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La buena noticia
del fin de semana, a las dos y media la mañana se del
domingo se entregó el último cómputo de la
Teletón con una recaudación
de 25 mil
445 millones 520 mil 245 pesos, lo que asegura la atención
de
nuestros jóvenes y niños por los próximos dos años, confirmando
la
solidaridad que caracteriza a los chilenos.
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Imagen
dramática, un conductor, aparentemente ebrio, mató la madrugada
Del sábado a tres deportistas, y dejó 8 heridos, uno de
ellos de extrema
gravedad, al impactar con su vehículo una corrida de
Santiago a Valparaíso
para
apoyar a la Teletón.
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Unión
Española, luego de derrotar nuevamente en el partido de vuelta
a
Colo-Colo, por la final del torneo de Clausura los rojos de Santa Laura
deberán enfrentarse con los acereros de Huachipato
se quedó con la llave
de semifinales ante Rangers de Talca, en partidos
a disputarse el 5 el
Estadio Santa Laura y el 9 en el Estadio CAP de Talcahuano. |
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La noticia
de las próximas dos semanas serán los alegatos peruanos y chilenos
en la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
que comienzan hoy, por la
demanda con que Perú pretende adueñarse de
parte del mar de Chile,
desconociendo los tratados firmados por ambos países. |
Inicio de alegatos en La Haya
por Luis Winter.
El fallo que pronunciara el 19 de noviembre la
Corte Internacional de Justicia en el caso Colombia-Nicaragua sigue produciendo
reacciones adversas en Colombia.
A las duras reacciones del Presidente Santos,
si bien señaló que respetaría el derecho internacional, se unieron las de su Canciller,
miembros de su Gobierno y de la Administración anterior. El ex Presidente Uribe
llegó a solicitar el desconocimiento del fallo, citando diversos casos en que
ello habría ocurrido, incluso -e imprudentemente- el del arbitraje que enfrentó
a nuestro país con Argentina por el asunto del Beagle.
Los anuncios de estudios para interponer
recursos, la denuncia del Pacto de Bogotá
y exponer la situación ante la OEA, no cambiarán la sentencia. El fallo
es inapelable y sólo susceptible de revisión ante el mismo Tribunal por una
causal que no se divisa o aclaración que tampoco se advierte. Además, la
denuncia del Pacto de Bogotá, el mismo que confirió competencia a la Corte,
produce efectos a futuro y no me imagino qué pueda hacer la OEA.
Sin entrar en un análisis del fallo, que muchos
señalan alejado del derecho por reconocer la soberanía de Colombia sobre las
islas y disminuir su espacio marítimo en actual posesión (unánime en cinco
aspectos y 14-1 en el sexto con el voto en contra del Juez Owada), nuestros
ojos se han desviado hacia nuestro caso, cuyos alegatos comienzan el lunes.
Ya se ha aclarado suficientemente que son
distintos. El primero se refirió a una disputa de soberanía territorial y su
proyección marítima, mientras que en el nuestro, la corte debe decidir si
existe o no una delimitación marítima. Y para negarlo habría que reescribir la
historia de los últimos 60 años, rechazando la existencia o desnaturalizando
uno a uno los acuerdos celebrados y la práctica seguida.
Como es conocido, la demanda peruana plantea
como petición alternativa que se le reconozca el derecho a un triángulo de mar
que se produce al extender en todas direcciones las 200 millas peruanas medidas
desde sus costas, sobrepasando las 200 millas chilenas al sur del paralelo
limítrofe y envolviendo la parte oeste de nuestro actual límite con el alta
mar. Si bien Chile no reclama este espacio que considera alta mar, manifiesta
que le llama la atención que el Perú lo solicite ahora, que transgreda el
acuerdo de 1952 de delimitación por el paralelo y que se base en los derechos
que le conferiría la Convemar, de la que no es parte; y más aún si la
naturaleza jurídica del mar peruano no coincide con el de la Zona Económica
Exclusiva de la Convemar.
Finalmente, se encuentra lo referente al Hito 1
que Perú cuestiona como punto de inicio del límite terrestre, no obstante haber
sido acordado por ambos demarcadores y confirmado por los Gobiernos, aspecto
que deriva del Tratado de 1929, por lo que la corte carecería de competencia.
