Los sobreprecios de las
izquierdas,
por Gonzalo Rojas
Sánchez.
A nadie le gusta que
se paguen sobreprecios. Y mucho menos que sea con el dinero propio. Da lo mismo
que suceda en un Gobierno de la Alianza o que haya pasado muchas veces antes en
los de la izquierda concertacionista (¿cómo olvidar el caso de las aulas
tecnológicas vinculado a Ricardo Lagos?).
La sensación que el
ciudadano y contribuyente experimenta en esos casos es de profunda frustración:
sus dineros, teóricamente destinados al bien común, han sido malgastados,
quizás fraudulentamente.
Es curioso, eso sí,
que no se sienta la misma preocupación por el voto, que habitualmente se marca
en las papeletas sin drama, como si nada. Y no debiera ser así, porque si bien
la rayita indicada junto al nombre del candidato no afecta directamente al
propio bolsillo, los chilenos podríamos tener muy claro, a estas alturas de
nuestro ejercicio democrático, que votar por ciertos postulantes es simplemente
botar la plata, botar los bienes, pagar carísimo.
Pero, ¿se atreverá
algún candidato aliancista a la Presidencia a cuantificar el despilfarro que
podría significar un nuevo Gobierno de la Concertación, o de las otras
izquierdas, sean las que sean?
Si se animara,
ciertamente tendría que hacerse cargo de dimensionar los sobreprecios que los
chilenos pagaríamos en ese caso. Y tendría que descubrir tanto los costos
visibles como los intangibles.
De estos últimos,
habría que referirse al sobreprecio inconmensurable que una nueva Presidencia
concertacionista pagaría, por cierto, al Partido Comunista.
Con tal de sumar su
pequeño caudal de votos, no cabe duda de que en secreto la candidata aquella comprometería
algún Ministerio (¿Bienes Nacionales, Energía?) y un par de Subsecretarías. El
costo de esos votos significaría, por lo tanto, una enorme pérdida patrimonial
para todos los chilenos, porque un PC de vuelta a las tareas dentro de un Gobierno
democrático sería la institucionalización de la hipocresía, o sea, el acta de
defunción de la democracia en el país. Mayor sobreprecio, imposible.
Intangible sería
también el costo que la sociedad chilena pagaría si la Concertación volviese a
conducir las políticas sociales. Si la actuación del presente Gobierno ha sido
errática en estos temas, la antigua Presidente o el joven alternativo se
apoyarían con soltura, en 2014, en todos los despropósitos aliancistas en
materias de educación, salud, familia y costumbres, para concretar medidas que
terminarían por destrozar la libertad de enseñanza, la protección de la vida,
la unidad familiar y la sanidad ambiental. Siempre se nos dice que no va a ser
así, pero casi siempre todo resulta incluso peor que lo profetizado.
Otros costos podrían
medirse mejor en números, porque no cabe duda de que, a pesar de todos sus
fracasos, la izquierda insistiría en un gigantesco Estado de Bienestar, de esos
que han generado profundos malestares en tres cuartas partes de Europa. Para
estos efectos, la dramática experiencia española, tantas veces utilizada
ejemplarmente por la Concertación, no existiría.
En ciertos aspectos,
el desafío que vivió Chile fue distinto hace 40 años, porque más que los
números, importaban las ideas. Hoy, quizás unas cifras bien analizadas permitan
comprender la importancia de las ideas y nos recuerden que todo progreso
verdadero tiene unos legítimos rangos de costos y de precios.
Pero esas mismas
cifras sociales y económicas podrían hacernos comprender que el
"progresismo" -ideología y praxis de las izquierdas- exige siempre
unos sobreprecios inaceptables para todos los bolsillos. No solamente es muy
caro: es la bancarrota, en todo sentido.
Los silencios de
Bachelet
por Patricio Dussaillant.
Mutis, vino y se fue.
Menos mal que la madre de la candidata había explicado su silencio, diciendo
que “por norma de las organizaciones internacionales ella no puede referirse a
la política contingente del país de origen”.
