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Piñera dijo que ‘’ Sin duda son buenas
cifras
para nuestro país´´, refiriéndose a baja
del
desempleo, destacó que Chile muestre
una
"capacidad de resistencia"
en medio de un
mundo en crisis.
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El INE informó que Chile tiene
16.572.475 habitantes
según último Censo, el muestreo señaló
una fuerte
baja en la tasa de natalidad, guarismo
que fue
menor a lo que se esperaba.
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En las imágenes de Felipe Cubillos y Felipe
Camiroaga homenajeamos a las víctimas
del accidente aéreo de Juan Fernández, a
un año de la tragedia.
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Testigo del Caso Bombas figura entre
detenidos por desórdenes post marcha
estudiantil, Elías Salazar, que anota
varias
detenciones, declaró a favor del
imputado
Diego Isaías Morales Muñoz.
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Excedentes de CODELCO bajaron en 31%
a US$ 2.391 millones en el primer
semestre
por baja del metal, por menor
producción,
menores leyes de mineral y costos más
altos en energía.
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El académico del Departamento de
Ecología
de la Pontifica Universidad Católica
de Chile,
Bernabé Santelices, obtuvo el Premio Nacional
de Ciencias Naturales 2012.
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China superará a EEUU en la venta
teléfonos
inteligentes este año, país asiático se convertirá
en el mayor mercado de este tipo de
dispositivos
por sus bajos precios,
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Desde hoy es delito en Gran Bretaña
ocupar
viviendas sin permiso de sus dueños,
hasta
ayer era solo una falta, los “okupas” podrían
pasar hasta 6 meses en la cárcel,
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La Agencia Internacional de Energía
Atómica
criticó a la República Islámica por
las actividades
de la base militar de Parchin, Irán
rechazó las
acusaciones del organismo mundial.
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Huelga en Lufthansa genera el caos en
el
aeropuerto de Frankfurt, se ha debido
suspender gran cantidad de vuelos de
corta
y mediana distancia, además de algunos
de largo recorrido.
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Inflación en la Eurozona subió dos
décimas
en agosto y situándose en un 2,6%, la cifra
se calcula con datos proporcionados
por
estados miembros y el precio de la
energía.
NOTICIAS NACIONALES
Piñera condecoró a
personalidades del ámbito de la salud pública.
El Presidente Sebastián
Piñera, junto a su señora, Cecilia Morel, y al Ministro de Salud, Jaime
Mañalich, encabezó ayer en La Moneda la ceremonia de condecoración con la
“Orden de la Cruz de Sur”, que se entrega a personas nacionales o extranjeras
que se han destacado en el ámbito de la salud pública, desde su creación en
1930.
Los distinguidos en
esta ocasión fueron: el animador Mario Kreutzberger, los médicos Jorge Rojas,
Pablo Valenzuela y Mirta Roses, junto con Filomena Varela y María Isabel
Sánchez, por su abnegado trabajo en el Hospital de Lota, entre otras acciones
sociales.
“Hoy día queremos
honrar, reconocer y agradecer el aporte que han hecho chilenos y chilenas que
merecen el título de héroes de la paz”, expresó Piñera, al tiempo que subrayó
que “como Presidente de todos los chilenos, es un privilegio y un verdadero
honor poder, en representación de todos mis compatriotas, hacer este sencillo,
pero sentido y profundo homenaje, a personas, hombres y mujeres de carne y
hueso, con virtudes y con defectos, pero que han logrado muchas veces potenciar
sus virtudes, superar sus defectos, para hacer un aporte y una contribución al
país que todos juntos estamos construyendo”.
En ese sentido, el Gobernante sostuvo que “es muy importante
que todos aprendamos del ejemplo de nuestros galardonados, porque de una forma
u otra, nunca han sido indiferentes al dolor de los demás. Y eso es lo que les
ha dado la fuerza, el coraje y también la capacidad de subirse sobre los
hombros de gigantes para haber logrado frutos tan fecundos como los que ustedes
han logrado generar”, agregando que “si
todos cumpliéramos con esa misión, de no ser indiferente al dolor de nuestro
prójimo, de ser y sentirnos guardianes de la vida y del bienestar de nuestros
hermanos, todos los demás problemas se resolverían por añadidura”.
La Orden de la Cruz
del Sur se entregó por última vez en 2004, al médico y ex Ministro de Salud
peruano, David Tejeda de Rivero, quien fuera reconocido por la OPS como el
“héroe de la salud pública de las Américas”. Otras personalidades reconocidas
anteriormente fueron el médico Luis Tisné (1988), el infectólogo y salubrista,
Abraham Horwitz (1991), el Premio Nacional de Ciencias, Jorge Mardones Restat
(1995), y el ex Director de la OPS, George Alleyne (2002).
