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Los restos de Piero
Hernández, nuevo
mártir de la PDI son
velados en la
Escuela de Investigaciones, anoche se
realizó un responso en que participó su
familia altos mandos
de la institución
y el Ministro Rodrigo Hinzpeter.
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Un saldo de 16 detenidos y seis
Carabineros heridos deja marcha
en pro de la causa mapuche,
encapuchados anarquistas
destruyeron y saquearon todo a su
paso por el centro de Santiago.
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Vargas Llosa pide defender al español,
la lengua "más pujante" tras el inglés,
sosteniendo el escritor que
‘’Es un
patrimonio que debemos defender y
promover porque nos enriquece a todos’’.
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Bolivia destruyó a mano más de 8
mil hectáreas de coca entre enero
y octubre, periodo en que incautó
28 toneladas de pasta y 3,8 de
clorhidrato de cocaína, 389
toneladas de marihuana,
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El Subsecretario General de la ONU
dijo que la crisis siria crea un ‘’terreno
fértil’’ para que se cometan ‘’todo
tipo de acciones terroristas", desde
violaciones de derechos humanos y
detenciones arbitrarias hasta torturas
y ejecuciones arbitrarias.
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Jefe de las FARC confirma voluntad de
paz de la guerrilla, ‘’Timoleón Jiménez’
’ dijo que ‘’la mesa en aras de la
reconciliación de los colombianos es
una realidad’’.
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Hacia un nuevo trato para nuestros pueblos originarios, por
Sebastián Piñera, Presidente de la República.
La globalización ha
significado un verdadero renacimiento de las identidades locales y de los
pueblos originarios en muchos países del mundo, incluido Chile. Actualmente,
más de un millón 300 mil compatriotas se identifican con las comunidades
aimara, atacameña, quechua, diaguita, colla, rapa nui, mapuche, alacalufe o
yagán, entre otras, cuyos ancestros habitaban estas tierras desde mucho antes
de la llegada de los conquistadores españoles. Esto, lejos de significar un
problema, representa un motivo de orgullo y una fuente inagotable de riqueza
étnica y cultural, que los países sabios debemos saber reconocer, valorar y
proteger en toda su dimensión y profundidad.
Pese a ello,
transcurridos casi tres siglos de coloniaje español y dos desde el nacimiento
de nuestra República, es justo reconocer que seguimos manteniendo una deuda
histórica con nuestros pueblos originarios, cuyas oportunidades de progreso
material y espiritual no han estado a la altura de sus necesidades ni de las
capacidades de nuestro país. En efecto, se trata de un grupo muy significativo
de habitantes que viven mayoritariamente en condiciones precarias, con índices
de desempleo y pobreza por sobre la media nacional, y con niveles de salarios,
escolaridad, alfabetismo y oportunidades inferiores a los del resto de la
población.
Por estas razones,
tan pronto asumimos el Gobierno de Chile, nos propusimos pasar de los
diagnósticos a la acción y avanzar decididamente hacia un nuevo trato para
nuestros pueblos originarios. Este nuevo trato está fundado sobre cuatro
pilares, tal como la tierra, el agua, el aire y el fuego representan los cuatro
cimientos sobre los que descansa el acervo cultural indígena.
El primer pilar es
facilitar y promover el reencuentro con nuestros pueblos originarios, pasando
de una cultura de la negación y la indiferencia a otra de pleno reconocimiento
y compromiso. Para ello, estamos impulsando una reforma Constitucional que
asuma a Chile como lo que es: una nación multicultural, en que dentro de un
mismo territorio y bajo la jurisdicción y soberanía de un mismo Estado,
coexisten diversas identidades étnicas, todas ellas con el derecho a expresarse
y participar de la vida en común y con el deber de reconocerse y respetarse mutuamente.
Este reconocimiento Constitucional, unido al Convenio 169 de la OIT, les
permitirá participar y contribuir más activamente en la sociedad y organizarse
conforme a sus propias visiones, costumbres y valores.
