250.000 nacimientos por año en
Chile y el porcentaje de entre 12 y 19% de ese tipo de aborto que llega a los
hospitales, lo que, considerando la fracción que no se hospitaliza y siguiendo
una serie de ocho años, alcanzaría en 2008 un máximo de 20.675. Aquí hacen
falta más estudios detallados, pero es claro que la primera cifra está muy sobredimensionada,
pues no se condice con la realidad demográfica ni con las estadísticas
hospitalarias.
Para
tener el debate maduro y de altura que han pedido las autoridades, en éstos
como en los demás asuntos en los cuales se quiere Legislar, es preciso contar
con argumentos basados en hechos bien establecidos, o al menos dimensionados en
su justa perspectiva. La falta de antecedentes precisos para justificar una
posición puede generar una visión errónea de la realidad que se busca corregir,
desviando de la conclusión acertada. Todos los actores que participan en el
debate nacional, pero especialmente el Gobierno que fija la agenda, deben
realizar este esfuerzo de rigor intelectual.
Publicado
por Diario La Segunda el 04/06/2014