Siguen apareciendo sinvergüenzuras.
Los chilenos debiéramos estar curtidos, los escándalos que indican como ha sido saqueado el Estado estallan todos los días, el de hoy, es siniestro, habría más de 1.500 personas cobrando pensiones indebidas por medio de documentos y certificaciones falsificados para hacerse merecedores de los beneficios del programa de exonerados políticos.
Nos parece bien que el Ministerio del Interior haya reaccionado de inmediato, demandando , ante el Séptimo Juzgado de Garantía, por delitos de falsificación de timbres, falseamiento de documentos públicos y privados, por usurpación de funciones, que implicaría, al menos, la revisión de mil quinientas personas que hoy figuran como beneficiarios.
La situación fue informada por medio de un oficio de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, a la Jefe de la oficina de Exonerados del Ministerio del Interior, Daniela Castillo, de casos que fueron detonados ante una denuncia del Gobernador de Cautín, Miguel Mella de Suazo, que descubrió que un sujeto cobraba por ingresar a personas a esos beneficios.
Allendes fue descubierto al abrirse las postulaciones a una segunda etapa de la Ley Valech al presentarse varios de los presuntos afectados con versiones sospechosamente similares, incluso algunas que relataban incidentes ajenos, sobre los abusos y vejámenes que les habrían sido inferidos por Agentes del Estado durante la “dictadura”.
El 24 de julio, a raíz de la denuncia de la Autoridad local, se detuvo a Julio Allendes Allendes, al mismo tiempo que se allanaba su céntrica oficina de la calle Bandera en Santiago, incautando mucha documentación, los que fueron remitidos al Ministerio del Interior, según informó el Subsecretario Rodrigo Ubilla, con antecedentes de estos casos comprobándose la falsificación de diversos certificados.
Lo asombroso es que entre los documentos falseados se encontraban certificados de personas individuales, sino que además hay una serie de resoluciones exentas del Ministerio del Interior falsificadas. Allendes, que se hacía pasar por funcionario de ese Ministerio no aparece como contratado por el programa de exonerados.
Hasta el momento, según lo informado por el Ministerio del Interior no se ha determinado cuántos casos de estos 1.500 figuran en los documentos incautados a Allendes, por cuta tramitación el sujeto cobraba entre 72 mil y 250 mil pesos, sean o no beneficiarios válidos, a los que fabricaba una historia para obtener los fraudulentos beneficios.
Nada puede hacer pensar que Allendes actuaba solo o que estos fraudes fueron cometidos en una zona determinada, Cautín, lo que además de agravar la situación, ya que son 157 mil los beneficiados de este programa, puede hacer estallar una bomba en la que la cantidad de millones simplemente superaría lo que el más pesimista pueda imaginar.
Cuando se detuvo a Julio Allendes Allendes advertimos que esta era una bomba de tiempo y que más tarde que temprano, porque alguna información teníamos de la liviandad con que la oficina del Ministerio del Interior calificó estos casos, estallaría un escándalos de proporciones multimillonarias en defraudaciones al Estado.
Con los escasos antecedentes que se exigió para postular a estos beneficios, en algunos casos, a los presuntos exonerados entre al 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre del mismo años, periodo en el que se supone sucedió el grueso de los despidos, bastaba con un certificado de relación laboral, en muchos casos firmados por dirigentes políticos, y un relato de las circunstancias políticas del despido.
Para que le pongamos valor al asunto, si solo se tratara de unos mil quinientos casos y cada uno de ellos recibe, entre dinero y beneficios, que alcanzan a hijos y nietos, una cifra de 200 mil pesos al mes, que en todo caso es mayor, estaríamos hablando de un costo, que ha debido asumir el sufrido Moya, de treinta y seis mil millones de pesos, unos 70 millones de dólares.
Consideramos de una gravedad extrema que se haya beneficiado a estos trabajadores se les haya “regularizado su situación previsional”, por cuenta de todos los chilenos, mientras el resto de la ciudadanía para acceder a los beneficios de la jubilación deben acreditar haber trabajado toda su vida y tener sus imposiciones al día.
Creemos que el Ministerio del Interior, por tratarse de dineros que los chilenos pagan en impuestos, en muchos casos con enormes sacrificios, debe hacer una revisión completa de los beneficios entregados por esa cartera, porque, al menos, exista una fundada sospecha de que ha sido masiva la adulteración de documentos en las que aparecen como beneficiarios personas que no han trabajado en su vida.
