No sabemos
si ese niño que nació hace más de dos mil años es
Dios, lo
que si sabemos es que seguir su mensaje de amor nos
ayudaría a
construir un mejor mundo y sociedades más justas.
Deseamos
en esta noche buena muchas felicidades a
todos
nuestros amigos y amigas.
El Ministro de
Minería Hernán De Solminihac confirmó ayer que
se realizó una
reunión con el intendente de La Araucanía y
miembros del
Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur,
sobre el estado del
volcán Copahue, que mantiene en alerta
roja a la zona del Alto Biobío.
El Málaga
Club Fútbol, dirigido por el chileno
Manuel Pellegrini
se impuso
ayer al Real Madrid por 3-2, desatando
una ola de
elogios al
ingeniero y duras críticas a Mourinho, DT de los
merengues.
Las víctimas de la acreditación,
por Laurence Golborne.
El caso de la Universidad del Mar no nos puede
dejar indiferentes. No sólo ha tenido un impacto en más de veinte mil familias
de estudiantes, docentes y trabajadores, sino también ha confirmado que el
sistema de acreditación requiere mejoras urgentes.
El Estado tiene una responsabilidad que no
puede eludir, dado que es precisamente el deficiente diseño del sistema de
acreditación el que nos ha llevado a esta situación límite, y por lo mismo, es
éste el que tiene la responsabilidad de encontrar una solución rápida y
efectiva a este problema.
No podemos olvidar que, al fin y al cabo, fue
el mismo Estado el que avaló a través de la institucionalidad a esta
universidad, y los alumnos depositaron su confianza en este acto de fe pública.
Entendemos que estamos frente a un tema
complejo con múltiples aristas a considerar, pero las familias no pueden seguir
esperando. Para esto, es crucial que el Gobierno se anticipe y lidere el
diálogo con los afectados.
Necesitamos que este proceso se lleve a cabo de
manera rápida, hay que canalizar las legítimas inquietudes y evitar que los
conflictos escalen hasta encontrarnos con una crisis. Estamos contra el tiempo,
y los alumnos necesitan contar con la tranquilidad de que podrán terminar sus
estudios.
Ellos son las verdaderas víctimas, y en quienes
tiene que centrarse la acción. ¿Qué medidas tomará el Ministerio de Educación
si el Consejo Nacional de Educación decide cancelar la personalidad jurídica de
la universidad? ¿Si la institución sigue funcionando, cómo otorgará el Ministerio
las garantías básicas para asegurar su calidad y continuidad? El Estado ya se
involucró al otorgar la acreditación y debe ser el catalizador de la solución
definitiva para este problema.
Pero este conflicto aborda mucho más que la
dramática situación de la Universidad del Mar o de otras instituciones que han
sido puestas bajo escrutinio. Hoy está en tela de juicio el sistema de
acreditación completo, y la capacidad del Estado de asegurar la calidad en la
educación superior.
Y si bien este tema es de larga data y no fue
siquiera considerado por los Gobiernos anteriores, necesitamos abordarlo ahora
y actuar con urgencia. En ese sentido, las propuestas para la nueva Agencia
Nacional de Acreditación apuntan en la dirección correcta: la elección de los
miembros a través de concurso público, la revisión de las etapas para acreditar
carreras, elevar los estándares con procesos de evaluación más exigentes, que
se establezcan claramente las incompatibilidades, que quienes acrediten sean
agencias públicas o privadas supervisadas y con reputación internacional.
El anuncio del Ejecutivo respecto de la
inclusión de estos puntos en el nuevo proyecto es una señal positiva y que apunta
a eliminar los problemas existentes de raíz.
Es imperioso que esta propuesta se haga cargo
de todos los cuestionamientos que han surgido respecto del sistema, pero
también que incorpore en su diseño las medidas de protección ante el caso de
una universidad que falle.
Debemos entender que un proyecto universitario
que fracasa no tiene las mismas consecuencias que la quiebra de una empresa
productiva.
Tenemos que aprender como sociedad de esta
dolorosa experiencia y sacar las lecciones necesarias para que en el futuro no
se vuelva a repetir.