Lo segundo es dejar
atrás la estrategia de asimilación y sustituirla por una de verdadera
integración, que, en esencia, significa no sólo tolerar, sino valorar y
promover la cultura, historia, cosmovisión, lenguas y formas de vida de
nuestros pueblos originarios. Para ello, además de promulgar una ley que
prohíbe y sanciona toda forma de discriminación arbitraria, pusimos en marcha
programas de educación bilingüe en más de 300 establecimientos de alta
concentración indígena; fundamos cinco liceos de excelencia en Purén,
Villarrica, Loncoche, Temuco y Angol, a los cuales sumaremos un sexto en
Ercilla; incorporamos su medicina tradicional a los programas de salud;
dictamos un instructivo para que sus lonkos y autoridades reciban la debida
consideración en todas las ceremonias oficiales, y hemos avanzado mucho en la
definición de criterios de autoidentificación y reconocimiento de sus
costumbres como fuentes de derecho.
El tercer pilar es
promover un desarrollo mucho más dinámico, tanto en el plano económico como
social. Esto nos ha exigido reemplazar la aproximación puramente asistencialista
que tradicionalmente ha existido hacia ellos, por otra mucho más participativa,
que los estimule a confiar y desarrollar más sus propias capacidades y
talentos. A través de los planes Arauco y Araucanía, hemos incrementado en un
50% los fondos públicos regionales de inversión, con énfasis en vivienda,
salud, educación e infraestructura deportiva, vial, sanitaria, productiva e
interurbana; perfeccionamos y extendimos las políticas de entrega de tierra
para evitar abusos y promover su desarrollo productivo; fortalecimos los
programas de apoyo al emprendimiento; triplicamos el número de beneficiarios
indígenas de Indap y llegamos con banda ancha e internet a prácticamente todas
sus comunidades. Todo ello nos ha permitido, en sólo dos años, dar un fuerte impulso
a las exportaciones y el crecimiento económico regional y reducir en forma
significativa los índices de pobreza y desempleo, gracias a la creación de 16
mil nuevas empresas y más de 35 mil nuevos puestos de trabajo.
El cuarto y último
pilar es asegurar la paz, la seguridad, el orden público y la plena vigencia
del Estado de Derecho en las zonas indígenas, pues esto es, sin duda, la
primera y mayor responsabilidad de un Gobierno. No vamos a permitir que la
violencia e intolerancia de unos pocos frustren ni posterguen el desarrollo que
nuestros pueblos originarios y regiones del sur tanto han esperado, necesitan y
merecen. Por lo mismo, seremos implacables con quienes cometan delitos contra
la vida o la propiedad ajena, pero seguiremos adelante en nuestra política de
diálogo respetuoso, abierto y fecundo con las más de 2.800 comunidades
indígenas de todo el país, que están integradas mayoritariamente por hombres y
mujeres de honor y esfuerzo, amantes de la paz y profundamente orgullosos de
ser chilenos.
Nuestros pueblos
originarios forman parte esencial de la historia de Chile. Llegó el tiempo de
hacerlos también protagonistas de su destino. Si el pasado ha dividido a los
hijos de esta tierra, sólo el futuro nos puede reunir. Por eso, termino estas
palabras invitando a todos mis compatriotas, a los herederos de Caupolicán y
Lautaro, de O'Higgins y Carrera, a dejar atrás siglos de desencuentros, abrazar
unidos el futuro y construir juntos esa patria libre, próspera, respetuosa,
justa y fraterna que siempre hemos soñado.
Modernizar el Estado
para comprar bien
por Axel Buchheister.
Políticamente
complicado se ha visto el Gobierno con el caso de las adquisiciones de
densímetros y fibroscopios para el Plan Frontera Norte. Razones hay varias:
sucede en el área de seguridad ciudadana, en la cual se suponía que un Gobierno
de centroderecha haría la diferencia y no ha sucedido; entrega más munición a
los que cuestionaron el poco elegante reclutamiento del “Fiscal Peña” y amenaza
con convertirse en un caso de corrupción que se siga extendiendo.
Las responsabilidades
administrativas, las penales -de haberlas- y políticas tienen que determinarse
y hacerse efectivas. Pero si se revisa la situación sin pasión partidista, se
verá que no es un suceso que específicamente afecte a este Gobierno, sino que
también al anterior y a órganos independientes, como al Ministerio Público, que
realizó por compra directa un costoso sistema de interceptación telefónica al
mismo proveedor, que -como coletazo- quedó bajo la lupa. Lo que hay es un
problema generalizado con las adquisiciones del Estado, en las cuales
anualmente están involucrados recursos monumentales. Y si no hay corrupción,
cuando menos un ejercicio de las funciones totalmente amateur.
