El Presidente
Sebastián Piñera, junto al Canciller Moreno y la Ministro
Pérez,
siguió ayer con atención la segunda jornada de los alegatos
orales
peruanos en La Haya. Políticos y el país también estuvieron
atentos a
los dichos de Perú.
considerados
falaces, fútiles y engañosos, los que
creemos
faltan el
respeto a los Magistrados. Bolivianos se mostraron
satisfechos
por presentación peruana.
Desempleo
en España sube nuevamente y afecta a casi a 5 millones
de
personas, desde noviembre del año pasado, la cantidad de
trabajadores sin empleo aumentó en casi medio millón.
Merkel
insiste en rechazar los eurobonos ya que hay otros
mecanismos
para resolver la crisis, la Canciller alemana señaló
que la
situación ‘’no se resolverá de la noche a la mañana,
porque no
se originó tampoco de repente’’. La Canciller fue
reelegida
como líder de la CDU con el 97% de los votos
partidarios.
Bolivia
‘’valora’’ posición planteada por Perú en juicio en La
Haya, la declaración
fue emitida pese a que Chile ha advertido
que no
tiene asuntos de límites pendientes con La Paz, Evo
Morales
envió una delegación de su país a observar el juicio
en La
Haya.
La ONU pidió a Israel permitir
inspección de su programa nuclear,
la decisión fue adoptada por amplia mayoría por la Asamblea
General del organismo internacional,
Si Siria
utiliza armas químicas, reacción internacional será ‘’inmediata’’,
dijo el Secretario
General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen,
antes de
una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
El Málaga
que dirige técnicamente el chileno Manuel
Pellegrini
culminó invicto
la fase grupal de la UEFA Champions League,
al empatar
2-2 con el Anderlecht de Bélgica, pasando a los
octavos de
final del certamen, que se jugará en febrero.
Argumentación peruana: No es suficiente para
convencer, por Sergio Peña.
Hoy día cada uno de los miembros del equipo
jurídico de Perú ha intentado por todos los medios jurídicos incorporar
argumentos más fuertes a fin de lograr que la Corte falle en su favor. Hoy día
correspondió la destrucción de los tratados entre Chile y Perú y la solicitud de aplicación de la equidad como
criterio determinante de la delimitación, cuestión discutible y que deberá ser
contestada el día jueves por la delegación chilena.
El inicio de la exposición se produjo a las
06.00 AM hora chilena. El primero en exponer fue el jurista Vaughan Lowe. El
abogado Vaughan Lowe, profesor de Oxford, indicó que no se podía considerar las
argumentaciones ni las pruebas de Chile. Así todas las afirmaciones de Chile y
sus pruebas serían incorrectas.
El abogado Lowe expuso las “inconsistencias” de
Chile. Una de ellas es la relativa a las islas relacionadas con el asunto
objeto de discusión. Supone el abogado Lowe que particularmente la “Declaración
de Santiago” de 1952 no sería lo que es, un tratado que fija la jurisdicción y
la soberanía de los Estados. Que tal fijación se da hasta los límites desde
donde Perú ejerce su soberanía, a su vez. La Declaración sería “política
jurídica” internacional. No hay nada en la Declaración que haga creer que es
más que una Declaración técnica jurídica, señaló el abogado. Sin embargo, la
pregunta que asalta es si las torres allí al lado del hito número uno se
habrían construido por sí mismas. La conferencia donde se aprobó la mencionada
Declaración diría relación con los problemas de la caza de la ballena.
Igualmente, agrega un argumento oído luego de
boca de otros expositores: Chile unilateralmente habría invitado en 1952 a
otros países a una conferencia ballenera.
El señor Lowe claramente indica que este fue un
primer paso para la constitución del límite entre Perú y Chile aunque no es el
límite mismo. Señala que es “extraño” que el Perú pensara firmar un acuerdo
sobre delimitación territorial. No habría ni un ápice de evidencia que los
delegados ecuatorianos o peruanos
trataran temas de delimitación, según el jurista.
Según Lowe, no hay documento alguno fijando un
límite y con ironía indica que los delegados se habrían “dormido sin firmar y
despertaron firmando” un acuerdo de límites. Olvida que la noción de
delimitación se deriva de los aspectos más relevantes de la Declaración, los
territorios marítimos establecidos en la misma suponen límites para los
signatarios y ese límite no podría sino haberse considerado como preexistente.
El problema es que esa no es la discusión, la
discusión es una interpretación sistemática donde la Declaración de 1952 es uno
de los tratados internacionales a considerar. A las 06. 47 hora chilena el
abogado cierra su exposición.
El abogado señor Wood se concentra en la
práctica de los Estados, donde se aplicaría un patrón general de conducta que
se basaría, en el caso de Chile, en la Declaración de Santiago de 1952. Chile
intentaría demostrar en 1952 una frontera múltiple y desecha este abogado, los
ejemplos entregados en la Contra-Memoria y demás escritos del respeto de Perú por
esos límites porque habría un “castillo de naipes” derivados de esta
Declaración, es decir, destruida la Declaración de 1952, supone el señor Wood,
caerían los acuerdos de 1952 y 1954.
