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El Ministro Pérez
entregó 538 viviendas a familias
damnificadas de la villa
Cordillera de Rancagua
, entregando también 308
subsidios de clase media
a familias residentes en
la capital Regional y 425 a
familias de Viña del Mar
y Valparaíso.
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Ingresos del Fisco por
royalty minero caen 25% en
el primer semestre por
menor precio del cobre,
entre enero y junio de
2012 la recaudación por este
concepto llegó a US$ 311
millones, 105 millones
menos que en el mismo período
de 2011.
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En Octubre comenzará a
operar en el Desierto de
Atacama la planta
industrial solar más grande de
Chile, que corresponde a
una alianza de la empresa
alemana Saferay GmbH y
la compañía de ingeniería
chilena SELTEC.
Carabineros de Chile expulsó
de la institución al
Sargento Segundo Luis
Contreras González por
sus presuntos nexos con
narcotraficantes del
sector sur de la capital.
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En el Caso Niemeyer el
Tribunal desestimó 11
testigos propuestos por
el Ministerio Público,
durante la segunda
jornada de preparación
del juicio oral, la
Fiscalía Sur retiró otras
cuatro declaraciones.
La Contraloría dictaminó
que ‘’es procedente’’
que funcionarios del
INDH ‘’ingresen a cualquier
lugar espacialmente
limitado, que se encuentre
a cargo de funcionarios
públicos’’. con el fin de
cumplir sus atribuciones
cuando se configure
una privación de
libertad.
La Intendente
Metropolitana denunció amenazas
de muerte por parte de
un presunto miembro de
la Garra Blanca, por
medio de llamados telefónicos
en la madrugada, y una
serie de insultos por Twitter.
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La Canciller alemana,
Angela Merkel, volvió a mostra
r sus dudas sobre la
propuesta comunitaria para que
el BCE empiece a
supervisar al sector financiero de la
Eurozona a comienzos de
2013.
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El "Rey de las
Bebidas" Zong Qinghou vuelve a ser el
hombre más rico de China,
recuperó el liderato que
el año pasado le había
arrebatado el constructor
Liang Wengen.
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Google lanzó en Japón su
tableta Nexus 7 destinada
a competir con el iPad,
la que es más liviana y tiene
un tamaño más reducido
que el de su competidor,
es ideal para leer o ver
vídeos en un país donde la
falta de espacio en las
viviendas.
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Flotilla taiwanesa se retira tras rodear islas
disputadas con Japón y China, las embarcaciones
fueron escoltadas por patrulleras enviados por
Taipei, en medio de las tensiones por el diminuto
archipiélago.
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Evaluaciones Gubernamentales,
por Mario Montes.
Por decir lo menos nos resulta curioso que los
Gobiernos más corruptos de nuestra historia, como el de Lagos, y el más
incapaz, como el de Bachelet, tengan un positiva evaluación ciudadana, a la vez
que consideramos extraño que una Administración, como la de Piñera, que ha
realizado en poco más de dos años lo que la concertación no fue capaz de hacer
en sus 20 años en La Moneda.
Las posibilidades para entender esta situación
son varias, la primera es que la evaluación está medida con encuestas “dirigidas” para obtener ese resultado, la
segunda es que Piñera genere anticuerpos insoslayables, además de una escasa
simpatía, o simplemente que desde que asumió ha debido enfrentar una descarnada
campaña de desprestigio y una brutal oposición obstruccionista.
Creemos que el actual Gobierno, que como todos
saben no nos es simpático, porque no ha cumplido sus promesas a los militares
en retiro, con respecto a los procesos de que son objeto, ha realizado una
gestión de lujo, sobre todo considerando que un terremoto y maremoto asoló el
país días antes de su asunción, dejando
en el suelo a las Regiones entre Valparaíso y La Araucanía.
Sin duda alguna la actual Administración ha
adolecido, también, de una política comunicacional eficiente, la que se ha
visto complicada por las múltiples acciones Gubernamentales, que son tantas,
que terminan unas tapando a las otras, quedando en la retina ciudadana
solamente una pequeña fracción de la inmensa obra que está realizando el
Gobierno de Piñera.
Como ejemplo de los que decimos, ayer el
Ministerio de la Vivienda entregó soluciones habitacionales decentes a 538
familias damnificadas de la emblemática Villa Cordillera, a la vez que se
entregaron 308 subsidios a la clase media en Rancagua y se entregó en Viña del
Mar el mismo beneficio a 425 familias de Viña y Valparaíso. Se inauguró una
Comisaría en Conchalí y se anunció la
instalación de aire acondicionado al metro.
