El Presidente Sebastián Piñera
ante declaraciones
de su par boliviano dijo
que ‘’Chile es un país
amante de la paz,
respetuoso del derecho
internacional y que cumple
sus compromisos’’.
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Empresas de TV de pago
harán apagón de
decodificadores ilegales,
se estima que en
Chile hay 200 mil cajas
con tarjetas intervenidas
para captar la señal de
más de 200 canales
de TV de pago.
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La desprolijidad política
que se demostró en
la licitación del litio
obligó a renunciar al
Subsecretario de
Minería, Pablo Wagner, por
la responsabilidad
política de la fracasada
adjudicación a SQM.
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Cruz Roja cifra en 148
los fallecidos por las
inundaciones en Nigeria,
la organización
precisó que unas 64 mil
personas se vieron
obligadas a desplazarse
a consecuencia de
los efectos por el
fenómeno climático.
septiembre por segundo mes
consecutivo,
las personas sin trabajo en la nación
europea
aumentaron un 1,72% en el noveno mes
del
año, superando los 4,7 millones.
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Juez levanta prohibición
de venta en EE.UU. a
la tableta Samsung Galaxy
Tab 10.1, el
dictamen sostiene que la
empresa coreana no
abusó de los diseños de
patentes que motivaron
la detención temporal de
sus importaciones.
Mitt Romney busca
revertir tendencia negativa en
encuestas en primer
debate, hoy se enfrentará a
Barack Obama, a solo cinco semanas de las
elecciones Presidenciales.
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BREVES INFORMATIVAS
NACIONALES
Piñera respondió a
declaraciones de Presidente Boliviano.
El Presidente Sebastián
Piñera, en el marco de su visita a Perú, donde se encuentra participando de la
III Cumbre América del Sur – Países Árabes, ASPA, se refirió a las
declaraciones de su par boliviano y al proceso de licitación del litio.
Respecto de las
palabras del Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ha cuestionado los
tratados vigentes con nuestro país, el Presidente Piñera afirmó que “Chile es un país amante de la paz,
respetuoso del derecho internacional y un país que cumple sus compromisos. En
consecuencia, como es natural, Chile va a cumplir el Tratado de 1904 con
Bolivia y va a hacer que ese tratado se cumpla también por parte de Bolivia.
Eso es la esencia de un tratado entre dos países”.
Piñera enfatizó que “Como
Presidente de Chile no solamente tengo la opción, tengo la obligación de
defender la soberanía, el territorio, el mar, los cielos chilenos y nuestra
soberanía. Complementariamente, Chile siempre va a seguir buscando los caminos
del diálogo con todos los países del mundo, y muy especialmente con los países
vecinos. Con Bolivia, vamos a seguir buscando los caminos del diálogo, para
encontrar soluciones concretas, útiles y factibles para ambos países. Esa es la
forma de avanzar, en forma firme y segura, y no pretendiendo ignorar o desconocer
tratados internacionales que están plenamente vigentes”.
Licitación del litio
Con respecto de la
anulación del proceso de licitación del litio, el Presidente Piñera aseguró que
“es un recurso que pertenece a todos los chilenos y, en consecuencia, no
debemos dejarlo bajo tierra, tenemos que aprovecharlo en beneficio de todos los
chilenos. Por eso, llamamos a una licitación internacional, en que el primer
invitado fue Codelco. Lamentablemente, se cometió un error en esa licitación, y
los Gobiernos cuando quieren actuar en forma honesta y transparente, reconocen
de inmediato los errores”.
“Por eso, la comisión
que tuvo a su cargo la licitación del litio declaró nula o dejó sin efecto la
adjudicación. Naturalmente, cuando se cometen errores, las personas tienen que
asumir sus responsabilidades, y a eso obedece la renuncia del Subsecretario de
Minería, Pablo Wagner”, finalizó el Mandatario.
Molestia nacional por
declaraciones de Evo Morales.
El Presidente de
Bolivia parece no cansarse de denostar a Chile, en Perú, a su llegada a Lima para participar en la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países Árabes
(ASPA), Evo Morales, el cocalero, afirmó que "el Gobierno de Chile no
solamente es una amenaza para Bolivia, sino también para Perú; Chile es un
peligro para la Región".