El costo social para las víctimas y para la
credibilidad de nuestras instituciones es demasiado alto para que no actuemos
enérgicamente para remediar las falencias detectadas, y evitar así que otro
estudiante, profesor o administrativo tenga que pasar por la misma situación
que están viviendo en la comunidad de la Universidad del Mar.
EEUU y las armas,
por Axel Buchheister.
El tiroteo en la escuela de Newtown,
Connecticut, ha causado un profundo impacto y tensión en Estados Unidos; así
también en el mundo. No es para menos, cuando un enajenado entra a un recinto
repleto de niños disparando a diestra y siniestra, sin que nadie pueda siquiera
aventurar alguna razón que permita comprenderlo -no justificarlo-, causando la
muerte a 26 personas, entre ellos 20 niños.
La reacción en todas partes no se ha hecho
esperar: hay que hacer algo con esta devoción absurda y malsana de los yanquis
por tener armas de fuego. Más allá de la opinión que se tenga sobre la necesidad
de restringirlas o prohibirlas, siempre es bueno antes entender la razón de las
cosas y mejor no caer en el simplismo de creer que las poseen de puro
despistados. Porque para ellos esa devoción tiene un sentido muy profundo, que
entronca con su origen y ser como nación.
Cansados de la opresión del poder central
británico, que consistía ni más ni menos en que les cobraba impuestos sin
darles representación en el Parlamento (esa era su gran queja), la gente del
pueblo tomó su mosquete y salió a luchar por lo suyo, libremente, sin que nadie
los reclutara; y así fue como ganaron su independencia. Por eso es que la
tenencia de armas es un símbolo de su libertad. Piensan que siempre que se
priva de armas al pueblo, éste pierde el poder de rebelarse ante la injusticia
y crece el riesgo de la opresión del que ejerce el poder. Es una cuestión de
principios y eso no es poco en una sociedad que vive intensamente sus ideales.
Pero, además -y por lo mismo-, es una cuestión cultural: estudios sociológicos
precisan que allá un conservador se identifica, entre otros factores, porque
“atesora el arma de su padre”. Entonces, no es extraño que la segunda enmienda
de la Constitución garantice el derecho a tener y portar armas (un reciente
fallo de la Corte Suprema precisó que eso dice, porque tiene una redacción muy
enrevesada).
¿Y cómo lidian con el riesgo que suponen las
armas? Con el reverso de la libertad: la responsabilidad individual. EEUU es
una democracia policial, pues aquel que se pasa un milímetro de la frontera de
lo lícito no la ve fácil. No entenderían jamás que los que ponen bombas en los
cajeros automáticos, declarados culpables en un debido proceso, se vayan para
la casa con “medidas alternativas”. Por eso, habiendo unos 300 millones de
armas en poder de los ciudadanos (no existe un registro para saber la cifra
exacta), el número de ellas que interviene en un delito es casi irrisorio,
aunque tienen una tasa mayor que otros países de delitos cometidos con armas.
Si a nosotros nos parece que todo eso de las
armas y la libertad es un cuento añejo y superado, casi tonto, ellos no
consideran muy inteligente de nuestra parte que un Juez deje en arresto
domiciliario abierto a otro acusado de poner bombas en cajeros, y que no
hagamos nada para que responda cuando el inculpado se fuga. Como también que si
sólo después de 200 años fuimos capaces de aprobar una Ley que nos permite
agitar la banderita chilena cada vez que lo sintamos necesario y no cuando la Autoridad
lo ordena, es que recién hemos empezado a entender algo de la libertad y quizás
algún día lleguemos a tener una nación tan grande como la suya.
Prófugo imputado por delitos terroristas.