Pero las señaladas no son la únicas actividades
del Gobierno, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se reunió con los Presidentes
de RN, Carlos Larraín, y de la UDI, Patricio Melero, con el objetivo de
analizar el cronograma para la tramitación legislativa del Presupuesto 2013, la
Ministro del Trabajo encabezó en Antofagasta graduación de las primeras 143
mujeres capacitadas en Antofagasta para encontrar trabajo en minería, informándose,
además, que Chile está colaborando con Ecuador en la extinción de incendios
forestales.
Nosotros preferimos un Gobierno que no goce de
la simpatía popular, pero que supla esa falencia de empatía con la ciudadanía
con una gestión acertada, que satisfaga las necesidades de las mayorías y que
se preocupe, de verdad, por crear las condiciones para que volvamos a enfilar al
camino perdido del desarrollo y de la amistad cívica. Creemos que porque “obras
son amores y no buenas razones”, los chilenos estamos siendo extremadamente
injustos con Piñera.
¿Qué gana la Concertación con el PC?,
por Gonzalo Müller.
La pasada semana el Presidente del Senado,
Camilo Escalona, disparó al corazón de las pretensiones de una parte de la
izquierda de avanzar en una asamblea constituyente. Con ello generó duras
respuestas de parte del Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.
Pero este enfrentamiento va más allá de la propuesta de una nueva Constitución
y habla de la difícil relación entre la Concertación tradicional y su nuevo
socio, el PC, llevándonos a cuestionar las ventajas de esta alianza.
Partamos por entender que el Partido Comunista
dista mucho en su expresión actual de ser un partido con cultura de democrática
o de entendimiento. Para qué hablar de sentimientos de pertenencia a una
coalición mayor: durante los últimos 20 años, el PC ha seguido un camino
distinto y distante de la Concertación. De hecho, esta marginalización lo ha
tenido en la oposición durante los Gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y
Piñera.
La frase de Escalona advirtiendo que la
interferencia del PC en asuntos internos de la Concertación era pan para hoy y
hambre para mañana demuestra que lo que de fondo preocupa al Senador es que sea
la Concertación la que termine adecuándose a la agenda del PC y no a la
inversa; es decir, lo que no le termina de cuadrar es que sea el socio
minoritario, y su capacidad de catalizar a los diferentes díscolos del sector,
quien determine los ritmos o las posturas de la oposición. Sabe Escalona mejor
que nadie que esto amenaza no sólo la existencia misma de la Concertación, sino
que de paso merma las opciones de la operación retorno de la candidata
Bachelet.
En estricto rigor, frente a la necesidad de
aglutinar a la oposición como único camino de reconstruir una mayoría que los
acerque a La Moneda, no es claro que ello pase por incorporar formalmente a un
partido como el PC, cuyas actuaciones siguen teniendo una lógica de interés
individual y no colectiva. Por más que algunos intenten disimular —si no
esconder— las diferencias, es claro que al PC el regreso de una Concertación
como la que el país conoció en sus pasados Gobiernos no le gusta y no le sirve.
Sus críticas al modelo apuntan al reemplazo y no a la corrección. Así, no sería
extraño que, de profundizarse este desencuentro, la izquierda extra
Concertación y el PC tengan un candidato propio, ya sea a la primaria de la
oposición o incluso a la primera vuelta.
Teillier sabe que su margen de maniobra se
estrecha cada vez más. La posibilidad de presionar o influir en las
definiciones de la Concertación pasa por dos eventos muy próximos. Primero, la
elección Municipal, donde se podrá ver cuán real resulta el aporte del PC a la
Concertación, en número de Alcaldes, y al pacto PRSD-PPD-PC y su pretendida
disputa frente a la hegemonía PS-DC, lucha que se medirá en los resultados de
la elección de Concejales. Segundo, la definición de la propia candidata
Bachelet, lo que podría ocurrir en enero del próximo año. Es poco tiempo para
evitar que la presión pública les imponga un lugar, ya sea liderando o sólo a
la cola de lo que será el proyecto Presidencial opositor.
Así, Escalona, al enfrentar a Teillier,
defiende lo que a su juicio es el correcto entendimiento entre la izquierda y
el centro; esto es, la socialdemocracia y el humanismo cristiano, encarnados en
el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, y dejando en una posición
menor a esa izquierda que mira más a Latinoamérica y menos a Europa para
encontrar sus modelos de desarrollo. Pero debe estar consciente también de que
el desorden político general e incluso en su propio partido hace dudar de sus
fuerzas para acometer esta tarea, que podría, incluso en el éxito, terminar
consumiéndolo.
