jueves, 6 de diciembre de 2012

Imágenes informativas, temas controversiales....

 El Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Secretario General de la
Presidencia, Cristián Larroulet, sostuvieron ayer una videoconferencia
con el Canciller Alfredo Moreno y el equipo jurídico que representa
a Chile en La Haya.



La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, informó que a contar de hoy
la bencina de 97 octanos subirá en $10 por litro, el valor de la parafina
se elevará en $11, mientras que el precio del diesel escalará en  $7.



El Banco Central informó que el IMACEC creció un 6,7% en octubre,
comparado con el mismo mes de 2011, las actividades manufactureras
y el comercio fueron los motores, la economía acumula un crecimiento
de 5,7% en los primeros 10 meses del año.



Bancos comenzarán en enero plan piloto para incorporar chips
‘’anticlonación´´ a tarjetas de crédito, el Presidente los banqueros
dijo que ‘’La idea es partir con las nuevas y luego repondremos
las que fueron emitidas con anterioridad’’,



Estudio de la UC y la Fundación Banmédica concluyó que solamente
un 15% de los jóvenes y adolecentes tiene un estilo de vida saludable
y que solo un 4%  tiene una alimentación que puede considerarse
óptima.



PS y PPD rechazan ‘’condiciones’’ de ME-O para integrarse a equipo de
primarias, directivos de ambos partidos dicen que no es ‘’razonable’’
que el candidato Presidencial del PRO sólo esté presente en el debate
Parlamentario y programático.



Según el diario israelí Haaretz, citado por otros medios internacionales,
la Diplomacia siria inició ‘’contactos’’ con Cuba, Ecuador o Venezuela
para que el tirano Bashar Assad obtenga asilo si es derrotado y
obligado a dejar Damasco.



Al menos dos muertos habrían dejado los enfrentamientos, una
verdadera batalla campal,  entre los  opositores al  Presidente
egipcio Mohamed Morsi y los Hermanos Musulmanes que
apoyan al Gobierno.



La Secretario de Estado norteamericano, Hillary Clinton, se perfila
como la favorita para encabezar a los demócratas como candidata
a la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2016. Un
57% de los encuestados favorecería su postulación.



Paso de tifón Bopha por Filipinas ha dejado hasta el momento  a más
de  300  muertos, el Gobierno dijo  que familias enteras fueron
arrastradas por el agua, hallándose sus cuerpos a grandes
distancias. La situación más compleja se vive en las zonas rurales
de la isla de Mindanao.








DC y PC frente a la Historia,
 por Gonzalo Rojas Sánchez.


Patricio Aylwin ha resumido en pocas palabras el casi secular pánico a la historia del que son portadores los democratacristianos. Refiriéndose a las últimas disputas con el PC, el ex Presidente afirmó que "yo aconsejaría que terminara el debate; son cosas para la historia, pero no debieran ser hechos que interfirieran en la política de estos días".



A simple vista, la polémica parece centrada en si la DC apoyó o no el pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973, cuestión, por lo demás, ya resuelta afirmativamente si se recuerdan los textos tantas veces citados de Frei Montalva y del mismo Aylwin. Temas anexos parecen ser los apoyos comunistas a regímenes de larga trayectoria en la historia reciente, como el norcoreano (desde 1948 en adelante) o el cubano (desde 1959 hasta hoy).



Pero el punto no está en esas disputas concretas sobre hechos o regímenes. Ni siquiera lo importante es contrastar las trayectorias históricas globales de comunistas y democratacristianos en Chile. Lo que en el fondo siempre ha estado en juego en las relaciones entre la DC y el PC es el sentido más profundo de la Historia, así con mayúscula.



Cuando el mismo Frei Montalva declaró en "El Siglo", en 1946, que "hay algo peor que el comunismo, esto es el anticomunismo", revelaba una carencia de filosofía de la Historia. A la DC siempre le ha resultado más atractivo tratar de proteger una visión histórica densa, como es la marxista, que oponerse decididamente a ella; ha calificado siempre al anticomunismo como una bestia negra que ataca a otra bestia, muy peligrosa, pero bien intencionada.



