La Concertación y el
negocio con el PC,
por Axel Buchheister.
Estas elecciones Municipales,
que ya están a la vuelta de la esquina, tienen un elemento diferenciador de las
que les precedieron: la Concertación va con todo junto al Partido Comunista.
Algo ya hubo en la última Parlamentaria, pero sólo para ciertos Distritos. La
experiencia fue mala porque, lejos de doblar y desplazar a candidatos de la
centroderecha, lo único que lograron fue perder tres Diputados en beneficio del
partido rojo.
Seguramente es esa
lógica antiderecha lo que ha llevado a la Concertación a perseverar en el
negocio con el PC, conforme al cual este se omitió en muchas Comunas, aportando
sus votos a los candidatos concertacionistas y, a cambio, obtuvo la candidatura
exclusiva en otras. Las “emblemáticas” son Pedro Aguirre Cerda (la actual Alcaldesa
es PC), Estación Central y Recoleta. Un simple negocio electoral, y no de
principios o agenda, como ha aclarado el Presidente de la Democracia Cristiana.
Una inversión en el corto plazo, nada más.
¿Cómo se ve el
negocio? Aunque la verdad se conocerá el próximo domingo en la noche, las
encuestas y antecedentes disponibles indican que su rentabilidad es más que
dudosa. Veamos.
El último sondeo
conocido arroja en Estación Central que el candidato de la Alianza obtendría un
57% de las preferencias, mientras que el postulante comunista, apenas un 23%.
Nunca la Concertación ha obtenido un resultado tan magro ahí. Lo llamativo es
que de nada ha servido que se trate de un dirigente vinculado a la protesta
estudiantil, ratificándose que la adhesión a ésta la suscita el tema específico
de la educación y que no es efectivo que estemos ante un nuevo Chile, harto del
modelo.
En Recoleta, la suma
de los candidatos que se identifican con la Alianza -uno corre por fuera-
alcanza al 55% y el comunista sólo obtiene el 20%, lo que importa otro
retroceso para la Concertación. En cualquier caso, para los que temen un efecto
divisorio por las primarias, la votación de la centroderecha confirma que una
buena contienda, lejos de enajenar votos, los atrae.
En Pedro Aguirre
Cerda no tenemos conocimiento de encuestas, pero las noticias hablan de
inquietud por el destino de la Alcaldesa Claudina Núñez (PC), augurándose una
votación estrecha con el abanderado de la centroderecha, lo cual es
sorprendente, porque la tendencia es que la primera vez el Alcalde se reelija
cómodamente y se trata de una Comuna que dista mucho de ser favorable al
oficialismo.
Como contrapartida,
no hemos encontrado ninguna noticia o comentario que dé cuenta de que los votos
comunistas están siendo determinantes para la elección de algún candidato del
conglomerado opositor. Es que la gente de la calle no tiene tan mala memoria, y
sabe lo que el partido de la hoz y martillo encarna.
Si los resultados son
los que se anuncian, el negocio será bastante ruinoso. ¿Y quién pierde de
verdad? La DC, porque los votos que en esos casos se están fugando hacia los
candidatos oficialistas, y que han pertenecido siempre a la base votante de la
Concertación, no son de la izquierda, sino más moderados, que en otras
circunstancias se inclinan por el partido de la flecha cruzada. Quizás es mala
idea hacer un negocio en el corto plazo, cuando la política, por definición, es
un asunto de agendas y principios.
¿Y ahora quién podrá
defendernos?,
por Joaquín García Huidobro.
El descubrimiento de
una red de corrupción en la propia Policía de Investigaciones nos hace clamar:
¿y ahora quién podrá defendernos? Sabemos que, afortunadamente, se trata de una
excepción. De los 5.478 oficiales de esta policía, son 10 los detectives
arrestados. No se cae el mundo, pero es grave.
Si uno de nosotros se
porta mal, hay Jueces, policías y Fiscales capaces de restablecer el orden.
Pero ¿qué pasa cuando fallan ellos? Es el viejo problema de quién vigila a los
guardianes.