Ayer, el Gobierno
boliviano ratificó su decisión de acudir a una Corte Internacional para
solucionar su diferendo marítimo con Chile, el Vicecanciller del país
altiplánico, Juan Carlos Alurralde, en entrevista a una radio dijo que "Ya
que Chile es incapaz de sentarse a dialogar con Bolivia, seguramente tendremos
que sentarnos frente a una Corte Internacional".
Creemos que ya está
bueno de soportar los desplantes con que el Gobierno de Bolivia trata de tapar
problemas internos, en la actualidad la falta de apoyo del Presidente Morales,
la brutal polarización que ha provocado en la sociedad y los escasos resultados
económicos que puede exhibir el Estatismo implantado por el Gobierno, a costa
de desacreditar a Chile, que a lo largo de la historia lo único que ha hecho es
ayudar a un país que nació mediterráneo, como fue el Alto Perú, y al que las
desgracias le han sido provocadas por Administraciones incapaces y corrompidas.
Tanto en su
dependencia del Virreinato del Perú, como en su posterior subordinación al Virreinato
de La Plata, La Audiencia de Charcas, o el Alto Perú, hoy Bolivia, no tuvo
acceso al mar y si se instalaron, en 1821, por el abandono de Chile en los
territorios de Atacama, sin que le asistiera título alguno sobre la región y
litoral que hoy lloran y de la que fueron desalojados en la Guerra del
Pacífico, en la que junto a Perú trataron de dar un cuadrillazo a Chile.
Bolivia no ha sido
precisamente una nación pacífica, ha lo largo de su corta historia, recién declaró
su independencia el año 1825, ha tenido conflictos limítrofes y bélicos con
Brasil, Guerra del Acre, con Paraguay, Guerra del Chaco, con Chile, Guerra del
Pacífico y logró soluciones por vía Diplomática a las diferencias con Argentina
y Perú. Las constantes fricciones bolivianas le han costado a ese país la
pérdida de 1.265.188 kilómetros cuadrados, en los que se incluyen los 120 mil
que habría perdido con Chile.
Las desgracias de
Bolivia son el resultado inevitable de malas Administraciones Gubernamentales y
políticas, además de la secuela ineludible de un populismo desastroso que las
clases políticas han tratado de endosar a otros países que no tienen
responsabilidad alguna de las fatalidades de una nación llena de riquezas
naturales, pero administradas por la rapiña y la incapacidad de clases
dominantes mediocres o de grupos de audaces amorales que creen que pueden
usufructuar del resto del continente.
"Impresentable"
decisión de Juez: dejó libre a asesino de barrista de Colo Colo.
Indignación y
sorpresa ha causado en la opinión pública, Gobierno, especialistas en Derecho y
Parlamentarios, la decisión adoptada la noche del lunes por la Magistrado Natacha Ruz, del 13°
Juzgado de Garantía, de dejar libre y sin ninguna medida cautelar al barrista
de la Universidad de Chile que confesó el homicidio a tiros de un miembro de la
Garra Blanca.
Mientras que algunos
lo consideraron "lamentable" y "contraproducente" que un
asesino confeso quedara en libertad sin medida cautelar alguna, otros de los profesionales que comentaron la
determinación pusieron énfasis en los problemas que estaría presentando la Legislación
chilena. Se llegó a decir incluso que las penas por homicidio en nuestro país
"son las más bajas de todo Occidente".
El crimen ocurrió la
noche del domingo en Macul, cuando Claudio Lincaqueo San Martín iba a bordo de
una camioneta con amigos y fue interceptado por un vehículo en Américo Vespucio,
desde el cual dispararon en reiteradas oportunidades. El hombre murió y otro
quedó herido. A través de imágenes de cámaras de vigilancia se determinó que el
autor sería Pablo Ávila Méndez, miembro de "Los de Abajo", que
confesó el ataque asegurando que todo se debía a rencillas anteriores entre
barras.
Las resoluciones
extrañas, con algunos visos de anomalías “curiosas” de los Tribunales de Justicia deben alertar a
la ciudadanía, a la clase política y a los Tribunales Superiores sobre lo que
está pasando, pues, además de dejar en la gente una sensación, desagradable por
cierto, de indefensión, está, según nuestra visión, incentivando a la
delincuencia por la vía de una absoluta impunidad al demostrarles que el costo
de traspasar el umbral de la legalidad tiene para los infractores un costo excesivamente
bajo.
