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El Presidente Sebastián
Piñera asistió ayer
al servicio fúnebre del
Obispo de la Iglesia
Pentecostal Apostólica
de Chile, Francisco
Anabalón Duarte, que
falleció el domingo
pasado.
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ME-O llamó a Golborne y
Allamand a
dejar el Gobierno para
‘’que estén en
la calle, igual que
yo’’, a la vez que
recordó a Bachelet que
cumpla con
aquello de que ‘’ nadie
se repita el plato’’.
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Por fin un fallo
sensato, la Corte de
Apelaciones, en fallo
unánime, revocó
la libertad de imputado por crimen
de barrista, ordenando
la detención
inmediata del autor
confeso del crimen
del hincha de Colo Colo.
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El Servicio Electoral,
SERVEL, recordó que
hoy vence plazo para
excusarse de ser
vocal de mesa, el sábado
se conocerá a
los reemplazantes que ya
no tendrán
la posibilidad de ser
excluidos.
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Merkel va en apoyo de
Primer Ministro
griego mientras crece
tensión por plan
de austeridad, la
Canciller alemana se
trasladó a Atenas,
mientras opositores
realizaron violentas manifestaciones.
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Berlusconi descarta
presentarse a las
próximas elecciones en
Italia, el ex
Primer Ministro italiano
propuso una
coalición para enfrentar
los comicios
generales, que sea
liderada por el
actual Premier, Mario
Monti.
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Se reduce a 868 millones
el número de
personas que sufren de
hambre en el
mundo, la cifra
representa cerca del
12,5% de la población
mundial. La
FAO la considera
‘’inaceptable’’-
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| Diario ‘’El País’’ de
España suprimirá 149
empleos, 128 por
despido, el grupo Prisa
argumenta que sólo así
‘’garantiza la
viabilidad de la empresa
en los próximos
años ante la caída de
los ingresos’’.
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Gobierno de Hollande
enfrenta su primera
gran protesta, miles de
trabajadores salieron
a las calles en
distintas ciudades de Francia
reclamando en contra de
los despidos masivos.
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BCE advierte que la
actividad económica
seguirá siendo débil en
el futuro próximo
y avisa que existen ‘’riesgos’’
de que esas
perspectivas empeoren
aún más debido
a las ‘’tensiones en
varios mercados
financieros de la zona
euro’’.
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«Santa viviente»,
por Max Colodro.
Un reciente artículo
del Financial Times afirma que Michelle Bachelet es lo más cercano que hoy
tenemos los chilenos a una «santa viviente»: idealización virginal e intocable,
proyección de todas nuestras esperanzas llevadas hasta el altar de la
adoración. Un mito que sin duda resume la carga de emocionalidad que simboliza
su figura y que la tiene en la actualidad con enormes posibilidades de volver a
sentarse en el trono celestial.
Diversos estudios de
antropología cultural explican la devoción de los pueblos de América Latina por
María, «la madre» del redentor, seno natal y acogedor en el cual una cultura
mestizada a la fuerza pudo proyectar sus anhelos de origen y de seguridad
identitaria. En efecto, el fervor mariano ha sido una constante en nuestra
historia continental, y no faltan ocasiones en que vuelve a encarnarse en un
personaje del presente. Los argentinos lo han vivido intensamente en estas
décadas en el mito de Evita, y Chile al parecer lo estaría reeditando ahora en
la figura de Sor Michelle de Los Andes.