Curioso silencio
contractual, que algún resquicio debe tener, ya que le permite expresarse por
escrito, por lo que, rápidamente, su epistolario ha ido creciendo. Y también le
permite el lenguaje no verbal en la campaña Municipal, apoyando candidatos a
través de sus fotos y con la participación, en diversas proclamaciones, de sus
únicas representantes calificadas.
Algunos creemos que
“el silencio no es rentable”, salvo contadísimas excepciones. Cuando no se
habla, alguien lo hace por uno. Esto no siempre será de nuestro agrado;
complica construir la imagen deseada y permite que otros fijen los temas,
definan el encuadre del debate, sus ángulos y la interpretación de los hechos.
Pero el problema del
silencio -además del peligro que otros hablen por uno-, radica también en que
hablan los hechos; las anécdotas y los errores. Inevitablemente, la historia
reciente tiene cosas que decir.
Tarde o temprano (le
convendría más temprano) hablarán las protestas de los pingüinos con 800 mil
estudiantes en paro y más de 100 colegios tomados; su “cartillazo” a los Ministros
exigiéndoles “un Gobierno que se anticipe a los problemas, no que reaccione
ante ellos”; las casas “Chubi”; las viviendas sin reconstruir del terremoto en
Tocopilla; el escándalo en el Registro Civil; los falsos enfermos del Hospital
de Curepto; el Cenabast; los falsos exonerados que recibían beneficios del
Estado.
Y la lista puede
continuar, con la destitución de la Ministro de Educación por desorden administrativo;
la renuncia de la Subsecretaria de las “frambuesas” y también de la Ministro de
Salud por los casos de sida no notificados; las irregularidades en EFE; los
honorarios pagados por Gendarmería, a ex Ministros, por supuestas asesorías; el
Transantiago y, para terminar, con la falta de reacción en el terremoto y
tsunami del 27/F.
Algo se dirá sobre la
corrupción en Chiledeportes con su arista de facturas falsas (Publicam) y su
directora removida por presentar un currículum falso, su reemplazante
renunciando 36 horas después por estar vinculada al caso Spiniak y el
siguiente, por no haber acreditado su enseñanza básica. Incluso lo anecdótico
que, en plena discusión del Presupuesto 2010 en el Congreso, el Ministro de
Hacienda fuera sorprendido trabajando en minutas de
campaña del candidato
Frei. Hasta The
Economist -ahora tan citado por algunos-, cuestionó el rumbo de Chile y
resaltaba los casos de corrupción.
Si la Concertación ha
logrado opacar los resultados del Gobierno destacando y sobredimensionando
hechos, anécdotas y errores, con mayor razón el vacío generado por el
prolongado silencio se tendrá que llenar con la historia mencionada, más aún
cuando se trata de problemas sin solucionar; casos de corrupción o graves
irregularidades. Será lo natural, sin ánimo de iniciar una competencia
comunicacional.
Por último, es un
grave error pretender que sean la “calle” o los “movimientos sociales” quienes
hablen por uno y, sobre todo, fijen su agenda programática. Esa actitud sólo
contribuye a acrecentar las dudas acerca de la capacidad actual de Gobernar y
liderar su “coalición”.
La falacia científica
por Daniel
Mansuy.
Mientras más avanza
el conocimiento, dice Rousseau, menos sabemos quién es el hombre. Con esta
paradoja, el filósofo alude al problema siguiente: mal utilizada, la ciencia
puede estorbar más que facilitar el conocimiento de lo humano.
La frase se me viene
a la mente luego de pasar días escuchando a los activistas de la causa
homosexual buscando cerrar toda discusión, e incluso impedir la exposición de
puntos de vista distintos, con la ayuda de estudios científicos y estadísticas
varias.
