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Vicecancilleres de RR.EE. inauguraron comité de
integración fronteriza Chile-Perú, los representantes
de ambos países firmaron esta jornada el nuevo
reglamento que regirá la instancia.
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Ex Director
de la CIA, General (Ret) David
Petraeus negó
terminantemente haber
pasado
informaciones secretas a su amante,
aunque reconoció
sin embargo ‘’haber hecho
algo deshonroso’’. |
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Nueva York
afectadas por “Sandy”, el
Mandatario
reconoció en terreno los destrozos
ocurridos por la
tormenta, y definió los planes
a seguir en la
reconstrucción de la ciudad. |
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en Franja de Gaza
dejan 19 muertos, 16 ellos son
palestinos, desde
que comenzaran los ataques el
miércoles, y generan alarma
aérea en Tel Aviv. |
Ciudadanía,
por Margarita
María Errázuriz
Las elecciones pusieron el tema de la
ciudadanía en la agenda pública. No hay día en que no aparezca en los medios,
ya sea en las cartas al Director, en columnas o en reportajes sobre la voluntad
política de incorporarlo en los programas de enseñanza. Hasta donde he leído y
escuchado, este concepto salió a colación al hablarse de abstención. Al
considerarlo sólo desde esta perspectiva, se ha pasado por alto su amplitud y
complejidad. Una mirada más amplia sobre el mismo es necesaria para no perder
su riqueza y quedar entrampados en un enfoque reduccionista y sus implicancias.
Un concepto restringido de ciudadanía facilita
que los derechos ciudadanos se entiendan separados de sus deberes, y no se
respeten. Y, tan importante como lo anterior, esa reducción tampoco ayuda a
entender los procesos sociales actuales. Ello se debe, en gran medida, a que el
mundo político no le ha dado a este tema la debida importancia.
De hecho, cuando se habla de ciudadanía, como
ahora, se reduce su carácter a los derechos políticos, a pesar de que comprende
dimensiones tan significativas como las libertades civiles y la protección
social, la que considera, a su vez, derechos tales como la educación, la salud
y la previsión social. El valor de éstos tiene tal peso que, al debatir dicho
sistema, no se ha destacado debidamente el que son parte del sello ciudadano.
Todo ello induce a una visión restringida del concepto, no contribuye a
fortalecer la noción de bien común y tampoco beneficia nuestro compromiso con
la sociedad.
En el imaginario social, pareciera que el bien
común sólo otorga beneficios. Si bien es cierto que los derechos aseguran el
trato digno que cada persona merece, los deberes son los que garantizan el bien
común. El ciudadano pareciera desconocer la dinámica social del dar para
recibir. Pocos quieren hacerse cargo de los deberes. Con ello se pierde en
buena medida la razón de ser de la sociedad; el sentido mismo de su existencia.
Para reinstalar el concepto de ciudadanía en su real amplitud, no sólo hay que
enseñarlo en los colegios: hay que incorporarlo a la práctica política. Así,
por ejemplo, si la política de protección social, en lugar de presentarse como
tal, se mostrara como parte de una política de ciudadanía indivisible, a cargo
del bienestar básico de todos los chilenos, difícil es restarse y no cumplir lo
que ésta exige.
Por otra parte, un concepto restringido de
ciudadanía no ayuda a entender los actuales procesos sociales, porque posterga
una discusión necesaria e importante sobre los vacíos de nuestra
institucionalidad para responder a ciudadanos diversos, empoderados, que
quieren contestación en tiempos reales. Así, por ejemplo, los tiempos de los
procesos institucionales actuales no coinciden con los de personas con cultura
de redes sociales e internet. Este es un tema cuya importancia no alcanzamos a
sospechar, sobre el cual ni siquiera se ha abierto debate. Sin embargo, los
jóvenes lo tienen claro.