La Democracia Cristiana nunca ha podido oponer a la mirada histórica del marxismo un relato propio y suficientemente serio, simplemente porque no lo tiene. Y si lo hubiese tenido, obviamente habría debido ser el que viene desde Daniel y alcanza su plenitud en Agustín. Era lo que le correspondía por su talante cristiano, pero no ha sido así.



Lo más denso que tiene la DC para oponerle al PC es lo que Gutenberg Martínez ha llamado "tradiciones ideológicas", las que ciertamente difieren entre sí. Pero con esa poquita cosa -las ideologías no son más que historietas con un final feliz nunca logrado- no se puede enfrentar exitosamente a la tremenda densidad conceptual en que se sustenta el PC chileno.



Los comunistas, es cierto, se debaten hoy entre dos filosofías de la Historia de alcances prácticos bien diferentes. Por una parte, quienes han actualizado el marxismo originario y las aportaciones leninistas, validando la afirmación de Hobsbawm en "Cómo cambiar el mundo", en el sentido de que será una vez más en la infraestructura económica que habrá que hacer presión, para demostrar que ahí se terminarán cumpliendo las leyes del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Paradójicamente, la conquista del Estado (media docena de Alcaldes, tres Diputados, quizás un Ministro en la administración próxima) sería todavía el objetivo principal para hacer una revolución desde arriba. Cuando Teillier y la dirigencia del PC presionan por acuerdos y cupos, la concreción leninista de la filosofía histórica marxista parece seguir viva.



Pero, por otra parte, están los comunistas de matriz gramsciana, para quienes la Historia es praxis, es la destrucción de una hegemonía dominante y su reemplazo por otra, es la derrota de un determinado sentido común y la ocupación de ese lugar por otro, todo gestionado desde abajo, por los grupos subalternos en armónica tarea con los intelectuales orgánicos.



Una filosofía de la Historia mucho más encarnada en Vallejo, Ballesteros y Salazar. A unos y a otros -gane quien gane en el PC- la DC no tiene relato alguno que oponerles.



La Haya: Sólo algunas palabras de más,
por Fernando Villegas.


“¡Duro golpe a Chile en La Haya!”, titulaba el martes el diario limeño La Razón para calificar los alegatos de sus abogados. La razón, dicho sea de paso, es cualidad de la cual ese medio tiene poca; su especialidad es la farándula política y el avivar fuegos allí donde los encuentre, lo cual hace con el mismo fervor, aunque en terreno más delicado, con que los medios faranduleros de Chile se especializan en levantar fuego con dichos y hechos de bataclanas y futbolistas. En su subtítulo de portada dicho medio explicaba: “Perú dicta cátedra ante Corte Internacional”.



Fue y es un titular y subtítulo algo optimista. Los “golpes” de los juristas del Perú difícilmente fueron más contundentes que un abanicazo que pudiera asestar una señora de los salones de San Isidro, en Lima, tan repletos de dichas damas. Se necesita imaginación desbordante para confundir los miriñaques retóricos del francés que defiende a Perú con la contundencia lógica y argumental. Dar cátedra no es lo que hicieron, sino hacer su trabajo conforme a los deseos del cliente.



Si acaso el titular ilumina algo es quizás el ánimo y aspiraciones del peruano de a pie a quien dicho medio suministra su diario alimento espiritual. El peruano es hombre de grandes virtudes -comenzando por su buena mano en la cocina-, de hablar correcto, simpatía y buena onda, excelente trabajador y profesional, pero descarrila un poco cuando sale a relucir Chile. ¿Cómo podría ser de otro modo si desde niño se le enseña, en el colegio, un  increíble grado de animadversión?



