La función económica del Estado,
Pablo Rodríguez Grez.
No cabe duda, más allá
de toda discusión, de que en una economía social de mercado corresponde al
Estado una tarea primordial en lo que dice relación con la distribución del
ingreso. Esta función no consiste, como parece haberse entendido hasta este
momento, en conceder graciosamente beneficios sectoriales (bonos, asignaciones,
subsidios temporales, exenciones, etcétera), sino en establecer una estructura
impositiva que, a medida que crece el producto, evite que este se concentre en
pocas manos o que el aumento de la riqueza no incremente la inversión (como ocurre
con el FUT).
Tampoco es útil una
reforma tributaria cuyo corazón responda a la necesidad de reunir un
determinado caudal para destinarlo a un fin específico, ya que ello tenderá a
repetirse cada vez que asuma un nuevo Gobierno, alterando, de este modo,
periódicamente, el marco en que se desenvuelve la actividad productiva. Como se
ha repetido insistentemente, en el área económica nada causa mayor daño que la
inestabilidad e inseguridad que provoca el cambio constante de la legislación
que la regula.
Entender que la misión
de un Gobierno es resolver problemas puntuales, por importantes que estos sean,
sacrificando la coherencia y funcionalidad del modelo adoptado, puede conducir
a consecuencias desastrosas. Lo que efectivamente interesa, y en esto consiste
el desafío que encaramos en el día de hoy, es adecuar todas las instituciones
al buen funcionamiento del proceso productor y construir cauces estables para
que la creación de la riqueza se distribuya con equidad y justicia,
favoreciendo a quienes más aportan.
Lo fundamental,
entonces, es establecer institucionalmente un régimen impositivo permanente,
que impida la concentración del ingreso y asegure el crecimiento. Si falta lo
primero, se desencadenarán tensiones sociales que harán irrespirable la convivencia
social, con todos los trastornos políticos que ello implica. Si falta lo
segundo, el estancamiento económico repercutirá en la calidad de vida de la
población, provocando el descontento y una frustración generalizada.
Los cambios a la
legislación tributaria que se tramitan en el Congreso han sido concebidos como
un medio para financiar la reforma del sistema educacional (se trata de
alcanzar una cierta recaudación), sin siquiera conocerse los proyectos
elaborados para lograr la meta propuesta (educación gratuita y de calidad). Lo
más grave, sin embargo, es el hecho que se vuelve a generar la sensación de que
las reglas del juego cambian, afectando todos los proyectos e iniciativas
pendientes, los cuales, por consiguiente, tenderán a paralizarse.
Tengo la impresión de
que no ha existido de parte de la autoridad una preocupación especial sobre la
necesidad de preservar las bases en que se desenvuelve la actividad económica,
o que ello ha sido pospuesto por la búsqueda de otros objetivos de carácter ideológico
proclamados durante la última campaña Presidencial. La redistribución del
ingreso pasa por incentivar el crecimiento, porque de él depende que la pobreza
se contraiga y termine siendo derrotada. Por lo tanto, es el crecimiento lo que
debe cuidarse con esmero, por sobre otras consideraciones circunstanciales.
A lo anterior,
suficiente para enrarecer la atmósfera ciudadana, se agrega una eventual
sustitución o reforma de la Constitución. Con ello queda en suspenso el destino
institucional de Chile. Una Constitución solo se cambia cuando en la sociedad
se produce una alteración sustancial de los valores que articulan las bases del
consenso social. La Constitución de 1980 tuvo dos grandes virtudes: por una
parte, dio forma al Estado que surge modernizado luego del quiebre
institucional de 1973; y, por la otra, fijó la ruta para el pleno
restablecimiento democrático, aspiración original y fundacional del régimen Militar.
Se ha dicho que ella contenía "enclaves autoritarios", para graficar
los resguardos que aseguraban la continuidad y estabilidad del país, todos los
cuales, para bien o para mal, fueron desapareciendo a medida que se consolidaba
la República.
En este momento,
resulta crucial conocer las coordenadas y la progresión de nuestro destino político,
porque, en cierta medida, es justo reconocer que nos hallamos a la deriva,
frente a tanta reforma propuesta y pregonada con indisimulado afán
revolucionario.
Atravesamos, en consecuencia, un período difícil, que puede
comprometer el porvenir de Chile por muchos años y que, para superarlo,
requiere diálogo, acuerdo y una dosis no despreciable de realismo.
Artículo publicado por El Mercurio de hoy