La corte es un Tribunal de derecho, sus fallos
se basan en el derecho internacional y su cumplimiento está entregado, en
último término, al Consejo de Seguridad de la ONU. Confiamos en convencer a la Corte
de la verdad de lo sucedido, rechazando así lo pedido por Perú. Chile, conforme
a su tradición, cumplirá la sentencia.
La democracia es sin temor,
por Axel Buchheister.
Un político de centroderecha pidió una vez a
los empresarios, y nada menos que en un prestigiado foro empresarial, que no
canonizaran a la Presidenta o a los Ministros, lo que causó revuelo. Porque es
lo que suele hacer la elite criolla. Y normalmente no confiere el galardón a un
fiel representante de sus ideas y valores, como se esperaría que hagan los
empresarios con los paladines del mercado y la libre empresa, sino que a
aquellos que representan más bien lo contrario, quizás como una forma de
exorcizar sus propios temores.
Y parece estar sucediendo otra vez con el Senador
socialista Camilo Escalona, el político que todos alaban como forjador de
consensos. Invitado en la semana a exponer en el mismo foro sobre lo que viene
en la política, no usó -sin embargo- el tono distendido del consenso, sino que
uno más cercano a la admonición.
Nos dijo que en Chile ya no da para más la
desigualdad y que si esto sigue así, las cosas se pondrán mal. Entonces hay que
hacer cambios profundos. Justificó la desigualdad con un ejemplo: en los
feriados largos suben los pasajes de buses o la gente se queda abajo en los
aeropuertos, porque las aerolíneas se sobrevenden. Aparte que es discutible que
eso sea fuente de desigualdad, hay que recordar que la economía enseña que si
sube la demanda, sube el precio, lo que ajusta ésta con la oferta; también que
si hay sobreventa, corresponde indemnizar. A lo más hay que mejorar la
regulación de esto último, pero de ahí a cambiar el “modelo” que ha generado un
bienestar nunca antes conocido, hay bastante trecho.
Viene al caso la explicación que leí de una
experta en caracterización de niveles socioeconómicos (C1, C2, etc.): antes se
hacía en función de los artefactos que poseía la gente, pero ahora no es
posible, porque todos los tienen, sino que viendo dónde viajan y de qué forma
(no si viajan, porque todos salen a alguna parte como sea). Es el nuevo Chile
desigual, que merced al modelo, viaja cada vez que puede, colapsando
carreteras, buses y aviones.
En una reciente entrevista también nos dijo el
Senador que “Bachelet es la que da garantías de enfrentar las reformas que
hacen falta sin generar inestabilidad” y que “no hay otra figura política que
no sea Bachelet para enfrentar esa tarea”. Entonces mejor apoyarla, porque los
cambios igual vienen y para qué hacerlos con inestabilidad. Por eso, agrega él,
“un sector significativo de los empresarios piensa que la alternativa de
recuperación del sistema político está en Bachelet”.
Entonces, ¿si vuelve a ganar la Alianza, la
Concertación no contribuirá a la estabilidad que la democracia demanda? ¿No se
parece eso al obstruccionismo legislativo que hemos visto por tres años? En su
momento la misma Concertación calificó de inaceptable la premisa de “yo o el
caos”; entonces por qué se nos dice ahora, en tono admonitorio, que la
alternativa es “Bachelet o el caos”, ya que sólo ella tendría la llave de la
estabilidad. Bueno sería saber qué opina ella de esto y si es así cómo pretende
plantearse, pero no puede porque está en la ONU.
La democracia se basa en convencer al ciudadano
con argumentos y las mejores propuestas, no en infundir temor. Tampoco en
canonizar a nadie.
Acreditación, descrédito, descriterio,
por Alfredo Jocelyn-Holt.