Como nuestros
guardianes son humanos están expuestos a la corrupción. Eso les pasa a los
detectives de la PDI, pero también a ciclistas, sacerdotes, actrices,
ambientalistas, filósofos, guardalíneas, tarotistas y a todo aquel que comparta
nuestra frágil condición humana.
Para precaverse de
este riesgo, las sociedades ponen controles externos, que ayudan a que los
guardianes sean, efectivamente, nuestros protectores, y no terminen por caer en
el lado oscuro de la fuerza.
En un sistema
adecuado, hay leyes, procedimientos de contraloría, obligación de rendir
cuenta, y también un sueldo digno, que facilita que nadie piense en delinquir
para pagar la educación de sus hijos y hacer de ellos mejores personas.
La teoría política
moderna desarrolló hábiles mecanismos para evitar la corrupción de los que
mandan y conseguir que el sistema funcione. En un alarde de optimismo, Kant
llegó a decir que se podía Gobernar incluso una república de demonios, siempre
que sean inteligentes. Todo es cuestión de poner premios y castigos en el lugar
y la proporción adecuados.
Hoy sabemos que los
mecanismos externos, aunque importantes, no bastan. Hay lugares y momentos
inaccesibles a la ley. Ninguna legislación puede impedir que una persona se
aproveche del error de una cajera, y se quede con más vuelto del que le
corresponde. Es materialmente imposible que Fiscales, Jueces y policías
alcancen con el poder de la justicia al médico que da un certificado falso, que
permite que su primo eluda la carga de ser vocal de mesa (y, de paso, se la
endose a un ciudadano honrado).
En casos como ése, se
requieren controles internos, esos que permiten que el individuo se autolímite,
por respeto a los demás y a sí mismo.
Ya en 1776 la Declaración
de Virginia reconocía que "ni el Gobierno libre, ni las bendiciones de la
libertad, pueden ser preservados para un pueblo, sin una firme adhesión a la Justicia,
la moderación, la templanza, la frugalidad, y la virtud, y sin un frecuente
retorno a los principios fundamentales".
¿De dónde sale esa
moderación que lleva a que nos abstengamos del mal, aunque sepamos que no
seremos castigados? Ese autodominio se aprende en la familia, en la iglesia y
en la escuela. Allí se forma nuestra conciencia.
La combinación entre
controles externos e internos nos permite contar con guardianes confiables y
vivir tranquilos. Ahora bien, ¿están, en Chile, suficientemente sanos estos
mecanismos de control que mantienen a raya a ese diablito que todos llevamos
dentro?
Partamos por los
controles externos: ¿impera en nuestro país la majestad de la ley?, ¿se respeta
a los policías?, ¿tienen un sueldo digno, que les permita sacar adelante a sus
familias y no tener otras preocupaciones que combatir el delito, en especial
uno tan grave como el narcotráfico?
Parece que nos queda
bastante por avanzar.
¿Y los controles
internos? Ideas como la fidelidad (al amigo, a la empresa, al Estado o al
cónyuge), el respeto por la palabra empeñada, o el cumplimiento de la ley, son
machacadas sistemáticamente a través de miles de imágenes que presentan como
unos auténticos pernos a los que actúan de esa manera.
De la religión no
hablemos, no sólo por los autogoles de algunos de sus ministros, sino porque,
para ciertas élites, el medio expedito y barato para conseguir pasaporte de
avanzada consiste en burlarse de la religión y los creyentes.
¿Y la escuela? ¿Qué
pasa con el profesor que quiera ejercer la mínima Autoridad que es necesaria
para educar bien?
Si los controles
externos se reblandecen, y los internos son sistemáticamente desacreditados,
¿podemos sorprendernos de que unos policías se tienten y quieran gozar, a la
vez, del respeto de la legalidad y las ventajas del delito?
La cuestión no es
cómo pudo pasar algo como el triste episodio de Pudahuel, sino más bien: ¿cómo
no pasó antes?, ¿cómo no sucede todos los días?
La fragata embargada,
Hernan FelipeErrazuriz.