LO ÚLTIMO EN
NOTICIAS INTERNACIONALES
EE.UU. inicia programa
de deportaciones de mexicanos.
El Gobierno de EE.UU.
comenzó a enviar por aire a deportados de México, en un experimento de dos
meses, con el objetivo de aliviar las ciudades mexicanas fronterizas abrumadas
con personas a las que se les ordenó salir de EE.UU.
Serán dos vuelos
semanales desde El Paso, Texas, a Ciudad de México. El programa se extenderá
hasta el 29 de noviembre, momento en el cual ambos gobiernos evaluarán los
resultados y decidirán si desean continuar.
El primer vuelo salió
el martes con 131 mexicanos a bordo. Los vuelos no son de carácter voluntario e
incluirá pasajeros con antecedentes criminales en EE.UU. y otros que no los
tienen.
El Gobierno de EE.UU.
pagará los vuelos, y el Gobierno mexicano pagará para llevar a los deportados
de Ciudad de México a sus lugares de origen, señaló la oficina de Control de
Inmigración y Aduanas de EE.UU. de Inmigración y Aduanas en un comunicado.
Científicos británicos
diseñan mecanismos para eliminar chatarra especial.
Científicos del Reino
Unido han estado experimentando con métodos para lidiar con el creciente
problema de la chatarra espacial -la cantidad cada vez mayor de desechos
artificiales que orbitan la Tierra.
Hay temores de que
miles de cohetes viejos y sondas inservibles podrían chocar con los satélites
activos de navegación, comunicaciones y pronósticos meteorológicos.
Una de las soluciones
propuestas por los investigadores de la compañía espacial Astrium en Inglaterra
implica la penetración de los escombros con un "arpón espacial",
Un arpón diseñado
para capturar las piezas de chatarra y dirigirlas hacia la atmósfera para
quemarlas. Otras ideas incluyen una red para atrapar a los satélites viejos y
un brazo robótico para agarrarlas.
Mueren 22 personas en
accidente de autobús en los Andes peruanos.
Al menos 22 personas
murieron y 19 quedaron heridas luego de que un autobús se estrellase por una
ladera en los Andes peruanos. Los reportes iniciales dicen que el conductor,
que murió en el accidente, perdió el control del autobús de dos pisos mientras
se desplazaba en una trecho angosto y sin asfaltar de la carretera.
Los servicios de
emergencia trabajaron durante horas para rescatar a los supervivientes y
recuperar los cuerpos del barranco, en el Distrito de Huarmaca. Muchos de los
sobrevivientes se encuentran en estado grave. Entre los muertos hay un
ciudadano español.
Venezuela designó su
delegado para el proceso de paz colombiano.
El ex Canciller
venezolano y actual Embajador de Venezuela en la Organización de Estados
Americanos (OEA), Roy Chaderton Matos, fue designado por el Presidente Hugo
Chávez, para participar como delegado en las conversaciones de paz entre el Gobierno
de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). Las conversaciones comenzarán el próximo 15 de octubre en Oslo,
Noruega.
Hezbolá confirmó muerte de uno de sus Comandantes en
Siria.
El movimiento chiita
libanés Hezbolá confirmó ayer la muerte de uno de sus Comandantes militares y
otros varios combatientes, luego de que trascendieran informes de que habían
muerto en Siria. El Comandante, Ali Hussein Nassif, recibió sepultura el lunes
en el este de Líbano.
Hezbolá describió a
Nassif y a otro de los militantes como mártires que perdieron la vida mientras
llevaban a cabo sus deberes de yihadistas. Desde hace meses se sospechaba la
participación en Siria de Hezbolá, un grupo que cuenta con el respaldo del Presidente
Bashar al Asad.
Parlamento ucraniano
respalda legislación anti-homosexual.
El Parlamento de
Ucrania dio su respaldo en forma inicial a una serie de normas legislativas que
prohíben la promoción de actividades homosexuales. Los grupos locales de
defensa de los derechos de los homosexuales dicen que la ley -que consiguió el
apoyo de más de la mitad de los 450 miembros del Parlamento- discrimina en
contra de las personas con orientación sexual diferente y les niega el derecho
de reunirse el público.
COLUMNAS Y
EDITORIALES DESTACADOS
Pan y circo caraqueño,
por Joaquín Fermandois.