La ciencia habló,
afirman, y no hay nada más que discutir sobre el asunto (olvidando de paso que
lo propio de toda teoría científica es justamente su carácter refutable). Con
todo, la argumentación es persuasiva, pues el prestigio del que goza la ciencia
en las sociedades modernas sólo es comparable al que pudo haber tenido la
religión en épocas anteriores. Y de hecho es difícil no confiar en este nuevo
oráculo, que dice buscar la verdad sin dogmatismos. Pero, ¿cumple la ciencia en
su acepción actual todas sus promesas? ¿Nos permite acceder a la verdad con
asepsia y veracidad? Nada es menos seguro y, justamente, por aquí iban los
temores de Rousseau. Cuando la actitud científica pretende erigirse en vía exclusiva
para conocer, excluyendo otras consideraciones, puede terminar siendo tan
dogmática como sus predecesoras. Esto, por una razón muy simple: no existe algo
así como la neutralidad científica, en parte porque los científicos no son
ángeles, y en parte porque la ciencia no es autoexplicativa. En rigor, la
ciencia no es capaz de responder las preguntas que más nos importan, porque
están fuera de su horizonte. La ciencia siempre parte de supuestos teóricos que
no pueden demostrarse siguiendo el método científico, y por eso Nietzsche podía
decir que detrás de toda ciencia hay un acto de fe. Es imposible, por ejemplo,
determinar científicamente si acaso la homosexualidad es o no una enfermedad,
porque ni siquiera la definición de enfermedad es meramente científica. Esto no
convierte la cuestión en pura arbitrariedad, pero nos abre necesariamente a
interrogaciones filosóficas que no podemos eludir. Hay muy buenas razones para
pensar que la homosexualidad no es una enfermedad, pero ninguna de ellas es
estrictamente “científica”. La manera correcta de argumentarlo no es blandiendo
estudios y papers, sino asumiendo con honestidad que dicha posición implica
supuestos filosóficos que no son neutros. Escudarse en la supuesta neutralidad
de la ciencia equivale a discutir con muletas, sin querer hacerse cargo de las
nociones sustantivas que se defienden. En castellano eso se llama contrabando
y, al menos en lo tocante a la deliberación pública, es más aconsejable
discutir a cara descubierta.
No se trata de
descartar a priori la contribución de la ciencia a la discusión pública, pero
sí de conocer sus límites. Cada vez que Pablo Simonetti nos explica que no
debemos discutir tal o cual problema porque una asociación de científicos ya
votó sobre él hace décadas, no sólo se erige en juez acerca de qué podemos
debatir, sino que también invoca un tipo de argumento -el de autoridad- del que
decía querer liberarnos. La causa homosexual se merece argumentos un poco menos
falaces y discusiones un poco más honestas.
Un desafío difícil y
necesario.
La visita del
Presidente Piñera a la zona de Ercilla, que en el último tiempo ha sido la más
conflictiva de la Araucanía, muestra en toda su crudeza las dificultades que
encierra la solución integral de los problemas que afectan a la Región y en
especial la concreción de un nuevo trato con las comunidades indígenas que
efectivamente contemple sus aspiraciones legítimas y sea compatible con el
Estado de Derecho y la unidad nacional.
De partida, la
coincidencia del objetivo primordial de ese viaje —el inicio formal del Area de
Desarrollo Indígena (ADI) de Ercilla— con la polémica en torno a la “reforma a
la reforma” del procedimiento penal, acentuada por las propias palabras del
Mandatario, centró el interés mediático en este segundo tema, opacando una
actividad sustancial para el futuro regional y para todo el país. Al mismo
tiempo, las protestas violentas de los grupos minoritarios que intentan impedir
el diálogo institucional, con los habituales lesionados y detenidos, tienden a
presentar como imposible cualquier entendimiento. Y en cuanto al trabajo mismo
que ahora se inicia, el texto leído en la propia ceremonia por un dirigente
mapuche de izquierda y suscrito por otros integrantes de la ADI, con críticas a
la oportunidad del acto, muestra que la tarea que comienza no será nada fácil.
