Superávit de
reformas simultáneas.
Esta semana, no sólo hubo declaraciones y gestiones diversas
en los proyectos que discute el Congreso, sino que también se avanzó en otros y
se anunció una nueva agenda referida a los pueblos originarios. Pero todo ello
ocurrió en un recargado ambiente partidista. Así, en la Nueva Mayoría se
agudizó el malestar de un sector de la DC con sus socios de izquierda por
discrepancias en lo educacional. Las críticas a Ignacio Walker, por los reparos
que éste ha hecho a proyectos que a su juicio perjudican a la enseñanza
particular y limitan los derechos de los padres, impidieron el nuevo diseño
previsto para coordinar los siete partidos, en el que Walker debería asumir en
julio la vocería de la coalición, y llevaron al influyente DC Gutenberg
Martínez a coincidir con él en que no puede haber allí (como temen que se
intente) hegemonía de la izquierda sobre el centro. Si bien el PS procura
evitar que el asunto escale, su presidente busca ampliar aún más la mayoría
oficialista incorporando al PRO, mientras sus diputados crean, a pesar suyo,
una bancada por la Asamblea Constituyente.
En la oposición, asume la presidencia de RN el diputado
Cristián Monckeberg, quien gestiona un acuerdo en torno a la reforma electoral
con el ministro del Interior, aunque éste se niega al parecer a cambiar el
distritaje establecido, lo que dificulta aún más la eventual adhesión a ella de
la UDI, que rechaza aumentar el número de parlamentarios. Y mientras RN trata
de institucionalizar la centroderecha, respetando las diferencias de cada
grupo, y su secretario general declara que están disponibles para llegar a
acuerdos con el Gobierno, en la UDI reaparece Evelyn Matthei con una dura
crítica a los proyectos educacionales.
La reforma tributaria. El Senado muestra un criterio más
amplio que la Cámara para recibir opiniones, pero otra cosa es el alcance de
las modificaciones que se aprueben, pues todo indica que el ministro Arenas no
transará en los temas de fondo (alza de los impuestos y término del FUT). Los
sectores medios y las pymes confían en cambios que los protejan, pero ellos
serán pocos y en aspectos muy concretos, como la no inclusión de las viviendas
de menor costo en el nuevo impuesto sobre su mayor precio, cuando su venta sea
ocasional y no habitual, y sobre todo en medidas en favor de la inversión. Lo
más debatido ahora es la renta atribuida, donde la mayoría de los expertos y
otros invitados se manifestaron en contra y la UDI la ve inconstitucional. Sin
embargo, el SII insiste en la actual propuesta, pese a las críticas, y parece
difícil que ceda, a lo que se suma que al menos los parlamentarios oficialistas
Lagos (PPD) y Montes (PS), de la Comisión de Hacienda, dijeron estar más
tranquilos con las explicaciones recibidas del Gobierno.
La educación pública. Ante las quejas porque los primeros
proyectos del Ejecutivo se hayan limitado a cambios en la enseñanza particular
subvencionada y no en la estatal —la más necesitada de reformas—, la Presidenta
Bachelet anunció ayer su “agenda inmediata” para fortalecer este sector. En esa
transición hacia la Nueva Educación Pública, planteó numerosas medidas, en su
mayoría financieras, de infraestructura y material didáctico, lo que suscitó
críticas, aunque otras refuerzan el trabajo de la comunidad escolar
(sostenedores, directores, maestros y alumnos). A partir de julio se apoyará a
los municipios con un aporte de $ 20.000 millones mediante convenios de
desempeño, pero la meta es la desmunicipalización y creación de Servicios
Locales de Educación dependientes del Ministerio. Se anuncia también una
Política Nacional Docente, que reordenará la labor y carrera de directores y
profesores con intervención de la comunidad en la designación y remoción de los
primeros. Como no se precisa la idea de educación que se pretende instalar, ya
se movilizan los estudiantes y el Colegio de Profesores para influir en ella y
el ministerio organiza charlas para explicar la reforma a los alumnos y pedir
su apoyo, pero ello es delicado, pues puede interpretarse como una acción política
del Gobierno en los colegios.
La fuerte resistencia, incluso en la calle, del sector
particular a los proyectos que lo afectan, avalada por el senador Ignacio
Walker (“la DC va a garantizar que los padres puedan elegir el colegio para sus
hijos”), motivó a la Mandataria a asegurar ese derecho y reiterar el modelo
educacional de provisión mixta. Se estudia también una red pública de colegios,
mejor financiada, abierta a los particulares que no seleccionen y cumplan el
Estatuto Docente, lo que algunos ven como una vía hacia una educación oficial
homogénea.
Política indígena. La fuerte molestia por los dichos del intendente
Huenchumilla de que los agricultores huincas “deben entregar su fundo” a las
comunidades mapuches forzó a los líderes de la Nueva Mayoría a respaldarlos, no
obstante su gravedad. Coincidencia o no, la Presidenta lanzó otra reforma
importante: la agenda indígena. Esta intenta completar en cuatro años la
entrega de las tierras catastradas a quienes tienen derecho a ello, pero además
incluye el necesario acompañamiento técnico y productivo, infraestructura,
tecnología, educación y salud. Sin embargo, hoy la ministra de Desarrollo
Social reconoce que el Ejecutivo no tiene definida una meta de tierras a
comprar y transferir a los mapuches. Además de querer superar allí la pobreza,
se considera la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de
Pueblos Originarios de las diversas etnias, y su representación, incluso en el
Parlamento, todo lo cual deberá ser aprobado por ellas, y seguro será materia
de nuevos debates y puede incidir en la reforma al sistema electoral.
Tomado de Diario La Segunda.