Transcurren los días y la ciudadanía aún espera
una explicación atendible del hecho de que siga prófuga de la justicia una
persona imputada por delitos terroristas, Hans Niemeyer, quien durante su
procesamiento había estado sujeto a prisión preventiva -la medida cautelar más
gravosa, pero también más eficaz para asegurar la comparecencia del imputado
ante las distintas instancias del proceso, o evitar la comisión de nuevos
hechos delictivos por personas con alto riesgo delictivo o de fuga-. Según la
información a que se ha tenido acceso, esta persona fue luego sometida a
arresto domiciliario, pero debía reingresar a la Cárcel de Alta Seguridad. Tuvo
la oportunidad de escapar, la aprovechó (como sus antecedentes permitían
anticiparlo), y las explicaciones al respecto muestran un cuadro de gran
confusión en cuanto a los sistemas de información entre los Juzgados de
garantía y las policías, en sus oficinas centrales y las Comisarías: fax
virtuales que no se reciben; e-mails que se envían sin la documentación oficial
necesaria -la orden de detención- y que se completan prácticamente tres días
enteros después (con un fin de semana de por medio); cartas certificadas que
demoran seis días en ser recepcionadas; instituciones que no comparten
información vital para un funcionamiento eficaz (como la orden de hacer cumplir
el arresto domiciliario enviada a Carabineros por el Juzgado, pero desconocida
por la Policía de Investigaciones, que controla los movimientos migratorios).
En este contexto, la firma de un acuerdo para
crear el Banco Unificado de Datos (BUD) por el Presidente de la República y los
máximos representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del
Delito, y las policías, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería y el
Registro Civil, es un paso que se reconfirma como indispensable y que no admite
más postergación. Sin embargo, y como lo ha planteado el propio Presidente, la
fortaleza de esta cadena de trabajo es sólo la de su eslabón más débil. El
Ejecutivo destina esfuerzos y recursos a crear el BUD, pero las instituciones
referidas deberán diseñar los procesos mediante los cuales harán uso de la gran
cantidad de información a que tendrán acceso, para que efectivamente alimente
el diseño de estrategias institucionales de mediano o largo plazo, y cuentas
públicas de su gestión, y permitan la toma de decisiones operativas eficaces.
Para eso ha de estar disponible en forma veraz y oportuna, y ser considerada
para la toma de decisiones de los miles de funcionarios en terreno.
Si el caso comentado es representativo de la
realidad -lo que las instituciones involucradas deben aclarar cuanto antes-,
este nuevo sistema debería rendir grandes frutos para hacer valer la Ley y recuperar
la confianza de la ciudadanía en el sistema penal.
Las explicaciones a este respecto muestran un
cuadro de gran confusión.
Debate sobre la existencia de una "burbuja
inmobiliaria".
El Banco Central ha puesto en discusión la
posibilidad de una “burbuja” inmobiliaria, aportando numerosos antecedentes
sectoriales. La información provista apunta en la dirección de un mercado
inmobiliario funcionando a un ritmo exuberante, y se ha entendido que el
objetivo del organismo es inducir a reguladores y agentes privados a considerar
una posible caída en los precios de los bienes inmobiliarios.
Se define una “burbuja” como una situación en
que los precios de un activo suben alimentados por una demanda irracional, que
se fundamenta, en último término, en la expectativa de que esos precios van a
seguir subiendo. Esto genera una dinámica de alza hasta niveles insostenibles,
cuando una nueva expectativa, ahora de caída en los precios, los derrumba.
Existe otra visión, que niega las “burbujas” en cuanto evidencia de operación
irracional de los mercados, y atribuye los episodios de alza y posterior caída
en los precios a distorsiones inducidas por políticas macroeconómicas erróneas,
que desembocan en crisis y colapso de los precios. Cualquiera sea la
explicación, irracionalidad en el mercado o falencias en políticas, episodios
de este tipo han sido recurrentes en la historia, dañaron los sistemas financieros y condujeron a
recesiones profundas y altos costos Fiscales.
Sin embargo, llama la atención que no se amplíe
el análisis a las grandes tendencias y tensiones que se observan hoy en la
economía. La política monetario-cambiaria mutó drásticamente a fines de 1999,
cuando se introdujo flotación cambiaria y una política de tasa de interés
enfocada más exclusivamente al control de la inflación. Así, por ejemplo,
mientras hasta 1999 la tasa de interés real seguía muy de cerca a la tasa de
crecimiento del consumo, desde entonces, en promedio, la tasa de interés real
ha alcanzado a sólo la mitad de la tasa de crecimiento del consumo. Más
recientemente, desde la crisis financiera en 2008, la política Fiscal también
se hizo fuertemente expansiva. En este contexto de políticas, y posibilitado
por altos precios de exportaciones, el consumo y la inversión, si se miden a
precios constantes, han crecido casi 20% más que el PIB, desde la primera mitad
de los años 2000 hasta hoy. Esto está alterando profundamente la economía: en
sus precios relativos a través de caída en el tipo de cambio real, y en la
estructura productiva, hasta llegar a una situación en que casi todo el
crecimiento deriva este año de los sectores productores de bienes no
transables, como la construcción, los servicios financieros, el comercio, etc.