Es casi imposible dar
un pronóstico del resultado electoral en Venezuela. En algunas tribunas se
pronostica de manera desaprensiva un triunfo de Henrique Capriles, y un giro de
timón al curso que por 13 años ha seguido ese país, si las elecciones son
limpias. El grueso de las informaciones acerca de encuestas predice una
victoria holgada de Chávez, aunque nada es confiable en la atmósfera que se
vive en Caracas. Chávez tiene su público y sus clientes.
En todo caso, si no
se simpatiza con este populismo y caudillismo de matón de barrio, es
conveniente tener preparado el ánimo para una victoria de Chávez. Esto no sólo
para no hacerse ilusiones, sino porque para nada se trata de un fenómeno
pasajero. Habrá que convivir por largo tiempo con el populismo en América
Latina. El próximo año se cumplen 70 años desde los primeros gérmenes del
peronismo, movimiento que con largueza ha sobrevivido a su fundador, aunque la
actual Argentina carece del liderazgo que tuvo con Perón. El estilo de Chávez
es una vuelta de tuerca comparado con Perón, con inflexión más tremendista,
donde el clown devora la razón política, más allá de las consignas repetidas y
repetidas.
¿Por qué puede ganar
Chávez después de 13 años? Se han dado razones: la capacidad que ha tenido de
hacerlo en todas las elecciones generales desde 1998, con excepción de una, y
su habilidad para hacer campaña; además, en los hechos, toda su estrategia de
Gobierno parece ser una "campaña permanente" contra un enemigo
interno y otro externo, lo que a muchos encandila.
Hay más razones. No
ha creado ningún sistema nuevo y le ha añadido más obstáculos en lo político y
en lo económico para que algún día la patria de Bolívar pueda ser una
democracia desarrollada. Sin embargo, la economía de Venezuela no es una
catástrofe; todavía hay mucho raspado de la olla, y sólo en parte porque el
país está sentado sobre un pozo de petróleo. Gasta y desgasta lentamente lo que
tiene, y poco se invierte, pero le ha sido útil para mantener su ofensiva y su
potencia política. Ha podido repartir pan. Y también mucho circo, de manera
inagotable, hasta el punto de que uno duda hasta de su cáncer, con esa
capacidad de histrionismo que hace una fortaleza de aquello que lo ha convertido
en la caricatura del latinoamericano.
De ganar Capriles
-existe una Venezuela que no soporta a Chávez, y que no es ni mucho menos
solamente una élite-, se enfrentaría al tipo de situación demasiado típica de
los sucesores de los populismos. Deben efectuar un llamado al realismo, y
recortar o limitar las dádivas antes esparcidas. Pero éstas han llegado a ser
asumidas como parte de la naturaleza de las cosas, desde luego "derechos
adquiridos". Como el chavismo continuará con o sin Chávez, los Gobiernos
que le sigan lo harán con esta fuerte hipoteca: grupos de interés, maquinarias
políticas, demandas que no se podrán satisfacer con la teatralidad del
Comandante, y en amplios sectores se criará la nostalgia por lo que se va a
estimar como paraíso perdido.
Si gana Chávez,
Venezuela y todos los que siguen esta ruta porfiarán en la frustración eterna,
en la espiral del pan y del circo, cada vez menos abundante el primero y menos
gracioso el segundo. Al menos a la luz de esta campaña, será mérito de Henrique
Capriles el haber sacado a la oposición del desamparo, de la angustia y de la
parálisis en que se hallaba, y habrá creado un nuevo polo con mensaje de
futuro. Si llegase a triunfar, su nueva meta será asentar, cual segundo Rómulo
Betancourt (1959-1963), un sistema estable en el que, más allá de la
escenografía de telenovela, el país logre alcanzar un equilibrio y resistir los
cantos de sirena de la insensatez.
¿La calle o el Congreso?
En el último año y
medio se han producido numerosas manifestaciones ciudadanas, la mayor parte de
ellas promovidas por estudiantes que han utilizado las marchas en la calle como
herramienta para llamar la atención y ejercer presión sobre las Autoridades
políticas. Una proporción significativa de las mismas se ha caracterizado por
actos de violencia, desmanes, saqueos, alteración del orden público, riesgo
para la seguridad de las personas, destrucción de propiedad pública y privada.