La Presidente
Cristina Fernández demoró más de 15 días en pronunciarse sobre el embargo del
buque escuela "Libertad". La justicia de Ghana retuvo la nave el 2 de
octubre, en cuanto un activo ejecutable para pagar deudas del Estado argentino
y fijó una garantía de 20 millones de dólares para liberarla. La nave y su
tripulación -de cerca de 300 marinos, con 15 guardiamarinas y un oficial
chilenos, otros uruguayos, bolivianos y brasileños- están entrampadas.
Argentina se resiste
a la garantía por estimarla una renuncia a la inmunidad soberana que ampararía
a la nave retenida. La ley internacional reconoce la inmunidad de determinados
bienes del Estado. Pero también es corriente que, como ocurre con innumerables
contratos internacionales, especialmente de préstamos, los Estados renuncien a
la inmunidad de sus activos en el exterior para servir de medios de pago
forzoso. Puede ser sin límites, y sucede cuando hay desprolijidad en sus
ordenamientos internos. Es lo que están tratando los Jueces de Ghana, que han
demostrado ser resistentes a las presiones Diplomáticas.
La legislación
chilena es clarísima: el Estado puede convenir la jurisdicción internacional y
renunciar a la inmunidad soberana sólo en algunos casos; requiere decreto del
Presidente de la República, con exclusión de las sedes Diplomáticas, buques y
bienes para fines militares y activos del Banco Central.
El incidente del
buque escuela revive un desconocimiento por los Gobiernos argentinos de sus
compromisos internacionales. En este caso, por la decisión unilateral de sólo
pagar el 30% de la deuda externa, confiscando sin compensación y privando a los
acreedores del 70% restante.
Ante el impacto,
surgen teorías conspirativas para ocultar ineptitudes y eludir
responsabilidades políticas, como si la gira de la fragata no requiriera el
conocimiento de Autoridades políticas, la Cancillería y el Ministerio de
Defensa. Hasta ahora sólo hay víctimas inocentes, numerosos uniformados y la
dignidad de un pueblo que ve comprometido un buque emblemático. El kirchnerismo
invoca el interés nacional e inventa éticas descalificadoras y despreciativas
para negarse a cumplir con la ley y con sentencias de los Tribunales, sin
respetar derechos ajenos, e incumple compromisos: los empresarios y las
corporaciones son "destituyentes", la prensa opositora son
"medios del desánimo", los agricultores son "patria
soyera", los proveedores del Estado son "patria contratista y
financiera" y los acreedores son "fondos buitres".
Cuando reconocen la
jurisdicción internacional, como ocurre en los tratados de protección de
inversiones y como ocurrió con el arbitraje del Beagle, algunos Gobiernos
argentinos luego desconocen su compromiso y la sentencia correspondiente. Los
jueces de Ghana están tomándose tiempo para estudiar con detención la solicitud
de los acreedores que, a falta de pago convencional, se han visto forzados a
recurrir a la fragata.
Vox Populi,
por Luis Larraín.
En una semana más,
los chilenos mayores de 18 años que viven en el país podrán ejercer su derecho
a voto para elegir Alcaldes y Concejales de todas las Comunas de Chile.
Por primera vez el
voto será voluntario y ello confiere a esta elección un elemento novedoso, que
desde ya plantea diferencias políticas entre los chilenos. Existe la
posibilidad de que la abstención sea más alta que lo habitual, pues no habrá
multas para quienes no concurran a votar y porque, además, esta nueva
circunstancia puede abrir los ojos a muchos chilenos que se preguntan cuán
relevante es su voto, sobre todo frente a una campaña chata en contenidos,
donde sólo vemos los rostros de candidatos que inundan nuestras calles con
carteles y anuncios que nada nos dicen.
Cualquiera sea el
porcentaje de votación (el año 2008 para la última elección Municipal votó el
58% de la población con derecho a hacerlo), mi impresión es que en el futuro la
oferta de los candidatos deberá mejorar: ese es uno de los efectos del voto
voluntario. En Libertad y Desarrollo hemos planteado alguna vez que sería
razonable que las elecciones Municipales se realicen en distintas fechas en las
diferentes Comunas, de modo de privilegiar la discusión de los temas locales y
permitir así a los electores manifestar sus preferencias de manera más
informada. Quizás ha llegado la hora para esa propuesta.