Podemos estar ante una “burbuja” por
irracionalidad del mercado, acotada a lo inmobiliario, y que basten medidas ad
hoc para enfrentar el problema. Pero también puede ser que esta profunda
evolución de la economía -que en el último tiempo ha significado un gasto
creciendo en torno al 9% real desde 2011, estimulado por fuertes transferencias
Fiscales, mientras la tasa de interés real no alcanza a la mitad de esa cifra y
el peso se ha apreciado- haya generado expectativas exuberantes que se estén
reflejando en el mercado inmobiliario y en otros desarrollos indeseables. Las
señales en el mercado inmobiliario hacen conveniente que las Autoridades
monetarias y Fiscales revisen la información y regulaciones sectoriales, así
como sus políticas generales, para asegurar que expectativas infundadas no
resulten en dificultades hacia el futuro.
Lobby y transparencia: el caso de la Ley de Pesca.
Luego de más de un año de polémica tramitación
y al filo de cumplirse el plazo para llenar el vacío en la regulación pesquera
el 31 de diciembre próximo -cuando se vencerán los actuales Límites Máximos de
Captura por Armador, cuotas industriales en base a las capturas históricas por
un período definido-, se aprobó esta semana la Ley de Pesca. Aunque aún queda
por sortear dos presentaciones en el Tribunal Constitucional por parte de Parlamentarios
de la oposición para invalidar esta legislación, se logró el objetivo de
consensuar una fórmula para la explotación de un recurso natural que a la vez
garantice la sustentabilidad del mismo.
El proyecto que se discutió y aprobó era más
amplio que sólo consensuar un mecanismo para las cuotas de pesca. Buscó asegurar
que se cuide la existencia futura de peces a través de dar un mayor rol a la
ciencia en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la investigación y de
la fiscalización. Además logró el polémico objetivo de regular la pesca
artesanal de mayor escala, que hasta ahora se había resistido a ciertas
regulaciones clave. Debemos recordar que el sector artesanal pesca cerca del
50% del total en Chile, lo que hace fundamental también subirlo al carro de la
sustentabilidad.
Sin embargo, más allá de los acuerdos logrados,
en general positivos, la tramitación dejó un imagen de fuertes presiones de
diferentes actores de la industria (no sólo empresas, sino que también las
organizaciones de los pescadores artesanales) que intervinieron en el debate
técnico. Incluso tras su aprobación algunos Parlamentarios opositores acusaron
directamente a sus adversarios de "proteger los intereses de 7
familias". Antes, durante el debate, también se consideró que las
presiones de sectores artesanales distorsionaron ciertas decisiones de carácter
técnico.
Lo cierto es que incluso los más puristas deben
reconocer que es clave que los afectados por las discusiones públicas tengan
posibilidad de hacer ver a los Legisladores sus puntos de vista. Esto enriquece
el debate y mejora las regulaciones. El problema es cuando los intereses
distorsionan las decisiones al punto de beneficiar a un grupo determinado y no
a la sociedad como un todo. El lobby en sí, aunque a veces la palabra se usa
peyorativamente, es una actividad necesaria al punto que varios países le han
dado un marco legal que la reconoce y la regula.
Ley Lobby se discute hace casi 10 años.
Desde 2003 se discute la posibilidad de hacer
una Ley de lobby en Chile, con un proyecto que ha sufrido importantes
modificaciones en los últimos años. La presión de grupos de interés sobre la Autoridad
es un fenómeno que ha existido desde siempre, pero las crecientes demandas por
transparencia y probidad de la sociedad han puesto sobre el tapete la necesidad
de regular, o al menos visibilizar, estas iniciativas. En Estados Unidos hay
una legislación vigente desde 1995 que define el listado de personas,
organizaciones y empresas que se dedican a hacer lobby y también exige que las
empresas informen de cuánto y hacia qué objetivo gastan en este ítem. Regula
también la relación entre el Gobierno y los lobistas en términos de contratos,
asesorías, etc.