Que bueno todo esto que ha pasado con la
Comisión Nacional de Acreditación. Supongo que ahora se acabarán los casos de
cohecho, soborno, conflictos de interés, lavado de dinero y pago por
acreditaciones. El país debería estar muy agradecido de Raúl Urrutia, quien
renunció al mes de haber sido designado rector de la Universidad del Mar,
desatando una fiscalización (al fin) que ha terminado por poner en jaque a todo
el sistema de acreditación universitaria. Aunque qué incómodo debe ser para los
restantes rectores, quienes seguro que saben lo que pasa en las instituciones
bajo su responsabilidad (por eso lo de “rectores”) y, sin embargo, siguen en
sus puestos.
También debe ser preocupante para todos
aquellos que, en su momento, crearon este sistema tan lleno de tentaciones.
Hace unos días uno de los artífices del esquema, experto acreditador (también
“consultor” del rubro), aconsejaba por la prensa que había que “transparentar”.
Un comentario atendible si no fuera que el escándalo consiste en el clásico
cazabobos, el de entregarles el queso a los ratones; por tanto, persistir en
esta misma línea entre tanto roedor revoloteando o es de una ingenuidad digamos
que “anatómica” (estoy tratando de evitar la expresión criolla
correspondiente), o vamos sumando complicidades. Mejor desbaratar la
conspiración; la etapa de transparentar ya pasó.
Motivos hay para sospechar. Los abusos que han
salido a flote evidentemente crearon una competencia desleal. Sin embargo, ¿por
qué los otros “probos” afectados (“santos inocentes”) no denunciaron estas
prácticas y tuvo que hacerlo Contraloría? La cantidad de exautoridades
universitarias convertidas en “acreditadores” resulta, por decir lo menos,
curiosa. De tan sólo la universidad a la que yo pertenezco -la Universidad de
Chile- figuran un ex vicerrector de administración y finanzas y un ex Vicerrector
de asuntos académicos que ocuparon, hasta hace poco, los cargos de secretario y
presidente de esta agencia en cuestión. Puesto que de lo que estamos hablando
es de “trenzas” entre la CNA y universidades, lo anterior es de sumo delicado.
¿Dónde se van a cortar las responsabilidades: en los pillados con las manos en
la masa o en quienes dieron con la receta original de esta, digamos, empanada
podrida?
La fuente del lío es la lógica sistémica
implícita: a + platas + administración + riesgos de corrupción (regla general)
lo cual no significa + calidad en un mundo como el universitario en que, de
efectivamente tratarse de un negocio, algo anda muy mal. El querer convertir a
universidades más o menos, como las nuestras, en centros de investigación (lo
cual supone muchas platas) es de las arrogancias chilenas recientes con menos
fundamento detrás. Habemos muchos que creemos que nuestras ventajas académicas
apuntan más bien a la docencia, la cual requiere poca plata; de hecho, es
pésimamente pagada (una vergüenza), pero al menos se sostiene con auténtica
vocación. Téngase por seguro de gente que no va a caer en esta vuelta aunque
haya visto la danza de los millones ante sus narices. Nunca ha habido más
platas en las universidades públicas, para qué decir en las privadas, que hoy
día. Platas, eso sí, que hacen sonar la orquesta y sacan a bailar a las niñas.
El comienzo de la supervisión en educación.
La nueva institucionalidad que establece la Ley
de Aseguramiento de la Calidad otorga a la Superintendencia de Educación
Escolar un papel fiscalizador en aspectos centrales del proceso educacional.
Ella está facultada por Ley para velar por que las instalaciones escolares
cumplan con los estándares mínimos para un buen desarrollo del proceso
educacional, e impedir situaciones que en el pasado han motivado justos
reclamos de estudiantes y apoderados. Asimismo, debe controlar el buen uso de
los recursos Fiscales, evitando que se destinen a fines ajenos a los
estrictamente educacionales. Igualmente relevante es su función respecto de la
investigación, resolución y mediación de conflictos que dentro de los colegios
afecten a profesores y alumnos -como los casos de bullying, maltrato y otras
denuncias.
Las reforzadas facultades que la ley entrega a
la Superintendencia para amonestar y sancionar mediante multas e incluso cierre
de un colegio debido a fallas reiteradas y malos resultados, ya comienzan a
aplicarse, y se está dotando de tecnologías a sus inspectores. Así, las faltas
de los colegios se registran computacionalmente y la información llega on line
a la Superintendencia, con fotos y documentos digitalizados. Con apenas tres
meses de funcionamiento, el Superintendente Manuel Casanueva ha anticipado que
alrededor de 50 colegios podrían perder el reconocimiento oficial a fines de
este año por incumplimiento de estándares mínimos. Otros 400 -de un total de
alrededor de 12 mil- se encuentran en situación vulnerable, y los sostenedores
están recibiendo asistencia para revertir ese cuadro.
