Temáticas de actualidad...

El Presidente Sebastián Piñera y el Canciller Alfredo Moreno siguieron

atentamente el alegato de ayer de Perú en la demanda con la

que quieren hacerse más de 35 mil quilómetros cuadrados en

los mares limítrofes.

El Ministro Beyer, Autoridades del Departamento de Evaluación

Medición, del DEMRE de la U de Chile y del CRUCH dieron el

inicio ayer al primero de dos días de rendición de la PSU, con

a participación de 272 mil 501 personas.

El Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional

ANFP), Sergio Jadue, presentó ayer oficialmente a Jorge

Sampaoli como el nuevo técnico de la selección chilena, con

el objetivo de llegar al Mundial de Brasil 2014.

Nada nuevo en el primer día de alegatos peruanos en el Tribunal

internacional de La Haya, esperamos que el jueves y viernes la

defensa chilena pulverice sus argumentos con las sólidas bases

jurídicas que posee Chile.

  

La Haya tiene la palabra.

por Cristina Bitar.

Hoy comienzan los alegatos en La Haya para decidir sobre el diferendo en los límites marítimos entre Chile y Perú. Sin duda, lo que ocurra en los próximos meses será una prueba de fuego a la relación con nuestros vecinos, en todo sentido. Si bien el fallo se conocerá recién a mediados del próximo año, los juicios no suelen ser espacios amigables. Las partes presentan sus argumentos de maneras que a veces parecen violentas, la opinión pública extrema sus posiciones y nos podemos acostumbrar a escuchar declaraciones poco afortunadas.

Pero los alegatos en La Haya marcan el comienzo del fin de la disputa que Perú levantó ante esa Corte internacional de Justicia. Nuestra relación atraviesa por un momento histórico, las inversiones recíprocas, el nivel de inmigración, el contacto cultural, entre otros factores, superan cualquier otra etapa en el pasado. Junto a lo anterior, está el hecho de que América Latina se ha ido dividiendo en dos grupos de países, los que siguen pegados a fórmulas de corte populistas, con gran intervención del Estado, con un lenguaje revolucionario y que recuerdan en algo a los sesenta; y otro grupo integrado por naciones que se han orientado al crecimiento económico, con inversión privada y que han aprovechado la década de bonanza de nuestros commodities experimentando considerables avances. En este último grupo se encuentran Chile y Perú, cuyo crecimiento, capacidad de atraer inversión extranjera y estabilidad destacan en el continente.

El fallo de La Haya, cualquiera sea, no puede cambiar esta realidad. Por ello, las declaraciones y gestos de los últimos días muestran a ambos Gobernantes comprometidos con la solución pacífica. Ambos miran hacia un futuro de integración y comprenden que el éxito de nuestro continente latinoamericano está en ampliar nuestros mercados, abrirnos al mundo y buscar las fórmulas a través de las cuáles generamos una alianza en que se sumen nuestras ventajas para complementar nuestras economías y sociedades.

Chile está a las puertas del desarrollo, pero seríamos muy miopes si creyéramos que para nosotros es un buen panorama el ser el único país que logre superar la pobreza, en medio de un continente en que el ingreso per cápita promedio es menos de la mitad que el nuestro. Con ello vendría una presión migratoria, riesgos geopolíticos y probablemente la agudización de otros problemas como el narcotráfico. En resumen, es vital que el fallo de La Haya pueda convertirse en la oportunidad que necesitamos para dar un salto grande en la integración con nuestros vecinos del norte.

La reciente presencia de los ex Presidentes de la República en La Moneda fue una señal que reafirma la lógica de Estado con la que los chilenos hemos enfrentado este conflicto. El Presidente Piñera, al asumir, mantuvo los equipos y la estrategia, dándole continuidad a la defensa del país, sin ninguna consideración partidista. Asimismo, declaró recientemente que luego del fallo, las relaciones con Perú deben fomentar la unidad, la cooperación y el entendimiento. Todos estos elementos nos dan tranquilidad de cómo ambos países asumirán el desenlace, sea cual sea. A la larga, después del fallo, Chile y Perú pueden ganar mucho juntos. Por ahora, la Haya tiene la palabra.