En Chile, el modelo norteamericano fue
discutido y analizado, pero algunos sectores consideraron que en la definición
había demasiadas complejidades: ¿es lobista una persona que sólo una vez
interviene a nombre de una empresa?, ¿es lobista una persona que hace una
gestión no pagada ante las Autoridades a nombre de una compañía? La
habitualidad y el pago son los dos factores que deben considerarse al momento
de realizar una lista de lobistas.
El actual Gobierno propuso introducir un factor
diferente: transparentar el lobby mediante la obligación de las Autoridades de
informar con quiénes se juntan y para discutir qué temas. De esa manera, la
ciudadanía puede ver quiénes influyeron en el Ejecutivo y en sus Parlamentarios
para determinados asuntos. Está por verse si esta reforma al proyecto anterior
es bien acogida y si se logran afinar los mecanismos para que las agendas de
los actores públicos efectivamente sean de conocimiento público, un desafío no
menor.
Más Agenda de Transparencia.
Polémicas de transparencia se han abierto en el
último tiempo, ya que actividades privadas previas de las Autoridades han
generado conflictos de interés. Primero es necesario aclarar que Chile es un
país con bajos niveles de corrupción (en el Índice de Transparencia
Internacional 2012 estamos en el lugar 20 de 176 países) y se ha avanzado en
las últimas décadas con legislaciones como la de Transparencia en la Función
Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado que entró en
vigencia en 2009. Esta última permite que hoy estén en línea más de 200
declaraciones de intereses de las Autoridades, que haya un Consejo de
Transparencia que vele por la entrega de información de los organismos
públicos, además normas de transparencia activas y pasivas. Esto en el marco de
nuevas tecnologías que permiten que esta información se pueda pedir y esté
disponible en internet.
Adicionalmente, el Gobierno envió al Congreso
un proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública que ya fue aprobado por la
Cámara de Diputados en marzo de este año. Su intención es potenciar la
regulación de las declaraciones ya existentes en la legislación y recoge en un
solo cuerpo normativo toda la regulación vigente sobre declaración de intereses
y patrimonio, la actualiza, y establece nuevas obligaciones para las Autoridades
y funcionarios a los que ésta se les aplica. Por ejemplo, incluye a Autoridades
y funcionarios que actualmente no se encuentran afectos, abarcando a los
miembros del Consejo para la Transparencia, a los defensores locales, a los
integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, entre otros.
Además, el Gobierno ingresó al Congreso
indicaciones a la ley de 2009 que busca incluir dentro de los sujetos pasivos
de esta Ley a las corporaciones y asociaciones Municipales, como además
contener la posibilidad de notificar a personas cuyo paradero es desconocido
mediante anuncios en el Diario Oficial u otro de circulación nacional, para que
éstas se pronuncien sobre la solicitud.
Como se puede observar, aún hay desafíos
pendientes en materia de transparencia, lobby y probidad, sin embargo, se va
por buen camino.
Asesinato de cuidador en Cañete.
El crimen del cuidador de un fundo en la
madrugada del jueves en la Comuna de Cañete (Región de Biobío) debe ser investigado
con acuciosidad por la Justicia, con el propósito de esclarecer la identidad de
sus autores y cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a ingresar a la
vivienda de Osvaldo Zapata con la intención explícita de matarlo, herir a su
mujer y quemar algunas instalaciones.
Aunque Autoridades locales han señalado que no
es posible por ahora atribuir el crimen a ningún grupo en particular, la
investigación debe considerar antecedentes relevantes, como el hecho de que el
predio asaltado se ubica en el corazón de la zona del conflicto mapuche y que
en Cañete la Fiscalía indaga 18 ataques incendiarios relacionados con demandas
de tierras. Asimismo, debe tomar en cuenta que sobre el fundo existen
reclamaciones de comunidades indígenas que aducen un supuesto derecho ancestral
sobre esos terrenos, que la víctima y su familia tuvieron entre 2007 y 2010
protección policial debido a reiteradas amenazas y que el dueño de la propiedad
dice haber realizado en los últimos años más de 100 denuncias por
hostigamiento, robo de animales y hurto. Aunque la Coordinadora Arauco Malleco
(CAM) envió un comunicado descartando cualquier vinculación con el asesinato,
es necesario que las pesquisas exploren todas las posibilidades para hallar a
los responsables.