La nueva institucionalidad que encomienda la
fiscalización de la gestión escolar a la Superintendencia, y el logro de
resultados de aprendizaje a la Agencia de Calidad, permite -en conjunto con el
Consejo Nacional de Educación- avanzar en los diferentes ámbitos que la
educación escolar requiere. Las variables que inciden en un proceso educativo
exitoso son numerosas, y es determinante la conducción del director: si su
liderazgo convoca, compromete y entusiasma a los profesores, se traduce en una
comunidad escolar cohesionada y activa, donde se comparte la información, se
incorpora a los padres y apoderados, y se crean espacios de colaboración entre
los distintos actores que forman a los estudiantes. De igual importancia es la
capacidad de gestionar ordenadamente los recursos del establecimiento. Muchos
problemas de gestión se relacionan con atrasos en el pago de sueldos y
cotizaciones de los profesores, y con contrataciones de personas no calificadas
para enseñar.
Sin embargo, elevar los estándares de calidad
escolar depende no sólo de instancias que supervisen el cumplimiento de las
exigencias, sino también de mecanismos de apoyo y asistencia que permitan a los
colegios elevar sus niveles de desempeño.
Es, asimismo, fundamental proveer a los padres
y apoderados de la información necesaria sobre el rendimiento comparativo de
los establecimientos, de modo que cuenten con todas las herramientas necesarias
para tomar decisiones respecto de la enseñanza de sus hijos.
La demanda ciudadana por mejorar la educación
exige que los organismos creados bajo la nueva institucionalidad operen con
sentido de urgencia con miras a incidir favorablemente en todo el sistema
educacional. Las expectativas respecto del rol de la Superintendencia de
educación escolar son altas y parecen estar dadas las condiciones para que
pueda cumplirlas. El superintendente Casanueva observa una correlación entre
colegios que cumplen la normativa y obtienen buenos resultados Simce, y de allí
que resuma su meta como "hacer una muy buena fiscalización, para lograr
que todos los colegios tengan un gran desempeño".
Nuevas visiones de innovación social.
La Fundación Miguel Kast ha anunciado una
alianza con la U. del Desarrollo para apoyar innovaciones que combatan la
pobreza, mediante una nueva entidad dependiente de ambas, el Instituto de
Innovación Social. Se trata de una iniciativa novedosa, que busca abordar la
pobreza desde una nueva perspectiva, acorde con el actual estado de desarrollo
del país.
Durante muchos años el combate a la pobreza se
enfrentó desde un punto de vista básicamente asistencialista. Eso era lógico,
dadas las urgentes necesidades que existían en el país. En algún grado, fue lo
que realizó el propio referente de la fundación, el ex Ministro de
Planificación Social Miguel Kast, en los años 70, cuando la pobreza alcanzaba a
casi el 50% de la población, y necesidades elementales no estaban cubiertas.
Hoy, sin embargo, Chile se halla en una situación muy diferente, y los
problemas relacionados con la pobreza no sólo son distintos, sino además más
complejos. La marginalidad comienza a desaparecer y las personas necesitan
oportunidades, apoyo y herramientas para enfrentar el presente por sí mismas.
Pese a lo anterior, aún persiste un grupo que
no está recibiendo suficientemente los beneficios del desarrollo: según la más
reciente encuesta Casen, unos 2,48 millones de personas siguen viviendo en
pobreza, y 474 mil en indigencia. Sin embargo, su fuerte disminución de las
últimas décadas ha movido a un cambio de énfasis. El antiguo enfoque
asistencial ha dado paso a preocupaciones distintas como la distribución del
ingreso, y las nuevas necesidades plantean una exigencia mucho mayor en la focalización
de los recursos.