El problema para
nuestra futura santa Presidencial es que el mito está siendo forzado ahora a
descender del inefable «más allá», para convertirse nuevamente en un actor
político, sometido a todas las miserias y desengaños del «más acá». Un desafío
enorme, en el cual no sólo la realidad misma terminará por chocar con todas las
idealizaciones propias de la mitificación, sino que obligará también a Bachelet
a tomar en sus brazos a una «criatura» —la Concertación— cuya imagen en el
Chile de hoy es cualquier cosa menos santa, ascética o angelical. Aterrizar en
el país y en la política significará para la ex Presidente dejar el cielo para
llegar a un lugar muy parecido al infierno, un escenario no precisamente
idílico y donde su séquito de acompañantes no tiene nada de los bíblicos
apóstoles, salvo, quizá, de uno solo…
Que los chilenos
consideremos que un verdadero liderazgo político es aquel que no tiene opinión
sobre ninguno de los problemas que nos afectan es algo que nos desnuda a cuerpo
entero. Aquí, lo que se premia es el silencio, la distancia táctica, la decisión
de no asumir definiciones. El ideal para los partidarios de Bachelet sería no
sólo que no hubiera primarias, sino que ni siquiera tengamos campaña Presidencial,
y que la candidata pudiera llegar el mismo día de las elecciones a emitir su
voto y ser proclamada Presidente. Y ojalá, también, que durante su Gobierno
fuera posible pasearla como al Papa, muda y en una ánfora de cristal, para que
el pueblo fervoroso salga a su paso a saludarla y venerarla.
Pero no: la política
y una campaña Presidencial no son eso. Por más intentos que hagan sus acólitos,
ser candidato Presidencial es precisamente estar sobreexpuesto, obligado a
responder interpelaciones, a asumir los costos de las definiciones, a tomar
partido por una posición y no por otra. Y el problema, de nuevo, es que
Bachelet no será candidata en solitario, sino «de» la Concertación, un
conglomerado sin legitimidad, con una historia de la cual hacerse cargo, y con
una fractura interna que se ahonda día a día, asociada a proyectos políticos
distintos, entre cuyos representantes no hay ya ni afectos ni complicidades
comunes.
En definitiva, un
desafío gigantesco, donde la encarnación de un mito casi religioso deberá
someterse a los rigores terrenales para intentar conjugar cosas que son en
realidad inconjugables. Una tarea imposible, llena de riesgos y con altas
probabilidades de fracaso. Es cierto: «los caminos del Señor son misteriosos»
como dice el texto bíblico, pero, en rigor, hay que tener una fe francamente
divina para creer que se puede recorrer el vía crucis de una Presidencia dos
veces, y terminar en ambas santificada por la historia.
¿Quiénes son los
responsables de la participación?,
por Gonzalo Müller.
A tres semanas de las
elecciones Municipales, no sólo los resultados de cada Comuna generan
expectación, sino también el debut del sistema de voto voluntario e inscripción
automática. No son pocas las dudas en torno a la participación, es decir, en
torno a cuántos de los 13.388.643 ciudadanos inscritos en el nuevo padrón
realmente van a concurrir a votar ese día.
La incertidumbre que
genera la voluntariedad del voto es un elemento importante para la
competitividad de las elecciones: al volverse menos predecibles, se abren
mayores oportunidades para que nuevos candidatos o partidos decidan participar
con su oferta electoral, y este círculo virtuoso nos debería llevar a que
también más electores se identifiquen y participen votando por estas nuevas
alternativas. Círculo virtuoso que al parecer no se estaría dando en nuestro
caso.
La mayoría de los
estudios apuntan a una participación electoral que estará en un rango que va
del escenario optimista, que nos acerca al 60%, al pesimista, que nos deja sólo
un poco sobre el 52%. Pero incluso en el mejor escenario estamos hablando de que
más de 5 millones de chilenos no voten en estas elecciones Municipales. Las
razones que explican esta conducta son complejas pero importantes de entender
si no queremos equivocar la solución.
En verdad, las
expectativas sobre la participación hoy operan a la baja: casi no hay analistas
que esperen un crecimiento importante, por lo que el debate se orienta a tratar
de descubrir las razones de esta falla. En esto primero debemos entender que la
inscripción automática y el voto voluntario sitúan la responsabilidad de la
movilización electoral en los candidatos y sus partidos; son ellos los
llamados, a través de sus campañas, a motivar y convencer a los ciudadanos de
la importancia del acto de que concurran a votar, y de que manifestar su
preferencia en la urna los compromete y legitima el origen de nuestras Autoridades.