La muerte de una persona, ligada o no al
conflicto mapuche, supone un escalamiento en el nivel de violencia que existe
en esa zona, cuyos habitantes se han visto expuestos desde hace varios años a
cortes de caminos, amenazas, ataques incendiarios, invasiones de terreno y un
sinnúmero de otras violaciones a la Ley. Por ello, resulta muy oportuno el
anuncio del Fiscal nacional de que ha designado un equipo especial para
investigar el caso.
Concesiones: cambios y flexibilidad necesarios.
La Ministro de Obras Públicas ha hecho saber que se propone realizar cambios orgánicos en esa Secretaría de Estado. Actualmente, por ejemplo, la Dirección de Concesiones depende de la de OO.PP., y eso entorpece los procesos relativos a las primeras. Asimismo, estudia mejorar los recursos humanos dentro de la Dirección de Concesiones, y aspira a que ésta pueda negociar mejor con los concesionarios. También estima necesario establecer una relación menos desequilibrada entre los concesionarios y la dirección del ramo. Sin embargo, la Ministro no promueve fuertemente la idea de una Superintendencia de Concesiones, que fiscalice y sancione las faltas de cumplimiento de la Ley de Concesiones y de las condiciones establecidas en los contratos respectivos.
Otro cambio previsto apunta a mejorar
dichos contratos, para brindar una mayor calidad de servicio. Al respecto, se
contempla incluir nuevas cláusulas para enfrentar la congestión en los peajes,
similares a las que ya se aplican a los nuevos proyectos. Sería de general
conveniencia extenderlas a los contratos existentes. Por cierto, esto no podría
quebrantar el derecho de los contratos, pero cabe suponer que los
concesionarios advertirán que el sistema se debilita si el público no lo
percibe como equitativo, y, por tanto, se allanarán a ajustes que tengan ese
efecto.
Muchas de las concesiones antiguas,
que han tenido tanto éxito en el pasado, hoy han copado su capacidad y se
hallan congestionadas durante parte importante de la jornada. Esto, unido a las
dificultades que han opuesto las empresas para renegociar los contratos con el
objeto de aumentar la capacidad de las carreteras, ha reducido la benevolencia
con que las concesiones fueron inicialmente consideradas por el público y el
mundo político.
Esta percepción popular será mucho
más negativa con la aplicación de las tarifas de congestión que contemplan los
contratos, que son caras y están mal diseñadas, pues no responden a la magnitud
actual de ese problema, sino a la que tenía en el pasado, cuando el sistema
comenzó. Las tarifas de congestión son un instrumento valioso para controlar
las externalidades de la misma, pero deben estar bien implementadas, a
diferencia de lo que ocurre con los contratos firmados en los años 90. Esa
percepción negativa se verá incrementada por el hecho de que los recursos
adicionales generados por la congestión son percibidos por los concesionarios,
pero no se dirigen a aumentar la capacidad. Una percepción negativa del sector
por el público sería difícil de eliminar, y los concesionarios deberían ser los
más interesados en evitarlo: sectores impopulares son vulnerables a reacciones
políticas que pueden traducirse en modificaciones legales que cambien de modo
radical sus condiciones. Los propósitos de la Ministro son razonables, y es de
desear que sus esfuerzos logren corregir diversos aspectos que han ido siendo
postergados.
Esta percepción popular será mucho
más negativa con la aplicación de las tarifas de congestión que contemplan los
contratos, que son caras y están mal diseñadas.
Nuestra envidiable macroeconomía.
Según el Banco Central, durante el tercer
trimestre de 2012 la actividad económica creció 5,7%, por sobre las
expectativas del mercado. En este contexto, las proyecciones de la Autoridad
monetaria ubican al crecimiento de nuestra economía cerca del 5,5% para 2012, y
entre 4,25% y 5,25% para 2013, un rango superior al considerado en el Ipom del
trimestre anterior. Estas cifras son notables, y tanto más al considerar que
las proyecciones del FMI sugieren un crecimiento del producto mundial de 3,5% y
4,1%, para 2012 y 2013, respectivamente. Así, nuestro país avanza con paso
firme en su consolidación como el más rico de la región, teniendo un desempeño
ejemplar en el contexto mundial.