El cuento del tío

por Francisca Alessandri.

Llamar "tío" indistintamente al hermano de la madre, al profesor, al chofer del furgón y al vecino es ya una costumbre establecida, extendida y difícil de cambiar. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) ha iniciado una campaña para promover que los niños llamen por su nombre a los adultos con los que se relacionan, como parvularias y profesores, en un intento por terminar con el "universal" tío (o tía), y así establecer una clara diferencia entre los familiares cercanos y los "conocidos", evitando confusiones que puedan crear falsas situaciones de confianza con personas desconocidas, y dar oportunidades para cometer abusos contra menores.

La iniciativa de la Junji de incentivar el uso del nombre propio es un paso en la dirección correcta, especialmente porque permite reafirmar la identificación de quienes realmente son parte del núcleo familiar. Pero se requiere mucho más para proteger a los niños de agresiones y abusos.

La Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica-Adimark indagó este año sobre la percepción de violencia, tanto a nivel familiar como social, y entrega datos reveladores: entre el 12% que declara haber sufrido algún tipo de amenaza o agresión por terceros, más de la mitad afirma que el agresor fue un familiar, un amigo o una persona cercana cuyo nombre era conocido por la víctima. Muchos actos de violencia intrafamiliar aún no son considerados delitos o hechos graves por parte importante de la ciudadanía. La agresión física del marido contra la mujer es ampliamente rechazada, pero esta encuesta muestra que existe menor resistencia al castigo físico de los padres a los hijos.

Los repetidos hechos conocidos de abuso sexual contra menores, la periódica violencia en los estadios, el vandalismo en las manifestaciones en que grupos de encapuchados destruyen todo a su paso, las agresiones entre jóvenes, la violencia verbal (que incluso vemos en la televisión) llevan a preguntarnos: ¿en qué está fallando nuestra sociedad?

Respecto de la violencia social se esgrimen variadas causas: desesperanza de jóvenes que no visualizan oportunidades claras que respondan a sus expectativas, fallas propias de un desarrollo desigual, sensación de inseguridad y desconfianza social. Pero los análisis se complejizan cuando se trata de la violencia intrafamiliar, pues es necesario adentrarse a la intimidad del hogar. Es allí donde es necesario erradicar el trato agresivo, el abuso físico y psicológico, priorizando las relaciones afectivas, para que la autoridad de los padres se base en el respeto y la confianza, y se provea de un ambiente seguro.

La campaña de la Junji es una buena iniciativa, pero si no se acompaña de políticas públicas que refuercen el rol formador de la familia puede convertirse sólo en "el cuento del tío".

Elección directa de Consejeros Regionales

por Cristián Larroulet.

El perfeccionamiento de la democracia y la profundización de la Regionalización son dos de los efectos más importantes que tendrá la elección directa de los Consejeros Regionales (CORES). Ambos, asimismo, son objetivos fundamentales para el Gobierno. Por esta razón, estamos empeñados en que estas elecciones se efectúen lo antes posible. Para ello, acabamos de presentar un proyecto de reforma Constitucional, a fin de que estos comicios se realicen junto con las próximas Presidenciales y Parlamentarias, el 17 de noviembre del próximo año.

Los chilenos tienen pocas noticias y un vago conocimiento del papel decisivo que cumplen los CORES en los Gobiernos Regionales. Y esto ocurre, principalmente, porque éstos no son elegidos por los ciudadanos, sino por los Concejales de los Municipios de cada Región. Para comprender su relevancia, basta saber que algunas de sus atribuciones son aprobar el presupuesto Regional, asignar los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), ratificar reglamentos Regionales y fiscalizar a los Intendentes. Su función es hacer efectiva la participación de la comunidad Regional.