A continuación presentamos el resumen realizado por el Periodista Fernando Martínez Collins, en la publicación CHILE INFORMA, que se distribuye por mail, de ayer sobre los preocupantes lazos, al parecer indisolubles que unen al terrorismo marxistas, a los ex brazos armados del PC y al partico comunista, incluyendo a dos de sus Parlamentarios, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En Estado Agónico preso de Punta Peuco.
En estado agónico permanecía anoche, en el Hospital de Carabineros, el capitán en retiro de esa Institución, don Guillermo Cofré Silva, uno de los presos políticos militares en Punta Peuco.
Los antecedentes recogidos indican que, en las últimas 72 horas, tuvo un fuerte retroceso en su estado de salud, que era grave.
Al mediodía de ayer, pese a la atención médica proporcionada en el hospital de Dipreca, su estado era tan malo que se aguardaba el desenlace en cualquier minuto.
Incluso se solicitó a su esposa (ambos vivían en La Serena), que viajara a la capital a la mayor brevedad. Ayer por la tarde, la dama lo hizo en bus, llegando anoche a Santiago, para estar junto a su esposo.
El sacerdote católico René Trincado, quien le visitó últimamente en dos ocasiones en el Penal de Punta Peuco, a través de este medio, solicitó: “Ruego a todos elevar una súplica a Nuestro Señor Jesucristo por el alma de este compañero nuestro que se muere’’.
Como se recordará, el mismo Padre Trincado le proporcionó la unción de los enfermos, hace dos semanas.
Militares, marinos y carabineros en retiro, además de civiles, habían adquirido y entregado al enfermo, en Punta Peuco, un catre clínico, premunido de un motor anti escaras, en búsqueda de una mejor calidad de vida para él.
Este lunes el capitán Cofré empeoró con fuerza y, ante la emergencia, desde ese penal fue llevado hasta el Hospital de Gendarmería que funciona dentro de la Penitenciaria.
Este miércoles, gracias a múltiples gestiones de la diputada María Angélica Cristi, fue posible sacarlo de allí y llevarlo al Hospital de Dipreca, que le corresponde por su condición de Carabinero e imponente de esa Caja.
¡Así son nuestros comunistas!:
Ahora se supo que tienen vinculaciones fuertes con los terroristas de Colombia, con los extremistas mapuches y que ofrecen las armas de Carrizal Bajo, como si fuera producto de exportación.
El diario El Mercurio de Santiago, en las últimas 48 horas, ha dado a los chilenos una clara demostración de la fuerza que tiene. Una conformación que la prensa es “el cuarto poder del Estado’’, cuando se maneja bien.
Este martes, sin ningún aspaviento, el decano publicó una noticia donde señaló, en esencia, que Colombia posee importante información sobre comunistas y extremistas chilenos que estén en una labor de agitación en ambos países, en conjunto con las FARC, el extremismo comunista cafetero.
Bastó eso para que se encendieran las alarmas y hasta el Parlamento chileno se remeció al conocer que dos parlamentarios – ambos comunistas- aparecen según la denuncia de la Fiscalía de Colombia, supuestamente comprometidos en esas acciones subversivas.
Lo anterior determinó que ayer, en la Cámara de Diputados, el Diputado Patricio Melero, de la UDI, y el comunista Teillier polemizaran en el hemiciclo.
El diputado Patricio Melero en su alocución afirmó: “El nuestro no es un emplazamiento penal ni judicial sino un emplazamiento político. No debe ser motivo de reproche ni es una provocación el que yo pretenda una declaración frente al país y ante las fuerzas democráticas cuando se ha establecido en forma responsable una posible relación de colaboración con un movimiento terrorista y de narcotráfico y una fuerza política democrática que ha elegido Diputados en este Parlamento”.
La Fiscalía de Colombia envió a su homónima chilena un dossier donde alude a vínculos de dos diputados del Partido Comunista de Chile con la guerrilla colombiana. Ese material era mantenido en reserva, pero El Mercurio lo hizo estallar este martes al difundir esos antecedentes.
Ante este hecho, la bancada de la UDI formuló un emplazamiento a los parlamentarios aludidos –Teillier y Carmona - para que se pronuncien sobre la acusación.