Indica el abogado Wood que el “onus probandi”
(carga de la prueba) corresponde a Chile: es éste el que afirma. Ninguna de las
consideraciones planteadas permite encontrar una práctica. Entre 1954 a 1970
sólo hay una serie inconexas de “puntos misceláneos”.
La segunda conferencia de 1954 tendría como
fundamento una referencia a los pescadores artesanales en las negociaciones
antes de la citada conferencia. El acuerdo de 1954 es de carácter “práctico” y
de índole “específico”, según Wood. Era un arreglo “provisional”, de acuerdo a
éste. El acuerdo es su más importante elemento de la argumentación, su
evidencia y según el abogado no es un acuerdo pesquero sino un acuerdo de otra
índole. El razonamiento de Chile sería integrar la Declaración de Santiago de
1952 con el Acuerdo de 1954.
Se olvida el abogado que las obligaciones nacen
de dichos acuerdos, que son tratados y manifiestan la voluntad de determinar
hasta dónde llegan los alcances y el Poder del Estado: la Jurisdicción.
A su vez,
Alain Pellet, moderando su discurso, en comparación a ayer lunes,
esgrime la “inequidad” de la delimitación con Chile, sin embargo, tal opinión
habría que ponerla en contexto. Esto por cuanto un tratado puede y generalmente
es inequitativo; la equidad sólo opera sobre la base de ausencia de norma
jurídica. Inclusive se dice que los argumentos chilenos serian carentes de
orden, fragmentados y no se nota, como podría deducirse de lo que es normal
entre los juristas, un orden o interpretación sistemática, no obstante, una
norma jurídica vale por haberse producido de determinada manera y de la misma
manera ocurre con un argumento.
Por otra parte, el abogado Bundy, quien ayer se
permitió una broma que habría provocado alguna molestia entre los jueces de la
Corte, señaló que la delimitación terrestre se habría fijado en el tratado
1929. El punto Concordia era el que delimitaba la frontera de pero saber como
llega al mar es el punto de mayor relevancia, Perú hablo de un arco y Chile un
paralelo ambos partiendo del punto Concordia. Sigue Bundy indicando una serie
de antecedentes históricos. Un arco de diez kilómetros y la intersección de
dicho arco con el punto de playa es el punto Concordia. Una comisión demarcaría
este hito. Cercano al mar pero no destruible por el mar, el hito número uno.
Chile habría suprimido una parte de la frontera
terrestre. Chile tardó cuarenta años para definir la frontera marítima. Esto se
ve en los mapas y sería un ejercicio interesado y artificial de este ejercicio.
Se solicita, por este jurista, se aplique el
tratado de 1929 debidamente. El punto Concordia sería incorrecto.
En un momento posterior el abogado Pellet,
ahora desarrollando nuevamente su capacidad retórica a fin de enfrentar su
última alegación atribuye a una tesis de un ex Almirante chileno, (Martínez
Busch) la imposición de un “Mar Presencial” como tesis propugnada por Chile
cuando en realidad lo que es este concepto es de una idea o noción expuesta por
el Almirante y olvidada en el Derecho. Sólo se aplica a nivel nacional y fue
una idea para auxiliar a la limitación de pesca por barcos extranjeros, tesis utilizable
por los peruanos para poder mantener alejado a los barcos o limitar la pesca de
barcos-factorías extranjeros, también.
Indica, además, el jurista que el tema en
discusión es de carácter internacional y se refiere al problema de la discusión
sobre el triángulo externo pero no del triángulo interno. No afectaría esto las
reglas internacionales sobre “paso inocente” u otras de carácter aeronáutico.
Perú sería titular en el triángulo exterior los
derechos soberanos y otros derechos pero llama la atención que no haya
considerado que los conceptos indicados no se encuentran sino en forma
embrionaria y, del mismo modo, las normas jurídicas hoy sobre 200 millas
tuvieron su origen en la Declaración de Santiago, una tesis propuesta con
anterioridad por Chile a Perú, no impuesta y que convino a este país. Ésta
fueron suscritos por representantes y a ratificados por los Estado signatarios.
A su vez, Pellet trata de justificar las
limitaciones sobre búsqueda y rescate en el mar que Perú en que existirían
normas jurídicas internacionales que regulan o protegen estas materias. Pero no
pudo explicar la decisión de Perú de detener su aplicación del control sobre
barcos o aviones más allá de un cierto límite que llega precisamente hasta el paralelo. Busca
de todas formas agregar y fundamentar la Equidad como base de la delimitación
entre Chile y Perú aunque sólo es posible de determinar por el Tribunal cuando
no hay tratado y, en el caso, habría un tratado, y, sino, cuatro, que en
conjunto determina de manera organizada, metódica, y sistemática la norma
jurídica aplicable y, contradictorio en sí mismo, es utilizado por el abogado
Pellet (cuestión que para presentar su argumentación jurídica se funda,
precisamente, en la formación de una norma jurídica por el señor Pellet, la
existencia de la aplicación de la equidad al caso).