Cuando estos Consejeros Regionales sean elegidos por la ciudadanía, pasarán a ser objeto de un mayor control de la opinión pública y se abrirá una oportunidad para que los chilenos se interesen más por sus Gobiernos Regionales. Y eso es plenamente consistente con nuestro empeño por mejorar la política. Y es también consistente con nuestro esfuerzo por profundizar la Regionalización, para lo que estamos tramitando un proyecto de Ley que crea un sistema expedito para transferir competencias del Gobierno central a los Gobiernos Regionales. También estamos aumentando sustancialmente los fondos de decisión Regional, como el FNDR, que creció 54% en los últimos dos años, más de cuatro veces lo que lo hizo el presupuesto del sector público. Así, estaremos incrementando la descentralización paralelamente en lo administrativo, financiero y político.

Este proceso en pos de la elección directa de los CORES se inició en 2009, cuando se aprobó una reforma Constitucional para concretarla. Pero para que estos comicios se realicen, se requiere contar previamente con una Ley que regule la forma precisa en que se efectuarán. Actualmente existe un proyecto en tramitación, que prevé que sean elegidos por Circunscripciones Provinciales, mediante un sistema proporcional y en conjunto con las elecciones Municipales.

Pero lo deseable es no tener que esperar cuatro años. Por eso el proyecto de reforma Constitucional que acabamos de presentar prorroga el mandato de los actuales Consejeros y prevé la realización de las mencionadas elecciones el 17 de noviembre de 2013, pero siempre que 120 días antes se encuentre vigente la Ley a que aludí en el párrafo anterior. El proyecto de reforma Constitucional dispone que si ese requisito no se cumple, en diciembre del próximo año se elijan nuevos Consejeros Regionales mediante el sistema antiguo, y que la primera elección directa tenga lugar en 2016.

Con el convencimiento de que la elección de los CORES será beneficiosa para el país, insto a todos los sectores políticos a avanzar en los consensos necesarios para dar pronto este nuevo paso hacia una mejor democracia y una mayor Regionalización.

Inicio del debate oral en La Haya.

Es evidente el interés que despiertan los primeros pasos de la etapa oral del juicio que sigue Perú contra Chile para obtener una nueva delimitación marítima, negando la que ha reconocido durante más de cincuenta años. En la apertura del juicio, Lima no mostró nuevos argumentos y la presentación de su agente y el alegato de su abogado francés se atuvo a las ya conocidas demandas en cuanto a la delimitación marítima.

El material que ahora publicamos y el acceso público a la documentación que las dos partes han presentado ya con la memoria peruana, la contramemoria chilena y las respectivas réplica y dúplica entre marzo de 2009 y julio de 2010 están permitiendo formarse un juicio más completo y realista de los argumentos invocados y de sus fundamentos en el Derecho y en la sucesión de hechos ocurridos en torno al tema. A eso se suma (y continuará sumándose) el desarrollo mismo del proceso, con nuevos elementos, como los “informes de última hora” que ahora se han conocido y que se refieren a diversos antecedentes relativos a la reiterada confirmación de la frontera entre Perú y Ecuador en aguas del Pacífico, que, como la de Chile con nuestro vecino, sigue la línea de un paralelo geográfico.

Ese complemento de la información ciudadana —hasta ahora muy limitada en relación con la que poseen los expertos en la historia y la Diplomacia de la región— comienza, además de otras materias de similar importancia, a mostrar a la opinión pública la gran complejidad del debate, pero también el tono en que lo plantean ambas delegaciones y los efectos, para muchos inesperados, que pueden tener las conclusiones del fallo que habrá de dictarse. Así, en cuanto a lo primero, llama la atención el contraste entre la comprensible insistencia de nuestra defensa en los aspectos jurídicos vinculados directamente con los correspondientes tratados limítrofes y la peruana en remontar históricamente el tema, incluso hasta la Colonia, en relación con un supuesto deseo chileno de compensar la importancia del Virreinato limeño con un predominio marítimo en el Pacífico sur.

Asimismo, ese criterio se extiende sobre la Guerra de 1879 y acusa a Portales por su antagonismo frente a la Confederación Perú-Boliviana, olvidando que la actitud bélica de Chile contra el Mariscal Santa Cruz contó con el apoyo de parte de los peruanos y de sus líderes políticos, igualmente amenazados por ese ambicioso proyecto (como ya antes había ocurrido con la expedición libertadora dirigida por San Martín con naves y tropas chilenas).

