A ponerse con la Teletón.
Llamamos a nuestros amigos y amigas a ponerse
con los niños y los jóvenes discapacitados, que ante la abdicación del Estado a cumplir sus obligaciones
sociales, deben ser atendidos y rehabilitados por la Teletón.
La meta, que debe cubrir los gastos de dos
años, es de 22 mil millones de pesos, para cubrirlos se necesita el aporte solidario de todos los
chilenos en la cuenta 22.500-03 del Banco de Chile.
Sabat reelecto Alcalde de Ñuñoa.
El Tribunal Calificador de Elecciones, TRICEL,
entregó ayer su dictamen definitivo, unánime e inapelable sobre el ganador de las
elecciones de Alcalde de la Comuna de Ñuñoa, cargo en el que se dio como
reelecto a Pedro Sabat Pietracaprina, que durante 16 años ha sido un Edil de
lujo para la comunidad Ñuñoína.
Con el sesgo antidemocrático que ha demostrado
el partido socialista el Secretario General de esa colectividad, Álvaro
Elizalde, dijo que no compartían el fallo, pero que lo acatarían, la ex
postulante de ese grupo al sillón Edilicio,
Maya Fernández, reconoció por medio de un comunicado reconoció el triunfo de su
adversario.
El reelecto Alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, RN,
expresó su satisfacción por el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones que
ratificó que encabezará ese Municipio de
la zona oriente por quinto período consecutivo y llamó a "quienes
quisieron enturbiar esta elección a pedir perdón por alargar este asunto más de
la cuenta".
Nosotros creemos que a situación de
incertidumbre que se produjo en los resultados fue la consecuencia de una
maniobra de sectores interesados en doblarle la mano a la voluntad ciudadana de
manera ilegítima, que aprovecharon la oportunidad para tratar de poner un manto
de duda sobre un proceso que debe enorgullecer a los chilenos.
Piñera promulgó Ley de Primarias.
El Presidente Sebastián Piñera, acompañado por
el Ministro Secretario General de la
Presidencia, Cristián Larroulet, promulgó ayer
en la mañana, en el Palacio de La Moneda, la Ley sobre Elecciones Primarias, que establece
que estas serán de carácter nacional, organizadas por el Estado de Chile, a
través del Servicio Electoral, que serán simultáneas, voluntarias y
vinculantes, y se celebrarán 20 semanas antes del momento en que se produzca la
elección definitiva.
Durante su intervención, el Jefe de Estado
enfatizó que la nueva Ley “mejora la calidad de la política y la calidad de la
democracia en nuestro país, a través de muchos mecanismos. En primer lugar,
porque va a permitir una mayor participación de los militantes, pero también de
los independientes en la selección de los candidatos”, agregando que de esta
manera, “esperamos que la voz de nuestros ciudadanos se escuche fuerte y clara
al momento de elegir a los candidatos y, por supuesto, al momento de elegir a
las Autoridades”, asegurando que esta Ley “es parte de una visión y de un
compromiso, que por supuesto se inició en Gobiernos anteriores, pero que este
Gobierno lo ha asumido con mucha fuerza y lo está impulsando con mucha
decisión”.
Piñera destacó también que la iniciativa
“permite una mayor igualdad de oportunidades entre todos aquellos que aspiran a
cargos de elección popular. Van a depender menos de las autoridades de los
partidos y van a depender más de la voluntad de la gente”, reiterando que la
agenda democrática que está impulsando el Gobierno “apunta a revitalizar,
rejuvenecer y también recuperar la nobleza y el prestigio de la democracia y de
la política en nuestro país”, recordando que “la Ley de Inscripción Automática y Voto
Voluntario, que permitió incorporar 5 millones de chilenos al padrón electoral,
que antes simplemente no participaban en nuestra democracia”.
El Gobernante manifestó que hay otras reformas que el
Gobierno impulsa, como por ejemplo, “la Ley que regula el lobby, para evitar la
influencia indebida en la legislación que debe estar al servicio de todos. La
Ley de Transparencia, tanto activa como pasiva, que va a incluir a los Gobiernos
Regionales y a los Gobiernos Municipales, para que nuestros ciudadanos sepan
qué hacen las instituciones con los impuestos que ellos financian y qué hacen
las Autoridades que son elegidas, con los votos de los ciudadanos”, resaltando “la reforma Constitucional para otorgar
derecho a voto a los ciudadanos chilenos que viven en el exterior y que
mantienen un vínculo y compromiso con Chile, la nueva Ley de Partidos que
estamos próximos a enviar al Congreso y, por supuesto, nuestra permanente
actitud y voluntad de encontrar acuerdos sólidos y amplios para perfeccionar
nuestras leyes, incluyendo la ley que regula nuestro sistema electoral”.
Nota de la Redacción:
Aunque consideramos que esta Ley hace más
transparente el funcionamiento de los partidos políticos y democratiza las
postulaciones a la Presidencia y al Parlamento, no podemos estar de acuerdo con
que el Estado siga transfiriendo fondos a la actividad política que ya bastante
onerosa resulta a los contribuyentes.
Piñera en cierre de ENADE 2012.