Desempleo sigue a la
baja.
El muestreo entregado
ayer por el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, que es una de la buenas
noticias de la semana, muestra una nueva baja del desempleo, que se ubicó en el
6,5%, mostrando una caída de 0,1 puntos porcentuales con respecto al periodo
anterior.
Sin duda alguna la
cifra sorprendió a los analistas y al mercado que estimaba que el guarismo
registraría una leve alza debido a la menor actividad que tiene la agricultura
en la temporada invernal.
Comparando con el trimestre móvil anterior, las principales
disminuciones se observaron, por tercer período consecutivo, en Agricultura y
Actividades Inmobiliarias, aunque también destacó negativamente Comercio, que
revirtió el aumento registrado en el período anterior.
Las disminuciones
anotadas fueron contrarrestadas por los
incrementos registrados en los rubros relacionados con lasa hotelería y los restaurantes,
a lo que se sumaron los transportes y comunicaciones,
los que atenuaron la disminución del empleo total en el lapso.
En los últimos doce
meses, la tasa de desocupación disminuyó en trece Regiones y aumentó en dos,
destacándose las reducciones más significativas que se registraron el las
Regiones de Coquimbo, Los Ríos, y Arica y Parinacota.
En el mismo periodo la ocupación disminuyó también en la Región Metropolitana, -0,5%, por segunda vez consecutiva, baja en la que incidió el comercio, la categoría de trabajo por cuenta
Propia, seguido por las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Las Regiones que se
anotaron con la mayor tasa de desocupación son las Regiones de La Araucanía, 8,6%, del Biobío, 8,4%, y Valparaíso con un 7,5%. Las
Regiones con menores niveles de
desempleo son la de Magallanes, 3,3%,
Los Lagos, 3,5%, y Atacama. 3,7%.
En Chile hay más mujeres
que hombres.
Los datos entregados
por el Gobierno, preliminares sobre el reciente censo, no pueden dejar de
preocuparnos, pues además de demostrar que hay más mujeres que hombres, las féminas
son el 51,5% de la población, mientras los hombres llegaron al 48,5% de los
chilenos, que llegamos a los 16.572.475 compatriotas, enseña una bajísima tasa
de crecimiento poblacional.
El crecimiento de la
población en los últimos 10 años alcanza solamente a un 0,9%, tasa que es casi
la mitad de la que arrojó el Censo de 1982. El reciente muestreo señala que en
el país hay un total de 5.729.977 viviendas, las que se concentran en un 60,9%
en las Regiones Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio. La región más poblada es la Metropolitana con
6.683.852 habitantes.
Domingo 2: Día del
patrimonio.
Este domingo se
celebra una nueva jornada en la que centenares de edificios públicos y privados
considerados patrimonio de nuestra historia serán abiertos para que puedan ser
visitados gratuitamente por todos los interesados.
Entre los edificios que
podrán visitarse en Santiago está el
Palacio de La Moneda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Central,
La Cripta de Bernardo O´Higgins, el antiguo edificio del Congreso, el Archivo
Nacional, el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, la Municipalidad de
Providencia y centenares de edificaciones más.
Lo importante es que
esta actividad no solo se realizará en la Región Metropolitana, en el país hay,
centenares de edificaciones, que son
parte importante de nuestra historia, que se encontrarán disponibles para ser
visitados por los amantes de nuestras tradiciones y por quienes quieren saber
de nuestro pasado.
NOTICIAS
INTERNACIONALES
Enrique Peña Nieto, Presidente
electo de México.
Enrique Peña Nieto al
fin respira tranquilo. Tras casi dos meses de incertidumbre, el ex Gobernador
del Estado de México ya puede decir que es el hombre que le devolvió el poder
al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, quien hace 12 años perdió la Presidencia
y su hegemonía.
El Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación de México declaró ayer que Peña Nieto fue
el vencedor de las Presidenciales. Esto se sucedió a menos de 24 horas de que
el mismo Tribunal hubiera desechado la demanda por nulidad presentada por el
partido del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador.
Entra en vigor la
discutida reforma sanitaria en España.
Hoy entró en vigencia la reforma sanitaria en
España, la cual ha suscitado un enorme debate entre distintos sectores de la
sociedad, la que contempla la anulación por parte del Ministerio de Sanidad de
la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular y de todos aquellos
extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en España.
También perderán su
condición de asegurados los españoles que nunca han trabajado y que tengan
ingresos superiores a 100.000 euros al año. Los denominados "rentistas".
