Subsecretario
Galilea enfrenta multa de $813 millones por irregularidades en Chaitén.
Juicio de cuentas de
Contraloría apunta a su labor como Intendente entre 2008 y 2010.
$813.208.962
es el monto que se arriesga a tener que reintegrar a las arcas Fiscales el
actual Subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea Ocón, según el juicio de
cuentas iniciado en su contra por la Contraloría General. Lo anterior, luego de
que este organismo detectara nueve tipos de irregularidades, en la entrega de
bonos a los damnificados por la erupción del volcán Chaitén, la madrugada del 2
de mayo de 2008.
El
proceso de carácter administrativo -no penal- persigue su responsabilidad
pecuniaria como ex Intendente de la Región de Los Lagos, en cuya calidad debía
firmar las resoluciones con el dinero a repartir, durante la segunda mitad del
primer Gobierno de Bachelet.
La
existencia misma de las irregularidades no está en cuestión. Para el organismo
fiscalizador están a firme hechos como la entrega de dinero a muertos o a
funcionarios de las Fuerzas Armadas que fueron redestinados, por lo que
obviamente no necesitaban arrendar una casa para seguir viviendo en la Región.
La
decisión de que tenga que devolver al erario nacional de su bolsillo las platas
mal gastadas está en manos de la Juez del Tribunal de Cuentas, la Sub-contralor
Patricia Arriagada, quien en su escritorio tiene un informe técnico de la Fiscal
Ruth Israel López, totalmente contrario a los intereses de Galilea.
Si
Arriagada concuerda con Israel y "acoge el reparo" (algo así como la
condena en derecho civil), a Galilea sólo le quedará la posibilidad de acudir
al Tribunal de segunda instancia, conformado por un Juez y dos abogados
integrantes. Estos últimos son escogidos cada tres años por el o la Presidente
de la República, de ternas elaboradas por el contralor de turno.
Quienes
conocen ese proceso revelan que la actual autoridad, Ramiro Mendoza, tiene como
costumbre presentar dos ternas por separado: "una con tres nombres afines
a la Concertación o actual Nueva Mayoría, y otra con tres nombre afines a la
Alianza, de tal forma que si los abogados integrantes quisieran fallar de
manera política, siempre definirá el Juez, que no es otro que el mismo
Mendoza".
El
crítico informe que hoy tiene Patricia Arriagada (la Juez de primera instancia),
llamado oficialmente "vista Fiscal", repara en nueve aspectos que se
detallan a continuación.
1 Arriendos para quienes tenían casa.
$44.700.000
fueron pagados a 84 beneficiarios, con el fin de que arrendaran casas, luego de
ser trasladados, con motivo de la erupción. Sin embargo, "ya contaban con
una vivienda asignada por el Estado" a través de subsidios habitacionales.
Estos dineros fueron repartidos hasta el 2 de enero de 2010.
2 Doble beneficio para 4 funcionarios públicos.
El
caso es similar al anterior y se trata de $7.200.000 objetados por ser otorgado
a "cuatro funcionarios públicos, los cuales, sin embargo, ya tenían
asignado el beneficio de vivienda Fiscal en fecha posterior al 2 de mayo de
2008... (fueron) simultáneamente beneficiados con el bono y con el beneficio de
vivienda Fiscal", señala el documento.
3 Plata para 14 fallecidos.
$50.000.000
fueron repartidos a 14 personas "respecto de las cuales se comprobó que se
encontraban fallecidas al momento de efectuarse el giro en su favor". Los
pagos fueron entre 2008 y 2010.
4 Tenían casa propia.
Diez
beneficiarios recibieron un total de $ 20.400.000 a través de bonos por $
150.000 cada uno, a pesar de que el Conservador de Bienes Raíces de Puerto
Montt informó que "tenían inscritos inmuebles a su nombre en dicha comuna,
al momento de efectuarse el giro de los recursos a su favor".
5 Pagos duplicados.
Por
el concepto de "cargas familiares" se pagaron bonos de $20.000 cada
uno a 18 personas, pero "no existían carpetas con antecedentes que
acreditaran dichas cargas" o "el pago resultó duplicado". Se
estimó un perjuicio Fiscal de $7.580.000 por esta irregularidad.
6 Falta de requisitos.
En un
comienzo, la Contraloría Regional objetó el pago de más de $380 millones por 46
casos de personas, que "fueron originalmente rechazadas por no calificar
para el beneficio", pero que apelaron y lograron que se les pagara el
bono, a pesar de que en las carpetas de sus casos no estaban los respaldos de
los requisitos para ser beneficiarios. En terreno, Contraloría logró recabar
más datos y la cantidad rechazada bajó a $100.920.000.
7 La irregularidad más cara.
78
funcionarios públicos fueron redestinados de manera permanente. El informe
reprocha que "no se configuraba respecto de ellos la condición de
ubicación transitoria", como para haberle pagado bonos que tienen que ver
con arriendo de vivienda y otros costos de vida con motivo de la emergencia.