Es la calidad y variedad de su oferta la que se somete a evaluación con la
voluntariedad del voto. Aquí el razonamiento ciudadano es simple y lapidario:
voto sólo si me gustan el candidato o su programa.
Es esta lógica la que
permite que el nivel de participación se constituya en termómetro de nuestra
democracia, porque es la más genuina evaluación de las capacidades e
identificación que generan los candidatos y los partidos.
Si, por el contrario,
estuviéramos obligados a votar y por lo tanto a participar, ¿qué valor tendría
un alto nivel de participación si es sólo fruto de la coacción legal? De ese
modo no sabríamos cuántos de los electores terminarían votando forzados a
elegir bajo la lógica del mal menor o el candidato que menos rechazo genere...
¡Qué débil legitimidad obtendrían así nuestras Autoridades!
La reacción del
sistema político frente a la participación electoral que veamos este 28 de
octubre debiera partir del supuesto básico de que esa participación refleja su
propia capacidad de convocatoria, y que por lo mismo son cambios en la manera
de mejorar la oferta política, de hacerla más competitiva y variada, el camino
correcto para incrementarla, y no caer en el facilismo de que si no votan es
por consecuencia sólo del voto voluntario, apurando la corrección hacia
transformarlo en obligatorio.
Finalmente, este
debate que ha empezado en torno a la voluntariedad del voto nos lleva a
concluir que la mayor o menor participación es un síntoma y no la enfermedad
que afecta el estado de salud de nuestra democracia. Poner la carga de la
prueba de la participación en los políticos y no en los ciudadanos debiera ser
para éstos una gran oportunidad y no un lastre del que se quieran desprender.
Dignidad para todos,
por Dra. Paulina Taboada y
Prof. Francisco Javier León C,
Centro de Bioética UC.
La reciente entrada
en vigencia de la Ley 20.548, que tiene por objeto regular los derechos y
deberes que las personas tienen en su atención de salud, ha suscitado polémica
a nivel nacional Algunos la interpretan como una "judicialización"
excesiva de la relación médico-paciente, que amenaza con destruir la confianza
propia de la alianza terapéutica. Otros la ven como una oportunidad para
canalizar agresivamente su descontento crónico con las falencias detectables en
nuestros sistemas de salud.
No cabe duda de que,
como toda obra humana, esta ley es perfectible. Sin embargo, la novedad que
ella supone es que ahora quedan establecidas como 'obligaciones jurídicas'
ciertas actitudes y conductas que la mayoría de nosotros considera 'deberes
éticos básicos' en el ámbito de la atención sanitaria. De hecho, se legisla
sobre aspectos tan fundamentales de las relaciones interpersonales como el
trato humano y respetuoso de la dignidad de cada persona, el cuidado de la
privacidad, la adecuada entrega de información, el consentimiento informado, la
confidencialidad de los datos de la ficha clínica, la posibilidad de rechazar
tratamientos que se juzguen inadecuados para la condición del paciente,
etcétera.
Así, la entrada en
vigencia de esta ley puede ayudar a impulsar un cambio en el estilo de la
relación médico-paciente imperante, en el sentido de fomentar una atención
sanitaria más centrada en la persona y su dignidad. Es más, ya que la ley se
aplica a cualquier profesional o trabajador de la salud, el trato respetuoso se
exige no sólo a todo el personal sanitario sino también a las instituciones
prestadoras.
Es cierto que hablar
del "derecho a un trato digno" es la expresión jurídica de un deber
ético que cada uno de nosotros tiene respecto de los demás. No obstante,
atendiendo a las justificadas quejas de muchos pacientes sobre la calidad de la
atención sanitaria recibida en nuestros sistemas de salud, no parece superfluo
que -como sociedad- establezcamos claramente que queremos una mejor y más
compasiva atención por parte de todos los profesionales de la salud.