Probablemente, la única nota de preocupación
(al menos explícita) del instituto emisor en sus informes es la situación de la
cuenta corriente. La fuerte alza experimentada por el gasto interno -8% en 12
meses-, en conjunto con la fuerte caída de 2.089 millones de dólares en la
balanza comercial en el mismo lapso -debido principalmente a la disminución del
precio del cobre y sus volúmenes exportados-, explican los 4.783 millones de
dólares de déficit en cuenta corriente para el tercer trimestre de este año, equivalente
al 2,9% del producto acumulado durante los últimos 12 meses.
Ante este empeoramiento, el Banco Central
estima que 2012 cerrará con un déficit de cuenta corriente cercano al 3,8% del
producto, superior al 3,4% previsto en septiembre, y las proyecciones para 2013
sugieren un valor cercano al 4,6% del producto. La preocupación de la Autoridad
monetaria en este tema es justificada, no sólo porque los déficits en cuenta
corriente han precedido históricamente a crisis profundas en nuestro país, sino
también porque la situación actual crea una mayor vulnerabilidad en el evento
de escenarios externos adversos.
Pero, afortunadamente, el déficit actual se
explica por la fuerte inversión en proyectos orientados a la producción de
bienes que pueden ser comercializados internacionalmente. De manera adicional,
el financiamiento de éstos proviene de inversión extranjera directa y no de
deuda. Esto, sumado a la ausencia de indicios de sobreendeudamiento, permite
tener calma ante el saldo negativo en cuenta corriente.
De todos modos, la desfavorable evolución de
las condiciones Fiscales en la Eurozona, la debilidad del sistema financiero
internacional y la lenta reactivación en EE.UU. y Japón, como lo explica el
Banco Central, son elementos que deben monitorearse continuamente, pues
constituyen amenazas latentes a la estabilidad financiera de nuestra economía.
¿Por qué no sube la inflación?
En cuanto a la inflación, las noticias también
son positivas. La variación en 12 meses del IPC descendió respecto del mes
anterior. Específicamente, las cifras reportadas por el Banco Central señalan
que en noviembre la inflación anual alcanzó 2,1%, siendo 0,8 décimas menor que
la variación observada en octubre.
Otro elemento que ha caracterizado la dinámica
de precios -si bien siempre en el marco de niveles bajos de inflación- ha sido
una constante variabilidad, particularmente explicada por el comportamiento de
los alimentos como frutas y verduras.
Con todo, la inflación para 2012 debería ser
cercana al 3%, un nivel que se anticipa se mantendría para 2013 y 2014. En un
país que por décadas sufrió los estragos asociados a aumentos significativos de
los precios, la situación actual puede enorgullecernos.
Pero en el contexto de una economía que crece fuertemente,
con una demanda interna que se expande por sobre lo esperado, con salarios
nominales creciendo a tasas anuales entre 6% y 7%, una capacidad instalada
utilizada intensamente, los bajos y estables niveles de inflación son
sencillamente sorprendentes.
De hecho, los temores respecto de la
posibilidad de una escalada inflacionaria que se han escuchado durante los
últimos meses no se condicen en absoluto con la evolución observada en los
precios, y si bien los informes del Banco Central no mencionan explícitamente
la sorpresa del Consejo, las múltiples páginas dedicadas a buscar una
explicación al fenómeno llevan a reflexionar respecto del real entendimiento de
los factores que lo explican.
En particular, no convence del todo que
factores tales como el aumento de la productividad del trabajo, la reducción de
los márgenes y el tipo de cambio expliquen la estabilidad en los precios. A
esta lista quizás deberían agregarse los cambios en la metodología que el
Instituto Nacional de Estadísticas desarrolló en 2009, cuando la recolección de
precios en el cálculo del IPC pasó de ser realizada exclusivamente en el Gran
Santiago a serlo en las 15 capitales Regionales y sus zonas conurbanas. Un
análisis de las consecuencias de este cambio podría ayudar a explicar la nueva
dinámica de la inflación.