Sin embargo, la mera
circunstancia de que, en el epicentro de los más graves episodios de violencia
del último año, 37 del total de 42 comunidades hayan adherido a la iniciativa
del Gobierno y que las pocas que se han marginado sean precisamente aquellas
donde residen o se refugian los sospechosos de hechos delictivos como el
reciente incendio de la casa del lonco que Preside la nueva iniciativa reafirma
la voluntad pacífica de la mayoría. Que exista debate interno entre los
involucrados es natural y además indispensable para contrastar las aspiraciones
con las respuestas oficiales y lograr el objetivo de aterrizar ambas visiones
en fórmulas eficaces y viables. Lo que sí se requiere es una disposición común
a llegar a acuerdos, y eso sólo se probará en la práctica de ahora en adelante.
Es probable que
algunas demandas apunten a cambios institucionales de aplicación general que
requieran discusión legislativa, pero habrá otras más específicas. Para el
próximo presupuesto nacional, junto a proyectos de infraestructura de interés
común y también local, ya se contemplan recursos para esa zona en materia de
educación, como 1.700 cupos en prekínder y kínder, y aportes a liceos
politécnico e industrial, y en salud a tres hospitales y el diseño de tres más
nuevos. De esa manera deberían ir acercándose las necesidades materiales tal
como los mapuches las aprecian, así como la consideración de sus valores
culturales (lo que implica el respeto a sus propias concepciones respecto del
desarrollo y bienestar), con las políticas gubernamentales.
Pero el realismo de
las soluciones no sería tal si no se encuadrara en principios como los que con
toda claridad planteó ayer el Presidente al comprometerse a derrotar la violencia
“con las armas de la ley”, desechar la presión de las huelgas de hambre para
evitar el cumplimiento de los fallos Judiciales, colaborar activamente en los
planes de desarrollo ya en marcha y tomar en cuenta, como ocurrió en reuniones
sucesivas, a los distintos sectores de la vida regional. La tarea supone
equilibrar factores muy diversos y supera los límites de esta administración,
pero debe comenzar a concretarse y es un indudable gesto de valentía el haberse
involucrado así en ello en forma personal, como él lo está haciendo, pese a los
costos que eso le pueda significar.
Reformar la gestión más
que la normativa.
Es menos costoso y
más rápido promulgar normas eficientes para que sean administradas por
instituciones ineficientes, que crear instituciones eficientes. Esto último
requiere gran cantidad de trabajo especializado y cuantiosos recursos, mientras
que lo primero tiene un costo fijo muy bajo y costos marginales
insignificantes. Por eso, muchos países pobres cuentan con una normativa de
altísimo nivel, que les permite al menos abrigar la esperanza de que alguna vez
se aplicará en la realidad. Cabe temer que la discusión en torno a la
"reforma de la reforma" procesal penal tenga algo de eso, pues
mientras el Gobierno y la clase política insisten en una reforma legal, los
conocedores del sistema en la práctica advierten incansablemente que los
principales problemas no se refieren a las leyes, sino a la gestión y
funcionamiento de las instituciones encargadas de aplicarlas, varias de las
cuales dependen directamente del Ejecutivo, tanto en su dirección como en su
presupuesto.
Al parecer, estaría
ocurriendo que algunos actores del sistema -en especial los Jueces, porque les
corresponde hacerlo- han comenzado a exigir estándares de trabajo más acordes
con la letra y los principios inspiradores de la regulación legal. Esto implica
dejar atrás una serie de distorsiones que "ahorran" esfuerzos a costa
del equilibrio del sistema. Suelen citarse, como algunos ejemplos entre muchos,
la admisión de gran cantidad de prueba de contexto, que sólo sirve para
comprobar una "mala actitud" general del acusado; la imposición de
medidas cautelares relativamente invasivas, como el arraigo, sin antecedentes
que puedan considerarse como "presunciones fundadas" de
participación; la casi nula importancia que se daba en el juicio al hecho de
que la Fiscalía no hubiera explorado seriamente otras líneas alternativas y
plausibles de investigación; la aceptación de peritajes oficiales realizados
sin suficientes garantías de transparencia; la escasa prolijidad de las cadenas
de custodia de la evidencia para evitar su manipulación; la tolerancia de Jueces
y defensores frente a correcciones supuestamente "formales" de las
acusaciones, que, de no aceptarse, llevarían al sobreseimiento de la causa; la
suspensión sin fundamento legal de audiencias programadas con mucha
anticipación, porque uno de los intervinientes no se había interiorizado de los
antecedentes; la aceptación por Jueces y defensores de casi cualquier condición
para una suspensión condicional del procedimiento, lo que permite formalizar o
prolongar investigaciones, aunque se sabe que no llegarán a juicio.