La ley establece
algunos deberes de los profesionales y de las instituciones para con los
pacientes, pero no entra en los derechos y deberes de los profesionales frente
a la institución, ni en los de las instituciones frente al sistema de salud.
Consideramos fundamental en este sentido definir bien los derechos de los
médicos, de modo que se respeten sus propias convicciones clínicas y éticas
-como por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia en algunos casos y
las condiciones éticas de su trabajo en las instituciones de salud- para que
sea posible una relación personalizada y humanizada.
La alianza
terapéutica debería entenderse como una relación de respeto y confianza mutua
entre los profesionales de la salud y sus pacientes, relación que naturalmente
se hace extensiva también a los familiares y seres queridos. Por lo mismo, el
respeto mutuo entre cada una de las personas involucradas en la atención
sanitaria es exigible a todos. De hecho, la nueva ley así lo consagra,
exigiendo un trato digno en ambas direcciones: de médico a paciente y de
paciente a médico.
La ley viene a
sancionar algunos de los temas que han sido debatidos y desarrollados por la
bioética durante las últimas décadas, pero que hasta ahora habían sido
incorporados sólo en parte a la atención clínica en nuestro país.
Aún es pronto para
conocer cuáles serán las consecuencias de la aplicación de esta ley en Chile.
Puede representar un paso adelante en un largo proceso que aún no ha terminado.
Si los profesionales y las instituciones dan un trato más humano a los
pacientes, mejorando la seguridad y calidad de la atención y el modo de
entregar la información, como pretende la ley, ésta podría contribuir a una
mayor humanización de la atención y a una mejora de las relaciones de respeto
mutuo entre pacientes y médicos. Debemos mirar hacia "cómo debería
ser", más que a "cómo es" o "cómo ha sido" la relación
del médico con sus pacientes, y la de las instituciones de salud con los
usuarios de las mismas.
A pesar de que
existen algunos elementos que no han sido adecuadamente precisados, podemos
decir que la entrada en vigencia de esta ley representa una oportunidad de
potenciar un estilo de atención sanitaria centrada en el respeto por la vida y
la dignidad de cada persona humana. Aún nos queda mucho por mejorar en la
humanización de la atención en salud y en un tipo de profesionalismo médico que
tenga en cuenta tanto la competencia técnica como también los valores éticos de
la beneficencia, la compasión, el servicio solidario y la justicia social.
Modernización del Estado.
por Rodrigo Castro.
Hace algunos días el
Gobierno dio a conocer el proyecto de Ley de Presupuestos 2013. Hay que
celebrar que desde el punto de vista macro se está cumpliendo con la reducción
del déficit estructural a 1% del PIB y con un crecimiento del gasto que está en
línea con el crecimiento de la economía.
Sin embargo, aunque
se aprecia un esfuerzo de mayor austeridad Fiscal, hay todavía múltiples
desafíos pendientes. Chile está ad portas de alcanzar el desarrollo, con un
ingreso per cápita cercano a los US$ 19.000, y en donde los últimos metros de
esta carrera se ponen cuesta arriba en virtud de que se debe compatibilizar una
mayor calidad de vida con una sociedad más exigente y empoderada. Es por ello que el rol que le cabe al Estado
y la calidad de sus políticas públicas es tan fundamental.
Con todo, la
evidencia internacional estima que si Chile implementa las mejores prácticas en
el diseño y funcionamiento de instituciones públicas, nuestro ingreso per
cápita aumentaría en casi un 33%. De ahí la relevancia de la agenda de
Modernización del Estado que está llevando a cabo el actual Gobierno. Cabe
destacar un conjunto de iniciativas que están en distintas etapas de
desarrollo, que con objetivos claros y explícitos, replican la experiencia
internacional: mejorar la calidad de atención a los usuarios, aumentar la
eficiencia, avanzar en la descentralización administrativa, aumentar la
transparencia y facilitar la innovación y emprendimiento.