Invariablemente, tales excesos se atribuyen a "infiltrados", sin que
los organizadores de las manifestaciones asuman ninguna responsabilidad, pese a
que tales hechos son hoy absolutamente previsibles.
Mirado este fenómeno
con perspectiva, por cierto cabe hacer algunos distingos. Que las personas se
expresen y levanten la voz es un derecho Constitucional y síntoma de una
ciudadanía que se involucra en el quehacer público. Que se recurra a
estrategias como la ocupación de las vías públicas es algo que se encuentra en
el límite de lo legal, según sean o no manifestaciones autorizadas en
conformidad con la normativa democráticamente establecida, se realicen dentro
de los marcos jurídicos prescritos y no se cause daño a terceros, lo que
demasiado a menudo ha sido el caso. Es más, en este proceso se ha llegado
incluso a ocupar un Ministerio e impedir por la violencia el funcionamiento del
Senado, lo cual excede con mucho el derecho a manifestarse. Que el debate
político y las decisiones de políticas públicas queden entregados a la presión
y la violencia desplegadas en la calle es inadmisible en un Estado de Derecho,
y denota que muchos Parlamentarios han venido permitiendo que se desdibujen las
responsabilidades y exigencias fundamentales de su función.
Siendo una democracia
representativa, es en el Congreso donde formalmente debe darse ese debate, y es
allí donde se deben tomar las decisiones, porque sus miembros han sido elegidos
por todos los ciudadanos -no sólo por aquellos con mayor posibilidad de
levantar la voz o marchar por las calles- para cumplir esa función, dando
cuenta de las diferentes visiones sociales. Su papel, desde luego, demanda
escuchar a la gente, pero no mimetizarse con ella o reemplazar el debate
políticamente responsable por la protesta callejera. Pero eso es precisamente
lo que ocurre cuando los Parlamentarios se pliegan a esas manifestaciones como
un ciudadano más -cabe recordar al entonces Presidente del Senado marchando con
los estudiantes el año pasado-, o cuando proponen una asamblea constituyente
-que conlleva una renuncia al debate en el Congreso y a la búsqueda en él de acuerdos
sostenibles-, o cuando, incluso, se recurre a la amenaza apenas velada de dejar
la política entregada a la calle si la coalición contraria no se allana a un
acuerdo. En entrevistas con este diario, Senadores como Patricio Walker o
Andrés Zaldívar, siguiendo la misma línea de su par Camilo Escalona, han sido
claros en advertir que la asamblea constituyente no es una opción viable ni
conveniente, y que ni siquiera debería ser usada para presionar por un cambio
al sistema binominal, por mucha frustración que eso pueda producir en la
oposición; pero, al mismo tiempo, sus expresiones dejan abierta una peligrosa
compuerta: "Si no modificamos el binominal, la política se va a hacer en
las calles".
Sea el sistema
binominal, el presupuesto de educación, la política energética o cualquier
otra, es en el Congreso donde -por más encontradas que sean las posiciones, por
considerable tiempo que eventualmente tome el debate, por incómodo que para
algunos de sus miembros pueda ser asumir posiciones quizá aparentemente
impopulares- deben ser enfrentadas y resueltas las diferencias institucionales.
Es necesario escuchar a "la calle", pero las decisiones competen
exclusiva y responsablemente al Legislativo. Resignarse a "la política en
las calles" equivale a renunciar al sistema democrático.
Comienza el debate
presupuestario.
En discurso
transmitido por cadena nacional, el Presidente de la República ha dado inicio al
debate sobre el presupuesto Fiscal del año entrante, cuya tramitación
concentrará buena parte de la actividad política y Parlamentaria de los
próximos 60 días. De sus palabras se concluye que el proyecto contempla un
conjunto de prioridades cuidadosamente balanceadas. Establece como primera
prioridad la educación, pero también incluye como áreas destacadas las de
seguridad ciudadana, salud, pobreza e innovación.