Se trata de una de las medidas de ahorro urgentes decretadas por el Gobierno el
pasado mes de abril para garantizar el futuro de este servicio público en
tiempos de crisis económica, sobre el que pesa además una deuda de 16.000
millones de euros.
Asociaciones de
inmigrantes residentes en España convocaron protestas en varias ciudades del
país contra la nueva norma sanitaria, que calificaron como "un grave
retroceso" porque dejará a los indocumentados sin acceso a la atención
médica, que no sea de urgencia.
Obama visitará el lunes
Luisiana para evaluar daños causados por Isaac.
El Presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, visitará este lunes el Estado de Luisiana para
evaluar los daños causados por el huracán Isaac, que ha perdido fuerza a su
paso hacia el norte, razón por la que cancelará un acto electoral en Cleveland
(Ohio) que tenía programado para ese mismo día.
COLUMNAS DESTACADAS
Transiciones post
Primavera Árabe,
por Juan Emilio Cheyre
Director Centro de Estudios
Internacionales UC
Las
noticias han dado cuenta de la evolución de la Primavera Árabe que más parece
un incendiario verano o un tormentoso invierno. Tuve la oportunidad de conocer
a algunos de los líderes de estos eventos al participar en seminarios en Egipto
y Túnez. En tales encuentros, donde asistieron actores de transiciones como la
de Sudáfrica, compartimos experiencias dado que tanto el caso chileno, y la
participación de las FF.AA. y el Ejército en él, así como el de otros países
son estudiados con interés por los resultados alcanzados.
Resulta
utópico pensar que se puedan aplicar fórmulas probadas en otros contextos sin
una profunda adaptación a la realidad local. Los procesos que se viven en la
convulsionada zona tienen componentes muy distintos a los vividos por los
chilenos. Es más, desde mi experiencia, creo que cada país tocado por la
Primavera Árabe presenta sus propias particularidades y para distinguirlas creo
que sirve haber sido testigo o actor de procesos de transición. Desde esa
perspectiva, estimo que hay ciertas singularidades que marcarán las
transiciones en esos países.
El
factor común ha sido la búsqueda de cambios en el régimen político por parte de
movimientos sociales que actúan a través de protestas. En Libia, las
manifestaciones transitaron a acciones militares y en Siria, han desembocado en
guerra civil. Nos encontramos con transiciones post revoluciones como lo vivido
en el caso de El Salvador, más que lo ocurrido en Chile o Sudáfrica. Estimo que
será difícil aspirar a que en estos países surjan gobiernos como los de Mandela
o Aylwin y sus respectivos sucesores. Más bien veremos que quienes accedan al
poder, como ya ha sucedido en Túnez y Egipto, serán coaliciones débiles con
líderes sin apoyo ni historia política que tendrán que establecer amplios
acuerdos para lograr mayorías. La arquitectura de un nuevo sistema de gobierno
y los equilibrios de las fuerzas políticas tardarán en construirse.
Por
otra parte, en el caso de Libia, y si es derrocado Assad en Siria, un gobierno
post guerra civil siempre resultará traumático. En esos países, la división
religiosa y tribal como asimismo el revanchismo le agregará complejidad al
proceso de cambio. Enfrentar el pasado buscando verdad y justicia evitando la
venganza será complejo. Lo más seguro es que persistan largos vacíos acerca de
las responsabilidades en la violación de DD.HH. ejercidas por décadas desde el
poder derrocado.
Las
demandas de quienes desafiaron a los dictadores están alejadas de ideologías o
fundamentos religiosos. Sus argumentos se han basado en aspiraciones bastante
occidentales como democracia, ejercicio de las libertades, acceso a los
beneficios del desarrollo, protección social, respeto a los derechos humanos y
un clamor por la dignidad. Nos encontramos por tanto en transiciones que exigen
nuevas formas de gobierno y una readecuación institucional que dé satisfacción
a demandas concretas que se harán exigibles por una sociedad que espera
soluciones a problemas reales en tiempos acotados. Constituirá tarea difícil
encontrarlas. La estabilidad futura de esos gobiernos dependerá en gran medida
de los logros que quienes han accedido al gobierno puedan exhibir.
En
todos estos países, las FF.AA. tradicionalmente han sido actores clave del
ejercicio del poder político. Especialmente en Egipto, su rol ha trascendido en
mucho a aquél propio de la función Defensa. Es por eso que un tema clave en la
nueva arquitectura democrática exige esclarecer las competencias, atribuciones,
subordinación y roles que les competen a las FF. AA. Constituirá una tarea
compleja dada la gravitación que seguirán teniendo los temas estratégicos y de
seguridad en la región, así como debido a la voluntad o falta de ella que
exhiben los mandos para asumir los cambios en su posicionamiento dentro de la
nueva estructura del poder político.