En cualquier caso, el resultado de esta disputa
marcará la mayor izquierdización o no de la candidata Bachelet y su programa
electoral.
Ruidos en torno a licitación del litio.
El ruido político que acompañó todo el proceso
de licitación del primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL),
finalmente adjudicado ayer a Soquimich, resultaría difícilmente entendible si
no fuera por la carga de mitos que se han tejido en torno a este mineral. De
hecho, fueron las expectativas que había respecto de su posible uso para la
producción de energía nuclear las que influyeron decisivamente para que en 1979
el régimen militar lo declarara «no concesible» debido a su supuesto carácter
estratégico. En la práctica, dicho paso sólo benefició a quienes —a través de
contratos con la Corfo— acceden a concesiones de ésta, otorgadas previamente;
en cambio, supuso un freno a otras inversiones. Hasta ahora, 30 años después,
sin embargo, el uso del litio para generar energía por fusión nuclear no ha pasado
de una fase experimental y las apuestas de que sería una suerte de nuevo «oro
blanco» se han mostrado, a lo menos, exageradas.
Aterrizadas las expectativas de los 70 y
tratándose de una industria cuyos montos de negocios son mucho más modestos,
por ejemplo, que los del cobre (el año pasado las ventas mundiales alcanzaron a
US$ 700 millones), sí ha aumentado en este siglo su demanda para la producción
de baterías y existen perspectivas razonables de que ello continúe y mantenga
sus precios al alza. El punto es que, en ese escenario, si bien nuestro país
cuenta con ventajas, dadas las importantes reservas existentes y los bajos
costos de explotación, que nos entregan una posición de liderazgo
internacional, la competencia es intensa. Países como Australia, China,
Argentina, Canadá o Estados Unidos también participan del negocio y han ido
modificando su legislación para facilitar las inversiones. Frente a ello, el
riesgo de que Chile, limitado por una regulación propia de los tiempos de la
guerra fría, se vaya quedando atrás y desaprovechando oportunidades es real: si
hace unos años el país representaba el 50% de la producción mundial, hoy la
cifra está bajo el 40% y la acumulación de nuevos proyectos en el mundo amenaza
con hacerla seguir bajando.
Frente a ese panorama, el camino seguido por el
Gobierno ha sido acertado. Pese a la evidencia de los hechos, en el actual
clima político las posibilidades de desarrollar una discusión seria para
modificar el status «no concesible» del litio parecen complejas o al menos
anticipan un largo debate legislativo antes de poder proceder a cualquier
cambio. Alternativamente, la figura de los contratos especiales de operación,
que permiten al adjudicatario realizar exploraciones y proceder a la
explotación de una cierta cantidad de mineral (en este caso, cien mil
toneladas) por un determinado número de años (20), ya está en nuestra
legislación y ha sido también usada por anteriores Administraciones, para la
búsqueda de reservas petroleras.
La licitación llevada a cabo, por otra parte,
puede estimarse muy exitosa, en cuanto el adjudicatario pagará de partida al
Estado una suma (US$ 40 millones), casi ocho veces superior al monto mínimo
fijado, sin contar los impuestos, royalty y un tributo especial del 7% de las
ventas una vez que la explotación esté operando: todo ello puede significar
finalmente ingresos para el fisco superiores a los US$ 350 millones, según las
estimaciones del Ministerio de Minería. Con todo, más atendibles que las
críticas políticas, parecen las aprensiones de algunos expertos respecto de que
el contrato lo haya ganado una empresa que ya es el principal operador de esta
industria, el cual así estaría defendiendo su posición dominante y consolidando
el oligopolio que existe en nuestro país en esta área. Minería ha minimizado el
punto, haciendo notar que el litio es básicamente un producto de exportación y
que la verdadera competencia es la que se da en el mercado mundial. No
obstante, no cabe olvidar que la propia Autoridad, al anunciar la licitación,
había señalado que uno de sus objetivos era precisamente abrir esta área a
nuevos competidores, lo que en la práctica no se ha logrado.
Oficio de fiscalización al Presidente.
Diputados de la Concertación presentaron un
proyecto de oficio de fiscalización dirigido al Presidente de la República,
para que aclare su rol en las críticas que la Ministro del Medio Ambiente
vertió sobre el “fallo Castilla”. El proyecto sería votado por la Cámara la
próxima semana.