Hoy, la pobreza ha pasado a estar mucho más
relacionada con la vulnerabilidad que con la marginalidad, y en esa área debe
estar el foco principal de las políticas públicas. Dicha vulnerabilidad, a su
vez, está muy asociada al desempleo o al grado de calificación para el trabajo.
Esta situación debe ser urgentemente corregida. Y, precisamente en esa doble
función de focalización y combate de la vulnerabilidad, instituciones e
iniciativas como la recientemente anunciada por la Fundación Miguel Kast y la
UDD pueden hacer un aporte sustancial.
Acuerdo para reajuste de los trabajadores del
sector público.
El acuerdo sobre el reajuste anual de
remuneraciones al que arribaron el Gobierno y los 14 gremios que agrupan a los
trabajadores del sector público sorprendió a la opinión pública por la rapidez
y por la ausencia de los conflictos y paralizaciones que se habían producido en
torno al tema en años anteriores. Si bien el guarismo del ajuste parece
prudente para el escenario macroeconómico, su monto se incrementa
sustancialmente cuando se le agregan otros beneficios que se entregaron,
aspecto que debe ser analizado con cuidado. Adicionalmente, se incluyó un
acuerdo para que se despache un instructivo referido a los trabajadores que están
bajo el régimen de contrata que tiende a asimilar inconvenientemente estas
contrataciones a las de carácter indefinido.
Luego de cinco años en que el proyecto de ley
de reajuste de remuneraciones del sector público ingresaba sin acuerdo a su
tramitación al Congreso, este año el Ministerio de Hacienda y los
representantes de los gremios del sector público arribaron a un acuerdo previo
que llevó a que la propuesta se convirtiera en ley en 24 horas. El reajuste fue
de un 5% nominal, considerando una inflación proyectada de 2,9% en 12 meses y
un reajuste real de 2,1%. Este es el mismo monto del año anterior y está dentro
de los márgenes razonables estimados por los expertos, considerando la
situación laboral del país y del erario. No obstante, el análisis correcto debe
ser hecho considerando los demás beneficios que se agregaron a este reajuste:
por primera vez un bono de vacaciones de entre 40 mil y 60 mil pesos;
aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, y un bono de término de conflicto de $
185 mil para los sueldos inferiores a $ 631 mil y de $ 92.500 para los sueldos
superiores a esa cifra e inferiores a poco más de $ 1,9 millón.
Sin embargo, el punto que parece haber sido
decisivo para obtener el apoyo de los gremios fue la inclusión de un
instructivo donde se dispone que “las eventuales no renovaciones de las
contratas deberán entenderse en forma restrictiva y limitadas a casos
debidamente fundados y acreditables y sobre la base de que concurran criterios
objetivos”. Lamentablemente, este criterio, más otras restricciones que se imponen a la no renovación, tiende a
rigidizar la política laboral del sector público, dificultando el proceso de
modernización de su gestión y debilitando un aspecto que los Gobiernos habían
defendido en los últimos 20 años, a pesar de su impopularidad.
Entre las tres modalidades de contratación del
sector público -trabajadores de planta, bajo honorarios y a contrata-, la
última juega un rol fundamental, porque entrega al trabajador un régimen de
prestaciones equivalentes a un contrato de trabajo normal -con cotizaciones previsionales y de salud-,
pero con un plazo limitado a fin de no incrementar injustificadamente la planta
del sector público, la cual goza de inamovilidad. Esto permite que, por
ejemplo, las tareas temporales sean abordadas sin incrementar de manera
permanente la dotación del sector público. Además, es previsible que la exigencia
de fundamentación para la no renovación del contrato aliente litigios para
cuestionar su procedencia.
Aunque en el corto plazo un acuerdo de esta
naturaleza evita la conflictividad laboral, los contenidos del mismo no parecen
convenientes para los intereses de largo plazo de la gestión del Estado.
Temas económicos: Vallas en nuestro camino al desarrollo.
El crecimiento del consumo y la inversión han
sido los pilares de este desempeño. Como lo planteó el Ministro de Hacienda, la
segunda alcanza hoy el 25,1% del producto. A su vez, el crecimiento del consumo
demuestra la confianza de la población en el presente y el futuro. A esto se
agregan un bajo desempleo, una inflación controlada y un crecimiento del gasto
en línea con la promesa de un déficit estructural de -1%.