Para ser justos, no toda la prensa chilena evitó caer en el mismo pecado de manipular querellas y rencores que hace rato debieran haberse desvanecido. Un vespertino tituló, el lunes, con un chirriante encabezado anunciando que Perú trataba a Chile de embrollón o algo parecido. No ha habido tal cosa. Para comenzar no son Perú ni Chile quienes hablan  en la Corte, ni siquiera muchos peruanos o chilenos, sino más bien jurisconsultos a sueldo, gente que argumenta contra reembolso y aprovecha la ocasión para hacer gala de sus habilidades retóricas e histriónicas en pro de sus prestigios profesionales y pensando en futuras pegas. Ni en Perú ni en Chile ha habido golpes de ninguna clase. Tal vez sí haya habido algunas palabras de más. En Chile es pecado habitual. Se habla más de la cuenta. En esta época de micrófonos y cámaras apenas un 1% de los incumbentes resiste la tentación de abrir la boca.



Considerando el tópico que se discute, el clima prevaleciente en las poblaciones de verdad, en los peruanos y chilenos de a pie, este ha sido más bien calmoso y curioso, expectante quizás, pero no chovinista. De esto los países europeos, que han mantenido un olímpico desinterés por el contencioso -al punto que el principal titular de la BBC era, simplemente, el embarazo de la señora de unos de sus príncipes, esos desvaídos jovencitos de mejillas sonrosadas y cara de nalga- debieran sacar lección. Nosotros vamos a Cortes, ellos iban a guerras. Tercermundistas y todo, mantenemos ciertos modales y limamos asperezas con disputas verbales. Quizás eso les parezca poco serio: lo serio, en su tradición, es ir a echarse bombas.



Todo ha sido civilizado al menos hasta ahora, aunque no hay garantía de que no pueda haber algún desafuero local. Ni en Perú ni en Chile hay déficit de nacionalistas delirantes. Basta entrar -en YouTube- a sitios vinculados con las relaciones Chile-Perú para constatarlo. Pero esos dementes son una minoría. El peruano de verdad es el agradable e inteligente fulano de los suspiros limeños. Y el chileno de verdad NO es el que insulta a los peruanos instalados en la Plaza de Armas. Aquí no ha habido golpes y es bien posible que nunca Los Haya.



Cónclave de la centroderecha,
por Luis Larraín, Libertad y Desarrollo, Jorge Jaraquemada,
Fundación Jaime Guzmán, y Najel Klein, Instituto Libertad.


En días recientes se llevó a cabo el Segundo Simposio de Reflexión Programática, denominado "Proyectando las ideas de la centroderecha en la acción política", organizado por los centros de estudios afines a la coalición oficialista, Instituto Libertad, Fundación Jaime Guzmán E. y Libertad y Desarrollo, y que convocó a diferentes actores del sector: líderes políticos, intelectuales y académicos, y miembros de la sociedad civil.



Los simposios nacen sobre la base de un diagnóstico crítico respecto del estado actual de la centroderecha: una suerte de desdibujamiento gradual de su proyecto político en los últimos años, precisamente por la falta de espacios de reflexión y debate acerca de cuáles son sus ideas y principios, y la importancia de que éstos guíen su acción política.



Porque para enfrentar los temas más complejos del Chile de hoy como la superación de la pobreza, mejorar la calidad de la educación, enfrentar el desafío energético y medioambiental, o alcanzar el desarrollo, no sólo se requieren políticas públicas sólidas desde la perspectiva técnica, sino, y sobre todo, ideas y principios claros que son su fuente inspiradora y guía.



Y al igual como sucedió en el primer simposio -denominado "Ideas y Prioridades de Futuro", que estuvo centrado en vincular las ideas de la centroderecha con temas específicos de la agenda pública que marcaron el 2011, como educación, seguridad pública y derecho de los consumidores-, este segundo simposio, si bien buscó la reflexión y el debate en un marco de unidad, extendió una invitación plural a las diversas fuerzas de la centroderecha, no tan sólo en términos partidarios (RN, UDI e independientes afines), sino de las diversas sensibilidades y denominaciones que coexisten al interior de ésta: conservadores, socialcristianos, liberales, liberales clásicos, libertarios y progresistas.