En conclusión, la posición peruana intenta
dirigir el debate por el jurista Pellet y su equipo de juristas. Utiliza una
vieja estrategia, lograr que los abogados discutan sobre temas expuestos por
él, irrelevantes y no se traten los temas de importancia. Ahora escucharemos y
veremos lo que tengan que decir los juristas chilenos y el agente.
Lección al calor de La Haya,
por Gonzalo Müller.
El espíritu de unidad que se ha ido demostrando
frente al litigio con Perú que inició su fase oral ayer en La Haya, desde la
imagen de los ex Mandatarios junto al Presidente Piñera en La Moneda, reveló lo
importante que es la confianza como elemento aglutinador de voluntades, todos
detrás del Gobierno y la posición de Chile, generando un sentimiento de
fortaleza y convicción que ha permitido movilizar a los chilenos.
Pero, ¿será posible homologar este clima de
encuentro, de visión común frente a los desafíos que enfrentamos como sociedad?
¿Por qué no podríamos extrapolar esta capacidad frente a materias como
educación, salud, Justicia? La altura de miras, el poner el interés del país
por delante, la visión de largo plazo, hoy lo vemos sólo ante materias de
relaciones internacionales, siendo que su ausencia empobrece el debate público
en tantos otros desafíos.
Los liderazgos que la ciudadanía reclama son
aquellos que, sin tanta estridencia quizás, permiten sumar voluntades; sin
desconocer las diferentes miradas son capaces de integrarlas en un proyecto
común. Cada vez es más difícil alcanzar acuerdos en un ambiente político donde
se exalta sólo la diferencia, peor aún cuando se la dota de una dudosa
superioridad moral. Esta incapacidad crónica del sistema político esta anclada
en la desconfianza, primero desde la ciudadanía ante sus representantes,
segundo entre los propios actores y protagonistas, y tercero, la peor de todas,
la desconfianza frente a que ser responsable, hacer bien el trabajo no asegura
el reconocimiento necesario, quedando entregados al camino fácil de la
denuncia, la exigencia más allá de toda razonabilidad y la satisfacción de la
popularidad vacía.
El rescate de la confianza ciudadana debiera
tomar una lección, al menos, de lo que fue nuestra transición hacia la
democracia, donde, ante la imperiosa necesidad de consenso, se escondieron las
diferencias. Hoy se requiere de transparencia y honestidad donde se manifiesten
y expresen las diferencias, pero que éstas no nos inmovilicen como sociedad,
sino que a partir de ellas avancemos en acuerdos que tracen el camino en común.
En estos últimos dos años nuestra política ha
sido desbordada por múltiples demandas que se venían acumulando y que
encontraron su espacio de expresión durante este Gobierno. Debiera ser una
potente señal de alerta de que no podemos seguir parchando algunos temas, sino
enfrentarlos de raíz, porque más allá del signo político del próximo Gobierno
no podrán ser resueltos unilateralmente.
Hoy asoma una nueva generación de políticos,
que transversalmente empieza a posicionar sus liderazgos en el Congreso y en el
Poder Ejecutivo; ellos reflejan muy bien el dilema en que estamos, porque han dado
muestra de convicción y fuerza en la defensa de sus ideas y principios, pero
aún están en deuda en demostrar su capacidad de construir, de generar
entendimiento y no sólo conflicto, aunque esto último les haya permitido
alcanzar el lugar en donde hoy están. El salto hacia el desarrollo pasa
necesariamente por acuerdos, porque en democracia ése es el camino.
Así, esta semana vemos con esperanza la
actuación de los principales referentes de nuestra política, dando fuertes
señales de unidad en torno a la posición chilena que se defiende en La Haya.
Sin duda que este esfuerzo será recompensado con aprobación ciudadana, y
esperemos que mejore la legitimidad y confianza en el sistema político,
también, pero quizás más importante es que nos dejará una pregunta latente:
¿Por qué no somos capaces de replicar estos climas en los dos o tres temas que
nos alejan del desarrollo y de una mejor convivencia?
Cultivar las artes y humanidades,
Ignacio Sánchez D., Rector
Pontificia Universidad Católica de Chile.
El Ministerio de Educación ha informado que se
han entregado importantes recursos a seis universidades estatales a través de
un Convenio de Desempeño, para fortalecer el área de las artes y humanidades.
Los fondos buscan potenciar la contratación de académicos de excelencia, su
perfeccionamiento en docencia e investigación y el aporte cultural a la
sociedad. De manera especial, junto a la entrega de recursos a la Universidad
de Chile para el desarrollo de su campus de humanidades, hay que destacar el
aporte a las universidades Regionales, ya que se fortalecerán iniciativas
orientadas a sus propias temáticas locales.