En la Universidad Andrés Bello la inquietud
por el concepto de ciudadanía ha sido planteada por los propios alumnos. La
mayoría de quienes asisten a un curso on-line que desarrolla el análisis
crítico, ha planteado la necesidad de profundizar en este tema y de distinguir
entre la política y los políticos. Ellos declaran un gran compromiso con la
política, pero no ven espacios claros que les permitan canalizar su interés. La
preocupación de los estudiantes la ha recogido la universidad, que lanzará en
los próximos días los resultados de una encuesta presencial realizada en todas
las ciudades del país de más de cien mil habitantes. No podemos compartir con
nuestros alumnos hechos que pueden convertirse en tendencias preocupantes sin
encararlos y considerarlos seriamente.
El tema está planteado e invitamos al debate.
Desembarco
cultural en México,
por Roberto
Ampuero.
Más de un centenar de escritores, una
delegación que supera las 300 personas, un amplio stand que presenta al país
como una biblioteca, un tremendo desembarco cultural de Chile. Me refiero a la
Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la segunda más importante
del mundo, en la que Chile es el invitado de honor. Durante nueve días, del 24
de noviembre al 2 de diciembre, escritores chilenos tendrán la oportunidad de
proyectar su obra y profundizar sus contactos con México y el mundo a través de
eventuales traducciones. En 1999, cuando Chile fue invitado de honor por
primera vez en Guadalajara, nuestra delegación comprendió cerca de 18 autores.
Nuevamente, como en 1999, la selección
despierta controversia, se registran deserciones, emergen voces críticas, otros
reclaman que fueron marginados. No podía ser de otro modo, el debate y la
controversia son consustanciales al mundo intelectual. Lo esencial es que
estamos ante la delegación de escritores más numerosa, amplia y variada que
haya enviado el país al extranjero, con todo lo que implica en esfuerzo
organizativo y financiero. El Comité Asesor FIL del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes de Chile seleccionó la delegación y, junto con ProChile,
Fundación Imagen de Chile y Dirac, organizó la presencia en Guadalajara,
contando con el respaldo y la experiencia de la FIL. Ha sido casi un año de
preparativos.
Chile es visto con admiración y simpatía en
México. Novelistas, escritores, poetas, dramaturgos, ensayistas, artistas
plásticos, actores, cineastas, músicos, e incluso intelectuales mexicanos,
integrarán la delegación. En ella predomina diversidad en materia de temas,
género, pertenencia étnica, generaciones, concepciones estéticas y políticas.
Lo difícil, cuando no imposible, es hallar una etiqueta común para la
delegación, pero he allí su fortaleza.
Si me pidieran impresiones sobre nuestros
colegas mexicanos a tener en cuenta en estas circunstancias, me permitiría lo
siguiente. Ellos tienen conciencia y conocimiento pleno de la rica, admirable y
milenaria cultura que los nutre. Pregúntenle a un mexicano sobre su historia
nacional o intelectual, imbricada a menudo con la historia mundial, o sobre su
gastronomía, patrimonio de la humanidad, y los impresionará el dominio de que
hacen gala. Algunos autores exploran con preferencia el pasado remoto o
reciente, otros se enfocan en el México actual, otros optan por la modernidad
globalizada. Advertimos además una larga relación entre literatura y
Diplomacia: Amado Nervo, Manuel Maples Arce, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos
Fuentes, Sergio Pitol, Juan Villoro, son algunos de los intelectuales que
representaron a su país en el exterior. Se percibe también la persistencia fecunda
de las visiones políticas y estéticas de figuras pilares como Paz, Fuentes o
Monsiváis. Notable en este marco la prontitud con que México estableció el
Premio Carlos Fuentes, subrayando su pertenencia nacional y fomentando su
legado a nivel internacional.
Hay otra característica a tener en cuenta: la
vigencia del intelectual en el debate político: Enrique Krauze, Héctor Aguilar
Camín, Jorge Castañeda, Olga Poniatovska o Jorge Volpi, por ejemplo, destacan
por su voz original y reflexiones críticas. Los intelectuales mexicanos maduran
en una plataforma dotada de historia y densidad cultural, y ubicada entre la
frontera con Estados Unidos y la continuidad con América Latina, entre el
continente y Europa, con balcones que dan al Asia Pacífico y el Caribe. Habitan
una nación donde la promoción cultural es considerable y entronca con la propia
proyección internacional del país. Por su diversidad, heterogeneidad e
imposibilidad de inscribirlos en una sola corriente, visión de mundo o grupo,
los intelectuales mexicanos son como los nuestros, y en ese sentido el diálogo
en la FIL promete ser vital y fructífero.