El voto voluntario tiene
detractores. De hecho a la mayoría de los concertacionistas no les gusta y lo
aprobaron solamente porque no se atrevieron, en la última campaña Presidencial
con Eduardo Frei, a sostenerlo públicamente dado que la mayoría está por el
voto obligatorio.
Por otra parte,
ciertos sectores del movimiento estudiantil, la dirigenta Eloísa González de
ACES entre ellos, han llamado a boicotear las elecciones. Reflejan con ello la
radicalidad de sus posturas: no creen en el voto y la democracia para dirimir
nuestras diferencias, sino que prefieren la movilización y la calle, con su
secuela de violencia, como mecanismo para imponer sus posiciones. Es la misma
lógica de quienes exigen asamblea constituyente para reformar la Constitución,
desconociendo la potestad del Congreso para hacerlo dentro de los cauces que
establece nuestra institucionalidad.
Y es que el problema
de Eloísa González con las elecciones es que las pierde. Y en eso no tiene nada
que ver el sistema binominal como dicen algunos, ya que para esta elección el
sistema electoral es uninominal para Alcaldes y proporcional para Concejales.
El problema de ellos es que son minoría.
Porque, de lo
contrario, Camilo Ballesteros, uno de los líderes del movimiento estudiantil y
candidato a Alcalde del Partido Comunista por la Comuna de Estación Central, de
las más populares de Santiago, debiera ganarle holgadamente al UDI Rodrigo
Delgado. Y no le va a ganar.
Como tampoco le va a
ganar Josefa Errázuriz a Cristián Labbé en Providencia, ni la ex Ministro de
Michelle Bachelet, la socialista Soledad Barría, a Germán Codina, candidato de
Renovación Nacional en Puente Alto, la Comuna más grande de Chile con una alta
votación de gente de bajos ingresos.
Y lo más probable es
que otra ex Ministro de Bachelet, la emblemática Carolina Tohá del PPD, tampoco
le gane a Pablo Zalaquett de la UDI.
Porque la derecha no
es minoría en este país como algunos creen, sino que puede ganar cualquier
elección cuando su oferta a la ciudadanía es mejor que la de sus adversarios.
También puede perder, por cierto, como sucederá en otras Comunas donde la
Concertación elegirá a sus candidatos. Porque las dos grandes coaliciones que
hay en la política chilena, pese a todas las críticas, pese a los errores que
puedan haber cometido, siguen representando a las grandes corrientes de
pensamiento que hay en Chile y obtendrán una altísima proporción de los votos
emitidos el 28 de octubre, superando con creces las votaciones del Partido
Comunista y las de movimientos como el PRO de Marco Enríquez.
En definitiva, el
domingo 28 de octubre, el voto le ganará a la calle.
La semana política:
Derechos y deberes ciudadanos: ahora las aprensiones.
A escasos días de que
se estrene el voto voluntario introducido por la reforma Constitucional de 2009
-aprobada por 26 Senadores y 94 Diputados, con la sola oposición de un Senador
y siete Diputados-, cunden las aprensiones sobre el verdadero efecto que
tendrá.
Desde cualquier punto
de vista que se analicen la realidad y las perspectivas de la sociedad chilena
en comparación con sus pares latinoamericanos, el balance es muy positivo.
Aquello que suele expresarse en indicadores económicos -inversión, empleo y
crecimiento- es mucho más que un fenómeno económico: responde a lo realizado
por el país y su gestión pública a lo largo de más de tres décadas.
De ahí la diversidad
de interpretaciones para explicar las manifestaciones de malestar que derivaron
en masivas movilizaciones sociales durante 2011 y que aún hoy encuentran eco -más
violento que masivo- en distintos sectores. El "empoderamiento" de
los chilenos como ciudadanos demandantes de servicios públicos y privados que
trajo aparejado el proceso de desarrollo, se volcó con furia contra algunos
símbolos de las transformaciones del país. Instituciones y liderazgos, públicos
y privados, se vieron remecidos, y no pocos errores y excesos del Estado y de
particulares quedaron expuestos ante la opinión pública.