Ese oficio no cumple hoy ningún fin y es
contrario al sistema Presidencial de Gobierno que rige en Chile y la
Constitución. En efecto, en entrevistas otorgadas a medios televisivos al finalizar
las Fiestas Patrias, el Presidente ratificó lo publicado por este diario, en el
sentido de que la Ministro le planteó la necesidad de defender la
institucionalidad ambiental y que él le dio autorización para ello. De esta
manera, ha quedado claro cuál fue su rol en el caso. Pero, además, la
Constitución indica que la Cámara solamente puede “adoptar acuerdos o sugerir
observaciones” al Presidente, quien debe dar respuesta en 30 días por medio del
Ministro de Estado que corresponda, que en este caso sería la propia titular
del Medio Ambiente.
Tales acuerdos no pueden importar una
fiscalización, porque ésta se traduce exclusivamente en interpelaciones a los Ministros
o formación de comisiones investigadoras, a las que únicamente se puede citar a
los Secretarios de Estado y otros funcionarios, y jamás al Presidente. Ello,
porque en un sistema Presidencial los Parlamentarios, si bien tienen un rol
fiscalizador del Gobierno, no pueden formular exigencias al Primer Mandatario
-ni siquiera pueden hacerlo a propósito de una acusación Constitucional-, quien
fundamentalmente rinde cuentas a la ciudadanía y ya lo hizo con las mencionadas
declaraciones.
Cabría esperar que los Diputados se desistan de
su pretensión, porque no se ajusta a la institucionalidad y el acatamiento al
referido fallo nunca ha estado en duda, que sería lo único que justificaría una
acción fiscalizadora.
El negativo efecto de aumentar los feriados.
El Ministerio del Trabajo se encuentra estudiando distintas
fórmulas con el propósito de reordenar la gran cantidad de feriados que se han
agregado al calendario, luego de sucesivas reformas legales recientes, por los
efectos que ya está causando y por la evidencia que hay numerosas propuestas
adicionales en trámite. Una de esas iniciativas es crear una especie de bolsa
de feriados que sea negociada anualmente entre las empresas y los trabajadores.
Sin embargo, la manera de abordar adecuadamente esos efectos negativos no
parece ser a través de un mecanismo que permita recalendarizar los días de
asueto, como está evaluando el Ejecutivo, sino que supone en primer lugar dejar
de crear nuevas fechas festivas y permisos.
La inquietud del Ejecutivo en esta materia
surge de los efectos negativos que está generando al país, en términos de
productividad y en el mercado laboral, la creciente cantidad de días libres que
contempla nuestro calendario. Actualmente son 15 los feriados legales que
existen al año -cinco de ellos irrenunciables para el comercio-, los que
podrían aumentar sustantivamente de aprobarse algunas de las 10 iniciativas que
se tramitan en el Congreso y que pretenden otorgar más días libres, ya sea por
concepto de matrimonio, cumpleaños, para realizar trámites o mediante la
creación de nuevos feriados como el “día de la familia” o el “día de los
pueblos indígenas”, entre otros. Si en la actualidad somos uno de los países
con mayor número de feriados en Latinoamérica, aumentar su número no parece
beneficioso.
Considerando las estimaciones que señalan que
un día de trabajo en Chile reporta entre US$ 1.000 a US$ 1.500 millones y que
sólo en el comercio se pierden de US$ 100 a US$ 200 millones por cada día de
asueto irrenunciable, es un primer paso que el Gobierno reconozca el problema y
explore alternativas para enfrentar los perjuicios generados. El siguiente es
que el Ejecutivo y el Congreso resistan la tentación de ganar réditos políticos
fáciles por la vía de aprobar nuevas fechas.
Los feriados responden en su mayoría a una
larga tradición en la que se conmemoran hechos históricos y religiosos que son
significativos para el país, por lo que su celebración no está en
cuestionamiento. Sí lo está, en cambio, su ampliación excesiva y la gran
cantidad de propuestas que se están discutiendo en sede del Legislativo y que
buscan instaurar como asueto fechas que no cumplen con los requisitos propios
para ser considerados una festividad. En esa línea, los legisladores no deben
perder de vista que los feriados deben tener una razón de ser que está
profundamente arraigada en nuestra sociedad. Cuando ésta no existe, se
desnaturaliza el sentido de los feriados y sólo hay un debilitamiento del
desarrollo y del sentido del trabajo en el país. En la propuesta de establecer
la bolsa de feriados y su movilidad por decisión de trabajadores y empleadores
está implícita la falta de justificación de los feriados y su mero carácter de
aumento del período de descanso.