Y a pesar de los matices, prioridades y cuestiones de forma en que por supuesto se expresaron diferencias, hubo amplio consenso entre los diferentes expositores en el cónclave -tanto de sus líderes políticos como el Presidente de la República, los Presidentes de RN y UDI, y los precandidatos Presidenciales, como de los expertos, académicos y participantes que intervinieron con comentarios y preguntas- en tres cuestiones de fondo: que el proyecto político de la izquierda es bastante simple y unidimensional: más Estado en todos los ámbitos -y si hay algo que se está derrumbando por estos días es el Estado de Bienestar en Europa-; que tiene sentido la acción política de la centroderecha en la medida en que se avanzan ideas sobre el hombre y la sociedad, y que más que programas de Gobierno (propuestas de solución frente a problemas concretos), lo relevante es entregarle al país un proyecto político claro, y que dicho proyecto descansa sobre un núcleo central de ideas compartidas basadas en: (a) el respeto irrestricto a la dignidad de la persona; (b) que ésta cuenta con derechos y libertades que son anteriores al Estado; (c) que el ejercicio de la libertad va acompañado correlativamente de responsabilidad; (d) que el respeto al imperio del derecho es fundamental para garantizar la paz social; (e) que el Estado tiene un rol limitado en los asuntos sociales y económicos, y que debe estar guiado por el principio de subsidiariedad, y (f) que la economía social de mercado es un instrumento que favorece el emprendimiento y la creatividad de las personas.



Bajo este contexto, el Segundo Simposio de Reflexión Programática es un paso importante para consolidar y proyectar en el tiempo una verdadera cultura de reflexión de la centroderecha en torno a sus ideas y principios, no sólo -como recalcara el Presidente en su discurso- porque estas ideas han demostrado ser las mejores para lograr la realización plena de las personas, el progreso de los países y la búsqueda de mayores niveles de bienestar, sino porque al identificarlas con claridad, marcan el rumbo de la acción política que emprendemos.



Chile: transparencia y corrupción.


El informe correspondiente a 2012 de Transparencia Internacional, dado a conocer hoy (ayer), constituye una buena noticia para la imagen de Chile, puesto que lo sitúa junto a Uruguay como las naciones menos corruptas de Sudamérica y en el vigésimo puesto a nivel mundial, con un alza de dos puntos sobre la lista anterior. En el ámbito regional americano, los primeros lugares corresponden a Canadá, Barbados, Estados Unidos e inmediatamente después Chile y Uruguay; ellos como noveno, decimoquinto, decimonoveno y vigésimos (los dos últimos) en la escala global. En ésta, los cinco primeros países son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelandia, Suecia y Singapur. Cabe advertir que para este año los índices respectivos han sido actualizados, de manera que los resultados respondan mejor a la realidad actual.



 En sus comentarios a la aludida nómina, Transparencia Internacional observa que dos tercios de los Estados que allí figuran están bajo los 50 puntos sobre 100 (cifra que mientras más baja sea señala mayor percepción de altos niveles de corrupción), lo que indica una grave deficiencia en la gran mayoría de ellos que obliga a los respectivos Gobiernos a emprender acciones decididas para superarla. Como situaciones especiales para tener en cuenta, la entidad menciona los casos de la Europa afectada por la crisis, donde se aprecia un deterioro en este terreno, y de las principales economías mundiales, en cuanto a la necesidad de que sus instituciones sean completamente transparentes y ejemplares en su actuación, dado lo que pueden afectar al resto del mundo.



 En lo que se refiere a nuestro país, el tema ha estado efectivamente en la agenda nacional, tanto por la convicción general de que hay un buen estándar en la materia como por las denuncias específicas que ha habido en diversos sectores y que van desde abusos de ciertas empresas con sus clientes a casos de policías corruptos y el reciente escándalo en algunos procesos de acreditación universitaria. En todas esas acusaciones se ha echado de menos tanto una real modernización del aparato Estatal adecuada a sus tareas de control en diversas áreas, como una aplicación rigurosa de las inhabilidades que por sus intereses comprometidos afectan a determinadas personas y una mayor conciencia de la responsabilidad empresarial, que debería traducirse, entre otras acciones, en códigos de ética como el diseñado por la Sofofa. Cabe sí señalar que en los hechos más graves ha habido una rápida reacción institucional, lo que se hace evidente en las drásticas sanciones conocidas ante cualquier riesgo de corrupción policial.