En medio de esa
crisis terminaron de tramitarse las reformas legales para adoptar el voto
voluntario -derogando su obligatoriedad- y la inscripción automática. Fue una
de las respuestas del Gobierno y del Congreso a los cuestionamientos de la
calle a la legitimidad y capacidad del sistema político para abordar las
demandas sociales. Pero también fue una reafirmación de la creencia chilena -al
estilo de Juan Egaña- de que las leyes resuelven los problemas o engendran
hábitos y virtudes morales.
Responsabilidad cívica.
Con la reforma se
buscó resolver el déficit de participación que acusaba nuestra democracia,
expresado en el envejecimiento del padrón electoral y la falta de inscripción
de casi 40% de los chilenos en edad de sufragar, especialmente jóvenes. Por
eso, en la elección del próximo domingo no sólo se miden la oposición y el
Gobierno, o la Concertación y la izquierda, sino también los porcentajes de
votantes versus potenciales electores. El escrutinio sobre quiénes concurrieron
a sufragar y quiénes se abstuvieron será casi tan importante en los análisis
como el resultado político de los comicios.
La incertidumbre que
introduce esta nueva variable tiene aspectos saludables. Obliga a los
candidatos a motivar a los electores y a orientar sus propuestas a los
verdaderos intereses de los ciudadanos. Pero los temores que hoy expresan
muchos impulsores del voto voluntario, como el ex Ministro Francisco Vidal y
una destacada gama de dirigentes de la Concertación, acerca de los niveles de
participación, las características de los sectores más o menos propensos a
votar y la auténtica vitalidad y sentido republicano del deber de votar,
reviven muchos argumentos desoídos en el proceso que llevó a la derogación de
la obligación de votar.
Aún no sabemos qué
hemos ganado con este cambio, pero crece la conciencia del debilitamiento del sentido
de responsabilidad cívica que cabe a todo integrante de una sociedad política.
Elecciones y resultado
ordenador.
En principio, las
indagaciones -como la completa Encuesta Bicentenario que se publica hoy en el
cuerpo de Reportajes de El Mercurio- indican que puede haber un aumento
moderado en participación, pues un porcentaje de quienes estaban inscritos
antes de la reforma -cerca de 8 millones- que piensa no ir a votar el próximo
domingo, se compensaría con un número relativamente equivalente, a lo menos, de
nuevos inscritos -5 millones- que está dispuesto a ir a votar. Esto no es muy
alentador, considerando que los Municipios se perciben por los mismos
encuestados como las instituciones con mayor capacidad para ayudar a las
personas a solucionar sus problemas.
Por lo anterior,
muchos dirigentes políticos buscan promover la participación electoral pidiendo
facilidades en el transporte público, entre otras medidas. Un grupo transversal
de líderes estudiantiles convocó a los jóvenes a votar para contrarrestar el llamado
a abstenerse de algunas organizaciones de escolares. Por eso mismo, desconcertó
la naturalidad con que la ex Presidente Bachelet descartó venir a sufragar.
Nadie podría exigirle ese esfuerzo estando en Nueva York, pero es claro que
ella tiene asuntos en juego en esta elección Municipal, y ese desentendimiento
es mala señal para los partidos de oposición.
Hoy no parece
realista esperar una avalancha de votación, aspiración que inspiró la
voluntariedad del voto, tan optimistamente defendida en su hora por casi todos.
No obstante, los resultados electorales del próximo domingo darán al Gobierno
buenos motivos para consolidar sus posiciones, ya que expresarán un respaldo
superior al escaso apoyo de popularidad que le dan las encuestas.
Asimismo, la
Concertación tampoco será ese escuálido porcentaje de aprobación que registran
los sondeos, y podrá sostener con mayor confianza sus planteamientos frente al
PC, que controla muchas de las organizaciones del movimiento social.
Chile será un país
más institucionalizado luego de estas elecciones. La efervescencia de la calle
habrá transitado por el cauce institucional. De ahí que los sectores más
radicalizados, como la ACES, haya apostado a funar las elecciones, pues
cualquiera sea el resultado, este acto cívico legitima el orden institucional
como la vía hacia las soluciones que quieren los chilenos.