Es una situación macroeconómica privilegiada,
reconocida así por los mercados internacionales. Ningún otro país en vías de
desarrollo ha colocado bonos soberanos a una tasa de 2,379%. Chile es hoy un
caso exitoso, ha recuperado su capacidad de crecer, con buena salud en materias
Fiscales y monetarias. Nos hemos convertido en un modelo, y la presentación del
Ministro Larraín en Enade fue un excelente resumen de nuestros avances
económicos.
Energía, el dramático cuello de botella.
Pero no todo es color de rosa. En dicho
encuentro también quedaron en redoblada evidencia algunos factores que, de no
ser resueltos, pueden poner en jaque lo cosechado durante los últimos años. Los
temas de educación, modernización y sistema político son muy relevantes, pero
sin duda nuestro cuello de botella en el mediano plazo está en la energía. La
situación en este sector puede reducir rápida y significativamente nuestra
productividad.
Hoy, nuestra matriz de energía eléctrica está
compuesta en 33% de hidroelectricidad, 65% de generación térmica y 2% de
fuentes de energías renovables no convencionales. En 2012, la capacidad
instalada de generación eléctrica alcanza los 17.438 MW, suficiente para
asegurar nuestras demandas actuales de electricidad. Y para los próximos dos
años, el plan de obras del Consejo Nacional de Energía prevé un aumento en
capacidad de 996 MW. Las centrales de Campiche, San Pedro y Angostura explican
poco más del 70% de esta nueva capacidad. Con ellas, como lo planteó Juan
Antonio Guzmán en su presentación, nuestro consumo de energía está asegurado
hasta 2014.
Pero una economía que crece necesita asegurar
el suministro de energía en el mediano y largo plazo. En las condiciones
actuales, las estimaciones anticipan que su demanda se duplicará en 10 años, y
la incertidumbre respecto del suministro futuro es alarmante. Ejemplos de esto
son la lamentable situación del proyecto HidroAysén y los casos de las
centrales Barrancones y Castilla. Y aunque el suministro está asegurado en el
corto plazo, el aumento de los costos marginales en la generación de
electricidad para el sector productivo -que hoy alcanzan a 180 dólares por
megavatio hora (MWh), el doble del valor en situaciones de normalidad- alerta
que, sin avances importantes en este sector, la competitividad de nuestro país
puede verse afectada en el mediano plazo. Por eso, inquieta que en el plan de
obras del CNE no haya proyectos en construcción que puedan comenzar a operar
con posterioridad a 2014. Chile no puede darse este lujo.
La propuesta de una infraestructura de
transmisión eléctrica pública -la "carretera eléctrica"- es un avance
de este Gobierno. Ella brindará un esquema más seguro y robusto para el
desarrollo de redes eléctricas, potenciando así el desarrollo del sector energético.
Pero las consecuencias de las trabas al desarrollo de proyectos no son
compensadas por la carretera eléctrica ni por ninguna iniciativa emprendida en
los últimos años. La inadecuada institucionalidad, agravada por una excesiva
burocracia, y la eficaz acción de grupos de interés minoritarios, son los
principales responsables de nuestra riesgosa situación en energía. Estos
factores explican la lenta revisión, aprobación y concesión de permisos
medioambientales, la paralizante judicialización de los proyectos, el poco
respeto a las reglas del juego y la incertidumbre legislativa. En momentos en
que Chile necesita mayores inversiones en materias energéticas, urgen medidas
para atraer y no ahuyentar a los inversionistas.
¿Vamos a esperar el apagón?
No podemos esperar los cortes del suministro de
electricidad ni el racionamiento para comenzar a actuar. Los costos serían
enormes. Debemos arribar a un "acuerdo país", en el que la voz de la
mayoría sea escuchada. Apremia educar a la población sobre las consecuencias de
no emprender ya nuevos proyectos, para que no sea manipulada por publicidad
engañosa, pero hábil, de grupos de interés minoritarios que ponen trabas sin
brindar opciones.