Por otra parte, la
principal garantía para las víctimas consiste, con mucho, en que las policías,
dirigidas por la Fiscalía, realicen una investigación adecuada. La realidad
muestra, sin embargo, que en Chile se investiga muy poco. La inmensa mayoría de
los casos que pasan por el sistema procesal penal corresponden a delitos
flagrantes, es decir, a hechos que se acababan de cometer cuando se produjo la
detención y en los que ya existían indicios claros que apuntaban al detenido.
Los demás delitos, salvo excepciones, no llegan a la justicia, pues no se
investigan, o se investigan de un modo tan deficiente que resulta imposible
presentar una acusación en forma responsable. Lo mismo vale para servicios
auxiliares como el Servicio Médico Legal, donde la calidad de los informes
forenses depende por completo de la persona a la que le toca evacuarlos, y
donde puede ocurrir que a los instantáneamente fallecidos en un triple
homicidio se les consignen fechas de defunción diferentes.
Son estos aspectos
los que hay que corregir, y para eso no hay que reformar las leyes de
procedimiento, sino reforzar el trabajo de las instituciones. La reforma
procesal penal fue resultado de un esfuerzo intenso que se extendió al menos
por siete años, lapso en el cual participaron activamente especialistas que en
su mayoría gozaban de independencia respecto del sistema entonces vigente.
Estos grupos interdisciplinarios consultaron a su vez a los mejores expertos
disponibles no sólo en materias legales, sino también relativas a las complejas
interrogantes sobre la gestión del nuevo sistema y el diseño de su
institucionalidad. Esta última es la que ahora debe funcionar. Al Gobierno y al
sistema político sólo les corresponde colaborar y facilitar los medios técnicos,
económicos y de gestión para que puedan hacer cada vez mejor su trabajo. Ya se
ha invertido mucho en la eficiencia de las instituciones como para conformarse
con las solas reglas.
Los nuevos Nobel: la
economía extendiendo fronteras.
La máxima distinción
en economía recayó este año en los profesores Alvin Roth (U. de Harvard) y
Lloyd Shapley (U. de California, Los Angeles). Como lo expresó la Real Academia
de Ciencias sueca, sus investigaciones han determinado avances significativos
en áreas centrales de esta disciplina: la teoría de asignación estable y el
diseño práctico de las instituciones de mercado. En términos simples, la
investigación de estos dos estadounidenses ha permitido comprender mejor cómo
la teoría económica puede utilizarse en contextos en que la asignación de
bienes y servicios no es realizable vía precios, ya sea por fallas de mercado,
problemas legales o éticos.
Intuitivamente, sus
investigaciones han dado claves para entender cómo los individuos se asocian
con otros individuos o instituciones cuando existen los incentivos para ser
estratégicos. Un clásico ejemplo es el del proceso de admisión de estudiantes a
universidades: padres y estudiantes tienen preferencias por una determinada
institución y, al mismo tiempo, esa institución puede tener preferencias por
determinados estudiantes. Los trabajos teóricos de Shapley y los empíricos de
Roth permitieron confirmar que incluso en un contexto tan complejo como este,
el diseño de un sistema de admisión en el que secuencialmente se consideraran
las preferencias de ambas partes podría arrojar una asignación estable y
eficiente. Es interesante notar que esto tiene implicancias importantes para el
sistema de acceso a la universidad utilizado en nuestro país.
Otros ejemplos de
esta lógica incluyen la entrega de órganos a pacientes que necesitan
trasplantes, la matrícula de estudiantes en colegios públicos, el proceso de decisión
en el momento de buscar pareja y cómo opera el mercado laboral durante los
procesos de selección de personal.