Los
escenarios posibles son variados pero, las tendencias dominantes permiten
vislumbrar que las transiciones tomarán tiempo. Probablemente, las más
dificultosas serán las de Egipto y Libia. La primavera podría cobrar nuevas víctimas
en gobiernos que no reaccionen a los signos de los tiempos. Sin embargo es
posible aspirar al establecimiento de democracias imperfectas que abran nuevos
espacios de libertad. A esos gobiernos les costará responder a las aspiraciones
de desarrollo de la población en el corto plazo. Finalmente, el reordenamiento
del tablero estratégico y geopolítico de la región generará incertidumbres y
nuevos equilibrios.
Un falso dilema,
por
Cristian Larroulet.
Con
frecuencia hemos oído decir en los últimos años a personeros de la Concertación
que el crecimiento económico ya no debe tener la prioridad que tuvo en el
pasado para nuestro país y que lo sensato sería concentrar nuestras energías en
conseguir una distribución más igualitaria de los ingresos, pues así podríamos
lograr una mejor calidad de vida para todos. Pero esa manera de ver las cosas
nos pone ante un falso dilema, pues ignora la relación virtuosa que unas
políticas públicas acertadas pueden trazar entre crecimiento y equidad.
En
efecto, afortunadamente hay políticas públicas que permiten a un país como el
nuestro crecer y, al mismo tiempo, aumentar la movilidad social y reducir las
desigualdades excesivas. Es el caso de la generación de empleo, la expansión y
mejora de la educación, una política social orientada a la superación y a la
autonomía de los más pobres, e incluso la remoción de barreras al
emprendimiento.
El crecimiento
de la economía es fundamental para la generación de empleo. Y el empleo sirve a
los dos objetivos aludidos. Da lugar a más crecimiento, porque mientras más
personas trabajan, más produce el país. Y, a la vez, favorece una mayor
igualdad en los ingresos, porque cuando un país se acerca al pleno empleo los
más beneficiados son los más vulnerables, que son los que normalmente padecen
mayores tasas de desocupación.
La
educación contribuye también al crecimiento de la economía, porque las personas
educadas son más productivas, especialmente en la sociedad del conocimiento en
que vivimos. Y, a la vez, en la medida en que más personas reciben educación y
se reducen las brechas de escolaridad, se van igualando también sus ingresos.
Políticas
sociales encaminadas a la superación de los más necesitados y no a su
dependencia de la ayuda estatal, como el Ingreso Ético Familiar y el bono al
trabajo de la mujer, sirven también a ambos objetivos. Al subir el nivel de los
peor situados en la sociedad, se reduce la desigualdad. Y, a la vez, su
incorporación a los procesos productivos favorece un mayor crecimiento.
Cuando
se remueven barreras al emprendimiento y se propicia una competencia más
intensa entre las empresas, el país crece, porque los recursos disponibles se
usan con mayor eficiencia. Pero también puede volverse más igualitario, porque
la competencia permite que los consumidores adquieran los bienes y servicios
que requieren a menor precio, con lo que su poder adquisitivo se incrementa,
mientras los productores de esos mismos bienes y servicios no tienen ya la
posibilidad de capturar rentas y la distancia entre unos y otros tiende a
reducirse.
Adicionalmente,
sólo el crecimiento de la economía ofrece la posibilidad de un incremento
constante y sustentable de los ingresos fiscales necesarios para financiar una
política social efectiva. Sin él, tarde o temprano no hay más opción que
reducir drásticamente beneficios sociales, como varios países se ven obligados
a hacer por estos días.
La
encuesta Casen echó luz sobre esta relación virtuosa entre crecimiento y
equidad. Entre 2006 y 2009, Chile tuvo su más bajo crecimiento en muchos años:
2,5% anual promedio. Los ingresos autónomos del 10% más pobre cayeron en
promedio 9% al año, mientras los del 10% más rico se incrementaron en un 3%. Y,
a pesar del esfuerzo por conformar una red de protección social, la diferencia
entre los ingresos monetarios —que incluyen las transferencias del Estado— del
10% más rico y el 10% más pobre subió de 23,9 a 25,9 veces. En cambio, entre
2009 y 2011 la economía creció a un promedio anual de 6,1%. Con ello los
ingresos autónomos del 10% más pobre se expandieron en un 12% al año, el doble
del conjunto de la economía y más que cualquier otro segmento socio-económico.