Este nuevo impulso
innovador de la burocracia estatal implicará un proceso continuo de
modificaciones, reformas y cambios en las políticas públicas y en la forma de
funcionamiento del Estado. El principal foco estará en la redefinición de los
principales desafíos que tiene el Estado, evaluando simultáneamente múltiples
opciones y soluciones, lo que debería permitir priorizar y seleccionar aquellas
que entregan los mayores beneficios a los ciudadanos. Este enfoque holístico y
centrado en el usuario ha tenido mucho
éxito en el desarrollo de tecnologías, servicios y experiencias y desde hace
algún tiempo está siendo considerado como un nuevo mecanismo para la
transformación del sector público.
Muchos de los países
miembros de la Ocde han creado organizaciones
que buscan mejorar el vínculo entre el Gobierno, la
sociedad civil, la empresa privada y los ciudadanos, y a través de diversas
metodologías han logrado mejorar el estándar de calidad de los servicios
públicos, con una evidente orientación al usuario.
En las últimas
décadas se han visto diversas iniciativas que han buscado modernizar el Estado,
con el fin de aumentar su eficiencia, reducir la corrupción, aumentar la
transparencia y la participación ciudadana. Aunque estos esfuerzos han sido
valiosos -por ejemplo, el sistema de Alta Dirección Pública-, en muchas
ocasiones los Gobiernos no han cumplido su misión y objetivos en este ámbito.
Los principales desafíos siguen presentes. Chile necesita una mayor
descentralización, participación de la sociedad civil y eficiencia de la
burocracia estatal. Ahora bien, aunque no hay balas de plata, si los próximos Gobiernos
persisten con las actuales iniciativas e innovaciones, sólo cabe pensar que más
temprano que tarde Chile alcanzará el desarrollo.
Archivos, la pata coja
de la transparencia,
por Alejandro Ferreiro.
Antes y durante el
debate social, político y legislativo que derivó en la aprobación de la Ley N°
20.285 sobre transparencia y acceso a la información en Chile, el foco de
atención estuvo puesto en la definición de las causales de reserva, en la
regulación del procedimiento de acceso y sus recursos, y en la conveniencia de
crear un órgano garante autónomo como al estilo de nuestro Consejo para la
Transparencia.
Poca atención se
prestó entonces a una materia que, con la evidencia de estos años, se revela
esencial para el ejercicio del derecho de acceso: la disponibilidad de la
información. En efecto, la ley nos brinda una regulación razonablemente robusta
del derecho de acceder a información, pero muy poco aporta para garantizar que
la información que los órganos del Estado generan esté efectivamente a
disposición del público. En suma, los chilenos tenemos derecho a acceder a
información, pero tenemos serias dificultades para conocer el universo de la
información disponible respecto de la cual ese derecho puede ejercerse.
La disponibilidad de
la información supone no sólo conocer el universo documental público existente,
sino también que éste se ordene y sistematice de modo de favorecer su uso y
conocimiento público. Ello impone exigencias a los archivos físicos relativas a
su indexación, custodia y resguardo. Tratándose de los archivos electrónicos,
el desafío de la disponibilidad incluye, además, su registro en formatos o
lenguajes que faciliten su reutilización expedita.
En los más de tres
años de funcionamiento del Consejo hemos advertido cómo, con preocupante
frecuencia, muchas solicitudes de información se deniegan invocando la supuesta
inexistencia de lo pedido. Con ello, la inexistencia ha derivado, en los
hechos, en una suerte de causal de reserva no contemplada en la Constitución.