Un factor
particularmente importante en el caso de las investigaciones de los premiados
este año es su impacto en el diseño de instituciones. Los trabajos de Shapley y
Roth no sólo han extendido las fronteras de las ciencias económicas, sino que
también han sido inspiración para cambios significativos en las instituciones.
Ejemplos de esto son los procesos de admisión empleados hoy por los colegios
públicos de Boston y Nueva York, y el de selección de los recién graduados de
medicina por los hospitales estadounidenses.
Como lo destacó Per
Krusell, Presidente del comité que discernió el premio, el reconocimiento a los
trabajos de Shapley y Roth es el mejor ejemplo de que las ciencias económicas
van mucho más allá de los conceptos monetarios: pueden operar incluso cuando no
es dable utilizar los precios. Con este premio, la Academia Sueca reconoce la
importancia de combinar la teoría económica con el análisis empírico en ámbitos
mucho más amplios que los habitualmente considerados.
Nueva institucionalidad
para medición de la pobreza.
Tras la intensa polémica
que se generó en torno a la última medición de pobreza que reportó la última encuesta
Casen -según la cual la pobreza bajó desde 15,1% en 2009, a 14,4% en 2011-, la
Cepal anunció la decisión de no continuar colaborando con el cálculo de la
pobreza, como lo venía haciendo en los últimos 25 años, decisión que fundamentó
en la “madurez institucional” que ha alcanzado Chile. Esta decisión, que no
cabe cuestionar y debe ser asumida como una expresión de su autonomía, ha
permitido reactivar la iniciativa que busca dotar al Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) de plena autonomía, de modo que sea este organismo el que
tenga a su cargo el cálculo de la pobreza, además de continuar con el valioso
trabajo estadístico que ya realiza en la determinación de otras variables
relevantes para la economía.
La inconveniente
discusión en torno a los resultados de la Casen provocó un innegable daño en la
credibilidad de un instrumento que ha sido fundamental para la política social
y que se viene aplicando desde 1987. El que por motivaciones electorales se
haya puesto en duda la veracidad de los resultados -sumado a errores comunicacionales
del Gobierno en la forma como dio a conocer dichos resultados- debe motivar a
la urgente búsqueda de una institucionalidad que quede ajena a este tipo de
contiendas políticas. Dotar de autonomía al INE -tal como ocurre con el Banco
Central y con otras entidades muy relevantes para el país- parece ser una
solución eficiente al problema y no se ve razón alguna para que el país no
avance en esa dirección. El Gobierno anunció que con anterioridad a este
episodio venía trabajando en un proyecto de ley que le entrega autonomía al
Instituto. El detalle de la iniciativa aún no se conoce, pero los primeros
lineamientos parecen sugerir que habrá un Consejo Nacional de Estadísticas, del
cual dependerá un Director. Más allá del detalle técnico, es valorable que con
una iniciativa legal concreta se pueda comenzar una discusión seria y fundada
sobre el tema.
Es importante que
esta nueva institucionalidad sea tramitada con la prioridad que demanda, pero a
la vez con el necesario cuidado que un cambio de esta envergadura requerirá. Es
una decisión del gobierno que, a partir de 2013, la Casen sea realizada anualmente y no cada
dos años, como ocurría hasta ahora. Contar con estadísticas actualizadas, que
permitan medir año a año el impacto de las diversas políticas sociales, es un
paso valioso y cabe persistir en su concreción. Ello, sin embargo, demandará un
importante esfuerzo técnico y de recursos económicos, y en ese sentido, es
trascendental que dicha institucionalidad cuente con el presupuesto y las
capacidades requeridos, ya que resultaría lamentable que nuevamente el proceso
de medición y sus resultados sean puestos en entredicho, especialmente
considerando que el tema de la pobreza ya se advierte que será un hito en las
futuras contiendas electorales.
La discusión en torno
a los resultados de la Casen ha impedido apreciar el enorme progreso que el
país ha experimentado en los últimos años en materia social. Es evidente que
con las altas tasas de crecimiento que se han registrado y el bajo nivel de
desempleo, vastos segmentos de la población han mejorado su bienestar. Uno de
los riesgos de cuestionar, por motivaciones políticas, las mediciones de
pobreza, radica en que se interprete equivocadamente que las políticas que se
han seguido son ineficaces, lo que no se ajustaría a la realidad.