 Intimamente vinculado a este tema están el desarrollo de la transparencia en la vida pública, factor determinante en el combate a la corrupción, y el perfeccionamiento tanto de los organismos que promueven esa apertura al escrutinio ciudadano como de todas aquellas instituciones que están al servicio de la comunidad. En este campo falta aún una mayor conciencia del problema, vencer la natural resistencia de la burocracia y ajustar las necesarias atribuciones del propio Consejo Nacional de Transparencia, cuyos alcances han debido ser limitados en ciertos casos al ser considerados excesivos por los Tribunales, pero sin duda existen ya avances valiosos que ojalá se consoliden y extiendan.



Aprobación de Punta Alcalde.


El Comité de Ministros -integrado por los titulares de Minería, Agricultura, Economía, Energía, Salud y el Subsecretario de Medio Ambiente- aprobó por unanimidad la construcción de la central termoeléctrica de Punta Alcalde de Endesa, tras agregar exigencias adicionales de mitigación más estrictas que las presentadas inicialmente por la empresa. Dicha central, con una potencia instalada de 740 MW y una inversión de 1.400 millones de dólares, será la más grande del país, si logra superar la ya anunciada apelación que interpondrá el Alcalde de Huasco ante la Justicia.



Se ha revertido así la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA), que en julio pasado rechazó el proyecto, pues sólo contó con el apoyo de tres de los 10 Seremis Regionales que votaron. Se adujo entonces que no se contaba con estudios que mostraran que la planta cumplía con el nuevo reglamento de emisiones, más exigente que el anterior (el proyecto ingresó al SEA antes de que se dictara dicho nuevo reglamento), y que tampoco presentaba el impacto que tendría el enviar al mar las aguas utilizadas por esa planta durante su operación. Aunque según la empresa ambas objeciones habían sido incluidas en su última presentación, las exigencias adicionales que incorporó ahora el Comité de Ministros resuelven esas dudas e incrementan la mitigación. En efecto, se consideró el hecho de que Endesa acordara con la planta de pellets de CAP, también ubicada en Huasco, incorporar un filtro electrostático a esta última, que disminuye en 300 toneladas anuales de CO2 sus emisiones, mitigando con eso las mismas 300 toneladas que generará la central térmica, que, además, estarán más lejos de la población que las de la planta de pellets . Asimismo, se cerrará la operación de las turbinas de petróleo diésel (Central Huasco, de 64 MW de capacidad) y se reducirá el nivel máximo de emisión de material particulado a 10% menos que lo exigido por la nueva norma de emisiones. En suma, una vez construida la central, el nivel de emisiones del valle será incluso más bajo que el actual.



El Comité de Ministros es una instancia técnico-política que la institucionalidad ambiental contempla y que hace posible que proyectos rechazados en instancias anteriores, pero que cumplan con las normas ambientales exigidas, puedan ser aprobados al más alto nivel político. Es una norma necesaria, pues las decisiones en niveles anteriores no siempre incorporan todos los elementos que han de considerarse para decidir la factibilidad de un proyecto, o bien, resuelven según criterios que no son necesariamente de consenso con el resto de las instituciones, y por eso se le ha entregado esta facultad al Gobierno de turno, que es el encargado de Administrar el Estado por decisión popular. En este caso, el proyecto cumplía con las normas ambientales, y el Comité de Ministros decidió aumentarlas para asegurar la adecuada mitigación de sus efectos. Una decisión técnico-política a este nivel debe estar disponible para que el país pueda zanjar discrepancias que superan los cálculos técnicos, y que se basan en apreciaciones diferentes o preferencias individuales distintas respecto de posibles escenarios de futuro que puedan manifestar las diversas instancias institucionales.