Temas Económicos: Retail
: ejemplo de desarrollo, retos futuros.
No era el caso hace
un par de décadas. Luego, el crecimiento de la economía, una alta competencia,
el profesionalismo de los operadores y una institucionalidad sólida explican la
transformación del sector. Más recientemente el gran dinamismo del consumo y el
notable desarrollo del mercado financiero (crédito) impulsaron con gran fuerza
su crecimiento.
Su evolución ha
beneficiado a los hogares, independientemente de su nivel socioeconómico, pues
acceden a una mayor variedad de servicios y productos, de menor precio y mejor
calidad (aunque afectan al pequeño comercio local). La oferta y la infraestructura
de las tiendas son comparables con los de cualquier país desarrollado. Hemos
modificado nuestros patrones de consumo y ganado en bienestar.
La internacionalización
del sector.
En ese contexto, esta
semana Cencosud compró Carrefour en Colombia. El monto de la transacción
alcanzó los 2.600 millones de dólares, una de las mayores en la historia de ese
país, que se explica por el tamaño y éxito de la empresa. En 2010, las ventas
de Carrefour en Colombia fueron de 2.780 millones de dólares, 19% del total en
el mercado. Esto lo ubica como el segundo más importante operador en Colombia,
tras Almacenes Éxito, cuyo principal accionista es el grupo brasileño Casino.
La alta confianza de
los consumidores colombianos, incentivada por los resultados económicos de su
país -fenómeno similar al observado en Chile en los últimos meses-, un
crecimiento importante en las ventas de bienes durables, el desarrollo del
mercado de crédito y la estabilidad económica y política, explican el atractivo
de dicho mercado en el marco regional. La compra del holding de Horst Paulmann
consolida y amplía sus negocios en Colombia, pues ya controla las tiendas Easy,
con ventas por 152 millones de dólares anuales.
Pero el proceso de
internacionalización de los retailers chilenos se inició hace casi dos décadas.
El primer operador en salir fue Falabella, apostando primero por Argentina
(1993) y luego por Perú (1995). Si bien no todos los casos han sido exitosos,
la selección de los nuevos mercados sobre la base de su estabilidad económica y
política, el éxito local del sector y el conocimiento acumulado respecto de lo
que demanda el consumidor chileno -no muy distinto del peruano, colombiano,
uruguayo o argentino- han permitido un posicionamiento de las empresas
nacionales en la región. Según un estudio de Genesis Consulting and Capital,
61% de las ventas de Cencosud proviene del extranjero (42% en el caso de
Falabella, y 33% para Ripley).
El profesionalismo y
la reputación regional de nuestras empresas quedan demostrados por estos
números. El siguiente paso será mirar el complejo mercado mexicano y
profundizar la entrada en Brasil.
Mejoramientos y
equilibrios necesarios.
La actual fortaleza
local del retail se debe a un período extendido de altas ventas. Pero hay luces
de alerta: el aumento en los costos fijos por un mayor número de locales ha
reducido rápidamente los márgenes de rentabilidad, que pasaron de 6% en el
primer trimestre de 2012 a 3% en el segundo. Eso plantea retos organizacionales
importantes, pero las mayores dificultades provienen de los cambios en la
regulación, particularmente en el ámbito de la defensa del consumidor. Algunos
son respuestas necesarias a vacíos evidenciados por el caso La Polar; otros son
técnicamente menos justificables, con cierto matiz populista. Todos, sin
embargo, demandan un mejor diseño y deben sujetarse a estrictos estudios
técnicos.
El Sernac Financiero
fue un paso importante en materia de derechos de los consumidores, pero aún no
se alcanza un balance más adecuado entre las normas de protección al consumidor
y el marco legal que ha impulsado al sector. La iniciativa de consolidación de
la información comercial de los consumidores debe avanzar en el diseño de
instrumentos que contengan información positiva y negativa de los clientes. Por
otra parte, un esquema inadecuado del proyecto de rebaja de la tasa máxima
convencional puede limitar el acceso al mercado formal a segmentos de la
población. Y la ley que eliminó los registros de morosidad de cuatro millones
de personas con deudas inferiores a 2,5 millones de pesos sólo tuvo un efecto
mínimo, pues a los 12 meses entre 70 y 80% era nuevamente moroso, y además fue
un mal precedente para la estabilidad del sistema. Todo esto ha causado fuertes
presiones al sector, particularmente en lo relativo a sus negocios financieros.