Y respecto de las posibles derivaciones de este juicio, no está de más señalar, como hoy lo hace un analista de la Universidad de Santiago, la pretensión boliviana de “fabricar” también un caso en beneficio propio en vísperas de que se cumpla el plazo Constitucional autoimpuesto por ese país para denunciar de manera unilateral el Tratado de 1904, que está plenamente vigente y cuyas normas han sido cumplidas por los sucesivos Gobiernos chilenos. Ante semejante amenaza, anoche el Presidente Piñera dejó en evidencia la imposibilidad legal para Bolivia de recurrir a La Haya en esta materia y el inmediato rechazo que tendría semejante intento.

Pero éstos son sólo ejemplos de los asuntos que irán surgiendo a medida que avance la discusión de los abogados ante el Tribunal y puedan irse calibrando sus alegatos y quedando en claro la solidez y legitimidad de la posición nacional y los efectos que podría tener en el ordenamiento internacional un debilitamiento del valor de los tratados, elemento clave de la paz y la seguridad de las naciones.

Nueva normativa para tarjetas de crédito.

El Banco Central ha difundido un proyecto de nueva normativa para los emisores de tarjetas de crédito, con el propósito de regular de manera general una materia de gran complejidad técnica e incidencia en materia financiera y cuyas debilidades se hicieron evidentes con el caso La Polar.

No cabe duda de la importancia del avance que significa contar con normas claras en un sector cuya transparencia y solvencia resultan claves para la estabilidad de la economía. Sin embargo, llama la atención que se utilice como instrumento un acuerdo del Banco Central y no derechamente una Ley que regule orgánicamente y con mayor claridad toda esta materia. El Gobierno debería proponer un proyecto de Ley que despeje definitivamente todos los vacíos regulatorios en la materia.

Hasta ahora este tema ha sido motivo de una histórica disputa entre el sector bancario y el retail. Por una parte, el primero ha reclamado contra las asimetrías regulatorias que permitirían al segundo competir con ventaja, a pesar del riesgo que eso le reportaría al sistema en su conjunto. Por otro lado, éste ha reclamado que su situación es diferente, porque no capta dineros del público, como sí lo hace la banca. Lo cierto es que el caso La Polar reveló que las casas comerciales que emiten tarjetas de crédito, aun cuando no se financien con depósitos del público como los bancos, pueden comprometer la estabilidad del sistema al financiarse con créditos o emisión de títulos, o no contar con provisiones suficientes en relación al volumen o calidad de sus activos. En ese sentido, la normativa propuesta implica un avance, porque cumple con el propósito de establecer exigencias de capital, de provisiones y de liquidez en relación a la envergadura de las operaciones, quedando su fiscalización encomendada a la Superintendencia de Bancos. Para evitar que estas normas signifiquen una carga excesiva para este mercado, ellas son graduadas: las exigencias son mayores para aquellos emisores que contraen obligaciones con terceros -es decir, cuando la tarjeta se utiliza para pagar en establecimientos comerciales diferentes a los del emisor- que para las tarjetas cerradas, y son aún más exigentes cuando el monto de esas obligaciones superen un cierto límite.

No obstante, resulta llamativo que una regulación de este tipo esté contenida en un acuerdo del Consejo del Banco Central de Chile y no en una Ley, que debería abordar los aspectos generales del tema y probablemente materias estrechamente relacionadas, como la tasa máxima convencional aplicable a estas operaciones. De acuerdo al marco que fija la Constitución, la manera como se ha regulado esto en otras áreas es que el legislador establece los requisitos generales para participar en los mercados, las obligaciones que se deben cumplir para funcionar y los casos en que pueden ser sancionados los operadores, incluso con el término de sus actividades. Los aspectos más de detalles o que requieran flexibilidad deberían ser delegados a la potestad del Banco Central. Así, por ejemplo, está regulada la actividad bancaria o de seguros, donde resultaría impensable, por ejemplo, que los requisitos de capital o la extensión de las facultades fiscalizadoras de una Superintendencia estén entregados a la decisión de una norma administrativa.

Nuevo Director del Sernac.