El ataque a los
derechos humanos,
por Andrés
Oppenheimer
Mientras muchos estábamos fijando nuestra
atención en las elecciones de México, Venezuela y Estados Unidos en los últimos
meses, algo muy peligroso ha estado pasando casi desapercibido: el ataque
contra el sistema de derechos humanos de la región.
A principios de esta semana, los países
latinoamericanos eligieron a Venezuela como nuevo miembro del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí, leyeron bien, Venezuela, cuyo Presidente
Hugo Chávez hasta el día de hoy defiende entusiastamente al depuesto dictador
libio Moammar Gadafi, al carnicero sirio Bashar al Assad, a los hermanos Castro
en Cuba, y cuantos otros tiranos existan en el planeta.
Según las resoluciones de la ONU, los miembros
del Consejo de Derechos Humanos deben “mantener los estándares más altos en la
promoción y protección de los derechos humanos”. Sin embargo, los Gobiernos
latinoamericanos votaron alegremente por Venezuela.
Mientras los países europeos presentaron cinco
candidatos para ocupar las tres bancas rotativas de su región, los
latinoamericanos solo presentaron tres - Venezuela, Brasil y Argentina – lo que
resulto en su elección automática. Ningún otro país latinoamericano se presentó
para desafiar la candidatura venezolana.
“Le habíamos pedido a otros países
latinoamericanos que presentaran sus candidaturas, pero ninguno se presentó, lo
que fue muy desafortunado”, me dijo Peggy Hicks, del grupo de defensa de los
derechos humanos Human Rights Watch, tras la elección de Venezuela el 12 de
noviembre.
Las organizaciones internacionales de derechos
humanos están furiosas —pero no del todo sorprendidas— por la elección de
Venezuela para el Consejo. Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
ocasionalmente critica flagrantes violaciones de derechos humanos en Siria o
Irán, ha tenido entre sus miembros mas activos a dictaduras como las de China o
Cuba, y muchas veces ha funcionado como un club de mutua protección entre
algunas de las peores dictaduras del mundo.
Según Freedom House, otra organización de
derechos humanos que publica un índice anual de libertades en el mundo, Venezuela
es un país “parcialmente libre”. En una declaración sobre la elección de
Venezuela al Consejo, Freedom House dijo que aunque en Venezuela “el acto de
votar es relativamente libre y el recuento de votos es justo”, la división de
poderes “es prácticamente inexistente”.
Pero la elección de Venezuela es tan sólo un
síntoma algo mucho más serio que esta ocurriendo en la región: el
desmantelamiento de las instituciones inter-americanas de protección de los
derechos humanos.
A pedido de Ecuador y Venezuela, y bajo el
traposo pretexto de “fortalecer” la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (OEA), los países latinoamericanos han
iniciado un proceso de audiencias en la OEA con el objetivo de reducir los
poderes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la institución.
Ambas agencias gozan de independencia para
investigar casos concretos en países miembros de la OEA, y publicar informes
sobre ellos. Son, de lejos, lo mejor – quizás lo único – que tiene la OEA.
Contrariamente a la afirmación de Chávez de que la Comisión es una herramienta
del “imperio”, la Comisión el año pasado emitió mas medidas cautelares contra
Estados Unidos que contra cualquier país de la región con la excepción de
Honduras.
Audiencias
televisivas: algo está cambiando
por Herman
Chadwick.
Las últimas tres encuestas nacionales
realizadas por el CNTV venían reflejando cambios en las audiencias a la hora de
opinar sobre la pantalla televisiva. “Programas de mala calidad”, “poca
variedad”, “pobres culturalmente”, “mal uso del lenguaje”, “ordinariez”,
“contenidos poco constructivos” eran las frases que revelaban insatisfacción
del telespectador frente a la TV. Hoy, estos cambios se reflejan en las
preferencias de los televidentes. Es así como, por ejemplo, programas nocturnos
que parecían ser éxito seguro con altos ratings han sido desplazados por nuevos
formatos televisivos.