Y, unido ello a una política social acertada, la brecha entre los ingresos
monetarios del 10% más rico y el 10% más pobre se redujo de 25,9 a 22,6 veces,
su menor nivel desde que comenzó a hacerse esta medición, en 1990.
Todo
Chile se ha beneficiado con el mayor crecimiento de estos años. Pero los más
pobres lo han hecho especialmente, lo que ha llevado a que la desigualdad baje.
Ese es el camino que el Gobierno de la Coalición por el Cambio ha propuesto al
país. El de una nación que crece con fuerza y avanza a paso firme hacia el
desarrollo, al mismo tiempo que aumenta la movilidad social y reduce las
desigualdades excesivas.
En búsqueda de la
felicidad
por Rolf Lüders.
Últimamente
ha aumentado -como lo atestiguan las diversas demostraciones públicas- el
número de chilenos descontentos con las
instituciones socioeconómicas. No obstante, alrededor del 80% de los
entrevistados para el Informe del Desarrollo Humano en Chile 2012 del Pnud se
declaró bastante o muy feliz con su vida personal. Resultados muy similares se obtuvieron en
otras encuestas, de modo que no cabe duda que lo último es así.
Si
bien los primeros movimientos sociales se limitaron a reivindicaciones gremiales, en la actualidad sus principales
dirigentes exigen cambiar las “estructuras” del país. En general, estos
líderes, y también una parte de nuestros políticos, desean un rol estatal mucho
más activo que el presente. Sobre todo, exigen en esta etapa una mayor regulación
de la actividad privada y la operación fiscal de los servicios públicos. Dicen que con ello podrán lograr una sociedad
más justa, próspera y en que se erradica la pobreza, algo que todos deseamos.
Esta
columna está dirigida principalmente a los que no han vivido o a los que han
olvidado nuestra historia. No cabe duda que una comparación entre un sistema en
que se supone -subrayo la palabra supone-
que el Estado asigna los recursos óptimamente y genera los incentivos
ideales, va a producir en el papel, y
también en la fértil imaginación de los que hacen el ejercicio, mejores
resultados que los que produce, en la práctica, con personas de carne y hueso
una economía social de mercado como la chilena.
Pero
los Estados fallan en la práctica, y mucho. Por eso lo relevante es comparar
dos sistemas operando en condiciones prácticas. Afortunadamente, la experiencia
chilena lo permite. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Chile
tuvo una economía en que el Estado jugó crecientemente ese rol más activo que
algunos anhelan. El PIB por persona creció menos y la inflación fue mayor que
la evolución de las mismas variables en el mundo y en la región, además que los
indicadores de distribución de ingreso empeoraron. Los resultados fueron tan malos que corrimos
el riesgo -en la búsqueda de un esquema que pudiera revertir nuestra
declinación- de perder la libertad, al elegir un régimen con una buena
proporción de partidarios, entonces, con claras simpatías totalitarias.
Sin
duda, nuestro sistema tiene aún defectos que hay que corregir, pues genera
injusticias que hay que eliminar y las oportunidades no son las mismas para
todos. No obstante, el sistema está orientado en la dirección correcta, porque
hemos crecido económicamente a una tasa mayor que aquella de países
comparables, en un ambiente de estabilidad de precios y en circunstancias en
que los nuevos cohortes -más educados- están mejorando la distribución del
ingreso.
Pero
también lo está así porque hemos aumentado los grados de libertad: hoy Chile es
uno de los países del mundo con mayor libertad económica (ranking 7, según
Heritage Foundation) y que tiene un sistema en que predomina una amplia
libertad política (Freedom House). La libertad individual implícita le permite
entonces a cada ciudadano realizarse de la mejor forma posible, ingrediente
esencial de la felicidad.
El síndrome Avatar
por Carlos Martínez.
LOS
PROYECTOS energéticos y mineros están asediados hoy en Sudamérica. En Chile, la
justicia se pronuncia a favor de la demanda
de una ONG (Olca) y paraliza la Central Castilla, dejando de rebote en
la incertidumbre una serie de inversiones mineras. Recientemente, se paralizó
en Brasil la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el Amazonas, por un
tribunal que consideró que no se respetaban
los derechos de los indígenas y la protección de sus tierras
ancestrales. Grandes proyectos en América Latina están siendo objeto de una
verdadera guerra, buscando su paralización en nombre de los pueblos indígenas y
las comunidades locales.
Es
legítimo y están en su derecho los pueblos originarios que quieran marginarse
del desarrollo. Pero que no sean las ONG y fundaciones corporativas quienes decidan y los
instrumentalicen, creando una verdadera industria de lobby antidesarrollo.