El Presidente Sebastián Piñera cerró la versión
2012 del encuentro empresarial ENADE, que se realizó ayer en Casa Piedra, con
un discurso en el que llamó a mantener la confianza en el desarrollo de Chile,
si se "persevera" en las políticas desarrolladas en los últimos años,
señalando que "Nuestro país está cambiando para mejor, pero estamos a
mitad de camino".
"Vamos por buen camino. Si perseveramos y
aportamos lo mejor que cada uno tiene y con la ayuda de Dios, vamos a lograr un
país desarrollado y sin pobreza antes de que termine esta década. Al ritmo que
vamos, es posible que Chile sea el primer país, ojalá no el único, en cumplir
esta meta", dijo Piñera, sosteniendo que "Vamos a enfrentar muchos
obstáculos, incluyendo trampas, cantos de sirena, caminos fáciles, demagogia,
populismo e irresponsabilidad. Tenemos que tener la fuerza y al visión para no
caer en esas tentaciones”.
El Mandatario se refirió también a los desafíos
pendientes dentro de la tarea de consolidar el desarrollo. Entre ellos Estado
mencionó la necesidad de impulsar el mejoramiento de la educación y afrontar el
problema energético. Revisando los avances Piñera destacó el alto crecimiento
económico que alcanza Chile, que lo sitúa en el primer lugar de los países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
resaltando la política Fiscal "seria y responsable" que permitirá
llegar a un déficit de sólo 1% durante este año.
El Gobernante se refirió también al fomento al emprendimiento y la expansión de
los tratados de libre comercio suscritos por Chile entre las iniciativas
desarrolladas durante la actual Administración que apuntan a avanzar hacia el
desarrollo, destacando que los logros se han llevado a cabo en medio de una
difícil situación internacional, marcada por las graves turbulencias económicas
en Europa, reiterando que "Chile no está blindado ni mucho menos inmune a
la crisis: nos ha afectado, nos afecta y nos va a seguir afectando”.
Siria: Gobierno interrumpió internet y telefonía.
La dictadura de Bashar Al-Assad, que ha
ensangrentado brutalmente a Siria, que
se encuentra en una feroz guerra civil y una demencial represión, desconecto la
red de Internet, en todo el país, y produjo un corte total en el suministro del
servicio telefónico.
El blackout de estos dos sistemas de
comunicaciones no es primera vez que ocurre en países del medio oriente, que no se caracterizan por ser precisamente
democráticos, se han convertido en un medio eficiente para bloquear las
informaciones que entran o salen del país.
Palestina es Estado observador en la ONU.
Con una aplastante votación de 138 votos a
favor, solo 9 sufragios en contra y 41 abstenciones, Palestina se convirtió
ayer en Estado observador no permanente de Naciones Unidas, en una histórica
resolución tomada tras un largo debate.
Antes de la votación el Presidente palestino,
Mahmud Abbas, había pedido a la Asamblea General que emitiera un
"certificado de nacimiento para la realidad del Estado de Palestina",
tras el acuerdo miles de palestinos festejaron en las calles de Gaza y
Cisjordania.
La religión en baja,
por Luis Eugenio Silva.
La encuesta Bicentenario, cuyo resumen se
publicó el 10 de noviembre en “El Mercurio”, afirma que, entre el año 2000 y
2012, el catolicismo habría bajado del 70% al 59 % de la población; en cambio,
habría subido el mundo evangélico, del 14% al 18 %. También habrían aumentado,
del 12% al 18%, los que se declaran sin religión o ateos. Para el sociólogo
Eduardo Valenzuela, la caída en el porcentaje de católicos no está relacionada
directamente con los problemas clericales y abusos de los últimos años, pues en
la década del 90 ya se había notado una baja de un 10% atribuible al alza
protestante evangélica; la reducción de ahora se debería al incremento de los
que no se identifican con ninguna religión.
Creo que ese análisis es verdadero. No cabe
duda de que la mentalidad materialista hace avances importantes entre los
católicos, que, sin saber de la crítica a la religión de pensadores europeos
como Feuerbach, Nietzsche, Compte, Marx, Sartre y otros, la asumen
inconscientemente. Así, la síntesis de los principios de esos pensadores que se
ha instalado en la mentalidad colectiva es: ser ateo o incrédulo es ser
moderno; ser creyente, atrasado. Es verdad que hoy se postula por algunos que
la religión es algo intimista y sincrético, y que serviría para aplacar las
sensaciones de soledad y de angustia, como lo hacen el variado new age y otras
formas de religiones intimistas e individualistas. También ha contribuido a la
caída de las cifras la falsa idea de que la ciencia puede responder a las
preguntas metafísicas y religiosas, o que ella es un camino que se contrapone a
la fe y a la revelación. Eso no es cierto. Ciencia y fe no se contraponen, pero
se subordinan, y ambas tocan a la verdad: la demostrable, en el caso de la
ciencia, y la verdad revelada por Dios, que no es demostrable y se enmarca en
el ámbito del misterio, pero a partir de la cual nace la teología o ciencia de
la fe.