Los retailers
nacionales hoy son parte de un sistema complejo. Operan en distintos mercados,
enfrentando consumidores, instituciones y regulaciones heterogéneas. El futuro
depende de su capacidad para ajustarse a las circunstancias, generando al mismo
tiempo mejoras en productividad. Esto asegurará su crecimiento. La necesidad de
capital humano adecuado y la habilidad para innovar en los negocios serán
claves. En tal sentido, este sector anticipa los desafíos que los demás
enfrentarán en el mediano plazo, y su éxito informa sobre los pasos a seguir
como país.
La poco aprovechada
evaluación del gasto.
En la última década,
el gasto público ha sufrido un explosivo aumento: de US$ 16 mil millones en
2000 a US$ 60 mil millones proyectados para el año que viene. Si, en un ejercicio
hipotético, se resolviera destinar la totalidad de esa suma al 60% más pobre de
la población, esto supondría que cada persona de ese grupo recibiría anualmente
$3 millones, y una familia de 4 integrantes tendría un "sueldo
mensual" de más de $600 mil. Se trata de un cálculo burdo, pero que
permite alertar sobre la calidad en el uso de estos dineros que suponen cerca
de un cuarto de nuestro PIB: ¿Estamos como ciudadanos realmente exigiendo
resultados a partir de los masivos recursos públicos que inyectamos cada año?
No es claro que la respuesta sea positiva, pero silenciosamente se ha ido
perfeccionando un sistema que podría ser la base para que las personas
fiscalicen en qué se gastan sus impuestos.
A cargo de la
Dirección de Presupuestos, dicho sistema evalúa los programas Gubernamentales
para medir su efectividad, potenciándose a partir de la inquietud que han
despertado los sucesivos casos de mal uso de recursos públicos que cada tanto
suscitan impacto mediático. El programa de evaluación de la Dipres nació tras
un acuerdo del Gobierno de la época con el Congreso en 1996. La idea era
enriquecer la información entregada durante el debate presupuestario, y supuso
la primera piedra para instaurar el concepto de "presupuesto por
resultados", que apunta a establecer una cultura donde las reparticiones
públicas deban mostrar una buena gestión para pedir recursos.
Inicialmente estas
evaluaciones eran "de escritorio", sólo cruzando datos; luego se
agregaron evaluaciones de impacto y más en profundidad. Lo último en
incorporarse fueron las evaluaciones comprehensivas del gasto, que analizan las
estructuras de los ministerios u organismos públicos para evaluar la eficacia
en el uso de los recursos. Tras cada evaluación, se establecen indicadores y se
monitorea cómo se ha avanzado en ellos.
En paralelo, ronda
desde hace años la idea de dotar a Chile de una agencia independiente de
evaluación de las políticas públicas. La preocupación también rondó el diseño
del actual Ministerio de Desarrollo Social, cuando se planteó la urgencia de
evaluar los programas de vivienda, pobreza, salud y educación. Un nudo en este
debate ha sido el de quién puede ejercer adecuadamente el contrapeso a
ministerios sectoriales con agendas propias; por eso es que hasta ahora ha sido
quien tiene "la billetera", la Dipres, la que ha asumido la tarea.
Poca presencia en el
debate.
Quienes han estado
presentes en los debates presupuestarios cuentan que estos informes que emanan
de la Dipres no son frecuentemente parte de la discusión en las comisiones, lo
que llama la atención, pues el Congreso es informado de los resultados de las
evaluaciones y, además, la propia Comisión Mixta de Presupuestos juega un rol,
al pedir a la Dipres que ciertos programas sean evaluados. ¿Por qué no se usa
este material para exigir a las Autoridades que desfilan por el Congreso
solicitando más recursos que, antes de ello, exhiban resultados? Una
explicación es que en los últimos años la oposición, y también muchos de los Parlamentarios
oficialistas, han tendido a ubicarse en la vereda opuesta a la del control,
pidiendo casi a priori y de modo sistemático mayor gasto. En esa lógica,
incluso a veces se usan evaluaciones negativas de los programas para concluir,
insólitamente, que la solución sería darles aún más recursos...