Si se revisan los
precios, las variaciones son enormes. Los valores para un densímetro entre 2007
y 2012 oscilaron entre $ 9,1 millones y $ 25,6 millones. ¿Eran lo mismo o
tenían capacidades diversas? No se sabe. Pero otro dato: en 2010 se compró uno
en $ 22,2 millones y los siguientes, en 2012, fueron 52 por $ 19,7 millones la
unidad, un 11% menos. Pareciera que el incremento del volumen habría
justificado una rebaja más sustancial en el precio. Buena parte de la
explicación estaría en la forma que se convocan las propuestas, a las que se
presenta un único proveedor o sólo queda uno, pues los demás suelen quedar
fuera de bases. Es muy habitual que al final no quede otro proveedor para
competir. Entonces, la explicación es que no hubo otra opción que aceptar la
única oferta.
También tiene que ver
la forma inorgánica en que se hacen las compras: algunos densímetros los
compraron, aunque en distintas épocas, las policías, otros los Gobiernos
regionales (Intendencia o Gobernación) y ahora el Ministerio del Interior.
Entonces no hay continuidad, no se evalúa la necesidad global y se pierde la
experiencia; y cunden las asesorías.
Casos hay muchos. Por
ejemplo, un helicóptero polaco que compró Conaf para combatir incendios
forestales, operación que fue muy cuestionada. Tanto, que a poco andar se pensó
que mejor era venderlo y ni eso se ha podido lograr. Cuando llegó no podía
volar, porque aparentemente nadie pensó que había que incluir en la operación
el entrenamiento de tripulaciones. Ahora está sin seguro, por problemas con su
licitación.
Hay una preocupante
frecuencia con que se escucha de equipos adquiridos que quedan sin uso, porque
no encajaron con el sistema que operarían o no cumplen las regulaciones para
ello. E imagínese la cantidad de casos de los cuales nada se sabe.
Todo ello es una
sangría enorme de recursos públicos y base de ineficiencias a todo nivel. Está
bien que se aclaren responsabilidades, pero básico sería sacar una lección no
partidista: la gran reforma pendiente es la modernización del Estado.
"La capucha es el
rostro del pueblo"
por Alfredo Jocelyn-Holt.
La consigna que me
sirve de título corresponde a un rayado callejero afuera de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad de Chile que quedara tras el paso de una de las
tantas marchas estudiantiles a que se nos tiene acostumbrados. Seguramente
proviene de la misma mano detrás de otros excesos verbales -“Somos la Jungla”,
“Caos Sosial” (sic)- y de un sinnúmero de actos violentos por todos conocidos.
El que estos rayados
anónimos se sitúen fuera del campus Beauchef podría hacernos pensar -seamos
generosos- que quienes llaman a estas manifestaciones están exentos de
responsabilidad. Así y todo, ¿también debemos librar de responsabilidad a la
comunidad académica que acepta que se exhiban murales y “animitas”, de dudoso
valor estético e ideológico, que ensalzan a estos “encapuchados” y a la vía
armada (v. gr. una mujer-metralleta y un “con amor y rabia los recordaremos”)
en el patio central de otro de los campus de la misma universidad? Aludo a la
Facultad de Filosofía y Humanidades, en el campus Juan Gómez Millas.
Es que, más grave
aún, en esta facultad, la semana pasada, un profesor fue brutalmente agredido
por encapuchados. Sufrió un intencional botellazo con pintura, quebrándole la
nariz y comprometiendo un ojo. Amenazaron con matarlo y, no menos desafiantes,
vociferaron que incendiarían la facultad. Auto y acompañantes rumbo a la
clínica fueron también atacados.
Consternación y
condenas no han faltado. Ello no obstante, algunos académicos culpan a
Carabineros, apostados afuera del recinto, por no interceder. Académicos que,
seguro, serían los primeros en repudiar cualquier atropello de la supuesta
“autonomía” territorial. Por su parte, grupos anarquistas en sus blogs han
tildado al profesor de colaboracionista porque habría tratado de impedir a los
“capuchas”, de ahí que “no se la sacara barata”; “quienes quieren actuar como
policías han de ser tratados como tales… ya sabemos qué hacer con esos
hombrecillos”, proclama el blog.
Encapuchados,
barricadas, vandalismo, quema de buses y enfrentamientos periódicos con
Carabineros no son ninguna novedad en Gómez Millas. Se ha asaltado depósitos de
libros para luego quemarlos. Autoridades han sido amenazadas de muerte.