Pero también, me parece, hay que reconocer que
ha habido un rebajamiento en la vivencia misma del cristianismo. Por mucho
tiempo se presentó a la fe católica como un moralismo, en circunstancias de que
ella se fundamenta en la persona de Jesucristo, muerto y resucitado, y que de
su imitación se desprenden el respeto por el hombre, el amor al prójimo, la
vivencia de los misterios sacramentales, la oración y los mandamientos. El
cristianismo debe ser una vida o, si se quiere, una manera de vivir según el
sentir y pensar de Cristo, que se quedó en la Iglesia por El fundada.
Sin duda, las estructuras históricas del
catolicismo tienen que ser revisadas, como se ha hecho antes en los siglos
medievales, en el Renacimiento y en el siglo XVIII. El Concilio Vaticano II lo
hizo y aggiornó a la Iglesia, pero, como afirmó Paulo VI, adalid de ese
concilio, no se interpretaron bien sus principios y hubo de lamentar abuso, lo
que han reconocido Benedicto XVI y antes también Juan Pablo II. Hoy el
catolicismo ha de encontrar un nuevo lenguaje, que, presentando a Cristo y su
anuncio del Reino de Dios, sea capaz de interpelar a las nuevas generaciones
que se encantan con respuestas fáciles y cambiantes, incapaces de satisfacer a
un alma que naturalmente busca respuestas definitivas y trascendentes.
Las formas de hacer pastoral, la predicación,
la catequesis, así como el modo de relacionarse la jerarquía con el pueblo
fiel, deben cambiar en gran parte, permitiendo que el creyente, o el que busca,
se sientan interpelados por los gestos y acciones de la Iglesia, encontrándose
así con el Cristo de siempre y de ahora, que ofrece la solución definitiva a un
espíritu que anhela felicidad y certezas. Debe la Iglesia hacer patente el
sentido del misterio, para que la liturgia y los sacramentos, así como la
oración, sean vividos plenamente en medio de una ciudad secularizada, pero que
no ha perdido la necesidad de buscar a Dios. Debemos en la Iglesia hacer más
patente el sentido de comunidad y hacer más viva la solidaridad entre los
creyentes. Algunos pensarán que no es tan trágico perder feligresía, si los que
quedan serían todos practicantes fieles. Pero ello no es así y esta pérdida es
un dolor, que obliga a pensar y buscar soluciones.
Ley de Pesca: basta de parcialidades,
por Beatriz Corbo.
Ante el inminente vencimiento de la Ley N° 19.849 que prorrogó
los límites máximos de captura por armador -introducidos originalmente por la
Ley Nº 19.713 el 2001- por 10 años, el Ejecutivo presentó el proyecto que se
discute actualmente.
En este sentido, analizar el proyecto en su
globalidad es fundamental para entender la voluntad del Legislador, aspecto
que, a nuestro juicio, ha estado ausente en el debate. El Gobierno pretende dar
a la actividad pesquera una mirada de largo plazo. Así queda de manifiesto
cuando se plantea como prioridad avanzar hacia un desarrollo sustentable. En
este sentido, se comprende el cambio normativo en materia de definiciones, como
la incorporación del enfoque precautorio
y los cambios en el proceso de toma de decisiones basado en la información que
proporcionen los comités científicos. Todas disposiciones que a nuestro juicio
debiesen ser destacadas.
Adicionalmente, el incorporar en la normativa
mayores regulaciones para la actividad pesquera artesanal, sobre todo en lo que
se refiere a embarcaciones de eslora total o superior a 12 metros, es positivo.
En esta línea, las mayores atribuciones que se entregan al Sernapesca, que
buscan mejorar la fiscalización del cumplimiento de las regulaciones,
constituyen un aspecto esencial para garantizar la conservación de los
recursos.
La investigación es otro de los elementos que
se han abordado en el proyecto; así, se
delimita el ámbito de responsabilidad que le corresponde a cada una de
las instituciones que participan en la investigación. En suma, se le pretende
asignar a la Subsecretaría de Pesca la responsabilidad para la realización de
la investigación básica, dejando en manos del Fondo de Investigación Pesquera
establecer las otras prioridades nacionales.
El nuevo mecanismo de asignación industrial,
que incorpora licencias transables de pesca, a las que tendrían acceso
voluntario quienes tienen hoy autorizaciones de pesca vigentes, y las
licitaciones, han acaparado la discusión. Lo anterior nos ha llevado a un
debate parcial, ideologizado y cruzado de intereses personales, donde los
argumentos jurídicos han estado bastante ausentes.
Esta mirada parcial ha dejado fuera de la
discusión el factor fraccionamiento, que determina que el sector artesanal
accederá en promedio a un 55% de la cuota global de captura. El nuevo sistema
de cobro de patentes y la introducción del royalty son elementos importantes
para calibrar lo que implica la introducción de las licencias transables de
pesca y las licitaciones en el sector industrial.
A estas alturas, sería interesante tener una
mirada global de la reforma que se está introduciendo, la que, por cierto,
dista mucho de ser una Ley corta. Los juicios parciales y la repetición de las
frases construidas por quienes son financiados por los grupos de interés en
nada aportan a la discusión.
Debemos rescatar el espíritu original del
proyecto que tiene una clara orientación en favor de la sustentabilidad de la
actividad pesquera, objetivo que fue incorporado en forma explícita en el
articulado para que se puedan erradicar aquellas prácticas que en el pasado han
permitido la aplicación de medidas arbitrarias y que, como tales, han sido
responsables, en parte, del deterioro de las pesquerías.