El
economista peruano Hernando de Soto publicará un libro, La Amazonia no es
Avatar, en el que aborda este fenómeno como una batalla “de grupos originarios
y la naturaleza contra las fuerzas del
desarrollo y la civilización humana”. De Soto desmitifica sobre la base de una
investigación en terreno la imagen que creó la película Avatar de que a los
indígenas no les interesa integrarse y que buscan restarse al desarrollo. Hay
que recordar que el director de este filme, James Cameron, visitó la zona de la
central de Belo Monte señalando que quiso representar estos conflictos. “La
represa es un ejemplo del choque de una visión de una civilización tecnológica
para el progreso a costa de la naturaleza y las culturas de los pueblos
indígenas”, dijo.
Quienes
financian estas campañas muestran una tendencia sustentada en estas visiones.
Por ejemplo, la fundación filantrópica norteamericana Global Green Fund
fundamenta el propósito de sus ayudas a ONG y comunidades indígenas en el apoyo
a la oposición a proyectos de desarrollo. Veamos un ejemplo de “grant” para ONG
en Colombia. Propósito: “Ayudar a los grupos indígenas a proteger sus tierras
que se ven amenazadas por la minería, la agroindustria y los megaproyectos de
represas”.
Esta
fundación es pródiga con ONG chilenas como Olca y Fima, apoyándolas en campañas
y juicios contra proyectos energéticos. Ayudaría a la trasparencia que estas organizaciones
den a conocer quiénes las financian y por qué. Una revisión hecha en marzo de
este año permite conocer que Fima, entidad que participa en la formación de
jueces en la academia judicial, no tiene información en el Ministerio de
Justicia desde 2007.
Colombia,
Perú, Brasil y Chile enfrentan
obstáculos para su desarrollo por parte de estas campañas. Países cuyos presidentes asumieron posiciones más cercanas al
ecoindigenismo sufren el mismo asedio: Rafael Correa cuestiona el “onegeísmo” y
ha advertido “que nadie se engañe, detrás del reclamo de los indígenas Sarayaco
están ONG internacionales de esas que tratan de imponer en nuestro territorio
lo que nunca lograron en sus países, un radicalismo y un fundamentalismo
irresponsable”. En Perú, el Presidente Humala critica a las ONG ambientalistas
que “inyectan dinero e ideología”. Evo Morales ha sido coincidente con estas
críticas. Mientras tanto, el síndrome Avatar
avanza por todo el continente.
EDITORIALES MUY CONTINGENTES
Institucionalidad
ambiental amenazada
Al
pronunciarse sobre los recursos de protección interpuestos contra la Central
Termoeléctrica Castilla, la Corte Suprema ha incursionado en una serie de
consideraciones técnicas sobre los procedimientos de evaluación ambiental,
sentando criterios que ponen en tela de juicio las decisiones de la Autoridad
competente, tanto en este proyecto como en otros. Nuestra institucionalidad
ambiental -construida a partir de la Ley N° 19.300, de 1994, y sometida
recientemente a un importante perfeccionamiento- radica en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dependiente del Ejecutivo, la
responsabilidad de conciliar la libertad de emprender con el resguardo del
medio ambiente. La materialización de las abultadas inversiones nacionales y
extranjeras que registran los catastros -y los miles de puestos de trabajo que
traen consigo- descansa en la confianza en que las resoluciones ambientales
sean jurídicamente seguras. El cambio de criterio que introduce dicho fallo en
relación con el actuar del SEIA provoca demasiada incertidumbre.
Tres
reparos plantea este fallo, más allá del enfoque jurídico que consignamos ayer.
El primero y más importante es que la central y su respectivo puerto debieron
ser evaluados en conjunto, para asegurar que están debidamente considerados los
impactos ambientales de los dos kilómetros de tuberías o cinta transportadora
que unen el puerto a la central. El fraccionamiento de proyectos está
expresamente prohibido cuando persigue eludir una evaluación estricta,
situación que la sentencia reconoce no ocurre en este caso. Hasta ahora ha sido
la apreciación técnica de la autoridad competente la que delimita los alcances
o repercusiones de cada proyecto. Ella determina, por ejemplo, si la
contaminación ocasionada por un conjunto de obras complementarias -como la
central y su puerto- es o no superior a la causada por la suma de sus partes,
evaluadas separadamente. El dictamen de la Corte sienta un precedente nocivo,
porque dos o más proyectos complementarios pueden tener distintos titulares y
usos, e incluso situarse en Regiones diversas. La inflexibilidad que importa el
nuevo criterio impone injustificados costos económicos.