Profesores que objetan estas prácticas han sido “funados” por redes sociales; a
otros se les insulta en la cara. Tengo entendido (o si no corríjanme) que
ningún alumno ha sido sumariado y expulsado por estos actos. Al contrario,
autoridades suelen negar la participación de universitarios, lo cual contradice
lo que otros académicos (ninguno reaccionario) afirman en privado. Y, bueno,
sí, están también las “animitas” y un ubicuo espantapájaros encapuchado (ángel
guardián) que recién mencionábamos.
Unos “memoriales”
cuyo sustento ideológico hemos de entender como ¿exógeno, extraacadémico?; o
más torcido el argumento, ¿puramente “académico”? ¿Nadie de “adentro” permite,
fomenta, celebra, este clima y sesgo ultrista? ¿Nadie alberga la esperanza y
convicción de que la Universidad de Chile puede, debe, convertirse, gracias a
esta coyuntura convulsionada en la que estamos, en una institución puramente
“popular”, y este campus en su vanguardia más de punta? La celebración del
“capucha” comprometido, hasta ayer, seguía donde mismo.
Chile en la cima de la
Región.
Las nuevas cifras de
ingreso per cápita difundidas por el Fondo Monetario Internacional sitúan a
Chile a la cabeza de América Latina. Este año, según la estimación, tenemos un
PIB per cápita de 18.354 dólares, superando a Argentina como la nación más rica
de la Región. Es motivo de sano orgullo y obra de más de tres décadas de
esfuerzos de ahorro, inversión, trabajo y productividad de todos los chilenos,
alentados por un modelo económico que ha probado su eficacia. A comienzos de la
década de 1980 nos superaban en PIB per cápita no sólo Argentina, sino también
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. A todos les hemos dado
alcance, y bien podemos ser la primera economía latinoamericana en cruzar el
umbral del desarrollo.
Aunque son
perfectamente válidas las comparaciones para un mismo año de los niveles de
producto per cápita de los diferentes países, conviene advertir que las cifras
del FMI dan una idea exagerada de la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo.
El problema es que ellas se presentan en dólares de cada año, sin corregir por
la inflación de esa moneda. Así, nuestro ingreso aparece casi duplicándose
desde el año 2000, cuando el incremento real en dicho período, esto es, medido
en moneda de poder adquisitivo constante, alcanza a poco menos de 50%, según
las cifras del Banco Central. Esto representa un aumento anual de 3,3%
-respetable, pero no sobresaliente.
El FMI también
publica sus proyecciones de la evolución comparada del PIB de los distintos
países durante los próximos cinco años. Pronostica que Chile superaría los 20
mil dólares per cápita en 2014 y alcanzaría a casi 24 mil en 2017. Parecería,
pues, que la promesa del Presidente Piñera de llevar a Chile a un ingreso
semejante al de Portugal de entonces -que era de alrededor de 22 mil dólares-
antes del fin de esta década estaría en vías de cumplirse. Pero, nuevamente, al
no corregir por inflación, parte del crecimiento previsto es mera ilusión
monetaria. En efecto, el incremento del ingreso real per cápita que el FMI
vaticina para Chile es de 3% al año, muy inferior al necesario para cumplir la
meta oficial.
Las cuentas alegres a
que puede llevar una lectura errada de las cifras del FMI no son inofensivas.
Con razón, a los dirigentes políticos, sociales y religiosos -que palpan día a
día las estrecheces que viven demasiados hogares chilenos- los alardes de
prosperidad les suenan chocantes. Desconociendo las limitaciones de las
estadísticas comentadas, imaginan que los recursos están a la mano y que sólo
falta la voluntad para distribuirlos mejor. Pero en el concierto internacional
Chile sigue siendo un país de la clase media, con altas aspiraciones y
expectativas, pero al que le faltan aún años de sacrificios y de esfuerzos para
alcanzar la cumbre.
Fracaso en investigación
del caso bombas e inseguridad ciudadana.