Abarcando la quinta
parte del erario público y con un incremento anunciado de 9,4% real, el sector
educación claramente ha pasado a ser el protagonista principal del programa de
Gobierno. Se incluyen allí el financiamiento para mejorías en la provisión y
calidad de las salas cuna; el incremento de 20% en la subvención preescolar y
la ampliación de su cobertura; la extensión a la educación media de la
subvención escolar preferencial para estudiantes pobres, hoy disponible sólo
para la educación básica -que implica incrementar en un millón los estudiantes
beneficiados-, y la concesión de más de 300 mil becas para la educación
superior de estudiantes meritorios pertenecientes al 60% más vulnerable de la
población -casi tres veces más que las disponibles este año-. Adicionalmente,
han de considerarse el recientemente instituido crédito tributario para los
gastos en educación escolar, y el enorme esfuerzo Fiscal que representará a
futuro la rebaja desde el 5,6 al 2% de la tasa de interés real para los
créditos con aval estatal (CAE) que financian los estudios de educación
superior, cuyo pago además será ahora limitado al 10% de la renta del futuro
profesional. Cabe suponer que los correspondientes costos para los
contribuyentes están siendo ya debidamente aprovisionados en la contabilidad Fiscal.
Se han levantado ya
críticas, dado que el aumento del presupuesto educacional -de 1.200 millones de
dólares- sería inferior a lo que se comprometió en la reciente reforma
tributaria. Al respecto, cabe recordar que dicha reforma genera una recaudación
anormalmente alta el próximo año, por la reliquidación al 20% de los pagos
provisionales de impuestos sobre la rentas percibidas durante 2012 por las
empresas. Pero, al no ser ésta una fuente de recursos Fiscales recurrentes, no
puede el Gobierno contar con ella para financiar planes educacionales que duran
más allá de 2013.
En verdad, tanto en
el sector educación como en las restantes áreas prioritarias, la atención de Legisladores
y analistas, en vez de concentrarse tan sólo en las cifras de incremento de
gastos, debería dirigirse a la calidad de los programas que se pretende
financiar. Empobrece el debate y deteriora la calidad de las políticas públicas
el suponer que la mera ampliación de los presupuestos sectoriales resuelve los
problemas. Los abundantes recursos destinados a educación, salud y pobreza
muchas veces en el pasado han servido más para engrosar la burocracia que para
producir los resultados prometidos. En seguridad ciudadana e innovación, los
recursos hasta ahora destinados son generalmente considerados insuficientes,
pero además el desempeño de los respectivos programas aparece poco
satisfactorio.
El Gobierno del
Presidente Piñera está pidiendo autorización para gastar la impresionante cifra
de 63 mil millones de dólares el próximo año. Lo que el país espera de sus Legisladores
y analistas no es la mera contabilidad de cuánto crece cada sector, sino de
cuán bien se están asignando los recursos, cuál es la rentabilidad social de
los proyectos abordados o propuestos, cuál la métrica de desempeño que
justifica los emolumentos previstos y cuáles los esfuerzos de ahorro y
eficiencia que demuestren que en verdad se está extrayendo del erario nacional
el máximo rendimiento para el país, que es en definitiva lo que justifica moral
y económicamente el esfuerzo que día a día se exige de cada contribuyente para
solventar la operación del voluminoso aparato del Estado.
Búsqueda de acuerdo
político para destrabar inversiones.
El anuncio del Ministerio de Economía de que se encuentra
en conversaciones con personeros de oposición para impulsar un acuerdo político
que permita destrabar inversiones, especialmente en el ámbito minero y de
energía, puede convertirse en un paso relevante hacia el objetivo de asegurar
que el país cuenta con la energía necesaria para sostener el crecimiento
futuro, y cabe esperar que los diversos actores políticos estén dispuestos a
asumir este desafío con la necesaria visión de Estado, de modo de facilitar la
búsqueda de los consensos que sean necesarios.
Este anuncio se
produce luego de que el fin de semana se realizara el Encuentro pro Inversión y
Competitividad, que fue organizado por dicho Ministerio y que congregó a más de
un centenar de empresarios, altos ejecutivos y dirigentes gremiales, además de
una serie de Ministros de Estado. El propósito era coordinar una agenda entre
los sectores público y privado, que permita destrabar grandes proyectos de inversión,
principalmente del sector energía, que en el último tiempo se han visto complicados
por indefiniciones del Gobierno, la acción de los Tribunales de Justicia o la
oposición de las comunidades locales. La cumbre concluyó con una agenda de 15
puntos, la cual servirá como base para elaborar esta serie de propuestas
legales que el Gobierno pretende enviar al Congreso antes de fin de año. Las
líneas sobre las cuales trabajará el Ejecutivo dicen relación con buscar
acuerdos para agilizar aquellos proyectos relacionados con minería y energía
que hoy se tramitan en el Congreso, una nueva iniciativa legal pro inversión -con
la cual se busca dar más certeza jurídica a los inversionistas- y una
agilización de los procesos administrativos.