La vara en Guadalajara queda muy alta,
por Roberto Ampuero.
Escribo esta columna desde una Feria
Internacional del Libro de Guadalajara en pleno desarrollo. Es una feria
especial, pues Chile es, por segunda vez, su invitado de honor. No se debe
elogiar el día antes de la noche, dice un proverbio alemán. Pero lo cierto es
que la presentación de Chile en esta FIL dejó ya la vara muy alta, me dicen Embajadores
extranjeros, funcionarios mexicanos, libreros y visitantes de este encuentro
literario mundial. Las opiniones me enorgullecen: la presencia de Chile es la
de mayor envergadura de que se tenga memoria en años. Se refieren no sólo a
autores, artistas y libros, sino también al pabellón chileno y a la magnífica
muestra gastronómica, organizada por ProChile, bajo la dirección del chef Carlo
von Mühlenbrock, aclamado por los asistentes al banquete.
La presencia del país tiene envergadura: el
pabellón es una gran casa de aire, madera y libros, transparente, abierta, de
puertas y ventanas altas, donde se cobijan 21 mil libros, que los mexicanos
están comprando con avidez. El interés de México por Chile es enorme y habría
que diseñar políticas para aprovechar este impulso, generado por la curiosidad
y admiración que sienten nuestros hermanos por nuestra patria. La delegación
comprende más de 100 autores de diversas edades, Regiones, géneros, etnias e
inspiración política y estética, 80 casas editoriales representadas, 54
actividades literarias, 9 bandas musicales, 9 películas, 4 montajes escénicos y
3 grandes exposiciones, entre otras, una de Nicanor Parra. Allí están, entre
otros, Jorge Edwards, Oscar Hahn, Jaime Collyer y Rafael Gumucio, y el ex
Presidente Ricardo Lagos con dos libros importantes. El denominador de la
delegación: la diversidad.
Las presentaciones de los chilenos llenan
auditorios. Guadalajara es un gran escenario para escritores jóvenes y
consagrados, una vitrina fenomenal para dar a conocer obra y concepciones en
México, América Latina y el mundo. Pero no todo es autores, libreros y libros.
Cada noche se presentan también grupos musicales. Los Jaivas, Javiera Mena y
Los Bunkers llenaron la Explanada, el gran teatro bajo carpa de la FIL. Y en la
noche del homenaje al "Señor del bolero", Lucho Gatica, el artista
cantó desde las graderías de la Explanada, acompañado de parte de la delegación
oficial chilena y de la FIL. Ese día, el más famoso bolerista de América Latina
recibió la Orden al Mérito Cultural Pablo Neruda, distinción que Chile le
adeudaba.
Los mexicanos, que saben de cultura porque
tienen una de carácter milenario y la cultivan porque saben lo que significa
para su identidad y la proyección internacional del país, agradecen este gesto
de amistad, respeto e identificación de Chile hacia su gran patria. Es una
feria de 26 años de historia, que reúne a 43 países, 700.000 asistentes, 1.900
casas editoriales y 188 agentes literarios, y que brinda 14 premios. La chilena
Lina Meruane obtuvo este año uno crucial: el Sor Juana Inés de la Cruz.
Es cierto que la FIL es mucho más que Chile,
pero emociona ver cómo los mexicanos inundan la casa de libros, se rompen
récords de ventas en nuestro pabellón, el público va a conciertos y
exposiciones, y se forman filas ante la exhibición gastronómica. La presencia
la articularon el CNCA, ProChile, Fundación Imagen Chile, Dibam, Turismo Chile
y Dirac. Chile desarrolla en la FIL un esfuerzo sólido, macizo y responsable
para mostrar su cultura ante el mundo, una cultura con memoria y abierta al
mundo, una cultura en la que prima la diversidad. Emociona: Chile deja la vara
muy alto.
Vacío en elección de Consejeros Regionales.
La aprobación de la reforma que establece la
elección directa de los Consejeros Regionales, y el rechazo al proyecto de Ley
que regulaba la transición para ponerla en práctica, han dejado un vacío
respecto de la renovación de estos cargos que debía realizarse en esta época,
luego de la elección Municipal. Asumiendo los problemas y dificultades
generados con la regulación de la inscripción automática y el voto voluntario,
parece preferible no tramitar apresuradamente una legislación de este tipo y,
en cambio, aplicar nuevamente el sistema indirecto vigente para esa elección
hasta la siguiente renovación.
Durante muchos años se tramitó en el Congreso Nacional
el proyecto de reforma Constitucional que proponía establecer la elección
directa de los integrantes de los Consejos Regionales, la que hasta ahora es
hecha por votación de los Concejales, que finalmente fue aprobada en 2009. Esta
reforma requiere de una ley Orgánica Constitucional complementaria para ser
efectiva.