Esta noticia es de gran importancia. Las
universidades deben ser centros de desarrollo y cultivo de estas disciplinas,
que son un valor en sí mismas y les aportan cultura, razón, respeto, historia,
tolerancia, madurez y belleza a los pueblos. No se puede pensar en un camino
sustentable al desarrollo sin favorecer el acervo cultural de nuestros
estudiantes, futuros profesionales, en estas áreas de desarrollo de la cultura.
Junto con potenciar las facultades de artes y humanidades, los esfuerzos deben
impregnar el currículo de las diferentes carreras con aportes desde estas
disciplinas. Los programas de formación general, licenciaturas y otros programas
en el pre y posgrado deben entregar un aporte real a la cultura de nuestros
estudiantes.
En la UC estamos comprometidos a aportar desde
nuestra propia identidad a este desarrollo. Las iniciativas de perfeccionar un
plan de formación general para nuestros estudiantes, los programas de
licenciaturas generales -con mallas flexibles e integradas- y la articulación
con programas de posgrado van en esta dirección. En investigación, los centros
interdisciplinarios en humanidades y artes han dado importantes aportes.
Destacable es el reciente proyecto basal con financiamiento estatal en el área
de los pueblos originarios, que se inicia con la nueva carrera de Antropología.
Así también, hay que resaltar los doctorados en Literatura y el reciente en
Artes. Consideramos que es una gran noticia para el país, el que junto con
obtener un lugar destacado en los rankings internacionales, la UC destaque
entre las primeras sesenta facultades del mundo en las áreas de artes y
humanidades. Tenemos una oportunidad única de relevar los espacios de encuentro
entre el arte, la literatura, el desarrollo de las humanidades y la fe. Esta es
una tarea propia de la UC y un logro del país.
Un compromiso ineludible es la expresión
cultural y el compromiso con la sociedad. Nuestros ciudadanos pueden demandar
de sus principales universidades que se constituyan en un polo de desarrollo
cultural, muy involucradas con la realidad de las diferentes comunidades. Es
por esto que es motivo de alegría para el país que estos proyectos apoyen la
constitución de la orquesta sinfónica de Magallanes y el refuerzo de la
investigación en humanidades en la Novena Región. Estas iniciativas deben
potenciarse desde todas las instituciones que aportan bienes públicos. Es una
manera de fortalecer nuestras raíces, historia, soberanía y valores culturales.
Y es también una respuesta madura y culta de una sociedad que va avanzando en
su desarrollo.
El próximo año se le ha dedicado a la
innovación. Es importante considerar este concepto como una aspiración a tener
una mejor sociedad en todos sus aspectos. De qué manera vemos la realidad y
cómo la soñamos mejor para todos. El crecimiento científico y tecnológico es de
la mayor relevancia para nuestro desarrollo. Sin embargo, potenciar las artes y
humanidades es un bien en sí mismo. Para lograr que el crecimiento sea armónico
y sustentable, el aporte cultural debe velar para proteger estas disciplinas y
hacer posible el desarrollo del país.
La innovación en el arte y las humanidades debe
abarcar una mirada de bien común y de aporte en la reflexión, en la difusión de
la cultura para todos los ciudadanos que son parte integral de ella. Debe poder
transmitir los valores culturales que hacen de nuestro país un mejor lugar para
vivir. Nuestra historia, la literatura, la filosofía, el debate de ideas, el
arte, la belleza y una mirada estética de nuestra comunidad. Todos aspectos que
nos van a hacer más felices y desarrollados como sociedad. Es tarea de todos,
trabajemos para ir en el camino adecuado.
El Banco Central advierte.
No es que el Banco Central esté haciendo sonar
campanas de alarma. En reciente entrevista concedida a este diario, su Presidente,
Rodrigo Vergara, se cuidó de no calificar de "burbuja" el auge
inmobiliario en curso, ni de "sobrecalentado" el ritmo de expansión
de la actividad económica chilena. Pero sus palabras no pueden ser leídas por
los mercados sino como una señal de advertencia -un "levantar de
cejas" podría decirse- para prevenir excesos.
La economía nacional corre a buena velocidad.
Según las últimas estimaciones -ratificadas por Vergara-, con un crecimiento
del PIB algo por sobre el 5%, la economía está haciendo pleno uso del
potencial. El mercado laboral opera cerca del pleno empleo. Ir más rápido
crearía inconvenientes presiones inflacionarias o conduciría a endeudamiento
externo igualmente inconveniente. Pero no hay aún señales de ello: la inflación
está levemente por debajo de la meta oficial del 3% y el déficit corriente
externo, si bien más elevado que años anteriores, no se financia con deuda,
sino con un saludable ingreso de inversión extranjera.