Si bien esta alegación de inexistencia reflejará en muchos casos una lamentable
realidad caracterizada por el desorden y pérdida de documentos, también se
presta como excusa útil para quienes prefieren negar la información que
discutir jurídicamente la procedencia de su reserva.
En materia de gestión
y custodia de archivos públicos, la práctica y la regulación chilena se alejan
notablemente de las mejores prácticas internacionales. Las normas aplicables
datan de más de 80 años e, incluso, poco se cumplen.
El desafío del país
es hacer su información pública plenamente disponible para los ciudadanos y
favorecer con ello el control social, la creación de valor público y un mejor
aprovechamiento por parte de los ciudadanos y organismos de la información
acumulada.
La reforma pendiente
en materia de archivos es tan importante como titánica. Se requiere cambiar
leyes, pero también prácticas y culturas. El camino será, probablemente largo.
Pero más distante estará la solución, mientras más nos demoremos en tomar
conciencia y en adoptar los primeros pasos de reforma.
Transporte en Santiago.
Las dificultades del
transporte público en la capital han llegado a constituir uno de los grandes
problemas nacionales en los últimos años: subsidios enormes, que para evitar
una resistida focalización de los recursos en Santiago, tuvieron que ser
también distribuidos en Regiones, revelan la importancia que han adquirido las
políticas públicas sobre transporte urbano. Pese a múltiples esfuerzos por
corregir las deficiencias fundamentales del Transantiago, hasta ahora la
insatisfacción del público se mantiene sin grandes cambios.
Una nueva forma de
estudiar el problema se ha desarrollado en la Universidad de Chile, empleando
la información que se obtiene de la validación de las tarjetas bip en buses que
cuentan con GPS. De esta forma se puede saber no sólo el número de viajes
realizados, sino también la ubicación exacta de quienes abordan un bus. Aunque
la información es incompleta, pues en la red de transportes santiaguina no se
registra en forma alguna el momento y el lugar en que la persona se baja del
bus -ni tampoco del metro-, los datos recogidos permiten inferir diversas
características del comportamiento de los santiaguinos.
El análisis indica
que de cuatro millones de viajes diarios en Santiago, una cuarta parte se
concentra en el sector oriente, como origen o como destino. Algo similar ocurre
respecto del centro de la capital, que registra una proporción muy cercana a la
anterior. Otros estudios muestran que la ciudad se expande continuamente más
allá de los límites urbanos, por lo que cabe presumir que el promedio de
duración de los viajes ha ido en aumento.
La información que
han recabado los investigadores del Departamento de Ingeniería Civil de la U.
de Chile permite esperar que una vez que se forme un cuadro descriptivo de lo
que ocurre, pueda diseñarse un sistema mejor o, al menos, puedan ponerse en
marcha correctivos eficaces al Transantiago -meta difícil, como lo ha
demostrado la experiencia de cuatro años intentando corregir un sistema mal
diseñado-. Para superar las dificultades, la investigación en curso puede ser fundamental,
y sería valioso interesar a otras instituciones a participar en ella. La
reciente instalación en Chile de algunas filiales de grandes centros europeos
de investigación aplicada y transferencia de tecnología, como Fraunhofer de
Alemania, abocados al diseño de ciudades inteligentes, haría posible un trabajo
conjunto que diera una salida al intrincado dilema que enfrenta la capital. La
información recopilada por los investigadores nacionales registra que en
algunas Comunas de ingresos bajos y medios, ya a las seis de la mañana se ha
producido la mayor concentración, lo que indicaría que, para llegar a sus
lugares de trabajo, sus habitantes deben levantarse en torno a las 5 de la
madrugada.
Expectativas económicas
en alza.