El Gobierno envió luego al Congreso el proyecto
para regular el nuevo sistema de elección, pero las dudas sobre algunos de sus
puntos y su lenta tramitación no permitieron tenerlo en vigencia para que se
realizara en conjunto con la elección Municipal. Una moción Parlamentaria que
buscaba abordar el problema y fijar una transición, extendiendo el Mandato
actual hasta el próximo año y fijando la primera elección de Consejeros en
conjunto con las Parlamentarias, fue recientemente rechazada en la Cámara de
Diputados, básicamente por la oposición de los diputados de la UDI, por la
inconveniencia de asociar una elección
de naturaleza local como la de los Consejeros a otras netamente políticas, como
las del próximo año. Ante esta realidad, el Ejecutivo ha enviado un proyecto
con urgencia, donde propone como una de las alternativas que transitoriamente
se realice esta elección en conjunto con
las Parlamentarias y Presidenciales del próximo año, extendiendo para estos
efectos el período de los actuales Consejeros hasta marzo de 2014, y fijando el
período de los que se eligieran en la primera oportunidad hasta la próxima
elección Municipal. Esta propuesta mantiene esa inconveniente asociación a las
elecciones del próximo año y es discutible su procedencia, porque ya fue
rechazada la idea de Legislar en la Cámara de origen sobre el mismo punto.
La incapacidad del Ejecutivo y del Congreso para
despachar oportunamente la Legislación complementaria a la reforma Constitucional
hace aconsejable extender la aplicación del sistema indirecto para esta
oportunidad y proceder a la elección de los Cores a fin de no afectar el normal
funcionamiento de este órgano, postergando la elección directa hasta la
siguiente elección Municipal.
Esta coyuntura abre también la oportunidad de discutir
el ajuste que amerita la forma como han
quedado calendarizadas las elecciones de Consejeros Regionales, Municipales,
Parlamentarias y Presidenciales. Parece del todo aconsejable mantener juntas
las dos primeras, por su carácter más local y asociado a los problemas propios
de cada Región, y acercarlas más a la mitad del período Presidencial, de manera
de dividir este último en dos etapas de dos años. Así, cabría programar las
próximas elecciones de Consejeros y las Municipales para noviembre de 2015 o
abril de 2016, evitando la distracción que significa su ubicación actual al
final del tercer año de cada Gobierno.
Suben las remuneraciones.
Hay múltiples indicios de que, finalmente, el
crecimiento que experimenta la economía y la fuerte reducción de la cesantía
están traduciéndose en incrementos reales de las remuneraciones. Según la
Superintendencia de Pensiones, la renta imponible promedio de los cotizantes
asciende ya a 544 mil pesos, con un aumento de 19% en términos reales respecto
de 2007, año previo al inicio de la crisis financiera global. Las alzas son más
pronunciadas en las Regiones mineras que en el resto del país, y favorecen
mayormente a los trabajadores de servicios prestados a empresas -por ejemplo
alquiler de maquinaria-, energía, intermediación financiera y construcción. Las
cifras del INE muestran incrementos algo más acotados, pero también denotan una
significativa alza en los últimos dos años.
El mejoramiento de las remuneraciones reales
es, desde luego, algo que celebrar. Unido a la expansión del empleo, permite elevar
el estándar de vida de los trabajadores, reducir la pobreza y disminuir la
desigualdad de ingresos. Chile parece haber entrado a una situación de pleno
empleo, en el sentido de que para atender a la fuerte creación de puestos de
trabajo se hace necesario atraer al mercado laboral a mujeres, jóvenes y
adultos mayores, muchos de los cuales hoy no participan en él. Obtener un mejor
salario suele ser un estímulo eficaz.
Un alza excesiva de las remuneraciones tiene,
no obstante, una contracara ingrata: puede elevar los costos laborales, causar
presión inflacionaria y dañar la competitividad de la producción nacional. El
mejor modo de precaver tal riesgo es avanzar con celeridad en la
flexibilización de aquellas normas laborales que desalientan la incorporación
de nuevos contingentes de trabajadores al mercado ocupacional, la reducción de
recargos o impuestos al trabajo, y el mejoramiento de los sistemas de
capacitación, para neutralizar con mayor productividad laboral el impacto de
los incrementos salariales sobre los costos y la competitividad.
Las Autoridades de Gobierno están conscientes
de la agenda pendiente en esta materia y han anunciado reiteradamente su
disposición a introducir las medidas necesarias. Pero el avance real es hasta
ahora notoriamente insuficiente. La propuesta de flexibilización de jornadas
para los trabajadores agrícolas parece entrampada en el Congreso, pese a haber
sido en su momento consensuada entre empresarios y trabajadores. De los
anuncios de algo semejante para el sector turismo -gran demandante de empleos
estacionales- nada se sabe desde que esto fuera planteado en la Agenda de
Impulso Competitivo. La publicitada modificación a la Ley de Inmigración, que
podría facilitar la llegada al país de personal calificado o atender las necesidades
de mano de obra agrícola en tiempos de cosecha, todavía no arriba al Congreso.
Algo semejante ocurre en cuanto a la fórmula planteada para aliviar el
financiamiento de las salas cuna en las empresas que contratan a 20 o más
mujeres, del seguro de cesantía y el régimen de seguridad laboral. La
modernización del Sence ha sido preocupación prioritaria de la actual Administración,
pero tampoco hay aún cambios de fondo.
Como en otras materias, se echa aquí de menos
auténtico sentido de urgencia en las decisiones públicas. Es previsible que la
buena marcha de la economía termine absorbiendo la mano de obra disponible y
que eso dé paso no ya a un alza saludable de remuneraciones reales, sino a una
contraproducente presión de costos laborales. Los cambios tantas veces
anunciados por el Gobierno deberían estar ya en aplicación. Es hora de ponerse
al día.