El Gobierno nombró al abogado Juan José Ossa Santa Cruz (RN) como Director interino del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en reemplazo de Juan Antonio Peribonio, quien fue designado Intendente de la Región Metropolitana. Ossa -entrevistado en Economía y Negocios de esta edición- asume el cargo en calidad de interino y postulará formalmente a la titularidad mediante el proceso de Alta Dirección Pública, que tiene una duración aproximada de tres meses. El joven abogado tiene una sólida formación académica nacional y extranjera, se ha desempeñado en la docencia universitaria y ha asesorado a empresas en materias civiles, comerciales, constitucionales, de libre competencia y de derechos del consumidor. No obstante, se han desatado cuestionamientos a su designación, principalmente en las redes sociales, aludiendo a que hace un año fue parte de un equipo de abogados que defendió a Cencosud en un juicio con el propio Sernac.

Tal situación fue expresamente zanjada por el Legislador, que obliga al Director del Sernac a inhibirse de participar en toda decisión que afecte a sus anteriores clientes por un lapso de dos años desde que haya cesado dicha relación. Dado que la propia Ley prevé tal situación, y habiéndose inhabilitado Ossa al asumir el cargo, tales reclamos carecen de fundamento. En todo caso, se trata de sólo una de 57 acciones judiciales que hoy lleva adelante el Sernac, por lo que la gestión del nuevo Director de ese organismo no se verá coartada.

Esta situación ilustra las dificultades que enfrenta el Estado para atraer profesionales de alto nivel a cargos que constituyen el motor de la Administración. El escrutinio público es bienvenido, pero cabe esperar que se dé dentro de límites razonables, sin transformarse en un ataque gratuito a la imagen de las personas, mediante canales en los que imperan el anonimato y la falta de base real. Si esa mesura se deja de lado, aumenta el desincentivo para atraer capacidades al mundo público, arriesgando con eso un curso de selección adversa que juega contra los intereses de los propios ciudadanos.

Este caso es una señal de alerta: los antecedentes profesionales del nuevo Director interino del Sernac son intachables y muestran a un profesional muy calificado para el cargo y con vocación de servicio público. El supuesto conflicto de interés de que se lo acusa está regulado por la ley y no es en aboluto limitante para el buen desempeño de su función. En fin, los reclamos por ser militante de un partido no tienen asidero: muchísimos funcionarios públicos tienen militancia partidista, y en cualquier caso la designación como titular debe hacerse mediante el sistema de Alta Dirección Pública, creado precisamente para priorizar el profesionalismo por sobre el cuoteo político. Por eso, el Gobierno hace bien en perseverar en este nombramiento.

Fin del proceso electoral en Ñuñoa.

La decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de ratificar el triunfo, por 30 votos de diferencia, del Alcalde RN Pedro Sabat por sobre la candidata socialista Maya Fernández, pone punto final a la controversia que se generó luego del estrecho resultado registrado en los comicios Municipales de la Comuna capitalina de Ñuñoa.

Lo que en un comienzo fue visto en algunos sectores como evidencia del fracaso de la institucionalidad electoral, terminó mostrando la capacidad de ésta para resolver divergencias legítimas planteadas con altura de miras por cada una de las partes en defensa de sus intereses. Parece natural que una votación de este tipo, que se definió por un margen tan estrecho, hayan existido reclamaciones. Lo importante es que el sistema ha permitido procesarlas y dar satisfacción al principio democrático del Gobierno de las mayorías.

Aunque la existencia de roces en una situación como ésta es casi imposible de evitar, resulta elogiable que los candidatos y sus comandos los hayan minimizado y hayan entendido que criticar a un sistema que ofrece soluciones para este tipo de impasses termina siendo contraproducente y peligroso. En este sentido, es especialmente digna de encomio la actitud asumida por la candidata perdedora y el PS.

Lo que corresponde ahora es permitir al Alcalde reelecto trabajar por el bien de la Comuna. Persistir con cuestionamientos a la legitimidad de su triunfo no sería consistente y sólo contribuiría a hacer daño. La oposición al Alcalde debe actuar con celo fiscalizador y con el propósito de convertirse en alternativa para las próximas Municipales en 2016, sin caer en descalificaciones odiosas que instalen dudas sobre un proceso electoral que ha agotado las instancias de revisión.