Desde luego, es sano que la economía explote al
límite las posibilidades de crecer y generar empleos con que cuenta. La
prevención del Banco Central es acerca del exceso de endeudamiento a que puede
conducir un optimismo imprudente. Ve indicios de ello en una suerte de exceso
de confianza en nuestra capacidad de resistir los embates de la economía
externa, en el sostenido vigor del gasto interno y en el alza ("superior a
los patrones históricos") en los valores de los bienes raíces.
Es saludable que el Banco Central mantenga ojo
avizor y detecte tempranamente riesgos como los señalados. La oportuna
comunicación al mercado de las tendencias que preocupan puede prevenir giros bruscos
en las políticas e ingratos ajustes. Como es sabido, cuenta el Banco Central
con la posibilidad de apaciguar el entusiasmo de los consumidores e
inversionistas, ya sea haciendo uso de los instrumentos habituales de política
monetaria para hacer subir los intereses o, en conjunto con la superintendencia
del ramo, promoviendo una mayor cautela en los bancos.
Tras la crisis financiera global, a los bancos
centrales se les está exigiendo no sólo celeridad en el rescate cuando el
siniestro ya ha ocurrido, sino tempranas medidas de prevención que eviten tal
eventualidad. Para ser verdaderamente útiles, en el ejercicio de esa compleja
función las Autoridades monetarias deben transparentar los criterios y datos
objetivos que informan sus decisiones. De otro modo, las meras declaraciones de
preocupación por parte de las Autoridades o su intervención puramente
discrecional pasarían a constituirse en una nueva fuente de riesgos para los
actores del mercado. El Banco Central debe aclarar -tal vez en su próximo
Informe de Estabilidad Financiera- hasta qué punto la preocupación planteada
por su Presidente forma parte de una nueva visión del rol de la institución, si
cabe esperar entonces que sus instrumentos de política monetaria pasen a ser
administrados de manera diferente, y cuáles son los indicadores de referencia
concretos -por ejemplo, la situación de endeudamiento de los hogares o de
precios de bienes raíces- que podrían llevarlo a accionar medidas correctivas.
Incertidumbres en torno a Prueba de Selección
Universitaria.
En un ambiente de natural expectación, 272 mil
jóvenes de todo el país se encuentran rindiendo la Prueba de Selección
Universitaria con el propósito de
ingresar al sistema de educación superior (73% de ellos lo hace por
primera vez). Este año el proceso de selección se encuentra marcado por una
serie de cambios que se han venido introduciendo en el último tiempo, situación
que sin duda genera un inconveniente escenario de incertidumbre, difícil de
soslayar para quienes participan de esta versión, más aún cuando se han
realizado de manera apresurada.
Una de esas modificaciones se refiere a la
implementación del ranking escolar como nuevo factor de ponderación al momento
de postular a los planteles de educación terciaria. A diferencia de los
estudiantes que dieron la PSU en años anteriores, los alumnos actuales se
enfrentan a una modalidad distinta que incorpora un elemento adicional que
puede tener gran incidencia en el proceso de admisión a las universidades. Por
su alcance y repercusiones, parecía plenamente recomendable que esta innovación
se hiciera de forma gradual -como lo sugirió el Ministerio de Educación-, de
manera que permitiera a los escolares abordar con tiempo todas las
consideraciones que esta nueva variable conlleva y que inciden en los énfasis
que ponen en su preparación. A su vez, esto hubiese facilitado establecer el
impacto y utilidad del ranking, haciendo posible evaluar en un plazo prudente
si cumple o no con el objetivo para el cual fue creado: medir capacidades de
los jóvenes y disponer de una herramienta para predecir su desempeño académico
futuro.
De igual forma, los amplios cuestionamientos
que han surgido al sistema de acreditación universitaria a partir de una
investigación judicial que se está desarrollando por graves denuncias de
irregularidades que se habrían cometido en el otorgamiento de certificaciones a
al menos seis instituciones, constituyen otro elemento de incertidumbre al que
deberán enfrentarse los jóvenes que hasta hoy rinden la PSU. Al ser este un
mecanismo que funciona como certificación sobre la calidad de los servicios
educativos que ofrecen y entregan las casas de estudios superiores, se
convierte en un parámetro clave que utilizan los estudiantes para elegir a qué
universidad postular de acuerdo con sus opciones, posibilidades e intereses. Al
quedar en entredicho el sistema de acreditación, no sólo se ve afectada la fe
pública, sino también el proceso de toma de decisión de los jóvenes, ya que
estos tendrán menos información confiable
a la hora de elegir. Que existan planteles estudiantiles con la
posibilidad cierta de perder su certificación o que derechamente puedan ser
cerrados, como es el caso de la Universidad del Mar, supone un factor adicional
de duda para los estudiantes.
Existe coincidencia en que la PSU es una
herramienta que no ha servido para lo que fue diseñada, ya que desde que se
aplica el 2003, ha ampliado el sesgo del sistema en contra de los alumnos
provenientes de los colegios bajo dependencia municipal. Esto ha llevado a que
se sigan discutiendo eventuales modificaciones
-incluso se le encargó a una consultora estudiar propuestas, una gestión
de la que hasta ahora se desconocen los
resultados-, como que se rinda más de una vez al año o se incorporen otros
elementos de ponderación que midan aptitudes y no sólo conocimientos. Todo ello
no hace más que prolongar las incertidumbres originadas por un proceso que
requiere de reformas profundas que permitan hacer más justo el sistema de
admisión a las universidades.