Firmas para requerimiento constitucional.
Un extraño espectáculo ha ofrecido la cuestión
de Constitucionalidad planteada originalmente por 32 Diputados de oposición
contra el proyecto de ley sobre simplificación de los trámites relativos a la
constitución y las modificaciones de las personas jurídicas. Pocos días después
de presentado el escrito ante el Tribunal Constitucional, se desistieron los Diputados
Harboe, Vallespín, Saffirio, Venegas y Montes. Como la Constitución exige que
esta clase de cuestiones se plantee por un conjunto de Parlamentarios que
represente al menos la cuarta parte de los Parlamentarios en ejercicio en la
respectiva corporación, estos desistimientos implicaban que la acción se
cayera. De algún modo se consiguió, sin embargo, que durante la semana
siguiente se sumaran al grupo las Diputados Saa y Pacheco y el Diputado Ortiz.
Pero el mismo martes en que el TC debía resolver si se acogía a trámite el libelo,
se desistieron también los Diputados Arriagada, Tuma, Jaramillo y Cerda. Al día
siguiente lo hicieron igualmente los Diputados Jarpa y Lorenzini. El caso del Diputado
Accorsi es particularmente llamativo, pues el 27 de noviembre adhirió al
requerimiento, pero se desistió de él al día siguiente.
El Tribunal Constitucional -con excepción de
los Ministros Carmona y García, que estuvieron por tramitar el requerimiento
sobre la base de razones que no se expresan- resolvió no admitir a trámite la
cuestión planteada hasta que no se acredite debidamente el número de Diputados
en ejercicio y si los Diputados que han presentado escritos adhiriendo o
desistiéndose efectivamente lo han hecho -pues sus firmas no fueron autorizadas
por el secretario de la Cámara, como exige la ley-.
La situación descrita es lamentable para la
imagen de la actividad política y denota feble profesionalismo en quienes la
han protagonizado. No es responsable poner en movimiento costosos mecanismos de
resolución de conflictos constitucionales sin una reflexión previa sobre la
situación que se pretende plantear y sus alcances.
Lo ocurrido en este caso abre, además,
interrogantes delicados. La ciudadanía bien podría preguntarse acerca de
eventuales mecanismos de lobby que actúan en forma subterránea y que son
capaces de influir en las decisiones que adoptan los Legisladores en las
materias que afectan sus intereses. Sería cívicamente estimulante poder
descartar esta hipótesis en el presente caso cuanto antes y del todo, pues
resulta inexplicable que en un par de días, o incluso de un día para otro, sea
posible que se modifique radicalmente la decisión ya adoptada sobre un asunto
público. Por desgracia, esto aparece como sugerente -aunque carezca de toda
base real- de que tales decisiones podrían no estar guiadas por el estudio de
los antecedentes y el análisis ponderado de sus consecuencias desde una
perspectiva general y de bien común, sino por el juego de los intereses de los
diversos grupos de presión.
Entretanto, se tramita en el Congreso el primer
proyecto destinado a la modernización y mejoramiento de los servicios que
prestan notarios y conservadores. Es de esperar que en lo que resta de ese
proceso se consoliden los aspectos valiosos que él contiene y se perfeccionen
sus eventuales deficiencias. Hace poco se ha hecho presente, por ejemplo, que
no sería razonable encomendar a los notarios, ni siquiera en términos muy
gruesos, el control de legalidad de los instrumentos en cuya constitución ellos
intervienen. Se argumenta que con tal exigencia se encarecerían y demorarían
excesivamente las autorizaciones notariales, y es posible que eso sea efectivo.
Sin embargo, resulta inevitable preguntarse si la demora y los altos costos
actuales de esos servicios se encuentran justificados, a pesar de que quien los
presta ni siquiera puede garantizar que el acto que se autoriza contiene sus
elementos esenciales o no atenta gravemente contra el orden jurídico.
Críticas a rebaja de condenas.
Controversia generó la decisión de la Comisión
de Reducción de Condenas de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que
la semana pasada determinó disminuir por “comportamiento sobresaliente” las
penas de cárcel por abusos sexuales contra menores a Claudio Spiniak y al ex
sacerdote José Andrés Aguirre. La rebaja permitió a este último salir en
libertad el lunes pasado, mientras que el otrora empresario podrá hacerlo en
diciembre de 2013.
Aunque el rechazo transversal que ha provocado
esta medida en algunos sectores resulta comprensible por la gravedad de los
delitos cometidos por estas personas, es necesario reconocer que los beneficios
que ellas han recibido están contemplados en la ley y que ambos han cumplido
con los requisitos exigibles para tener la posibilidad de optar a una
disminución de condena. No cabe hacer distinciones y lo que corresponde es
aplicar la normativa vigente por parejo a todos quienes están en condiciones de
recibir los beneficios. Se trata de individuos que han cumplido una parte
importante de sus condenas de cárcel y tienen igual derecho que cualquier otro
reo a solicitar prerrogativas carcelarias.