La
sentencia también objeta el cambio de la calificación industrial del proyecto,
de "contaminante" a meramente "molesto", que hizo posible
su ulterior aprobación. Ésta es una exigencia de la Ordenanza de Urbanismo y
Construcciones que en rigor es innecesaria en este caso. La contaminación
provocada por una central no depende sólo de su naturaleza, sino de cómo se
opera. Evaluar y aprobar su diseño y modos de operación es el rol del SEIA.
Habitualmente, el carácter de contaminante se asigna sólo a centrales cuyas
emisiones se anticipa superarían ciertos máximos permitidos. En este caso ello
no ocurre, y por eso fue calificada sólo de "molesta".
Sorprendentemente, en opinión de la Corte, aun así sería contaminante.
En
fin, el fallo insta a que la aprobación ambiental sea posterior a todos los
permisos sectoriales necesarios, criterio que la Corte también ha hecho ver en
otros casos recientes. Como los permisos sectoriales son muchos -pueden superar
los 50- y versan sobre aspectos muy específicos, ha sido práctica habitual que
la autorización ambiental general por parte del SEIA sea previa a algunos de
los sectoriales requeridos. Esto, por la conveniencia práctica de avanzar con
celeridad, con plazos estrictos y perentorios, a las aprobaciones de orden
general, necesarias para iniciar las obras, y proceder luego a los permisos
específicos, que requieren ingeniería de detalle.
El
Gobierno no puede limitarse a consignar que el fallo agrega "cierto nivel
de incertidumbre", como ha expresado el Ministro de Energía. Debe tomar
cartas en el asunto, convocar con urgencia a los mejores expertos, preparar las
reformas legales necesarias para restablecer la correcta interpretación de la
ley, y negociar con la oposición su tramitación acelerada. Todos los sectores
políticos han de concordar en que necesitamos una institucionalidad ambiental
técnica, eficiente y confiable, porque la actual paralización de las
inversiones sólo puede traer adversos efectos económicos y políticos a
quienquiera Gobierne en el próximo período Presidencial.
Ordenando el marco
universitario
El Ministro
de Educación dio a conocer hace poco el "Segundo informe de estados
financieros de las universidades chilenas", basado en información
solicitada a todas ellas y que hizo público, entre otros, el gasto por alumno
de cada una, los honorarios académicos y las empresas relacionadas con ellas.
Para despejar mitos y suspicacias, es muy conveniente que el país conozca toda
esa información, si bien la forma de presentarla esta vez abrió espacios para
interpretaciones que causaron molestia en el Consejo de Rectores (CRUCh). Así,
es discutible la consolidación de la información en dos grupos -universidades
del CRUCh y privadas-, aunque la realidad en unas y otras es muy heterogénea,
por lo que los promedios presentados son poco significativos. Quizás sería
mejor segmentar el informe por años de acreditación para comparar planteles con
características más similares.
Asimismo,
el informe proyecta cierta sospecha genérica sobre todas las empresas paralelas
a las universidades -en promedio, existen seis relacionadas por cada una-. Sin
embargo, es preciso distinguir que, según la normativa, son ilegales aquellas
relacionadas cuyo objeto sea extraer utilidades de las casas de estudio, pero
hay otras sociedades que las universidades han creado legítimamente para
organizar de modo adecuado su funcionamiento, o como una forma de obtener
utilidades y, así, financiar sus proyectos educacionales. La creación de
sociedades relacionadas que se ajustan al marco legal ordinario y tributan como
tales no debe ser en sí misma objeto de sospecha. De hecho, entidades Gubernamentales
(como la Corfo), al entregar recursos para investigación, exigen a los
organismos que los perciben crear entidades paralelas para manejarlos, lo cual
es un principio de buena gestión.
Siendo
así, convendría delimitar los ámbitos y condiciones en que las universidades
pueden realizar sociedades paralelas. En este sentido, el Ministro Beyer ha
anunciado que un nuevo marco regulatorio para las transacciones entre las
universidades y sus empresas relacionadas se incorporará al proyecto de
Superintendencia de Educación Superior. Ha de velarse por que no haya desvío de
recursos y por qué los precios de transferencia sean adecuados, y aun es
legítimo prohibir que empresas ligadas a directivos de la universidad puedan
prestar servicios cuando su fiscalización sea difícil. Pero en sucesivos
informes se ha de precaver que la forma como se den a conocer los datos no
pueda inducir a interpretaciones equívocas.