La señal que el Gobierno ha dado es nítida, oportuna y muy positiva. Si los proyectos de generación de energía -en particular los térmicos- cumplen con la exigente norma de emisiones recientemente aprobada y con el resto de la normativa ambiental vigente, dará curso a su construcción, para beneficio de todo el país, impulsando el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ningún Gobierno puede exponer irresponsablemente a ésta a las penurias que significaría un desabastecimiento a muy pocos años plazo.



Demora en tribunales ambientales.


Una serie de dificultades ha experimentado la implementación de los llamados Tribunales ambientales, una de las piezas relevantes en la nueva institucionalidad del sector. De acuerdo con la Ley 20.600, publicada en el Diario Oficial en junio de este año, el primero de dichos Tribunales -de un total de tres- debería ponerse en marcha el próximo 28 de diciembre, pero el proceso de nominación de los futuros Jueces aún no concluye. Corresponde que tanto el Gobierno como el Senado se empeñen por acelerar los procedimientos y actuar con el debido sentido de urgencia.



El Gobierno ha justificado este retraso sobre la base de la complejidad para nominar a los Jueces, los que deben cumplir con un riguroso perfil técnico y en cuya designación participan los tres poderes del Estado. Sin embargo, esa es una situación que se debió haber anticipado durante la tramitación del proyecto de Ley, donde no se previó que un plazo de seis meses para implementar los nuevos Tribunales podría resultar estrecho. Tampoco ha sido posible nominar al Superintendente del Medio Ambiente -proceso a cargo del Sistema de Alta Dirección Pública-, en vista de lo cual se prorrogó el Mandato del actual interino. Estos retrasos empañan el inicio de la nueva institucionalidad ambiental  -Tribunales y Superintendencia-, y es indispensable que sobre un tema de alta sensibilidad para el país los nuevos órganos estén plenamente operativos a la brevedad posible.



Las funciones de los nuevos Tribunales incluyen resolver respecto de las resoluciones de la Superintendencia respectiva o del comité de Ministros en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De allí la importancia que el nuevo sistema esté operativo pronto, pues podría ayudar a reducir la fuerte incertidumbre que hoy existe en los criterios para la aprobación ambiental de grandes proyectos, especialmente en los campos de la energía y la minería.    



Cambios al sistema de notarías y conservadores.


El Gobierno busca sacar adelante un proyecto de Ley que establece un régimen simplificado de constitución y modificación de sociedades. La iniciativa data de fines de 2010 y básicamente establece un sistema de registro sin costo ante el Ministerio de Economía, mediante la suscripción de formularios e inscripción electrónica. Asimismo, ha presentado recientemente otro proyecto que innova en la designación de notarios, conservadores y archiveros, como también respecto del sistema registral de la propiedad raíz. El primero de dichos proyectos fue impugnado por un grupo de Diputados ante el Tribunal Constitucional, lo que ha dado origen a la controvertida y poco explicable situación de que diversos Parlamentarios han retirado o sumado su firma al requerimiento en el transcurso de pocos días.



El sistema de fe pública y registral requiere de una modernización de procesos y tecnologías, y de la eliminación de trámites, constancias y registros innecesarios, muchos de los cuales provienen de exigencias que hace el propio aparato público. Sin embargo, ello demanda una reforma integral y coherente, que no afecte la confiabilidad que hoy entrega, lo que se contradice con el proyecto de Ley relativo a la formación de sociedades. Este se hace cargo parcialmente del tema al abordar un problema específico de registro, y además en forma inadecuada, pues deja subsistente de manera paralela el régimen actual, contemplando la posibilidad de migrar entre uno y otro, lo que sólo generará confusión e inconvenientes prácticos y de interpretación jurídica. Por otra parte, el diseño es cuestionable desde la perspectiva de una buena política pública, cuando pone a competir un sistema público sin costo para el usuario, solventado con fondos públicos, con otro privado que cobra aranceles a quienes lo utilicen. Esta forma de abordar los cambios parece un esfuerzo del Gobierno de minimizar las trabas de llevar a cabo una reforma coherente, no importando los inconvenientes que ello presente.