Los estudios y encuestas recientes del CNTV
reflejan que las demandas de las audiencias actualmente tienen que ver
principalmente con calidad y lo que las personas entienden por ella. Más y
mejores programas culturales y educativos destinados a un público masivo como
lo es el de la pantalla, y en el cual prime una identidad nacional o local.
Mayor representatividad para lograr que la TV sea un mejor espejo de la
realidad ciudadana y, por cierto, un medio de inclusión social. Mayor
diversificación de la oferta, porque las audiencias están reclamando más
variedad en los contenidos televisivos. Preferencia por una programación
diferente diariamente y cambiante en sus horarios.
También los telespectadores reconocen lo que
son los altos estándares de calidad en lo que se refiere a los niveles
técnicos, ya sea en cuanto a dirección, guión, actuación e imagen visual. Vale
decir, los telespectadores exigen una mejor televisión. Por ello, son más
críticos y analíticos, lo que se puede notar en los comentarios de prensa, de
radio o artículos especializados, y por las permanentes denuncias y reclamos
que hacen al CNTV.
El Reemplazante, la serie de TVN ganadora de
un fondo CNTV, que irrumpió en la pantalla hace algunas semanas, es un claro
ejemplo de lo que las audiencias están hoy valorando en televisión. Una
historia que nos muestra el Chile real, en forma auténtica y verídica, tiene
cautivada a una audiencia que quiere ver esta calidad televisiva. Esta serie
viene a demostrar que la telerrealidad que las audiencias acostumbraban ver en
la pantalla no es el único producto que el telespectador aprecia en la
televisión. Hoy, las series de ficción están reflejando la contingencia, y los
docureality están siendo ficcionados, editados, por lo tanto, perdiendo
credibilidad y, lo que es más grave, el entusiasmo del público por verlos en pantalla.
El CNTV, cumpliendo con sus funciones, está
permanentemente preocupado de fomentar la calidad de las transmisiones
televisivas y adjudicando los fondos que distribuye no sólo a programas de
corte cultural, sino también a aquellos que destacan nuestra realidad Nacional,
Regional, educacional o patrimonial. Estos y otros temas, como los nuevos
cambios en televisión, ¿qué entendemos por productos de calidad? Las
preferencias de las audiencias y los nuevos formatos televisivos serán el eje
central de la discusión del próximo miércoles 21 en el seminario “TV versus
TV”.
Finalmente, la ciudadanía juega un rol
fundamental en la tarea de contribuir a una televisión de calidad. Son los
telespectadores, los propios canales y los avisadores los que tienen el
“control” de la pantalla y a quienes debemos demandarles una televisión de
mejor calidad.
El mensaje de la
elección FECH
A Bachelet “la Gobernabilidad se la entrega el
PC”, advirtió hace unos días un joven dirigente de esa colectividad, vinculando
así el peso comunista en el mundo social con el rol que puede jugar el partido
en un eventual Gobierno de la actual líder de ONU-Mujeres. Una semana después,
la fuerza de aquella afirmación aparece relativizada tras los resultados de la
última elección de la Fech. Esta ha ratificado el retroceso que el PC viene
experimentando desde el año pasado dentro del movimiento estudiantil. Entonces,
en 2011, el hecho emblemático fue la derrota de Camila Vallejo en su intento
por reelegirse al frente de los jóvenes de la Universidad de Chile, cuando,
pese a su alta votación personal, su lista fue superada por la de la Izquierda
Autónoma, encabezada por el dirigente Gabriel Boric. Ahora, pese a los
cuestionamientos acumulados por la gestión Boric, nuevamente los «autonomistas»
se impusieron en la Fech, con la diferencia de que esta vez los comunistas
quedaron relegados al tercer lugar, por detrás de «Luchar», una lista
autodefinida como “izquierda radical” y “de intención revolucionaria”.
