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El Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley que
rebaja los intereses a los deudores del Crédito con
Aval del Estado (CAE) desde el 6 al 2%, merma que
beneficiará a más de 350 mil familias.
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El Gobierno destituyó de su cargo al director del
Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, ex
Posta Central, Dr. Emilio Villalón, luego de que
el martes se
registrara un nuevo colapso en
la atención de urgencia.
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El Ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez, entregó
ayer 1.099 subsidios
de clase media en la Región
de Biobío, 770 a familias de la Provincia de
Concepción y 329 en
la Comuna de Los Ángeles.
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Encuesta MORI, develada ayer, da una
ventaja de
dos puntos al actual Alcalde de
Providencia, Cristián
Labbé, por sobre su contrincante la candidata
de
la concertación y los comunistas, Josefa
Errázuriz.
Efectivos de Carabineros investigan el
robo de un
cajero automático registrado esta
madrugada en
pleno centro de la capital, a una cuadra
del Palacio
de La Moneda y de la Intendencia, en
Bandera
con Moneda.
Violentos disturbios se registraron en Atenas, y en
las principales ciudades, durante la huelga general
de 24 horas que vivió Grecia por los nuevos recortes
que prepara el Gobierno para satisfacer a los
prestamistas de la UE.
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Samsung lanzó a la venta en Corea del
Sur su
Galaxy Note 2, con pantalla de 5,5
pulgadas,
funciona con un procesador de cuatro
núcleos
y la versión 4.1, la última, del sistema
operativo
Android.
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Millonario chino residente en Hong Kong
ofrece
US$ 65 millones al hombre que enamore a
su hija
lesbiana, la que hace una semana se
habría
‘’casado’’ en Francia con su ‘’novia’’.
Judíos celebran Yom Kipur, que es la
conmemoración
del Día de la Expiación, el perdón y el
arrepentimiento
sincero. Para esta religión este es el
día más santo
y solemne del año
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Evo Morales emplazó anoche a Chile en Naciones
Unidas a devolverle el mar a Bolivia, parece
que
el cocalero no sabe que el Alto Perú fue
siempre
mediterráneo y sin salida al mar.
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En lo que pudo ser una goleada Santos de
Sao Paulo
ganó en Sao Paulo por 2 goles a 0 a la Universidad
de Chile y se quedó con la Recopa, Johnny
Herrera le
atajó un penal a Neymar
a los 45 minutos.
Caso Guzmán: el informe
Olivares,
por
Gonzalo Rojas Sanchez.
Si usted no ha leído
"Asesinato en el Campus Oriente", de Lilian Olivares, no sabe lo que
se pierde. Y si no se mete en el libro, nunca lo sabrá, porque ésa es la única
manera de acceder a la información relevante que nos entrega. Usted nunca
conocerá por otros medios lo que en ese texto se afirma, porque la mayoría de
los comunicadores evitará divulgar la verdad ahí contenida, y porque gran parte
de los críticos callarán sobre esta notable investigación.
La razón es muy
sencilla: "Los zarpazos del Puma" es una obra canónica de la
izquierda chilena y, mediante las extendidas redes de sus colaboradores, se
evita que cualquier otra investigación -y además, perfectamente auténtica-
pueda divulgarse y hacer reflexionar de nuevo sobre buenos y malos. Es que la
izquierda ya determinó quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y su
falsedad debe prevalecer. Pero Lilian Olivares, con una valentía admirable, ha
roto ese esquema y se ha atrevido a entregar una obra sencilla en sus formas y
tremenda en sus contenidos.
Ella no lo dice, pero
el lector lo concluye: el Estado de Derecho ha sido gravemente dañado en Chile
desde el asesinato de Jaime Guzmán. Los culpables son escandalosamente múltiples
y evidentes.
El Partido Comunista,
que favoreció la formación del Frente Manuel Rodríguez (los asesinos de Jaime
Guzmán), no ha tenido problema alguno para participar en el juego democrático:
casi nadie le ha pedido cuentas y muchos le han solicitado alianzas. El Partido
Socialista, que cuenta hasta hoy en sus filas con un Diputado que, siendo
funcionario público, realizó tareas ilegales de infiltración de grupos
terroristas y que, en esa misma calidad, hizo desaparecer pruebas importantes
de la participación de esos criminales en el asesinato del Senador. La
Concertación, después, lo nombró Embajador en Francia. Los Gobiernos de la
Concertación, que jamás se interesaron en la verdad. Buscaron a un individuo
cualquiera -un delincuente común- y se obsesionaron en inculparlo para cerrar
el caso. Todo era mentira y el caso sigue abierto. La Policía de
Investigaciones, que a través del Director que estuvo más de 10 años
concertacionistas en el cargo, ocultó información relevante en los casos Guzmán
y Cristián Edwards: era un video sobre frentistas que podría haber ayudado
mucho en la investigación. El Consejo de Defensa del Estado, que por mayoría de
siete a seis de sus integrantes, se negó a la posibilidad de apelar ante la
Corte Suprema por la libertad decretada para los funcionarios públicos
procesados por obstruir a la justicia. El Poder Judicial, que en vez de
comprometerse pacientemente con la investigación, ha cambiado numerosas veces
de Ministro en visita. Gendarmería de Chile, que a través de su Director
facilitó la evasión de los asesinos de Guzmán, porque aquel funcionario
contrató como asesora a una frentista, la que preparó la fuga del siglo desde
dentro mismo de la cárcel. Los Gobiernos de Cuba y Argentina, que se han
burlado de la institucionalidad chilena, conocedores del carácter pusilánime o
abiertamente cómplice de ciertos funcionarios públicos nacionales. Aquellos
otros partidos políticos, que han amparado todo lo anterior y que siguen
disfrutando hoy de una aureola democrática muy distante de su actuación en el
caso Guzmán.
El fracaso de la
institucionalidad y del Estado de Chile ha sido completo.
Hasta ahora, nadie ha
pedido perdón por esas culpas, nadie ha dicho ¡Nunca más! Le queda al
Presidente Piñera buen año y medio para hacerlo. No sólo porque él representa
hoy a ese Estado, sino porque quizás nunca más pueda lograrse un reconocimiento
político de tan graves claudicaciones.
¿Qué gana la
Concertación con el PC?,
por Gonzalo Müller
La pasada semana el Presidente
del Senado, Camilo Escalona, disparó al corazón de las pretensiones de una
parte de la izquierda de avanzar en una asamblea constituyente. Con ello generó
duras respuestas de parte del Presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier. Pero este enfrentamiento va más allá de la propuesta de una nueva
Constitución y habla de la difícil relación entre la Concertación tradicional y
su nuevo socio, el PC, llevándonos a cuestionar las ventajas de esta alianza.
Partamos por entender
que el Partido Comunista dista mucho en su expresión actual de ser un partido
con cultura de democrática o de entendimiento. Para qué hablar de sentimientos
de pertenencia a una coalición mayor: durante los últimos 20 años, el PC ha
seguido un camino distinto y distante de la Concertación. De hecho, esta
marginalización lo ha tenido en la oposición durante los Gobiernos de Aylwin,
Frei, Lagos, Bachelet y Piñera.
La frase de Escalona
advirtiendo que la interferencia del PC en asuntos internos de la Concertación
era pan para hoy y hambre para mañana demuestra que lo que de fondo preocupa al
Senador es que sea la Concertación la que termine adecuándose a la agenda del
PC y no a la inversa; es decir, lo que no le termina de cuadrar es que sea el
socio minoritario, y su capacidad de catalizar a los diferentes díscolos del
sector, quien determine los ritmos o las posturas de la oposición. Sabe
Escalona mejor que nadie que esto amenaza no sólo la existencia misma de la
Concertación, sino que de paso merma las opciones de la operación retorno de la
candidata Bachelet.
En estricto rigor,
frente a la necesidad de aglutinar a la oposición como único camino de
reconstruir una mayoría que los acerque a La Moneda, no es claro que ello pase
por incorporar formalmente a un partido como el PC, cuyas actuaciones siguen
teniendo una lógica de interés individual y no colectiva. Por más que algunos
intenten disimular —si no esconder— las diferencias, es claro que al PC el
regreso de una Concertación como la que el país conoció en sus pasados Gobiernos
no le gusta y no le sirve. Sus críticas al modelo apuntan al reemplazo y no a
la corrección. Así, no sería extraño que, de profundizarse este desencuentro,
la izquierda extra Concertación y el PC tengan un candidato propio, ya sea a la
primaria de la oposición o incluso a la primera vuelta.
Teillier sabe que su
margen de maniobra se estrecha cada vez más. La posibilidad de presionar o
influir en las definiciones de la Concertación pasa por dos eventos muy próximos.
Primero, la elección Municipal, donde se podrá ver cuán real resulta el aporte
del PC a la Concertación, en número de Alcaldes, y al pacto PRSD-PPD-PC y su
pretendida disputa frente a la hegemonía PS-DC, lucha que se medirá en los
resultados de la elección de Concejales. Segundo, la definición de la propia
candidata Bachelet, lo que podría ocurrir en enero del próximo año. Es poco
tiempo para evitar que la presión pública les imponga un lugar, ya sea
liderando o sólo a la cola de lo que será el proyecto Presidencial opositor.
Así, Escalona, al
enfrentar a Teillier, defiende lo que a su juicio es el correcto entendimiento
entre la izquierda y el centro; esto es, la socialdemocracia y el humanismo
cristiano, encarnados en el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, y
dejando en una posición menor a esa izquierda que mira más a Latinoamérica y
menos a Europa para encontrar sus modelos de desarrollo. Pero debe estar
consciente también de que el desorden político general e incluso en su propio
partido hace dudar de sus fuerzas para acometer esta tarea, que podría, incluso
en el éxito, terminar consumiéndolo.
En cualquier caso, el
resultado de esta disputa marcará la mayor izquierdización o no de la candidata
Bachelet y su programa electoral.
Repensar la educación
universitaria
por Francisco Javier
Urbina.
Entre marcha y marcha estudiantil, nos hemos quedado sin
abordar algo que está más en el fondo del debate: la forma en que entendemos la
educación universitaria. Nuestra concepción de ésta contiene tres errores
fundamentales, cuyas ramificaciones impactan todo el sistema de educación
superior.
El primero es asumir
que las personas sólo pueden ejercer en el área específica que estudiaron en la
universidad. Los abogados en Tribunales, los historiadores en la investigación
histórica, etc. Eso es falso. La mejor educación superior es aquella que
desarrolla aptitudes intelectuales y morales que permiten, entre otras cosas,
comprender problemas complejos, distinguir lo mejor de lo peor, formular
razones, pensar rigurosamente y expresarse con precisión. Distintas carreras pueden
formar estas mismas aptitudes, las que sirven luego para desarrollar tareas muy
diversas. Por eso no es raro ver en países desarrollados a teólogos,
historiadores o filósofos trabajando de banqueros, consultores, militares o
empresarios.
El segundo error es
pensar que las carreras universitarias deben preparar para el mundo laboral. No
lo deben ni pueden hacer. La universidad es apta para formar el intelecto y las
virtudes relacionadas a la búsqueda de la verdad (como la honestidad
intelectual o la serenidad de mente para sopesar argumentos rivales). No puede
preparar bien a alguien para llenar un pagaré o presentar una demanda sin
convertirse en algo distinto.
Desde la perspectiva
del desempeño laboral (que no agota el potencial de la formación universitaria)
lo mejor es que exista una clara división de funciones: la universidad puede
formar el intelecto, y la práctica laboral puede educar en los aspectos
concretos propios del oficio.
Si se entiende que la
universidad no debe preparar completamente a nadie para realizar un oficio,
entonces se puede pensar en acortar radicalmente las carreras universitarias.
Esto se vincula al tercer error: asumir que una carrera respetable debe ser
larga, de unos cinco años. No es raro ver en el sector público o privado
exigencias laborales en este sentido. Eso es absurdo. La duración general de
las carreras debería ser de tres o cuatro años, como en las mejores
universidades del mundo. Algunas carreras, que corresponden más bien a oficios,
como Periodismo o Publicidad, podrían durar aún menos, o ser enseñadas en
conjunto con otro grado, en la forma de combinaciones de majors o minors al
estilo de los colleges norteamericanos.
En Chile, por el
contrario, las carreras son innecesariamente largas, lo que encarece su costo,
diluye la exigencia y permite que las instituciones que lucran ilegalmente con
la educación extiendan su duración artificialmente para mantener a sus
“clientes” por más tiempo.
El Ministro Beyer ha
tenido la visión de colocar algunos de estos temas sobre la mesa, en un momento
en que nuestro sistema de educación aparece cuestionado. Quizás estos años de
debate sobre la universidad sean un momento oportuno para repensar la forma en
que nuestra sociedad entiende la formación universitaria.
La Araucanía y Estado de
Derecho.
Con muy escasa
difusión, el actual Gobierno está impulsando un vasto conjunto de iniciativas
que constituyen un programa de atención especial a las necesidades de la IX
Región en general y a la cuota de su población de ancestros prehispánicos en
especial. Sus componentes incluyen lo socioeconómico, lo educacional y
cultural, salud, infraestructura pública y vivienda, entre otros. Ha sido bien
acogido por sus habitantes, que son fruto de variados mestizajes por más de
cuatro siglos, así como por las comunidades indígenas, que en su inmensa
mayoría aspiran a un justo progreso sustancial en un marco de paz y seguridad.
A ese respecto, el Estado se esfuerza por sacar a La Araucanía del abandono y
retraso que no pudieron superar sucesivas políticas públicas erradas.
El Estado sí está en
deuda, en cambio, y grave, en cuanto a otorgar a todos los habitantes de La
Araucanía un nivel aceptable de seguridad y de garantía de la vigencia plena
del Estado de Derecho. No cabe admitir que minorías violentistas y terroristas,
ilegalmente organizadas y armadas, mantengan impunemente en jaque constante a
las Autoridades Gubernamentales, la Judicatura, las Fiscalías y policías. Es
inaceptable que el sistema de orden público no pueda hoy funcionar con
normalidad en diversas zonas de esa Región. Y no lo es, tampoco, que muchos
ciudadanos -indígenas y no indígenas por igual- vean atropellados una y otra
vez los derechos básicos que la Constitución les garantiza en cuanto a vida, integridad
física y psíquica, propiedad, emprendimiento, trabajo y otros. Para demasiados
de ellos, esas garantías son hoy letra muerta.
Los Fiscales se
esfuerzan por hacer valer la ley, pero, en palabras del Fiscal jefe de
Collipulli, "ha escalado la intensidad, gravedad y poder de fuego de los
atacantes. Éstos son cada vez más violentos y recurrentes", e intimidan a
los testigos de cargo en los juicios con represalias contra sus personas,
familias y bienes, logrando de hecho paralizar la acción cabal de la justicia.
En ese cuadro, no
puede sorprender que un grupo multigremial de habitantes de La Araucanía -gente
de trabajo y duro esfuerzo, en permanente trance de perder la obra de sus
vidas, o sus vidas mismas- haya comenzado a organizarse para hacer valer sus
derechos. No se trata de autodefensa para responder a la fuerza con la fuerza,
ni de autoerigirse en instancia paralela o complementaria al Estado, sino de
poner en flagrante evidencia ante el país, y en especial ante las Autoridades,
la creciente gravedad del curso que siguen los acontecimientos en esa zona, y
mover a dar los pasos que requiera el imperio del derecho. En esa línea, fue
elocuente, por ejemplo, un primer catastro de los hechos de violencia
registrados (incendios de predios, instalaciones, viviendas, vehículos; ataques
con armas de fuego y otras contra policías y Fiscales; decenas de heridos y
hasta un muerto). Se consignaron 171 durante 2011, y otra cifra similar hasta
julio de este año. Es de imaginar la reacción que provocaría algo parecido (e
incluso mucho menor, si ocurriera en la Región Metropolitana). Los blancos no
son sólo ya grandes empresas forestales u otras, sino cualquier actividad,
emprendimiento o persona que no acate lo que ordenan los extremistas.
Es valioso lo que tal
organización multigremial u otras similares puedan hacer, pero, evidentemente,
ellas no pueden reemplazar la acción del Estado. Son los agentes de éste
quienes, en el amplio marco que prevén la Constitución y la ley, deben actuar
impostergablemente, con energía condigna a la magnitud del atentado contra la
institucionalidad que están cometiendo los extremistas. No cabe permitir que
éstos transformen a La Araucanía en un territorio en que el derecho chileno no
rija.
Amenazas a la autoridad y violencia en
los estadios.
Las sucesivas
amenazas que, por su participación en las políticas para eliminar la violencia
en los estadios, ha recibido la Intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez, son un
hecho gravísimo en sí, pero además constituyen una oportunidad para medir la
profundidad del compromiso de los clubes con ese objetivo pacificador. Desde
luego, es siempre repudiable —y, en rigor, una acción delictual— el que una Autoridad
sea objeto de amedrentamientos que buscan torcer sus decisiones. En el caso de
la jefa Regional, esta situación se ha venido prolongando desde hace ya un
tiempo, obligándola a adoptar medidas de seguridad como el cambio de su
domicilio. El episodio vivido por ella esta semana, sin embargo, resulta
particularmente preocupante. Pérez recibió la noche del lunes una sucesión de
llamadas telefónicas por parte de supuestos miembros de la «Garra Blanca», la
barra brava de Colo Colo, quienes amenazaban atentar contra su vida por haber
alentado a las Autoridades del club a borrar un mural ubicado en el Estadio
Monumental. Según versiones de prensa, el tema del mural habría sido planteado
en un encuentro informal el domingo entre la Intendente y colaboradores junto a
directivos de Blanco y Negro, la sociedad anónima que maneja el club. El punto
es que, de ser ello efectivo, surge la pregunta de cómo los supuestos miembros
de la barra se habrían podido enterar de esa conversación privada, en
circunstancias que Colo Colo asegura haber cortado todo lazo con la Garra
Blanca.
Así, el tema de fondo
que queda una vez más planteado es el de la relación entre las instituciones
futbolísticas y los barristas. Al respecto, una serie de mails de 2011
conocidos en las últimas horas y que habrían sido enviados al ex jefe de
seguridad de ByN por parte del líder de la «Garra Blanca», resultan
ilustrativos del poder que llegaron a ejercer estos grupos, y los vínculos
extorsivos que desarrollaron con los clubes. El amplio repudio ciudadano a raíz
de diversos incidentes protagonizados por estas barras y la difusión pública de
algunas de sus acciones de amedrentamiento contra jugadores y directivos
llevaron a que a principios de este año se diera un punto de inflexión en esta
materia. Así fue cómo, mientras el Congreso avanzaba en la actualización de la
ley de violencia en los estadios, incorporando conceptos como la
responsabilidad dirigencial, la propia ANFP impulsó cambios reglamentarios para
castigar la entrega de apoyos económicos a las barras. La importancia de la
medida fue destacada en ese momento, por representar un verdadero vuelco
respecto de lo que ocurría en un pasado muy reciente, cuando los propios
dirigentes reconocían darles “ayudas” a esos grupos como forma de contenerlos.
En paralelo a ese
cambio, el Gobierno ha venido implementando su plan Estadio Seguro y el Poder
Legislativo finalmente despachó la nueva ley de violencia en los estadios. En
ella se omite el concepto de barras y se dispone una serie de nuevas
herramientas que persiguen un control más efectivo del comportamiento de los
espectadores. Además, se da un plazo de 18 meses para la habilitación de
medidas tecnológicas que faciliten dicho control.
Más allá de algunos
indicios positivos en las últimas semanas —por ejemplo, el buen comportamiento
y alta asistencia registrados en los partidos del propio Colo Colo, luego de
que este club cumpliera una durísima sanción impuesta por la ANFP a raíz de
incidentes en un encuentro con Audax Italiano—, es evidente que todavía resulta
prematuro aventurar el resultado de los esfuerzos que se vienen desarrollando
en esta materia. Lo que sí parece claro es que un punto crucial para su éxito
será la distancia efectiva que los clubes logren marcar respecto de las
llamadas barras bravas. En ese sentido, el completo esclarecimiento del
episodio sufrido por la Intendente puede ser una señal poderosa.
Acertada decisión en
energías renovables no convencionales.
La decisión que
comunicó el Ministerio de Energía de flexibilizar la meta que el propio Gobierno
se había autoimpuesto en materia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC),
en orden a que para 2020 el 20% de la matriz eléctrica tuviera su origen en
este tipo de energías, quita presión al sistema para anticipar dicho objetivo,
ayuda a no abultar aún más los altos costos que se pagan por la energía en
Chile y permite abordar de manera integral el grave déficit energético que el
país podría enfrentar en pocos años más.
En una reciente
presentación realizada ante Senadores de la Comisión de Energía y Minería, el Ministro
del ramo hizo ver las dificultades técnicas y económicas que supone cumplir con
esta meta al 2020 -entre otros aspectos, porque obligaría a acelerar cuantiosas
inversiones en muy poco tiempo para lograr estos fines-, y en cambio planteó
que se vuelva al objetivo original establecido en la Ley 20.257 de fomento a
las ERNC (publicada en abril de 2008), según el cual las generadoras, a partir
del año 2010, deben ir incorporando a la matriz porcentajes crecientes de
energías no convencionales, para alcanzar el 10% el 2024. El Gobierno actual se
propuso al comienzo de su mandato acelerar significativamente este objetivo y
planteó como meta el 20% para el año 2020. En la Estrategia Nacional de Energía
2012-2030, que el Mandatario presentó en marzo pasado, se indicaba que para el
Gobierno la meta de 10% para 2024 era “insuficiente”.
El objetivo inicial
del 10% ya parece discutible, en especial porque supone un aumento en los
costos de generación que necesariamente será traspasado al consumidor, ya sea a
través de tarifas más elevadas o subsidios financiados con gasto público. Con
todo, el cambio de criterio anunciado por el Ministerio de Energía parece
responder a una visión más ajustada a la realidad del país, y es positivo que
la Autoridad haya recogido los cuestionamientos que se hicieron al objetivo de
acelerar estas metas. Es cierto que la energía proveniente del viento y el sol,
como aquella que se pueda originar en procesos geotérmicos y en las mareas, es
más limpia y que su presencia -que hoy representa un 3% de la matriz-
contribuye al objetivo indispensable de diversificación que debe tener ésta.
Sin embargo, no se puede desatender que el desarrollo de estas tecnologías es
aún costoso, y para que ofrezcan seguridad deben contar con importantes fuentes
de respaldo, lo que supone inversiones relevantes.
Sería equivocado
centrar el debate sólo en torno a las ERNC en los términos planteados.
Convendría, por de pronto, revisar el hecho de que no se incluya entre éstas a
proyectos hidroeléctricos de mayor tamaño, en especial a centrales de pasada,
en circunstancias que no producen efectos contaminantes y contribuyen a
administrar de manera más eficiente los recursos hídricos. El país enfrenta
crecientes requerimientos de energía, que pasan por el desarrollo de proyectos
de generación a gran escala, indispensables para asegurar el abastecimiento de
energía a costos razonables y el crecimiento económico del país. Hacia fines de
esta década será necesario agregar del orden de 8.000 MW al sistema,
adicionales a los 16.900 MW actuales, lo que difícilmente podría ser provisto
de forma relevante por las ERNC. La falta de decisión política para impulsar
grandes proyectos y la incertidumbre que se ha creado a partir de la
paralización de numerosos proyectos por orden Judicial -entre ellos el parque
eólico de Chiloé, que ha enfrentado dificultades con comunidades indígenas-
encierran un enorme riesgo que debe ser abordado con urgencia.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
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