Por su parte, el requerimiento presentado por Parlamentarios ha sido objeto de una seguidilla de retiros y adiciones de rúbricas -lo que mueve a duda sobre las razones que explican los sucesivos cambios de opinión-, cuestión que ha obligado al TC a suspender la tramitación mientras no se determine si cuenta con el patrocinio del número suficiente de Diputados. Sin embargo, la interpretación correcta debería llevar a exigir el quórum al momento de ser interpuesto el requerimiento, porque interpretarlo de otro modo llevaría a que se extienda la práctica de retirar firmas y las presiones para ello.



El proyecto de Ley sobre notarios, conservadores y archiveros también es una iniciativa que aborda sólo una parte del problema: la designación de estos funcionarios y el régimen registral de los inmuebles. En lo primero está bien encaminado, en cuanto pretende acabar con las prácticas poco transparentes en tales designaciones y en la irregularidad de transar notarías, creando una carrera que se basa en postulaciones y selecciones objetivas para cada cargo, como también en los ascensos, exigiendo la aprobación de exámenes periódicos. La reformulación del sistema de registro de inmuebles debería cuidar que no se dañe la seguridad que ha otorgado el régimen de su propiedad, no obstante ser en su forma anticuado y demandar una urgente modernización.



Delincuencia: datos finalmente unificados.


Actualmente, las instituciones que conforman el sistema penal chileno tienen sistemas de información generados principalmente con fines administrativos, con arquitecturas muy diversas, y no los comparten entre sí. Desde la perspectiva de las políticas públicas para perfeccionar la persecución penal, esto significa que no es posible seguir las causas desde que son denunciadas (o detenidos los infractores en flagrancia) y conocer su derrotero a lo largo del sistema. Así, se carece de la información necesaria para identificar sobre base empírica cuáles son y dónde están realmente los cuellos de botella del sistema, para corregirlos de la forma más eficiente posible.



Desde el punto de vista operativo y de la contribución de cada institución a la seguridad pública, lo anterior significa que, existiendo información que les sería útil para maximizarla, no tienen acceso o a ella, o no la tienen a tiempo. Entre muchos ejemplos, resulta ilustrativo el que Carabineros no conozca los movimientos migratorios registrados por Investigaciones, o las discrepancias en las cifras de prófugos de la Justicia que tienen las distintas instituciones, o que, en general, los funcionarios en terreno no sepan si una persona a la que le han realizado un control de identidad o detenido se encuentra quebrantando alguna medida cautelar o alternativa o beneficio intrapenitenciario.



Así -aunque no parezca creíble-, hoy los registros de datos en ambas policías, del sistema carcelario, de la justicia penal adolescente y de la justicia del crimen no son homologables y, por tanto, no permiten disponer del flujo de la información sobre el tipo de delito, lugar de ocurrencia, características de víctimas y detenidos, duración del proceso, cumplimiento de penas, y demás. Por lo tanto, ni el Gobierno central, ni los Regionales, ni las Municipalidades, ni los órganos públicos pueden resolver con datos básicos comunes sobre sus metas y políticas de acción. Obviamente, tampoco los institutos de estudios, universidades y otros organismos privados poseen antecedentes precisos y completos de investigación como para hacer una buena evaluación y, en definitiva, la ciudadanía carece de un instrumento básico para fiscalizar.



Por eso, desde 1997 la Fundación Paz Ciudadana ha venido proponiendo la creación de un sistema unificado de estadísticas delictivas, y los últimos Gobiernos han realizado varios intentos por instalarlo, sin éxito. Hoy, al alero del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Banco Unificado de Datos ya cuenta con un diseño (paso necesario por las diferencias en clasificación y formas de registro y almacenamiento de datos), con un presupuesto de 1.300 millones de pesos para su creación el próximo año, y seis de las siete instituciones (policías, Ministerio Público, Gendarmería, Sename, Registro Civil) han firmado los convenios de colaboración con el Ministerio para alimentar dicha base con sus datos. Esta semana, el Poder Judicial, por acuerdo unánime del pleno, acordó sumarse a esta crucial iniciativa.