Además de los feriados vigentes, la legislación
laboral chilena contempla una serie de permisos adicionales que les permiten a
los trabajadores tomarse días libres, como es el caso del posnatal o los
permisos por la enfermedad de un hijo o cuando fallece un familiar directo,
aspectos que deben tener en cuenta los Legisladores al momento de evaluar la
conveniencia de aprobar más feriados y permisos
Congestión en autopistas: lo exigible.
Para muchos, el comienzo del feriado de Fiestas
Patrias fue agriado por la congestión en las principales rutas que salen de
Santiago, y esto no se olvidará fácilmente. Muchas horas de espera en algunas
rutas mostraron serias deficiencias en la calidad de servicio que ofrecen las
carreteras interurbanas concesionadas. Afortunadamente, el retorno no fue
traumático, en parte porque los conductores lo escalonaron para evitar una
repetición de la experiencia.
La causa fundamental de la congestión es el
exceso de demanda, que ocurre con frecuencia cada vez mayor en algunos tramos
concesionados, por lo que en el mediano plazo la respuesta apropiada es
aumentar la capacidad del de Santiago-Talca de la Ruta 5, y las salidas de
Santiago de las rutas 68 y 78. En el corto plazo, es imperativo mejorar la
gestión de los peajes en esos tramos, que contribuyen a la congestión y la
amplifican, por lo que se deben instalar sistemas de flujo libre (conocidos
internacionalmente como free-flow ), con un tag común. Entretanto, urge mejorar
la gestión de los peajes manuales.
La velocidad de desplazamiento es mucho mayor
pasado el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur que antes de él, lo que confirma que
los peajes manuales en esa vía entorpecen el tráfico. Ante esto, los usuarios
piden que cuando la congestión sea excesiva se levanten las barreras, pero el
MOP ha informado que no dispone de instrumentos legales para obligar a ello al
concesionario. Eso es efectivo, pero el contrato de concesión especifica
niveles de servicio, y el MOP podría invocar las cláusulas respectivas.
El contrato refundido de la Ruta 5 Sur, tramo
Santiago-Talca (punto 7.1.5.4), establece que se cobrará una multa de 250 UTM
en cada ocasión en que "el Tiempo de Espera en Cola (TEC) sea superior a 8
minutos". Esta multa procede cuando haya habido congestión anterior (dos
ocasiones en un mes, con tiempos de espera superiores a cinco minutos), y que
el plan de mitigación propuesto por la empresa haya tenido tiempo de
implementarse. La observación muestra que estas condiciones se habrían
cumplido, por lo que las multas podrían aplicarse en forma múltiple durante una
congestión de siete horas, lo que quizá haría conveniente para el concesionario
levantar las barreras en casos de congestión extrema.
Además, ha habido dificultades para que los
concesionarios interurbanos adopten el tag, pese a que su contrato contiene
cláusulas que podrían invocarse para acelerar ese proceso: el punto 7.1.2.1
señala la obligatoriedad de disponer dos pistas por sentido para un sistema de
cobro de peaje non-stop (esto es, que usan algún tipo de tag), y más adelante
exige que la empresa ofrezca 200 mil de estos tags, que deben ser compatibles
con los usados en otras carreteras concesionadas. No parece claro que se haya
exigido el cumplimiento de estas condiciones, especialmente la de
compatibilidad de los tags con los de otras carreteras concesionadas -por
ejemplo, las urbanas-.
El MOP tiene natural comprensión del inmenso
progreso que las empresas concesionarias han significado para la
infraestructura del país, y es nacionalmente conveniente que desee atraerlas
para nuevas licitaciones de concesiones. Para reforzar ese proceso y
transformarlo en un círculo virtuoso, es preciso que sus énfasis recaigan por
igual en la consideración por los usuarios, que -también naturalmente- tienden
a percibir los avances como obvios y subrayan, en cambio, las imperfecciones.
Eso crea el riesgo de que estas concesiones puedan seguir el curso de lo ocurrido
con la imagen de las isapres, universidades privadas y otras industrias
cuestionadas por una consideración no siempre esmerada en cuanto al trato a sus
clientes en el pasado. En ese cuadro suelen surgir propuestas populistas que
ofrecen soluciones aparentemente atractivas para el público, pero terminan
afectando al sector y limitando el bienestar general.
Una solución acorde con nuestras prácticas
existe, pero duerme en el Congreso: la ley que crea la Superintendencia de
Concesiones. Si ella se aprobara, la Dirección de Concesiones del MOP se
abocaría al objetivo de desarrollar la industria de concesiones, en tanto que
la superintendencia se concentraría en velar por el cumplimiento del contrato y
de sus condiciones de servicio.