Frágil institucionalidad universitaria.
Las conductas que se imputan a dos ex Rectores
universitarios y a un ex Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA) parecen confirmar que nuestra institucionalidad universitaria es más
frágil que cuanto se creía. A la situación actual se suman el cúmulo de
problemas -algunos de ellos, reales y urgentes- que se han denunciado bajo el
eslogan del "lucro" y, sobre todo, el conjunto de condiciones que
determinan la opción generalizada por una formación universitaria en perjuicio
de una formación técnico-profesional. Los últimos sucesos muestran que el
sistema de acreditación universitaria, carente de instrumentos efectivos para
monitorear el trabajo de la CNA, era en extremo vulnerable al establecimiento
de malas prácticas, la explotación de conflictos de interés y, eventualmente, a
la corrupción.
Aunque es encomiable la pronta y enérgica
reacción del Ministerio de Educación -en especial, el nombramiento del
prestigiado académico Matko Koljatic a la cabeza de la CNA-,resulta preocupante
el hecho de que la alerta sobre las irregularidades no haya venido desde las
universidades ni desde la Autoridad, sino de revelaciones hechas por personas
aisladas que bien habrían podido guardar silencio, como probablemente hicieron
muchos otros.
La institucionalidad universitaria vigente data
en sus rasgos fundamentales de comienzos de los años 80, cuando se
reorganizaron las universidades estatales y se autorizó el surgimiento de
universidades privadas. Después de 30 años, son obvios e indiscutibles los
frutos de excelencia y calidad que tanto estas últimas como las primeras -en
cierto modo, acicateadas por una sana competencia- han dado y siguen dando al
país. Pero en esas mismas tres décadas han cambiado los estándares del trabajo
universitario y se ha multiplicado varias veces el número de las familias que
demandan cupos en carreras universitarias. El incremento exponencial de la
demanda hizo crecer la oferta, y el aseguramiento de la calidad quedó librado a
la mayor o menor seriedad de los impulsores de cada proyecto, y a un mercado
imperfectamente regulado.
Cuando hacia fines de los años 90 se creía que
la proliferación de universidades comenzaba a decantar, surgieron o se
expandieron fuertemente diversos proyectos. En paralelo se implementaron
sistemas voluntarios de acreditación, que terminaron por ser obligatorios en la
práctica, pues de la acreditación dependía el acceso a diversas formas de
financiamiento o reconocimiento oficial.
Sin embargo, la realidad a que debían
enfrentarse los organismos envueltos en la acreditación era tal, que se hizo
necesario establecer un sistema de acreditación temporal o provisorio por
cierto número de años, que variaba según el juicio de los acreditadores sobre
el proyecto. Esto hizo que algunas universidades optaran por acreditarse ante
organismos extranjeros de reconocido prestigio, o bien que se comenzara a
competir por recibir un plazo de acreditación mayor. En este contexto se
abrieron los espacios para la arbitrariedad y el juego de intereses que hoy
están saliendo a la luz pública.
La Autoridad tiene la difícil misión de cuidar
los proyectos universitarios que tanto han rendido para el país, sin amenazar
su autonomía ni burocratizar la educación superior. Pero al mismo tiempo debe
hacer lo necesario para completar la institucionalidad en aquellos aspectos que
lo requieren. En esta tarea hay que asumir desafíos complejos, como el fomento
efectivo de la educación técnico-profesional, y tomar decisiones difíciles. Por
ejemplo, si se va a aceptar a largo plazo que existan universidades
exclusivamente docentes (modelo que en otros países está en crisis), o si se va
a tolerar que existan sustanciales diferencias en la calidad de la formación de
profesionales egresados de diferentes casas de estudios.
Casinos y "tragamonedas".
Durante años se debatió sobre la conveniencia
de autorizar la instalación de nuevos casinos de juego en distintas Regiones,
además de los que ya funcionaban en Viña del Mar y otras seis ciudades en
virtud de concesiones Municipales autorizadas por leyes especiales entre 1928 y
1990. Actualmente existen 24, de los cuales 17 fueron autorizados por el
Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, en un proceso de
otorgamiento de permisos de operación entre 2006 y 2008, por efectos de la Ley
N° 19.995, de 2005, que fijó las bases para la autorización y fiscalización de
dichos locales.
Su desarrollo ha sido vigoroso: según cifras
(redondeadas y en dólares) de la superintendencia del rubro, a octubre pasado
había generado durante 2012 un total de 491 millones en ingresos brutos del
juego, 81 millones por impuesto específico al juego, 78 millones por concepto
de IVA y 33 millones por impuesto a las entradas. Asimismo, los casinos habían
recibido casi 6 millones de visitas, que en promedio gastaron casi 41 mil pesos
cada una.