Así, el país contará por primera vez con un repositorio de información delictiva ordenada, que permita a las instituciones consultar información registrada originalmente por otra. El Ministerio del Interior (que no podrá identificar a personas) realizará estudios y brindará servicios estadísticos y de análisis. Este logro no es sólo técnico, ya que los medios tecnológicos para realizar esto existen hace años, sino una demostración concreta de cómo el liderazgo por un Ministerio específicamente a cargo de la seguridad pública puede aunar voluntades políticas para lograr cambios sustanciales en la forma de enfrentar la delincuencia en Chile.



México y Argentina, dos modelos.


Argentina y México ejemplifican dos estilos de Gobierno y modelos de desarrollo, con rumbos y resultados completamente divergentes. Mientras el nuevo Presidente Enrique Peña Nieto se compromete a "ejercer una Presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos", Cristina Fernández se encasilla cada vez más en su círculo de incondicionales, marginando a antiguos aliados e impermeable al clamor y la crítica ciudadana.



Peña Nieto recién ha asumido el cargo, y es demasiado pronto para saber si cumplirá lo propuesto, y si su partido, el PRI, ha dejado de ser el conglomerado que mantuvo una "dictadura perfecta" por 70 años, pero debe reconocerse el ánimo de plantear desde el inicio la transparencia como parte de su forma de Gobernar. De hecho, al día siguiente de su investidura, el Presidente mexicano logró firmar un pacto sobre reformas políticas y económicas con los jefes de los partidos opositores, el PAN y el PRD (aunque este último lo habría firmado a título personal), que promete agilizar la tramitación de numerosas Leyes e importantes reformas Constitucionales que han estado estancadas en el Congreso.



México -como lo han expresado dos destacados analistas de ese país, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, en un reciente artículo de " Foreign Affairs" - ya no es el mismo de hace 15 años, y tampoco lo son los mexicanos, que han aprendido lo que es la democracia, la alternancia en el poder, y aprecian la globalización y la apertura al mundo. Reconocen que la transición a la democracia desde los años del priismo ha sido algo frustrante, por la lentitud de los cambios, pero la sociedad mexicana ya conoce lo que es la legitimidad de las urnas, la rendición de cuentas de los actos políticos, y está menos proclive a aceptar la corrupción endémica, porque sabe lo que es el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia.



En estos años, México abrazó con entusiasmo el libre mercado, lo que se plasma en numerosos TLC, siendo el más importante el que lo vincula estrechamente a EE.UU. Entre las ventajas del mismo está la fuerte interdependencia de sus industrias y exportaciones, la capacidad de absorción de mano de obra mexicana en ese país, y también el empleo que dan las maquilas instaladas en territorio mexicano. Entre las desventajas, el que México deba soportar los vaivenes económicos que afecten a su vecino del norte.



Argentina y su Presidenta Cristina Fernández han elegido un sistema del todo distinto. Antes que un TLC, el Gobierno trasandino prioriza el Mercosur, un acuerdo de integración con países con diversos niveles de desarrollo -al que, ahora, se incorpora la Venezuela de Chávez-, fundado en el proteccionismo económico. Sus sucesivas crisis dan cuenta de las dificultades de combinar economías tan distintas como Paraguay y Brasil, y otras que compiten como Argentina y Brasil, por ejemplo en el tema automotor. Cristina Fernández parece querer seguir el rumbo de Chávez en cuanto a re-reelección -aunque por ahora no parece realista-, y también a nacionalizaciones. El conflicto con Repsol por la expropiación de YPF es una derivada de esta tendencia a entrar en problemas con la comunidad internacional, que tiene como mayor demostración su conflicto judicial con los acreedores que no renegociaron la deuda.



México parece tener un futuro de certezas. El porvenir de Argentina es una incógnita.

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