Sería relevante que
la agenda de los 15 puntos pueda ser plasmada en proyectos concretos. Es
necesario que se abra un proceso de discusión en el Congreso y que exista
amplia voluntad para acordar los perfeccionamientos que la institucionalidad
requiera. Entre otros aspectos, la cumbre planteó la necesidad de contar con
uniformidad en los criterios de evaluación de los distintos servicios que
realizan el análisis de proyectos y apurar definiciones en materia de
transmisión eléctrica y claridad en la aplicación del Convenio 169 de la OIT,
que al establecer consultas a las comunidades indígenas ha sido fuente de
controversias. Se trata de aspectos que se deben despejar cuanto antes.
Sin embargo, pese a
que es positiva la identificación de asuntos sensibles, por sí solo este diagnóstico
será insuficiente para resolver los problemas, muchos de los cuales se encuentran
en la manera en que la legislación está siendo aplicada por Tribunales.
Conviene recordar que la idea de llevar a cabo esta cumbre se materializó luego
de la fuerte polémica desatada tras las críticas que la Ministro del Medio
Ambiente formuló a la decisión de la Corte Suprema que provocó la paralización
de la central termoeléctrica Castilla, lo que dio pie a una dura respuesta del
máximo Tribunal, el cual alegó una interferencia indebida del Poder Ejecutivo.
Es positivo que tras
este incidente, el Gobierno dé señales de proactividad para hacer los ajustes
requeridos. El compromiso de conformar un Comité de Ministros que elabore una
nueva agenda pro inversión, recogiendo las inquietudes planteadas en el
encuentro del fin de semana, es un paso bienvenido que debe ir acompañado de la
determinación para impulsar aquellas inversiones que el país requiere
urgentemente y para asumir costos políticos.
Litio: Un caso de
desprolijidad política.
Por su importancia y
también porque implicaba romper mitos y enfrentarse a arraigados prejuicios
ideológicos, la licitación del Contrato Especial de Operación del Litio exigía
ser ejecutada con máxima prolijidad, de modo de no dar pie a ninguna duda que
pudiera «ensuciar» el proceso. Lamentablemente, no ha ocurrido así. Uno de los
oferentes que resultó derrotado en la licitación hizo una presentación ante el
comité encargado, advirtiendo que el ganador (la empresa Soquimich) incumplía
las bases respectivas, por tener litigios pendientes con el Estado. Ante ello,
dicho comité debió ayer invalidar lo obrado.
Es ciertamente
preocupante lo ocurrido y justificada la decisión de aceptar la renuncia del
Subsecretario de Minería, como Autoridad encargada de liderar el fallido
proceso. Se trata aquí de un caso evidente de responsabilidad política.
Conocido el cuestionamiento contra Soquimich, el alto funcionario había
señalado que al comité de licitación (que él encabezaba) no le correspondía
evaluar la veracidad de los antecedentes presentados por esa firma, sino sólo
constatar que ella efectivamente hubiera suscrito (como lo hizo) una
declaración notarial señalando no tener litigios con el Estado. En entrevista
el viernes con este diario explicó también que, hecha la reclamación, el comité
evaluaría su pertinencia, que fue precisamente lo que ocurrió ayer. Tal
proceder puede estimarse formalmente correcto; de hecho, bien podría decirse que
aquí operó la institucionalidad y una situación irregular ha sido corregida a
través de mecanismos previamente establecidos. El punto es que en este caso
atenerse al mero cumplimiento procedimental no fue ni podía ser suficiente,
dado el complejo escenario político creado en torno a la licitación y la
trascendencia misma del paso a darse, que venía a alterar un statu quo de más
de 30 años en la producción del litio. Ese cuadro exigía prever y anticiparse a
todos los ruidos que pudieran generarse en torno al proceso y no aparecer la
autoridad sorprendida por la revelación posterior de antecedentes que lo
pusieran en cuestión, que fue lo que de algún modo percibió aquí la opinión
pública. En ese sentido, tampoco resultó afortunada la posterior argumentación sobre
los alcances del concepto «litigios con el Estado» que se planteó luego de
conocida la reclamación contra Soquimich y que dio pie a discutibles tesis que
el propio Ejecutivo, con la decisión de ayer, terminó desechando.