Por
ejemplo, 56 miembros del Ejército fueron redestinados y lo mismo sucedió con
otros dependientes de Carabineros, la Armada, Indap, Corfo, DGAC..., quienes
fueron beneficiados con $507.690.000.
8 Duplicidad marital.
Se
supone que los pagos gruesos van al jefe o (no "y") jefa de familia,
pero Contraloría detectó "duplicidad de bonos tanto al jefe de familia
como a la cónyuge o pareja de aquel". Todo, por $36.950.000.
9 Platas a rechazados.
Otras
dos personas postularon a los bonos y fueron rechazadas por no cumplir los
requisitos para recibirlos. Apelaron y, nuevamente, sus solicitudes fueron
rechazadas. Pero igual el Intendente les otorgó el beneficio y el Fisco
desembolsó $10.140.000.
Otros responsables.
La
vista Fiscal también recomienda sancionar a otros tres funcionarios y ex
funcionarios de la alta jerarquía de la Intendencia de la X Región, quienes de
manera "solidaria" tendrían que devolver el dinero, si es que se
acoge el "reparo".
Se
trata del ex jefe del Departamento de Finanzas y Presupuestos, Jorge Barrientos
Vargas; del jefe subrogante de ese mismo departamento, Harald Peláez
Villalobos, y del ex jefe de Administración, Ramón García Rodríguez.
Contraloría
les reprocha haber firmado documentos sin chequear y ellos retrucan que los
beneficiarios que entregaron antecedentes errados serían los responsables.
Los descargos de Galilea.
Cuestionada autoridad se defiende y vincula
a Jefe de Gabinete de Bachelet
En un
apartado general de sus descargos, Sergio Galilea argumenta que a poco de la
erupción, la responsabilidad de los hechos investigados recayó en una mujer: la
ex delegado Presidencial para la catástrofe de Chaitén y actual Jefe de Gabinete
de Michelle Bachelet, Paula Narváez (hoy en licencia por parto).
"Señala
(Galilea) que a él sólo le habría tocado enfrentar las primeras semanas de la
emergencia, volviendo a sus labores habituales una vez que la Delegado Presidencial
(Narváez) se habría hecho cargo a partir del 27 de junio de 2008... y que todo
el mando habría recaído en la Delegación Presidencial", se lee en el
documento de Contraloría.
La Fiscal
desestimó sus argumentos, señalando que "el señor Galilea no supervigiló
el funcionamiento del servicio en general..., incluso extralimitándose, ya que
también se aplicaron los beneficios pecuniarios a familias que no fueron
evacuadas... (y) refrendó mediante su firma las nóminas de beneficiarios".
Concluye
que "se debe descartar expresamente" la afirmación de que "las
acciones quedaron radicadas exclusivamente en la Delegado Presidencial".
Galilea,
quien esta mañana habló con este diario, dijo que "no la responsabilizo (a
Narváez). Actuó tan eficientemente como yo en ese tema y de manera proba. Si
hay algún tipo de situación anómala, es marginal", enfatizó.
Enfatizó
que si se lo castiga sería "injustísimo y gravísimo", recordando que
Contraloría inició otro juicio de cuentas en su contra por hechos similares (de
un periodo más acotado), que lo absolvió. "No veo por qué, si no hay algo
sustancialmente diferente, la resolución debiera ser distinta... Las
instituciones funcionan, las respeto yo acudiré a todas las instancias que
corresponda. No hay irregularidades, actué de extraordinaria buena fe y fuimos eficientes",
concluyó.
Otros descargos.
Entre
los descargos que el actual Subsecretario presentó a Contraloría, se cuenta que
las labores fueron complejas, con listados elaborados por muchos funcionarios y
sin manuales.
Respecto
de los puntos más llamativos del juicio, afirma que "a pesar de conocer la
noticia del fallecimiento de un jefe de familia, continuábamos su pago..., por
cuanto sabíamos que los beneficiarios (resto de la familia) seguían cobrando y
percibiendo el bono mediante la utilización de la tarjeta bancaria (del
muerto)".
Sobre
quienes tenían casa propia, dice que "lo probable" es que
"hubieren estado destinadas al arriendo", generando rentas a sus
propietarios, que habrían dejado de percibir por tener que ocuparlas.
¿Y
los bonos duplicados o sin antecedentes?: "La eventual falta de diligencia
se radicó en Mideplan, en la Delegado Presidencial y en la Municipalidad de
Chaitén", respondió al informe.
En
cuanto al mayor de los reparos, aseveró que a los redestinados de las Fuerzas
Armadas y de otros organismos se les dio la plata porque era una "facultad
privativa del Ejecutivo" establecer "variables para definir"
quién era o no "beneficiario". Así, se decidió favorecer a todos los
habitantes de Chaitén.
Tomado de
Diario La Segunda del viernes, 12 de septiembre de 2014.