También es entendible la inquietud que
manifiesta la ciudadanía, cuando quedan en libertad individuos que fueron
protagonistas de abusos sexuales a menores, principalmente porque se trata de
sujetos que muestran conductas que son muy difíciles de rehabilitar, lo que
supone un evidente riesgo de
reincidencia. Ello debe motivar a la comunidad a tomar los resguardos
necesarios para evitar que sus hijos sean potenciales víctimas de estos hechos.
Sin embargo, ese temor en ningún caso justifica emprender acciones de
hostigamiento como las que han organizado vecinos de Santo Domingo para
expresar su molestia por la llegada del ex sacerdote a esa localidad tras salir
de la cárcel.
Nota de la Redacción:
Nosotros estamos entre los críticos a la
determinación tomada en estos dos casos por considerar que los personajes, Spiniak
y Aguirre, son casi irrecuperables para la sociedad pues sus depravaciones son
casi inrehabilitables, y porque son una amenaza contra los más frágiles de
nuestra sociedad, nuestros niños.
Otro motivo que nos lleva a rechazar la
decisión de la Comisión de Reducción de Condenas de la Corte de Apelaciones de
Santiago es que no la consideramos igualitaria, pues permanentemente estos
beneficios les han sido negados a ancianos moribundos por el solo hecho de ser
militares y por haber luchado por la libertad de nuestro país.
Creemos que ha llegado la hora en que las
instituciones funcionen realmente y que a todos, sin excepciones antojadizas e
ilegales, quienes cumplan con los requisitos se les concedan los beneficios
intra-penitenciarios que establecen las Leyes, terminando de esa manera con la
odiosa discriminación existente.
La decisión colombiana.
La decisión de retirarse del Pacto de Bogotá
viene a ser la más fuerte y concreta de las reacciones adoptadas por el Gobierno
colombiano luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia que, aun
reconociendo la soberanía de Bogotá sobre diversos islotes en el Caribe,
estableció una delimitación marítima favorable a su contraparte, Nicaragua. Fue
en virtud de dicho tratado que este último país —tal como luego lo haría Perú
respecto de Chile— pudo llevar el caso a tal Tribunal pese a la reticencia de
Colombia, pero el paso dado ahora no genera efectos prácticos en lo referido a
esa sentencia. De hecho, analistas colombianos advierten en la medida una forma
de responder al fuerte descontento popular que ha generado el fallo, y que ya
empieza a repercutir en la popularidad del Presidente Santos. No obstante, la
decisión también apuntaría a «proteger» los intereses de ese país respecto de
un punto que dejó sin resolver la sentencia de la Corte, cual es la extensión
de su plataforma continental reclamada por Nicaragua. Al respecto, el propio
Santos, al explicar la determinación, señaló que su objetivo es garantizar que,
en adelante, las cuestiones limítrofes que involucren a Colombia sean siempre
resueltas por medio de tratados, y no impuestas por sentencias de un Tribunal.
En otras palabras, se trataría en adelante de apostarlo todo al poder
negociador del país, por sobre las instancias formales de resolución de
conflictos, con la complejidad y riesgos que ello significa.
Aunque el Pacto de Bogotá, de carácter
hemisférico y firmado en 1948, no ha sido ratificado por todos sus signatarios
y además un número significativo de países han formulado diversas reservas, la
decisión colombiana de retirarse de un tratado que obliga a las partes a buscar
la solución pacífica de sus controversias evidentemente debilita al sistema interamericano,
situación de por sí lamentable. Resulta, por otra parte, difícil imaginar que
la determinación no implique costos para Colombia, máxime tratándose de un país
que vive un delicado proceso de pacificación interna, con una negociación en
curso con las FARC, para cuyo éxito es altamente relevante el acompañamiento de
la comunidad internacional.
Es inevitable que este episodio y en general
todo lo ocurrido a propósito de la última sentencia dictada por la Corte
Internacional de Justicia introduzca algún ruido en el ambiente previo al
inicio de los alegatos en el juicio que enfrenta a Perú con Chile en el mismo Tribunal.
De hecho, han abundado las voces de quienes intentan ver en ese fallo tesis que
favorecerían la postura de uno u otro país. Incluso, la preocupación
manifestada por los ex Mandatarios chilenos, enfatizando la importancia de que
la Corte actúe según criterios estrictamente jurídicos (lo que en rigor
constituye una obviedad), podría vincularse de algún modo al impacto del caso
Nicaragua-Colombia y a ciertas interpretaciones que de él se han realizado. En
ese contexto, ha hecho bien el Gobierno en ratificar el irrestricto apego del
país a sus compromisos internacionales y el carácter específico del juicio en
curso con Perú, donde la posición chilena se asienta sólidamente en tratados
suscritos por ambas partes y por Ecuador, los que dieron origen a un sistema de
delimitación marítima —seguido también por otras naciones— que durante seis
décadas ha entregado estabilidad a la región.
Cataluña se pronuncia.
Fallaron los cálculos del Presidente de
Cataluña, Artur Mas, cuando convocó a elecciones anticipadas, en busca de un Mandato
claro ("mayoría excepcional") para llamar a un referéndum
independentista que permitiría redefinir las relaciones de Cataluña con el
Estado español.