Precisamente, lo que
cabe rescatar de la actuación del Gobierno en este proceso es —tras una
dubitativa reacción inicial— haber finalmente optado por evitar seguir
enredándose en ese tipo de debates y zanjar de una vez el tema, siguiendo el
único camino que cabía, cual era invalidar la licitación y hacer valer las
responsabilidades involucradas. Ello no debiera significar, sin embargo, echar
pie atrás en la política respecto del litio. Como ya se ha señalado en estas
páginas, el camino de los Contratos Especiales de Operación es una fórmula
razonable para abrir a nuevas inversiones la explotación de ese recurso y se
debe seguir perseverando en ella. Desde esa perspectiva, el lamentable episodio
actual deja algunas lecciones, que van desde la necesidad de evaluar un
eventual perfeccionamiento de futuras bases de licitación (¿cabe, por ejemplo,
seguir exigiendo ausencia absoluta de litigios con el Estado o sería más
acertado restringir el requisito, especificándolo sólo a ciertos ámbitos?)
hasta la de extremar los cuidados en la ejecución de los procedimientos.
Baja popularidad de
Presidente argentina.
Una encuesta publicada el domingo por el diario Clarín de
Buenos Aires da cuenta de la abrupta caída de popularidad de la Presidente
argentina, Cristina Fernández, en tan sólo un año: mientras en octubre de 2011
-luego de ser reelecta para un segundo mandato cuatrienal- llegó a tener 64,1%
de aprobación, ahora su respaldo sólo alcanza al 24,3%. La caída en popularidad
coincide con muestras de descontento que se han traducido en manifestaciones
masivas para protestar en contra de la gestión de la Jefe de Estado.
Los problemas de
inseguridad ciudadana y el debilitamiento del crecimiento económico (que este
año alcanzaría al 3,8%, lo que se compara negativamente con el 9,2% registrado
en 2011) son las causas inmediatas que ayudan a explicar la dura evaluación que
hacen los argentinos del trabajo del Gobierno. Este ha tomado medidas, como las
restricciones a las importaciones o la prohibición de ahorrar en dólares, que
afectan a vastos sectores de la población, los cuales comienzan a darle la
espalda a la Presidente Ni siquiera el enfrentamiento con figuras externas -en
este caso, la Director General del FMI, quien le puso “tarjeta amarilla” a la
Casa Rosada por el manejo que hace de las estadísticas oficiales- parece rendir
ya los dividendos políticos de antaño. Todo lo contrario, este tipo de
controversias deja en evidencia el creciente aislamiento de un Gobierno que ha
optado por cerrar la economía, lo que está afectando en el largo plazo el
estándar de vida de los argentinos.
La Presidente
Fernández tiene todavía mucho tiempo para revertir esta baja en el respaldo
ciudadano, como ya lo hizo durante su mandato anterior. Sin embargo, todo
indica que buscará profundizar medidas que, aunque pueden entregar alivio
temporal, seguirán haciendo que su país retroceda y continúe estancando su
desarrollo.
UNA CARTA PARA
PENSAR
Señor Director:
Una veinteañera
La entrevista que se
publicó el viernes pasado a Camila Vallejo confirma tres cosas. Primero: es una
integrante destacadísima y está muy bien concientizada doctrinariamente por el
Partido Comunista al cual pertenece. Segundo: como todo(a) comunista, propone
cambios políticos y constitucionales a partir de premisas falsas que se fundan
sólo en las visiones sesgadas de su sector político-partidista. Tercero: aquel
sector de ciudadanos que conforman la juventud anarquista y rupturista ha sido
seducido por el liderazgo que alcanzó Camila gracias a su delicada belleza y a
su calidad de alumna aventajada de los señalados procesos de concientización
marxista.
Pero, aun
reconociendo todo eso, ella carece de la experiencia, la tolerancia, la
trayectoria, los conocimientos, el aplomo, la aceptación ciudadana mayoritaria
y el peso específico que requeriría para criticar con suficiente base a los
dirigentes políticos adultos. Menos todavía puede ser tan arrogante como para
tratar de “pautearlos” en sus actos y propuestas. En términos hípicos, ha
tenido “buenos aprontes”, pero aún no ha ganado ninguna carrera.
Francisco Donoso A.