Pero tan importante como el resultado mismo es
el discurso de los triunfadores, sustentado en una fuerte crítica al PC. Se
trata de una situación paradójica. Bajo la pragmática conducción de Guillermo
Teillier, los comunistas han conseguido espacios de influencia en la
institucionalidad política, primero con un acuerdo por omisión con la
Concertación que les permitió volver al Congreso y transformarse allí en un
actor opositor clave, y luego con un entendimiento Municipal gracias al cual
potenciaron su presencia en Alcaldías y aumentaron el número de sus Concejales.
El paso siguiente está en pleno desarrollo: las tratativas con miras a un
eventual Gobierno de Bachelet y a la conformación de la respectiva lista
Parlamentaria. El punto es que uno de los activos que el PC ha podido poner
sobre la mesa en todas esas negociaciones ha sido su señalada fuerza social,
con hitos como la concurrencia de la misma Vallejo a las negociaciones del
presupuesto el año pasado o su apoyo a candidaturas Municipales concertacionistas.
Todo ello, sin embargo, le está significando al partido pagar un costo
relevante en ese mundo que precisamente constituye una de sus fuentes de poder:
así queda claro en las explícitas declaraciones de radicales y autonomistas
rechazando los acercamientos del PC al establishment de la Concertación y a la
posibilidad de incorporarse a una candidatura de Bachelet. La votación
alcanzada por los comunistas en la última Municipal (superior al 6%) y su peso
en otras organizaciones (por ejemplo, la CUT) de seguro mantendrán su
influencia en la oposición, pero es dudoso que, sin el control del más
importante de los movimientos sociales de los últimos años, pueda constituirse
en ese sugerido garante per se de la gobernabilidad. Que en la otra federación
universitaria más importante del país, la FEUC, un grupo como el NAU, voz
moderada dentro de la Confech, pero también celoso defensor de su autonomía
frente a los partidos, gane sucesivas elecciones, sugiere que, antes que
aliados, los estudiantes seguirán ejerciendo el rol de duros interpeladores del
mundo político opositor, como ya lo han adelantado sus dirigentes.
Con todo, la eficacia que pueda llegar a tener
esa interpelación en el futuro no es clara. En 2012 el movimiento estudiantil
mostró mantener una importante capacidad movilizadora y sus demandas siguen
suscitando simpatía, pero las dificultades para separar aguas frente a
elementos violentistas y el amplio rechazo suscitado por acciones como las
tomas de colegios le restaron fuerza ciudadana. El sustantivo aumento de la
abstención en la última elección Fech (en la que sólo participó el 44% del
universo total) plantea un agotamiento de sus propios protagonistas que bien
puede ser el principal desafío para la nueva dirigencia.
Nota de la Redacción.
Sintomático nos parece que en la elección de
dirigentes de los estudiantes de la Universidad de Chile hayan participado un
poco más de 10 mil alumnos, de un padrón de 23.500 educandos con derecho a
sufragio. Al igual que lo sucedido en las Municipales, en las que la abstención
llegó a un guarismo similar, creemos que los elegidos tienen una muy escasa
representatividad y algunos podrán poner en duda la legitimidad de los electos
para el desempeño de los cargos a los que han alcanzado.
Congestión en Santiago.
Una de las causas de la creciente congestión
en el sector oriente de la capital es el hecho de que -según estudios- el 75%
de las personas con automóviles en las Comunas de ese sector los usan a diario.
Esos cientos de miles de vehículos son los que congestionan las calles e
incrementan el tiempo de viaje para todos en esa área. Al mismo tiempo, tales
masas vehiculares no se relacionan bien con el transporte público de superficie
y lo transforman en un medio más ineficiente, lo cual, a su vez, actúa como
incentivo para usar el transporte privado.
Además, el referido problema de la zona
oriente se reproduce y repercute en casi todo el resto de Santiago, y con
consecuencias quizás peores. El aumento del número de automóviles en dicha zona
ha sido un proceso que lleva décadas, por lo que sus habitantes y esa área
misma han tenido tiempo para adaptar sus vías de circulación.
En las demás zonas de Santiago, en cambio, la
entrada masiva de automóviles ha sido un fenómeno que completa pocos años, en
los que la infraestructura vial de la ciudad no ha alcanzado a adaptarse. En
esas Comunas, las condiciones de desplazamiento son peores que en las más
cercanas a la cordillera. Algo similar ocurre en Regiones, donde la congestión
ha cogido por sorpresa a las Autoridades urbanas, y hay menos competencias
técnicas para enfrentarla.
Este fenómeno es una evidente consecuencia del
crecimiento económico y su secuela de extendido acceso de las personas al
automóvil propio, aunque no se debe olvidar el efecto adicional precipitado por
la pésima implementación del Transantiago. Sus problemas iniciales aumentaron
el deseo de comprar automóviles para los desplazamientos diarios de miles que
antes eran usuarios del transporte público. Otra consecuencia de la congestión
es el alza en los precios y el valor de los arriendos de los inmuebles en la
zona más central y mejor conectada de Santiago (al interior de Américo
Vespucio), así como aquellas más cercanas a estaciones del Metro.
¿Qué hacer ahora? Una posibilidad siempre
planteada desde la teoría sería implementar la tarificación vial, pero
predeciblemente encontraría ella mucha oposición por razones de impopularidad o
de concepción de lo que debe ser la vía pública -salvo, quizá, si ella se
circunscribiere a pequeñas áreas como la zona de El Bosque o el centro de la
capital-.
La alternativa, entonces, es seguir
perfeccionando el sistema de transporte público, y para ello hay planes de
largo alcance, que prevén expandir el Metro, instaurar vías exclusivas y
desarrollar ferrocarriles de acercamiento.
Otra propuesta interesante consiste en
corredores con segregación total de los medios de transporte. Por ejemplo, en
el eje Alameda-Providencia-Apoquindo se podría destinar la mitad del mismo al
transporte público (sin taxis) y la otra mitad a automóviles. Se ha comprobado
que tal separación mejora el funcionamiento de ambos tipos de vehículos.
En el sector oriente hay, además, un innovador
proyecto Comunal de un tren ligero que partiría en Manquehue con Apoquindo,
subiendo por la mediana de Las Condes, con prioridad en los semáforos y sólo
cuatro cruces vehiculares, cruzando el río y siguiendo hasta La Dehesa.
Si se realizan las inversiones en transporte
público necesarias para mejorar la calidad del servicio, y no se subsidian los
combustibles, la congestión tendrá un efecto disuasivo sobre el uso diario de
los automóviles. Eso requiere reparar el daño reputacional que provocó el
Transantiago. Afortunadamente, los esfuerzos del Ministro de Transportes en los
nuevos contratos con las empresas parecen estar dando buenos resultados.
La familia, un
bien social.
Chile enfrenta muchos de los fenómenos que
pueden atribuirse a aquella etapa del desarrollo que se ha denominado "la
trampa del ingreso medio", período que suele caracterizarse por contextos
de tensión social debido a un desigual acceso al bienestar, altas expectativas
y lentitud en alcanzar estándares adecuados a las demandas de la ciudadanía. Y
ese escenario de descontento social -ya bien identificado en la experiencia
internacional- se ve agravado en nuestro país por profundos cambios
demográficos y familiares.
No obstante, la Encuesta Bicentenario 2012
UC-Adimark, así como otros estudios recientes, evidencian una alta valoración
de la familia y del entorno personal, en lo que el Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo (PNUD) denomina "el bienestar subjetivo individual".
En efecto, en estas investigaciones, la realidad nacional aparece cruzada por
una dicotomía entre la percepción que el ciudadano tiene respecto del contexto
social versus el personal, expresado, por una parte, en una marcada
desconfianza hacia las principales instituciones del país y en la capacidad
nacional de superar a corto plazo los problemas de pobreza, educación,
desigualdad y demás similares. Por otra parte, y en contraste, se observa una
alta satisfacción por las relaciones personales y familiares.
Sin embargo, es precisamente en este último
ámbito donde se registran importantes y preocupantes transformaciones de
impacto social. Así, el aumento sostenido de hogares monoparentales,
mayoritariamente constituidos por jefaturas femeninas; el gran número de niños
nacidos fuera del matrimonio; la caída en la tasa de nupcialidad; una natalidad
menor a la tasa de reposición, entre otros aspectos, están cambiando la
fisonomía familiar. Esto es inquietante, porque como bien social, la familia
tiene una influencia determinante en el tejido de cualquier comunidad, por su
irreemplazable rol protector y formador. Por cierto no se ignora que a lo largo
de la historia la familia ha revestido formas cambiantes, pero la arista nueva
que ahora se esboza denota un potencial debilitamiento de la institución. En
nuestro país eso puede implicar, en especial en los grupos más vulnerables, una
mayor exposición a la pobreza -primordialmente cuando se trata de madres
solas-, mayor riesgo social de los hijos, lo que puede derivar en propensión al
alcoholismo, drogadicción y criminalidad, y mayor dificultad en logros
escolares.
El reconocimiento explícito por la Autoridad
del rol social de la familia ha derivado en la implementación de políticas
públicas que apuntan, precisamente, a apoyar las debilidades y contrarrestar
los males observados. Y como lo han reconocido ahora las más altas Autoridades
eclesiásticas de la Iglesia católica -cuya influencia en la sociedad chilena es
significativa-, medidas como la prolongación del posnatal, el ingreso ético
familiar, la ampliación del acceso a las salas cuna, el reforzamiento de la
educación preescolar, el bono bodas de oro, la ampliación de las viviendas
sociales, constituyen un respaldo decidido al papel fundamental que la familia
cumple en la sociedad.
En el futuro inmediato, el gran desafío es
profundizar las actuales políticas públicas en esa dirección, de manera de
avanzar hacia un contexto de apoyo integral al desarrollo y a la estabilidad
familiar. Eso interesa a toda la comunidad nacional, sin perjuicio de naturales
diferencias valóricas.
Responsabilidad
en gestión de empresas públicas.
El Gobierno ha anunciado el próximo envío al
Congreso de un proyecto de ley para crear el estatuto del Sistema de Empresas
Públicas (SEP), que entre sus lineamientos tendría el propósito de otorgar
mayor autonomía a esta entidad en la administración de las empresas Fiscales.
La idea de establecer con rango legal las normas que rigen al SEP es acertada,
pero la autonomía que se le otorgue a su funcionamiento no debe afectar el
principio Constitucional que asigna al Presidente de la República en ejercicio
la responsabilidad de velar por la buena administración e inversión de los
fondos públicos.
Hasta ahora el SEP es una entidad regulada por
un simple decreto y por lo tanto debe entenderse como una organización creada
por el Poder Ejecutivo para ayudar a la buena administración de las empresas
públicas. El propósito del Gobierno es transformar estas normas en una ley y
darles estabilidad en el tiempo. Respecto del Consejo de Administración -que
tiene a su cargo tutelar la administración de las empresas Fiscales y designar
sus Directores- se plantea proporcionarle una integración mixta, con una
mayoría de cinco Consejeros designados por el Presidente en forma privativa y
otros cuatro con acuerdo del Senado.
Detrás de esta propuesta -al estilo “Consejo
del Banco Central”- se encuentra el propósito de otorgar representación a
las distintas sensibilidades políticas,
para que existan contrapesos y para que la gestión esté fundada en argumentos
técnicos y con una mayor continuidad entre los distintos Gobiernos.
El borrador inicial pretendía transferir en lo
sustancial la administración de las empresas a este Consejo, incluyendo las
decisiones presupuestarias y de reinversión de utilidades, entre otras.
Afortunadamente esta idea se desechó y se mantendrían bajo la responsabilidad
del Ministerio de Hacienda las decisiones señaladas, lo que preserva un aspecto
básico del sistema institucional. En efecto, no podría una simple ley alterar
la responsabilidad que la Constitución asigna al Presidente de la República de
administrar los fondos públicos, la que ejerce precisamente a través del
Ministerio de Hacienda.