Pero independientemente de las causas del
fenómeno, ante el nuevo escenario, ¿por qué no discutir lo que consideramos un
nivel de inflación aceptable? Dada la sólida estabilidad de precios y la
fortaleza de la economía, quizás es momento de preguntarse si el Banco Central
debe revisar su meta inflacionaria hacia la baja.
Libertad de expresión en Argentina.
El hostigamiento del que ha sido objeto el
grupo argentino Clarín por parte de la Administración de la Presidente Cristina
Fernández, en respuesta a sus cuestionamientos a través de recursos judiciales
de la llamada “Ley de Medios”, debe ser
motivo de preocupación ante la amenaza
que supone para la libertad de expresión y el sano ejercicio de la crítica democrática
en el país vecino.
La “Ley
de Medios”, aprobada en 2009, contiene disposiciones controversiales, entre las
que cabe mencionar la que promueve la
“desmonopolización”, esto es, fijan límites a la propiedad conjunta de medios, tanto en
la cantidad como en el tipo de
licencias. Este punto parece diseñado especialmente para afectar al grupo
Clarín, que, al ser el mayor conglomerado de medios de Argentina, se vería
obligado a desprenderse de múltiples empresas asociadas. El holding ha
reclamado ante Tribunales la Inconstitucionalidad de la legislación, y mediante
amparos ha conseguido postergar su aplicación, estando pendiente que la Corte
Suprema se pronuncie.
Esta
disputa Judicial ha generado airadas reacciones del Gobierno, incluso de la
propia Presidente, llegándose al extremo de lanzar ataques en contra de
periodistas o directivos pertenecientes a dicho conglomerado a través de
cadenas nacionales. Estas cuestionables prácticas han sido reforzadas con la
asignación arbitraria de abundante publicidad estatal hacia aquellos medios que
se abstienen de realizar críticas al Gobierno. El escenario descrito constituye
una amenaza directa para el ejercicio de las libertades de prensa y expresión,
cuestión que ha sido denunciada por instituciones como la Sociedad
Interamericana de la Prensa (SIP), la cual recientemente alertó que en
Argentina continúa habiendo graves inconvenientes para el desempeño libre del
periodismo. Ello impide que la ciudadanía ejerza una adecuada fiscalización y
control al poder constituido, lo que es un riesgo para el sano funcionamiento
de su democracia.
A nuestros (as) amigos y amigas:
No sabemos si ese niño nacido en Belén hace más
de dos mil años es el hijo de Dios o un simple mortal, pero lo que si sabemos
es que el mensaje que nos dejó tiene hoy más vigencia que nunca en el
convulsionado, odioso y dividido mundo en el que vivimos, en el que la
injusticia reina de manera casi absoluta.
El mensaje es clarísimo en su llamado a adorar
a Dios y de amar al prójimo, por cierto además de todas sus otras aclamaciones
a la verdad, la bondad, la solidaridad o a la hermandad de los humanos,
siguiendo solamente las dos recomendaciones de este gran hombre, sin duda
eliminaríamos los odios y las injusticias.
Sabemos que es difícil vivir el cristianismo a
cabalidad, pero eso no puede justificar que lo hayamos usado para esconder
nuestras propias inequidades ni que nos hayamos refugiado en un consumismo
deshumanizante para disimular nuestro desencanto con las sociedades que hemos
construido.
CURIOSAS MATEMÁTICAS COMUNISTAS.
El año 1972 cumplieron 50 años, a los que
agregando los 40 que han pasado desde esa fecha, con bombos y platillos
anuncian que han cumplido 100…
Imagen del
Presidente Salvador Allende, el dirigente Comunista
Luis
Corvalán, conocido como el “patas cortas”, y el Socialista
Carlos
Altamirano, famoso como el “mayoneso”, en los
festejos
del 50 aniversario del PC, realizados en el Estadio
Nacional el año 1972.
Una
decidora caricatura sobre el fin del mundo tomada del Diario
Electrónico
La Nación que consideramos define las preocupaciones
que ha
tenido en mundo en estos últimos días, enlazándola con
los
problemas de muchos para enfrentar estas navidades:
