“En Venezuela intentan
consolidar un Estado militar”.
(Entrevista a Rocío San
Miguel realizada por Sofía Nederr)
El poder de la oligarquía castrense
no puede desdeñarse porque tendrá un impacto irreversible para la nación. La
afirmación corresponde a la abogada Rocío San Miguel, presidente de la ONG
Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional, que sin
ambages señala que “en Venezuela intentan consolidar un Estado militar”. Cree
que aunque el proceso tiene sus antecedentes en la gestión presidencial de Hugo
Chávez, sobre todo en el apoyo militar para el manejo de la administración
pública, se ha profundizado desde la llegada de Nicolás Maduro al poder.
—¿Dónde se manifiesta el Estado
militar?
—La militarización del Estado se
contradice con los designios de Chávez, que de haber querido una estructura
típicamente castrense hubiese dejado un heredero militar. Esta organización
amenaza a la sociedad venezolana en su conjunto, al propio Partido Socialista
Unido de Venezuela y a Nicolás Maduro. Engloba la designación de militares
retirados en cargos de elección popular, la sentencia genuflexa del TSJ que
avaló la participación política de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la
designación de Vladimir Padrino como orador de orden uniformado en la Asamblea.
También se aprecia en el control militar sobre las empresas estatales y
las corporaciones regionales, en la zona económica creada por Maduro para el
manejo de empresas castrenses, en la administración del Cencoex por militares y
en la importación a través de Veximca.
—¿Qué consecuencias genera la nueva
organización estatal?
—Hay una deformación en el control
militar sobre el Estado que se ejerce sin mecanismos de auditabilidad por los
ciudadanos y del chavismo, que ve horrorizado este enorme poder económico y
político que los militares están teniendo o empezando a tener en Venezuela. La
estructura castrense se traslada a los ministerios, las Regiones de Desarrollo
Integral y a otros organismos. Se refleja en el Frente Francisco de Miranda, en
los grupos civiles armados, lo que es inconstitucional porque el control del
poder de fuego corresponde a la Fuerza Armada y tiene su punto más importante
en la Milicia. La dinámica de una estructura militar es a la obediencia, la
disciplina y la subordinación. No maneja los criterios de la democracia, de la
disidencia, ni de la oposición ni de la crítica. El gobernador de Trujillo,
general Henry Rangel Silva, no cumple con el libro rojo, aspira a elegir a los
candidatos directamente y tener la última palabra en las postulaciones para el
congreso del PSUV y para la AN. Este estilo impacta las decisiones políticas y
económicas.
—¿Quiénes componen la oligarquía
militar?
—Un grupo que con un darwinismo
particular supo llegar a las cumbres del poder: 25% de ellos, con
ramificaciones económicas y políticas, controlan los despachos del Ejecutivo, y
52% está en las gobernaciones. Otro tanto, indeterminable, controla embajadas,
empresas estatales, corporaciones estadales, las REDI y la Milicia, que otorga
un poder especial a una facción del Ejército que la controla. Diosdado Cabello
y Francisco Ameliach son los políticos que mejor conocen y tienen poder
real sobre la FANB. Rodríguez Torres, pese a que considero saludable que haya
pasado a retiro para los efectos de la dirección de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, representa un poder en sí mismo y puede encontrar en su poca
visibilidad otros factores de poder que están socavándole el que le es propio.
Padrino López encarna funcionalmente el mayor poder de fuego, pero dista de
liderar un grupo de poder. La ministra Carmen Meléndez encabeza la Zona
Económica Militar y además fue de los privilegiados que vio a Chávez en los
estertores de la muerte.
—¿El manejo militar del Estado podría
incrementar la corrupción?
—Sí, aumentará la corrupción y me
baso en los resultados del Plan Bolívar 2000, cuyos hechos están impunes. Los
militares generan mayores temores reverenciales e inhibiciones, incluso de sus
propios partidarios. Los ministerios con más recursos, como Economía,
Alimentación, Transporte Acuático y Terrestre y Finanzas y Banca Pública, son
manejados por militares.
—¿Cómo evalúa la concepción de ciudadanos
combatientes en la Ley de Alistamiento y Conscripción Militar?
—Esa fórmula no tiene eco ni siquiera
entre los propios seguidores oficialistas. La Ley de Alistamiento Militar se
intentó aplicar en 2009 y 2010. Es tan ambigua que deja abierta la posibilidad
de que los venezolanos elegibles puedan ser llamados para servir a la patria.
Además, cubre el servicio militar obligatorio eliminado en 1999 y la obligación
de dar datos a la autoridad militar más próxima. Quizás la FANB quiere ir
preparando su propio registro electoral anticipado para los tiempos por venir.
No hay registro militar en la Constitución, solo registro civil y registro
electoral, sobre lo cual hay que hacer demasiado todavía para ser legítimo y
creíble. En nombre de la unión cívico militar y de la defensa integral de la
nación se ha engañado al país. Los militares no pueden estar en igualdad de
condiciones que los civiles, tienen que estar al servicio del poder civil.
La única institución que tiene
atribuida la defensa integral de la nación es la Fuerza Armada.
—¿La disponibilidad ante los jefes
militares se prestaría para chantajes?
—La Ley de Alistamiento vulnera
derechos sociales, elimina la posibilidad de que los graduandos obtengan su
grado si no presentan la inscripción en el registro militar, impide la
obtención de licencias de conducir, solvencias laborales. Es tan abierta que
habla de otras sanciones administrativas que estarían por definirse, además de
sanciones pecuniarias que van desde los 2.000 bolívares hasta los 40.000 bolívares.
Es una desviación completa de una mente que insiste en enrolarnos bajo la
autoridad militar en las 3.000 y tantas parroquias del país.
—¿Qué efectos tendrá la actuación de
la Brigada contra Grupos Generadores de Violencia?
—Probablemente el general Pérez
Arcay, asesor de Maduro y formado en la doctrina de la seguridad nacional,
tiene su responsabilidad en la brigada.
Es el retorno a la ley sapo, se puede
llamar a particulares y a funcionarios para que delaten a otras personas sin
control jurisdiccional. Tiene facultades de declarar secreto o confidencial
hechos, documentos y circunstancias. Preocupa que termine utilizándose para
reprimir a disidentes, opositores y críticos.
—¿Maduro requiere de Diosdado Cabello
para dirigir la FANB?
—El pragmatismo que une a Cabello y a
Maduro es mucho más rentable que la voracidad. Maduro entendió que el petróleo
y la Fuerza Armada son el pivote del poder en Venezuela y hace un enorme
esfuerzo por entender y controlar ese sector, pero dificulto que pueda lograrlo
porque el anclaje militar es muy poderoso.
—¿En medio del poder castrense es
posible lograr un diálogo verdadero como pidió la Conferencia Episcopal?
—El diálogo debe darse hasta con el
diablo y estar en la agenda histórica y política. El país se deteriora
progresivamente porque las variables estructurales, entre ellas la violencia
criminal, están agudizándose y eso afecta a chavistas y opositores.
Ficha personal
Rocío San Miguel es Abogada egresada
de la USM, especialista en Derecho Político Internacional Magíster en Seguridad
y Defensa (Iaeden) Presidente de la ONG Control Ciudadano.
Texto e imagen tomados de Diario El Nacional
de Caracas.