Las responsabilidades de la situación a que
hemos llegado son compartidas por los tres poderes del Estado, los Gobiernos
locales y la sociedad civil. Pero, más allá de buscar responsabilidades,
necesitamos un acuerdo nacional que asegure nuestra matriz energética, con
completo respeto a la institucionalidad, que permita destrabar los proyectos en
espera, y el Gobierno haría bien en determinar concentración de
responsabilidades políticas en este objetivo.
Necesitamos terminar de abrir nuestra vía al
desarrollo. Chile nunca ha estado más cerca de alcanzarlo. Tenemos que eliminar
los lomos de toro y desvíos, y poner fin al cuadro actual, en el que el interés
de unos pocos afecta al bienestar de toda la población.
Avances en el financiamiento de las FF.AA.
En el Senado está en tramitación el proyecto
que modifica la Ley Reservada del Cobre, que desde hace 58 años vincula el
financiamiento de las compras de armas para la Defensa Nacional a los avatares
del precio del cobre y le exige esa contribución a Codelco.
Actualmente, es el mercado mundial del metal el
que "decide" cuánto destina el país a la compra de material militar y
tienen poco que ver las tensiones internacionales que involucran al país y las
proyecciones de quienes definen la Defensa Nacional o lo que como sociedad
decidimos que es prudente gastar en esta materia.
Hay un consenso transversal en que el mecanismo
está obsoleto y tiene costos en términos de eficiencia para la cuprera y de
transparencia presupuestaria, pero anteriores intentos por reemplazarla
quedaron dormidos en el Congreso. Sin embargo, podría haber un cambio: en junio
pasado -tras un año de debates- la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de
reemplazo presentada por el actual Gobierno.
La Ley Reservada del Cobre fue creada bajo el
segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, en 1958. Fue la respuesta para
asegurar el presupuesto de Defensa en el marco de tensiones con Argentina. El
impuesto se fijó en 15% de las utilidades del cobre. Más adelante, en los años
70, se estableció que fuese de un 10%. Durante el Gobierno Militar fue
modificada por última vez (1987) y se estableció la entrega del 10% del total
de las ventas de cobre al extranjero y sus subproductos por parte de Codelco,
fijándose un monto mínimo de 180 millones de dólares. Estos dineros,
depositados en el extranjero, son administrados por el Consejo Superior de la
Defensa Nacional y repartidos en partes iguales entre el Ejército, la Armada y
la Fuerza Aérea.
Hace 8 años la OCDE consideró la Ley Reservada
del Cobre como uno de los puntos más débiles del sistema presupuestario
chileno: "es un mecanismo altamente inapropiado". Efectivamente, hay
varios puntos cuestionables de la legislación. Primero, los aportes que se
entregan para la Defensa tienen poco que ver con el momento geopolítico o con
los conflictos con vecinos. A fines de la década de los 70, cuando Chile vivía
tensas relaciones limítrofes con Argentina, el metal pocas veces se empinó
hacia los 2 dólares, mientras que en los últimos cinco años, de calma en el
entorno internacional del país, el cobre casi duplica este precio en parte
importante del período.
Segundo, daña a Codelco, que debe competir con
poderosas compañías del rubro. Un impuesto a las ventas atenta contra su
eficiencia, ya que dificulta la planificación de mediano plazo y puede ser
complejo en un escenario de altos costos y precios bajos. De hecho, la
evaluación de riesgo de Codelco se ha visto negativamente afectada por esta
legislación, implicando un castigo en la emisión de deuda.
Finalmente, cambiarla será un aporte a la
solidez del sistema presupuestario, ya que los criterios de asignación se
definen por la evaluación de proyectos y no de manera automática. Aunque no es
deseable que los gastos militares dependan del debate anual del Presupuesto,
por la interferencia de temas políticos o electorales en materias sumamente
delicadas, sí es conveniente para la democracia que se discuta en el Congreso
cuánto -como país- estamos dispuestos a invertir en Defensa versus otros gastos,
como el social o la inversión en infraestructura. Hoy, eso lo decide el precio
internacional del cobre, dejando a la Defensa Nacional a merced de un mercado
de commodities.