Señor Director:
Fidel Castro.
En su crónica sobre
los recuerdos de un general cubano que formaba parte del entorno militar más
íntimo de Fidel Castro, él relata momentos decisivos de la crisis de los
misiles. Testimonia que Fidel Castro y su hermano solicitaron formalmente a la
Unión Soviética que iniciara una ofensiva nuclear contra los Estados Unidos.
Plenamente conscientes, por cierto, que ello suponía la muerte de todos los
cubanos y la de otros millones de seres humanos.
No pude dejar de
recordarme de una situación análoga consignada en las actas del Document Center
en Berlín, investigando acerca de las relaciones entre científicos alemanes y
el régimen nacionalsocialista. Al ser informado de la destitución de Albert
Einstein como profesor titular de la Universidad de Berlín, incluso de la
privación de sus derechos ciudadanos por ser judío, el profesor Max Planck
acudió de inmediato a Hitler a fin de darle a conocer su opinión: "Mi
Führer, dado que los descubrimientos del profesor Einstein y sus asistentes
conllevan incluso la eventual fabricación de armas nucleares, debo advertirle
que ellas podrían quedar en manos extrañas. Estaríamos con esto ante el peligro
de una destrucción total y un retorno a la Edad de Piedra." Luego de
varias tentativas inútiles de Max Planck para hacerle cambiar de opinión, la
respuesta de Hitler fue terminante: "El asunto es de mi responsabilidad y
prefiero una Edad de Piedra alemana sin judíos que seguir conviviendo con
ellos".
Esta monstruosidad
sin límites es lo que está, en último término, detrás de ambas perversiones de
lo humano. Y de la actitud de quienes, de diferentes maneras, los protegen
-solidariamente- en el silencio cómplice.
PROF. DR. VÍCTOR
FARÍAS, Universidad Andrés Bello.
Señor Director:
Negociaciones con las
FARC.
El domingo pasado, en
la aldea de Puerto Jordán, Colombia, un frente de las Farc lanzó una granada
contra un puente por donde circulaban civiles. Producto del ataque murieron un
niño de tres años y su padre, y otras 11 personas quedaron heridas de gravedad.
Dos de los heridos, un hombre y su esposa, quedaron ciegos. Los criminales que
atacaron a civiles indefensos incurrieron en delitos de lesa humanidad, como
son la utilización de medios ilícitos de guerra, actos de terrorismo y actos de
barbarie que infringen el Convenio de Ginebra.
Lamentablemente, como
resultado del proceso de negociación de paz con las Farc que celebra el Gobierno
colombiano, crímenes de lesa humanidad
como los de Puerto Jordán podrían quedar en total impunidad, pues existe una
normativa legal denominada Marco Jurídico para la Paz, que le permitiría al Congreso, si así lo
decide, exonerar de responsabilidad penal incluso a los altos Comandantes del
grupo terrorista que estén involucrados en la comisión de delitos atroces.
Al renunciar a la Justicia
como precio del acuerdo para lograr la anhelada paz en Colombia, se está
partiendo de falsos supuestos. Cualquier arreglo para ser exitoso tiene que asegurar
Justicia para los crímenes cometidos; no existe paz duradera ni justa si el trato
con las Farc presupone conceder inmunidad por delitos atroces. Tampoco es
lícito ignorar los derechos fundamentales de las víctimas, conforme al derecho
internacional.
Gloria Toro R.
Nota de la Redacción:
No nos encontramos en
nuestro lugar habitual de trabajo, con
una conexión inalámbrica que nos está funcionando con extrema lentitud, lo que
en esta edición nos ha impedido subir las foto-noticias que son corrientes en nuestra publicación.
Por los inconvenientes
que podamos provocarles a nuestros amigos y amigas, les solicitamos ser
excusados, en nuestras ediciones siguientes esperamos poder dar por superados
los problemas que nos impiden entregar un periódico que nos deje completamente
satisfechos.