Son
estas últimas las que movieron al CRUCh a pedir al Ministro una rectificación
de la información difundida sobre empresas relacionadas con los planteles, a lo
que el Ministerio ha respondido que sólo se publicó aquella que presentaron las
propias universidades. Beyer insistió en que "tiene que haber
transparencia", y que si hay explicaciones razonables de los vínculos con
empresas, esto no debería ser un problema, si bien hay casos explicables y
otros que lo son menos.
La riesgosa apuesta
de Santos.
Una
serie de señales y especulaciones habían precedido a la admisión pública, por
parte del Presidente Juan Manuel Santos, de la existencia de “conversaciones
exploratorias” con las FARC, en la búsqueda de poner fin al conflicto
colombiano. De hecho, incluso el cambio de Gabinete anunciado la semana pasada
por el Mandatario era visto por analistas de ese país como una forma de ir
preparando el terreno para el diálogo. Más determinante, en junio pasado el Gobierno
de Santos logró aprobar en el Congreso un «Marco jurídico para la paz», reforma
Constitucional cuya reglamentación legal se discutirá en los próximos meses y
que apunta precisamente a establecer mecanismos jurídicos para facilitar la
desmovilización de los grupos armados. Ahora ya se ha filtrado a los medios el
documento preliminar suscrito entre las Autoridades y el grupo extremista, en
el cual se fijan las características del proceso de diálogo cuya mesa se
instalaría públicamente en Oslo en un mes más, pero cuya sede principal estaría
en La Habana, con Noruega y Cuba actuando como garantes, y Venezuela y Chile
cumpliendo la figura de «acompañantes».
El
paso que de esta forma se apronta a dar Santos bien puede ser la más audaz de las
iniciativas asumidas por su Gobierno. Para embarcarse en ella cuenta con la
simpatía de la comunidad internacional, el apoyo de la mayoría de los partidos
políticos de su país y de parte importante de la opinión pública. Sin embargo,
también enfrenta el escepticismo de otra parte de la población y el
cuestionamiento de su predecesor, el ex Presidente Alvaro Uribe, fuertemente
distanciado de la actual administración y quien ve que de este modo el Gobierno
sólo está “alimentando el conflicto” y abriendo una puerta de impunidad para
los terroristas. Pero incluso al margen de la pugna Uribe-Santos, los críticos
del incipiente diálogo con las FARC cuentan con poderosos argumentos para su
desconfianza. El más fuerte es lo ocurrido con el fallido proceso que a fines
de los 90 iniciara el entonces Presidente Andrés Pastrana y que llevó a
establecer en el Caguán una zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros
cuadrados: al final, no sólo fracasaron las conversaciones, sino que las FARC
pudieran emerger de ellas repotenciadas y con el control de importantes áreas
territoriales. Analistas colombianos también han advertido de la existencia de
divisiones en la guerrilla y de cómo la corrupción y su involucramiento en el
narcotráfico vuelve mucho más difícil tener certezas respecto de su capacidad
de llegar a acuerdos y cumplirlos. Además, pese a los desmentidos del ministro
de Defensa, algunas versiones hablan de la desconfianza con que las Fuerzas
Armadas mirarían el nuevo proceso.
Con
todo, Santos se apronta a iniciar este diálogo en un escenario de incomparable
mayor fortaleza del Estado colombiano respecto de la situación de los ’90. La
política de seguridad democrática iniciada precisamente por Uribe —y donde el
actual Mandatario jugó un rol clave como su Ministro de Defensa— ha logrado
éxitos notables en el debilitamiento de las FARC, las cuales durante la última
década han sufrido sucesivos golpes, incluida la muerte de sus principales
líderes y la reducción de sus fuerzas a menos de 8 mil hombres, cuando hasta
hace unos años eran más del doble. Todo ello se suma al extendido descrédito
internacional que sus repudiables acciones le han merecido a ese grupo,
calificado por Estados Unidos y la Unión Europea como organización terrorista.
Así, y aunque precisamente la posibilidad de que las nuevas conversaciones les
permitan a las FARC ganar algo de legitimidad es otra preocupación de los
críticos, Santos —quien este año ha visto caer fuertemente su popularidad—
parece estar convencido de que ahora sí ha llegado el momento de dar un cierre
al conflicto e iniciar una nueva era en Colombia.
En
cuanto al rol que podría jugar nuestro país, no se han conocido más
informaciones que los trascendidos del señalado documento y la disposición
pública de nuestras Autoridades. Evidentemente los sólidos lazos que se han ido
forjando entre ambos países hacen que el logro pleno de la paz en Colombia sea
un anhelo fuertemente compartido por Chile.
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