Pero no todo ha sido en
vano.
En el caso del
Programa Orígenes, por ejemplo, ideado para apoyar el desarrollo de las zonas
indígenas y mal evaluado por la Dipres en 2004 (se detectaron problemas de
coordinación y de seguimiento), dicha evaluación ayudó a crear conciencia de su
ineficacia; en el presupuesto 2013, no se contemplan recursos para él.
En el reverso de la
moneda está el Programa de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación. Este partió
en 2008, fue evaluado en 2011 por la Dipres y el panel evaluador no validó su
continuidad tal como estaba operando, por cuanto no cumplía sus objetivos: se
detectó que un porcentaje importante de Municipios, a pesar de constatar
mejoramientos en las áreas evaluadas, no logró resolver los problemas que
motivaron el apoyo. De hecho, recursos de este fondo, han sido usados en otros
fines diversos, como pago del bono SAE, pago de deudas de docentes y déficits
de los colegios Municipales. Sin embargo, para 2013 se duplican los recursos
asignados a esta partida.
Lo que dijo el Banco
Mundial.
La entidad hizo en
2005 un informe positivo sobre el Programa de Evaluación de Programas de la
Dipres. "Chile cuenta con un programa de evaluación robusto, que ha alcanzado
y continúa alcanzando resultados impresionantes", fue la conclusión.
También en Chile se
ha estudiado el modelo. El ex Ministro Alejandro Ferreiro realizó un informe en
el marco de las propuestas para reforma del Estado, revisando las experiencias
internacionales y la nuestra. Concluyó que, si bien hay logros en el actual
modelo, se necesita avanzar hacia una agencia autónoma de evaluación de las
políticas públicas, que evite la interferencia de los Gobiernos de turno.
La idea aún no logra
materializarse y ello es otra prueba de que la evaluación de los programas y
del gasto de las instituciones de cara a las asignaciones presupuestarias, así
como el análisis de la conveniencia de las nuevas políticas públicas y de las propuestas
de leyes, no es hoy prioridad, pese a que debería serlo. Con el nivel de gasto
público al que está llegando Chile, las crecientes exigencias sociales de
transparencia y eficiencia, y un sistema político que no pasa por su mejor
momento de legitimidad, sería una buena señal Parlamentaria el usar la
información disponible y avanzar en perfeccionar el actual sistema.
¿Prestigiando
la política?
COYAIQUE.- El Diputado
independiente René Alinco habría insultado y golpeado, estando en estado de
ebriedad, a un radiocontrolador de la radio Santa María de Coyhaique, donde el
parlamentario conduce un programa, según denunció el sitio Viento Patagón.
El Diputado se
encontraba este sábado transmitiendo su programa “Alinco tu voz”, cuando
comenzó una discusión con el joven de 21 años que culminó con el parlamentario
encolerizado golpeando al controlador, informó Soychile.cl
Producto de la
golpiza, el joven presentó contusiones y se quebraron sus lentes ópticos,
estado en el que acudió a estampar una denuncia a Carabineros y luego a
constatar lesiones al Hospital Regional de Coyhaique.
La Policía de
Investigaciones (PDI) ya escuchó la grabación, tomó las declaraciones a los
testigos presenciales y se espera que el Fiscal determine las acciones a
seguir.
(Esta noticia fue tomada
de EMOL y simplemente no la comentamos por la vergüenza que nos da ver a este
tipo de personajes encaramados en cargos pagados con los impuestos que pagamos
todos los chilenos.)
Nota de la Redacción:
Como hemos recordado
frecuentemente esta mirada al fin de semana es una selección de columnas y
editoriales, destinada a que temas importantes no se pierdan por la dispersión
existente en los medios de los que las hemos tomado, temática en la que ciertamente
tenemos un alto nivel de concordancia.