El asunto central que debe enfrentar la
regulación de la administración de estas empresas son los problemas de agencia
que se generan, esto es, que quienes las administren lo hagan en beneficio de
los verdaderos dueños -todos los chilenos- y no buscando la ventaja propia, de
algunos grupos o de los intereses del Gobierno de turno. Por eso es
indispensable que no quede difusa la responsabilidad del Presidente, porque una
de las razones por las cuales debe ser evaluada su gestión es por cómo cumpla
con esta responsabilidad, sin que pueda delegarla en otros órganos.
En el proyecto lamentablemente se está dejando
fuera de la tutela del SEP a empresas como Enami y Enap, para evitar las
resistencias que han generado entre los Parlamentarios los intentos por
someterlas a esta supervisión de su gestión. Cabe recordar que un proyecto de
la administración de la Presidenta Bachelet fracasó por este motivo. El peligro
de que estas empresas sean usadas para otorgar beneficios que no tendrían una
clara justificación, ameritaría revertir esa exclusión.
Estado de
Bienestar y la realidad: el caso de Francia.
Por aproximadamente medio siglo después de la
II Guerra Mundial, en Europa Occidental se siguió y desarrolló un modelo que
parecía el desiderátum de organización socioeconómica, y que la izquierda más o
menos socialdemócrata -también en Chile- proclamaba como ejemplo alternativo a
la economía de mercado. Estado grande, con pesada carga tributaria; pródigo
gasto público; una espesa red de subsidios estatales; una tupida malla de
beneficios laborales, previsionales y sociales de toda suerte; rigideces de
inamovilidad y reducción de jornadas laborales; jubilaciones tempranas;
gratuidades educacionales, entre muchas otras, eran sus rasgos más visibles
para el grueso público, y la duración al parecer indefinidamente sostenible de
ese cómodo esquema hacía que muchos grupos políticos, especialmente en
Latinoamérica, lo postularan como un ejemplo que debía imitarse, y rechazaran
la dura competitividad imperante en los países anglosajones y emergentes del
Asia.
Por su alto nivel cultural, Francia parecía el
paradigma insuperable de tal ordenamiento. Pero la crisis europea ha
evidenciado sus fragilidades, a las que hasta antes de aquélla no se había
asignado importancia. Hoy sufre una aguda crisis de competitividad que ha
puesto en cuestión la viabilidad de su generoso Estado de Bienestar. El
sostenido declive de la economía francesa, que podría convertirse en una nueva
amenaza para la estabilidad del euro, ha llevado a la Comisión Europea y al
Fondo Monetario Internacional a ejercer creciente presión sobre el Gobierno de
François Hollande, instándolo a realizar profundas reformas económicas para
evitar un destino similar al de España e Italia.
Reconociendo la gravedad de la situación, el
Gobierno socialista de Hollande ha dado un giro en la retórica y en el anuncio
de políticas estatistas que caracterizaron su campaña y primeros meses de
Gobierno. Así, el Primer Ministro Jean-Marc Ayrault ha sostenido recientemente
que la situación del país requiere de "decisiones ambiciosas y
valientes", agregando que la prioridad es "incentivar la
inversión" y dar a las empresas "espacio de maniobra".
Consecuentemente, entre las principales
reformas ahora propuestas por el Gobierno se encuentra una reducción de
impuestos a las empresas por un monto cercano a 20 mil millones de euros al
año, recortes del gasto público por 10 mil millones de euros, un incremento de
impuestos a la gastronomía y renovaciones de inmuebles de entre 7 y 10%, y un
aumento del IVA de 19,6 a 20 por ciento. Cabe recordar que tanto el aumento del
IVA como la reducción de impuestos a las empresas habían sido tajantemente
descartados por Hollande durante su campaña, con el argumento de que lo primero
perjudicaba a los trabajadores y lo segundo beneficiaba a los ricos.
Este nuevo enfoque de Hollande, forzado por la
realidad económica del país y el contexto europeo, no convence del todo a
algunos críticos, según los cuales esas reformas son insuficientes para atacar
la crónica ineficiencia de la economía francesa. Para los escépticos, el
Presidente francés eventualmente no tendrá más alternativa que tomar un curso
liberalizador más enérgico para superar el estancamiento económico y asegurar
la sustentabilidad Fiscal.