Mas creyó poder aumentar su margen poniendo
acento en el autonomismo. Sin embargo, ese llamado no benefició a su
conglomerado Convergencia y Unión (CiU), sino a partidos de izquierda con
posiciones independentistas de más larga trayectoria. En ciertos aspectos
políticos y económicos, a CiU podría considerársela más a la derecha del
Partido Popular en el poder en Madrid, pero ante la crisis actual se han
alejado. La población catalana ha sido dura con el programa de ajuste que ha
implementado CiU desde 2011. Enfrentado a una deuda de 40 mil millones de euros,
la más alta entre las Regiones de España, el Gobierno catalán ya anunció para
2013 un recorte igual a la suma de los dos años precedentes: cuatro mil
millones de euros.
Cataluña se queja de que siendo la Región que
más impuestos cobra a sus contribuyentes y más aporta al presupuesto nacional,
no recibe una retribución correspondiente. De ahí el grito nacionalista tras el
rechazo de Madrid, en septiembre pasado, de la petición de un sistema
tributario similar al "Concierto económico" del que goza el País
Vasco, al que por razones históricas se le reconoce el derecho de recaudar
algunos impuestos y asignarlos según su propia decisión.
CiU perdió 12 Diputados en los comicios del
domingo, lo que terminó con su intención de liderar un proceso en busca de
"Estado europeo independiente", dentro de la UE. CiU recibió un voto
de castigo principalmente por su política económica durante el tiempo de
crisis. Tal vez algo influyó la categórica advertencia antiindependentista de
la Unión Europea, que pudo hacer reflexionar pragmáticamente a no pocos sobre
las consecuencias de una Cataluña solitaria y aislada, en medio de una tormenta
económica continental.
Aun así, con el apoyo masivo a los partidos
que, aunque separados entre sí por profundas diferencias ideológicas, coinciden
en propugnar la independencia, se ratificó la aspiración mayoritaria de avanzar
en un proceso que lleve a Cataluña por ese camino. Y de eso tendrá que dar
cuenta el mundo político catalán en un futuro probablemente próximo, cuando la
crisis económica no empañe el juicio.
No le será fácil a CiU encontrar un aliado para
formar Gobierno. La opción de pactar con el PP en esta ocasión parece cerrada.
Puede buscarlo en las filas de Esquerra (Izquierda) Republicana -fundada en
1931, con presencia en Cataluña y, minoritaria, en la Comunidad Valenciana, las
Baleares y el Rosellón francés- o de los socialistas, pero ambas opciones son
complejas. La primera, que se convirtió en la segunda fuerza política en el
Parlamento, pide como condición mantener el impulso independentista y disminuir
los costos sociales del plan económico, presionando más a quienes tienen
recursos. Los socialistas, que ya han Gobernado en coalición con CiU, previenen
ahora que este partido es "independentista y de derechas", mientras ellos
son "federalistas y de izquierdas".
Una carta para meditar:
Señor Director:
Violencia en La Araucanía.
Luego del reciente atentado incendiario que
destruyera el camión de una pequeña empresaria de origen mapuche en Ercilla,
los camioneros exigimos al Gobierno que se restablezca el Estado de Derecho en
La Araucanía, el cual se encuentra vulnerado.
En la oportunidad, también señalamos que las
medidas implementadas por el Ejecutivo y los Congresistas para detener la
violencia en la zona han sido ineficaces.
Frente a estas declaraciones, el Senador señor
Alberto Espina me emplazó a que precisara las fallas de la institucionalidad en
el contexto de la conflictividad en la Región, para lo cual le puedo argumentar
con cifras absolutamente corroborables que el grado de violencia en La
Araucanía ha ido cada vez en aumento.
Como gremio de dueños de camiones y como
multigremial de La Araucanía, en 2008 registramos 38 casos de violencia
denunciados, y desde enero a septiembre de 2012, van 235 hitos de violencia.
Sólo en nuestro sector, desde el año 2005 a la
fecha ya llevamos 74 camiones incendiados. Por lo tanto, pese a todas las
instancias que el Senador menciona como avances contra la delincuencia,
lamentablemente la impunidad, la muerte y el terrorismo siguen tomando
protagonismo en esta región del país.
Debido a lo anterior, le pido al Senador que me
indique y precise cuáles son las medidas que los Parlamentarios de la Región
han patrocinado en las que se consideren a las víctimas de estos atentados
terroristas, cómo se les protege y cómo se les ayuda a reemprender, porque
digámoslo, a muchas víctimas de la violencia se les ha arrastrado hasta la
ruina y han visto reducido a cenizas el esfuerzo de toda una vida o varias
generaciones.
Pienso que es fundamental que el Gobierno haga
sentir a la ciudadanía que hay voluntad política para impedir que la violencia
siga siendo un sentimiento de costumbre Regional, pues los Legisladores y el
Poder Judicial se han olvidado que las víctimas también somos un sector
desprotegido, porque nos vemos expuestos a perder el trabajo y esfuerzo de
muchos años.
José Villagrán Sandoval, Presidente Federación
Gremial de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur).
Caricatura
de EMOL sobre la peregrina idea de algunos Parlamentarios de bajar a 14 años el
derecho a voto para las elecciones Municipales:
![]() |
-Oye,
guatón, ¿te estái preparando para ser
"bocal" de mesa?
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