¿Tren ligero en Las Condes?

El Alcalde de Las Condes continúa con el proyecto de un tren ligero entre Las Condes y Lo Barnechea -entre Manquehue y la zona comercial en La Dehesa-. El siguiente paso, que consolida el proyecto, será la firma de un convenio con el Ministerio de Transportes, que lo integrará al Transantiago y que contempla la licitación conjunta de los servicios de transporte público de la zona oriente de Santiago. Ésta dispondría así de un sistema conectado, con dicho tranvía como troncal. Como parte del Transantiago, serían posibles las transferencias a buses o al Metro sin pagar otro pasaje, lo que aumentaría la demanda por ese servicio.

Dicho tren ligero prevé una vía segregada central, con preferencia en los semáforos y sólo seis cruces en su trayecto por Las Condes. Sin ser un servicio rápido, se quiere que su velocidad sea constante y predecible: sus usuarios podrían programar sus actividades en forma más precisa, lo que haría más valioso el servicio. Podría transportar hasta 5 mil personas por hora, lo que equivale a 100 buses normales en hora punta. En Las Condes no habría buses, por lo que las cuatro pistas restantes tendrían mejor circulación.

La zona oriente necesita un proyecto ambicioso como éste, porque el aumento en la congestión tiene costos cada vez mayores para los desplazamientos e interfiere con el transporte público de superficie. Los conductores de automóviles privados son reacios a cambiar sus hábitos y utilizar buses, por su incomodidad, poca confiabilidad y lentitud. Un tren ligero con aire acondicionado, confiable y predecible no tiene esas desventajas, así que facilitaría el desplazamiento de una fracción de los usuarios de transporte privado al nuevo medio.

Chile no es el único país latinoamericano que está explorando esta respuesta a la congestión. Río de Janeiro y Sao Paulo planean instalar líneas semejantes, y en la segunda también se prevé un monorriel con la capacidad de un ferrocarril subterráneo, a un costo muy inferior.

El proyecto en Las Condes aún enfrenta riesgos. El costo solicitado por los oferentes podría superar el límite de 200 millones de dólares presupuestados, en cuyo caso tal vez no se lleve a cabo. Y quizás no sea posible despejar el área que requiere un eficiente funcionamiento del tren ligero, perdiéndose así gran parte de sus ventajas. No obstante, parece atractivo y, de prosperar, acaso represente la primera línea de una futura red de trenes ligeros en otras Comunas o áreas de la ciudad con densidad media de población, en las que el Metro no es viable, pero donde la congestión reduce la calidad de vida de los habitantes. Aunque esta modalidad enfrenta resistencias de algunos funcionarios y técnicos del Ministerio de Transportes, una prueba de su eficacia podría despejarlas.

Triunfo palestino en la ONU.

Poco podía hacer Israel para evitar el pronunciamiento de la Asamblea General, que mayoritaria e históricamente ha sido favorable a la causa árabe. Por eso, días antes de votar, el Gobierno de Netanyahu trató de minimizar la importancia de la resolución. El golpe más duro fue no haber logrado evitar que más de una docena de países emblemáticos de la Unión Europea, entre ellos Francia e Italia, votaran a favor de los palestinos. Alemania y Gran Bretaña no rechazaron la resolución, simplemente se abstuvieron. Este fuerte revés Diplomático da cuenta de una suerte de aislamiento del Gobierno de Netanyahu, tras las últimas operaciones en Gaza y su persistente política de construcción de asentamientos en los territorios ocupados. De hecho, según el diario Haaretz, Alemania cambió su voto de rechazo por la abstención, ante la falta de respuesta del Gobierno israelí a sus peticiones de hacer "un gesto" en el tema de las colonias.

Enfrentado a elecciones generales en enero próximo, Netanyahu, que había puesto exitosamente la cuestión de Irán como centro de la campaña en materia de seguridad y defensa, ante este nuevo escenario tendrá que incorporar el asunto palestino. Y si bien los laboristas están más preocupados de los temas sociales y económicos, su antigua Ministro Tzipi Livni lo desafiará con nuevas propuestas para solucionar el problema árabe.