El proyecto ingresado en 2011 se centra en
eliminar la obligación de Codelco de entregar parte de sus ventas a las FF.AA,
pero reconoce la necesidad de un presupuesto que sea lo más inmune posible a
las vulnerabilidades del ciclo político. Se establece, entonces, un mecanismo
de cuatro años. Además, se contemplan proyecciones temporales de 12 años que
serán actualizadas y revisadas en el primer año de cada Gobierno. También, hay
un mínimo fijado en base a parámetros históricos y un fondo de contingencia
estratégica para enfrentar situaciones especiales o aprovechar condiciones ventajosas
de material bélico.
Quienes han estudiado a fondo esta legislación,
en general, coinciden que esta propuesta apunta en la dirección correcta. Hay,
sin embargo, algunos reparos. Se han levantado voces que critican que el
proyecto garantice fondos para Defensa aun a costa de gasto social (educación,
salud, vivienda). En esta línea, CIEPLAN critica el exceso de privilegios del
sector Defensa respecto de otros sectores (pisos de gasto, fondo de
contingencia y la autorización para incorporar al Presupuesto del año siguiente
los saldos de caja para la adquisición de material bélico).
La modificación del actual sistema de
financiamiento de las Fuerzas Armadas podría saltar a la arena pública en la
última fase de su tramitación Parlamentaria , dado que al menos dos de los
precandidatos han fijado posiciones al respecto. Durante la administración de
Andrés Allamand se envió el proyecto tras conseguir un consenso amplio, lo que
no se pudo durante el Gobierno de Bachelet, que también presentó un proyecto
con este fin, que no prosperó. Para Allamand podría ser un logro a exhibir en
medio de su campaña.
Andrés Velasco también ha tomado un rol activo
en el tema. A raíz de la aprobación en la Cámara, el hoy candidato Presidencial
se mostró contrario a la propuesta del Gobierno de Piñera y defendió el
proyecto de la era Bachelet por estar inspirado en los mecanismos de otros
países miembros de la OCDE, que tienen menos privilegios que el elaborado por
Allamand. "¿Por qué va a haber un piso para las compras de armas y no va a
haber un piso para la salud, educación, pensiones? Eso no tiene razón alguna de
ser", dijo.
La discusión de la ley debe seguir su trámite
en el Senado y es de esperar que el fallo de La Haya no sea argumento para no alcanzar
un sistema serio y transparente de financiamiento para las FF.AA.
Una carta para meditar.
Señor Director:
Estrategias de la centroderecha.
Las primarias en la Alianza han permitido un
interesante examen de conciencia en el sector. Cuáles son nuestros principios,
nuestras banderas, y cuál el modo más eficaz de marcar con su sello las
políticas públicas del Chile del próximo cuadrienio presidencial. Frente a ese atractivo cuestionamiento,
aparecen dos estrategias claramente diferenciadas.
Por una parte, la de Jaime Guzmán, quien
postulaba que lo que debe preocupar más que ser mayoría es lograr influir.
Concluía eso probablemente tras considerar que no era posible alcanzar la
mayoría absoluta sin tener que, necesariamente, desdibujar los principios que
debían animar la acción política de los “partidarios de una sociedad
integralmente libre”. Frente a la disyuntiva votos o principios, prefería los
segundos.
Del otro extremo, destaca Andrés Allamand, con
su conocida denuncia de que “la derecha no tiene vocación de mayoría”.
Propiciaba hasta hace poco un “extender” los límites de la centroderecha, con
el oculto objetivo de alcanzar la mayoría absoluta, que permitiera convertir en
política pública concreta las ideas -más volubles que las del fundador de la
UDI-, que movían su acción política.
Frente a esa disyuntiva es posible considerar
una tercera vía, que huya tanto de la comodidad de defender los principios sin
aspirar a que ellos sean mayoría, y del maquiavelismo de colocar en el primero
de los principios al poder. El desafío de la centroderecha, y concretamente en
esta primaria que recién se abre, apunta justamente a eso. Levantar un set de
propuestas sólidamente fundadas en sus principios inspiradores, pero
articuladas con un esforzado trabajo intelectual que permita presentar esas
mismas propuestas como atractivas, con rasgos tales que tengan mérito de llegar
a ser mayoritarias en la ciudadanía chilena.
Jorge Baraona Correa.