En fallo unánime, la
sexta sala de la Corte Suprema desestimó los recursos de nulidad presentados
por la Fiscalía Sur y el Ministerio del Interior, mediante los cuales se recurría
en contra del fallo del Tribunal oral que absolvió del delito de colocación de
bombas y financiamiento a un grupo de anarquistas que fueron imputados por el
organismo persecutor. De esta manera se puso fin al llamado caso bombas, que al
terminar sin culpables tras seis años de investigación constituye un
inexcusable fracaso que involucra a la Fiscalía, por tener ésta la
responsabilidad de dirigir la investigación, las respectivas policías y el
Ministerio del Interior, encargado de velar por la seguridad ciudadana y parte
en el caso. También corresponderá evaluar el criterio con que los Tribunales
ponderan las pruebas y el rol que le corresponde desempeñar en el combate al
delito.
La gravedad de lo
ocurrido obliga a revisar este caso en sus distintas dimensiones y es
indispensable que se busque corregir cuanto antes las deficiencias que han
llevado a este fracaso, pues la seguridad de la ciudadanía es la que está en
riesgo. No puede olvidarse que desde 2006 a la fecha se han registrado más de
140 atentados con explosivos en la Región Metropolitana, que han afectado a
distintas entidades, entre las que se cuentan sucursales bancarias, medios de
comunicación y embajadas. Sin que estos hechos sean debidamente investigados y
sancionados se encierra el riesgo de que se extiendan con total impunidad,
generando no sólo un evidente cuadro de desprotección a la ciudadanía, sino
también dañando la imagen internacional del país. El Departamento de Estado de
EEUU advirtió recientemente acerca de lo que podrían ser indicios de cierto
“terrorismo doméstico” en el país, antecedente que no debería ser ignorado.
El hecho de que la
Corte Suprema haya señalado que las pruebas presentadas por la Fiscalía a lo
largo del proceso judicial resultaron “insuficientes” para formar la convicción
de condena, sugiere que el órgano persecutor enfrenta problemas para cumplir
adecuadamente con su tarea de dirigir la investigación. Fue motivo de gran
revuelo cuando en octubre del año pasado el tribunal de garantía excluyó más de
4.000 pruebas presentadas por la fiscalía en este caso, decisión que luego fue
confirmada por tribunales superiores.
Es imprescindible que
la entidad revise sus métodos en la recopilación de pruebas, pues de ello
depende en gran medida que un juicio llegue a buen término. Allí también cabe
analizar si fue acertada la decisión del fiscal nacional de cambiar el Fiscal a
cargo del caso, a mediados de 2010, determinación en parte motivada por
reclamos desde el Ministerio del Interior por la falta de resultados concretos
a la fecha. Cabe en ello un especial cuidado para no acelerar artificialmente
una investigación ni ceder a protagonismos personales o urgencias dictadas por
criterios ajenos a lo judicial. Se trata, entonces, de un episodio
aleccionador, que debe ser tomado en cuenta respecto de otros casos que se
tramitan en los tribunales y que también están relacionados con atentados
explosivos.
Es importante que quienes han sido autores del
conjunto de errores que se acumularon para que se produjera finalmente este
desenlace asuman su cuota de responsabilidad de manera efectiva tras haber
defraudado fuertemente a la ciudadanía.
Un duro como posible
sucesor de Chávez.
Con seis años más de
Gobierno asegurados, Hugo Chávez quiso reforzar la continuidad de su modelo político-económico
al designar al Canciller Nicolás Maduro como nuevo Vicepresidente de Venezuela.
Así, pone en la primera línea de sucesión a un hombre probadamente leal a su
persona y al "socialismo bolivariano" en caso de que su enfermedad lo
obligue a alejarse temporal o definitivamente del poder.
En la semana que
siguió a su triunfo electoral, Chávez envió dos mensajes relevantes y
contradictorios. El primero reconoce el peso político de la oposición -que
obtuvo el 44% de los votos- y afirma que mantendrá una línea de diálogo con sus
dirigentes. El segundo anuncia que profundizará los cambios para hacer que el
socialismo sea irreversible en Venezuela. Las conversaciones con los opositores
debieran ser, precisamente, sobre las diferentes maneras de enfrentar el futuro,
las reformas y la economía, pero si el Gobierno es inflexible en su proyecto,
difícilmente el diálogo será fructífero.
Maduro parece la
persona adecuada para que el Presidente venezolano le encargue ambas tareas. El
ex Canciller tiene fama de pragmático, buen negociador y con habilidades
políticas, al mismo tiempo que es un izquierdista duro, formado en el
sindicalismo de base, que apoyó a Chávez desde antes del fallido golpe de 1992.