El reciente sondeo
sobre expectativas económicas que realizó el Centro de Encuestas de este medio
reveló que en la ciudadanía prevalece un sentimiento de fuerte confianza
respecto de cómo se observa hoy al país y su futuro, lo que se refleja en que
el 40% de los encuestados señala que la economía está bien, y el 47% piensa que
su situación personal y familiar estará mejor en un año más. Los datos,
correspondientes al tercer trimestre de 2012, muestran un importante repunte
respecto de igual período del año anterior, y son consistentes con la buena
marcha que exhibe la economía, con una muy baja tasa de desocupación y una
actividad que sigue robusta, pese a la crisis externa, tal como se refleja en
el Imacec de agosto, que se expandió 6,2%.
El optimismo que se
observa en la mayoría de los hogares permite constatar que los efectos de la
fuerte desaceleración externa aún no se dejan sentir en la economía doméstica,
lo que sugiere que las empresas mantendrán en lo grueso sus planes de
inversiones y contrataciones. Esto genera confianza en los trabajadores,
quienes no han considerado necesario ajustar su nivel de gasto. Lo anterior se
refleja en que el 47% declara que la situación laboral en el país es más
estable respecto de un año atrás, y sólo el 21% cree lo contrario.
Resulta
particularmente llamativo que ante la pregunta de cómo estará la economía
nacional en cinco años más, un 50% responda que la ve mejor, y apenas el 13% la
visualice peor. Este fuerte optimismo en el futuro es producto de los avances
que ha experimentado el país en las últimas décadas, fruto de políticas que han
combinado la libertad de emprendimiento con un rol subsidiario por parte del
Estado, las que han permitido altas tasas de crecimiento y generación de
empleo. Las voces que proponen un cambio radical de este modelo -argumentando
que existe una fuerte desigualdad y malestar generalizado- no parecen advertir
que un giro brusco podría provocar adversos efectos sobre la marcha de la
economía y una importante pérdida de bienestar y desarrollo.
Señor Director:
Agresión a profesor.
Con consternación nos
hemos enterado del brutal ataque que sufrió el académico del Centro de Estudios
Árabes de la Universidad de Chile Kamal Cumsille, a manos de un grupo de
encapuchados que se enfrentaban a carabineros en el campus Juan Gómez Millas.
Nos parece de
altísima gravedad que profesores de una casa de estudios sean víctimas de la
violencia cobarde de grupos que dicen luchar por una mejor educación,
especialmente cuando se están desempeñando en sus lugares de trabajo.
A través de esta
carta queremos manifestar nuestra solidaridad con el profesor Cumsille y su
comunidad académica. Al mismo tiempo, esperamos que todos los estudiantes y sus
dirigentes condenen estos hechos que sólo revelan barbarie e incapacidad de
diálogo.
Claudio Agostini, Cristóbal
Bellolio, Gonzalo Bustamante, Mario Drago, Eduardo Fajnzylber, Jorge González, Daniel
Loewe, Héctor Martinovic, Aldo Mascareño. Leonidas Montes, Eugenio Rengifo, Andrea
Repetto, María Isabel Retamal.
Profesores Escuela de
Gobierno UAI.
La frase del día:
“Sin entrar al debate de si el presupuesto incluye todos
los recursos de la reforma tributaria y si es el máximo posible -porque se
entiende que el país tiene muchas otras necesidades- las prioridades del gasto
propuesto en educación están bien orientadas. El mayor crecimiento en la
educación parvularia es fundamental, ya que se trata de una etapa del
desarrollo de los niños en que las diferencias pueden reducirse si todos tienen
acceso a una educación de calidad. Es el sector donde más queda por hacer. Lo
mismo vale para el sistema escolar, que tiene un aumento significativo, especialmente para los
sectores más vulnerables. En el caso de la educación superior, el cambio en el
Crédito con Aval del Estado y el aumento de las becas desmiente lo del saco
roto, puesto que son recursos que van directamente al bolsillo de cientos de
miles de familias que podrán hacer realidad el sueño de la movilidad social.”
Mariana Aylwin, ex Ministro de Educación y ex Parlamentario
demócrata cristiano, en su columna de ayer del Diario La Tercera.