Para EE.UU. -el más firme aliado de Israel y que había trabajado intensamente para concluir la reciente tregua en Gaza (con Egipto como patrocinador)-, la resolución fue una señal de rechazo a su política hacia la región, especialmente porque su postura apenas concitó el apoyo de Canadá, la República Checa y países como las Islas Marshall o la Micronesia. Esta humillación se reflejó en las duras palabras de la representante estadounidense, quien consideró que el voto "pone obstáculos a la paz" y puede ser "contraproducente" para la creación de un Estado palestino, sin especificar por qué puede tener esas consecuencias.

¿Qué pasará en adelante?

La resolución de la ONU no cambia demasiado el estatus de los palestinos -que antes tenían la calidad de entidad observadora-, pero es un reconocimiento simbólico al futuro Estado y una reafirmación de que la solución del conflicto árabe-israelí pasa por la creación de dos Estados independientes. Desde ahora, los palestinos podrán incorporarse a algunas agencias especializadas, participar en comisiones con derecho a voz pero no a voto y -lo que más inquieta a Israel- presentar demandas en la Corte Penal Internacional (que probablemente no prosperen), pero no será reconocido como miembro pleno de la ONU mientras no firme un acuerdo con el Estado judío.

Como gran triunfador de la jornada en Naciones Unidas aparece Mahmoud Abbas, el Presidente de la ANP, para quien su presentación ante la Asamblea General era una gran oportunidad para reaparecer en la escena política. Así, revitalizado, luego de varias derrotas políticas internas -que le restaron protagonismo frente a los líderes de Hamas que controlan Gaza-, y del traspié en 2011, cuando pidió al Consejo de Seguridad reconocer a la ANP como Estado miembro, Abbas recupera su calidad de interlocutor. En reciente entrevista a la TV israelí, incluso dio una señal de que la postura tradicional sobre la vuelta de los refugiados (inadmisible para Israel) es revisable.

Sin embargo, ésta puede ser una victoria pírrica para los palestinos si, como se les ha advertido, Israel y EE.UU. adoptan medidas punitivas, como cortar las ayudas financieras. Para evitarlo, es indispensable relanzar rápidamente el diálogo de paz, y al respecto los países europeos (los mayores donantes a los palestinos) pueden ser un importante actor que empuje a las partes a la mesa de negociaciones.

Egipto en la encrucijada Constitucional.

Con la aprobación de una nueva Constitución para Egipto debiera finalizar el ciclo para instaurar la democracia en ese país. Sin embargo, la premura con que fue expedido el borrador de la Carta y la composición de la Asamblea Constituyente, de la que se restaron los miembros independientes, seculares y cristianos, ha decepcionado a la comunidad internacional e indignado a los miles de egipcios que esperaban una nueva era política.

El Presidente Mursi, miembro de los islamistas Hermanos Musulmanes, ya estaba en la mira de la oposición por un decreto mediante el cual aumentó sus poderes para quedar indemne frente a cualquier crítica o pronunciamiento de la Justicia. Supuestamente, son atribuciones transitorias, pero la gente no lo cree y ha vuelto a salir a la calle a reivindicar sus derechos.

Para mediados de diciembre podría convocarse a un referéndum sobre la nueva Carta, que tiene a "los principios de la sharia" como "fuente principal", pero no única de la legislación. Para Human Rights Watch, la libertad de culto no está garantizada en el proyecto, que, según Amnistía Internacional, "ignora los derechos de las mujeres, restringe la libertad de expresión y permite que los civiles sean juzgados por militares".

El Gobierno está confiado en que al momento de votar, tendrá el apoyo necesario, como lo ha tenido en todas las últimas elecciones. Sin embargo, está latente el peligro de una explosión social, impulsada por amplios sectores que ven que el proyecto constitucional no refleja el espíritu de las revueltas que derrocaron la dictadura de Mubarak.

Un pequeño chiste para relajarse:

Mamá, mama. En el Colegio me dicen Senador Navarro.

Será-¿Por los piojos? Pregunta la mamá.

El niño responde,-No, porque copio todos mis trabajos de Wikipedia.