Maduro no pasó por la universidad, pero su experiencia política puede suplir la
instrucción formal. Fue miembro de la Asamblea Constituyente como representante
gremial, luego resultó elegido Diputado y Presidió la Asamblea Nacional, antes
de ser nombrado Canciller en 2006. Durante toda esa trayectoria, su lealtad y
cercanía con Chávez han sido incuestionables, y una prueba de ello es que fue
uno de los pocos que lo visitaron en su convalecencia en Cuba. Con Maduro, los
Castro tendrían asegurada la alianza entre ambos Gobiernos, que permite al
régimen comunista de la isla contar con petróleo y divisas para sobrevivir.
Como Canciller,
Maduro -afable y simpático en privado, ceñudo y de hablar duro en público- se
ha destacado por sus impetuosos discursos "antiimperialistas" en
línea con Chávez, y por una política que busca crear referentes para enfrentar
a EE.UU. en los foros internacionales. De ahí su entusiasmo por consolidar el
Alba y construir la estructura de la Unasur y luego de la CELAC. Se dice que,
buscando la independencia económica de EE.UU., su principal comprador de
petróleo, es el artífice del acercamiento a Irán, Rusia y China -un posible
mercado sustituto.
Con Chávez agotado
tras la campaña, será Maduro -con otro estilo pero con las mismas ideas- quien
lidere los comicios para Gobernadores en diciembre y Municipales en abril, una
especie de ensayo general para su eventual debut como candidato Presidencial si
la salud obliga al Mandatario a dar un paso al costado.
Inquietante curso de la
crisis siria.
No hay ninguna
evidencia de que el hombre fuerte de Siria, Bashar al Assad, tenga intención de
cesar la ofensiva, como se lo ha pedido la ONU, contra los grupos armados a los
que pretende derrotar usando todo su poder militar, sin medir las consecuencias
de la violencia sobre los civiles ni la devastación de las ciudades y del
patrimonio cultural. Se estima que el daño causado requerirá de una inversión
de hasta cien mil millones de dólares para reconstruir la infraestructura del
país.
En el Medio Oriente,
polvorín de varias guerras del siglo XX y del actual, están dadas las
condiciones para que la lucha interna traspase fronteras y obligue a
involucrarse a otros actores. Hace unos días, la tensión creció después de que
proyectiles sirios impactaron en territorio turco con resultado de muerte de
civiles. La OTAN, de la que Turquía es miembro pleno, le entregó apoyo y
solidaridad, pero no una promesa de participar en su defensa. Para eso, Ankara
tendría que pedir la aplicación del artículo 5° de defensa colectiva de la
Carta Atlántica, que dispone que el ataque a un miembro se considera una
agresión a todos. Es probable que ese paso no se dé, al menos, en las actuales
condiciones.
Por ahora, ni a la
OTAN ni a EE.UU. en solitario parece interesarles entrar en otro operativo al
estilo libio. Menos en un país cuyo futuro post Assad es tan incierto.
Washington está reacio a involucrarse en conflictos de la zona, aun cuando se
ha sabido de la presencia de militares suyos en Jordania, supuestamente para
ayudar a sus colegas a lidiar con los refugiados y prevenir cualquier incidente
con los arsenales químicos de Siria.
El miércoles pasado,
Turquía demandó su derecho a responder al fuego de su vecino y, además, envió
una señal potente de hacer valer su poder, al interceptar y obligar a aterrizar
a un avión comercial sirio que supuestamente llevaba armamento desde Rusia,
principal proveedor de armas a Damasco. En todo caso, el Gobierno turco no
parece dispuesto a participar con tropas en terreno y, por ahora, posiblemente
seguirá ejerciendo presión en los foros internacionales, mantendrá su presencia
militar en la frontera y ayudará a los refugiados y a los rebeldes.
La crisis siria, que ya
cumplió 19 meses, tiene un fuerte impacto en la economía mundial a través de
los precios del petróleo. Con el aumento de la tensión entre Damasco y Ankara,
y el temor de que el conflicto se expandiera por la región, los valores a
noviembre saltaron la semana pasada, lo que en el corto plazo se sentirá
también en la economía chilena. Asimismo, un gran número de chilenos de
ascendencia siria observa con gran preocupación y dolor el desarrollo de la
lucha interna, que ha dejado unos 32 mil muertos, miles de heridos y al menos
350 mil refugiados, la mayoría de los cuales han huido a Turquía, Líbano y
Jordania.