Esta actividad está sujeta a una estricta
normativa legal para vigilar, fiscalizar y proteger el interés de los
particulares y los impuestos y participaciones que deben percibir el Fisco, las
Regiones y las Municipalidades. Pero han surgido reclamos de la Asociación de
Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos, que demandan
también reconocimiento legal, esgrimiendo cifras sobre las dimensiones
adquiridas por lo que ellos denominan "tragamonedas populares". Con
casi 650 mil máquinas, esta agrupación sostiene que casi 13.700 comerciantes
pymes tienen como giro principal esta forma de entretenimiento y generan más de
40 mil empleos directos, a los cuales se suman sobre 173 mil almaceneros que
tienen máquinas en 345 Comunas. Asimismo, sostienen que más del 80% de las Municipalidades
del país les permiten funcionar gracias a ordenanzas, dictámenes o
regulaciones, aunque la Contraloría ha emitido varios dictámenes advirtiendo
que los Municipios no deben autorizar patentes o permisos a negocios que
incluyan máquinas de azar.
En Comunas donde por años han funcionado los
"tragamonedas", los locatarios han transformado sus salas de juego en
una suerte de casinos alternativos, no regulados ni permitidos por la Ley ni
definidos en el Catálogo de Juegos aprobado por la Superintendencia.
Las Autorizaciones concedidas por Municipalidades
reconocen una realidad social -como los empleos que crea el funcionamiento de
los "tragamonedas"-. Tal vez lo realista sea regular por Ley también
a estos "casinos-pymes", velando por los intereses de los usuarios y
del Fisco, ya que persistir en una prohibición probablemente sólo hará que en
el clandestinaje resultante los jugadores queden expuestos a fraudes y mafias,
y el Fisco deje de percibir impuestos que, de otro modo, serían correctamente
recolectables. Con todo, lo que no cabe admitir es que estas modalidades de
juego invadan cualquier área de las ciudades, alterando al resto de la vida
social, y deberían delimitarse rigurosamente aquellas en que se las permita.
Accidente en corrida solidaria.
El grave accidente ocurrido el sábado en la
madrugada, donde tres personas que participaban en una corrida solidaria
organizada en favor de la Teletón murieron tras ser atropelladas por un
vehículo en la Ruta 68 -además de otros ocho corredores que resultaron con
heridas de diversa consideración-, es un hecho que debe mover a una profunda
reflexión, tanto en lo que toca a formar conciencia de una conducción responsable,
como también en procurar que eventos de este tipo cuenten con la seguridad
adecuada.
De acuerdo con los reportes conocidos hasta
ahora, el vehículo que protagonizó la tragedia iba conducido por un individuo
que se habría encontrado ebrio y que condujo de manera temeraria, atropellando
a las víctimas. De confirmar los Tribunales de Justicia estos antecedentes,
deben actuar con el rigor que permite la Ley para sancionar al infractor, con
el objetivo de que asuma las responsabilidades y para desincentivar conductas
de este tipo.
Las versiones conocidas hasta ahora indican que
Carabineros no estaba al tanto que en la Ruta 68 se iba a desarrollar esta
corrida solidaria, y al parecer tampoco estaba en conocimiento la concesionaria
respectiva. El grupo iba acompañado de una ambulancia de apoyo y aparentemente
no contaba con resguardos adicionales. Es importante que quienes tienen a su
cargo la organización de este tipo de actividades se aseguren de contar con
todas las medidas de resguardo, especialmente si se van a hacer eventos en una
carretera de alta velocidad, como fue el caso. Eso no sólo pasa por contar con
elementos básicos de seguridad, sino también por establecer una efectiva
coordinación con las instituciones que corresponda. El que se trate de una
actividad solidaria no justifica que se lleve a cabo sin las medidas de
seguridad requeridas.
Cambio político en México.
La elección de Enrique Peña Nieto como sucesor
de Felipe Calderón en la Presidencia de México supone el regreso al poder del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que antes Gobernara el país por
siete décadas, tras el paréntesis de dos períodos del derechista PAN. Un primer
desafío para la nueva Administración es el de demostrar que aquella poderosa
estructura partidista aprendió la lección del pasado y que no repetirá los
vicios que terminaron por derribarla hace doce años. Así lo ha prometido el
Mandatario que recién asume y, de hecho, aunque habrá algunas figuras tradicionales
del PRI en el primer Ministerio, no sólo predomina allí la renovación de sus
dirigentes, sino que Peña Nieto incluso ha incorporado en la cartera de
Desarrollo Social a una antigua líder del izquierdista Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y en Relaciones Exteriores, a quien hasta ahora ha sido
titular de Hacienda de Calderón.