Mientras Carmona guardaba silencio, ayer, Teillier dijo en la sesión:
“Solicito a la Honorable Cámara que se oficie al Fiscal General para que explique el origen de este documento, cómo se filtró a la prensa y, ya que se hizo público, que comunique a la Cámara de Diputados cuál es la acusación que se me hace junto a Lautaro Carmona de manera concreta y precisa, ya que por extensión un Diputado me cuelga poco menos que soy un narcotraficante, un criminal o nexo de las FARC con terroristas mapuches”.
Ayer, también, El Mercurio entregó nuevos elementos noticiosos. Explicó que si, hasta hace poco, la investigación chilena estaba enfocada a las relaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), ahora el tema se amplió a otras aristas.
Ahora se sabe además –dijo- de la participación de “descolgados’’ de grupos subversivos chilenos en la guerrilla que opera en Colombia.
La Fiscalía Nacional de ese país identificó a tres chilenos (no mapuches) que operan en la selva junto a la milicia irregular. Son descolgados del Frente Manuel Rodríguez (FMR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
Esas personas, si bien fueron ubicadas en Colombia, no se descarta que estén en Chile. Los antecedentes son manejados por la Fiscalía Nacional colombiana y su par chilena.
Testigos identifican a Daniel Domingo Canío Tralcal, un chileno mapuche, en el frente 48 de Colombia. Esta persona es investigada por un atentado terrorista contra un bus en Temuco, en julio de 2009.
Se estableció que, a fines de febrero de 2008, Canío estuvo en el campamento terrorista de Colombia.
La participación del Partido Comunista chileno
El dossier consigna el apoyo a la organización terrorista de siete dirigentes del Partido Comunista chileno. Entre los consignados se cuentan a los diputados del PC Guillermo Teillier y Lautaro Carmona.
Los otros comunistas mencionados en las actividades subversivas de la Coordinadora Continental Bolivariana son: Carlos Casanueva, Sergio Sepúlveda, Daniel Núñez, Jorge Insunza Becker (miembro de la comisión política del PC, director de relaciones internacionales, ex director del diario El Siglo y ex diputado) y Andrés Lagos (periodista y miembro de la comisión política del PC).
El documento señala que las actividades subversivas de colombianos en Chile comenzaron el 2001 por Jairo Lesmes Bulla, alias "Javier Calderón" (capturado en 2008).
"Posteriormente, las actividades FARC fueron asumidas por Manuel Olate Céspedes, alias 'Roque'. Olate es el chileno que apareció en las primeras fotos que se obtuvieron del computador del líder FARC Raúl Reyes. Otro dato que llama la atención es un ofrecimiento de armas a la guerrilla por parte del MIR. "El chileno nos hace la siguiente oferta: entregar a las FARC, en nombre de la organización, como solidaridad, más de 8 toneladas de fusiles M-16 que tienen encaletados en el norte de Chile. Nosotros tendríamos que transportarlos desde allá..."
El dossier confirma la permanencia de Olate y otros tres chilenos en el campamento del abatido Raúl Reyes. "En el grupo de chilenos se identificó a Manuel Francisco Olate, Valeska Carolina López, José Bozo y Mónica Paz, integrantes de la célula FARC en Chile."
Nota de la Redacción:
Como todos los chilenos estamos esperanzados en que este fin de semana, ayer se informó que una de las sondas ya alcanza los 500 metros, tengamos buenas noticias sobre nuestros compatriotas atrapados en un pique de la mina San José, en Atacama, desde hace 9 días.
Instamos a nuestros amigos y amigas a encomendar a estos 33 chilenos en nuestras oraciones para que puedan volver a sus familias sanos y salvos, para una vez rehabilitados del shock provocado por el accidente, puedan reintegrarse, sin traumas en la sociedad.
Solicitamos a nuestros distinguidos lectores rogar a Dios por el capitán (r) de carabineros Guillermo Cofré Silva, que será el segundo fallecido en prisión sin que se le haya concedido ninguno de los derechos que consagra la Ley chilena y que será otra víctima de la injusticia y mal agradecimiento nacional.
Recomendamos leer y releer una carta conmovedora el sacerdote salesiano Martín Lasarte envió una carta al diario New York Times respecto a la morbosa insistencia sobre los sacerdotes pedófilos, carta que el diario neoyorquino nunca publicó, pinche AQUI.