En otro gesto significativo, al día siguiente
de la toma de posesión, los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD),
venciendo alguna resistencia dentro del último de ellos, han suscrito un
acuerdo de colaboración denominado Pacto por México, destinado a promover el
crecimiento, la competitividad y la inclusión, y que se traduce en cerca de
cien medidas en ámbitos como la educación o la seguridad social. Más allá de lo
que resulte en concreto para el próximo futuro, queda en claro que todos
comparten una disposición poco frecuente y notablemente positiva en la política
interna. Ello no ha impedido que opositores extremos —como el candidato
izquierdista Manuel López Obrador, que fue nuevamente derrotado y abandonó el
PRD, su antiguo respaldo político— hayan llevado a cabo manifestaciones de
protesta, lejos sí de la gravedad de las de 2006.
México enfrenta problemas muy serios, como los
de sus emigrantes a Estados Unidos, el lastre de los llamados “poderes
fácticos”, desde las asociaciones del magisterio a la estructura anticuada del
sector público, y sobre todo la violencia extrema, con más de 100.000
homicidios, más de la mitad de los cuales se vinculan a las organizaciones
criminales en torno al narcotráfico, la extorsión y del secuestro. Por otra
parte, siendo la decimotercera economía mundial, está muy por debajo en los
índices de desarrollo humano y de competitividad. Sin embargo, ya en los
últimos años se le han abierto serias posibilidades de avance y de un mayor
liderazgo regional que ahora puede impulsar.
Mientras Argentina decae y Brasil frena su
crecimiento, México confía en doblar el de este último en 2012 con un alza del
4%, su inflación está controlada y el aludido acuerdo de reformas internas
permitirá políticas más eficientes. En lo que nos afecta directamente, si la
nación mexicana siempre ha tenido una relación privilegiada con Chile, la
decisión de Peña Nieto, tras el excelente período de relaciones con el
Presidente Calderón, de continuar y profundizar su participación en la Alianza
del Pacífico e impulsar el comercio con Asia permite esperar una amplia
cooperación de ambos países y la puesta en marcha de proyectos comunes junto a
otros, como Colombia y también Perú, una vez superada la actual coyuntura de La
Haya.
Una carta
para la meditación:
Señor Director:
Historia y
juicios internacionales.
Informaciones de prensa han señalado que en el
juicio de La Haya, Perú presentaría a Chile como un país de tendencia agresora,
aunque sería una alusión velada y no explícita.
Sea como fuere, el hecho es preocupante, por
cuanto en el escenario mundial no sólo influyen las materias de derecho, sino
también otras de carácter moral. Forman parte de un ambiente general, que
incluye a todos los Gobiernos, los políticos, la opinión pública mundial y a
los altos círculos involucrados. Querámoslo o no, en todos los juicios, a pesar
de las protestas de atenerse estrictamente a derecho, influye el ámbito
general.
Creemos que el Gobierno, en el litigio con el
Perú, ha descuidado esos aspectos por exceso de confianza en el derecho y, más
que nada, por desconocimiento de nuestra historia. Esta actitud es el resultado
de nuestra ignorancia del pasado debido a fallas en la educación y una
sensiblera actitud de hermandad supuestamente relacionada con el futuro y las
vinculaciones económicas.
El espíritu nacional está sumamente
deteriorado.
La supuesta agresividad chilena no se condice
con la historia real. Gracias a nuestro esfuerzo, que nos dejó en la ruina,
enviamos la Expedición Libertadora del Perú, logramos más adelante independizar
aquel país de la tutela boliviana; en 1865 luchamos con España, en defensa de
la soberanía peruana, obteniendo el bombardeo de Valparaíso por la flota
hispánica y el retroceso de nuestra marina mercante.
Se ha aludido a una frase de Portales relativa
al dominio en el Pacífico -no por las armas, sino por la influencia general-
sin reparar que iguales planteamientos se efectuaban en el país del norte. Más
aún, el célebre Ministro procuró evitar choques armados hasta que la situación
se hizo imposible. Podemos agregar que está probado, en un excelente libro, que
nuestro Gobierno propiciaba el equilibrio en Sudamérica.
Respecto de la Guerra del Pacífico, iniciada en
1879, está demostrado, por serias investigaciones históricas, que el Perú fue
causante de la situación pro bélica y manipuló al Gobierno boliviano en vistas
a un conflicto, con el resultado que era previsible. El que siembra vientos
cosecha tempestades.
Movido por el sentimiento de hermandad
americana, no hemos logrado ningún reconocimiento, sino que nos hemos embarcado
en aventuras trágicas, perdimos la Patagonia y casi la mitad del Estrecho de
Magallanes.
Los Gobiernos no deben descuidar la conciencia
histórica a cambio del populismo y los afanes electorales.
De alguna manera los conceptos generales
influyen en la disposición de los Jueces.
Sergio Villalobos R.
Creemos que
la defensa del Perú, en su intento por destruir los Tratados vigentes, ofendió
gravemente la inteligencia de los Magistrados, mintió descaradamente y falto el
respeto al Tribunal con argumentos falaces, fútiles y engañosos.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
